Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO: CXXIV REGISTRO: 006 FOLIO: 041/051
Caleta Olivia, 21 de agosto de 2026.
Estos autos caratulados: “A. M. E. S/ ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES LEVES AGRAVADAS Y AMENAZAS” Expte. Nº 43872/26, N° de Juzgado de Recursos 8445/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio obrante a fs. 74/75/vta., el Sr. Juez de Instrucción Subrogante, decidió ordenar el procesamiento sin prisión preventiva de M. E. A. por encontrarlo autor "prima facie" responsable del delito de ATENTADO y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES LEVES AGRAVADAS POR HABER SIDO COMETIDAS A UN MIEMBRO DE LA AUTORIAD EN SU FUNCIÓN y AMENAZAS en CONCURSO REAL (Arts. 89.
92 en función del art. 80 inc. 8, 149 bis, 237, 239, 45 y 55 del C.P.); trabando embargo por la suma de pesos cuatrocientos mil (500.000) (sic) art. 499 C.P.P. A fs. 104/205 vta., el Sr. Juez de Instrucción Subrogante, decidió ordenar el PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de N. F. A. por encontrarlo autor "prima facie" responsable del delito de ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES LEVES AGRAVADAS POR HABER SIDO COMETIDAS A UN MIEMBRO DE LA AUTORIAD EN SU FUNCIÓN en CONCURSO REAL (arts. 89, 92 en función del art. 80 inc. 8, 237, 239, 45 y 55 del C.P.), trabando embargo sobre sus bienes por la suma de pesos cuatrocientos mil (400.000) art. 499 C.P.P.
Contra la resolución de fs. 74/75vta. la Sra. Defensora Pública Oficial Subrogante de Las Heras, doctora Sabrina Petersen, interpone recurso de apelación a fs. 97/99 vta., motivándolo en dicho acto. Contra la resolución de fs. 104/105vta. la Sra. Defensora Pública Oficial de Perito Moreno, doctora Ana Paula Martínez, interpone recurso de apelación a fs. 117/118vta., motivándolo en dicho acto.
Los recursos son concedidos en relación y a un solo efecto a fs. 100 y 119. En esta instancia los recursos son mantenidos a fs. 139 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras Subrogante, doctora Sabrina Petersen, y a fs. 140 lo hace la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, doctora María Carolina Costes. Posteriormente, fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., las defensas no presentan el informe l que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar su recurso la Dra. Petersen se agravia sosteniendo la valoración sesgada y acrítica de la prueba. Señala que el auto de procesamiento se fundamente casi exclusivamente en los testimonios del personal policial, sin realizar el análisis integral de los elementos probatorios ni considerar aspectos fundamentales que afectan la credibilidad de dichas declaraciones. Que se omite ponderar contradicciones internas presentes en los relatos, así como inconsistencias temporales que dificultan reconstruir los hechos de manera clara y precisa. Señala que se advierte la ausencia de testigos imparciales, lo que limita la objetividad de la valoración judicial. Que resulta especialmente grave la confusión de identidades, como lo demuestra el caso de la testigo Li Wijian, quien aclara que la firma en su declaración policial no es la suya, evidenciando irregularidades en la confección de las actas y poniendo en duda la autenticidad de la prueba.
Que a ello se suma la intervención de un tercero no identificado, cuya conducta no fue esclarecida, generando mayores dudas respecto al curso de los acontecimientos y la participación de los involucrados.
Que el auto omite valorar los dichos del imputado, quien explicó que intervino porque el efectivo policial empujó a su amigo, y que posteriormente fue golpeado por personal policial, extremo que no fue objeto de investigación. Que la sentencia se limita a descalificar la versión del imputado como meros intentos defensistas, sin fundamentar las razones de tal apreciación, lo que constituye una violación al deber de motivación que exige el art. 123 del C.P.P.
Respecto al atentado a la autoridad, invoca ausencia de dolo específico.
Destaca que el tipo exige la presencia de intimidación o fuerza dirigida a impedir un acto funcional. Y que del análisis de la causa no surge evidencia que permita demostrar tal finalidad en la conducta de su asistido. Que el propio auto de procesamiento reconoce que el Sr. M. A. se encontraba realizando compras y se acercó a buscar una caja, y que en ese contexto se produjo un intercambio verbal interviniendo además un tercero, y fue el efectivo policial quien lo increpó en primer lugar. Que no existe en el fallo un análisis del elemento subjetivo que permita sostener que la conducta de su defendido estuvo motivada por la intención de impedir un acto funcional de la autoridad. Que el auto se limita a copiar doctrina pero no explica por qué el hecho concreto encuadra en dicho tipo, omitiendo así la fundamentación necesaria.
Sobre la resistencia a la autoridad señala la ausencia de orden clara y legítima.
Expresa que el auto reconoce la existencia de un "error material" en la imputación del artículo correspondiente, lo que ya evidencia la falta de precisión en la formulación de los cargos.
Que la jurisprudencia establece que para que exista resistencia a la autoridad es imprescindible que la orden impartida cumpla con ciertos requisitos,: debe ser una orden clara, dirigida a un destinatario determinado y que éste tenga conocimiento efectivo del mandato. Que ninguno de estos elementos se ha acreditado en autos. En cuanto a las lesiones sostiene la falta de nexo causal y duda razonable.
Dice que el certificado médico presentado en la causa describe la existencia de lesiones sufridas por el efectivo policial. Que sin embargo, del análisis de las pruebas no surge acreditado que dichas lesiones hayan sido causadas por su asistido, lo que impide sostener el nexo causal requerido para la imputación.
Que a ello se suma que intervino un segundo agresor cuya identidad no fue determinada, lo que introduce incertidumbre sobre la autoria. Que, asimismo, el episodio estuvo caracterizado por un forcejeo múltiple lo que dificulta aún más la atribución precisa del daño. Que, por otro lado, consta que hubo uso de la fuerza policial, por lo que no puede descartarse que las lesiones sean compatibles con la intervención policial, lo que incrementa la duda.
Que no se alcanza el estándar de probabilidad suficiente requerido por el art. 289 C.P.P.
En relación a las amenazas, sostiene la falta de idoneidad y corroboración.
Expresa que el auto sostiene que su defendido expresó "te vamos a matar". Que sin embargo, surgen deficiencias que impiden considerar dicha amenaza como jurídicamente relevante. Que no existe registro objetivo que permita corroborar la afirmación, tampoco testigos imparciales que hayan presenciado hecho.
Que el supuesto destinatario de la amenaza reconoce que no recuerda la fecha del hecho, lo que afecta directamente su credibilidad.
Que por otro lado, el testigo G. declara que a su entender estaban por robar, lo que evidencia un prejuicio y no una percepción objetiva.
Destaca que para que una amenaza pueda ser considerada como tal en términos jurídicos es necesario que reúna ciertos requisitos, entre ellos: seriedad, idoneidad y gobernabilidad del daño. Debe tratarse de una amenaza que, por sus características, resulte apta para causar temor real en el destinatario, sea seria su formulación, y pueda ser ejecutada efectivamente. Que ninguno de estos elementos, se encuentran acreditados.
Invoca irregularidades en declaraciones policiales, entendiendo que W. manifestó que la firma estampada en la declaración policial no le pertenece, lo que constituye una anomalía de extrema relevancia procesal.
Que esto pone en duda la autenticidad de los registros policiales incorporados. Que esa situación genera una posible contaminación probatoria, ya que la validez de la prueba depende de la integridad y veracidad de los testimonios recabados.
Que se ve afectada la cadena de custodia testimonial, ya que la incerteza sobre la autoría de la firma impide garantizar que lo declarado corresponda efectivamente a la voluntad y relato del testigo.
Señala que resulta grave que el juez no haya analizado este hecho.
Argumenta la existencia de violencia policial posterior al hecho, lo que no fue objeto de investigación. Que su asistido relató que lo golpearon y lesionaron, que lo maltrataron los policías. Que el auto no ordenó ninguna medida tendiente a esclarecer esos hechos. Que además, no se investigó el impacto de dichos hechos en la credibilidad de los testigos.
Por último sostiene la falta de análisis del caso concreto, ya que el sesenta por ciento del auto consiste en citas doctrinarias genéricas y jurisprudencia abstracta, y no se realiza un análisis individualizado del hecho. Señala que esa falta de fundamentación autónoma y específica configura un supuesto de arbitrariedad. Que en definitiva, el auto recurrido no supera el estandar de motivación exigido por el C.P.P. ni satisface la probabilidad suficiente del art. 289 C.P.P.
A su turno, la Dra. Martínez, al motivar su recurso expone que e la resolución recurrida agravia los intereses de esa defensa, por haber el a quo decidido procesar a su pupilo arbitrariamente, al valerse únicamente de las declaraciones del testigo víctima y/o participes del hecho, omitiendo hacer un análisis de la prueba en forma conjunta, a fin de poder arribar a la verdad de cómo ocurrió verdaderamente el hecho, favoreciendo con ello al efectivo de policía, el que demostró carecer de preparación suficiente para controlar sus emociones en la situación requerida.
Que la conducta de su pupilo, encuadra como legítima defensa, toda vez que fue el oficial de policía quien con subjetividad sobre la valoración de las personas imputadas, tras un posible error en el exceso de prevención, le generó presumir que dos sujetos no le daban confianza, haciéndole presumir que podrían cometer el delito de hurto. Es decir que, si el oficial de policía se hubiera abstenido de realizar acción alguna, no habría ocurrido nada.
Que lo expuesto, se desprende sin lugar a dudas, tras realizar un correcto análisis de la prueba obrante en autos. Que de la secuencia fílmica agregada en autos, puede observarse al Sr. M. E. A., acercarse a buscar una caja para poder colocar los objetos comprados, tal como declaró a fs. 27/28vta. Que el efectivo le habría solicitado que le muestre que había en la caja, lo que resulta coincidente con la secuencia fílmica en donde puede observarse, como M. le muestra la bolsa que tenía en su mano, claramente esto molestó a los hermanos, quienes se sentían acusados por insultar su honor ya que a ninguna persona puede caerle bien, que en un espacio público lo expongan como a un presunto delincuente que roba. Comienzan entonces una conversación entre el oficial y el sujeto que se encontraba de buzo color blanco.
Inmediatamente después, se observa que se acerca su pupilo y dialoga con el oficial de policía, quien no logra pacificar la situación y su pupilo lo señala con el dedo, (no se observa que tenga ningún objeto en ninguna de sus manos), generando con ello la reacción del oficial, quien mediante el uso de su fuerza física empujó con sus manos a N. A. hacia atrás, lo que provocó que el sujeto de buzo blanco haciendo uso de legítima defensa de un tercero, le propinara un golpe a los efectos de disuadirlo. Que inmediatamente después, su pupilo contuvo al sujeto de buzo blanco para evitar que se continuara con la agresión entre ambos, tomando toda la distancia posible, dirigiéndose hacia el exterior del local comercial, sin embargo el oficial de policía, cegado por la emoción, fue tras ellos con sus manos en posición de estar listo para continuar intercambiando golpes de puño y se aproximaba insistentemente hacia estos, quienes como puede observarse, querían dar por finalizada la situación huyendo hacia la salida, pero el oficial insistió y continuó agravando la situación al no cesar con la violencia, puesto que en lugar de intentar poner paños fríos, obligó a los imputados a tener que defenderse de su agresión. Que, como consecuencia de ello, siendo que el agresor resultaba ser oficial de policía, contó con el apoyo correspondiente para la reducción y detención de los imputados, por un hecho que no provocaron. Que no hubo dolo de lesionar. No hubo dolo de amenazar. No hubo resistencia a la autoridad. Que, es más, cuando el oficial solicito que le exhiba lo que había dentro del paquete que tenía en su mano, este accedió.
Que según surge de la declaración del oficial Manzur a fs. 46/47, puede acreditarse que no resulta conteste con la secuencia fílmica. Sostuvo que su pupilo y su compañero de la nada lo empezaron a insultar. Que uno regresó con un objeto en la mano con intención de pegarle y que esto motivo que él lo apartara de su esfera. Que todo ello, no surge así de la secuencia fílmica. Que su pupilo, no tenía nada en sus manos, el oficial lo aparta con una agresión porque se sintió molesto, cuando su pupilo lo señaló con el dedo.
Que, en definitiva, de la prueba obrante en autos, no se encuentra acreditado que su pupilo hubiere agredido físicamente al oficial de policía. Que, por el contrario, fue el oficial de policía quien inició la gresca al empujar con sus manos Sr. N. A., y este luego, intentó separar a su hermano e hizo todo lo posible para lograr alejarse del Oficial, poniendo fin al conflicto. Que se puede presumir únicamente, que las lesiones sufridas por el oficial, fueron consecuencia de la legítima defensa utilizada por el Sr. M. A., pero el a quo optó por imputar el delitos de lesiones leves también a su pupilo.
Que respecto de las amenazas, no pueden tenerse por acreditadas con la entidad suficiente que se requiere para la configuración de este delito, lo cierto es que si ocurrieron, fueron en un contexto de un gran enojo, mediante el intercambio de insultos, por lo que deben tenerse acreditadas como eso exactamente, expresiones verbales que fueron meros insultos del momento. En un contexto como ese, cualquier persona suele expresarle al otro te voy a matar, y varios insultos más, es lo habitual, pero no son amenazas reales, son expresiones de enojo. Que en lo que respecta de atentado y resistencia a la autoridad, no se encuentra configurado dicho delito, toda vez que los Sres. Al., no han hecho más que defenderse del abuso de la autoridad, quienes iniciaron la gresca agrediendo físicamente a su pupilo, demostrando este como surge de la secuencia fílmica, que deseaba poner fin al conflicto al intentar alejarse del oficial, siendo imposible puesto que el oficial insistía con continuar intercambiando golpes de puño, lo que puede observarse con total claridad de la secuencia fílmica. Que el oficial, no cesó en su conducta esperando refuerzos en forma pacífica, sino que agravó la situación en un espacio público, poniendo en riesgo la integridad física de las personas que se encontraban en el local, que por suerte no se encontraban junto a estos.
Que en definitiva, los imputados, se encuentran injustamente procesados tras ser provocados y agredidos por quien detenta el uso de la fuerza pública, por quien se encontraba en el lugar del hecho a fin de brindar paz y seguridad, generando un espectáculo que pudo haberse evitado, ya que los imputados no fueron quienes iniciaron la agresión física, es más, puede observarse como deseaban alejarse del oficial que los perseguía con intenciones de continuar intercambiando golpes de puño. El oficial de policía, inició el hecho insultando el honor de los Sres. A., al exigirle que mostrara lo que se encontraba en el interior de la bolsa de compras, como si este habría hurtado algo, para luego agredir mediante un empujón a su pupilo, quien no tenía ningún elemento en sus manos como sostuvo el oficial, que ameritara la acción del policía. Que la situación en juzgamiento, en definitiva, no fue más que una gresca que debió ser valorada a fin de evitar un dispendio judicial innecesario, dado que articular un proceso de investigación en torno a una situación como la expuesta, implica una movilización de recursos no justificable. La realidad es que el accionar policial, fue desmesuradamente intimidatorio y excesivo, obligando a su representado y su compañero, a defenderse de la autoridad en desigualdad de condiciones.
III.-Establecido ello corresponde ingresar al análisis de las resoluciones apeladas en función de los agravios de las recurrentes.
Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, con la salvedad que haré más adelante, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
Como primera cuestión cabe señalar que el hecho investigado ha quedado registrado en una videofilmación, la que ha sido incorporada en autos.
De esa filmación surge que los imputados increparon al personal policial que se encontraba de adicional en el supermercado, luego de mostrarle una caja que poseía uno de ellos.
Este acto se llevó a cabo señalando N. A., con el dedo al efectivo policial luego de caminar hacia él y mientras M. A. le manifestaban términos intimidatorios, los que si bien no se escuchan en la filmación, son referidos por la víctima.
En ese contexto, el efectivo policial aleja a esta persona de su esfera personal con un empujón, atento la situación de peligro inminente y superioridad numérica a la que se enfrentaba, ante lo cual el restante imputado comienza a agredir al policía con golpes de puños, haciéndolo luego su consorte procesal, ocasionándole las lesiones certificadas en autos (fs. 8)
Cierto es que los testigos al relatar el hecho refieren a circunstancias que no surgen del video incorporado en autos, como el hecho de que uno de los imputados golpea con una botella de vidrio roto al policía, lo que no se aprecia en la filmación, en la que se observan solo golpes de puño.
Por dicha razón, pierden credibilidad los testigos, lo que motiva que sus dichos no puedan ser valorados como prueba de cargo.
Por otra parte, y en relación al acta de la declaración testimonial de L. W., se observa a simple vista, tal como lo ha manifestado en testigo en sede judicial, que la impuesta en la misma no es su firma, siendo la obrante en el acta igual a la del acta de fs. 10 correspondiente al testigo E. J. G., todo lo cual conlleva a su nulidad.
Ahora bien, lo hasta aquí expuesto, que resulta suficientemente acreditado con la probabilidad propia de esta etapa, tanto con los dichos de la víctima y la videofilmación referida (fs. 57/62), subsume en los tipos penales de atentado a la autoridad y lesiones leves agravadas (art. 89, 92 en función del art. 80 inc. 8, y 237 C.P.), respecto de ambos imputados, a lo que se le agrega el delito de amenazas (art. 149 bis C.P.) en relación a A., M..
En relación a la resistencia a la autoridad, el a quo la funda en la resistencia que A. E. M. ofreció al arresto, en estos términos: "...al ser interceptado y reducido por personal policial, tras intentar darse a la fuga, opuso resistencia, forcejeando, y nuevamente trató de agredir al personal uniformado interviniente, lo que motivó la utilización de fuerza mínima y necesaria para lograr su reducción y colocación de los elementos de seguridad (esposa)..."
Esta conducta que el a quo describe en dicho párrafo no le fue atribuida al imputado en su indagatoria, pues no obra en la descripción circunstanciada del hecho intimado, motivo por el cual corresponde revocar la subsunción en dicho tipo legal.
En los autos caratulados: “C. J. O. S/ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD” Expte. Nº 56457/22, N° de Juzgado de Recursos 7390/23, procedentes del Juzgado de Instrucción N º 1 de Pico Truncado, sostuve que: "Que, conforme surge de las constancias de autos y que no ha sido motivo de agravio, podemos colegir que con el acta de aprehensión obrante a fs. 5, ha quedado acreditada la presencia del Sr. C. en el lugar de los hechos, y el acto mediante el cual se ha efectuado la notificación de las medidas cautelares en beneficio de la Sra. M.A.F., oportunamente ordenadas por el Juzgado de Instrucción N° 1 de la Localidad de Pico Truncado. No obstante ello, esboza la defensa como principal agravio que no se ha configurado el tipo penal delictivo que se le imputó a su defendido, toda vez que el mismo no se resistió en ningún momento al procedimiento.
En este punto, surge información suficiente, de las declaraciones testimoniales efectuadas por los efectivos policiales, las cuales han sido coincidentes en su relato de los hechos y la autoría de los mismos; para sostener que el Sr. C. no cooperó con el procedimiento que se llevaba adelante, intentó trabar el mismo y resistirse a ser notificado de las órdenes emanadas de autoridad competente. En ese orden, ha expresado agravio el imputado, refiriendo en relación a las declaraciones testimoniales, que “… las mismas resulta ser mendaces…” y si bien dicha prueba no ha sido judicializada al día de la fecha, siendo que tal acto procesal podría haber arrojado mayor conocimiento sobre el hecho, cierto es que éstas dan cuenta de lo sucedido, y toda vez que fueron efectuadas agentes de la policía, quienes revisten el carácter de funcionarios públicos, son validas para sostener el auto de mérito.
Sobre este punto, en los autos caratulados “AMIGORENA CLAUDIO JONATHAN S/Lesiones R/ VÍCTIMA” Expte. Nº A-31911/21, N° de Recursos 6442/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que:“…Si bien la prueba testimonial prestada en sede judicial es apta para que la misma pueda ser incorporada por lectura al debate oral, lo cierto es que la Policía tiene facultades para recepcionar los testimonios en el momento de su intervención (art. 176 inc. 7° del CPP.), por lo que allende la formalidad, debe valorarse todas y cada una de las intervenciones de los testigos que aportan información a una causa, sea que estos reafirmen sus dichos o que los modifiquen en parte o se retracten, sea de manera fundada o razonable o infundada, aún para los supuestos de valoración de un eventual falso testimonio (art. 275 del C.P.), y valorar la credibilidad de los mismos en cada una de sus intervenciones.
Para cualquier persona convocada al proceso, sea ante la autoridad Policial o Judicial, la misma sabe que está frente a funcionarios del Estado en sentido lato, razón por la cual debe valorarse, como hace el Sr. Juez de Instrucción…”.En este sentido, podemos inferir que el Sr. C., al llegar al domicilio y encontrarse con la presencia policial, tuvo una conducta deliberada de resistir y oponerse a las órdenes que le impartieron los funcionarios policiales, con el fin de evitar la notificación de las mismas. Por tal motivo, la conducta desplegada por el imputado en el operativo queda incursa en el tipo penal enrostrado, ya que el mismo se negó a notificarse de la orden impartida por el Sr. Juez de Instrucción N° 1 de dicha localidad.
En este punto y siguiendo los preceptos del Dr. Edgardo Alberto Donna, que en su obra Delitos contra la Administración Pública, quien expresó “IV. Resistencia y desobediencia a la Autoridad … 1 Resistencia a la Autoridad a) Bien Jurídico. El bien jurídico es la acción libre del funcionario público. La resistencia lesiona el orden de la administración pública, atacando el ejercicio de la libertad funcional, de modo que es la libre acción del funcionario público lo que el tipo penal protege inmediatamente, el orden de la administración. El legislador quiere resguardar la libertad de acción del funcionario durante el ejercicio de su cometido legal. Se trata en otros términos, de la protección a la legal actuación del funcionario público, dentro del imperio del Estado, ante la resistencia de la persona.
Al delito de resistencia le corresponde como opuesto, a la acción ejecutiva del agente, el poder del funcionario de omitir una acción legal propia (BGH, StV, 1983, 278). b) Tipo Objetivo) b.1) Acción típica. La acción típica de resistir a un funcionario público, en el ejercicio legítimo de sus funciones, o a la persona que le prestare asistencia, a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal. Consiste en impedir o trabar (la negrita y el subrayado me pertenecen) el ejercicio legítimo de la función, cuando el funcionario ya está actuando previa decisión. El delito se configura, en este aspecto, cuando hay oposición del sujeto activo a la acción directa del funcionario público, valiéndose de medios violentos, que se ejerce sobre él, con el fin de impedirle su acción u obligarlo a hacer algo siempre dentro del ámbito legal. … El autor del hecho debe oponerse a la “autoridad” que legítimamente le ordena algo propio de sus funciones.
Por ende, un requisito básico es que el autor se resista a la autoridad, que legítimamente le ordena algo propio de sus funciones. … La resistencia presupone una ejecución actual e inminente de parte de una autoridad que debe hallarse en el ejercicio legítimo de funciones, debido a que la resistencia no se dirige contra la persona, sino en la medida en que ésta es funcionario del estado …” (Ed. Rubinzal - Culzoni 29/06/2000, pág. 58/63). En autos, como se señaló, las declaraciones testimoniales de los efectivos D., R. y M., son contestes en la negativa a notificarse de la orden judicial y de la agresión física, que no causó lesiones en los efectivos policiales y que motivó su reducción y aprehensión, cuando se negó a cumplir la orden de retirarse de la vivienda.
Estas conductas, claramente, subsumen en la figura delictiva contemplada en el artículo 239 del C.P., pues dichos actos constituyen la “resistencia” que exige el tipo objetivo sistemático, a lo que se adiciona que los sujetos pasivos eran funcionarios públicos en el ejercicio legítimo de sus funciones, pues estaban cumpliendo y ejecutando una orden judicial, actuando como auxiliares de la justicia. (conforme art. 178 tercer párrafo del CPP. y art. 28 de la ley 3523 de Seguridad Pública) Tampoco quedan dudas de la existencia del tipo subjetivo, pues fue informado debidamente por el personal policial del objeto de la medida, de la colaboración y participación que se esperaba y requería de él, y frente a ello, con pleno conocimiento de las funciones que debía desempeñar el personal policial, se resistió de diversas formas a que éstos cumplieran con la orden que les había sido legalmente impartida.
En este orden de ideas, además se ha señalado que: “La distinción entre los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad no ha sido del todo pacífica en la doctrina y jurisprudencia de nuestros tribunales. En el plano doctrinario, Eusebio Gómez, apelando a un criterio subjetivo, decía que el requisito de la finalidad en el atentado es esencial: el agente debe perseguir impedir al funcionario la ejecución u omisión de un acto que es de su competencia. Sin esta finalidad, no se concretaría el delito de atentado contra la autoridad. La resistencia, en cambio, consiste en resistir o desobedecer a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones(32). En opinión de Núñez, en el atentado a la autoridad el empleo de intimidación o fuerza contra el funcionario público está dirigido a que este se decida a realizar o no realizar un acto de autoridad para cuya ejecución tiene competencia funcional y territorial.
La resistencia supone, por el contrario, la oposición del autor a la acción que ya ejecuta el funcionario; consiste en una oposición o rechazo (que supone reacción) a la acción ejecutiva de la orden legítima de la autoridad…. En la jurisprudencia, la distinción entre ambos tipos de delito se determinó en el fallo plenario "Palienko", resuelto por la Cámara Criminal de la Capital Federal el 28/11/1947 (Fallos, t. V, p. 747; LL 49-125), en el que se dijo: "Comete atentado contra la autoridad el que por los medios del art. 237 (intimidación o fuerza) se impone (exige) al funcionario público para que haga o se abstenga de hacer (ejecución u omisión) un acto propio de su función, que no habría sido dispuesto voluntariamente ni comenzado por aquel.
"Se da el atentado, asimismo, de parte del tercero, cuando este ejercita violencia sobre el agente que ha comenzado ya su acción directa sobre otra persona para imponerle algo y esta persona no ofrece resistencia. "Existe resistencia si la persona se opone, valiéndose de medios violentos, a la acción directa del funcionario sobre ella ejercida, para hacerle cumplir algo. Si el tercero coadyuva a esta resistencia, incurre en las responsabilidades de la coparticipación en el mismo delito y en los términos de los arts. 45 o 46 del Cód. Penal, según el alcance de su posible intervención". Más recientemente, y siguiendo los lineamientos trazados por el plenario antes mencionado, se ha dicho: "Para que exista atentado contra la autoridad es menester que el acto funcional aún no haya comenzado; y en la resistencia, que el acto funcional haya sido iniciado.
La contemporaneidad entre la violencia y el acto del funcionario es, pues, el rasgo más firme que distingue la resistencia del atentado, que se caracteriza, a su vez, por la prioridad de la violencia respecto del acto" (CNCrim. y Correc., sala 1a, 19/4/1997, in re "Zalazar Juan M.", JA 2001-II-91, síntesis, Rev. nro. 6245). La sala V del mismo tribunal afirmó: "Si no se exigió la omisión de un acto funcional a los preventores, no se cometió atentado a la autoridad. Comenzada la represión del delito, la resistencia a ella encuadra en la hipótesis del art. 239 CP" (4/8/1997, in re, "Leopardo, Néstor A.", JA 2001- II-91, síntesis). En resumen, puede decirse que la diferencia entre el atentado y la resistencia reside en que en el primero la acción del autor se dirige contra un funcionario que aún no ha resuelto la ejecución u omisión de un acto propio de su actividad funcional.
En esta figura no existe acto funcional en marcha (en ejecución). En la resistencia, en cambio, el accionar del agente se opone a una resolución del funcionario que ya ha sido decidida y puesta en marcha. En esta hipótesis existe una orden de autoridad resuelta y en ejecución (acto funcional destinado a alguien), sobre la que se decide la puesta en marcha de una acción opositora por parte del agente.” (Conforme Código Penal : parte especial, tomo III / Rubén Enrique Fígari. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : La Ley, 2021, págs. 150/151) Por lo cual, la conducta del Sr. C. al trabar, entorpecer y tratar de impedir la diligencia que se llevaba adelante por parte de los efectivos policiales, consistente en evitar notificarse de las medidas impuestas y evadir su cumplimiento, configuran el delito enrostrado."
En relación a la imputación del delito de amenazas, criticada por la defensa, cabe señalar que los términos intimidatorios han sido descriptos por la víctima, quien más allá de ser policía tiene temor por su familia, la que aduce muchas veces se encuentra sola en su casa, lo que resulta lógico y creíble, y por lo tanto idóneos para subsumir en la figura penal endilgada.
En cuanto al atentado a la autoridad, se agravia la defensa de M. E. A. sosteniendo que no se encuentra probado el dolo.
Sin embargo, considero que el mismo surge de la propia mecánica de los hechos, los que ponen en evidencia, claramente, la intención y voluntad de los imputados de realización del tipo objetivo sistemático del art. 237 del C.P.
En este sentido, en los autos caratulados: “TOLEDO LEMI S/Lesiones R/ VÍCTIMA" Expte. Nº 34779/22 T, N° de Recursos 6717/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "... El dolo o lo expresa el acusado o se infiere de los hechos. ... Estos son los hechos. Los hechos son los que gobiernan el rito penal. Los hechos son las conductas humanas materializadas en la realidad y que adquieren relevancia jurídico penal cuando las mismas subsumen típicamente. Los hechos no pueden ni deben ser alterados por las interpretaciones que de ellos se hagan. Los hechos hablan por si mismos y el Juzgador lo que hace es inscribir jurídico-penalmente los mismos en un proceso penal para garantizar la realización del valor justicia, valor establecido en el preámbulo de la Constitución Nacional, "Afianzar la Justicia". El análisis jurídico que se haga de los hechos y las proposiciones fácticas que de los mismos se desprendan como base de una imputación no pueden ni deben alterarlos, transmutarlos o transformarlos. El principio de razonabilidad establecido en los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional impacta en todo el orden jurídico y se aplica a los hechos y al derecho. Sobre este andamiaje, cabe remarcar que la existencia material del hecho investigado y su autoría no se encuentran controvertidas..."
En este mismo orden, en los autos caratulados:
“INCIDENTE DE COPIAS (APELACIÓN) JUZGADO DE
INSTRUCCIÓN S/ INVESTIGA MUERTE” Expte. Nº 88832/26, N° de Recursos 8415/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "Es así que al momento es posible afirmar, con la el grado de convicción propio de esta etapa -probalidad positiva- que la fractura de las costillas que llevaron a la asfixia por compresión torácica no fueron ocasionadas acción de la propia víctima, pudiéndose entonces determinar que se ocasionaron por acción directa del imputado.
Además de ello, la acción que desplegó para hacerlo, no se compadece con las maniobras de RCP, sino que tienen, conforme lo señalado, un anclaje lógico racional en la conducta descripta en la imputación. Por otra parte, de la información técnico científica señalada, cabe descartar que esa acción del imputado resulte de una conducta pasiva -el simple reposo de su cuerpo sobre la víctima-, sino que necesariamente debió ejercer una acción activa -presión sobre la zona-, tal y como fue imputada, que generó las fracturas de los arcos costales de la víctima informadas por el médico forense. Lo indicado en el párrafo anterior implica una decisión en el sujeto activo, no es un acto descuidado, es decir que es necesario el conocimiento de la implicancia de la acción (matar) y la finalidad de realizarlo.
El dolo se infiere de la acción realizada y ésta, a su vez, de las consecuencias de la acción. Hay una reconstrucción histórica que parte de las consecuencias y permite inferir la acción y la decisión del sujeto. El autor puede expresarse, pero cuando el delito es el femicidio, la víctima no. Ello no implica que el cuerpo de la víctima, las consecuencias lesivas sufridas, el lugar donde fuera hallado y la situación contextual e histórica, respecto del vínculo, expresen como fue violentada. Ahora bien, sentado ello, corresponde decir que la prueba producida permite descartar, asimismo, la hipótesis alternativa esbozada por la defensa... En relación al dolo, como expresé, el mismo se infiere de los propios hechos atribuidos conforme han sido prima facie acreditados, es decir de la propia modalidad imputada descripta en la última declaración indagatoria y el auto de mérito...
En síntesis, en este caso, dos personas se encontraban en el interior de una vivienda, solo una salió con vida (el hoy imputado), la explicación que dio fue desvirtuada por la información médico forense, no brindo otra. La información agregada en la causa, permite en esta etapa, como se señaló de manera detallada, sostener la imputación efectuada por el Juez de Instrucción, siendo ésta, la reconstrucción histórica del hecho punible más lógica y razonable. La crítica realizada por la Defensa, no puede desvirtuar, con los datos y evidencias agregadas en autos, ni la imputación ni la subsunción realizada por el A quo, por lo que corresponde confirmar todo lo actuado y continuar con la investigación iniciada y con las medidas de prueba pendientes.
No podemos soslayar que en esta etapa, hasta que se agoten todas las medidas pendientes, la instrucción de la causa es dinámica, como se expresó supra, y puede tomar distintas direcciones, en base a lo que surja de la información que se produzca..."
Respecto de los agravios esbozados por la defensa de N. F. M. sobre la resolución, 104/105 vta., le caben iguales consideraciones que las realizadas en los párrafos anteriores, en relación a la acreditación de los hechos y la subsunción de los mismos en los delitos de atentado a la autoridad y lesiones leves agravadas (arts. 89, 92 en función del 80 inc. 8 y 237 C.P.).
Ahora bien, en dicha resolución también se procesa a N. F. M. en orden al delito de resistencia a la autoridad (art. 239 C.P.).
Sin embargo, de acuerdo a la plataforma fáctica atribuida en la indagatoria, hechos suficientemente acreditados en autos en los términos expuestos supra, entiendo que los mismos subsumen en el art. 237 del C.P., quedando fuera del tipo penal del art. 239 de dicho cuerpo legal.
Por ello, la imputación del delito de resistencia a la autoridad a M. N. F. debe ser revocada.
Resta analizar la causal de justificación invocada por la defensa, al sostener que su pupilo obró en legítima defensa.
No es posible sostener dicha postura pues no se dan, en el caso, ninguno de los requisitos necesarios para la aplicación de la misma.
En los autos caratulados: “INCIDENTE DE COPIAS EN AUTOS: I. L. A. S/ Homicidio R/víctima” Expte. Nº I-56948/23, N° de Recursos 7031/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "La doctrina se ha señalado respecto de los presupuestos de la legítima defensa que:
“Presupuestos. Agresión ilegítima. Debe necesariamente tratarse de un comportamiento humano, resultando indiferente si es típico para el Derecho Penal, o no; y lo mismo si es doloso, o bien imprudente, comisivo u omisivo… La agresión debe ser ilegítima, en el sentido de contraria al orden jurídico, y no necesariamente típica para el Derecho Penal, sino contraria al Derecho en cualquiera de sus ramas, cuya fuente puede no ser escrita. Ello así, puesto que no son concebibles zonas libres del Derecho, por lo tanto, en una relación de conflicto de intereses ambas partes no pueden tener razón al mismo tiempo, de allí que sea inimaginable la legítima defensa de la legítima defensa, es decir una reacción justa a una intromisión también justa… La agresión ha de ser actual, ese quiere decir que debe “estar viva” para posibilitar la reacción del que se defiende, ello es así, ya que si la agresión ni siquiera se inició, o ya finalizó, no es necesaria ninguna defensa, lo que quiere significar que no está autorizada la justicia por mano propia, sólo la defensa de una agresión actual a mis derechos o los de un tercero… De lo dicho queda claro que la agresión ilegítima debe ser objetiva; esto quiere decir que debe existir en la realidad, y por lo tanto su comprobación se decide “ex post”.
Toda agresión que sólo haya existido en la mente del autor (legítima defensa putativa), sin correlato con la realidad, se resuelve según las reglas de la teoría del error, tanto si el yerro se refiere a los presupuestos fácticos de la justificación, como a las normas que la fundamentan, o bien a los límites a cuyo ejercicio autoriza. La defensa debe ser necesaria: este requisito se conecta con el anterior, en la inteligencia de que si la agresión es ilegítima y actual la defensa ya es necesaria, pues se torna imperiosa la defensa efectiva de los bienes en peligro. Este presupuesto, es un requisito esencial de la legítima defensa. Sin agresión actual a un interés individual jurídicamente tutelado no hay directamente derecho de defensa.
Ahora bien, comprobada con objetividad dicha agresión ilegítima actual, la defensa ya es necesaria en el sentido de impostergable para la defensa de los bienes en peligro. Luego, si el que se defiende yerra en el medio para impedirla o repelerla, empleando un medio irracional, el tema se desplaza en el art. 35 del C.P. Opuestamente, si lo que no existe es agresión , ya no es un tema de exceso, sino que tratándose de un delito, la tipicidad afirmada no se neutraliza por ninguna justificante; sin perjuicio de lo que corresponda resolver en materia de teoría del error... La racionalidad del medio empleado para la defensa: Se vincula con la necesidad de que quien se defiende emplee un medio eficaz para neutralizar la agresión, pero a su vez, en caso de contar con varios medios de defensa a su alcance, use el menos lesivo.
En este sentido, se trata de un juicio de optimización. La reacción tiene que ser proporcional a la agresión, en el sentido de adecuada para neutralizar con eficacia el peligro para los intereses a defender… Idoneidad de la defensa: Debe aclararse que la conducta empleada debe ser idónea a priori, para proteger el derecho frente a la agresión. Si la acción es ab initio inadecuada para ese objeto, no es ya que sea un medio innecesario, sino que no es defensa en lo absoluto. Ello ocurre en la inidoneidad por la clase de acción empleada, mientras que el caso es distinto a la inidoneidad por la intensidad de la reacción. En efecto, la inidoneidad cualitativa puede darse cuando el acto concreto es siempre inadecuado para la defensa, frente a cualquier agresión.
En cambio, cuando se emplea una reacción que en principio sí es defensiva, es decir, apta para rechazar agresiones ex ante de la acción sólo da lugar a la innecesariedad del medio defensivo: esto es, la falta de un requisito inesencial, con sus consecuencias de remisión al exceso en la justificación…La falta de provocación suficiente: La ley condiciona la legitimidad de la defensa a que, quien luego al defenderse, no haya provocado suficientemente la agresión. En efecto, se repara en que uno de los fundamentos de esta justificante es la defensa de un derecho, es claro que ello no puede ser realizado por quien concurre a provocar su lesión. Ello es así, pues quien provoca suficientemente una agresión injusta tiene nulo interés en la vigencia plena del orden legal” (Código penal de la Nación Argentina Comentado, parte General, Horacio Días, Rubinzal- Culzoni Editores, año 2018, páginas 312/318)".- Bajo estas pautas, es posible afirmar que en el caso no se dan los presupuestos necesarios para la procedencia de la causal de justificación invocada.
No hubo agresión ilegítima por parte de la víctima. No puede considerarse tal el cumplimiento de la función policial.
Por otra parte, la reacción del efectivo policial de alejar a los comparecientes, fue provocada por la actitud agresiva de los mismos, por lo que no puede entenderse tal como una agresión ilegítima.
En cuanto a los agravios sobre las amenazas, corresponde señalar que no le han sido imputadas a M. N. F. y que no ha sido procesado por dicho delito. Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-DECLARAR LA NULIDAD del acta de declaración testimonial en sede policial obrante a fs. 97 vta.- II.-CONFIRMAR PARCIALMENTE la resolución obrante a fs. 74/75vta., en cuanto ordena el procesamiento de M. E. A. en orden a los delitos de ATENTADO A LA AUTORIDAD, LESIONES LEVES AGRAVADAS POR HABER SIDO COMETIDAS A UN MIEMBRO DE LA AUTORIDAD POLICIAL EN SU FUNCIÓN, Y AMENAZAS EN CONCURSO REAL (arts. 89, 92 en función del art. 80 inc. 8, 237, 149 bis, 45 y 55 C.P.), REVOCANDO la aplicación del art. 239 C.P. correspondiente al delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con lo expuesto en los considerandos.
III.-CONFIRMAR PARCIALMENTE la resolución de fs. 104/105 vta. en cuanto dispone el procesamiento de M. N. F. en orden al delito de ATENTADO A LA AUTORIDAD, LESIONES LEVES AGRAVADAS POR HABER SIDO COMETIDAS A UN MIEMBRO DE LA AUTORIDAD POLICIAL EN SU FUNCIÓN, EN CONCURSO REAL (arts. 89, 92 en función del art. 80 inc. 8, 237, 45 y 55 C.P), REVOCANDO la aplicación del art. 239 C.P.
correspondiente al delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con lo expuesto en los considerandos.
IV.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras.- Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia