Abriendo la norma
TOMO CLXII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.168 FOLIO Nº 135/137 PROT. ELECT. JR101 315I.261
Río Gallegos, 10 de agosto de 2026.
La presente causa caratulada: “A.S.M. S/ DENUNCIA” Expte. Nº 12841/24, Apelación Nº 10268/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 189/194 vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado Penal Juvenil de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de J.A.V., en orden al delito de “incumplimiento de los deberes de asistencia familiar correspondiente al periodo comprendido entre el mes de abril del año 2024 hasta el 01 de junio del año 2025” (Ley 13.944 y arts. 289 y 293 del CPP), y en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos dos millones ($ 2.000.000).
Que a fs. 198/201, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 227 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a continuación, trataremos de forma ordenada los agravios invocados por la defensa técnica del apelante conforme su presentación en el legajo.
I. Del agravio referido a la falta de motivación, arbitrariedad y vulneración del debido proceso:
Sostiene la defensa que el auto apelado no se ajusta a derecho en los puntos impugnados, y resulta tendencioso y arbitrario, lo cual -a su criterio- atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio, causando un grave perjuicio a su defendido. Entiende que el procesamiento no está motivado, pues no se ha realizado un análisis imparcial, integral y armónico de los elementos probatorios obrantes en la causa, ni del tipo de delito, ni del tiempo del presunto incumplimiento y menos aún del contexto general de cada prueba producida. Así, señala que se dicta el procesamiento a partir de una lectura parcial y errada de la documental agregada en autos. Al respecto, adelantamos que este agravio será desestimado.
Corresponde memorar que esta Alzada ha sostenido de manera pacífica y reiterada que, para el dictado del auto de procesamiento, basta la confirmación inicial de la sospecha y la concurrencia de elementos de convicción suficientes para orientar el proceso hacia la etapa de acusación (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 612). En esta instancia de instrucción, el magistrado no efectúa un juicio de certeza definitiva (propio de la etapa de debate y sentencia), sino un juicio de probabilidad delictual en el cual prevalezcan los elementos incriminantes por sobre los de descargo. El auto de procesamiento es, por esencia, una decisión provisional que no causa estado ni cierra definitivamente la discusión (Criterio asentado por esta alzada en apelaciones Nº 10.129/26, 10.156/26 y 10.174/26, entre otras).
Bajo este prisma, del análisis intrínseco del auto recurrido no se trasluce la arbitrariedad aducida por la recurrente, sino que se visualiza un desarrollo lógico donde el Juez de grado ponderó la denuncia de la progenitora de la menor en contraste con diversos informes incorporados al legajo del Registro Automotor nro. Dos (fs. 56 vta.) y una entidad bancaria (fs. 158/159). La motivación judicial se encuentra debidamente abastecida, en tanto la resolución explica de forma fundada los elementos de convicción que le permitieron arribar al estado de sospecha calificada que habilita la prosecución del proceso, cumplimentando los estándares normativos exigidos en esta etapa (arts. 115, 116 y 199 del CPP).
II. Del agravio concerniente a la valoración probatoria, la alegada falta de capacidad económica:
La apelante centra su defensa en sostener que el imputado no cuenta con una capacidad económica o patrimonial activa, habiendo demostrado una total carencia económica, laboral y patrimonial antes que una negativa a cumplir con sus deberes. Pone de resalto que se encontraba formalmente desocupado, percibiendo un subsidio por desempleo en el Banco P. entre los meses de julio de 2024 y abril de 2025; que no posee empleo estatal, que la última registración de aportes previsionales data de mayo de 2024, y que únicamente posee un automotor del año 2011. Refiere además que efectúa aportes respecto de otros hijos y que siempre abonó la cuota alimentaria cuando dispuso de empleo formal. Estos argumentos, sin embargo, tampoco tendrán favorable acogida.
Primeramente, cabe recordar que conforme la doctrina y jurisprudencia dominantes en materia penal y constitucional, la mera ausencia de trabajo formal, la precarización o la desocupación registrada no configuran por sí solas una causal de justificación que releve de manera absoluta al progenitor de sus deberes asistenciales elementales para con sus hijos menores de edad. El deber de asistencia alimentaria es de carácter personal, principal, directo e indelegable, derivado de la responsabilidad parental y garantizado de manera preeminente por el bloque constitucional y convencional (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional y Convención sobre los Derechos del Niño).
En este sentido, lejos de beneficiar a su postura, el informe remitido por el Banco P. que acredita el cobro de un "subsidio por desempleo" entre julio de 2024 y abril de 2025 pone de manifiesto de forma indiscutible que el imputado J.A.V. contó con un ingreso dinerario real y efectivo durante ese periodo. En consecuencia, la omisión total de destinar, aun dentro de la precariedad de dicho ingreso, una mínima porción o erogación asistencial para la manutención de su hija menor denota de manera palmaria la voluntaria sustracción a la obligación que la ley le impone. No se observa en la causa un impedimento físico, de salud o de fuerza mayor que haya sumido al imputado en una indigencia total y absoluta que anulara su capacidad de procurarse el más básico sustento.
Asimismo, el hecho de poseer un automotor registrado de su propiedad (modelo 2011) y el reconocimiento de que labora de forma "particular" (fs. 128/130) refutan plenamente la hipótesis de una insolvencia extrema o un estado de desamparo financiero que anule la antijuridicidad de su omisión. Al desempeñarse en el mercado informal de trabajo, se infiere prima facie que el encartado obtiene ingresos que le permiten asegurar su propio sustento, habiendo priorizado libremente otros gastos por sobre las necesidades impostergables de su hija. Tal como sostiene la jurisprudencia de este Juez de Recursos, si el alimentante atraviesa dificultades económicas serias, el camino legal idóneo es instar las vías civiles correspondientes a fin de solicitar la readecuación o reducción del monto de la cuota alimentaria, mas nunca la vía de hecho consistente en el abandono y la sustracción absoluta de todo aporte, conducta que precisamente criminaliza la Ley Nº 13.944 (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V; 10/08/2006; "E., E."; DJ22/11/2006, 892).
Por otra parte, la alegación defensista relativa a que el imputado realiza aportes respecto de otros hijos, no empece en absoluto a la configuración del ilícito bajo estudio. El cumplimiento parcial de las obligaciones asistenciales parentales equivale a la insatisfacción de lo debido (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I; 05/03/2002; "P., J.R."; DJ2002-2, 506). Adicionalmente, el derecho de los menores damnificados goza de una prioridad de tutela absoluta en función del principio rector del Interés Superior del Niño (artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño y Ley de Protección Integral).
III. Del agravio relativo al monto del embargo decretado:
Finalmente, la recurrente se agravia del embargo fijado en la suma de pesos dos millones ($ 2.000.000), tildándolo de excesivo y arbitrario en atención a las condiciones particulares del encartado, su falta de antecedentes y la inexistencia de un ingreso fijo. Dicho planteo será también desestimado.
Cabe aclarar a la defensa que la traba del embargo cautelar dispuesta de consuno con el procesamiento no reviste el carácter de una sanción anticipada, sino que se erige como una medida meramente provisional e instrumental de naturaleza real. Conforme las expresas directivas del art. 499 del CPP, la traba de embargo debe fijarse en una cantidad que se estime suficiente para garantizar provisionalmente la eventual pena pecuniaria, la indemnización civil de los daños y el pago de las costas del proceso (que comprenden tasas de justicia, honorarios de los profesionales y peritos intervinientes y demás gastos devengados en el trámite). La ponderación del quantum se encuentra librada al prudente arbitrio judicial y solo cabe su control por vía recursiva cuando se verifique una grosera y evidente desproporción con los fines del proceso (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I. Nº 20, 14/03/1988, "M., H.A."; CNCrimyCorrec, 06/02/2024, TR LALEY AR/JUR/33938/2024). En el supuesto bajo estudio, el monto de pesos dos millones ($ 2.000.000) de ningún modo trasluce la desproporción alegada por la defensa, presentándose como una estimación prudente y ajustada para salvaguardar de manera cautelar los gastos y eventuales responsabilidades derivadas de una tramitación judicial prolongada. Consecuentemente, el embargo decretado debe ser plenamente confirmado en esta instancia procesal.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 189/194 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.
CONSTE.-
Fin de la sentencia