Abriendo la norma
TOMO CLXIII - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.227 FOLIO N° 132/134 PROT. ELECT. JR101 375I.261
Río Gallegos, 04 de septiembre de 2026.
La presente causa caratulada “M.S.A. S/ AMENAZAS E.C.V.G. (LEY 26.485) (EXPTE. Nº 29647/24-REM. POR EL JUZG. DE INST. Nº 3- RGL)” Expte. Nº 91.813/24, Apelación JR Nº 10323/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 73/79, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción N° 1 de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de S.A.M., en orden a los delitos de “AMENAZAS SIMPLES REITERADAS" (arts. 45 y 149 bis, primer párrafo del Código Penal); en tanto en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del nombrado por la suma de pesos un millón ($ 1.000.000).
Que a fs. 82/85 vta., la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; a fs. 89 sostuvo el recurso (cód. validación 395d30f5) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que la defensa considera su resolutorio dictado tendencioso y arbitrario, lo que atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio, causando un grave perjuicio a su defendido. Entiende que el juez a quo no logró recolectar prueba conducente ni incriminante y por ello se valió del denominado derecho penal de autor, realizando una recolección de antecedentes judiciales de otros fueros que se expidieron con medidas de autosatisfactivas por lo que tampoco dieron lugar a ejercer el derecho a defensa del imputado. Considera la prueba de cargo recolectada e incorporada en la investigación, insuficiente, siendo la única fuente de prueba los dichos de quien resultaría ser la pretensa damnificada, razón por la cual, dicho relato debe ser analizado con la mayor rigurosidad posible y su valoración debe ser restrictiva.
Señala de parcializada y tendenciosa la interpretación que le da S.S., por cuanto no refiere al motivo por el cual habría un problema a resolver entre las partes y pese a realizar desde la instrucción un esfuerzo por atribuir a su asistido el delito que se le imputado, solo logrando un discurso débil para sostener la materialidad del hecho a partir de las actuaciones de abordaje en el fuero de familia. En dichas diligencias considera que solo se evidencia un ida y vuelta entre las partes que denota una relación disfuncional y de vínculo complejo.
Afirma que si bien es cierto que los términos utilizados distan bastante de ser los correctos, no es menos cierto que la situación que plantea respecto de la necesidad de ver a su hija pudo haberlo llevado a actuar de manera inflexible, hallándose en una situación de obnubilación total enmarcada dentro de una discusión que además, como explica la propia denunciante se da estando el imputado en evidente estado de ebriedad, propios de un exabrupto, con un sentido de desahogo más que de entidad intimidante.
Destaca que no cualquier anuncio de un mal grave resulta constitutivo del delito en cuestión, siendo para ello necesario que las expresiones o gestos vertidos reúnan otros requisitos, entre los que se cuentan que los mismos sean serios, y que logren amedrentar o alarmar seriamente a la víctima. Y si a ello, aunamos el contexto de intercambio de adjetivos propios, de una situación tensa, esos dichos pierden la capacidad intimidatoria exigida por la norma.
Finalmente, considera el monto de embargo excesivo, arbitrario y exorbitante, toda vez que el Sr. M. percibe un salario de empleado de comercio, debiendo solventar los gastos corrientes de servicios, alimentario, de vestimentas.
Quedan de esta forma plasmados los agravios a analizar.
En cuanto a la alegación de la defensa de una orfandad probatoria, y de basarse el procesamiento únicamente en los dichos de la denunciante, debemos señalar, que de la lectura de las constancias de autos, como del auto dictado por el a quo, se observa que además de los dichos de la denunciante formulados ante personal policial, también consta en autos acta de constatación de los mensajes remitidos por el imputado, entre los que también se observan varios audios, siendo reconocida su voz por la denunciante, como la de su expareja. De igual manera luce en autos oficio de la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A. informando que el titular del abonado desde el cual fueron enviados los mensajes, tiene como titular al incuso. Y, como lo señala el a quo, ese mismo abonado fue aportado por el imputado al fijar domicilio a disposición del juzgado instructor. Asimismo obra declaración efectuada por la denunciante ante la Oficina de Violencia Doméstica del TSJ, donde relata en igual sentido los hechos vivenciados con el encartado, como así también da cuenta de anteriores hechos de violencia doméstica que lo señalan como responsable al aquí imputado.
Tal situación resulta corroborada mediante la certificación actuarial glosada en autos, que da cuenta de denuncias anteriores que tienen como protagonistas los aquí justiciables. De igual forma es ponderado por el a quo el informe de evaluación de riesgo labrado por los profesionales de la OVD, quienes tras la escucha del relato de la damnificada, valoran el mismo como Alto, en función del tipo de violencia que se habría producido en el último episodio, la probabilidad de que se susciten nuevos hechos, posible existencia de amenazas de muerte dirigidas a la compareciente, a su grupo familiar y amistades, características de la persona denunciada según el relato vertido y el tipo de modalidad conductual y afectiva que desplegaría hacia su grupo familiar, antecedentes de violencia, siete denuncias realizadas ante dicha oficina hacia el compareciente por diferentes personas.
Además expusieron como apreciación: “Pareciera que no habría una autoridad ni otro que se configure en un freno para los comportamientos agresivos y violentos de la persona denunciada, incluyendo también en ello las medidas cautelares que ya habrían sido interpuestas con anterioridad y que no habrían sido respetadas….”. A lo expuesto, podemos agregar que si bien obran en autos constancias de las diligencias llevadas a cabo por ante el juzgado de familia, las mismas no fueron ponderadas por el a quo en su auto de mérito y menos aún en el sentido que expone la recurrente.
En cuanto al carácter de los términos vertidos por el incuso que desarrolla la defensa técnica, debemos señalar que disentimos con la recurrente, considerando que los mismo poseen la entidad suficiente para la configuración del tipo penal adjudicado. Por su parte, la jurisprudencia ha dicho que “...es necesario que las amenazas puedan ser tomadas en serio tanto por la víctima como por un observador objetivo, no solamente en el sentido literal del alcance de la agresión, sino en el sentido genérico de la agresión física y el de ocasionar algún mal grave...” (Trib. Oral Crim. Nº 9, 12/5/1997, `Tomaso, Juan´ citado en Horacio J. Romero Villanueva, en su “Código Penal de la Nación y Legislación complementaria”, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, pág. 565).
El tono de sus manifestaciones, así como la cantidad de mensajes enviados por su defendido, consideramos exceden el marco de un exabrupto, denotando una clara intención de intimidar a su receptora.
Entendemos que el accionar y los dichos vertidos por el imputado sí tuvieron capacidad para alarmar o amedrentar con la finalidad deliberada de atemorizar a la presunta víctima, sobretodo en lo referente a las amenazas proferidas contra sus familiares y amistades. Es así que “...se puede amenazar directa o indirectamente, en forma velada, manifiesta o tácita; por gestos o ademanes simbólicos, palabras o signos, en forma verbal, o por vía escrita, postal, telefónica o personal, por interpósita persona; o con elementos atemorizantes...” (Breglia Arias Omar- Gauna Omar, “Código Penal y Leyes Complementarias.
Comentado, Anotado y Concordado”, Editorial Astrea, pág. 1074). Tras el análisis efectuado, consideramos que el auto recurrido analizó detalladamente el plexo probatorio aunado durante la investigación, habiendo consignado las piezas probatorias que tuvo en consideración para tener por acreditada la materialidad y autoría del suceso investigado.
En tal sentido, viene al caso señalar que, en las resoluciones judiciales: “...La motivación configura una garantía de garantías, pues ella debe contener las razones de cada afirmación, atender los planteos de las partes y explicar por qué la decisión es legalmente correcta. Por su intermedio el juez describe y valora la prueba, mediante la cual establece los hechos objeto del proceso y define el derecho aplicable…” (Ferrajoli, Luigi; “Derecho y razón. Teoría del garantismo penal”; Ed. Trotta; pág. 378).
En este aspecto, la resolución dictada cumple con las prescripciones reguladas en los arts. 115, 116 y 291 del CPP, habiéndose analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional y con perspectiva de género. Explica razonadamente tanto la materialidad como la autoría penalmente responsable en cabeza de M.; indica cada una de las piezas probatorias que la sustentan, fundamenta la calificación legal, y la medida cautelar dispuesta. Y por otro lado, coincidimos con el a quo que corresponde una mirada con perspectiva de género de los hechos investigados, en razón de las características e indicios que rodearon el mismo.
Finalmente no podemos de dejar de mencionar que, coincidimos con la jurisprudencia reinante que sostiene que para el dictado del procesamiento: "... basta un grado de probabilidad respecto de la materialidad del suceso investigado y de la posible participación del autor, por cuanto se pretende habilitar el proceso hacia el juicio donde se lleva adelante con plenitud el debate sobre el mérito de la prueba colectada." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala V; A., L. M. s/ lesiones; 13/8/2014).
Sobre el cuestionamiento al monto del Embargo entendemos que no prosperará, debiendo aclararse que el embargo es una prescripción legal expresa (art. 499 del CPP) de naturaleza cautelar y estimativa. Su fin es garantizar la eventual pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso (tasa de justicia y honorarios).
La jurisprudencia es mayoritaria al sostener que: “A los fines de establecer el monto de embargo... debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV, “D.Y., C.F.”, 17/09/2009). Asimismo, el quantum fijado se exhibe como razonable para garantizar esos fines (CNCrimyCorrec, 06/02/2024, TR LALEY AR/JUR/33938/2024), máxime considerando el carácter provisional de la medida y el orden de prelación establecido en los arts. 29 y 30 del Código Penal.
De igual manera es conteste la jurisprudencia en afirmar que: “En cuanto al embargo, previsto por el artículo 518 del C.P.P.N., su monto debe ser suficiente para cubrir la eventual indemnización civil por daños y perjuicios derivados del delito reprochado y las costas del proceso, que en el caso las componen los honorarios de los letrados actuantes y el valor de la tasa de justicia (artículo 533, ibídem)” (CCC 85/2022/CA2 - “ACUÑA, C. A. s/ Sobreseimiento” – CNCRIM Y CORREC – SALA IV – 08/11/2024 elDial.com - AAE529).
Por lo expuesto, compartimos el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por el a quo para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad de los delitos investigados en autos. Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incurso.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR los autos de fs. 73/79, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFIQUESE a las partes mediante S.N.E..
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUELVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia