Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el auto que obra glosado a fs. 01/10 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)-
TOMO CXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8365 FOLIO Nº 052/057 PROT. ELECT. JR101240I.231
Río Gallegos, 20 de diciembre de 2023.-
La presente causa caratulada: "A.M.D.A. S/Infracción al título III del libro II del CP", Expte. Nº 28.103/23 - Apelación/Causa JR Nº 8.626/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 01/10 y vta. obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción N° Tres de Río Gallegos, quien en el punto 1º) dispuso el procesamiento con prisión preventiva de D.A.A., en orden al delito de “daño, amenazas, lesiones doblemente agravadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género y abuso sexual con acceso carnal reiterado, todos en concurso real entre sí” (arts. 45, 183, 92 en función de lo dispuesto en el art. 80 inc. 1 y 11 y 149 bis 1° párrafo, 119 3° párrafo del CP) y en el punto 2º) trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil ($500.000). Que a fs. 11/15, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-, que fue mantenido ante esta Alzada a fs. 18, sin acompañar el memorial de agravios del art. 437 del CPP. En consecuencia quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Y
I. Que la defensa interpone el recurso de apelación en contra del auto de procesamiento con prisión preventiva, por considerar que el mismo no se ajusta a derecho en los puntos impugnados, resultando arbitrarios, lo que atenta contra el debido proceso, la defensa en juicio y el principio de inocencia, causando un grave perjuicio al imputado, como así también contra el embargo trabado sobre sus bienes por la suma de pesos quinientos mil ($500.000). Por ello solicita se revoque por contrario imperio y se deje sin efecto el pronunciamiento atacado, disponiéndose el sobreseimiento respecto al presunto delito de abuso sexual o, en su defecto, se dicte la falta de mérito en relación a los hechos imputados. a.- Consideraciones previas: la defensa plantea que a pesar del cambio de paradigma en materia de perspectiva de género, protección de la libertad sexual y erradicación de la violencia en todas sus formas, en la presente investigación no se ha producido un análisis real sobre cómo habrían ocurrido los hechos, parcializando el estudio de las pruebas. Es por ello que entiende se ha incurrido en arbitrariedad invocando la normativa en materia de violencia de género, olvidando el deber de investigar para la búsqueda de la verdad y el ejercicio del derecho, por el cual todos somos iguales ante la ley, cayendo asimismo en el error irremediable de convertir los derechos en una herramienta para fundamentar y lograr mayores números estadísticos, dando cumplimiento únicamente con la carga procesal de fundamentar sus resoluciones. Ahora bien, tratándose las apreciaciones vertidas por la defensa de consideraciones previas a la expresión de agravios, entendemos que no constituyen en sí mismas una crítica razonada a un punto específico de la resolución que se pretende poner en crisis. Sin perjuicio de ello, del estudio del auto de procesamiento no advertimos la arbitrariedad alegada y mucho menos que la investigación hubiera sido direccionada, parcializando la valoración de las pruebas producidas en la causa con el único fin de perjudicar al encartado, fundamentando el auto de mérito a través de la mera invocación de la normativa vigente en materia de violencia de género.
Por el contrario, desde esta Alzada hemos venido sosteniendo invariablemente que el testimonio de la víctima de violencia de género tiene en sí mismo valor de prueba para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre que se efectúe con las debidas garantías de manera tal que el involucrado pueda desvirtuar el relato de la denunciante, si lo estima pertinente, y esto no debilita o flexibiliza las garantías constitucionales a las que se subordina todo proceso penal. Cabe recordar a la defensa que en los casos donde se encuentren comprometidos los derechos de las mujeres, debe siempre privilegiarse el estudio de la causa desde una perspectiva de género, y sobre este aspecto la apreciación del caso efectuada por la Instrucción luce acertada, toda vez que el Estado Argentino se ha comprometido internacionalmente en procura de eliminar en todas sus formas la violencia contra la mujer, contando los procesos judiciales con un estándar de protección superior siempre que se constaten sus vulnerabilidades (y en el caso de marras surge de manera ostensible la vulnerabilidad de la denunciante de los informes periciales oficiales realizados en el Cuerpo Pericial de Psicólogos y glosadas a fs. 54/56 y 67/68). b.- Agravio relativo a la valoración arbitraria de la prueba: La defensa se agravia de la utilización direccionada de la prueba incorporada en autos para llegar a una forzada decisión, que solo tuvo en miras desde el comienzo de la investigación, el tener por acreditado la materialidad de los hechos basados únicamente en la declaración de la denunciante O.M.T., tratándose de una pareja que se encontraba conviviendo por más de tres años aproximadamente.
Expresa que al analizar la dinámica de los hechos denunciados, no le cabe dudas que se trata de una convivencia enmarcada en la violencia doméstica, y en ese contexto deberá acreditarse si se vulneró la libertad sexual de la víctima. En tal sentido, asevera que la declaración de la víctima no es clara, ya que manifestó: “…luego me quedé dormida y me desperté con él encima queriendo tener relaciones sexuales, en ese momento le dije que no quería pero él insistió y por temor a que se ponga violento accedí…”, por ello exige que para afirmar que se vulneró la libertad sexual de la víctima y dar un juicio positivo de materialidad típica, se analice si el agente comprendió precisamente el acto comisivo, pues de no haberlo comprendido no sería susceptible de punición.
Destaca que no se encuentra acreditado si la pretensa damnificada ejecutó actos tendientes a evitar el presunto ultraje sexual, ya que la Sra. T. declara que se quedó dormida y se despertó con el imputado encima queriendo tener relaciones sexuales, que en ese momento le dijo que no quería pero él insistió y por temor a que se ponga violento accedió. Agrega que no se constataron lesiones de índole sexual en la pretensa víctima, por lo tanto no se advierte resistencia al presunto acto sexual y, en consecuencia, insiste en que no se encuentra acreditado el aspecto subjetivo, el conocimiento de la antijuridicidad –dolo- en el imputado. Reitera que los hechos se dan en el ámbito de una relación de pareja por más de tres años en una situación de violencia doméstica, planteando que deberá ser abordado por ante la instancia correspondiente, habiéndose imputado el abuso sexual apresuradamente, existiendo un estado de duda respecto al consentimiento y por ello solicita se decrete la falta de mérito y se continúe con la investigación.
Por último menciona que no basta para fundamentar el auto atacado, la mera declaración de la presunta damnificada sino que debe ser apoyado en otras pruebas que permitan presumir la potencialidad de los hechos, permitiendo inferir su materialidad y responsabilidad respecto del sujeto activo; algo que estima no fue tenido en cuenta y valorado adecuadamente por la Instrucción. Que ingresando en el abordaje de los argumentos de la defensa, adelantamos que no obtendrán favorable acogida, toda vez que no se advierte que se hubiera direccionado la instrucción arribándose a una forzada decisión basándose únicamente en el relato de la víctima; sino que por el contrario, la Magistrada logró reunir una multiplicidad de elementos probatorios e indicios que, valorados en su conjunto a la luz de la sana crítica racional y con amplitud probatoria, le permitieron tener por acreditada la materialidad de los hechos denunciados y la autoría responsable en cabeza del imputado, con el grado de probabilidad afirmativa que esta instancia procesal requiere.
Veamos, la a quo cuenta con el testimonio de la víctima, quien describe pormenorizadamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados, sindicando como autor de los mismos a su pareja, el imputado D.A.A. Asimismo la Magistrada logró tener por reforzado dicho testimonio, a través de la declaración coherente, completa y persistente de la damnificada ante la Oficina de Violencia Doméstica, y del informe de situación de riesgo “altísimo”, en función de la convivencia de las partes, el motivo de su presentación y el tipo de violencia que se habría producido en el último episodio, la probabilidad que se susciten nuevos hechos o se agraven los existentes, los antecedentes del vínculo afectivo, las características de la persona denunciada y el tipo de modalidad conductual y afectiva desplegada hacia la denunciante, las características de la persona denunciante, la niña como posible víctima al presenciar los hechos y la posible repercusión psicoemocional.
Complementan y refuerzan la denuncia, la constatación de los rastros del delito investigado a través del acta de constatación del teléfono celular dañado de la damnificada y las lesiones certificadas por la médica forense, tratándose de lesiones contusas extra genitales efectuadas por golpe o choque con elemento romo contundente, equimosis pequeñas en muñeca y brazo, que pueden corresponder a maniobras de presión manual digital, habiéndose dejado constancia que la ausencia de lesiones a nivel genital no invalida posibles hechos de abuso sexual dadas las características anatómicas de la mujer adulta.
Cabe destacar que, si bien el contexto de privacidad en que se habrían suscitado los hechos denunciados, conlleva a pensar que la damnificada sería la única testigo en la causa, esto no sería así en virtud que la hija menor de edad habría sido testigo involuntaria de los mismos. En ese sentido, la Instrucción logró recabar el testimonio de la niñera, quien robustece los dichos de la denunciante en virtud que da cuenta que siendo aproximadamente las 06:30 hs., recibió a la nena, que se la llevó a su casa la mamá, la cual no le contó nada de lo que posteriormente tomaría conocimiento y sólo le dijo que tenía que hacer un trámite y que J. no iría al jardín. Describió que decidió acostar a la nena a dormir y que la notó un poco inquieta, tal es así que le midió la fiebre pensando que se debía a que estaba engripada.
Que no dormía tranquila sino que se despertaba asustada y se volvía a dormir. Agregó que la despertó a las 09:00 hs. para desayunar y que al preguntarle cómo había dormido, ésta le contestó que bien y le contó que D. le había pegado a su mamá, que la agarró del cuello y fue ahí que decidió cambiar la conversación para no seguir hablando del tema. Que posteriormente a las 10:50 hs., recibió un llamado de su hermano solicitándole que cierre la puerta con llave y le comenta lo que había sucedido con la pareja de la mamá. Es así que esa tarde trabajó acompañada de la nena, que al ser enfermera la llevó a los controles de sus pacientes y a la noche la dejó con su mamá. Por último, declaró que siendo las 23:00/24:00 hs., encontrándose ya durmiendo, fue despertada por ruidos de bocinazos, se levantó a mirar por la ventana y alcanzó a ver que se trataba de D. en una moto y como nadie salió a atenderlo, se retiró a toda velocidad del lugar.
Del mismo modo, la Magistrada logró tener por reforzada la denuncia por medio de la declaración testimonial de la Sra. M.R.G., quien expresó que esa mañana la víctima se presentó a trabajar asustada y llorando. Que le dijo que el chico le había pegado, amenazado, que la ahorcó, que casi la mata y que le daba vergüenza contarle que más había pasado, por lo que deduce que algo más pasó. Describe que le observó moretones en los brazos, cuello y manos pero que no era la primera vez que la veía golpeada, que con esta sería la tercera vez, y que en esas otras ocasiones también refería que eran producto de los golpes de su pareja. Explica que le consultó por qué no la había llamado, y fue ahí cuando le dijo que no podía porque la estaba ahorcando y que solo esperaba a que amaneciera para poder salir con la nena de la casa; que la nena lloraba porque le pegó adelante de la nena y porque le dijo que iba a matar a la mamá.
Es por eso que la dejó salir a hacer la denuncia. Asimismo da cuenta que con posterioridad a que O. efectuara la denuncia, el imputado se apersonó en su casa en dos oportunidades, siempre agresivo exigiendo verla y amenazando con que volvería y que si lo metían preso cuando saliera de la cárcel, regresaría nuevamente a buscarla. Que por más que existía una restricción y que solicitaron presencia policial en el primero de los casos nunca se acercaron, en tanto la segunda vez la policía logró dar con el imputado ya cuando se iba, a la altura de la esquina de su casa. A mayor abundamiento, la Sra. Jueza de grado cuenta con los informes del Cuerpo Pericial de Psicología, glosados a fs. 54/56 y 67/68, por el que concluye razonadamente que encuentra constatada la vulnerabilidad de la damnificada en razón de haberse detectado un estado de estrés agudo y daño psíquico por efecto de la naturalización de las acciones violentas mermando su capacidad de autodefensa y protección, resultando congruente con los hechos relatados en su denuncia, al igual que las secuelas que presenta producto de los antecedentes de diferentes tipos de violencia presuntamente vivida durante la relación: económica, social, física y psicológica, viviendo en un contexto de miedo e incertidumbre por su integridad física y la de su hija menor de edad, cuyo padre no es el imputado.
Es por ello que, pese al loable intento de la defensa por mejorar la situación procesal de su asistido, entendemos que el delito provisoriamente calificado de “abuso sexual con acceso carnal reiterado” se encontraría debidamente acreditado tanto en su materialidad como en su autoría, partiendo del testimonio coherente y sostenido de la propia víctima quien afirma haber manifestado al imputado que no quería tener relaciones sexuales y que al despertarse con el imputado encima de ella, accedió por temor a que se volviera a poner violento y la golpeara, concordando con la Instrucción que se trataría de un consentimiento tácito que carece de toda validez pues el imputado lo habría alcanzado previo a agredir física y verbalmente a su pareja en presencia de su hija menor de edad, en una relación desigual de poder y reduciendo a su pareja a la calidad de una cosa, de conformidad con lo corroborado por las declaraciones testimoniales de quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido tanto por los dichos de la víctima como de su hija menor de edad, el acta de constatación de la destrucción del teléfono móvil de la denunciante, los informes psicológicos del Cuerpo Pericial Psicológico, el informe del Cuerpo Médico Forense y las restantes piezas procesales incorporadas.
Es por todo lo valorado precedentemente, que lo planteado por la defensa no podrá prosperar. c.- Agravio relativo al embargo: Bajo este acápite la defensa se agravia del monto del embargo decretado por resultar excesivo, arbitrario y exorbitante, toda vez que el imputado no posee bienes propios, no posee vivienda propia, afronta gastos cotidianos y la inflación actual que atraviesa, por lo que solicita se rechace el mismo.
Ahora bien, para analizar este agravio entendemos que debe tenerse en cuenta que el embargo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia, los honorarios profesionales y el resarcimiento por el daño ocasionado, aun cuando el actor civil no se haya constituido como tal, por ser una medida de protección eventual al ejercicio de sus derechos; sin que deba tenerse en cuenta a los fines de su cuantificación, la situación económica de los imputados.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Y en el caso en estudio, se comparte la determinación de la Magistrada, advirtiendo que lo dispuesto cumple con las reglas establecidas en el art. 499 del CPP, pues en el tercer considerando b) de fs. 10vta., se señalaron los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria, y ponderando el monto establecido en función del ilícito endilgado y su modalidad de comisión, la suma ordenada de quinientos mil pesos ($ 500.000), no luce irrazonable máxime dentro del contexto inflacionario argentino teniendo presente la fecha de la resolución.
En este sentido, calificada jurisprudencia del orden provincial tiene dicho que: “...el texto del Art. 554º C.P.P. (art. 518º CPPN y 499º del CPPSC) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...”. (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “Meana, Héctor Ángel”. Vocales: Funes, Pueyrredón, Vargas. Secc. Nº 1). Por ello, rechazaré este cuestionamiento, por entender que se encuentra debidamente motivado en las disposiciones procesales y su monto no luce desproporcionado dentro del contexto señalado.
d.- Agravio relativo a la prisión preventiva: Finalmente la defensa se agravia del encarcelamiento cautelar por entender que resulta arbitrario e innecesario, por no existir peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Plantea que resulta una condena anticipada en violación al principio de presunción de inocencia. Asevera que su asistido posee arraigo, ya que tiene a su familia y su trabajo en Río Gallegos. Rechaza que el monto de la pena por los delitos que se le reprochan conminados en abstracto pueda justificar la privación de la libertad de su cliente. En consecuencia, para el hipotético caso que se considere que existe algún elemento de convicción para mantener el procesamiento del encartado, solicita que sea sin prisión preventiva, en la modalidad que se estime corresponda y/o la utilización de medios electrónicos.
Dando respuesta a este agravio relativo al encarcelamiento preventivo del imputado, no compartimos con la defensa que se trate de una decisión arbitraria. Por el contrario a los argumentos esgrimidos por la defensa, advertimos que, en primer lugar la Instrucción tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar -en grado de probabilidad- que el imputado ha participado del ilícito que se le reprocha con pena privativa de la libertad; con lo cual tuvo por reducida la expectativa de resolución favorable y, consecuentemente, entendió objetivamente incrementados los riesgos procesales en el caso concreto. Bajo esa tesitura, entendemos que la medida cautelar decretada no se trata de una pena anticipada.
Seguidamente, la Sra. Jueza de grado ponderó que el imputado registra una condena en suspenso por el delito de “tenencia de estupefacientes” (art. 14 primera parte de la ley 23.737), dictada el 26/03/2021 por el TOF de Santa Cruz, conforme surge del informe de reincidencias de fs. 45/54, circunstancia que obsta a que, en caso de recaer condena la misma sea dejada en suspenso. Del mismo modo contempló que los hechos que se ventilan en autos se insertan en el fenómeno denominado de “violencia de género”, en cuya erradicación se encuentra seriamente comprometido el Estado Argentino. Continuando el estudio de los fundamentos de la a quo, observamos que en ese contexto sopesó la personalidad del imputado y muy especialmente la extrema vulnerabilidad de la damnificada y su pequeña hija de tan solo 4 años de edad, que se encuentra debidamente acreditada, concluyendo válidamente que se impone su protección, toda vez que resultan portadoras de la prueba de carácter nodal de acuerdo a la naturaleza de los hechos investigados.
Asimismo debe tenerse en cuenta las pautas internacionales sobre la libertad durante el proceso, en el marco de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención Belem Do Pará”, incorporada a nivel nacional por la ley 26.485, en cuanto se impone “adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad…”. En ese sentido desde esta Alzada, entendemos que la resolución recurrida evidencia en torno a este punto de la privación de la libertad del encausado, un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., que rigen la materia tales como la “Convención Belem Do Pará” (incorporada mediante ley 26485) y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.
En este aspecto, concordamos con la Instrucción que surge claramente la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima y su entorno (por la condición de vulnerabilidad debidamente acreditada), y evitar que, en caso de quedar en libertad el imputado, intente intimidarlas de cualquier forma, con el objeto de mejorar su situación procesal. Finalmente concordamos con la Magistrada que dada la naturaleza de los hechos que se investigan, la escala penal que prevé la norma para los mismos, y la posibilidad que de persistir los cargos, la pena a imponerse al causante podría ser de cumplimiento efectivo, hace presumir que nos encontramos ante la existencia de otro riesgo procesal, en este supuesto, el de fuga.
En función de lo expuesto, es que debe merituarse el peligro procesal, entendiendo que sostener el encarcelamiento del imputado se presenta como la única vía susceptible de evitar el riesgo en la investigación, cumpliendo así con los parámetros internacionales. Esta Alzada ya se ha expresado en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. El derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa.
Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245). En el caso que nos ocupa, la Sra. Jueza de grado dispuso adecuadamente la prisión preventiva del imputado luego de resolver el procesamiento, sin advertir una interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas nacionales e internacionales que rigen la materia, concordando –se reitera- que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para asegurar los fines del proceso y lograr la aplicación de la ley.
Como vemos, el planteo de la defensa no alcanza a conmover los argumentos dados por la Magistrada en su resolución, sino que en definitiva, luce como una disconformidad con la privación de libertad dispuesta por la Instrucción y las disposiciones legales vigentes que rigen la materia, deviniendo infundado. Es por ello que homologaré la prisión preventiva dispuesta a D.A.A..
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos. III) Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez Subrogante de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 01/10 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.-
DR. DIEGO MARIO LERENA JUEZ SUBROGANTE DRA. ADRIANA I. GEYER SECRETARIA
Fin de la sentencia