Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, entiendo que la detención cautelar de A. M. S., amerita ser confirmada.
Por último, al agravio sobre el embargo y su suma, caben las mismas consideraciones que las efectuadas en el apartado A) sobre el embargo dictado en aquella resolución, las que doy por reproducidas en el presente en honor a la brevedad.
En virtud de lo allí expuesto, se aprecia que la suma fijada por el A quo en concepto de embargo resulta razonable en función del hecho por el que se ha procesado al imputado, y los daños resarcibles que el mismo ha ocasionado con su conducta típica.
Finalmente. debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
TOMO: CXXV REGISTRO: 011 FOLIO: 170/183
Caleta Olivia, 25 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “A. M. S. S/ DAÑOS” Expte. Nº 89.749/26, N° de Juzgado de Recursos 8607/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio obrante a fs. 59/67, el Sr. Juez de Instrucción, decidió, en el punto I: “…ordenar el PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de A. M.
S. en relación al delito de DAÑOS en calidad de autor; en el punto II, ordena trabar embargo sobre los bienes de A. M. S., por la suma de pesos cuatrocientos mil ($400.000), haciendo saber que de carecer de esa suma se decretará la inhibición general de bienes (art. 499 del C.P.P.); en el punto III dispone la acumulación de las causas: Expte. Nº 87.882/25 "A. M. S. s/ Robo"; Expte. Nº 88.690/25 "A. M. S. s/ Robo"; y Expte. 89628/26 "A. M. S. s/ Tentativa de robo"
A fs. 341 obra constancia de haberse acumulado los expedientes tal como fue ordenado.
Contra la resolución de fs. 59/67 interpone recurso de apelación el Sr. Defensor Público Oficial, doctor Marcos Sjostrom, a fs. 342/344, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 345.
A fs. 214/219 en el expediente acumulado "A. M. S. s/ Robo", Expte. 88690/26, el Sr. Juez de Instrucción ordena el PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de A. M. S., en relación al delito de ROBO SIMPLE EN CALIDAD DE AUTOR (art. 164 y 45 del C.P.), trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos cuatrocientos mil ($400.000).
Contra dicha resolución interpone recurso de apelación la Sra. Letrada Adjunta de la Defensoría Pública Oficial Nro. 1 de Caleta Olivia, doctora María Betania Daporta, motivándolo en dicho acto.
En esta instancia, los recursos son mantenidos a fs. 349 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, doctora María Carolina Costes, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso interpuesto a fs. 342/344 en contra de la resolución de fs. 59/67, el defensor público se agravia sosteniendo:
A) PRIMER AGRAVIO: FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DOLO
Sostiene que el pronunciamiento recurrido incurre en un vicio de fundamentación al dar por acreditado el aspecto subjetivo requerido por el tipo penal de Daños con el grado de probabilidad que exige el art. 289 del C.P.P.
Que el delito previsto en el artículo 183 del Código Penal exige la presencia de dolo directo, esto es, la voluntad consciente y dirigida inequívocamente a destruir o deteriorar una cosa ajena. Que de las propias manifestaciones brindadas por el Sr. A. M. S. en su declaración indagatoria, surge que tras haber intentado buscar trabajo de estibador en el puerto y no lograr ingresar, se reunió con conocidos e ingirió una cantidad considerable de alcohol, perdiendo la memoria de lo sucedido hasta despertarse en el nosocomio local y posteriormente en la sede policial.
Que la resolución apela a inferencias para sostener que la conducta fue "coordinada y consciente". Sin embargo, no consta en el expediente pericia médica ni psicofísica efectuada de forma inmediata a la aprehensión que descarte un estado de intoxicación alcohólica aguda comprensivo de una incapacidad temporal para comprender la criminalidad de los actos o dirigir las acciones.
Que la atribución de autoría se asienta en la coincidencia de prendas genéricas (campera y gorra negra) y en la presencia de manchas hemáticas en las prendas de su asistido. Que la mera proximidad fisica y la presencia de lesiones no demuestran de por sí la intención deliberada de dañar la propiedad ajena en los términos del tipo penal imputado subsistiendo un estado de duda que impide fundamentar un auto de procesamiento.
B) SEGUNDO AGRAVIO: VIOLACION AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y ARBITRARIEDAD EN EL DICTADO DE LA PRISION PREVENTIVA
Señala que el auto interlocutorio causa un gravamen de imposible reparación ulterior al ordenar la privación cautelar de la libertad de su asistido en abierta contradicción con el marco legal constitucional y procesal vigente.
Que el delito de Daños (art. 183 del Código Penal) contempla una escala penal de quince días a un año de prisión. Que en el supuesto hipotético de una condena, la misma resultaría de ejecución condicional (art. 26 del Código Penal). Que mantener en prisión preventiva a un ciudadano por un delito que tiene una pena máxima de un año atenta directamente contra el principio de proporcionalidad de las medidas cautelares y vulnera las garantías consagradas en los artículos 24, 25 y 26 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz, transformando la medida cautelar en una pena anticipada. Que el auto recurrido justifica el peligro de fuga sobre la base de la existencia de otros tres expedientes en trámite donde su asistido obtuvo la excarcelación bajo caución juratoria. Que dicho razonamiento vulnera de manera flagrante la presunción de inocencia (art. 24 de la Constitución Provincial). Que las causas en trámite no cuentan con sentencia condenatoria firme; valorarlas como un factor determinante para sostener la reincidencia o el desinterés hacia las normas implica juzgar al imputado por su perfil y no por el hecho concreto juzgado (Derecho Penal de Acto).
Que no existe en autos elemento objetivo alguno que permita sostener que el Sr.A. M. S. intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación de acuerdo a lo siguiente: 1. Que en todas las actuaciones citadas por la propia Secretaría del Juzgado, su asistido ha fijado un domicilio real y conocido en el LUGAR_1,DIRECCION (y de forma transitoria en el hospedaje LUGAR_2 de esta -ciudad), permaneciendo siempre dentro de la jurisdicción de Caleta Olivia; 2. Que las medidas probatorias esenciales (peritajes del Gabinete Criminalístico, actas de inspección y recolección de testimonios) ya han sido completamente producidas. Que no hay posibilidad alguna de que su asistido pueda influir en los testigos o alterar el curso probatorio, asimismo la resolución no individualiza de qué manera concreta su asistido podría influir sobre dichas diligencias. Que específicamente, dada la situación de vulnerabilidad, de salud y económica del Sr. A. M. S., así como los nulos medios con los que cuenta, no se explica qué métodos o actos probables podría realizar para entorpecer la investigación; 3. Que no se valoran adecuadamente las condiciones personales de su asistido, quien no registra antecedentes condenatorios con sentencia firme, ni se individualiza conducta alguna que permita inferir un riesgo cierto de fuga o entorpecimiento. Que la sola invocación del estado incipiente de la investigación no constituye fundamento suficiente para restringir la libertad personal, siendo exigible la acreditación de riesgos procesales reales, actuales y concretos. Que en consecuencia, la resolución incurre en una fundamentación aparente, sin correlato con las circunstancias objetivas del caso.
Que sumado a lo expuesto, el a quo presume peligros procesales sin sustento fáctico suficiente, contrariando el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva establecido en los artículos 3 y 4 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz, el artículo 25 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz y el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Entiende que la resolución que se impugna desnaturaliza el verdadero fin de la prisión preventiva y la libertad como regla. Que la resolución recurrida vulnera de manera flagrante el principio de inocencia (art. 18 de la C.N.) y la doctrina de la CSJN en fallos como “Salas, Milagro” y “Díaz Bessone”, transformando la prisión preventiva en una herramienta de investigación y en un anticipo de pena, y no en una medida cautelar excepcional.
Que la excepcionalidad de la coerción real exige la demostración de un peligro procesal concreto y no meras conjeturas basadas en el estado primigenio de la causa. Que en el presente caso, su pupilo carece de condenas previas firmes y se le imputa el delito de daños (art. 183 del Código Penal), cuya escala penal permitiría, ante una eventual condena, que la misma sea de ejecución condicional (art. 26 del Código Penal). Que mantenerlo privado de su libertad implica un anticipo de pena que el ordenamiento jurídico proscribe.
Que el pedido que se insta se funda en el principio constitucional de inocencia derivado del art. 18 de la Constitución Nacional, el cual impide que se trate como culpable a la persona a quien se le atribuye un hecho punible, hasta tanto se pronuncie una sentencia firme que declare su culpabilidad y se la someta a pena. Que tal principio determina que la detención preventiva debe asumir un carácter absolutamente excepcional, por lo cual la interpretación de las normas que coartan la libertad personal debe ser de carácter restrictivo (arts. 3 y 4 del C.P.P., art. 25 de la Constitución Provincial, art. 18 de la Constitución Nacional y art. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Que de ahí que se mantiene inalterada la presunción de inocencia de la que goza toda persona sometida a proceso, pilar sobre el cual se afianza nuestra Constitución Nacional y sobre el cual debe basarse cualquier pronunciamiento jurisdiccional.
Que conforme a los argumentos esgrimidos, deviene imperioso recordar las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 7), en cuanto sientan los principios de que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe legalmente su culpabilidad, y quela prisión preventiva no debe ser la regla general; normas todas con jerarquíaconstitucional a partir de su recepción en el art. 75 inc. 22 de nuestra Ley Fundamental.
Cita jurisprudencia y doctrina.
C) TERCER AGRAVIO: DENEGACION ARBITRARIA DE LA LIBERTAD Y NECESIDAD DE INSERCION LABORAL.
Señala que su asistido es trabajador estibador. Que su privación de libertad le impide continuar con la búsqueda activa de empleo para proveer al sustento económico de su hija menor de edad, afectando de manera directa el interés superior de la niña y los derechos básicos de su grupo familiar.
Que el artículo 302 del C.P.P. exige valorar de forma objetiva las circunstancias para disponer la privación de la libertad. Que aun si se confirmase el auto de procesamiento, la prisión preventiva debe ser revocada inmediatamente, por cuanto las normas del proceso penal estatuyen la libertad ambulatoria como regla general durante la tramitación del juicio. Se pueden imponer, de ser necesario, cauciones o reglas de conducta menos gravosas (como fijación de domicilio o comparecencia periódica) que neutralicen cualquier riesgo abstracto. Que actualmente, el Sr. A. M. S. se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, no solo por estar privado de su libertad, sino también por su delicado estado de salud y su precariedad laboral, económica y habitacional.
Que el Sr. A. M. S. debe ingerir medicación prescrita de forma diaria debido a una afección de salud preexistente, a lo que se suman la medicación y las curaciones necesarias por los cortes y lesiones que presentó al momento de su detención (tratamiento médico indicado por el profesional actuante del Hospital Zonal) Que asimismo, el Sr. A. M. S. necesita de manera urgente trabajar para aportar a la manutención de su hija menor y para su propio sustento alimentario. Que esto es lo que se propuso realizar inmediatamente después de recuperar la libertad el pasado 21 de julio. Que en ningún momento tuvo la intención de provocar un hecho que pudiera generar una nueva detención, y mi defendido no cuenta con otros ingresos económicos.
Que dado que no pudo regresar al domicilio de su pareja, debió alojarse transitoriamente en un establecimiento alquilado, agotando sus escasos recursos económicos y dependiendo de forma directa de su trabajo como estibador en el puerto. Que mantener la privación de su libertad le impedirá afrontar los gastos de alojamiento, dejándolo en inminente situación de calle al egresar, circunstancia que, sumada a lo anterior, agravaría seriamente su estado de salud psicofísico.
D) CUARTO AGRAVIO: TRABA DE EMBARGO EXCESIVO Y CARENTE DE FUNDAMENTACION
Expresa que la resolución ordena trabar embargo sobre los bienes de mi asistido por la suma de pesos cuatrocientos mil ($400.000). Que este monto resulta excesivo y carece de la debida fundamentación que exige el Art. 499 del C.P.P.S.C. y la doctrina y jurisprudencia aplicable en la Provincia de Santa Cruz y a nivel nacional. Que el art. 499 del C.P.P.S.C. establece que el embargo tiene por objeto garantizar el pago de costas y eventual indemnización civil. Que sin embargo, la fijación del monto debe estar debidamente fundada en elementos objetivos del sumario.
Queen el caso, la resolución no detalla cálculo alguno que permita comprender cómo se arriba a dicha suma. No se realiza estimación concreta de costas ni proyección razonable de eventual responsabilidad civil.
Que la fijación de un monto sin fundamentación específica vulnera el principio de proporcionalidad y el derecho de propiedad de mi asistido, configurando una medida cautelar carente de debida motivación.
FALTA DE MÉRITO. Para el caso de que no se admita el agravio formulado, atendiendo al derrotero probatorio en autos, cuyas falencias fueron precedentemente remarcadas, peticiona se dicte la Falta de Mérito a favor del Sr. Matías Sebastián ANTENAO, con fundamento en la doctrina que cita.
En el recurso de fs. 222/223 interpuesto por la defensa en contra de la resolución de fs. 214/219, la Letrada Adjunta se agravia:
1. Por cuanto considera que la resolución impugnada se sustenta en una valoración fragmentaria, conjetural y dogmática del material probatorio, que no alcanza el estándar de probabilidad positiva exigido por el art. 289 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz. Sostiene que el dictado de un auto de procesamiento no puede apoyarse en meras sospechas ni en inferencias hipotéticas. Que la norma procesal exige la existencia de elementos de convicción suficientes que permitan afirmar, con un razonable grado de probabilidad objetiva, tanto la materialidad del hecho como la participación responsable del imputado.
Que en el caso, no existe prueba directa que acredite que su asistido haya sido quien rompió el cristal del local comercial “Estilo Urbano”, ni que haya desplegado materialmente la conducta de fuerza atribuida, ni que haya ejercido dominio efectivo sobre la prenda presuntamente sustraída. Que no se cuenta con testigo presencial que lo observe ejecutando la ruptura, no se secuestró elemento alguno en su poder que permita vincularlo inequívocamente con el desapoderamiento, ni se incorporó pericia técnica que lo sitúe como autor material del daño.
Que la resolución construye la autoría sobre la base de indicios aislados: la presencia en inmediaciones del lugar y registros fílmicos cuya descripción resulta genérica y carente de respaldo técnico específico, no identificando persona alguna y menos al Sr. A. M. S.. Que no se incorporó informe pericial de reconocimiento facial ni estudio técnico comparativo que permita afirmar identidad indubitable entre la persona registrada en las cámaras y su defendido. Tampoco se practicó análisis científico que vincule de manera objetiva las manchas hemáticas con el interior del local o con restos de vidrio específicos del ventanal dañado. Que la inferencia realizada por el A quo no supera el plano de la probabilidad abstracta.
Que la mera coincidencia en la vestimenta descripta o la presencia en cercanías del lugar del hecho no constituyen, por sí solas, prueba suficiente de autoría. Que la proximidad espacial no equivale a participación delictiva. Sostener lo contrario implicaría invertir indebidamente la carga probatoria y afectar el principio de inocencia consagrado constitucionalmente.
Que la valoración efectuada por el magistrado transforma una secuencia circunstancial en una conclusión incriminante acabada, sin que exista prueba objetiva que descarte hipótesis alternativas compatibles con la inocencia.
Que al no verificarse que su defendido participó en el hecho, el procesamiento dictado vulnera el principio de inocencia, el debido proceso legal y el deber de motivación suficiente de las resoluciones judiciales.
2. Se agravia respecto de la afirmación de consumación del delito de robo efectuada en la resolución recurrida, por cuanto entiende que la misma carece de sustento jurídico suficiente en relación con el elemento estructural del tipo penal; el efectivo desapoderamiento con consolidación del poder de disposición sobre la cosa. Que tal como surge de la doctrina mayoritaria y aun de la propia cita incorporada por el magistrado, el delito de robo se consuma únicamente cuando el autor logra sustituir el poder de hecho del titular por el suyo propio, consolidando un dominio efectivo que le permita disponer materialmente de la cosa, aunque sea por breve lapso. Que no basta la mera aprehensión física momentánea ni el simple contacto con el objeto si ello no se traduce en una real y autónoma posibilidad de disposición.
Que en el caso concreto, no se encuentra acreditado que su asistido haya alcanzado tal grado de dominio. Que de las constancias de autos surge que el procedimiento policial fue prácticamente inmediato y que la aprehensión se produjo en inmediaciones del local comercial. Que no se ha demostrado que el imputado haya logrado retirar definitivamente el bien del ámbito de custodia del damnificado ni que haya alcanzado una situación de disponibilidad autónoma que le permitiera ejercer actos propios de disposición material sobre la prenda presuntamente sustraída.
Que la doctrina penal es clara al diferenciar entre una tenencia fugaz o transitoria y el efectivo desapoderamiento consumativo. Que sólo cuando el autor logra quebrar de manera efectiva el ámbito de custodia y consolidar su poder sobre la cosa puede hablarse de consumación. Si la intervención policial o de terceros impide esa consolidación de dominio y el bien permanece dentro del radio inmediato de vigilancia o recuperación, el iter criminis no ha superado el estadio de tentativa. Que en el caso, la resolución no desarrolla un análisis concreto sobre el momento consumativo ni explica de qué modo se habría consolidado el poder de disposición. Que se limita a afirmar la consumación como conclusión automática derivada del supuesto retiro de la prenda, sin ponderar si existió verdadera ruptura del ámbito de custodia ni dominio efectivo consolidado.
Que aún cuando se admitiera hipotéticamente la intervención de su asistido, lo cierto es que la secuencia fáctica descripta revela una interrupción prácticamente inmediata, sin que se haya acreditado una situación de autonomía dominial suficiente para tener por configurado el desapoderamiento consumado. Que en tales condiciones, el encuadre jurídico no podría exceder, el ámbito de la tentativa prevista en los arts. 42 y 164 del Código Penal.
Que la afirmación de consumación efectuada en la resolución recurrida importa una agravación injustificada de la situación procesal de su asistido, en contradicción con el principio de legalidad.
3. La resolución ordena trabar embargo sobre los bienes de su asistido por la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000). Que este monto, resulta excesivo y carece de la debida fundamentación que exige el Art. 499 del C.P.P.S.C. y la doctrina y jurisprudencia aplicable en la Provincia de Santa Cruz y a nivel nacional.Que el art. 499 del C.P.P.S.C. establece que el embargo tiene por objeto garantizar el pago de costas y eventual indemnización civil. Sin embargo, la fijación del monto debe estar debidamente fundada en elementos objetivos del sumario.
Que en el caso, la resolución no detalla cálculo alguno que permita comprender cómo se arriba a dicha suma. No se realiza estimación concreta de costas ni proyección razonable de eventual responsabilidad civil. Que la fijación de un monto sin fundamentación específica vulnera el principio de proporcionalidad y el derecho de propiedad de mi asistido, configurando una medida cautelar carente de debida motivación.
III.-Establecido ello corresponde ingresar al análisis de las resoluciones apeladas en función de los agravios de los recurrentes.
A) Por una cuestión metodológica analizaré en primer término el recurso de apelación interpuesto contra la resolución obrante a fs. 214/219, la que resulta primera en el tiempo.
Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal. Es así que apreciada la prueba reunida a la luz de las reglas de la lógica y la experiencia común, resulta fácilmente determinable que el imputado resultó el autor del hecho investigado.
Con el acta de inspección ocular (fs.176/177) se constata en el local comercial "Estilo Urbano" rotura del cristal de la vidriera, presencia de rastros hemáticos, y la existencia en la vía pública de un maniquí vestido solo con un pantalón corto, alegando el dueño del local en su declaración (fs.180/vta) que el elemento sustraído resultó ser la remera celeste que vestía dicho maniquí. Más allá de que no obran en autos los registros fílmicos, sin perjuicio de que el Sr. Z. a fs. 180 vta., expresó que los remitió el celular de la dependencia policial, cabe destacar que surge del informe de novedad de fs. 174 que el imputado fue hallado sentado en la vereda lindante al local comercial siniestrado, con heridas cortantes en sus manos y rastros de sangre (conf. certificado de fs. 179), rastros sanguíneos que también poseía el cristal roto de la vidriera.
Con lo cual no cabe otra conclusión que quien produjo la rotura del vidrio fue esa persona. Esa es la explicación lógica y racional de lo sucedido, aplicando las máximas de la experiencia. Sobre el tema, en los autos caratulados: “O. J. S./ Denuncia Hurto” Expte. Nº 82.747/24, N° de Juzgado de Recursos 7420/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "Es así que la materialidad histórica de los hechos se encuentra acreditada no solo con el testimonio del Sr. O. J. S. (fs. 25 y vta., 63/65) sino con lo que surge de las imágenes de las cámaras de seguridad del colegio en el que los mismos sucedieron, conforme lo informado por la División de Investigaciones de Caleta Olivia, sobre de la extracción de las imágenes, obrante a fs. 2/8.
En lo referente a la identidad del autor, existe prueba suficiente en esta etapa, que permite afirmar que el imputado L. A. P. resulta el autor de los hechos investigados. La pericia scopométrica obrante a fs. 74/82 es elocuente en ese sentido. Allí puede observarse con claridad, de las imágenes que fueron extraídas de las cámaras de seguridad del lugar, los diversos tatuajes de gran tamaño que el autor posee en el extremo inferior de sus piernas, los que, confrontados con los existentes en igual partes del cuerpo de L. A. P., resultan idénticos. Así como también algunos aspectos del rostro tales como una marca o lunar en el pómulo y la barbilla que guardan concordancia entre sí. La queja de la defensa en relación a la pericia de la Lic.
Calgaro resulta inconsistente y contradictoria. Por un lado la defensa expresa que de los términos utilizados por la perito puede afirmarse que las cicatrices, tatuajes y características morfológicas y cromáticas o semejantes hacen única a la persona, o al menos con muy poca probabilidad de ser encontradas en otro sujeto de las mismas características; lo que lleva a la defensa a concluir que esas posibilidades existen y no se descarta que sea otra persona de género masculino con características similares. Luego reconoce que la prueba en cuestión es una prueba científica que goza de alto poder de fiabilidad. Sin embargo le resta eficacia probatoria contrastándola solo con el descargo del imputado realizado en la indagatoria.
Tal como lo afirma la defensa, la prueba pericial resulta una prueba científica que posee un alto valor probatorio. Y en el caso de autos, no existe ningún elemento que permita restarle dicha eficacia, pues no hay prueba alguna que la contradiga. El descargo del imputado se desvanece frente a la contundencia de lo que surge de la prueba pericial referida. En síntesis, el A quo valora los dichos del imputado, lo que sucede es que concluye que los mismos no pueden ser sostenidos como coartada, pues toda la información que surge de la prueba realizada en autos, lo lleva, crítica racional mediante, a concluir que la teoría del caso de la defensa no puede, seriamente, ser sostenida. Valorar es una cuestión distinta a lo pretendido por la defensa, que, al cuestionar al Juez, lo hace porque éste no acepta su teoría del caso, bajo el ropaje que valoró de manera incorrecta los hechos, porque reitero, no aceptó, a pié juntillas, lo dicho por su asistido.
Debe aceptar la defensa que una cuestión es valorar la información producida por la prueba de manera integral y contrastarla con las proposiciones fácticas a fin de establecer si las mismas pueden acreditarse, y otra es concluir de la manera en que pretende el imputado. Para concluir como la defensa y el imputado pretende, debe haber información que respalde su teoría del caso, de lo contrario, despejada la duda razonable como en este caso, la conclusión será contraria a dicha pretensión. La teoría del caso de la defensa se basa, al pretender el cambio de calificación a encubrimiento, en negar, por esa misma circunstancia, que los hechos fueran cometidos por su asistido. No es un cambio menor, pues de una figura a otra, lo que en realidad existe es un cambio de conductas materiales, pues el hecho antecedente, por propia naturaleza, siempre es ajeno al consecuente para hablar de encubrimiento, donde las conductas son de otro tenor y las mismas presuponen una ausencia de intervención en el primer hecho.
(Conf. Art. 277 del C.P. “…el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado…”) A rigor de verdad, cuando refiero a la teoría del caso de la defensa, en este caso comprendo lo expresado por la defensa técnica como así lo manifestado por el imputado al ejercer su defensa material. Y la información agregada en la causa, por la prueba sustanciada, la que no está demás señalar, ha sido incorporada al proceso de manera regular, indica directamente, la presencia del imputado en el lugar del hecho ingresando en las dos ocasiones que le fueran imputadas. El requisito típico del encubrimiento es que, para que éste sea considerado procedente, la autoría del encubridor lo sea en un delito que ha sido cometido por otra persona y en el caso, al establecimiento educativo ingresó una misma persona, en soledad, en dos ocasiones y esa persona es el acusado.
Este fue el que sustrajo, en ambos ingresos, los elementos descriptos y detallados en las proposiciones fácticas que le fueran descriptas en el acto su defensa, léase su declaración indagatoria. El relato que ensaya como coartada y que trata de sostener su teoría del caso, allende la recomendación que se realizará oportunamente, no alcanza a desvirtuar la evidencia empírica y material que obra en la causa, sobre todo el análisis comparativo de imágenes y del presunto autor (pericia scopométrica) la que es de difícil refutación como señalé, pues a ella se le suma el momento y las condiciones del imputado al momento de su aprehensión, sumado a los secuestros de prendas de vestir realizados en el allanamiento de su residencia.
La pericia scopométrica cuestionada, en su resultado, tiene un grado de certeza similar a los establecidos en los estudios genéticos, conocidos como análisis de ADN. También hay que señalar que no es la única información que ha ingresado al proceso, pues en este sentido, la misma debe valorarse con el resto de la evidencia agregada en autos. Respecto de la crítica a la calificante “ESCALAMIENTO”, y su falta de descripción, corresponde señalar que, en este caso, frente a la existencia de un muro conformado en su mitad con pared y la restante con una reja, de casi dos metros de altura (1,80 mts. específicamente), es difícil imaginar otra modalidad de franquear el mismo, al menos con la información agregada en autos, que no haya sido el escalamiento (saltar, trepar, escalar, etc.), es decir el “trasvasar” el muro por su parte superior, pues no hubo rastros o evidencia de una efracción del mismo.
Ello, además, pues se trata en ambos hechos de la intervención de una sola persona, por lo que, reitero, la información agregada en autos y analizada según la sana crítica racional y las “máximas de experiencia” (Léase “Si el juez debe formar su juicio “de conformidad con las reglas de la sana crítica” entre las cuales se encuentran las “máximas de experiencia”, es decir de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano” -Conf. Palacio- Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t.8, p. 140°), hacen concluir en la mecánica de ingreso imputada en la declaración indagatoria, es decir: "...saltó el cerco perimetral..." , es correcta y se encuentra acreditada en autos con un grado de probabilidad positiva, más que suficiente.
No existen dudas sobre la modalidad del ingreso del imputado al predio, como señalé, en el que se encuentra el edificio de la escuela CODEDCO, dentro del cual fueron sustraídas las computadoras en las dos oportunidades en que lo hizo. Del acta de inspección ocular 26/29 surge que el terreno se encuentra rodeado de un cerco perimetral compuesto de bloques en su parte inferior y rejas en su parte superior, con una puerta de metal y rejas que se hallaba cerrada y con la alarma activada. Como la puerta de acceso no se encontraba forzada, necesariamente el imputado tuvo que saltar el cerco para poder ingresar, y no habiéndose constatado la presencia de escalera o similar, ni forzamiento alguno del cerco o puerta de ingreso, puede sostenerse que L.
A. P. ingresó con su propio cuerpo, tal como le fue imputado al describírseles los hechos en la indagatoria. Allí se le imputa haber saltado el cerco, y esa acción no se realiza sino con un movimiento coordinado de los miembros inferiores y superiores. Con lo cual el agravio de la defensa en este sentido se aprecia endeble. Respecto de la calificante del inciso 4º del art. 163 (escalamiento) se ha entendido que: "...la sanción se ve agravada como reflejo del mayor esfuerzo que realiza el sujeto activo para vencer los obstáculos o defensas que se oponen al apoderamiento, aquí ingresando o escapando por una vía no destinada al efecto. Si bien la doctrina ha calificado a estas defensas como predispuestas, ello no significa ineludiblemente que el legítimo tenedor las haya concebido como protección; alcanza con que actúen como defensa de la cosa, dificultando su apoderamiento, sin importar cómo estén construidas.
Así una verja colocada con una principal finalidad estética o un seto colocado con la finalidad de otorgar privacidad a un predio, pueden perfectamente desempeñar aquella otra función. No tienen el carácter de defensas predispuestas los obstáculos que permiten el paso a través de ellos o que pueden salvarse con un salto sin esfuerzo, ni aquellos cuya función defensiva ha perdido efectividad, toda vez que el escalamiento no resulta necesario para perpetrar el hurto...". (Conf. CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN COMENTADO Y ANOTADO DIRECTOR D´ALESSIO COORDINADOR DIVITO, LA LEY TOMO II, PÁGS. 583, 584, ss. y cc.) Además, la jurisprudencia en un caso similar ha señalado que: “…el local comercial se encontraba tapiado y que el imputado debió escalar aproximadamente dos metros para ingresar.
Las dos sillas y las dos mesas retiradas se encontraban así a debido resguardo de terceros, lo cual resulta razonable si se considera que, de acuerdo a lo informado por el perito en la causa, tienen un valor aproximado de $ 25.000” (Conf. CCC 25435/2022 - “Meza, E. R. s/ procesamiento” – CNCRIM Y CORREC – SALA IV - 21/06/2022, elDial.com - AACE19) Además de ello, la crítica confronta con la propia teoría del caso de la defensa, pues la misma parte del supuesto de que el hecho lo cometió otra persona. Sobre este piso de marcha, no se explica como la defensa sosteniendo que su defendido solo se limitó a recibir los objetos sustraídos por otra persona, puede afirmar que el supuesto autor de ambos hechos ingreso sin escalar dicho muro.
Sin perjuicio de entender que la defensa puede argumentar lo que entienda conveniente a los fines de asistir eficazmente a su defendido, las contradicciones en la teoría del caso no pueden dejar de ser señaladas. Reitero, para que sea plausible la intervención del imputado como autor del delito de encubrimiento, la defensa acepta, expresamente, que hubo antes la comisión de un delito y teniendo en cuenta el lugar del hecho, no puede sostenerse otra imputación, respecto a los delitos antecedentes y conforme la información agregada en la causa, que no sea la adoptada por el A quo. Sin perjuicio de ello, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 287 del C.P.P. y a fin de garantizar al máximo el derecho de defensa del imputado, se recomienda la citación a prestar declaración testimonial del Sr.
J. E. B., a quien hace referencia L. A. P. en su defensa material. Ello así, pues allende la inconsistencia de la teoría del caso de la defensa, ésta tiene derecho a intentar acreditarla con la información que puedan aportar los distintos medios probatorios que puede requerir al órgano jurisdiccional u ordenar éste de oficio, cuando lo entienda pertinente y relevante, al planteo del caso defensista. La circunstancia de que no se hayan encontrado todas las computadoras sustraídas (recordemos que solo una estaba en poder del imputado al ser aprehendido-fs. 13/17-), no impide que se tenga por acreditada la sustracción, ya que el primero de los hechos había ocurrido algunos días atrás, y el último el día anterior, con lo cual tuvo el imputado tiempo más que suficiente para obtener un producto por las mismas o ponerlas a buen resguardo, es decir, contó con la disponibilidad de los objetos, por lo que ambas conductas han sido consumadas.
Así las cosas, debo ingresar al análisis de la subsunción jurídica de los hechos que ha efectuado el A quo. En principio, a tenor de todo lo expuesto en los párrafos anteriores respecto a la acreditación de la autoría, corresponde rechazar la pretensión de la defensa de que se modifique la imputación por la de ENCUBRIMIENTO del art. 277 del C.P..- Cabe señalar que en relación al primer hecho imputado, la subsunción jurídica efectuada por el A quo se estima correcta. Existió un ingreso al predio del lugar por medio de escalamiento, y luego a través del forzamiento de una ventana, L. A. P. logró entrar a una de las aulas del colegio, lo que le permitió llevarse una parte de las computadoras sustraídas.
No cabe duda que la acción imputada como primer hecho encuadra en la figura penal de ROBO AGRAVADO POR ESCALAMIENTO (Art. 167 inc. 4 y por su conducto, art. 163 inc. 4 del C.P.).- Ahora bien, si analizamos detalladamente las constancias de autos y las proposiciones fácticas que describen la imputación al Sr. L. A. P. en su declaración indagatoria como Hecho 2, debemos concluir que el segundo hecho no se trata de un ROBO sino de un HURTO CON ESCALAMIENTO (Art. 163 inc. 4 C.P.) Afirmo ello en razón que, y si bien para ingresar al predio hubo de saltar el cerco en ambas ocasiones, para entrar en el edificio en esta ocasión, no aplicó fuerza en las cosas ni violencia en las personas, requisitos típicos objetivos que requiere el tipo básico de ROBO previsto en el art. 164 del C.P, habiendo utilizado, a tal fin, la ventana que había quedado abierta por haberla forzado en su primer ingreso, y así es como se lo intiman al describirle las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para que el acusado pueda defenderse.
Por lo cual, corresponde modificar solo la calificación legal escogida por el A quo, de ROBO AGRAVADO POR ESCALAMIENTO REITERADO EN UNA OPORTUNIDAD (Art. 167 inc. 4, y 45 C.P.), por la de ROBO AGRAVADO POR ESCALAMIENTO EN CONCURSO REAL CON HURTO AGRAVADO POR ESCA LAMIENTO (Art. 167 inc 4, 163 inc. 4, 55 y 45 del C.P.)"
Por otra parte, surge asimismo de autos, que el dueño del local comercial afectado manifestó haber observado en una filmación de una de las cámaras de seguridad de su local (la que apunta a la puerta de ingreso ya que las otras no filmaron en el horario del hecho), a una persona robusta, morocha, grandota, llevándose la chomba, y que esa persona vestía remera de color bordó y bermudas gris oscuro, surgiendo del acta de aprehensión de fs.175 vta. que el imputado al momento de ser aprehendido vestía remera mangas cortas color bordó y pantalón corto negro y gris., siendo además sus características morfológicas coincidentes con lo descripto. Circunstancia esta que avala el razonamiento anterior. Dijo el testigo a fs. 180/vta que esa filmación la remitió al celular de servicio de la comisaria, por lo que deberá procurarse su incorporación. En lo que respecta a la pretensión de la defensa de que el delito quede en grado de conato, no es posible acogerla favorablemente, pues surge de autos que desde el momento del hecho hasta el arribo del personal policial, el imputado tuvo tiempo más que suficiente y la posibilidad de disponer del objeto sustraído, sin que nadie estuviere en condiciones de impedírselo. Es más, el objeto robado no fue habido.
En los autos caratulados “Q. G. S/ Hurto” Expte. Nº Q-32420/21, N° de Recursos 6470/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "Sobre el particular, y en lo que existe acuerdo dogmático y jurisprudencial, se ha sostenido que: "Una acción es punible no solamente cuando concurren todas las circunstancias que conforman el tipo objetivo y el subjetivo (consumación), sino también -en ciertos casos- cuando falta alguno de los elementos requeridos por el tipo objetivo (Tentativa). Se sostiene que la tentativa constituye un delito incompleto, más no por la ausencia de sus requisitos típicos estructurales, sino porque éstos no se han podido realizar en el tiempo. En consecuencia se afirma que el art. 42 del C.P. establece un dispositivo amplificador de la tipicidad, mediante el cual se capta la acción desde el momento en que el agente comienza su ejecución...."
(CONFORME CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN COMENTADO Y ANOTADO DIRECTOR D´ALESSIO COORDINADOR DIVITO, LA LEY TOMO I, PÁGS.
685).- En palabras del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, en la obra "Estructura Básica del Derecho Penal" pág. 150 Ed. EDIAR, "El iter críminis: Desde que surge la idea criminal hasta que se agota el resultado hay un camino o iter críminis, que abarca concepción, decisión, preparación, comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, producción del resultado y agotamiento de éste. La tipicidad ampliada temporalmente por tentativa extiende la prohibición a los actos que van desde el comienzo de ejecución (art. 42 del C.P.) hasta el momento inmediatamente anterior a la consumación (que es cuando se completa objetiva y subjetivamente la tipicidad dolosa)." Además se ha señalado que: "...se denomina tentativa acabada (aquella en que el agente realiza toda la acción ejecutiva sin que sea necesaria luego una posterior intervención suya para consumar el resultado, p. ej. instala un aparato explosivo y lo programa para que detone al cabo de unas horas, lo que por alguna razón no acontece) de una tentativa inacabada (aquella en que el autor interrumpe la realización de la acción ejecutiva, p. ej. comienza a acuchillar a su víctima pero, por alguna circunstancia, deja de hacerlo..."
(CONFORME CODIGO PENAL DE LA NACION COMENTADO Y ANOTADO DIRECTOR D´ALESSIO COORDINADOR DIVITO, LA LEY TOMO I, PÁGS.
710).- Como puede observarse y partiendo de los conceptos señalados, habrá que determinar en cada caso en particular, si la conducta fue consumada, o si por el contrario, quedó en grado de tentativa.
Respecto al delito de hurto, y su agravante, el robo, ambos en todas sus formas, simples y calificacadas, la discusión se centra en establecer cuando se produce el apoderamiento. Sobre este piso, existen distintas teorías, pero entiendo que la que mejor soluciona un innumerable número de casos es la teoría de la disponibilidad. En sentido la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, en fallo del 31/10/2008, "in re" "G. W. M. y otro s/recurso de casación" La Ley 2009-A-586, La Ley Online, publicado en Tratado Jurisprudencial y doctrinario Derecho Penal Parte Especial T. I, pág. 414, Ed. La Ley, Director Miguel Angel Almeyra, sostuvo que: "...El verbo típico "apoderarse", utilizado por el legislador para describir la acción constitutiva del delito de robo, exige el efectivo apoderamiento por parte del sujeto activo, es decir, la consolidación de un poder efectivo sobre la cosa y la posibilidad de realizar sobre ella actos de disposición, aunque sea por un escaso período de tiempo y aún cuando luego la pierda".
Se ha señalado además, en sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del 21/05/2003, in re "N.,R. s/ Tentativa hurto calificado", P 69958 S, con voto de los Jueces Roncoroni-Negri-de Lázzari-Salas- Pettigiani, www.jusbuenosaires.gov.ar, Penal; 69958 RC J 11807/00, que "Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el señor Fiscal de Cámaras denuncia la incorrecta aplicación del art. 42 del Código Penal pues de los términos en que quedó acreditada la materialidad ilícita resulta que medió el apoderamiento exigido por el art. 167 -inc. 2º- (remisión mediante al art. 164) del Código Penal, desde que el poder de disposición de las cosas en que aquél consiste pasó al imputado.
Frente a tal consumación deviene irrelevante lo ocurrido -detención y secuestro- momentos después". El mismo Tribunal sentenció en el orden de ideas que vengo exponiendo, que: “A todo evento, lo resuelto por el tribunal de mérito coincide con lo sostenido reiteradamente por esta Corte en cuanto a que hay delito consumado si el imputado tuvo la posibilidad de disponer de los objetos sustraídos sin que ello pudiera ser impedido por las víctimas o terceros. Pues si ese poder de disponer de la cosa ha pasado al procesado, aunque sea por un breve momento, sin que nadie estuviera en condiciones de impedirlo, el hecho está consumado aun cuando transcurrido ese momento se haya concretado su detención o el secuestro del objeto desapoderado”.
(SCJBA, 27-2-2008, “G.,J.L. s/ Robo calificado”, P.73.317 S. Jueces : Hitters, Negri, Genoud, Kogan, WenRubinzal ppypenal48.4rl20). En este sentido, y conforme el andamiaje dogmático y jurisprudencial, analizado el caso de marras, podemos establecer que el Sr. Q., luego de sustraer la bomba, hubo de tenerla consigo por un lapso de tiempo, más que suficiente, para poder disponer de la misma, pues debe tenerse en cuenta que el personal policial sale en una dirección y al no encontrarlo comienza a abrir el radio de búsqueda, siendo claro el croquis ilustrativo en señalar el lugar de aprehensión, que se encuentra distante del lugar del hecho. Es decir que, luego del desapoderamiento de la cosa a la víctima, el imputado tuvo, al menos por un corto un lapso de tiempo, la posibilidad de disposición del objeto sustraído, sin que nadie estuviera en condiciones de impedírselo, con lo cual el hurto fue, en este caso, consumado.".-
En función de estas pautas interpretativas, es claro que en el caso de autos, por aplicación de la teoría de la disponibilidad reseñada, el robo fue consumado. En lo referente al embargo, en los autos caratulados “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS:
VELAZQUEZ ADRIÁN ALEJANDRO S/ ROBO
CALIFICADO” Expte. I-55811/22, N° de Recursos 6803/22, procedentes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nro. 1 de Pico Truncado, sostuve que: "...En lo referente al embargo impuesto por el a quo, juzgo que la suma fijada se encuentra acorde a los parámetros establecidos por el art. 499 del C.P.P. Débese tener en cuenta que: “...Las llamadas medidas coercitivas dentro del proceso penal pueden subdividirse por su naturaleza en medidas coercitivas de carácter patrimonial y real. Básicamente, estas últimas se refieren a mandatos que se dirigen contra los bienes muebles o inmuebles a fin de asegurar, obtener o limitar el patrimonio del encausado con el objeto de garantizar la reparación civil, la pena pecuniaria y el pago de las costas...
La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma… pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas...” (Conf. CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION, Comentado y Anotado, MIGUEL ANGEL ALMEYRA, TOMO II, Ed. La Ley, año 2077, páginas 428/430) Analizados los hechos investigados, puede afirmarse que el monto del embargo establecido por el A quo para nada resulta elevado, teniendo en consideración las pautas que deben seguirse para su determinación, mencionadas supra. La defensa argumenta que las víctimas no sufrieron daño alguno, y que los celulares fueron recuperados.
Sin embargo, esta circunstancia no resulta óbice para que puedan ejercer la acción civil derivada del delito (art. 80 y ss. del C.P.P.), pues el daño resarcible económicamente producto del hecho delictivo si bien suele ser material, no es exclusivo y excluyente. A ello debe adunarse el valor de las costas causídicas, lo que me lleva a concluir que el monto fijado por el Juez de Instrucción no es elevado como lo plantea el defensor, y debe ser confirmado...".- Y en los autos autos caratulados: “V. L. A. S/ Tentativa de Hurto” Expte. Nº 83870/24, N° de Juzgado de Recursos 7653/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "En cuanto a la nulidad del embargo, considero que el mismo resulta ajustado a derecho y que sin perjuicio de que no se especificaron las razones o fundamentos de su imposición, en los considerandos, fueron enunciados de manera pormenorizada en la parte resolutiva, no observando de los agravios del recurrente vicios que causen un gravemente irreparable o que solo pudieran ser saneados con una declaración de nulidad, que por su naturaleza es de carácter restrictivo.
En este sentido, el establecimiento de un monto dinerario como embargo, debe realizarse teniendo en cuenta las características de los hechos y el grado de intervención “lato sensu” en los mismos, como así las consecuencias del delito, lo que surge claro de la motivación del auto que establece la decisión jurisdiccional de existencia de mérito. Es decir que el monto y su valoración no surgen de manera arbitraria, sino y por el contrario, son una consecuencia directa de la motivación del auto en la cual se establece el procesamiento de una persona. Es a la luz de las características del delito por el cual se la procesa es que surge el monto de embargo, no requiriendo otra motivación que la del propio auto de mérito, el establecimiento de la suma dineraria y es a la luz de ello, que las partes pueden agraviarse y la resolución puede ser revisada y valorada, no requiriéndose un acápite especial, pues la única manera de motivar la suma sería nuevamente repetir la motivación del auto de procesamiento.
Para ser claro, el monto del embargo debe ser una suma de dinero razonable a la luz del hecho por el cual se procesa a una persona. Este razonamiento es el que surge, claramente, del art. 499 del CPP.". Finalmente,en los autos caratulados:
“INCIDENTE DE APELACION: DIVISIÓN COMISARIA
TERCERA S/ ABUSO DE ARMA” Expte. Nº 89650/26, N° de Juzgado de Recursos 8569/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: “Por otra parte, el la obra "Código Procesal Penal de la Nación, Comentado y Anotado" Tomo III, Director Miguel Angel Almeyra, Coordinador Baez, Ed. La Ley, año 2007, página 430, puede leerse: "La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma. Asimismo, cabe agregar que el "quantum" del embargo discernido debe tender a asegurar la ejecución de la eventual pena pecuniaria, derivada del delito y las costas del proceso...; pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas." Bajo estos lineamientos, corresponde señalar entonces que la capacidad económica del imputado no debe incidir, como regla, en la determinación del monto del embargo dispuesto con el auto de procesamiento. El monto debe establecerse en función de la eventual pena pecuniaria, la eventual indemnización civil estimada y las costas, de conformidad con lo establecido en el art. 499 del C.P.P. La falta de patrimonio o los bajos ingresos del imputado pueden influir en la forma de ejecución de la medida -por ejemplo, en la constatación de que el embargo resulta insuficiente y en la eventual aplicación de una inhibición-, pero no justifican por sí solos reducir el monto necesario para garantizar las consecuencias económicas del proceso. La reducción será procedente cuando se acredite que la suma es ajena a los rubros legales, o resulta manifiestamente irrazonable y desproporcionada. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, que el a quo ha fundado la medida en el acápite IX de los considerandos de la resolución apelada, y que el daño resarcible no implica únicamente el daño material causado por el hecho, sino que debe considerarse el impacto general que el suceso ocasiona a las víctimas, atento las características del atribuido al imputado G., encuentro la suma establecida por el a quo ajustadas a las pautas de la normativa legal, y por ende razonable.”
Bajo estos lineamientos, se aprecia que la suma fijada por el A quo en concepto de embargo resulta razonable en función del hecho por el que se ha procesado al imputado, y los daños resarcibles que el mismo ha ocasionado con su conducta típica.
B) Es turno ahora de dar tratamiento al recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de fs. 59/67 que ordena el procesamiento con prisión preventiva de A. M. S. en orden al delito de Daño (art. 183 y 45 C.P.) En esa tarea, analizada la información que aporta la prueba colectada, apreciada a la luz de las reglas de la sana crítica racional, y valorada de manera global e integral, debo concluir que la misma es suficiente para tener por acreditado, con el grado de probabilidad positiva que exige esta etapa procesal, tanto la materialidad de los hechos investigados, como la autoría del imputado. En el caso, resultan aplicables iguales consideraciones que las referidas en el acápite anterior en cuanto a la valoración de los hechos y su prueba, y la aplicación de las máximas de la experiencia.
La situación es similar a la anterior. La autoridad policial es anoticiada en horas de la madrugada de la rotura de una vidriera de un local comercial en la DIRECCION, y constituida en el lugar, al efectuar un rastrillaje, encuentra al ciudadano A. M. S. en las inmediaciones, el que presentaba lesiones cortantes y restos de sangre, con lo cual caben las mismas consideraciones que las efectuadas en el apartado A) en relación a un razonamiento lógico respecto de la autoría por aplicación de las máximas de la experiencias. En resumen, alguien rompe el cristal de una vidriera, dejando rastros hemáticos, lo que indica que los vidrios lastimaron al autor. Minutos más tarde, siendo la madrugada, lo que implica la muy escasa circulación de gente en la ciudad, la policía encuentra cerca del lugar al imputado quien presentaba heridas en su mano y sangre desproporcionada en sus prendas de vestir. Es lógico y razonable inferir que ese sujeto fue quien destruyó el vidrio del local comercial.
A ello debe sumarse que conforme surge del informe de la División de Investigaciones y los fotogramas de la videograbación aportada por la dueña del negocio, obrante a fs. 51/54, en las imágenes puede observarse al imputado desplegando la conducta atribuida.
De esa prueba también es posible descartar, atento la acción que describe, la ausencia de dolo en el autor alegada por el defensor.
No otra cosa puede decirse de una persona que se agacha, toma un elemento tipo cascote del suelo y lo arroja a la vidriera, repitiendo la acción, logrando en el segundo intento romper el vidrio.
En definitiva, A. M. S. obró sabiendo lo que hacía y queriendo destruir el cristal de la vidriera del negocio. Por otra parte, la sola invocación tanto por parte del encartado en su descargo, como de la defensa técnica en su recurso, de un estado de alcoholización en el imputado, no habilita a modificar el criterio sustentado, toda vez que no surge de la información recabada que A. M. S. se hubiere hallado bajo un estado de intoxicación alcohólica tal que le hubiere impedido comprender la criminalidad de los actos o dirigir sus acciones (art. 34 inc. 1 C.P.) A esta conclusión no obsta el certificado médico obrante a fs. 8 que indica aliento etílico y ebriedad, pues el documento no consigna más que esos datos sin ninguna otra circunstancia que haga presumir un estado de inconsciencia o semi inconsciencia. El médico, de haber observado una situación de esa naturaleza la habría hecho constar en su certificación.
Por otra parte, el oficial policial Marcelo Javier P., que aprehendió al encartado, sostuvo que A. M. S. aparentaba encontrarse en estado de ebriedad por su aliento etílico, más no describió ninguna circunstancia que hiciera suponer un estado de inconsciencia o semi inconsciencia (fs. 10/vta.).
En igual sentido se expresó su compañero B. I. M. (fs.11/vta). Es decir, tal como lo indica el a quo, la conducta de A. M. S. durante el hecho y en forma posterior no se evidencia un estado de desconexión con la realidad, que permita presumir la supresión de su capacidad cognitiva y volitiva.
En lo que refiere al agravio relativo a la prisión preventiva, cabe recordar que, como corolario del principio de inocencia, se encuentra el derecho del imputado de transitar el proceso en libertad (art. 18 C.N., art. 24 Constitución Provincial, art. 7 CADH). Este derecho puede verse restringido en los supuestos en que la libertad del imputado pueda tornar ilusorios los fines del proceso penal, en cuyo caso la ley autoriza a disponer la detención cautelar del imputado para neutralizar peligros procesales que conspiran contra dichos fines, como son el peligro de fuga y el de entorpecimiento de la investigación. Bajo este horizonte normativo, considero que corresponde confirmar la detención cautelar ordenada por el Sr. Juez de Instrucción, pues surge en forma evidente la existencia de peligro de entorpecimiento de la investigación, en razón de que el imputado resulta una persona con nula constricción a las normas, prueba de lo cual es la cantidad de procesos en los que se encuentra involucrado, en los que ha sido excarcelado, que han sido acumulados a los presentes.
Nótese que la última excarcelación le fue concedida el día 21 de julio del corriente, incumpliendo las reglas de conducta impuestas apenas al segundo día de haber obtenido la libertad.
Su actitud pone en evidencia que no cumplirá cualquier medida menos gravosa o regla de conducta que pueda imponérsele, circunstancia que merece ser evaluada.
Por otra parte, cabe señalar que A. M. S., además del procesamiento en orden al delito de daños en la causa en la que se le dictó la prisión preventiva, registra en las causas acumuladas otros procesamientos a saber: a) en el expediente 87.882/25 fue procesado en orden al delito de robo simple en calidad de autor (art. 164 y 45 C.P.), resolución que se encuentra firme; b) en el expediente 88.690/25 fue procesado en orden al delito de robo simple en calidad de autor (art. 164 y 45 C.P.), resolución que se confirma por la presente; c) y en el Expte. 89.628/25 fue procesado en orden al delito robo simple en grado de tentativa en calidad de autor (art. 164, 42 y 45 C.P.), resolución que adquirió firmeza.
Es así que considerando la pena que puede serle aplicada, en caso de una eventual condena, aplicando las reglas del concurso (art. 55 C.P.), surge que es altamente probable que la misma sea de cumplimiento efectivo. El argumento de la defensa de que el imputado es el sustento económico de su hija, y que la detención de su padre la perjudica, desprovisto de todo otro análisis informativo y contextual, no puede ser sostenido. La consideración de situaciones económico-familiares de las partes en un proceso penal, si bien pueden y deben ser analizadas, y pueden argumentar a favor de una solución de los mismos, lo cierto es que su análisis debe ser confrontado con las características y modalidades de las conductas desplegadas.
Es a partir de este confronte, que puede analizarse un argumento socioeconómico, señalando que, claramente, el imputado, sabia el riesgo que implica para su hija, que el mismo realice actos violatorios de normas penales y, en el caso, de manera reiterada.
En lo referente a las cuestiones de salud del imputado aludidas por la defensa, las mismas han sido tenidas en consideración por el Sr. Juez de Instrucción en la resolución dictada en el incidente de excarcelación que obra agregado por cuerda, quien ha dispuesto órdenes a la autoridad del lugar de detención a fin de que se brinde al Sr. A. M. S. la correspondiente atención médica, en resguardo de su derecho a la salud.
Por todo lo expuesto, entiendo que la detención cautelar de A. M. S., amerita ser confirmada.
Por último, al agravio sobre el embargo y su suma, caben las mismas consideraciones que las efectuadas en el apartado A) sobre el embargo dictado en aquella resolución, las que doy por reproducidas en el presente en honor a la brevedad.
En virtud de lo allí expuesto, se aprecia que la suma fijada por el A quo en concepto de embargo resulta razonable en función del hecho por el que se ha procesado al imputado, y los daños resarcibles que el mismo ha ocasionado con su conducta típica.
Finalmente. debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-CONFIRMAR las resoluciones de fs. 59/67 y 214/219 en todo cuanto fuera materia de apelación. II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia.- Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia