Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 73.162
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda de cumplimiento de contrato promovida por M. D. C. contra L. A. C.
2Modificar la sentencia apelada de fecha 7/10/2024, y mantener -en forma parcial- la validez del convenio privado de fecha 10/1/2020, en las disposiciones del mismo que reflejan la categórica decisión de los socios de disolver la sociedad anónima, lo que se encuadra en la causal prevista en el art.94 inc.1 de la ley 19.550.
3Modificar la sentencia apelada de fecha 7/10/2024, en cuanto declaró de oficio la nulidad absoluta del convenio privado de fecha 10/1/2020, dándole a esta nulidad un alcance parcial, ya que la declaración de nulidad absoluta debe quedar limitada a las disposiciones de dicho contrato en las que los socios se distribuyeron y adjudicaron los bienes y derechos componentes del patrimonio social, y asumieron las distintas obligaciones actuales y eventuales del ente societario, omitiendo -por completo- el trámite liquidatorio establecido en los arts.101 a 112 de la ley 19.550.
4Disponer que los socios deberán cumplimentar dicho trámite liquidatorio previsto en los arts.101 a 112 de la ley 19.550, pudiendo adaptar el mismo a las concretas circunstancias del caso, siempre que queden suficientemente garantizadas las obligaciones sociales (art.107 de la ley 19.550), y no medie afectación del interés general ni los derechos de terceros. …
Causa nº: 2-73162-2024 "(R) C. M. D. C/ C. L. A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul, a los cinco días del mes de Febrero del año Dos Mil Veintiséis, celebran Acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dr. Marcos Federico Garcia Etchegoyen, Dra. María Inés Longobardi y Dr. Víctor Mario Peralta Reyes, con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: "C. M. D. c/ C. L. A. s/ Cumplimiento de Contratos Civiles/Comerciales" (Causa n°73162). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó el siguiente orden de votación: - Dr. Peralta Reyes, Dr. Garcia Etchegoyen y Dra. Longobardi.
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Son procedentes los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del día 7/10/2024?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. M. D. C. promovió demanda de cumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra L. A. C., sobre la base del convenio privado de adjudicación de derechos y obligaciones que las partes celebraron con fecha 10/1/2020, mediante el cual “las partes acordaron resolver la situación que los tenía como socios en C. Hermanos Sociedad Anónima, que era conocida comercialmente como T.”, y en la cual cada socio tenía el 50% de las acciones que componían el capital social.
Señaló el actor que en el referido convenio se hicieron adjudicaciones de los bienes correspondientes a la sociedad C. Hermanos S.A., a los fines de continuar cada hermano, en forma individual, con el transporte de cosas. Y sostuvo el accionante que “para poder cumplir con lo acordado, era necesario que se suscribieran diversos instrumentos (en especial para la inscripción de los bienes registrales que estaban a nombre de CHSA, a favor de la sociedad que constituyera M.). Los bienes que se adjudicaba L. quedaban a nombre de CHSA pues sería su único accionista hasta que incorporara otro/s. Por ello, para él no tenía costo adicional alguno”. El demandante alegó haber cumplido con las obligaciones a su cargo, pero destacó que, por el contrario, su hermano L. no cumplió con las que había asumido en el referido convenio. Así señaló que, para poder transferir los bienes a su favor se acordó que la sociedad era la obligada a abonar los gastos y honorarios de las escrituras de transferencias de los inmuebles, y de los trámites de transferencia e inscripción de los muebles registrables (automotores). Y sostuvo que él tuvo que hacerse cargo de esos gastos y honorarios, porque su hermano no cumplió con dichas obligaciones. Argumentó que L. tampoco abonó los servicios adeudados del inmueble adjudicado de calle Las Heras, ni respecto del galpón de Avda. Pellegrini, y que, por esa razón, las escrituras de transferencia no pudieron hacerse en el tiempo debido. Reclamó daño material (multas de tránsito, deudas de los inmuebles y gastos de transferencia de los camiones), ganancias dejadas de percibir como consecuencia del incumplimiento, devolución de bienes que fueron retirados de la sociedad unilateralmente y de manera ilegítima, y gastos para actuar en justicia.
Hizo extensiva la demanda a C. Hermanos S.A., en tanto muchas de las obligaciones asumidas por su hermano L. A. C., debían ser realizadas a través de la persona jurídica que es la titular registral de los bienes a transferir.
II. La aludida demanda fue contestada por L. A. C., por sí y en representación de la sociedad C. Hermanos S.A., quien solicitó el rechazo de la demanda incoada en su contra.
El accionado reconoció que las partes de este juicio suscribieron el convenio privado de fecha 10/1/2020, pero negó diversas aserciones volcadas en el escrito de demanda. Asimismo, negó que el actor haya cumplido con las obligaciones asumidas en dicho acuerdo; y sostuvo que, si bien se comprometieron a suscribir los instrumentos necesarios para perfeccionar las adjudicaciones, no era cierto que las deudas a abonar y los gastos totales estuvieran a su cargo o de la sociedad anónima. Prosiguió formulando diversas negativas, y rechazó los diferentes reclamos efectuados por el demandante.
III. Transitado el período probatorio se arribó al dictado de la sentencia de fecha 7/10/2024, en la cual se rechazó la demanda de cumplimiento de contrato promovida por M. D. C. contra L. A. C., declarando de oficio la nulidad absoluta del convenio privado de adjudicación de derechos y obligaciones de fecha 10/1/2020. Las costas del juicio se impusieron en el orden causado.
Luego de interpretar el convenio suscripto entre las partes de este juicio, y de analizar las normas que rigen la disolución y liquidación de las sociedades, sostuvo la Jueza de grado que “la desaparición de una persona jurídica no es tan sencilla como su constitución”, agregando que “hay una clara voluntad del legislador en agotar todos los requisitos marcados por ley para liquidar la sociedad de manera tal que no surjan obligaciones desatendidas o se genere un daño comunitario impune”. Y culminando sus razonamientos, señaló que “en base a las consideraciones efectuadas en cuanto a la naturaleza de las normas societarias sobre disolución y liquidación de las sociedades comerciales, concluyo que las mismas, atento la finalidad tenida a la vista por el legislador al momento de sancionarlas, resultan ser de orden público. En consecuencia, no queda más que concluir, que el contrato celebrado por las partes, por violar precisamente el orden público referido en el punto anterior, resulta ser nulo”.
Finalmente, aseveró que la nulidad absoluta puede ser declarada por el juez, aún sin mediar petición de parte, si es manifiesta en el momento de dictar sentencia; y puntualizó que la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido.
IV. La aludida sentencia fue pasible de sendos recursos de apelación que contra la misma dedujeron el actor y el demandado, quienes en esta instancia expresaron agravios.
Afirmó el demandado en su escrito recursivo, que en la sentencia se tomó una decisión no buscada por ninguna de las partes, y puso especial énfasis en que, en realidad, no se disolvió la sociedad anónima. Aludió al instrumento de cesión de acciones que se firmó ante el Notario A. C., y sostuvo que el decisorio de grado incurrió en incongruencia. Dijo que en el caso no se violó ninguna norma de orden público, y que el convenio celebrado entre las partes es válido. En otro orden, se introdujo en lo relativo a los incumplimientos que le atribuyó el accionante, y sobre la base de diversas argumentaciones, consideró que la demanda debe ser desestimada.
A su turno, el actor coincidió en que los socios no pretendieron disolver la sociedad, sino que ésta proseguiría con su personería jurídica intacta, pero con una cesión de acciones para que la totalidad del capital social quedara de titularidad de uno de sus accionistas. Dijo que en el caso no hubo afectación del orden público, la moral y las buenas costumbres, ni tampoco se provocó un daño a terceros, sino que el actor es el único perjudicado por el incumplimiento atribuido al demandado. Así aseveró que “no existió voluntad ni intención de disolver la sociedad (ni ello fue acordado), y nunca esta decisión puede ser impuesta (no existiendo causa legal) y menos aún de oficio por la jueza, decisión que deberá ser revocada”. Ambos litigantes contestaron los traslados que se les corrieron de las expresiones de agravios, tras lo cual se formalizaron los trámites procesales de rigor y se practicó el sorteo de ley, habiendo quedado estos autos en condiciones a los fines del dictado de la presente sentencia V. Incursionando en el análisis de la cuestión litigiosa, es menester referirse -en primer lugar- al “convenio privado de adjudicación de derechos y obligaciones” que las partes celebraron con fecha 10/1/2020, y que consta agregado a las presentes actuaciones. En los antecedentes de dicho convenio hicieron constar que M. D. C. -actor del presente juicio- y L. A. C. -demandado en autos-, revisten la condición de socios por partes iguales de la Sociedad C. Hermanos Sociedad Anónima, CUIT 30-
70967750-7, constituida por contrato social de fecha 23/4/2006; poseyendo cada uno de ellos, el 50% de la totalidad de las acciones que componen el capital. Y seguidamente expresaron: “Que vienen a exponer su libre voluntad y determinación de interrumpir la relación, atribuyéndose en forma equitativa los distintos bienes y derechos que componen el patrimonio del ente societario, asumiendo las distintas obligaciones actuales y eventuales de la sociedad, para lo cual luego de haber valuado de común acuerdo los distintos bienes y obligaciones han convenido efectuarse las siguientes adjudicaciones” (lo destacado me pertenece).
A su vez, en la cláusula primera se detallaron los diferentes bienes adjudicados a M. D. C. -inmuebles, camiones, acoplado y caja, y autoelevador-, y a L. A. C. -inmueble, camiones y acoplado-. Y en la parte final de esta cláusula, las partes convinieron que “la sociedad C. HERMANOS S.A., juntamente con el nombre comercial de T., quedará en cabeza del Sr. L. A. C., quien asume a su exclusivo cargo, partir de la efectiva concreción de la división de bienes acordada, una deuda, afectada a un plan de pago con la AFIP, por una suma total nominal aproximada de $10.450.000,00, a la cual han convenido las partes en valorar a la fecha en $6.500.000,00” (lo destacado es propio). De esta manera, las partes se dieron por plenamente satisfechas, y así manifestaron en la cláusula segunda del convenio, que “habiéndose otorgado los bienes y derechos, como asimismo, las obligaciones impositivas y de saldos de precio, convenidos en la cláusula PRIMERA han quedado compensados, en forma justa y equitativa, razón por la cual, ratifican voluntariamente dichas adjudicaciones, las cuales resultan una justa composición de intereses” (lo resaltado corresponde al suscripto).
Asimismo, en la cláusula tercera se establecieron diversas obligaciones de las partes, las que acordaron “suscribir y otorgarse mutuamente todo tipo de instrumentos públicos o privados que sea menester, a los fines de perfeccionar las adjudicaciones de acciones, derechos, bienes y obligaciones acordadas en la Cláusula PRIMERA en el momento en que la contraparte lo requiera”. Seguidamente, hicieron referencia a la suscripción de los instrumentos necesarios a los fines de la adjudicación de la totalidad del paquete accionario de la sociedad a favor de quien indique L. A. C., y de los instrumentos requeridos para perfeccionar la acordada transmisión de los bienes inmuebles y muebles registrables. Y a ese efecto manifestaron: “Dado que los costos de las adjudicaciones antes dichas, será soportada por los firmantes por partes iguales, los suscriptos manifiestan su disposición a acometer la vía jurídica contable menos onerosa para tal fin”. En tal sentido, acordaron en evaluar la posibilidad de concretar un trámite de escisión societaria, o bien realizar los trámites de cesión de los bienes adjudicados a quien indique M. D. C., ya sea una sociedad o personas humanas.
En la cláusula cuarta se acordó que el mobiliario, útiles, máquinas, herramientas y todo tipo de bienes muebles registrables de propiedad de la sociedad “se inventariará, valuará de común acuerdo y se distribuirá en partes equivalentes”. A su vez, en la cláusula quinta se estipuló que L. A. C., a través de C. Hermanos S.A., asumirá a su cargo las relaciones laborales existentes con los empleados; siendo esto una consecuencia natural de lo establecido en la cláusula primera, donde se consignó que dicha sociedad, juntamente con el nombre comercial de T. “quedará en cabeza del Sr. L. A. C.”. Y también como corolario de esta estipulación esencial del convenio, en la cláusula sexta se acordó que la empresa de titularidad de C. Hermanos S.A., seguirá funcionando como hasta ese momento, y que “el Sr. L. A. C. continuará al frente de la administración de la empresa, con el control del Sr. M. D. C. quien continuará prestando su trabajo personal a la empresa, encargando las partes al Cdor. G. O. R. que efectúe informes parciales mensuales, en los cuales auditará, ingresos, egresos, retiros de los socios a cuenta de utilidades, cuentas bancarias y todo acto que concierne a la operatoria de la empresa. Las partes, en caso de optar por el trámite de escisión se comprometen a iniciarlo antes de los 30 días de suscripto el presente acuerdo” (lo destacado es propio). Finalmente, en la cláusula séptima, las partes acordaron que los gastos y honorarios de escrituración de los inmuebles, y los derivados de las transferencias de camiones y acoplados, serán soportados por la sociedad.
VI. Ahora bien, el convenio privado de adjudicación de derechos y obligaciones que analicé en el apartado precedente, fue consecuencia de las desavenencias y pérdida de confianza que se generaron entre los socios. En este sentido, se expresó con claridad en el escrito de demanda, que L. A. C. se encargaba principalmente de la administración de la sociedad, mientras que M. D. C. realizaba la reparación y puesta a punto de los camiones. Y fue así que, en dicha demanda promovida por M. D. C., se puntualizó lo siguiente: “El tiempo transcurrido y desencuentros sobre el manejo de la sociedad (tenían distribución de roles internos), el hecho de que los hijos de ambos ya eran mayores, y que -a pesar de ser socios igualitarios- L. A. llevara un nivel de vida notablemente superior al del actor a pesar de que formalmente se distribuían iguales ingresos, la adquisición de bienes personales de importante valor de Luis, etc, generaron sospechas respecto de la administración que llevaba L., lo que llevó a ambas partes a buscar la mejor forma de culminar la relación societaria y que cada uno continuara una explotación personal” (lo resaltado me pertenece).
De esta manera queda claramente evidenciada la decisión de los socios de culminar la relación societaria, y ello quedó plasmado en el aludido convenio privado de fecha 10/1/2020, cuando, en el capítulo de antecedentes, se hizo constar que los socios “vienen a exponer su libre voluntad y determinación de interrumpir la relación, atribuyéndose en forma equitativa los distintos bienes y derechos que componen el patrimonio del ente societario, asumiendo las distintas obligaciones actuales y eventuales de la sociedad, para lo cual luego de haber valuado de común acuerdo los distintos bienes y obligaciones han convenido efectuarse las siguientes adjudicaciones” (lo destacado en negrita es propio). Más aún, en la demanda que dio inicio al presente juicio, se detallaron los mecanismos legales que las partes pensaron instrumentar a los fines de concretar -con arreglo a derecho- la liquidación de la sociedad anónima y la adjudicación de los diferentes bienes integrantes del patrimonio societario. Así se dijo en la demanda que, para culminar la relación societaria, era necesario disolver la sociedad anónima -con el consecuente trámite de liquidación societaria-, lo que se encuentra reglado en los arts.94 a 112 de la ley 19.550. También se plantearon los socios generar una escisión que diera nacimiento a dos sociedades -una para cada socio-, con sujeción a lo dispuesto en el art.88 de esa misma ley. Sin embargo, los socios no concretaron ninguno de estos procedimientos legales, por las razones que -con claridad- se indicaron en el escrito de demanda, donde se expresó: “Sin embargo, como este procedimiento era alongado en el tiempo, costoso desde lo impositivo e instrumental, se optó con el contador de la sociedad (CPN G. O. R.) que L. A. continuara con la explotación de la sociedad CHSA (como dijimos, de larga trayectoria en el mercado y numerosos contratos continuados con empresas de la ciudad y la zona), mientras que M. constituiría una nueva sociedad, cediendo las acciones de CHSA a L. (o quien este indicara)” (ver último párrafo del punto 4.1 del escrito de demanda).
Quiere ello decir que los socios soslayaron todo tipo de instrumentación legal a los fines de culminar la relación societaria con arreglo a derecho, ignorando las normas aplicables en la especie. Y pretendieron dar finiquito a la sociedad mediante una simple adjudicación de bienes -conforme al detalle de la cláusula primera del convenio del día 10/1/2020-, acordando que la sociedad C. Hermanos S.A., juntamente con el nombre comercial de T., quedara en cabeza del socio L. A. C. Claro que, como puede apreciarse de inmediato, dicha sociedad continuaría su giro comercial con un patrimonio notoriamente menguado, al detraerse del mismo los importantes bienes que en el referido convenio se adjudicaron al socio M.
D. C. -dos inmuebles, cuatro camiones, un acoplado y caja y un autoelevador-. O sea que, la sociedad integrada por las partes de este juicio, como tal, dejaría de existir, y si bien en el convenio se estipuló que la misma continuaría en cabeza de L. A. C. -pasando a ser una empresa unipersonal-, ninguna aclaración se hizo sobre la forma jurídica que la misma habría de tener (ninguna referencia se hizo, por ejemplo, a la figura de la sociedad unipersonal prevista en el art.1 de la ley 19.550) En otras palabras, los socios tuvieron presente el trámite de disolución -y consecuente liquidación- que se encuentra previsto en los arts.94 a 112 de la ley 19.550, así como también el trámite de escisión contemplado en el art.88 de esa misma ley.
Asimismo, en la demanda se aludió a una cesión de acciones (ver último párrafo del punto 4.1.). Sin embargo, ninguno de estos instrumentos jurídicos fue utilizado por los socios, como claramente se desprende de las constancias de la causa. Nada de esto hicieron los socios, quienes se limitaron a realizar una simple e irregular distribución y adjudicación de los bienes integrantes del patrimonio social, y la correlativa asunción por parte de los socios - en el porcentaje del 50% y 50% cada uno- de las obligaciones de la sociedad -deudas- existentes o eventuales. Y para justificar este proceder, se dijo en la demanda que estos procedimientos legales eran alongados en el tiempo y costosos desde lo impositivo e instrumental; por lo que se optó -con el contador de la sociedad- por una irregular distribución y adjudicación de los bienes sociales; lo que trajo aparejado que el patrimonio de la sociedad se viera notoriamente menguado, con el consiguiente perjuicio para los acreedores sociales.
En efecto, L. A. C. continuaría con la explotación de la sociedad anónima, pero con un patrimonio mucho más reducido, ya que del mismo debían deducirse los bienes que en el convenio se adjudicaron a M. D. C. (ver punto 4.1 del escrito de demanda). Y, además, como dije en el párrafo precedente, nada se aclaró sobre la forma jurídica que habría de tener esta empresa unipersonal que quedaría en cabeza de L. A. C.
Lo antedicho resulta de las propias manifestaciones del actor en su demanda, donde expresó: “Lo que en definitiva se distribuían eran parte de los bienes de la sociedad CHSA para continuar cada hermano con la explotación del rubro transporte de cosas, en forma individual…”. Y más adelante señaló el accionante: “En el acuerdo al que vengo haciendo referencia, las partes se reconocían la participación igualitaria en CH S.A. (50% y 50%), participación que se trasladaba también a los bienes que componían su patrimonio y que serían motivo de distribución y adjudicación a través del convenio privado firmado, así como también de los derechos que componían el patrimonio societario, y la asunción de obligaciones -deudas- existentes o eventuales, 50 y 50 era también el porcentaje en que debían distribuirse las ganancias y los bienes” (ver punto 4.2. de la demanda).
VII. Habiendo quedado en claro el anómalo proceder de los socios, que quedó reflejado en el convenio privado de adjudicación de derechos y obligaciones de fecha 10/1/2020, es dable señalar que, con posterioridad, sobrevinieron los conflictos que han dado lugar al presente litigio. Precisamente, la forma irregular adoptada por los socios para dar finiquito a la relación societaria, trajo como consecuencia el conflicto que generó el presente juicio, donde el actor le atribuye al demandado diversos incumplimientos.
Así se vuelve a expresar en el escrito inicial, que “como los costos de la escisión eran muy elevados, se decidió realizar la cesión de los bienes adjudicados a favor de M. o la persona -humana o jurídica- que éste indicare (cláusula tercera, in fine). Luis no cumplió totalmente con las obligaciones a su cargo”. Así dijo el actor que, “para poder transferir los bienes a su favor, la sociedad era la obligada a abonar los gastos y honorarios de las escrituras de transferencia de los inmuebles y de los trámites de transferencia e inscripción de los muebles registrables (vehículos) en el Registro de la propiedad automotor (cláusula 7°). L. (y a través suyo CHSA) no cumplió con ello ni adelantó el dinero para poder efectuar la transferencia de los vehículos…Las transferencias debí pagarlas yo para poder trabajar, aunque fueron obligaciones asumidas por L. y CHSA, por ello es motivo de este reclamo” (ver punto 4.4. de la demanda; lo destacado es propio). Y continuó expresando el accionante, que dos empresas importantes para realizarles transporte de cosas son Calera (Cementos) Avellaneda y Molinos Cañuelas, pero las mismas exigen que para adjudicar fletes a la transportista, se debe tener al día la documentación de todos los camiones y acoplados, y en condiciones de poder circular; por lo que quedaron vedadas las posibilidades de celebrar contratos con estas empresas y con otras en la misma situación (ver punto 4.4 del escrito inicial).
En el mismo sentido, se dijo en la demanda que “L. tampoco abonó los servicios adeudados del inmueble adjudicado de calle Las Heras (servicios urbanos -ABL- y agua), ni respecto del galpón de Avda. Pellegrini (servicios urbanos, gas y agua), que me adjudicara, lo cual impedía cambiar la titularidad de los servicios hasta tanto se cancelaran las deudas cuyo pago fue asumido por el demandado. Asimismo, las escrituras de transferencia tampoco fueron hechas en tiempo debido, sino pasados algunos meses y de la escribanía me llamaron reclamando el pago de las mismas.
Aparentemente, con demora, la escrituración y pago de la misma se habría realizado” (ver punto 4.5 de la demanda). Luego de aludir a la carta documento que le envió al demandado, y de señalar el encuadre jurídico del caso, el demandante detalló los daños y perjuicios reclamados, consistentes en daño material (multas de tránsito, deudas de los inmuebles y gastos de transferencia de camiones), en ganancias dejadas de percibir como consecuencia del incumplimiento, en devolución de bienes muebles que habrían sido retirados en forma unilateral e ilegítima por el demandado, gastos para actuar en justicia e intereses (ver puntos 6.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4. y 6.1.5. de la presentación inicial).
VIII. Luego de haber detallado los aspectos principales del convenio privado formalizado por las partes, y los incumplimientos a las obligaciones emanadas de ese convenio que el actor le atribuye al demandado, así como también, haber referido al anómalo e irregular procedimiento que los socios utilizaron para disolver la sociedad y adjudicarse -en forma privada- los bienes integrantes del activo social, me encuentro en condiciones de analizar los fundamentos dados en la sentencia apelada. Tal como lo señalé al inicio de este voto, en el pronunciamiento de la anterior instancia se rechazó la demanda de cumplimiento de contrato promovida por M. D. C. contra L. A. C., declarando de oficio la nulidad absoluta del contrato cuyo cumplimiento fue motivo de debate, por contravenir el orden público, la moral y las buenas costumbres, con invocación de los arts.386 y 390 del CCCN. Y por aplicación de este último artículo, se dijo en el fallo que “la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido”. Las costas del juicio se impusieron por su orden, porque la nulidad no fue opuesta por el accionado.
Al interpretar el convenio celebrado por las partes, adujo la Jueza de grado que “de la lectura del contrato cuyo cumplimiento reclama el actor y que no fuera desconocido por el accionado, se desprende que la finalidad del mismo fue la de interrumpir la relación societaria, distribuyéndose los bienes que componen el patrimonio de la sociedad”. Y al transcribir lo establecido en la parte inicial del convenio, recordó la magistrada que las partes han manifestado ser socios por partes iguales, un 50% cada uno, de las acciones que componen el capital de la sociedad anónima, y “exponer su libre voluntad y determinación de interrumpir la relación”. Y así aseveró que “han pactado, nada más y nada menos, la disolución y liquidación de una sociedad anónima” (ver apartado II) 1) de la sentencia apelada).
Luego de mencionar las causales que provocan la disolución societaria, entre las cuales se cuenta la decisión de los socios (art.94 inc.1 de la ley 19.550), se abordó en la sentencia lo relativo al proceso liquidatorio, enumerando los diversos actos que deberán ser llevados a cabo por los liquidadores (arts.101 a 112 de la misma ley). Y luego de esta introducción afirmó la juzgadora -con cita de Martorell- que “tanto desde el punto de vista conceptual como práctico, la desaparición de una persona jurídica no es tan sencilla como su constitución”. Agregó que “ello es así, porque la intención del legislador ha sido siempre que la multiplicidad de relaciones jurídicas anudadas en torno de la sociedad cuando la misma se encontraba en su máxima plenitud operativa se puedan ir disolviendo y/o extinguiendo en forma armónica y controlada, intentando que en ese camino se salvaguarden debidamente los derechos de todos aquellos que pudieran haber ido vinculándose con el ente durante su vida operativa, fundamentalmente, los terceros que se relacionaron con ella”.
Señaló más adelante, que “es por todo ello que el ordenamiento, que le concedió al ‘ente’ una cuestión de personalidad jurídica que cuando se pretende extinguir debe velar porque el procedimiento disolutorio se concrete”. Y agregó -con cita de Richard- que “las normas de la ley general de sociedades sobre la función de garantía del capital social son imperativas. Ello es congruente con la idea que la sociedad debe ser viable y no puede convertirse en un instrumento para dañar a terceros y al mercado en general. Entiende en opinión que comparto que las normas societarias a las que referimos tienen carácter imperativo cuanto menos, si es que no constituyen un orden público societario. Como conclusión: las normas imperativas de la ley societaria -al margen de si constituyen o no reglas de orden público-, son inderogables, y su apartamiento constituye un fraude a la ley” (lo resaltado me pertenece).
Se explayó seguidamente sobre el concepto de ley imperativa, e invocó el art.12 del CCCN, según el cual “las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público”. Y a modo de cierre de las motivaciones de la sentencia, se dijo que “en base a las consideraciones efectuadas en cuanto a la naturaleza de las normas societarias sobre disolución y liquidación de sociedades comerciales, concluyo que las mismas, atento la finalidad tenida a la vista por el legislador al momento de sancionarlas, resultan ser de orden público. En consecuencia, no queda más que concluir, que el contrato celebrado por las partes, por violar precisamente el orden público referido en el punto anterior, resulta ser nulo”.
IX. Reiterando lo señalado precedentemente, cabe destacar que, en el convenio privado de adjudicación de derechos y obligaciones que las partes celebraron con fecha 10/1/2020, quedó claramente evidenciada la decisión de los socios de culminar la relación societaria. Así puntualizaron en este convenio, en el capítulo de los antecedentes, que los socios “vienen a exponer su libre voluntad y determinación de interrumpir la relación, atribuyéndose en forma equitativa los distintos bienes y derechos que componen el patrimonio del ente societario, asumiendo las distintas obligaciones actuales y eventuales de la sociedad, para lo cual luego de haber valuado de común acuerdo los distintos bienes y obligaciones han convenido efectuarse las siguientes adjudicaciones” (lo destacado en negrita es propio). Más aún, en la demanda que dio inicio al presente juicio, se detallaron los mecanismos legales que las partes pensaron instrumentar a los fines de concretar -con arreglo a derecho- la liquidación de la sociedad anónima y la adjudicación de los diferentes bienes integrantes del patrimonio societario. Así se aludió en la demanda a la disolución de la sociedad anónima -con el consecuente trámite de liquidación societaria-, lo que se encuentra reglado en los arts.94 a 112 de la ley 19.550. También se plantearon los socios generar una escisión que diera nacimiento a dos sociedades -una para cada socio-, con sujeción a lo dispuesto en el art.88 de esa misma ley. Asimismo, en la demanda se aludió a una cesión de acciones (ver último párrafo del punto 4.1).
Pero tal como lo puntualicé en el apartado VI de este voto, ninguno de estos instrumentos jurídicos fue utilizado por los socios, como claramente se desprende de las constancias de la causa. Nada de esto hicieron los socios, quienes se limitaron a realizar una simple e irregular distribución y adjudicación de los bienes integrantes del patrimonio social, con la correlativa asunción por parte de los socios -en el porcentaje del 50% y 50% cada uno- de las obligaciones de la sociedad -deudas- existentes o eventuales. Y para justificar este proceder, se dijo en la demanda que los mencionados procedimientos legales eran alongados en el tiempo y costosos desde lo impositivo e instrumental; por lo que se optó -con el contador de la sociedad- por una irregular distribución y adjudicación de los bienes sociales; lo que trajo aparejado que el patrimonio de la sociedad se viera notoriamente reducido, con el consiguiente perjuicio para los acreedores sociales. En efecto, L. A. C. continuaría con la explotación de la sociedad anónima, pero con un patrimonio mucho más pequeño, ya que del mismo debían deducirse los bienes que en el convenio se adjudicaron a M. D. C. (ver punto 4.1 del escrito que dio inicio al proceso).
Esto es lo que resulta -en forma indubitable- de las constancias de la causa, por lo que carecen de asidero los planteos formulados en las expresiones de agravios de las partes, donde se procuran rebatir los fundamentos del decisorio de grado. Así sostiene el demandado que “queda clara cuál fue la intención de las partes, donde no surge de ninguna cláusula que lo que se buscara fuera la disolución y liquidación de la sociedad, o la ‘desaparición de la SA’ como parece entender erradamente la a quo. Lo que ocurrió fue lo planteado en el segundo supuesto previsto firmándose el 20-7- 20 ante el notario C. un instrumento de cesión de las acciones que tenía de la SA -sin condiciones, ni reserva alguna al Contador F. C., quien es hijo del suscripto”. Aquí cabe señalar que este instrumento titulado como “cesión de derechos y acciones de sociedad anónima”, que lleva fecha 20/7/2020, no fue suscripto por los socios L. A. C. y M. D. C., sino que se formalizó entre este último y su hijo F. N. C., por lo que en modo alguno puede alterar lo que las partes habían convenido en el convenio privado de adjudicación de derechos y obligaciones de fecha 10/1/2020. En este instrumento de cesión de derechos y acciones, no tuvo participación alguna el socio L. A. C. -demandado de autos-, por lo que se trata de un documento absolutamente irrelevante en orden a la cuestión debatida en estas actuaciones y resuelta en la sentencia apelada.
En el mismo sentido, también deben desestimarse los agravios del accionante M. D. C., cuando manifiesta: “La regulación de derechos adoptada por las partes, lejos de pretender disolver la sociedad, determina y regula la forma en que ésta -y sus accionistas- continuarán, proseguirán con su personería jurídica intacta, pero con una cesión de acciones para quedar en cabeza de uno de sus accionistas (o los que éste incorpore) la totalidad del capital social. La estructura societaria, su personería no se vería modificada, salvo en la composición de sus accionistas (situación además justificada en que cada socio ya tenía hijos mayores de edad que querían incorporar en el negocio familiar). Ello está ampliamente permitido en las sociedades anónimas y no existe nada que reprochar en el acuerdo”. Esta parte también hace referencia a la cesión de derechos y acciones de la sociedad anónima, que -como ya señalé en el párrafo anterior- resulta irrelevante en orden a la cuestión de autos, porque en la misma no tuvo ninguna participación el socio L. A. C., ya que se formalizó entre el actor M. D. C. y su hijo F. N. C.
Contrariamente a lo expresado por los apelantes, y tal como lo vengo señalando a lo largo del presente voto, en el convenio suscripto por las partes el día 10/1/2020, quedó claramente evidenciada la decisión de los socios de culminar la relación societaria. Pero claro, los socios omitieron utilizar los instrumentos jurídicos establecidos en la ley -disolución y liquidación de sociedad, escisión o cesión de acciones-, y se limitaron a realizar una irregular distribución y adjudicación de los bienes integrantes del patrimonio social, con la correlativa asunción por parte de los socios -en un 50% cada uno- de las obligaciones de la sociedad existentes o eventuales. Y a los fines de justificar este anómalo proceder, se dijo en la demanda que estos procedimientos legales eran alongados y costosos, por lo que se optó -con el contador de la sociedad- por una indebida distribución y adjudicación de los bienes sociales.
De esta manera, L. A. C. continuaría con la explotación de la sociedad, pero con un patrimonio mucho más reducido, ya que del mismo debían deducirse los bienes que en el convenio se adjudicaron a M. D. C. De esta manera, puede advertirse el notorio perjuicio que le ha provocado a los acreedores de la sociedad, la forma irregular que utilizaron los socios a los fines de concretar la disolución societaria; sin que las partes hayan brindado explicación alguna sobre la existencia o inexistencia de reclamos - extrajudiciales y judiciales- que pudieran haber formulado los acreedores sociales. Nada de esto ha sido clarificado en la especie, siendo que se trataba de una cuestión relevante en orden a la dilucidación del litigio (arts.163 inc.5 y 384 del CPCC).
En el escrito recursivo del actor se argumenta -sin ningún basamento probatorio- que la operatoria concretada por los socios no perjudica a terceros. Así se señala que “la ilicitud desde el punto de vista civil, implica provocar daños a terceros, lo que no ha ocurrido (ni hay constancia de ello) en esta operatoria (arts.9, 10, 12,1716, 1737 CCyC entre otros). Que fue la conducta de incumplimiento de los demandados la que provocó daños a quien suscribe. El único perjudicado es el actor, ningún tercero. Así también lo reconoce la sentencia”. Estas alegaciones son improcedentes, puesto que del estado de situación patrimonial confeccionado al día 31/8/2019, por el Contador G. O. R. -antes de la suscripción del convenio de adjudicación de bienes de fecha 10/1/2020-, se desprende que la sociedad presentaba un importante pasivo corriente de $ 6.038.498,99, el que resulta significativo si se repara en que el activo corriente ascendía a la suma de $ 8.397.800,43.
Por lo demás, dicho pasivo corriente había experimentado un incremento con relación al del ejercicio anterior, que era de $ 4.963.985,61.
A ello corresponde agregar que en la última parte de la cláusula primera del convenio de fecha 10/1/2020, el socio L. A. C. asumió a su exclusivo cargo, una importante deuda afectada a un plan de pagos con la AFIP, por una suma total nominal aproximada de $ 10.450.000, que las partes valuaron en la suma de $ 6.500.000. Se evidencia así que el pasivo social era de una magnitud considerable, por lo que se desmorona el argumento de los apelantes, quienes alegaron la inexistencia de perjuicio a terceros. Muy por el contrario, dada la existencia de un importante pasivo, la irregular operatoria concretada por los socios ha provocado un indudable gravamen a los acreedores sociales, por haberse reducido - en forma considerable- el patrimonio social; ya que la explotación de la sociedad continuaría en cabeza del socio L. A. C., pero con un patrimonio mucho más pequeño, ya que del mismo debían detraerse los bienes que en el convenio se adjudicaron a M. D. C.
X. Habiendo tratado los aspectos fácticos de la cuestión litigiosa, debo recalar ahora en la doctrina aplicable en la especie, sobre la cual habré de sustentar la decisión que propongo al acuerdo.
Así se refiere Verón al nacimiento, perdurabilidad y extinción de las empresas organizadas jurídicamente como sociedades, y señala que “esta última etapa del tránsito vivencial de la empresa se denomina técnicamente extinción, y, dentro de ella, se incluyen los procesos de disolución y de liquidación. Evidentemente, estas fases necesarias para extinguir una sociedad, demandan un proceso, que se inicia con el establecimiento de un estado jurídico (causa de la disolución), continúan con un ‘iter liquidacional’, y concluye con la partición de los bienes remanentes entre los socios y la cancelación registral…….La extinción de una sociedad no se lleva a cabo de un modo repentino, espontáneo, o en acto único, sino que, como en el proceso formativo de la sociedad, tiene que recorrer un iter extintivo, aunque en este último caso se persigue el desarme patrimonial y no la formación del capital; por ello es necesario el cumplimiento escalonado de etapas temporales y sucesivas, conexas entre sí por razón de causalidad, las que pueden comprender cuatro operaciones: a) la disolución, por haber afectado a la entidad alguna cláusula legal o estatutaria; b) la liquidación del patrimonio social; c) la partición del remanente entre los asociados, y d) la extinción propiamente dicha, cuando desaparece el patrimonio social” (conf. Verón, Sociedades Comerciales, Ley 19.550, 2ª edición actualizada y ampliada, Bs. As.2007, tomo I, págs.904 y 905).
Y al conceptualizar a la disolución societaria, sostiene este mismo autor que, como se ha sentado en doctrina y jurisprudencia, “hay disolución cuando finaliza la plenitud jurídica de la sociedad, con lo cual la disolución no es un ‘estado’ que se prolonga en el tiempo, sino que es un momento, un instante en la vida de la sociedad, en el cual ella no se extingue, sino que conserva su personalidad al solo efecto de la liquidación. Y también que la disolución es una contingencia jurídica, no fáctica, teniendo como causa la configuración de determinados supuestos a los cuales se les asigna ese efecto. Con la disolución concluye la existencia activa de la sociedad y comienza la etapa de liquidación, en la que la personalidad se mantiene al exclusivo objeto de terminar con los créditos y deudas sociales y disponer del resto, no pudiéndose realizar, dentro de ese lapso, negocios que se aparten de los objetivos propios de la liquidación” (ob. cit. págs.906 y 907; lo destacado es propio). En el mismo sentido y con cita de Benseñor, se ha expresado que la disolución puede definirse “como el acto o instante dentro del iter societario, que detiene el cumplimiento del objeto social y hace ingresar a la entidad en la etapa de la liquidación” (conf. Nissen, Ley de Sociedades Comerciales Comentada, Bs. As. 2017, tomo II, pág.112).
Y ahondando en el concepto de “causal disolutoria”, se puntualiza que el mismo comprende dos ingredientes inescindibles: el supuesto fáctico concreto al que se le atribuyen efectos disolutivos, y el fundamento por el cual el legislador considera necesaria o conveniente la extinción de la sociedad ante dicho evento (conf. Zunino, Sociedades Comerciales, Disolución y Liquidación, Bs. As. 1987, tomo II, pág.21).
Pues bien, en el concreto caso que nos ocupa no quedan dudas de que el supuesto fáctico al que la ley le asigna efectos disolutivos de la sociedad, está dado por la categórica decisión de los socios que se expresó en el convenio privado de adjudicación de derechos y obligaciones del día 10/1/2020, donde los mismos señalaron que “vienen a exponer su libre voluntad y determinación de interrumpir la relación atribuyéndose en forma equitativa los distintos bienes y derechos que componen el patrimonio societario, asumiendo las distintas obligaciones actuales y eventuales de la sociedad…” (ver último párrafo de los antecedentes de este convenio). Y esa decisión de los socios ha sido consagrada como causal de disolución societaria en el art.94 inciso 1 de la ley 19.550, señalando al respecto Nissen: “La declaración de los socios de disolver anticipadamente a la sociedad, es una clara y categórica manifestación del carácter contractual del acto constitutivo del ente social, que, al ser creado por la voluntad de sus integrantes, es susceptible de ser extinguido por la misma vía. Por ello, una decisión en tal sentido, cuando ella es adoptada en el seno del órgano de gobierno de la sociedad, no requiere fundamentación alguna, porque los socios son soberanos al adoptar esta conducta” (ob. cit. págs.117 y 118; lo destacado me pertenece).
Es por todo lo expuesto, que propiciaré modificar la sentencia apelada, y mantener -en forma parcial- la validez del convenio privado de fecha 10/1/2020, en las disposiciones del mismo que reflejan la categórica decisión de los socios de disolver la sociedad anónima, lo que se encuadra en la causal prevista en el art.94 inciso 1 de la Ley General de Sociedades (art.389 del CCCN).
XI. 1. Asimismo, propondré modificar la sentencia apelada, en cuanto declaró de oficio la nulidad absoluta del convenio privado de fecha 10/1/2020, dándole a esta nulidad un alcance parcial, ya que la declaración de nulidad absoluta debe quedar limitada a las disposiciones de dicho contrato en las que los socios se distribuyeron y adjudicaron los bienes y derechos componentes del patrimonio social, y asumieron las distintas obligaciones actuales y eventuales del ente societario, omitiendo - por completo- el trámite liquidatorio establecido en los arts.101 a 112 de la ley 19.550. Cabe reiterar, además, que los socios no solamente soslayaron dicho proceso de liquidación, sino que tampoco optaron por la escisión societaria o la cesión de acciones, como lo habían previsto en la cláusula tercera del convenio privado celebrado con fecha 10/1/2020. En definitiva, estoy propiciando una declaración de nulidad absoluta de alcance parcial, limitada a las disposiciones relativas a la distribución y adjudicación de los bienes sociales y a la asunción de las obligaciones de la persona jurídica; puesto que, como concluí en el apartado anterior, el convenio privado resulta válido en las disposiciones que evidencian la decisión de los socios de disolver la sociedad anónima. Prescribe el art.389 del CCCN, que la nulidad parcial es la que afecta a una o varias de las disposiciones del acto jurídico, aclarando a continuación que “la nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas, si son separables”. En el presente caso se encuentra configurado este requisito de “separabilidad” del acto, por lo que la solución que promuevo se ajusta a derecho (conf. Tobías, en Código Civil y Comercial Comentado, Tratado Exegético, Alterini Director General, 3ª edición actualizada y aumentada, Bs. As.2019, tomo II, págs.1208 y sgtes.).
2. Acerca de la concreta temática en análisis, destaca Nissen la necesidad del trámite liquidatorio, expresando lo siguiente: “La ley 19.550 ha sido muy minuciosa en reglamentar cada una de las etapas del procedimiento liquidatorio, así como los derechos, obligaciones y responsabilidades de los liquidadores y socios, en el convencimiento de que la transparencia de dicho procedimiento no sólo interesa a los socios, a los fines de una justa distribución de la cuota liquidatoria, sino que ha sido establecido fundamentalmente en salvaguarda de los derechos de los acreedores de la sociedad, previéndose a tal efecto expresas normas que impiden la distribución del activo entre los socios si previamente no se garantizan las obligaciones sociales (art.107, LSC)” (lo destacado me pertenece). Y seguidamente analiza este autor la especial naturaleza del proceso de liquidación de la sociedad, señalando que “siendo la sociedad, cuando menos una realidad jurídica que la ley reconoce como medio técnico para que todo grupo de individuos pueda realizar el fin lícito que se propone, su regular funcionamiento, como así también su liquidación con ajuste a las normas establecidas a esos efectos, involucran cuestiones de interés público, atento la gravitación de las mismas en la actividad productiva en general y en el desenvolvimiento del comercio y de la industria” (conf. Nissen, ob. cit.pág.208, con cita de un fallo del Dr. Enrique Butty, como Juez de Primera Instancia en lo Comercial).
infrecuente la omisión, por parte de los socios y liquidadores, de toda actividad liquidatoria. Y a continuación expresa: “Esa manera de actuar es ilegítima, pues, como lo ha expresado la jurisprudencia, no puede darse por ‘terminada’ la vida de una sociedad, mediante la destrucción de toda su documentación social o, acaecida la causal disolutoria, mediante la simultánea liquidación de los bienes del activo y la distribución de su producido entre los socios, sin respeto a las reglas impuestas por la ley 19.550 para la liquidación de la sociedad, que, como hemos visto, constituye un procedimiento que no ha sido establecido por la ley para la mera conveniencia de los socios, sino en resguardo de los acreedores sociales. Como ha sido expuesto, el acaecimiento de una causal disolutoria nunca importa la desaparición de la sociedad ni supone la extinción inmediata de la misma, sino el inicio de los trámites de liquidación y todas las diligencias consecuentes, hasta llegar a la baja de la inscripción registral (art.112), pues los socios no tienen la potestad para decidir el cese de la actividad comercial y repartirse la totalidad de los bienes sociales a su gusto, pues ello implica una disolución, liquidación y partición privada sin intervención de la autoridad de control con alta potencialidad dañosa para terceros y acreedores de la sociedad, atento la omisión de publicitar la disolución social” (ob. cit. pág.209; lo destacado es propio).
En conclusión, el procedimiento instituido por la ley en orden a la liquidación societaria es obligatorio e inderogable, porque así lo exige el interés público (conf. Zunino, ob. cit. págs.252 y 253; en el mismo sentido ver Romano en Código de Comercio Comentado y Anotado, Rouillón Director, Alonso Coordinador, Bs. As. 2006, pág.245). Y cabe agregar a lo expuesto que, si bien es posible la simplificación del trámite liquidatorio previsto en los arts.101 a 112 de la LGS, ello está subordinado al respeto de los derechos de terceros (conf. Nissen, ob. cit. págs.212 y 213; en la misma línea ver Verón, ob. cit. pág.993).
3. Por lo demás, no quedan dudas de que en el presente caso se está ante un supuesto de nulidad absoluta, aunque con un alcance parcial, por encontrarse involucrado el interés general, tal como emerge de las citas doctrinarias traídas en el anterior punto 1. Al haberse soslayado por completo el trámite de liquidación de la sociedad previsto en los arts.101 a 112 de la ley 19.550, se encuentra claramente comprometido el interés público, porque se está ante una cuestión que gravita en la actividad productiva general, pudiendo afectar los derechos de terceros y acreedores sociales.
Establece el art.386 del CCCN: “Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en interés de ciertas personas”. Se ha señalado en doctrina que este concepto no es demasiado preciso, pues bien puede suceder que se afecten normas de orden público y el acto sea de nulidad relativa; y así se ha propuesto que, a los fines de esta clasificación, “el orden público se vincula con la tutela del interés colectivo, el orden económico social, en el que está interesado la comunidad toda” (conf. Derecho Civil Parte General, Rivera- Medina Directores, Rivera-Crovi Autores, Bs. As. 2017, pág.861). En el mismo sentido, señala Tobías que se hubiera preferido “un criterio caracterizador que ubicara el criterio de la distinción en la naturaleza del interés en juego, según cual fuera el protegido de modo directo e inmediato: el particular o el general”. Y a reglón seguido puntualiza este autor: “no consideramos, por todo lo dicho, que el concepto de orden público constituya por sí un criterio idóneo y suficiente para clasificar las nulidades” (obra citada, tomo II, pág.1190).
Al haber quedado en claro que se está ante un supuesto de nulidad absoluta -de alcance parcial-, se concluye en que la Jueza de grado ha procedido con arreglo a derecho, al haber declarado esta nulidad de oficio; pues así lo establece el art.387 del CCCN, según el cual, “la nulidad absoluta puede declararse por el juez, aun sin mediar petición de parte, si es manifiesta en el momento de dictar sentencia”. Y se recuerda en doctrina que el art.1047 del Código Civil, ya establecía el deber del juez de declarar la nulidad cuando era absoluta, pudiendo hacerlo de oficio cuando aparecía manifiesta en el acto. Se decía en comentario a dicha norma, que “se estaba en presencia de una excepción al principio procesal que se adecúa al impulso de las partes y que impide al juez pronunciarse sobre cuestiones no planteadas por ellas”. Y se agregaba que “la relevancia de los intereses en juego determina que la declaración de nulidad absoluta constituya un imperativo para el juez: él no puede permanecer estático o indiferente cuando se incorpora al proceso un acto incompatible con el interés general” (conf. Tobías, ob. cit. págs.1191 y 1192, con citas de Lloveras de Resk y de Llambías, y de diversos precedentes jurisprudenciales). Y en esa misma obra se vuelca la opinión de Jorge H. Alterini e Ignacio E. Alterini, quienes sostienen que “es deber del juez declarar la nulidad absoluta, aún de oficio, si es manifiesta en el momento de dictar sentencia”; agregando que “es desviado considerarlo una mera facultad judicial. Se trata de un deber de inexcusable cumplimiento” (ob. cit. pág.1194).
A su vez, durante la vigencia del Código Civil había decidido la Suprema Corte Provincial, que “si la nulidad absoluta resulta manifiesta, puede ser declarada de oficio por los jueces (arts.1038, 1047 y concs. del C. Civ.)” (SCBA, Ac. 69636 del 15/12/1999 y Ac.46.993 del 6/4/1993). Y en fecha más reciente, se sostuvo en un voto del Dr. Soria: “Atendiendo a la causa de la invalidez, un acto es nulo cuando está prohibido por la ley ipso iure en forma expresa, habilitando la declaración de oficio por los jueces si tal nulidad absoluta resulta manifiesta” (SCBA, Ac.83.820 del 19/9/2007). Estas consideraciones tornan inaudibles los agravios del demandado, donde critica que la Jueza haya tomado una “decisión no buscada por ninguna de las partes”, considera que la sentencia ha transgredido el principio de congruencia, y asevera que en el caso no se ha violado ninguna norma de orden público. En ese mismo orden de ideas, también resultan improcedentes los agravios del accionante, cuando sostiene que en el caso no ha habido transgresión al orden público, a la moral o a las buenas costumbres; puesto que, en los desarrollos precedentes he dejado en claro, que al haberse soslayado -por completo- el trámite liquidatorio previsto en la ley de sociedades, se ha causado una afectación al interés general y a los derechos de terceros y acreedores sociales.
XII. Habiendo quedado suficientemente analizada la cuestión traída a esta alzada, me encuentro en condiciones de delinear la solución que en mi opinión debe darse al caso de autos, la que ya he dejado anticipada a lo largo del presente voto.
Como ya lo puntualicé, debe mantenerse -en forma parcial- la validez del convenio privado suscripto entre las partes, en las disposiciones del mismo que reflejan la categórica decisión de los socios de disolver la sociedad anónima (art.94 inc.1 de la ley 19.550). Por el contrario, dicho convenio privado es nulo de nulidad absoluta, en las disposiciones donde los socios se distribuyeron y adjudicaron los bienes y derechos componentes del patrimonio social, y asumieron las distintas obligaciones actuales y eventuales de la sociedad, omitiendo -por completo- el trámite liquidatorio establecido en los arts.101 a 112 de la ley 19.550.
Como natural corolario de lo antedicho, debe confirmarse la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda de cumplimiento de contrato promovida por M. D. C. contra L. A. C., porque se basa en el supuesto incumplimiento de obligaciones emergentes de las disposiciones del convenio privado cuya nulidad absoluta se ha declarado.Desde otro ángulo, dado que en el presente voto se propicia mantener la validez de las disposiciones del convenio privado que reflejan la decisión de los socios de disolver la sociedad, corresponde disponer que los socios deberán dar cumplimiento al trámite liquidatorio establecido en los arts.101 a 112 de la ley 19.550, y debatir en ese ámbito las diferentes cuestiones que dieron lugar al presente litigio, pudiendo arribar a los acuerdos que estimen pertinentes.
Finalmente, en atención a que deberá llevarse a cabo el referido trámite liquidatorio, corresponde dejar sin efecto el párrafo de la sentencia apelada donde se dice que “la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido”.
XIII. Por todo lo antedicho, propongo al acuerdo adoptar la siguiente resolución: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda de cumplimiento de contrato promovida por M. D. C. contra L. A. C.. 2) Modificar la sentencia apelada de fecha 7/10/2024, y mantener -en forma parcial- la validez del convenio privado de fecha 10/1/2020, en las disposiciones del mismo que reflejan la categórica decisión de los socios de disolver la sociedad anónima, lo que se encuadra en la causal prevista en el art.94 inc.1 de la ley 19.550. 3) Modificar la sentencia apelada de fecha 7/10/2024, en cuanto declaró de oficio la nulidad absoluta del convenio privado de fecha 10/1/2020, dándole a esta nulidad un alcance parcial, ya que la declaración de nulidad absoluta debe quedar limitada a las disposiciones de dicho contrato en las que los socios se distribuyeron y adjudicaron los bienes y derechos componentes del patrimonio social, y asumieron las distintas obligaciones actuales y eventuales del ente societario, omitiendo -por completo- el trámite liquidatorio establecido en los arts.101 a 112 de la ley 19.550. 4) Disponer que los socios deberán cumplimentar dicho trámite liquidatorio previsto en los arts.101 a 112 de la ley 19.550, pudiendo adaptar el mismo a las concretas circunstancias del caso, siempre que queden suficientemente garantizadas las obligaciones sociales (art.107 de la ley 19.550), y no medie afectación del interés general ni los derechos de terceros. 5) Disponer que en el curso de dicho trámite liquidatorio, las partes deberán debatir las diferentes cuestiones que dieron lugar al presente litigio, pudiendo arribar a los acuerdos que estimen pertinentes. 6) Dejar sin efecto el párrafo de la sentencia apelada donde se dice que “la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido”. 7) Con relación a las costas del juicio, ha arribado firme a esta instancia la adjudicación de las mismas en el orden causado, e igual solución debe darse en cuanto a las costas de alzada, las que se imponen por su orden, en atención al resultado desfavorable obtenido por ambos litigantes (arts.68 y 71 del CPCC). 8) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Garcia Etchegoyen y Longobardi, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
2. Modificar la sentencia apelada de fecha 7/10/2024, y mantener -en forma parcial- la validez del convenio privado de fecha 10/1/2020, en las disposiciones del mismo que reflejan la categórica decisión de los socios de disolver la sociedad anónima, lo que se encuadra en la causal prevista en el art.94 inc.1 de la ley 19.550. 3) Modificar la sentencia apelada de fecha 7/10/2024, en cuanto declaró de oficio la nulidad absoluta del convenio privado de fecha 10/1/2020, dándole a esta nulidad un alcance parcial, ya que la declaración de nulidad absoluta debe quedar limitada a las disposiciones de dicho contrato en las que los socios se distribuyeron y adjudicaron los bienes y derechos componentes del patrimonio social, y asumieron las distintas obligaciones actuales y eventuales del ente societario, omitiendo -por completo- el trámite liquidatorio establecido en los arts.101 a 112 de la ley 19.550. 4) Disponer que los socios deberán cumplimentar dicho trámite liquidatorio previsto en los arts.101 a 112 de la ley 19.550, pudiendo adaptar el mismo a las concretas circunstancias del caso, siempre que queden suficientemente garantizadas las obligaciones sociales (art.107 de la ley 19.550), y no medie afectación del interés general ni los derechos de terceros. 5) Disponer que en el curso de dicho trámite liquidatorio, las partes deberán debatir las diferentes cuestiones que dieron lugar al presente litigio, pudiendo arribar a los acuerdos que estimen pertinentes. 6) Dejar sin efecto el párrafo de la sentencia apelada donde se dice que “la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido”. 7) Con relación a las costas del juicio, ha arribado firme a esta instancia la adjudicación de las mismas en el orden causado, e igual solución debe darse en cuanto a las costas de alzada, las que se imponen por su orden, en atención al resultado desfavorable obtenido por ambos litigantes (arts.68 y 71 del CPCC). 8) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Garcia Etchegoyen y Longobardi, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 5 de Febrero de 2026.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda de cumplimiento de contrato promovida por M. D. C. contra L. A. C. 2) Modificar la sentencia apelada de fecha 7/10/2024, y mantener -en forma parcial- la validez del convenio privado de fecha 10/1/2020, en las disposiciones del mismo que reflejan la categórica decisión de los socios de disolver la sociedad anónima, lo que se encuadra en la causal prevista en el art.94 inc.1 de la ley 19.550. 3) Modificar la sentencia apelada de fecha 7/10/2024, en cuanto declaró de oficio la nulidad absoluta del convenio privado de fecha 10/1/2020, dándole a esta nulidad un alcance parcial, ya que la declaración de nulidad absoluta debe quedar limitada a las disposiciones de dicho contrato en las que los socios se distribuyeron y adjudicaron los bienes y derechos componentes del patrimonio social, y asumieron las distintas obligaciones actuales y eventuales del ente societario, omitiendo -por completo- el trámite liquidatorio establecido en los arts.101 a 112 de la ley 19.550. 4) Disponer que los socios deberán cumplimentar dicho trámite liquidatorio previsto en los arts.101 a 112 de la ley 19.550, pudiendo adaptar el mismo a las concretas circunstancias del caso, siempre que queden suficientemente garantizadas las obligaciones sociales (art.107 de la ley 19.550), y no medie afectación del interés general ni los derechos de terceros. 5) Disponer que en el curso de dicho trámite liquidatorio, las partes deberán debatir las diferentes cuestiones que dieron lugar al presente litigio, pudiendo arribar a los acuerdos que estimen pertinentes. 6) Dejar sin efecto el párrafo de la sentencia apelada donde se dice que “la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido”. 7) Con relación a las costas del juicio, ha arribado firme a esta instancia la adjudicación de las mismas en el orden causado, e igual solución debe darse en cuanto a las costas de alzada, las que se imponen por su orden, en atención al resultado desfavorable obtenido por ambos litigantes (arts.68 y 71 del CPCC). 8) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia