Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de La Plata · Causa 6281
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe admite el recurso de apelación interpuesto por la actora, se revoca parcialmente la sentencia apelada y se admite la prescripción liberatoria por los períodos 1996 (1 a 12) y 1997 (1 a 11). Las costas por la admisión de la prescripción se imponen a la demandada en su condición de vencida (art. 51, CCA).
6281 - M - CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y G. Y OTROS C/ TRIBUNAL FISCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL CAUSA Nº 6281-M CCALP “CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y G. Y OTROS C/ TRIBUNAL FISCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA”
En la ciudad de La Plata, a los seis días del mes de Julio del 2023 reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa “CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y G. Y OTROS C/ TRIBUNAL FISCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA”, en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial La Plata (expte. Nº -14688-), integrada por los jueces de la Sala I de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de este departamento judicial, Dres. Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, y el Presidente de la misma Dr. Francisco Agustín Hankovits -en virtud de lo dispuesto por la SCBA a fs. 533 vta.-, con arreglo al sorteo oportunamente realizado, deberá observarse el siguiente orden de votación: Dres. Ricardo Daniel Sosa Aubone, Jaime Oscar López Muro y Francisco Agustín Hankovits.
El Tribunal resolvió plantear las siguientes C U E S T I O N E S ¿Es justa la sentencia apelada?
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. Vienen estos autos a esta instancia de Alzada con motivo de la sentencia dictada por la Suprema Corte provincial donde, por mayoría, se hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto y se ordenó la remisión de las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, para que debidamente integrada realice un nuevo cómputo de la prescripción conforme a las pautas dadas en el punto III.2 del voto del Dr. Genoud.
En dicha sentencia, a través del voto del Dr. Genoud -que hizo mayoría- se resolvió textualmente lo siguiente:
“III.1. La cuestión central a dilucidar recae sobre el tratamiento dado a la defensa de prescripción, circunscribiéndose a determinar si es correcta la aplicación del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004; conc. art. 159, t.o. 2011) y si debió limitarse su análisis a los períodos que van hasta el 12/96, excluyéndose dicha defensa respecto de los correspondientes al año 1997.”
“En efecto, surge de autos que la recurrente, mediante denuncia de violación a la doctrina legal vigente, sostiene que la conclusión a la que arribó el Tribunal de Alzada resulta errónea en cuanto aplicó en forma fraccionada la legislación de fondo, computando el dies a quo de la prescripción conforme a lo normado por el Código Fiscal (que extiende ilegítimamente en casi un año dicho plazo); y en tanto excluyó de su cómputo a los períodos de 1997, al considerar que resultó extemporánea la extensión de la defensa a su respecto.”
“Aduce, en esta inteligencia, que el plazo liberatorio de las acciones del Fisco debió computarse desde el día del vencimiento del ingreso del gravamen, por lo que las facultades para determinar y exigir el ingreso de las obligaciones correspondientes a los anticipos 01 a 12 de 1996 y 01 a 11 de 1997, se encontraban prescriptas a la fecha de la determinación de oficio.”
“III.2. En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007,1 a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales (v.gr., su cómputo). En ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Se trata de la causa Ac. 82.253, del 30/5/2007, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Incidente de revisión en autos Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada. Concurso preventivo”, donde la SCBA, por mayoría -junto a las causas C. 82.121, C. 82.282, C. 84.445, C. 84.976 y C. 87.124 de la misma fecha- resolvió la inconstitucionalidad del art. 119 del Código Fiscal de la provincia de Bs. As., en tanto establece plazos de prescripción de la obligación tributaria superiores a cinco años (art. 4027, inc. 3, Cód. Civil).
En dicha causa se modificó la doctrina sentada con anterioridad.
virtud de ello, el caso fue subsumido en las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no en lo dispuesto por el Código Fiscal local.”2 “Sobre la base de lo resuelto en el citado precedente, a donde habré de remitir en razón de la brevedad, corresponde en el presente hacer lugar a los agravios traídos por la recurrente, relacionados con la aplicación del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004 y concs.), norma local que regla el inicio del cómputo de la prescripción de las obligaciones tributarias provinciales en forma distinta a los arts. 3956 y 3986 segundo párrafo del Código Civil, vigente durante la época de los hechos debatidos (conf. arts. 7 y 2.537, Cód. Civ. y Com.). Por lo expuesto, asiste razón a la recurrente respecto a que el Tribunal de Alzada incurrió en un error in iudicando al aplicar las normas del Código Fiscal.”
“Ahora bien, con relación a la supuesta falta de pedimento oportuno para limitar el análisis de la procedencia de la prescripción solo a los períodos del año 1996, cabe señalar que este Tribunal ha advertido que el principio iura novit curia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 La mayoría estuvo conformada por los votos de los Dres. Genoud, Pettigiani y de Lázzari. En similar sentido lo hizo el Dr. Negri. En minoría, votaron los Dres. Soria y Kogan, quienes consideraron que deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo, con base en que la legislación de tributos provinciales (lo que incluye el diseño de la prescripción en esa órbita material) atañe al derecho público local, resorte de las provincias; que refiere a una materia no delegada por éstas a la Nación, ni por ende incluida en la esfera de competencias previstas en la cláusula de los códigos del citado art. 75 inc. 12.
En consecuencia, las normas del derecho común sólo serían aplicables por analogía, vale decir, en defecto de previsiones del derecho tributario local previa adecuación a las peculiaridades de esta materia. Se agregó que en el tratamiento de estas cuestiones no puede prescindirse de considerar un dato institucional trascendente, cual es la toma de posición del Congreso sobre las competencias normativas en lo atinente a prescripción de tributos locales, puesta de manifiesto en preceptos del nuevo Código Civil y Comercial, aprobado por la ley 26.994. Se dijo que en la sentencia "Filcrosa" la Corte Suprema de Justicia de la Nación había descalificado a la ordenanza 10.607 del municipio de Avellaneda en cuanto establecía un plazo de prescripción de diez años, el doble del quinquenal previsto por el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil en materia de obligaciones periódicas, el Alto Tribunal argumentó que lo referente a la prescripción encuadraba en el régimen general del derecho de las obligaciones diseñado en el Código Civil, en el que estaban incluidas las obligaciones tributarias (en rigor, las emergentes de tributos nacionales no lo estaban, ni lo están), y que, por consiguiente, una regla impositiva local que se apartara en esos aspectos de la ley común contrariaba el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
Asimismo, sostuvo que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto al punto que interesa, establece que "...las legislaciones locales podrán regular esta última [la prescripción liberatoria] en cuanto al plazo de tributos" (art. 2.532, in fine, Cód. Civ. y Com.). Paralelamente, bajo el acápite "Plazo genérico", prescribe que "... el plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local" (art. 2.560, Cód. Civ. y Com.). En función de ello y de considerar que como primer intérprete de sus propias competencias, el Congreso de la Nación ha valorado que normar el plazo de prescripción de los tributos provinciales es un asunto ajeno al derecho privado y a la cláusula de los códigos (art. 75 inc. 12, Const. nac.), inherente a los ordenamientos locales, queda sin sostén la subsistencia del criterio sentado en el fallo "Filcrosa".
Si bien reconoce que el Código Civil y Comercial no regía al momento en que acontecieron los hechos del litigio, consideró que sus normas proporcionan un dato institucional de primer orden para discernir la validez constitucional de una cláusula legal incuestionablemente vigente entonces, de raigambre local por pertenecer al derecho público no delegado, como es el art. 133 del Código Fiscal (texto ordenado 2004). tiene aplicación en materia de prescripción, siempre que dicha defensa haya sido oportunamente argüida por las partes (doctr. art. 3.964, Cód. Civ.), desde que es el sentenciante quien tiene el poder deber y a quien le incumbe determinar la norma que rige el caso (conf. arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC), aun cuando difiera de la alegada por las partes.”
“Ello no implica, de modo alguno, suplir oficiosamente la prescripción, lo que está vedado por el citado art. 3964 del Código Civil, sino -por el contrarioestablecer el cómputo del plazo atingente en razón del deber irrenunciable de calificar jurídicamente las pretensiones deducidas en el proceso "según correspondiere por ley" (conf. arts. 163 inc. 6, CPCC; causas C. 96.165, "Pascual", sent. de 17-VI-2009; A. 73.474, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Necotrans", sent. de 25-II-2021; A. 73.431, "Prov. de Bs. As. c/ Mattera", sent. de 22-III-2022; e.o.).”
“También esta Suprema Corte sostuvo que la aplicación oficiosa del plazo quinquenal establecido por el art. 4027 inc. 3 del Código Civil entonces vigente no alteraba las bases fácticas de la controversia, la causa de la pretensión ni el concreto petitum (objeto) de la defensa de prescripción interpuesta (conf. causa C. 93.745, "Fisco Prov. Bs. As. c/ Obra Social del Personal Marítimo", sent. de --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El criterio que por mayoría se impuso en la causa A. 71.388, se mantuvo en las causas Ac. 73.431, del 22/3/2022, “Provincia de Buenos Aires c/Mattera”, donde la mayoría estuvo conformada por los Dres.
Genoud, Torres, Violini y Kohan; Ac. 72.453, del 30/8/2021, “Fisco c/Roberto y Ulises Defelippe”, donde la mayoría quedó conformada por los Dres. Pettigiani, Torres, Borinsky y Kohan; A. 73.965, del 1/6/21, “Provincia de Buenos Aires c/Marino y Cía s/Apremio”, donde la mayoría quedó conformada por los Dres. Genoud, Pettigiani, Torres y Violini; A. 73.958, del 1/6/2021, donde la mayoría quedó conformada por los Dres. Genoud, Pettigiani, Torres y Violini; A. 72.528, del 28/5/2021, “Fiscalía de Estado c/Tribunal Fiscal”, con voto de los Dres. Pettigiani, Torres, Borinsky y Violini; A. 73.474, del 25/2/2021, “Fisco c/Neotrans”, con el voto de los Dres. De Lázzari, genoud, Pettigiani, Torres y Violini; A. 71.990, del 29/5/2019, “Fisco c/Barragán y Cía.”, con el voto de los Dres.
De Lázzari, Genoud, Negri y Pettigiani; A. 72.494, del 23/3/2021, “Yell Argentina c/Tribunal Fiscal”, con el voto de los Dres. de Lázzari, Pettigiani, Torres y Borinsky; A. 72.295, del 23/2/2021, “Yell Argentina c/Tribunal Fiscal”, con el voto de los Dres. Pettigiani, de Lázzari, Torres y Borinsky; A. 71.949, del 23/12/2020, “Fisco /Andreani”, con el voto de los Dres. Pettigiani, Geoud, de Lázzari y Torres; A. 73.347, del 16/12/2020, “Fisco c/Acrílicos Atlas”, con el voto de los Dres. Genoud, Pettigiani, de Lázzari y Torres; A. 75.039, “Fisco c/Transporte Santa María”, con el voto de los Dres. de Lázzari, Genoud, Pettigiani y Torres; A. 72.323, 29/5/2019, por mayoría, “Fisco c/Senra”; A. 71.785, del 14/8/2019, “Fisco c/Wright”, con el voto de los Dres.
Pettigiani Negri, de Lazzari y Genoud; A. 72.046, del 29/5/2019, “Fisco c/Riolfo”; A. 74.284, del 8/5/2019, “Fisco c/De Fabio”, con el voto de los Dres. de Lázzari, Genoud, Negri y Pettigiani. A. 74.998, del 8/5/2019, “Fiscalía c/Tribunal Fiscal”, con el voto de los Dres. de Lázzari, Negri, Genoud y Pettigiani; A. 71.437, del 20/3/2019, “Fisco c/Tío Juan”, con el voto de los Dres. Genoud, Negri, de Lázzari, Torres y Pettigiani; Ac. 73.098, del 20/3/2019, “Fisco c/Cejas”, con el voto de los Dres. Genoud, de Lázzari, Negri y Pettigiani; y A. 72.397, del 5/12/2018, “Fisco c/Cefas”, con el voto de los Dres. Negri, de Lázzari, Genoud y Pettigiani.
3-X-2012), lo que necesariamente debe ser extendido en autos a la aplicación de los arts. 3956 y 3986 segundo párrafo de ese mismo cuerpo normativo.”
“En este contexto, cabe advertir que en el particular la parte actora planteó la prescripción con sustento en la doctrina imperante al momento de deducir la demanda e indicó que correspondía su admisión respecto de los períodos que van hasta noviembre de 1996. No obstante, en ocasión de presentar alegatos y atento el cambio de la doctrina legal aplicable (la que denunció oportunamente, ref. causa C. 99.094, "Fadra S.R.L.", sent. de 14-VII-2010; v. fs. 329 vta./333), sostuvo que correspondía extender la prescripción peticionada a todos los períodos objeto de autos.”
“Atento haberse planteado oportunamente la defensa de prescripción y en consideración a que la doctrina legal con la que se debe confrontar la sentencia recurrida a los fines del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la vigente al momento de examinar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -toda vez que no corresponde dejar de atender las circunstancias existentes al momento de la decisión- es que debe hacerse lugar al recurso interpuesto en esta parcela.”
“Por lo expuesto propongo remitir la causa a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad para que, debidamente integrada, efectúe un nuevo cómputo de la prescripción de todos los períodos involucrados en autos -conforme a las pautas indicadas supra- y, de corresponder, declare la prescripción de las facultades de la Administración para perseguir el impuesto en cuestión.”
“III.3. Atento el modo en que propicio que se resuelva la cuestión, resulta inoficioso en esta instancia del proceso el tratamiento de los restantes agravios traídos a debate, los que quedarán supeditados a las resultas del nuevo cómputo ordenado.”
1.2. Arriban estos autos a esta instancia, con motivo del recurso de apelación que interpuso el apoderado de CERCEVERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I..A. y G. (sociedad continuadora de CERVECERÍA BIECKERT S.S.), contra la sentencia de primera instancia que resolvió desestimar la pretensión anulatoria deducida por la firma “CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. Y G.
(sociedad continuadora de Cervecería Bieckert S.A.)” y los responsables solidarios, señores Pulenta Ernesto Enrique, Melhem Miguel Alberto, Dantur Horacio Marcelo, Gómez Carlos, Melhem Marcel Erwin, Wade Diego Eric, García Gorostidi, Gerardo Alberto, Gómez Eiriz Miguel Angel, Aguirre Saravia Juan José, Dorribo César Héctor y Hope Adrián Francisco Javier (ver en este sentido sentencia de Cámara de fs. 434/450).
Para así decidir, entendió la juez de primer grado que:
a) la prescripción liberatoria, como modo de extinción de la obligación jurídico-tributaria, se halla regulada por el régimen de fondo del Código Civil y, por tanto, la legislación provincial ha de adecuar sus preceptos a lo exigido por dicho cuerpo legal en punto a los presupuestos de aplicación, plazos, efectos y causales de suspensión o interrupción de su curso (conf. CSN, 30/9/2003, “Filcrosa”; 26/3/2009, “Casa Casmma S.R.L.”, 8/9/2009, “Municipalidad de Resistencia” y 6/10/2009, “Bruno, Juan Carlos”; SCBA, C. 81.253, “Cooperativa”; C.. 81.410, C. 82.121, C. 84.445, C. 84.976 y C. 87.123, todas del 30/5/2007; C. 91.876, 26/9/2007, “Fisco c/Delerco S.A.”; I. 2114, 22/12/2008, “Alvarez”; A. 69.251, 16/12/2009, “Fisco c/Petrolera”; C. 102.213, 14/7/2010, “Fisco c/Escudero”; C. 106.486, 9/12/2010, “Fisco c/Barsocchini s/Apremio”; y C. 109.184, 2/11/2011, “Padros”);
b) las acciones y poderes bajo titularidad de la autoridad de aplicación tributaria provincial, para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales, regidas de consuno por el Código Civil y el Código Fiscal provincial prescriben por el transcurso del plazo de cinco (5) años, tal como lo estipula el art. 4027 inc. 3 del Código Civil, para la obligación de pagar los atrasos de todo lo que debe pagarse por años o plazos periódicos más cortos. De igual modo lo dispone el Código Fiscal provincial (art. 118 al tiempo de la fiscalización en análisis, art. 157 t.o. 2011);
c) la prescripción puede suspenderse por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica, durante un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción (art. 3986, Cód. Civ.; 122 del Código Fiscal, t.o. 1999; 161, t.o. 2011);
d) conforme prescribe el Código Fiscal para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, los términos de prescripción comenzarán a correr desde el 1° de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravámen (art. 120, t.o. 1999, 159, t.o. 2011), por lo que el plazo en relación al ejercicio 1996 comenzó a correr a partir del 1° de enero de 1998, dado que el término para presentar la declaración jurada anual por dicho período operó en 1997. El Código Fiscal es claro en fijar su anualidad. Así, en su art. 168 (t.o. 1999) estipula que el período anual será de año calendario, en tanto que el art. 147 del mismo ordenamiento, determina que -salvo disposición en contrario- el gravamen se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada;
e) la circunstancia de que la ley disponga la presentación de declaraciones juradas mensuales o bimestrales, no logra revertir esa condición de anualidad, dado que los pagos efectuados “por anticipado”, lo son a cuenta del total y por lo tanto la declaración jurada anual o final se ingresa y presenta durante el transcurso del siguiente año calendario al período fiscal en cuestión; f) tal postulado ha sido receptado por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, al expresar que en las obligaciones jurídico-tributarias como la de marras, cuya determinación se produce sobre la base de declaraciones juradas de período anual, el término de prescripción quinquenal comienza a correr desde el 1° de enero del año siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de la pertinente declaración jurada en ingresos al gravamen (Cám. Cont. Adm. La Plata, causas 677, 23/11/2006, “Fisco c/Petrolera Mar del Plata”; 2267, 28/5/2009, “Fisco c/Orona”).
g) toda vez que se trata de una deuda generada por el impuesto a los ingresos brutos, debe ser determinada por el contribuyente en sus declaraciones juradas anuales a año venido y por lo tanto, el término de prescripción comienza a correr a partir del 1° de enero siguiente al año en que se produjo el vencimiento de los plazos generales para aquella presentación (Cám. Cont. Adm. La Plata, causa 11.522, 1/3/2011, “Fisco c/Mau Mar”).
h) a mérito de lo expuesto se concluye que a la fecha del dictado de la resolución determinativa de deuda y sumarial (2/12/2002), no se hallaba en modo alguno concluido el término de prescripción quinquenal, a favor de la autoridad de aplicación tributaria para determinar el tributo dejado de oblar por la firma contribuyente, y aplicar eventual sanción, en relación a los períodos fiscales 1-96 a 11-96, por lo que corresponde confirmar la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal en tal sentido (resolución de fecha 3/5/07 en cuanto resuelve hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la empresa contribuyente, contra la resolución Nº 686/02 dictada por la Dirección de Auditoria Fiscal Especial dependiente de la Dirección Provincial de Rentas -actual ARBA-, emitida en el marco del proceso de verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Convenio Multilateral, por la actividad de elaboración de cerveza, bebidas malteadas y malta, durante los períodos fiscales 1 a 12 de 1996, 1 a 12 de 1997 y 1 a 3 de 1998 -conf. expte. adm. Nº 2.306-370.056/98-).
1.3. Los agravios de la actora, en orden a la prescripción, tienen como piso de marcha la improcedencia del rechazo de la prescripción operada por los períodos fiscales enero 1996 a noviembre de 1997.
Considera que la interpretación que efectúa el sentenciante sobre el cómputo de la prescripción, vulnera la jurisprudencia del Máximo Tribunal Nacional y Provincial.
Estima errónea la sentencia del Tribunal Fiscal, en orden al cómputo del plazo de prescripción de la acción en relación a los períodos comprendidos entre enero y noviembre de 1996 (ver sent. Trib. Fiscal de fecha 3/5/07 -punto II, esp. fs. 23-); como también, del escrito de demanda (punto VI.1 -fs. 95/100-); y conforme a lo solicitado, así resuelve la jueza a quo en su pronunciamiento de fecha 21/3/12, al establecer que “no se halla en modo alguno concluido el término de prescripción quinquenal, a favor de la Autoridad de Aplicación tributaria para determinar el tributo dejado de oblar por la firma contribuyente, y aplicar eventual sanción en relación a los períodos fiscales 1-96 a 11-96” (v. fs. 372/vta. in fine). Una importante aclaración, en el punto IV.1, titulado “PRIMER AGRAVIO” (fs. 391), el recurrente se agravia de la improcedencia de la prescripción respecto de los períodos fiscales enero 1996 a noviembre 1997, y dice que cuestiona la prescripción operada por los períodos fiscales 1996 (anticipos 1 a 12) y 1997 (anticipos 1 a 11), cuando en puridad se trató el lapso que va de enero de 1996 a noviembre del mismo año. Cabe agregar que no se invocó hecho sobreviniente alguno que justificara la inclusión aunque se invocó la doctrina sentada en la causa C. 99.094, del 8/7/2010, “Fisco c/Fadra” ya referida, aunque la cuestión ha sido superada a raíz de lo resuelto por la SCBA (ver punto 1.1).
Si bien dice que el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires no se aparta de la normativa de fondo en relación al plazo de prescripción, en tanto establece un lapso de 5 años al igual que el Código Civil, no sucede lo mismo en cuanto a la forma de computarlo (fs. 382).
Sostiene que en el caso del Impuesto a los Ingresos Brutos la obligación resulta exigible desde el día siguiente al del vencimiento del correspondiente anticipo, poseyendo cada “anticipo” individualidad a los efectos del inicio del cómputo prescriptivo.
Y que el art. 133 del Código Fiscal es inconstitucional e inaplicable por consagrar un comienzo distinto, al disponer el comienzo desde el primero de enero del año siguiente.
Denuncia que la supremacía de la legislación de fondo fue declarada por la SCBA en las causas C. 99.094, del 8/7/2010, “Fisco c/Fadra”; C 102.213, 14/7/2010, “Fisco c/Escudero”, e incluso reconocida por el propio Tribunal Fiscal en las causas que cita.
El representante del Fisco, al contestar el traslado conferido, luego de denunciar la improcedente introducción tardía del planteo de prescripción de los períodos fiscales comprendidos entre diciembre de 1996 y noviembre de 1997 (fs. 416, punto III.1), sostiene la inatendibilidad del agravio relativo al rechazo de la prescripción por los períodos comprendidos de enero a noviembre de 1996, con base en la aplicación de la normativa local.
1.4. La Cámara contencioso administrativa, integrada por sus jueces naturales, por mayoría, consideró, en cuanto al modo de computar el plazo de prescripción, conforme doctrina de dicho Tribunal en la causa “Fisco c/Hijos de Juan C. Perez” (CCALP Nº 3.885, sent. del 16-8-07), donde se ha dejado a salvo el criterio expuesto en otros antecedentes (vgr. CCALP causa Nº 677 “Fisco c/Petrolera Mar del Plata”, sent. del 23-11-06-) y se hizo propio el cambio jurisprudencial a la luz del tratamiento y alcance del tema en cuestión que confiere el caso "Filcrosa" (CSN, sent. del 30.9.03) y su receptividad, por el Máximo Tribunal provincial en la causa, entre otras, C. 81.253, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de revisión en autos: Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada. Concurso preventivo", del 30/05/07, C. 81.410, "Municipalidad de Monte Hermoso contra Expreso Sud Atlántico S.R.L. Apremio", C. 82.121, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de Revisión en autos: Barrere, Oscar R. Quiebra", C. 84.445, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de revisión en autos Montecchiari, Dardo s/quiebra", C. 84.976, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de Revisión en autos: Moscoso, José Antonio. Concurso preventivo", C. 87.124, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de Revisión en autos: Maggi Asociados S.R.L. Concurso preventivo", en los cuales por mayoría, se pronunció en favor de la preeminencia del plazo de prescripción liberatoria de 5 (cinco) años establecido en el art. 4.027 inc. 3º del Código Civil, aplicable en materia tributaria local, por sobre cualquier otra disposición normativa de carácter provincial o municipal, particularmente el art. 157 subs. y concs. del Cód. Fiscal (ley 10.397, texto actualizado con las modificaciones introducidas por ley 14.301, 14.333 y 14.357 -t.o. Resolución 39/11-), por lo que se le asignó preeminencia a la legislación de fondo en la materia tributaria.
Con tal piso de marcha, consideró que era preciso determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción, así como también, si se han constatado causales de suspensión o interrupción.
En dicha tarea estimó que, en las obligaciones como las verificadas en autos, cuya determinación se produce sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, el término de prescripción quinquenal, comienza a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaración jurada e ingresos de gravamen (conf. CCALP causa Nº 677 “Fisco c/Petrolera Mar del Plata”, sent. del 23/11/06, cit.; conf. art. 133 1º párr.- Cód. Fiscal, vigente a esa fecha). También se consideró que el art. 159 del Cód. Fiscal, prescribe que “los términos de prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación, para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por este Código, comenzarán a correr desde el 1º de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones fiscales, excepto para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, en cuyo caso tales términos de prescripción comenzarán a correr desde el 1º de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen”.
Ello en base a considerar que se trataba de una deuda generada por el impuesto a los ingresos brutos, tributo que debe ser determinado por el contribuyente en sus declaraciones juradas anuales a año vencido (arts. 159, 209 y concs., Cód. Fiscal, cit.).
De este modo, para los períodos fiscales enero a noviembre de 1996, ponderó que la obligación de presentar declaración jurada venció con la presentación del último anticipo, es decir, en enero de 1997 (art. 159, Cód. Fiscal).
Por ello consideró que no hubo expirado el plazo prescriptivo con relación a los períodos 1º a 11º de 1996, en tanto no corresponde computar el plazo a partir del año siguiente, sino a partir del 1º de enero de 1998.
Y, tal como sentencia la juez de primer grado, el término quinquenal habría vencido el 1º de enero de 2003 de no haber mediado la causal suspensiva finalmente acaecida con el dictado de la resolución determinativa y sumarial acontecida con fecha 2/12/2002, fecha a la cual no había fenecido entonces, el término de ley a fin de que la autoridad de aplicación determine el tributo dejado de oblar por la firma contribuyente y en consecuencia, resolvió que la queja traída por los accionantes resulta inatendible.
Además expresó que el término de prescripción tuvo causal de suspensión computable desde la notificación de la resolución determinativa (18/12/02); y que con la interposición del recurso de apelación dicha suspensión se prolongó hasta 90 días posteriores a la notificación de la sentencia que oportunamente dictó el Tribunal Fiscal el 3/5/07 (v. fs. 1803/1821 y 1941/1962 y fecha de la cédula de notificación: 10/5/07, de fs. 1822/vta., de actuaciones adm.; fs. 19 y 20/38, causa judicial).
Por ello resolvió que los períodos verificados 1/96 al 11/96 son absolutamente reclamables y consecuentemente perseguibles, no asistiéndole al apelante razón en cuanto al acaecimiento del plazo de prescripción.
En consecuencia, rechazó el agravio de la actora y confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto determina que a la fecha de dictado de la resolución determinativa de deuda y sumarial (2/12/2002), no se hallaba en modo alguno concluido el término de prescripción quinquenal, a favor de la Autoridad de Aplicación tributaria, para determinar el tributo dejado de oblar por la firma contribuyente, y aplicar eventual sanción, en relación a los períodos fiscales 1/96 a 11/96 (conf. arts. 16, 17, 18, Const. Nac.; 4027 inc. 3º, 3986, Cód. Civil; 118, 120, 122, 147, 168, Cód. Fiscal -t.o.1999-; 157, 159, 161, y concs., Cód. Fiscal -t.o. 2011-; 77, CCA; 272, 163 inc. 4º y 6º, 164, 34 inc. 4º in fine, CPCC).
II. Tratamiento de los agravios.
2.1. Adelanto que asiste razón al apelante en orden al cómputo del plazo de prescripción de los créditos fiscales correspondientes a los períodos 01/96 a 12/96 y 01/97 a 11/97, a los que ha de limitarse el planteo extintivo (conf. sentencia de SCBA).
2.2. El caso en debate debe decidirse por aplicación de la doctrina legal (art. 161 inc. 3 a, Const. Prov.), sentada por la SCBA a partir de la causa A. 71.388, del 16/8/2018, “Fisco de la Prov. de Bs. As. s/Recuperación de créditos”, donde por mayoría se dejó sentado la aplicación de la doctrina legal emergente de la causa A. 72.397, del 5/12/2018, por mayoría, caratulada “Fisco de la Provincia de Buenos aires c/Cefas S.A. s/Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, a aspectos complementarios del plazo de prescripción a las obligaciones tributarias provinciales, entre las cuales debe incluirse el cómputo de inicio. En consecuencia, el análisis se abastece con la aplicación de las normas del Código Civil (art. 4027 inc. 3º, 3956 y cctes.), que delimitan el contexto normativo al que debe sujeción el instituto de la prescripción liberatoria con todos sus alcances, lo cual declina la sentencia atacada al tiempo de considerar el inicio del cómputo, pues en lugar de acudir al artículo 3956 del código de fondo, aplica la normativa local (art. 133 del Código Fiscal), cuando en realidad dicha normativa sólo se podría aplicar para cubrir aspectos no legislados.
Y si bien la jueza de la causa se ha expresado en dicho sentido, al considerar aplicable el criterio sentado por el Máximo Tribunal nacional en la causa F.194.XXXIV, sent. del 30/9/2003, “Filcrosa S.A.” 3 ; “Casa Casmma S.R.L. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 En el citado precedente, el sentenciante de grado había decidido que la prescripción de los tributos municipales se regía por las normas locales -que establecían un plazo de diez años-, descartando la aplicación del art. 4027 inc. 3 del Código Civil -que establece un plazo de 5 años-, al considerar que la potestad tributaria era local. Pero la Corte nacional, por mayoría, descalificó tal pronunciamiento. En su sentencia, la Corte Suprema nacional, ratificando precedentes (Fallos 175:300; 176:115; 193:157; 203:274; 284:319; 285:209; 320:1344; conf. considerando 5), puntualizó que las normas provinciales que reglamentaban la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil eran inválidas, afirmando que el mentado instituto no es propio del derecho público local y encuadra en la cláusula del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional. De allí que el poder de instaurar un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esa vía sea materia confiada al legislador nacional (considerando 6).
Consideró que la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores correspondía a la ley de fondo, estando vedado a las provincias -y a los municipios- dictar reglas incompatibles con las consagradas por los Códigos de fondo, ya que, al haber conferido a la Nación la s/Concurso preventivo s/Incidente de verificación tardía (promovido por la Municipalidad de La Matanza) s/Recurso de hecho”, del 26/3/2009; “Municipalidad de Resistencia c/Lubricom S.R.L. s/Ejecución Fiscal”, del 8/9/2009; y “Bruno, Juan Carlos c/Buenos Aires, Provincia de s/Acción declarativa”, del 6/10/2009; y destacar que ello fue recogido por la Suprema Corte provincial (SCBA, C. 81.253, 30/5/2007, “Cooperativa” y demás causas dictadas en la misma fecha -C. 81.410; C. 82.121, C. 82.282, C. 84.445, C. 84.976 y C. 87.124-; C. 91.876, 26/9/2007, por mayoría, “Fisco c/Delerco S.A.”; I. 2114, 22/12/2008, por mayoría, “Alvarez”; A. 69.251, 16/12/2009, por mayoría, “Fisco c/Petrolera”; C. 106.486, 9/12/2010, por mayoría, “Fisco c/Basocchini s/Apremio”; C. 102.213, 14/7/2010, por mayoría, “Fisco c/Escudero”; y C. 109.184, 2/11/2011, “Padros” 4 ), interpreta erróneamente dichos precedentes al no considerar que sus alcances se extienden a todo cuanto es materia de regulación por las normas nacionales sustantivas, sin que el suceso inicial del plazo extintivo -que esta regulado expresamente por el art. 3956 cit.- pueda constituir una excepción que autorice acudir a las locales del Código Fiscal local.
Estas últimas están igualmente desplazadas en su aplicación, pues la prescripción liberatoria, como modo de extinción de la obligación jurídico-tributaria, constituye materia sustantiva que es de competencia exclusiva del Congreso Nacional, se halla regulada por el régimen de fondo del Código Civil y, por tanto, la legislación provincial ha de adecuar sus preceptos a lo exigido por dicho cuerpo legal, en punto a los presupuestos de aplicación, plazos, efectos y causales de suspensión y/o interrupción.
Por ello yerra cuando culmina aplicando el Código Fiscal -que fija una solución distinta al de la norma sustantiva-, al arribar a una conclusión que no se compadece con aquella doctrina y termina siendo contradictoria en el escenario de una lógica decisoria que por un lado la adopta y por el otro la abandona. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- potestad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan (doct. de Fallos 176:115; 226:727; 235:571; 275:254; 311:1795; 320:1344; considerando 9).
Y, a partir de dicha limitación, surge la exigencia de que la legislación dictada en su consecuencia no restrinja derechos acordados por normas de carácter nacional, mediante las que se establece en todo el país un régimen único de extinción de las obligaciones (considerandos 11 y 14).
4 En igual sentido: C. 120.506, 5/11/2019, “Fisco c/Serpe”.
En particular, en relación al tema tratado en el embate que nos ocupa, también la Corte Suprema de Justicia se ha expedido, en mayoría, en la causa "Fisco de la Provincia c/ Ullate, Alicia Inés - ejecutivo - apelación - recurso directo", fallada el 1/11/2011, dilucidando si el código tributario local podía disponer un momento distinto para el inicio del cómputo del plazo de prescripción que el previsto por el legislador nacional de manera uniforme para toda la República, que se halla regulado en el art. 3956 del Código Civil; remitiendo al dictamen del señor Procurador y sosteniendo, como lo había hecho en una causa sustancialmente análoga (Fallos: 326:3899), que si las provincias no tienen competencia en materia de prescripción para apartarse de los plazos estipulados por el Congreso nacional, tampoco la tendrían para modificar la forma en que éste fije su cómputo (ver en este sentido voto del Dr. Pettigiani en la causa A. 72.289, del 21/11/2018). Asimismo en el precedente M.804.XLVIII, "Municipalidad de Corrientes c/ Hermann, Alejandro Enrique s/ Apremio", sentencia de 11/2/2014, sostuvo en el considerando sexto: "Que la prescripción de las obligaciones tributarias locales, tanto en lo relativo a sus respectivos plazos, como al momento de su inicio, y a sus causales de suspensión e interrupción, en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, se rigen por lo estatuido por el Congreso de la Nación de manera uniforme para toda la República y, ante la ausencia de otra norma nacional que la discipline, su solución debe buscarse en el Código Civil, pues, la prescripción, no es un instituto del derecho público local sino un instituto general del derecho (conf. 'Filcrosa' -Fallos: 326:3899-, doctrina reiterada en precedentes posteriores -Fallos: 332:616, entre otros-, a cuyos fundamentos cabe remitir, en lo pertinente, por motivos de brevedad)...".
Tal es así que la SCBA, en la causa C. 99.094, del 14/7/2010, por mayoría, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/Fadra S.R.L., López Osvaldo y Lobato Emilio Tomás s/Apremio”, declaró la inconstitucionalidad del art. 134 del Código Fiscal, referido a las causales de suspensión e interrupción del cómputo de prescripción por ser contrarias al Código Civil En virtud de todo lo expuesto, con apego a dicha doctrina legal, juzgo que el comienzo del plazo prescriptivo de la acción del Fisco provincial para perseguir el pago del impuesto sobre los ingresos brutos no puede alongarse en contraposición a lo dispuesto en el art. 3956 del Código Civil más allá de la fecha del título de la obligación, el que, en el caso que nos ocupa, no podrá ir más allá del primer día del mes siguiente al que deba ingresarse el impuesto, lo cual es independiente de la presentación de la declaración jurada del período fiscal del año calendario cuyo ejercicio cerrara el 31 de diciembre del año respectivo.
Ello pues, si en el lapso que nos ocupa los anticipos se liquidaban, salvo los contribuyentes del Convenio Multilateral, sobre la base de los ingresos correspondientes al mes o bimestre respectivo para el ejercicio de la actividad gravada -según se trate de contribuyentes con régimen de pago mensual o bimestral-, debiendo ingresarse el impuesto dentro del mes calendario siguiente al vencimiento de cada mes o bimestre y, juntamente con la liquidación del último anticipo (diciembre o noviembre/diciembre), debía presentarse la declaración jurada que resumiera las operaciones del período -cuya finalidad no es determinar el impuesto a ingresar sino informar, resumiendo la totalidad de las operaciones del período fiscal y detalle de los pagos efectuados, más allá de que pudiera surgir alguna diferencia, en cuyo caso empezaría a contar desde allí-, no cabe duda en nuestro ordenamiento fiscal se configuraba el título de la obligación tributaria a partir del vencimiento de cada mes o bimestre, oportunidad en que correrán los intereses correspondientes, por lo que resulta irrazonable e inconstitucional -o al menos inaplicable por haber sido desplazado por el Código Civil- el art. 120, t.o. 1999; 133, t.o. 2004; 159 t.o. 2011, de la ley tributaria local, en cuanto fijan el dies a quo del plazo liberatoria recién a partir del 1 de enero del año subsiguiente al del vencimiento de la obligación de presentar la referida declaración jurada anual (conf. arts. 28, 31, 75 inc. 12 y 121, Const.
Nac.; SCBA, Ac. 72.289, 21/11/2018, por mayoría, “Fisco c/Andreani”, del voto del Dr. Pettigiani).
Si bien el período fiscal es por año calendario (art. 168, Código Fiscal, t.o. 1999; 182, Código Fiscal, t.o. 2004), el gravamen se debe ingresar mediante anticipos mensuales o bimestrales que corresponda. El vencimiento se produce, en principio, al mes siguiente. Ello sin perjuicio de la obligación de presentar una declaración jurada anual, “determinativa de los coeficientes de ingresos y gastos a aplicar por jurisdicción y demás requisitos que establezca…” y de que tratándose de anticipos omitidos que excedieran el importe del pago a cuenta del mismo, corresponde ingresar la diferencia, con más intereses, sin perjuicio de las multas que pudieren corresponder (arts. 168, 169 y 172, Código Fiscal, t.o. 1999 -norma vigente a la fecha en que sucedieron los hechos).
Abona lo expuesto -tal como afirma el apelante con cita del nuevo criterio del Tribunal Fiscal- las diferentes consecuencias que podrían resultar de omitirse la presentación de la declaración jurada anual y el ingreso del tributo correspondiente a un anticipo, ya que en el primer caso se aplica una multa por infracción a los deberes formales, mientras que en el segundo, acarrea una multa por omisión del impuesto más intereses, siempre que exista actividad gravada. Ahora bien, en el caso de autos se está frente a un incumplimiento parcial del pago de las obligaciones fiscales, durante los períodos 1996 (enero a diciembre), 1997 (enero a diciembre) y 1998 (enero a marzo), y se ha opuesto la prescripción liberatoria respecto de los períodos fiscales 01/96 a 11/97, para lo cual se podría considerar que el plazo comenzó su curso desde el 1° de enero siguiente al año en que se produjo el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen, por lo si se toma el período anual la prescripción comenzó a correr el 1° de enero de 1997 y finalizó el 31/12/2001 para el período fiscal del año 1996 y el 1 de enero de 1998 y finalizó el 31/12/2002 para el período fiscal del año 1997, a la fecha de la determinación de oficio mediante la Resolución 686/2002 del 2/12/2002.
Es indudable que la deuda del año 1996 esta prescripta (ya sea que se tome como fecha de inicio el mes siguiente o el año siguiente).
El problema se plantea con la deuda del año 1997, ya que sólo si se toman períodos mensuales, estaría prescripta.
Por aplicación del art. 3956 del Código Civil y a falta de acreditación de otra situación fáctica que indique una hipótesis distinta, considero iniciado el plazo de prescripción de los períodos 1-96 al 12-96 y 1 a 11 de 1997, a partir de la exigibilidad del crédito fiscal -que no es anual- y por lo tanto con punto de partida al vencimiento de cada período, por lo que los créditos correspondientes al año 1996 y enero a noviembre de 1997 estaban prescriptos a la fecha de la determinación de oficio (ver resolución determinativa y sumarial de fecha 2/12/2002).
Es que, si al 1 de enero de 2002 los períodos fiscales aludidos perdieron su exigibilidad producto de la prescripción liberatoria (el último prescribió el 1 de diciembre del 2002), para ellos ha sido neutra la diligencia posterior de determinación de deuda n° 686 del 2/12/2002 al igual que la intimación del 18/12/02.
Por ello, propongo declarar prescriptos los créditos fiscales correspondientes a los períodos 1 a 12 de 1996 y 1 a 11 de 1997 (conf. arts. 3956, 4027 inc. 3º y concs., Cód. Civil), dejando sin efecto, en ese único aspecto, al acto administrativo emanado del Tribunal Fiscal de Apelación que ventila el caso, ordenando la repetición de las sumas ingresadas por ese concepto a la demandante, con costas de la instancia a la demandada en su condición de vencida (conf. arts. 51, 55, 56, 58 y concs., ley 12.008 -texto según ley 13.101-). A mayor abundamiento destaco que -siguiendo lo expresado por el Dr. Torres en la causa A. 73.695, del 1/6/2021, “Provincia de Buenos Aires c/Marino y Cía.”- recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJN 4930/2015, sent. de 5/11/2019, Fallos 342:1903), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899, 332:616, 332:2108, 332:2250 (entre otros), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que en el caso -al igual que en el de autos- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctrina de Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires" Fallos: 338:1455, considerando 5°) conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra- Congruentemente, establecida la prescripción respecto de la obligación principal, deviene improcedente y no ajustada a derecho la sanción pecuniaria aplicada con motivo de su incumplimiento.
2.3. Por los fundamentos expuestos, conforme a la doctrina y jurisprudencia citada, voto por la negativa y propongo revocar parcialmente la sentencia apelada y admitir la prescripción liberatoria por los períodos 1996 (1 a 12) y 1997 (1 a 11), en cuanto a los agravios que cabe considerar (arts. 12 inc. 1º y concs., 50, 51, 55, 56, 58, 77 y concs., CCA; 16, 17, 18, 28, 31, 75 inc. 12 y 121, Const. Nac.; 4.027 inc. 3º y 3.986, Cód. Civil; 1 y 2, C.C.C.N. 57, Const. Prov.).
En consecuencia voto por la negativa.
2.4. En cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la demandada en su condición de vencida (art. 51, ley 12.008).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el Dr. López Muro dijo:
Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Sosa Aubone.
Estimo conveniente adunar, corroborando mi opinión favorable al voto de mi distinguido colega, que oportunamente he tenido oportunidad de tratar “in extenso” la cuestión relativa a la prescripción que se ha analizado, arribando entonces a la solución que ahora se propicia y a la que, como he dicho, adhiero plenamente (ver mi voto en autos CAUSA Nº 12782 CCALP “FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TRANSPORTE SANTA MARIA SRL Y OTROS S/ APREMIO PROVINCIAL”, sentencia del 7/9/17, que tramitó ante la SCBA bajo el número A. 75.039, y se dictó sentencia con fecha 15/12/2020 -que ha sido citada en el voto precedente-, donde por mayoría se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto).
En consecuencia, también voto por la NEGATIVA.
A la misma cuestión planteada, el Dr. Hankovits dijo:
Adhiero a los fundamentos expuestos por el Dr. Sosa Aubone, por lo que también voto por la NEGATIVA.
Así lo voto.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos y con los alcances expuestos en el Acuerdo que antecede, se admite el recurso de apelación interpuesto por la actora, se revoca parcialmente la sentencia apelada y se admite la prescripción liberatoria por los períodos 1996 (1 a 12) y 1997 (1 a 11). Las costas por la admisión de la prescripción se imponen a la demandada en su condición de vencida (art. 51, CCA).
Regístrese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen oficiándose por Secretaría.
Fin de la sentencia