Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.23 12:27:48-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C=AR, CN=GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este TOMO CLXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- documento Fecha: 2026.06.23 12:27:59-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 REGISTRO Nº 10.087 FOLIO Nº 053/055 PROT. ELECT. JR101 234I.261 Río Gallegos, 23 de junio de 2026.
La presente causa caratulada: “S.M.E. S/ DCIA.
QUEBRANTAMIENTO DE INHABILITACIÓN Y USO DE DOCUMENTO
FALSO” Expte. Nº S-18502/2025, Apelación Nº 10189/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 140/152 vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de A.C.T., en orden al delito de “quebrantamiento de inhabilitación y uso de documento falso adulterado, ambos en concurso real” (arts. 296 en función del art. 292 segundo párrafo, y art. 55 del Código Penal).
Que a fs. 157/158 vta., la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 167 sostuvo el recurso y, habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a continuación, trataremos los agravios expresados, en el orden propuesto por la defensa en su escrito de apelación.
I. Ausencia de elementos mínimos para fundamentar la decisión adoptada. Arbitrariedad en la búsqueda de elementos probatorios: inicialmente, el recurrente señala que la decisión apelada carece de los elementos mínimos e indicios necesarios, requeridos en esta etapa procesal para disponer el procesamiento.
Al mismo tiempo, considera injusto que se hubiera desvirtuado el principio de inocencia, invirtiéndolo en una presunción de culpabilidad.
En esa dirección, critica que el decisorio se apoye en escasa prueba, y se hubiera omitido la remisión de prueba documental por parte Y.C.R.T. -a su juicio- conducente para el esclarecimiento de los hechos.
Sostiene que, al no ponderar las declaraciones testimoniales de C.G.Q. y R.F.B., el resolutorio no realiza una adecuada valoración, todo lo cual, vulneraría el debido proceso.
Advierte ausencia de oficiosidad por parte del Juzgado de origen en la etapa instructora, pues señala que no se han arbitrado las medidas conducentes a la adecuada recolección de elementos de convicción que completen el plexo probatorio. Entiende que ello repercute directamente en la solidez de la resolución pues, a su criterio, carece de sustento fáctico y jurídico.
Refiere que no puede tenerse por acreditado el procedimiento administrativo transitado, únicamente con base exclusiva en la decisión emanada de la autoridad, cuando la misma se encuentra aún controvertida y, por ende, sujeta a eventuales modificaciones. Explica que las conclusiones alcanzadas en sede administrativa responden a un marco cognitivo diverso, propio de esa instancia, motivo por el cual, la prueba allí producida no podría trasladarse automáticamente al ámbito jurisdiccional. Que, siempre referido al ámbito probatorio, ofrece una disímil versión de los hechos en relación a la supuesta utilización y falsificación de documento público, y cuestiona que se hubiera rechazado librar el oficio al órgano administrativo competente en la gestión de la aplicación “Mi Argentina” para que brinde la información correspondiente a la utilización, habilitación e inhabilitación de la Licencia de Conducir de su pupilo, pues –según dice- resultaría idóneo para desvirtuar la imputación respecto al delito de falsificación.
En tal sentido, también lo agravia que las otras tres pruebas ofrecidas no fueran tratadas por la instrucción.
Por lo expuesto, pide se revoque el pronunciamiento apelado.
Pues bien, analizados los agravios expresados por la defensa, adelantamos serán desestimados.
En tal sentido, entendemos, yerra el recurrente al señalar que el auto atacado carezca de elementos mínimos e indicios necesarios para disponer el procesamiento, pues la magistrada juzgó acreditada la materialidad y autoría de los hechos respecto del quebrantamiento de la inhabilitación para conducir que pesaba sobre el imputado, a partir de elementos objetivos tales como: copia de la sentencia de la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de esta provincia fs. 49/52 vta.), que expresamente inhabilita al incuso para conducir vehículos automotores por el plazo de diez (10) años, desde 12/03/2024 (vigente), y copia de la constancia de notificación efectuada al imputado y su defensa técnica (fs. 137).
Asimismo, se apoyó en los testimonios de P.D.L.G., V.D.O., C.G.Q., R.F.B., H.E.R., O.Y.N. quienes habrían visto al encartado conducir su vehículo particular y colectivos de Y.C.R.T., en tanto el Lic. P.S.G.A. (interventor de la empresa Y.C.R.T.) confirmó que el imputado se desempeñaba al tiempo de los hechos, como chofer de colectivo de la empresa Y.C.R.T.
Que, más allá del criterio divergente del apelante, el procesamiento por este delito resulta completamente inobjetable y racional, pues es sabido que en esta etapa del proceso basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación de la causa a juicio, deberá renovarse la consideración acerca del mérito de la instrucción. Asimismo, el pronunciamiento no se aleja de los postulados jurisprudenciales imperantes en la materia, pues con idénticos elementos a los valorados en autos, hace ya veinte años se sostuvo: “Corresponde confirmar la resolución que condenó al imputado como autor del delito de quebrantamiento de pena, previsto en el art. 281 del Cód. Penal, si se encuentra probado que, pese a haber perdido su capacidad jurídica para conducir automotores por la condena que se le había impuesto -en el caso, por el delito de homicidio culposo-, ejerció la actividad prohibida y con ello transgredió obligaciones surgidas de su interdicción.” (Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, sala I; O.E.D.: 03/02/2006; Cita: TR LALEY AR/JUR/2635/2006).
Y este criterio resulta invariable pues, más acá en el tiempo, en idénticas circunstancias, se dijo: “Las pruebas producidas permiten inferir que efectivamente fue el imputado quien conducía el vehículo BMW que aparece en el video aportado por los denunciantes con posterioridad a su condena. Se incorporaron múltiples imágenes en las que el imputado se fotografió a sí mismo ocupando el asiento del conductor sin que, en alguna de ellas, haya otras personas que pudieran haber conducido el rodado.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V; 14/08/2023; V. S. S.; LA LEY 08/09/2023, 12 - DPyC 2023 (diciembre), 258 Cita: TR LALEY AR/JUR/105136/2023).
En el caso que nos ocupa, si bien no contamos con fotografías que retraten el momento preciso en que el imputado realizaba la actividad prohibida por sentencia firme, los testimonios concordantes que aseguran haberlo visto conduciendo, y la declaración del interventor de la empresa que aseveró que el incuso se desempeñaba en la firma como chofer de colectivos, permiten tener por acreditado el hecho, con la probabilidad requerida en esta instancia.
Por su parte, en relación al delito de uso de documento falso, la jueza valoró la declaración testimonial de la denunciante M.E.S., P.D.LG., y P.S.G.A. (interventor de Y.C.R.T.), quien señaló que el imputado habría presentado en su trabajo una licencia otorgada en Río Gallegos, con fecha de vencimiento 06/01/2027 (fs. 03 y 22).
También ponderó documentación aportada por la denunciante, quien acompañó copia de la última licencia de conducir otorgada al imputado por la Municipalidad de 28 de Noviembre en fecha 26/04/2023 con vencimiento 26/04/2025 (fs. 04 y 07), donde ya consta la inhabilitación que pesa sobre el imputado, pues fue suministrada en fecha 11/04/2025 por parte del Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito. En tal sentido, se tuvo en cuenta que la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Río Gallegos, negó haber emitido o tramitado licencia alguna al encartado, y que en sus registros figuraba aquella otorgada por 28 de Noviembre en fecha 26/04/2023.
Que, la decisión de procesar al imputado por este delito deviene irreprochable, pues así lo autorizan los elementos valorados. En este sentido, la jurisprudencia se ha mantenido inalterable, pues hace varios años, se confirmó el procesamiento del imputado en orden al delito de uso de documento público falso, al exhibir una licencia de conducir apócrifa al personal policial (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I; 10/07/2003; A.V.D.; LA LEY2004-C, 35; Cita: TR LALEY AR/JUR/4449/2003).
Y decimos que el criterio resulta invariable, pues recientemente se confirmó una sentencia condenatoria dictada por haber exhibido una licencia de conducir apócrifa al personal policial (Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires; Sala I; Incidente de apelación en autos: “I.R.M. s/ 296-uso de documento o certificado falso o adulterado” Exp. Nº 1431944/2022; https://ijudicial.gob.ar/2022/un-ano-de-prision-efectiva-poruso-de-documento-falso/).
En el caso, el imputado habría hecho uso de este instrumento, al presentarlo en su lugar de trabajo, motivo por el cual confirmaremos lo resuelto en este aspecto.
Finalmente, rechazaremos el planteo relativo a la prueba que no se habría producido, pues –en consonancia con los postulados jurisprudenciales mayoritarios- esta alzada entiende que la evaluación tanto de la pertinencia de las medidas probatorias a adoptar en el expediente, como del momento y la oportunidad en la que corresponde la adopción de aquellas, son cuestiones que corresponden al ámbito de la esfera de discrecionalidad del magistrado instructor, motivo por el cual, confirmaremos íntegramente el auto apelado.
II. Reserva: formula reserva de caso federal, la cual se tendrá presente oportunamente.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 140/152 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. TENER PRESENTE la reserva de caso federal formulada por la defensa.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia