Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto, esta Alzada sostiene que los plazos perentorios son aplicables a las partes, no así a los órganos jurisdiccionales, para quienes son considerados ordenadores.
Finalmente, en lo relativo a la participación ejercida por el defensor particular, cabe mencionar que no se observan en autos, vulneración alguna a los derechos del imputado, por lo cual dicho agravio tampoco tendrá favorable acogida.
Concluyendo, considero que se ha llevado a cabo un trabajo de análisis integral en el auto en crisis, y que se cuenta con elementos de convicción suficientes que hacen presumir la responsabilidad del imputado con el grado de probabilidad que la instancia requiere, motivo por el cual los agravios expuestos no prosperarán.
2Perspectiva de derechos:
TOMO CXXX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8417 FOLIO Nº 048/052 PROT. ELECT. JR101033I.242
Río Gallegos, 06 de febrero de 2024.
La presente causa caratulada: “A.A.M.A. S/ DAÑO Y AMENAZAS” - Expte. N° 19.340/20 - (Apelación N° 8142/23), venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 136/142, obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº Tres, quien en el punto 1) del decisorio, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de M.A.A., en orden al delito de “daño y amenazas (hecho 1) en concurso real con desobediencia reiteradas (hechos 2, 3, 4 y 5) que a su vez concursan realmente entre sí” (art. 45, 55, 183, 149 bis primer párrafo primera parte, 239 del Código Penal), y dispuso en el punto 2) trabar embargo sobre dinero o bienes del encausado hasta cubrir la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000). Que a fs. 155/161, la defensa técnica del imputado apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 166 (conf. cód. validación 21cd72db), y no habiendo presentado el memorial de agravios previsto por el art. 437 del CPP, quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
1. Que se agravia que S.S. no ha valorado correctamente las constancias del proceso, procesando a su defendido de manera gravosa.
Manifiesta que su defendido se explayó con algunos improperios, pero los mismos no fueron con intenciones de alarmar o amedrentar a su destinataria sino de defender lo que el creía sus derechos de un régimen comunicacional con su hijo; por lo que entiende que las amenazas no resultarían típicas. Y en lo que respecta a la autoría, manifiesta que no se acreditó que la llamada telefónica, haya sido realizada por el imputado; y que no se realizó actividad pericial al respecto. En relación al Hecho Uno respecto del daño, se agravia que la a quo de por acreditada la materialidad del hecho con el acta de inspección ocular y un croquis ilustrativo; advirtiendo que no obran en autos, imágenes del supuesto daño en el cerco perimetral de la vivienda; tampoco del autor del daño.
Expresa que sin perjuicio de haber sido identificado por la denunciante, esto no significa que se encuentra acreditado con grado de certeza. No existe prueba de cargo con entidad suficiente de conformidad con los extremos requeridos por la ley. Señala que la declaración testimonial del Sr. M. (fs. 37), por sus dichos queda demostrado su interés en las resultas del caso tornándose su declaración de parcialidad manifiesta; por lo que entiende que deberá desestimarse la valoración dada a la misma. Por su parte, el resto de las declaraciones incorporadas entiende que en nada involucran a A., siendo meros dichos de "oídas".
Concluye que el hecho investigado encuentra su respaldo probatorio en los solitarios dichos de la Sra. B.
Sobre el Hecho Dos, considera que no surge de autos que su defendido hubiera ingresado al domicilio de la supuesta víctima, descansando el resolutorio en los dichos contradictorios de B.
Establece que si bien se incorporan copias simples de las actuaciones labradas en el Juzgado de Familia Nº Dos, no surge de las mismas que se haya adoptado algún tipo de sanción respecto de su defendido, con el objeto de exigir el cumplimiento de las medidas adoptadas en autos. El magistrado sólo se ha limitado al dictado de las medidas, razón por la cual ésta carencia desvirtúa el tipo penal previsto pro el art. 239 CP, tornándolo atípico. Advierte que la Sra. B. no formuló ninguna presentación judicial en los autos del Juzgado de Familia, que habilitara por parte del magistrado el dictado de alguna medida intimatoria.
Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
Sobre el Hecho Cuatro, remarca que las medidas dictadas por el Dr. A.A. son de fecha 14 de octubre de 2020, operando su vencimiento con fecha 14 de enero de 2021; por lo tanto habiéndose cometido el hecho cuatro el día 27 de febrero de 2021, el mismo resulta atípico.
Seguidamente, hace referencia a que en autos no se ha respetado el plazo razonable garantizado a las partes del juicio. Ello atenta contra garantías constitucionales de su asistido quien se encuentra sometido al presente expediente, siendo el art. 197 el artículo que estipula el plazo en el que debe cumplirse la instrucción, el cual se ha pasado por alto. Señala que el estado de reserva que existió no garantiza la justificación, debiendo analizarse en tal sentido la pertinencia del procesamiento. En párrafo aparte, señala que el día 19 de abril de 2022, asumió en la causa penal un abogado particular; y que el letrado debe abogar por los intereses de su cliente, que por ser lego en la materia debe confiar en el buen saber y entender de aquél. Opina que el abogado debió extremar los recaudos necesarios a los efectos de comunicar en el juzgado que no tenía contacto con su defendido, y tomar las medidas pertinentes para no perjudicarlo. Asimismo juzga reprochable el abandono de la defensa mientras corría el plazo de apelación del auto de procesamiento. Quedan de esta forma planteadas las cuestiones a resolver.
Entrando en el análisis del agravio referido al primer hecho, debemos señalar que para la atribución de responsabilidad por el delito de daño, la magistrada tuvo en consideración el acta de inspección ocular que da cuenta en forma detallada de lo observado por los funcionarios públicos en el lugar de los hechos y el croquis ilustrativo en el que se plasma el lugar en el que se constatara el daño producido, resultando todo ello coincidente con lo narrado por la damnificada. En lo referido al delito de amenazas consideramos que con los términos vertidos por el imputado, se encuentra debidamente configurado el tipo penal, conteniendo la amenaza vertida, las características de anunciar un mal grave, injusto, posible, con idoneidad para amedrentar, al inferir temor suficiente, teniendo en consideración el contexto de violencia en que los mismos fueron vertidos.
De esta manera, consideramos que se encuentra debidamente valorada la prueba reunida en autos, en cuanto a los delitos de daño y amenazas, la cual resulta suficiente a los fines propuestos, no siendo requerida en esta instancia, la certeza conforme lo enunciado por la defensa.
Además de lo citado, y en virtud de lo manifestado sobre los "solitarios dichos de la Sra. B.", acorde con lo expuesto no concordamos con lo afirmado, más aún, teniendo en consideración el criterio de amplitud porbatoria reinante en la valoración probatoria ante hechos como el que nos ocupa.
En lo referente al agravio expuesto respecto del hecho dos, cabe poner de resalto que, el último párrafo del art. 32 de la Ley Nacional Nº 26.485, establece claramente que: "...cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal…".
Esta Alzada ya se ha expedido respecto de la tipicidad penal de la conducta en análisis en casos similares, v. gr. en la Apelación Nº 4371/13, Apelación Nº 6307/19, Apelación Nº 6379/19 y Nº 6642/20, dejando asentado que: “...el tema en discusión concretamente se centra en determinar si esa conducta (incumplimiento y/o desobediencia a la orden dada por un Juez de Familia en cumplimiento de sus funciones) configura el ilícito previsto en el Art. 239 del Código de fondo o si esa conducta configura una infracción -no de tipo penal- que tiene una sanción específica dentro de todo el espectro jurisdiccional (y si, en este caso, existiría una doble sanción). Adelanto desde ya que considero que el accionar de... configura el tipo penal en examen...”. Compartimos el criterio mayoritario sostenido por la jurisprudencia provincial, en el sentido que: “...la desobediencia a las órdenes de restricción dictadas por los órganos judiciales en casos de violencia familiar y bajo la normativa (ley 9283 -Provincia de Córdoba-) encuadran bajo la figura penal del delito de desobediencia a la autoridad (art. 239, CP), pues existe un destinatario determinado a quien la autoridad pública competente le notificó una prohibición, cuyo incumplimiento lesiona el bien jurídico protegido -el compromiso expresamente asumido por la administración de justicia, como parte del Estado, para erradicar y sancionar los hechos de violencia intrafamiliar-, máxime cuando estas órdenes son impartidas con el fin de hacer cesar conductas que denuncian violencia y para prevenir o evitar que éstas se reiteren poniendo en peligro, la vida, la salud o la integridad psicofísica de la víctima...”. (Trib. Sup. Córdoba, Sala Penal, 14/11/2012, “F., N. y otra”). En este mismo sentido otros juzgados tienen dicho que: “…La orden judicial de prohibición de acercamiento y/o comunicación del imputado con la denunciante satisface los requerimientos tradicionalmente fijados por la doctrina para adecuar en abstracto al delito de desobediencia previsto en el art.239 del Código Penal…” (Cita online: LALEY AR/JUR/47309/2013).
Es en atención a todo lo arriba expresado, que consideramos que la conducta desplegada por el incuso, encuadra en el tipo penal endilgado, habiendo desobedecido la orden impartida por el juez de familia, quien prohibió todo tipo de comunicación y contacto entre los justiciables, tanto por mensajes de texto, en forma telefónica, vía mail.
En lo que respecta al agravio referido al hecho cuatro, y en general a lo relativo a la apreciación de la prueba efectivizada por la magistrada, no obstante lo señalado por la defensa, debemos remarcar, que como bien lo fuera tenido en consideración por la magistrada, los hechos denunciados deben ser encuadrados dentro del contexto de violencia de género, lo cual requiere que sean analizados con una perspectiva de género, a fin de proceder a la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, establecida por nuestro ordenamiento legal. En esta línea de pensamiento, otros juzgados nacionales tienen dicho: "...En los casos de violencia de género, la relevancia de los elementos probatorios indirectos o indiciarios de carácter objetivo, corroborante o periférico de los hechos denunciados no puede ser desechada dogmáticamente, por no provenir de fuentes directas o por no brindar datos concretos respecto de aquellos hechos, toda vez que el fundamento por el cual estos elementos tienen que ser propuestos, recibidos y valorados sólo está en conferirle una mayor convicción al testimonio de los involucrados acerca del conflicto investigado...".
(Cita online: TR LALEY AR/JUR/18735/2014). En cuanto al planteo referido al plazo razonable, esta Alzada ha sostenido, en forma concordante con amplia parte de la doctrina que “…los plazos procesales cuando se trata de cumplir actividad indispensable para el desarrollo del proceso -la desplegada por los sujetos públicos- jamás pueden ser perentorios sino meramente ordenatorios: su inobservancia no determina la caducidad o extinción del deber o de la facultad no cubiertos en tiempo útil, sino que sólo pueden dar origen a sanciones disciplinarias… pero jamás veda un desempeño que está legalmente fijado…. Por eso la circunstancia de que no se halla solicitado prórroga en la forma prevista por el Art. 207º (C.P.P.N.) no acarrea la nulidad de las actuaciones… su inobservancia no afecta la `capacidad del juez´, pues no se relaciona con la aptitud para ejercitar la función; tal incumplimiento no acarrea la nulidad de las actuaciones posteriores…” (D´Albora, ob. cit., págs. 376/377 y 248).
“En todos los casos, los términos que se fijan son simplemente ordenadores… Su incumplimiento, por tanto, no importa una hipótesis de sobreseimiento por agotamiento temporal ni de nulidad de las actuaciones (CCC, Sala VI, 9/5/12, causa 398/12, “F.,V.J.” con cita de CNCP, Sala II, 12/4/05, causa 5391, “Sánchez Uroz”; CCC, Sala V; LL, 1992-C-529; CNPE, Sala B LL, 1998-F-679; JA, 1998-III-474, DJ, 1999-1-321), si bien el órgano que incumple puede ser objeto de una advertencia o sanción (como un “llamado de atención”, CNPE, Sala A, LL, 1994-E-566).”. Código Procesal Penal de la Nación – Análisis Doctrinal y Jurisprudencial-; Guillermo Rafael Navarro – Roberto Raúl Daray, ed. Hammurabi José Luis Depalma Editor, pág. 203.
Por lo expuesto, esta Alzada sostiene que los plazos perentorios son aplicables a las partes, no así a los órganos jurisdiccionales, para quienes son considerados ordenadores.
Finalmente, en lo relativo a la participación ejercida por el defensor particular, cabe mencionar que no se observan en autos, vulneración alguna a los derechos del imputado, por lo cual dicho agravio tampoco tendrá favorable acogida.
Concluyendo, considero que se ha llevado a cabo un trabajo de análisis integral en el auto en crisis, y que se cuenta con elementos de convicción suficientes que hacen presumir la responsabilidad del imputado con el grado de probabilidad que la instancia requiere, motivo por el cual los agravios expuestos no prosperarán.
2. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
3. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
En razón de lo expuesto, de conformidad con las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 136/142, en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravio, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected]. 4º) Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia