Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Absolver a A. A. M., de demás circunstancias personales de figuración en autos, en orden al delito de encubrimiento agravado (art. 277, primer párrafo inciso a del CP).
2Hacer CESAR todas las restricciones legales oportunamente impuestas a A. A. M. durante el proceso.
3Condenar a A. J. D., de demás circunstancias de figuración en autos, a la pena de un (1) año de prisión de cumplimiento en suspenso y de dos años de inhabilitación absoluta como autora penalmente responsable del delito de falso testimonio (art. 275 primer párrafo del CP), además del pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP).
4Imponer a A. J. D., por el término de dos (2) años, la obligación de fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 1).
5Hacer SABER a la encartada que deberá dar cumplimiento a las reglas de conducta impuestas bajo apercibimiento de revocar el beneficio de condicionalidad de la pena impuesta en la presente.
LIBRO: CII REGISTRO: 3501 FOLIO: 127/141
Río Gallegos, 11 de septiembre de 2026
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia del Dr. Jorge Daniel Yance, con la vocalía titular de la Dra. María Alejandra Vila y la vocalía por subrogancia legal del Dr. Fernando Javier Zanetta, Secretaría a cargo de la Dra. María Fernanda Tuñón, a fin de dictar sentencia en autos caratulados: "A. A. M. S/ENCUBRIMIENTO AGRAVADO Y A. J. D. S/FALSO TESTIMONIO” Expte. Nro. ****/23 y resolver la situación procesal de A. J. D., de apellido materno M., hija de O. A. y de G. A., argentina, nacida el **/**/1997 en Río Turbio, soltera, alfabeta, comerciante y estudiante, con domicilio en xxxxx N° *** de la localidad de Río Turbio, titular del Documento Nacional de Identidad Nº **.***.*** y de A. A. M., de apellido materno M., hija de O. A. y de G. A., argentina, nacido el **/**/1992 en la ciudad de Salta -de la homónima provincia-, soltera, alfabeta, docente, con domicilio en xxxxx N° *** de la localidad de Río Turbio, titular del Documento Nacional de Identidad Nº **.***.***, ambas asistidas por su defensor particular, el Dr. Leopoldo Ramón Murúa; representa la acusación estatal la titular de la Fiscalía ante esta Cámara, Dra. María Verónica Zuvic; y,
Que en las presentes actuaciones se le imputa a A. J. D. “...que en el marco de la investigación iniciada el día 22/03/2022 en los autos caratulados “DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 28 DE NOVIEMBRE”, Expte. N° D-****/22, la imputada, tras tomársele juramento de decir verdad, depuso falsamente sobre los hechos objeto de investigación de la causa ut supra mencionada, callando la verdad respecto a circunstancias fácticas que no podía desconocer, en particular la presencia de su novio S. A. en el lugar de los hechos...”.
Por otra parte, se le imputa a A. A. M. que “... en el marco de los autos caratulados “DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 28 DE NOVIEMBRE”, Expte. N° D-****/22, iniciados con fecha FECHA_3, en los cuales se investiga el delito de abuso sexual respecto a una persona menor de edad, la imputada habría omitido información relevante en sus declaraciones testimoniales con el fin de favorecer y ayudar al ciudadano S. A. a eludir el alcance de la investigación penal...”.
Que a fs. 235/236 vta. se incorporó el dictamen remitido desde la Fiscalía ante esta Cámara, en el que su titular propuso la Omisión de Debate en los términos del artículo 517 del Código de Rito y estimó que conforme las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, en caso de dictarse fallo condenatorio respecto de las imputadas correspondería imponer una pena de un (1) año de prisión en suspenso respecto de A. J. D. en orden al delito de falso testimonio (art. 275 del CP) y de tres (3) años de prisión de cumplimiento en suspenso a A. A. M. en orden al delito de encubrimiento agravado (art. 277 inciso 1 a en función del inciso 3 a del CP), además de, en ambos casos, la imposición de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP).
Que a fs. 294/300 vta. el Dr. Murúa aceptó la propuesta de omisión de debate formulada por la Sra. Fiscal de Cámara; por su parte, las imputadas A. A. M. y A. J. D. lo hicieron respectivamente a fs. 302/303 y 304, por lo que quedó expedita la vía para llevar adelante el juicio conforme lo prevé el art. 517 del Código Procesal Penal.
Asimismo, en la mencionada pieza el letrado solicitó la absolución de sus dos pupilas procesales. En relación a la nombrada en primer término, primeramente se refirió a la tipicidad del delito a ella enrostrado, cuya accesoriedad “presupone necesariamente la existencia de un delito precedente respecto del cual la conducta del encubridor procure favorecer la impunidad de su autor”, por lo que su configuración requiere necesariamente la existencia de “un delito principal determinado” y “un autor cuya impunidad se pretenda favorecer”, extremos que no fueron alcanzados por la acusación debido a que en el trámite identificado bajo el número ****/22 -cuyas copias se agregaron a las presentes- no se determinó el presunto autor del hecho principal objeto de pesquisa; todo ello deviene en la atipicidad de la conducta enrostrada.
A ello sumó que tampoco se logró “acreditar la realización de actos positivos, concretos e inequívocos dirigidos a procurar la impunidad de tercero alguno”, sino que la construcción acusatoria se basa en inferencias y valoraciones subjetivas sin respaldo en elemento probatorio objetivo alguno.
En igual sentido, refirió que las capturas de pantalla incorporadas a fs. 247/262 refutan la hipótesis acusatoria, por cuanto de ellas surge la “reacción inmediata y espontánea de las imputadas ante la toma de conocimiento del hecho”, su angustia por la situación y la ausencia de elementos que sugirieran su voluntad de ocultar el hecho, elementos compatibles con una reacción espontánea ante la noticia y no con una actitud tendiente a obstaculizar la actuación judicial; entendió que esto último se patentó además en los resultados de los informes socioeconómico ambientales y los partes de investigación policial incorporados a fs. 78, 95/100 y 110/124.
Con respecto a A. J. D., en primer término sostuvo que no se comprobó la falsedad objetiva de sus dichos, uno de los elementos típicos requerido por el artículo 275 del CP (que definió como la declaración prestada ante una autoridad competente, falsedad objetiva de lo afirmado y relevancia de la declaración para la decisión en el proceso) para la configuración de la conducta en razón de que la acusación no individualizó ni aportó prueba de las expresiones concretamente falsas a ella atribuidas, sino que meramente confrontó distintas manifestaciones obrantes a fs. 7/9 y 12/14 del Expediente ****/22 “para inferir de sus eventuales discrepancias la comisión del delito”, razonamiento que calificó como “jurídicamente inadmisible” en razón de que los errores de memoria, apreciaciones subjetivas e incluso contradicciones parciales entre testimonios resultan propias de toda declaración y son inherentes al funcionamiento cognitivo, por lo que su existencia no resulta suficiente para acreditar el dolo requerido por el delito.
Calificó el elemento subjetivo como “el aspecto probatoriamente más exigente” y aquel cuya acreditación resulta más evidente, ello por cuanto no obran constancias que permitan sostener que su defendida hubiera tenido certeza acerca de la falsedad de sus manifestaciones, sino que -por el contrario- las ya referidas capturas de pantalla -además inconsistente con el dolo requerido- dieron cuenta de un estado similar al que antes manifestó respecto de su hermana que deriva en una duda insuperable que por aplicación del principio in dubio pro reo debe ser resuelto en su favor; a ello sumó que tampoco se demostró la idoneidad de sus dichos para alterar el correcto funcionamiento de la justicia.
Finalmente, entendió que durante la investigación se privilegió la ponderación de los elementos compatibles con la hipótesis incriminatoria por sobre la prueba de descargo incorporada, modalidad “incompatible con el deber de objetividad que impone el art. 56 del CPP al Ministerio Público Fiscal” que se patentó en la ausencia de reconsideración de su postura frente a la existencia de capturas de pantalla aportadas por la defensa que no fueron neutralizados por prueba de cargo, por lo que suplir dicha deficiencia mediante conjeturas, presunciones desfavorables o razonamientos especulativos “implicaría invertir ilegítimamente la carga de la prueba y vulnerar los principios de inocencia, debido proceso y defensa en juicio”.
Cumplidos que fueran estos actos procesales, quedan las presentes actuaciones aptas para analizar y resolver, en primer término, la aceptación de la omisión de debate y el límite de la condena estimada por la Fiscal de Cámara; de resultar procedente la propuesta, la situación procesal de las encartadas A. J. D. y A. A. M.; y,
Que en función de lo establecido por el artículo 381 del Código Procesal Penal, la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial ha establecido el siguiente orden de tratamiento de las cuestiones traídas a despacho para resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son admisibles y procedentes la propuesta de omisión de debate y el límite de la condena estipulada por la Sra. Fiscal de Cámara? A la primera cuestión el Dr. Jorge Daniel Yance expresó:
Se han cumplido los requisitos legales establecidos en el artículo 517 del Código Procesal Penal para tornar viable la procedencia de la omisión de debate en el presente juicio en razón de que las actuaciones cuentan con la propuesta formal por parte de la Sra. Fiscal de Cámara y la correspondiente aceptación y conformidad tanto del defensor interviniente como del propio imputado.
Conforme a las características del hecho, a la entidad del bien jurídico tutelado lesionado por el delito y a las condiciones personales del imputado, a criterio de este Tribunal, el monto de pena solicitado por la Sra. Fiscal de Cámara -para el caso de recaer sentencia condenatoria- resulta admisible y adecuado.
Es por ello que este Tribunal por unanimidad resuelve en primer término decretar la omisión de debate y proseguir con el estudio de las otras cuestiones para dictar sentencia en los presentes actuados.
La Dra. María Alejandra Vila y el Dr. Fernando Zanetta Adhieren al voto de la Presidencia.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad del hecho ilícito, la autoría y la consecuente responsabilidad penal del acusado? Al respecto, el Dr. Jorge Daniel Yance dijo:
Que en atención a la modalidad de tramitación de los presentes actuados, resulta pertinente tomar como punto de partida del análisis de las constancias de autos la providencia que en fecha **/**/2022 se dictó en el marco del Expediente ****/22 -caratulado “DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 28 DE NOVIEMBRE S/DENUNCIA”- de trámite ante el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil con asiento en la localidad de Río Turbio, en la que se ordenó la extracción de copias del legajo y la formación de los presentes actuados que se materializaron.
Materializado que fuera lo dictaminado (respectivamente a fs. 2/63 y 64), de la lectura la duplicación obrante a fs. 2 surge que los mencionados autos se iniciaron en razón de la presentación que en fecha **/**/2022 realizó el Dr. Diego Salvetti -Defensor Público Oficial de Niñas, Niños y Adolescentes de la localidad de Río Turbio- en la que informó que en la dependencia a su cargo se habían oportunamente recibido actuaciones labradas en el marco del protocolo para niñas, niños y víctimas de delitos contra la integridad sexual respecto del menor de edad T. F. -de entonces *** años-, por las que la vindicta pública posteriormente requiriera la instrucción en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal a fs. 3.
Así, se advierte que a lo largo del trámite se agregaron tres actas en las que se plasmaron sendas declaraciones testimoniales de A. A. M. agregadas a fs. 4, 10 y 17 y dos de parte de su hermana A. J. D., obrantes a fs. 7 y 12, que serán analizadas a continuación.
De la primera declaración de A. A. M., producida en la fecha de la presentación que diera origen al legajo, surge la manifestación de su desconocimiento de “lo que pasó” con motivo de que durante la tarde en la que presuntamente ocurrieron los hechos estuvo en la habitación durmiendo junto a su otro hijo, T., desde las 15:00 horas hasta que aproximadamente a las 17:00 escuchó que T. F. -que no estaba yendo al jardín “porque estaba con moco”, y a quien su hermana “había dejado solo comiendo fruta viendo televisión” en el comedor- “salió corriendo al baño”.
Preguntada por sus actividades ese día, explicó que en primer término dejó a T. en la escuela a las 07:30 horas, trabajó hasta aproximadamente las 11:00 y luego realizó trámites hasta las 12:00, momento en el que retiró a su hijo del colegio y retornaron al domicilio; todo ello ocurrió mientras T. F. -que a su regreso “estaba en la pieza, jugando con su celular y mirando tele”- quedó en la vivienda al resguardo de su hermana, A. J. D..
En cuanto al estado del joven a su llegada, refirió que lo vio “como siempre, normal”, en bóxer y remera, y que esta última le dijo que estaba despierto desde las seis de la mañana (lo que luego sostuvo le pareció raro debido a que “sabe que se tiene que levantar, cambiar, lavar y estar listo para desayunar”); luego el niño se levantó, almorzaron junto a A. J. D. y T., y ella se quedó esperando a que terminara de comer hasta que se fue a dormir hasta cerca de las 17:00 horas.
De sus dichos se advierte que luego escuchó un grito de T. F. que provenía del baño, a quien al acercarse vio que “estaba con caca y un papel con sangre en el tacho”; a continuación advirtió que habían manchas de materia fecal en un ventanal del hall de entrada, y junto a ellas, su perro y su perra, entre los que habían manchas de orina y dos o tres pisadas con sangre en dirección al baño que pertenecían a su hijo, cuyas prendas de vestir se encontraban -al igual que el inodoro- manchadas con excrementos y fueron guardadas en una bolsa (cuyo destino desconocía) por ella y su hermana, a quien cuando para consultarle por lo sucedido, esta le manifestó que lo había dejado comiendo fruta en el comedor.
También comentó que A. J. D. tenía un novio llamado S. A., quienes no compartían tiempo a solas con sus hijos cuando estaban juntos debido a que los niños solían salir con ella, S. A. no solía pernoctar en la casa y las veces que se veían lo hacían encerrados en la habitación (esto último a fines de mantener la privacidad, ya que T. F. solía pedirle constantemente que lo alzara y jugara con él). Sin perjuicio de ello, luego respondió que S. A. solía visitar la vivienda, que el sábado anterior había almorzado allí.
Recordó que “cuando pasó todo” inmediatamente llevó a T. F. a la guardia hospitalaria (donde le dijeron “que estaba bien”, por lo que al día siguiente lo revisó un pediatra) y que cuando posteriormente le consultó por lo ocurrido, el niño negó que el perro le hubiera hecho algo, le contestó “Vos sabés lo que me pasó” y se fue. En igual sentido, refirió que ese día se durmió cuando volvieron del nosocomio, “estuvo toda la noche sobresaltado”, le preguntó si iba a morirse y aclaró que si bien a veces tenía algún tipo de incontinencia, nunca había sido de este tenor.
Asimismo, reprodujo los dichos del pediatra que lo examinó, quien le dijo que el menor tenía el conducto anal dilatado y con múltiples fisuras, producto de un abuso; no encontró explicación para dichas lesiones, dado que no escuchó que los perros -que solían ladrar ante la presencia de terceros cerca del domicilio- o el niño -que tampoco lloró o gritó- se alborotaran y ella no tenía sueño profundo.
Descartó que algo hubiera ocurrido mientras jugaba en el exterior de la casa -ya que nunca salía solo, sino junto a su hermano y bajo su supervisión-; nuevamente refirió que el crío le dijo que G. (su perro) no le había hecho nada.
Instó la acción penal por el hecho, descartó la presencia de terceros en la casa y finalmente estimó que su hermana -que volvió sola y “se puso re mal” por todo lo que vio- había salido a andar en bicicleta junto a S. A., conclusión a la que arribó tanto por el tiempo ese día como porque la bicicleta estaba en la casa de su abuela, donde se encontraban cuando la llamó.
Por otra parte, dos días después prestó nuevamente sus dichos, esta vez ante personal de la División de Investigaciones de la localidad carbonífera; en esa ocasión, brindó un relato que en lo sustancial fue similar al anteriormente analizado, al que agregó que se levantó cuando escuchó un ruido y vio cómo T. F. corría desde el living al baño mientras se quejaba; cuando fue, el niño le dijo que “se estaba por hacer caca” y advirtió un papel higiénico con sangre en el baño, la sangre, orina y restos de materia fecal en el hall de entrada, donde además estaban las marcas de pisadas junto a sus perros.
Detalló que cuando llamó a su hermana, T. se levantó y le dijo que creía que “se le subió el perro a T. F.”, momento en el que escuchó un grito de este último, que se estaba bañando, que en palabras textuales dijo “No me quiero morir”; al llegar al sanitario, vio que salía mucha sangre de su cola y cuando lo revisó advirtió un corte “hacia arriba” en su ano. Mientras lo secaba, llegó su hermana, junto a quien ella y los dos menores fueron al hospital. Aclaró que el joven iba al baño, se cambiaba y se bañaba solo, que cuando fue revisado en primer término le dijeron que las lesiones podrían haber sido producto de la constipación y que recién al día siguiente la pediatra le mencionó la posibilidad de que hubiera sufrido un hecho de ASI.
Nuevamente, refirió que T. F. le dijo “que fue violado por Gino, el perro de su tía y que su deseo era ser grande y no se cumplió”.
De estas dos declaraciones se advierte una consistencia en la descripción que dio respecto de la franja horaria en la que habrían ocurrido los hechos mientras ella descansaba en una habitación junto a su otro hijo y T. F. estaba en otro sector de la vivienda, al igual que A. J. D. ya se había retirado cuando la situación anormal ocurrió.
Asimismo, si bien existe una leve discrepancia en cuanto a sus manifestaciones respecto de la toma de conocimiento, (principalmente en cuanto a si vio o escuchó el momento en que su hijo corría en dirección al baño) estas, además de intrascendentes para la presente pesquisa, resultan esperables debido a la velocidad con la que se produjo la secuencia, el tenor de lo relatado y la posterior carga de estrés propia del hecho y su reproducción frente a diferentes autoridades.
De similar manera, en sus dos testimonios situó las manchas tanto en las inmediaciones del baño como en el hall de entrada -donde además se encontraban los perros y las huellas que atribuyó al niño-; también fue conteste al decir que las prendas de T. F. estaban sucias con materia fecal y que el episodio revestía características claramente anormales en comparación con anteriores episodios de incontinencia.
También permaneció invariable su referencia al estado de angustia del niño luego de lo ocurrido y la inmediata búsqueda de asistencia médica que fue seguida de una segunda consulta al día siguiente en la que surgió la hipótesis de que las lesiones podían haber estado vinculadas con un episodio de ASI. En cuanto al contexto previo, ambas declaraciones son compatibles con la idea de que T. F. no había salido solo de la vivienda y la ausencia de terceros ajenos a ellos cuatro en el lugar, circunstancia que resulta armónica con su referencia a que la reacción que sus perros solían tener frente a la cercanía de otras personas.
A modo de conclusión preliminar, se advierte que ambas versiones conservan una estructura temporal y fáctica respecto del modo en el que acaecieron los hechos, sus circunstancias anteriores y posteriores; en ese sentido, las diferencias que antes señaladas no alteran la sustancia del relato, sino que se concentran principalmente en la atribución del hecho a G. por parte del niño, la minuciosidad de la descripción de las lesiones y detalles menores de lo luego ocurrido.
Por su parte, del primer testimonio de la restante imputada de autos, su hermana A. J. D., producido el **/** en sede judicial y cuya copia se agregó a fs. 7, se desprende un relato conteste en cuanto a las circunstancias acaecidas el día ** de ese mes, al menos hasta el momento en el que A. A. M. se fue a dormir la siesta con su otro hijo. Detalló que en ese momento, T. F. se quedó en el comedor jugando con sus autitos y los perros mientras ella se acostó, momento en el que su pareja la invitó por teléfono a andar en bicicleta, por lo que casi a las 17:00 horas se levantó, vio a que su sobrino seguía jugando en el comedor, le dejó media manzana, media naranja y media banana en un plato frente al que el niño -a cuyo lado estaban ambos canes- se sentó y se retiró de la vivienda.
Explicó que se fue a la casa de su abuela, donde frente a la tardanza de su novio comenzó a cocinar polenta con carne para su perro. Llegadas las 17:15, S. A. llegó al lugar y esperaron a que finalizara la cocción de la comida, hasta que a las 17:34 fue informada de la situación por un llamado de su hermana, por lo que emprendió la marcha rumbo a la vivienda.
A su llegada, describió un panorama similar al que reprodujo A. A. M., consistente en la presencia de uno de los canes en la entrada, orina, manchas y un rastro de sangre en el hall, en cuya puerta también vio materia fecal; que en ese momento, T. F. “lloraba mal” en la ducha.
En ese punto, refirió expresamente que vio que el Cocker (G.) “estaba con sangre en el pito y estaba excitado”, con el pene “sobresalido”, por lo que fue al baño, donde mientras su sobrino decía que no quería morirse su hermana le dijo que el niño “tenía un tajo”.
Asimismo, recordó que mientras A. A. M. lo cambiaba, le preguntó qué había pasado y el niño dijo “yo quería hacer caca” y respondió “no sé” ante su consulta de por qué no había ido al baño.
En concordancia con la madre de T. F., explicó que al imaginarse la escena le bajó la presión; aclaró además que a pesar de que su novio (al igual que su hermano, que estaba de viaje desde hacía más de un mes) visitaba constantemente la vivienda, ese día no lo hizo en ningún momento, pero el día anterior sí había estado allí y quedó unos minutos a solas con los niños, algo que nunca ocurría.
Respondió que su perro suele tener actitudes como la descrita con su perra cuando esta está en celo -momentos en los que intenta montarla-, que la ropa de su sobrino quedó en el baño sin que nadie la tocara hasta que se la llevó la policía; también entregó su teléfono móvil -cuyo patrón de desbloqueo aportóa los fines que la judicatura estimara procedentes.
Dos días después, y conforme surge del acta agregada a fs. 12, ratificó sus anteriores dichos y agregó que su novio pernoctó en la vivienda el domingo **/**; que la mañana del hecho ella se levantó a preparar a T. -que estaba con T. F.- para el colegio mientras que S. A. se quedó en la habitación que antes habían compartido, con la puerta -sin picaporte exterior- cerrada. Que a continuación, cuando su otro sobrino ya había ido a la escuela, cerró la puerta de la habitación de T. F. aproximadamente a las 07:40, estuvo más o menos una hora en su propio cuarto junto a su novio, se levantó, se aseó, le consultó al niño qué quería desayunar mientras su pareja dormía en su habitación, cuya puerta ella estaba segura de haber cerrado.
Más tarde, S. A. se levantó, terminó de desayunar con ellos y volvió a su pieza hasta que ella -acompañada del joven- lo llevó a su casa entre las 11:00 y las 12:00.
Ratificó lo antes relatado respecto de las circunstancias posteriores a que ocurriera la situación que involucró a T. F., visitaran el hospital y retornaran al lugar, y aclaró que le había dicho a su hermana que su novio había pernoctado en la casa la noche anterior; sin perjuicio de ello, fue tajante en cuanto a que S. A. nunca estuvo a solas con el niño.
Finalmente, adunó que esa noche había mantenido relaciones sexuales con su novio, que él le había comentado por WhatsApp que tenía una irritación en sus testículos y que por vergüenza había borrado esos mensajes; aportó la clave de acceso a la aplicación.
Estas dos declaraciones resultan compatibles entre sí en cuanto a los aspectos centrales de lo ocurrido la tarde del **/** en razón de que la entonces testigo refirió, en forma conteste con su hermana, que luego de que ellas y los dos menores de edad almorzaran T. F. se quedó en el comedor al momento de su retirada del lugar, momentos después de lo que recibió el aviso de parte de aquella.
En ese sentido, tampoco se advierten modificaciones sustanciales en cuanto al escenario que dijo haber encontrado: Sangre en distintos sectores, materia fecal, orina, el niño llorando en la ducha, el estado de alteración general que imperaba en la vivienda, y, en particular, la descripción que dio respecto del estado de uno de los perros.
Ahora bien, sí se advierte una variación entre ellas en lo concerniente a la presencia de su pareja en la vivienda; en la primera, afirmó que no había concurrido al domicilio durante ese día, mientras que en la segunda aclaró que había pernoctado en el lugar la noche anterior.
Al respecto, corresponde remarcar que esta discrepancia, si bien existente, no afecta -como antes se dijo- los puntos centrales del relato, debido a que de sus dichos se desprende que S. A. se retiró del lugar antes de que A. J. T. y T. F. almorzaran -momento en el que, en atención al tenor de las lesiones por ambas descriptas, la situación todavía no se alejaba de la cotidianeidad- y posteriormente los tres primeros fueran a dormir; en razón de ello, idéntica valoración corresponde aplicar a la mención de los mensajes de WhatsApp que dijo haber borrado, máxime cuando, ya en la primera oportunidad en la que prestó sus dichos, aportó voluntariamente su aparato telefónico y su patrón de desbloqueo, que luego fue complementado por la clave que permitía acceder específicamente a la aplicación.
Así, durante la instrucción se sumó una tercera declaración de parte de A. A. M. que conjugó las anteriores cuatro en la que en primer término describió que vio a T. F. llorando en el baño, con materia fecal en la mano, un papel con sangre en el tacho de basura, la ropa de su hijo y la escena del hall. Nuevamente relató que mientras lo atendía, llamó a su hermana, vio sangre y una lesión en el ano de su hijo mientras lo bañaba, que su otro hijo le dijo que el perro se había subido encima de su hermano y que lo llevó a la guardia hospitalaria.
Además, aclaró que luego de que T. F. le dijera “ya sabés lo que me pasó” agregó “que fue el perro” y que su hermana se presentó en el juzgado a fines de aclarar la situación con motivo de la recomendación de su abogado -momento en el que ella tomó conocimiento de que de que S. A. había pernoctado en el lugar pero se había retirado por la mañana- de que no dejaran detalle sin contar para no obstruir la investigación.
Esta tercera declaración de A. A. M. conserva el núcleo de sus anteriores exposiciones respecto del estado en el que encontró a T. F., la presencia de sangre, la lesión que advirtió, el aviso de su otro hijo acerca de que el perro se había subido sobre él y el posterior traslado al hospital.
En otro orden, su testimonio integra ciertos extremos que habían aparecido de manera fragmentaria en las declaraciones anteriores, como por ejemplo la permanencia de S. A. en la vivienda durante la noche previa, circunstancia que reconoció haber conocido posteriormente por intermedio de A. J. D., y con la precisión acerca de que T. F., luego de expresarle “ya sabés lo que me pasó”, agregó “que fue el perro”.
En este punto, del legajo se desprende que del avance de la instrucción sumarial se desprende el dictado por parte del juez competente del dictado de medidas restrictivas respecto de A. A. M. hacia T. F.; resulta útil destacar que en la presentación agregada a fs. 126, A. A. M. refirió que de conversaciones mantenidas con el niño antes de ellas, él dijo en primer lugar que quien lo había lastimado fue S. A. y luego se desdijo.
Sin perjuicio de esta última manifestación, no se advierte en sus primeras declaraciones la existencia de una omisión tendiente a favorecer la situación procesal de S. A., toda vez que no resulta razonable atribuir automáticamente significación incriminatoria a toda omisión advertida entre una declaración y la siguiente. En esa inteligencia, resulta diferente -y más aún con la urgencia propia del caso en el que se dieron las declaraciones- una incorporación tardía de datos de una falta inicial de precisión que importe por sí misma un intento de obstaculizar la investigación que se patenta, por ejemplo, en la velocidad con la que A. A. M. trasladó a su hijo al hospital para su posterior examen y la ausencia de motivos para favorecer a un tercero por sobre la de procurar el bienestar del niño.
La declaración testimonial no exige que el relato inicial constituya una reconstrucción acabada, exhaustiva e inmutable de cuanto el testigo conoce, sino que resulta posible que una persona pueda omitir mencionar ciertas circunstancias ya sea porque no las consideró relevantes, no fue específicamente interrogada sobre ellas, las recordó posteriormente o por una posterior consideración de su posible importancia para la pesquisa. Esta diferencia reviste especial interés para la resolución de la situación procesal de A. A. M., toda vez que fue ella misma quien, una vez que se enteró de la presencia de S. A. en el lugar -y al igual que lo hizo en su descargo incorporado a fs. 166-, rectificó sus anteriores dichos; ello conlleva, explícita e invariablemente, a desestimar la propia existencia de la omisión que le fuera enrostrada con motivo de que no puede dejarse de informar aquello que se desconoce.
A ello se suma que de la prueba producida durante la instrucción no se desprende la presencia -al menos- de una copia de la declaración del niño o las secuencias de video que en su último testimonio mencionó la imputada, permitirían echar luz sobre las circunstancias fácticas de fondo que dieron lugar a esta pesquisa y despejar las dudas que campean al momento de la presente valoración; a igual puerto llevan la certificación actuarial de fs. 279 (de la que se desprende que el expediente en el que se investigaron los hechos sufridos por el niño no tuvo avances de interés para las presentes) y la inexistencia de actuaciones iniciadas respecto de T. F. informada desde el ente municipal encargado de la protección de las infancias a fs. 280 vta. Diferente es el caso de A. J. D., cuyos testimonios, a pesar de lo antes manifestado, deben ser valorados a la luz de la prueba aportada por la defensa y su descargo.
En ese sentido, a fs. 247 se aprecia una serie de capturas de pantalla de las que, además de una conversación de WhatsApp con el contacto “Ana”
(perteneciente a A. A. M.), surge su toma de conocimiento de las manifestaciones de la pediatra el día posterior a la primera atención al niño. A fs. 247 vta/262, surge un chat mantenido con el número de abonado +************ (que la propia defensa sindicó como el de S. A.) en el que se aprecian conversaciones compatibles con sus anteriores relatos hasta aproximadamente la noche del **/**; posteriormente, ya a las 15:56 del **/**, S. A. le refirió que no quería dejarla sola “pero si va la policía se va a hacer más engorroso todo... me van a pedir de testigo... igual me van a tomar datos”, rematados por otro que reza “Por más que sabemos nosotros lo que pasó la policía tiene que investigar y si me ven van a querer que haga de testigo...”, respondidos por ella con un “Tenés razón... no te hagas drama”. A continuación, él le expresa que iría al lugar apenas se fueran los efectivos, y ella contestó “Si esta bien amor... Te entiendo... Te aviso cuando se vayan”. De los restantes surge una descripción de cómo supuestamente T. contó a S. A. lo sucedido, y otros mensajes tanto de apoyo como de que lo mantuviera al tanto dirigidos hacia A. J. D..
Las mencionadas constancias resultan concordantes con el descargo que ella plasmó a fs. 171, en la que luego de una descripción conteste de los hechos ocurridos esa tarde reprodujo parte de las conversaciones y su ánimo de no “generarle problemas a él y su familia”.
Agregó que ese 23 se presentó en el Juzgado , donde “por miedo a que lo inculpen injustamente” omitió “inconscientemente” que él había estado en su casa, en miras de no “involucrar a esta buena persona en este horrible suceso en el que él no tiene nada que ver... si yo confiaba ciegamente en él... suponía que jamás le había hecho nada a mi sobrino de 5 años”.
Además, manifestó que al terminar la audiencia S. A. se encontraba esperándola fuera del Juzgado para que le contara cómo le había ido; cuando le relató que había omitido decir que había estado esa mañana pero no que había concurrido la noche anterior, él se enojó mucho.
Con posterioridad a su segunda declaración (ante personal de la División de Investigaciones), charló con S. A. y su madre, quien habló con un par de “amigos” y les recomendó que no mantuvieran el contacto.
Ahora bien, no puede soslayarse que del análisis de las conversaciones se advierte una notable influencia de parte de S. A. hacia ella, que finalmente derivó en que A. J. D. omitiera mencionar su presencia en el domicilio; en efecto, el intercambio del **/** pone de manifiesto que fue él quien exteriorizó de manera concreta su preocupación por ser identificado por la policía y eventualmente convocado como testigo, de la que la convenció a fines de “evitar entorpecer” el trámite. Este tramo de la conversación, lejos de tratarse de una inquietud que A. J. D. elaboró de manera autónoma, fue expresamente transmitida por su pareja y luego aceptada por ella.
En ese sentido, cobran relevancia los resultados de la pericia psicológica informados a fs. 155, de los que surge que si bien no se advirtieron trastornos psicopatológicos que pudieran desorganizar las funciones o provocar alteraciones en la comprensión y dirección de las acciones de la imputada, se consignó que “presentaría una estructura psíquica precaria, hábilmente conformada y vulnerable”, a la que se suman sentimientos de inseguridad y desamparo.
Asimismo, se advirtió la presencia de características de inmadurez que afectarían “su capacidad para hacer un análisis global y crítico de las situaciones”, derivarían en una tendencia a enfocarse en los detalles de las circunstancias y “no le permitiría integrar la totalidad de las situaciones que vivencia”, ante lo que podría verse afectada su capacidad crítica, “destacándose fallas en el criterio de la realidad”, además de “pasividad en la peritada, pudiendo supeditarse a decisiones de los demás”.
Finalmente se destaca que “presentaría una tendencia a la confabulación”, fenómeno descrito por la profesional interviniente como aquel que se da cuando, luego de percibir correctamente la realidad, “se le añaden aspectos conflictivos subyacentes, dando por resultado una distorsión parcial de la realidad”.
En tales condiciones, entiende el Tribunal que la prueba reunida no permite tener por acreditados los extremos imputados con el grado de certeza exigible para el dictado de una sentencia condenatoria, pues si bien se encuentra probado que al prestar declaración omitió mencionar la presencia de S. A. durante parte de la jornada, aquella constatación, por sí sola, no basta para concluir que se trató de una deliberada alteración de la verdad como la plasmada en el comportamiento reprochado.
El contexto en el que se produjo la mencionada omisión introduce una duda razonable acerca del carácter libre, reflexivo y conscientemente mendaz de su proceder, toda vez que (sin adentrarnos en el análisis de las constancias de la investigación principal, que incluso a la fecha no arrojó resultados ciertos) aunque la influencia ejercida por su entonces pareja no alcanzó una entidad capaz de excluir su capacidad de comprensión o dirección de sus acciones, sí constituyó una circunstancia relevante para determinar de qué modo elaboró la decisión posteriormente adoptada.
Como antes se dijo, adquieren particular significación las conclusiones de la pericia psicológica, que resultan plenamente compatibles con la incidencia que S. A. pudo ejercer sobre la manera en que interpretó lo sucedido y decidió transmitirlo a las autoridades; a ello se adiciona la tendencia a la confabulación informada por la perito psicóloga, entendida no como una percepción originariamente falsa de la realidad, sino como la incorporación posterior de componentes conflictivos capaces de distorsionarla parcialmente. Desde esa perspectiva, la posterior explicación de A. J. D. acerca de que pretendió evitar que S. A. fuera injustamente involucrado no conduce necesariamente a afirmar la existencia de una voluntad inequívoca de faltar a la verdad, sino que resulta compatible con una decisión atravesada por las limitaciones personales consignadas, orientada y adoptada con motivo de la influencia de su pareja en la que -desde su particular comprensión de la situación- intentó mantener apartado a quien entonces consideraba completamente ajeno al episodio.
Por ello, aun cuando pueda tenerse por objetivamente comprobada la ausencia de aquel dato en su primera declaración, subsiste una duda insuperable acerca de que su supresión haya respondido a una decisión autónoma y conscientemente dirigida a falsear u ocultar información relevante ante la autoridad que permite (cuanto menos) introducir un elemento de duda insuperable respecto de si su conducta obedeció a factores distintos de una voluntad mendaz que, ante la imposibilidad de descartar esas alternativas con certeza, impide tener por satisfechos los extremos necesarios para atribuirle penalmente el hecho investigado.
Así, y más allá de que las restantes circunstancias relatadas por A. J. D. pudieran resultar sustancialmente compatibles con lo ocurrido, el análisis global de la prueba incorporada permite individualizar una concreta alteración de la información que ella brindó a las autoridades y tener por probado con el grado de certeza requerido por la instancia que en sus declaraciones omitió mencionar parte de las circunstancias fácticas respecto de la presencia de S. A. en el domicilio donde habrían ocurrido los hechos sufridos por su sobrino.
Completaron el plexo probatorio incorporado en autos la pericia practicada a A. A. M. por parte del personal de Cuerpo Pericial de Psicología de este Poder Judicial y los informes labrados por personal policial a fs. 109 y 113/124, de los que no surgen elementos de mayor utilidad para las presentes.
Es por todo lo expuesto que, de conformidad con todas las observaciones realizadas y ante la ausencia de certeza que requiere la presente instancia, este Tribunal determina que A. J. D. y A. A. M. no deberán responder penalmente.
Por su parte, la Dra. María Alejandra Vila dijo:
En cuanto a A. A. M., adhiero a la conclusión alcanzada por el magistrado que me precede en el orden de votación. La prueba incorporada no permite afirmar, con el grado de certeza requerido para una sentencia condenatoria, que al prestar sus primeras declaraciones conociera que S. A. había permanecido en la vivienda durante la noche anterior y parte de la mañana, ni que hubiera realizado alguna conducta conscientemente dirigida a ayudarlo a eludir la investigación. Mi discrepancia se circunscribe, por tanto, a la situación de A. J. D..
Respecto de ella, comparto la reseña de las declaraciones testimoniales, las conversaciones incorporadas, su descargo y las conclusiones de la pericia psicológica efectuada en el voto precedente, que doy por reproducidas. No coincido, sin embargo, con la valoración de esos elementos ni con la duda que allí se sostiene acerca de la materialidad y autoría del hecho atribuido. La conducta investigada no se construye a partir de diferencias menores entre sucesivos relatos, de imprecisiones propias de la memoria ni de una comparación descontextualizada entre declaraciones. La prueba permite individualizar una circunstancia concreta, conocida directamente por A. J. D. y omitida al declarar: la permanencia de S. A. en la vivienda durante la noche anterior y parte de la mañana del **/**/2022.
En su primera declaración, prestada en sede judicial el FECHA_5 y agregada a fs. 7, A. J. D. manifestó que su pareja no había concurrido al domicilio durante el día en que se produjeron los hechos investigados y que había estado allí el día anterior. En la declaración posterior, incorporada a fs. 12, reconoció que S. A. había pernoctado en la vivienda; que durante la mañana permaneció en una de las habitaciones mientras ella preparaba a su sobrino para concurrir a la escuela; que luego desayunó con ellos; y que se retiró entre las 11:00 y las 12:00 horas.
La diferencia entre ambas exposiciones no recae sobre un detalle periférico. En la primera oportunidad, A. J. D. omitió informar que S. A. había pasado la noche en la casa y que permaneció allí durante varias horas de la mañana; en la segunda, describió con precisión esa permanencia y las actividades que realizaron antes de acompañarlo hasta su domicilio.
La defensa sostuvo que la acusación no individualizó las expresiones concretamente falsas atribuidas a A. J. D.. Ese planteo no considera la modalidad específica de la conducta reprochada. La imputación no se fundó en una afirmación positiva cuya literalidad debiera identificarse, sino en haber callado una circunstancia que conocía. El hecho omitido fue concretamente delimitado: la presencia de S. A. en la vivienda durante el período vinculado con el episodio investigado. La confrontación entre ambas declaraciones permite establecer, además, cuándo se produjo la omisión y cuál fue la información que posteriormente incorporó.
Tampoco resulta posible restar relevancia a esa circunstancia con fundamento en que S. A. se habría retirado antes del almuerzo o antes de que se exteriorizaran las lesiones que motivaron la investigación. Ese razonamiento presupone que el hecho sufrido por el niño ocurrió necesariamente durante la tarde, extremo que no fue determinado en la causa principal. La aparición o advertencia posterior de las lesiones no permite establecer, por sí sola, el momento en que se produjeron. En esas condiciones, la presencia de una persona adulta en la vivienda durante la noche y la mañana constituía una circunstancia objetivamente vinculada con la investigación y no podía ser descartada por la testigo sobre la base de su propia convicción acerca de la inocencia de aquella persona.
La falsedad objetiva de la primera versión no surge únicamente de su confrontación con la segunda declaración. Encuentra corroboración decisiva en el descargo de fs. 171, en el que la propia A. J. D. reconoció que el FECHA_5 omitió informar que S. A. había estado en la vivienda. Explicó que actuó “por miedo a que lo inculpen injustamente” y con el propósito de no “involucrar a esta buena persona en este horrible suceso”, porque confiaba en él y suponía que no le había hecho nada a su sobrino.
La utilización del término “inconscientemente” en ese descargo no desvirtúa el reconocimiento. La razón que ella misma proporcionó para explicar su conducta - evitar que S. A. fuera involucrado- presupone que conocía la circunstancia omitida, comprendía su posible interés para la investigación y decidió no comunicarla. No se trata, entonces, de atribuirle una intención a partir de una inferencia aislada, sino de valorar la explicación que ella ofreció acerca de su propio proceder.
A ello se agregan las conversaciones de WhatsApp incorporadas a fs. 247/262. De esos intercambios no surge una orden expresa de S. A. para que ocultara su permanencia en la vivienda, por lo que no corresponde atribuirles un contenido que no tienen. Sí demuestran que, antes de la declaración de A. J. D., ambos habían hablado sobre la intervención policial, la posibilidad de que S. A. fuera identificado y su preocupación por ser convocado en la investigación. Esas conversaciones aportan el contexto en el que posteriormente se produjo la omisión y resultan concordantes con la explicación brindada por la propia imputada.
Las conclusiones de la pericia psicológica tampoco introducen una hipótesis alternativa capaz de desvirtuar esa comprobación. El informe descartó la presencia de trastornos psicopatológicos que pudieran desorganizar sus funciones o afectar la comprensión y dirección de sus acciones. Las características de inmadurez, inseguridad, pasividad o vulnerabilidad allí consignadas pueden resultar relevantes para examinar el contexto en el que adoptó su decisión, pero no demuestran que desconociera la permanencia de S. A. en la vivienda, que la hubiera olvidado o que no comprendiera aquello que declaraba.
La referencia pericial a una tendencia a la confabulación tampoco autoriza a presumir, de manera general, que sus recuerdos se encontraban distorsionados. A. J. D. describió posteriormente con precisión la permanencia de S. A., los momentos en que estuvo en las distintas habitaciones, el desayuno compartido y el horario aproximado en que se retiró. No existe en el informe una conclusión específica que vincule la omisión investigada con un error de percepción o de memoria.
La eventual influencia ejercida por S. A. puede explicar el motivo por el cual A. J. D. procuró mantenerlo apartado de la investigación, pero no modifica la comprobación material de que conocía su presencia y omitió informarla. No se acreditaron amenazas, coacción ni alguna otra circunstancia que hubiera anulado su capacidad de decidir. La prueba revela, por el contrario, que fue ella quien prestó la declaración y posteriormente explicó la razón por la que había silenciado aquel dato.
La defensa cuestionó también que durante la investigación se hubieran privilegiado los elementos compatibles con la hipótesis incriminatoria y sostuvo que las capturas de pantalla aportadas no fueron neutralizadas por prueba de cargo. Sin embargo, la conclusión aquí alcanzada no reproduce de manera automática la valoración efectuada por la Fiscalía ni prescinde de la prueba incorporada por la defensa. El análisis comprende la totalidad de las constancias y, especialmente, aquellos elementos invocados como prueba de descargo.
Las conversaciones y el descargo no son desestimados ni se les exige a las imputadas que demuestren su inocencia. Por el contrario, se los valora de acuerdo con su contenido concreto. Es precisamente el descargo de A. J. D. el que reconoce la omisión y explica el motivo por el que actuó de ese modo, mientras que las conversaciones acreditan que la eventual intervención de S. A. en la investigación había sido objeto de preocupación antes de que ella declarara. La comprobación del hecho no resulta, por tanto, de una presunción desfavorable ni de una inversión de la carga de la prueba, sino de elementos positivos incorporados al expediente, incluidos los presentados por la propia defensa.
La determinación de la materialidad del hecho no requiere establecer que S. A. haya sido autor del abuso investigado. Lo que debe comprobarse en esta cuestión es si A. J. D., al declarar como testigo, informó verazmente las circunstancias que conocía. Su creencia acerca de la inocencia de S. A. no modifica la existencia del dato omitido ni convierte en completa la versión que proporcionó.
La valoración conjunta de la primera y segunda declaración, el reconocimiento contenido en su descargo, las conversaciones mantenidas con S. A. y las conclusiones de la pericia psicológica permite descartar que la diferencia obedeciera a un olvido, una confusión temporal o una percepción equivocada. Esos elementos convergen en demostrar que A. J. D. conocía la permanencia de S. A. en la vivienda y que omitió comunicarla en su primera declaración judicial.
Por estas razones, tengo por acreditado, con el grado de certeza requerido en esta instancia, que el A. J. D., al prestar declaración testimonial bajo juramento ante la autoridad judicial competente, omitió informar que S. A. había pernoctado y permanecido durante parte de la mañana del **/** en la vivienda en la que se investigaba el hecho sufrido por su sobrino. La intervención personal de A. J. D. en esa declaración, el conocimiento directo que tenía de la circunstancia omitida y el posterior reconocimiento de su proceder permiten atribuirle la autoría material del hecho. La significación jurídico-penal de esa conducta será examinada en la cuestión siguiente. Ahora, conforme la conclusión alcanzada al tratar la cuestión precedente, corresponde determinar la calificación jurídica de la conducta atribuida a A. J.
D..
El artículo 275, primer párrafo, del Código Penal reprime al testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad, negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente.
El bien jurídico protegido por esta figura es la correcta administración de justicia, particularmente el adecuado desenvolvimiento de la actividad jurisdiccional y la reconstrucción de los hechos sobre la base de información veraz. Por ello, no toda imprecisión, contradicción secundaria o error de memoria configura el delito. Es necesario que la falsedad u ocultamiento recaiga sobre una circunstancia sustancial, objetivamente idónea para desviar, perturbar o dificultar la investigación o la decisión judicial. No se exige, sin embargo, que la declaración haya provocado efectivamente una resolución equivocada ni que la autoridad haya sido concretamente inducida a error. Basta con que, considerada en las circunstancias en que fue prestada, la falsedad posea aptitud para afectar el conocimiento de un aspecto relevante del hecho investigado.
En el caso, A. A. M. declaró como testigo, bajo juramento de decir verdad, ante una autoridad judicial competente. En esa condición se encontraba comprendida dentro del círculo de posibles sujetos activos previsto por la norma.
La modalidad típica atribuida no consiste en haber efectuado una afirmación expresamente contraria a la realidad, sino en haber callado parcialmente la verdad. Esta forma de comisión se encuentra expresamente contemplada por el artículo 275 del Código Penal y se configura cuando el testigo, conociendo una circunstancia sobre la que debe declarar, la sustrae deliberadamente del conocimiento de la autoridad.
Como se tuvo por acreditado en la cuestión anterior, al prestar su primera declaración testimonial A. J. D. omitió informar que S. A. había permanecido durante la noche y la mañana del día **/**/2022 en el domicilio en el que se encontraba la niña cuya situación dio origen a la investigación.
La circunstancia omitida no era accesoria ni ajena al objeto procesal. La investigación procuraba esclarecer un posible abuso sexual cometido contra una niña de corta edad y, en ese contexto, establecer qué personas adultas habían permanecido en el domicilio y tenido acceso a ella durante el período temporal relacionado con el hecho constituía un dato relevante para orientar las medidas investigativas y reconstruir lo sucedido.
La defensa sostuvo que la presencia de S. A. carecía de aptitud para influir en la investigación porque se había retirado antes de que se advirtieran las manifestaciones que motivaron la intervención médica. Sin embargo, al momento de recibirse la declaración no se encontraba determinada con precisión la oportunidad en que se habría producido la lesión. En consecuencia, la autoridad debía conocer la identidad de todas las personas que habían permanecido en el lugar durante el lapso de interés, sin que correspondiera a la testigo seleccionar cuáles de ellas debían o no ser mencionadas sobre la base de su propia valoración acerca de su posible responsabilidad.
La posterior falta de comprobación de una intervención del nombrado en el hecho principal tampoco elimina la relevancia típica de la omisión. La idoneidad debe apreciarse de acuerdo con la información disponible al momento de prestarse el testimonio y no a partir del resultado ulterior de la investigación.
También se encuentra acreditado el aspecto subjetivo de la figura. El falso testimonio es un delito doloso. Requiere que el autor conozca la verdad acerca de la circunstancia sobre la que declara y, pese a ello, quiera afirmarla falsamente, negarla u ocultarla. No exige una finalidad especial de perjudicar a determinada persona, favorecer a otra ni obtener un resultado procesal concreto.
En este caso, el conocimiento de A. A. M. respecto de la presencia de S. A. surge de su propia intervención en los acontecimientos y de la descripción que efectuó en su posterior declaración. Asimismo, la imputada reconoció que no lo había mencionado inicialmente por temor a que fuera involucrado injustamente. Esa explicación demuestra que no se trató de un olvido, una confusión o una percepción equivocada, sino de una decisión orientada a excluir de la investigación una información que conocía y consideraba inconveniente revelar.
La expresión utilizada en su descargo, en cuanto sostuvo que había actuado “inconscientemente”, no modifica esa conclusión. La existencia de un motivo concreto para el ocultamiento -evitar que S. A. fuera relacionado con el hechopresupone el conocimiento de la circunstancia omitida y la decisión de no comunicarla. Su convencimiento acerca de la inocencia del nombrado puede explicar el móvil de la conducta, pero no constituye un error sobre la verdad del dato ni excluye la voluntad de callarlo.
Las características personales señaladas en la evaluación psicológica, vinculadas con su vulnerabilidad, pasividad o tendencia a acomodar su discurso, tampoco bastan para excluir el dolo. El informe no constató una alteración que le impidiera comprender el alcance de sus actos o dirigir sus acciones, ni se acreditó que hubiera obrado bajo una coacción de entidad suficiente para anular su autodeterminación. Tales circunstancias podrán ser ponderadas, en su caso, al individualizar la respuesta punitiva, pero no neutralizan el conocimiento y la voluntad que surgen del conjunto probatorio. Finalmente, el hecho de que en una declaración posterior haya proporcionado la información inicialmente omitida no elimina la tipicidad de la conducta ya consumada. La rectificación posterior puede ser valorada en favor de la imputada al determinar la pena, pero no borra la afectación producida por el testimonio originariamente incompleto ni convierte retroactivamente aquella declaración en verdadera.
Por lo expuesto, considero que el hecho acreditado respecto de A. J. D. resulta constitutivo del delito de falso testimonio, en la modalidad de callar parcialmente la verdad, previsto y reprimido por el artículo 275, primer párrafo, del Código Penal, por el que deberá responder en calidad de autora, de conformidad con el artículo 45 del mismo cuerpo legal.
El Dr. Fernando Javier Zanetta Adhiere al voto de la Dra. María Alejandra Vila. TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar?
El Dr. Jorge Yance dijo:
Que conforme lo concluido precedentemente, corresponde dictar la absolución de A. A. M. en orden al delito de encubrimiento agravado (art. 277, primer párrafo, inciso a del CP), como así también la de A. J. D. en orden al delito de falso testimonio (art. 275 primer párrafo del CP) por imperio de la duda (Art. 4 del CPP).
En su mérito, deberán cesar todas las restricciones a ellas oportunamente impuestas.
Es mi voto.
Pos su parte, la Dra. María Alejandra Vila dijo:
En cuanto al pronunciamiento a adoptar, de conformidad con las conclusiones alcanzadas en las distintas cuestiones, corresponde absolver a A. A. M. en orden al delito de encubrimiento agravado por el que fue requerida a juicio (artículo 277, inciso 1, apartado a, en función del inciso 3, apartado a, del Código Penal) por aplicación del principio establecido en el artículo 4 del Código Procesal Penal, y hacer cesar las restricciones que le hubieran sido impuestas durante el proceso.
Procede, además, individualizar la sanción aplicable a A. J. D..
El delito de falso testimonio previsto en el primer párrafo del artículo 275 del Código Penal contempla una escala de un mes a cuatro años de prisión. La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la imposición de un año de prisión de ejecución condicional, petición que constituye el límite máximo de la respuesta punitiva en razón del procedimiento previsto en el artículo 517 del Código Procesal Penal.
Para determinar la pena, de conformidad con los artículos 40 y 41 del Código Penal, valoro la naturaleza de la conducta y las circunstancias concretas en las que fue ejecutada. La omisión recayó sobre la presencia de una persona adulta en el domicilio en el que se encontraba un niño de ** años, dentro del período temporal que interesaba reconstruir en una investigación iniciada por un posible delito contra su integridad sexual. Se trató, por ello, de información especialmente relevante para orientar la pesquisa e identificar a quienes habían tenido acceso al niño.
También pondero que la conducta se limitó a la supresión de una circunstancia determinada, que la imputada rectificó posteriormente su declaración y que no se acreditó un perjuicio procesal concreto derivado de aquella omisión. Desde el inicio puso su teléfono a disposición de la autoridad y proporcionó las claves necesarias para acceder a su contenido.
Las características personales consignadas en la evaluación psicológica -su vulnerabilidad, inseguridad, inmadurez y tendencia a supeditarse a las decisiones ajenas-, así como la influencia ejercida por quien entonces era su pareja, no excluyen su responsabilidad, pero reducen la intensidad del reproche y deben ser consideradas al individualizar la sanción. Valoro igualmente su edad al momento del hecho, su condición de estudiante y comerciante y su comportamiento posterior.
La consideración conjunta de estas circunstancias permite concluir que la pena de un año de prisión solicitada por la Fiscalía resulta proporcional a la gravedad del hecho y se mantiene dentro del tramo inferior de la escala penal. En cuanto a su modalidad de cumplimiento, por tratarse de su primera condena y teniendo en cuenta sus condiciones personales, su conducta posterior y la ausencia de circunstancias que hagan necesaria la efectiva privación de libertad, corresponde dejar en suspenso la ejecución de la pena, de conformidad con el artículo 26 del Código Penal.
Durante el término de dos años deberá fijar residencia y someterse al control del Patronato de Liberados y Excarcelados, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 27 bis del Código Penal. El tercer párrafo del artículo 275 del Código Penal establece, para todos los casos, la imposición de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena. Corresponde, por tanto, imponer a A. J. D. la pena de dos años de inhabilitación absoluta.
Deberá afrontar, además, las costas del proceso, conforme los artículos 29, inciso 3, del Código Penal y 511 y 512 del Código Procesal Penal.
Así voto.
El Dr. Fernando Zanetta adhiere al voto de la Dra. María Alejandra Vila. Por todo lo expuesto, en virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 4, 381, 382, 383, 385,386 y 517 del Código Procesal Penal, por mayoría de votos, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial;
1. ABSOLVER a A. A. M., de demás circunstancias personales de figuración en autos, en orden al delito de encubrimiento agravado (art. 277, primer párrafo inciso a del CP).
2. HACER CESAR todas las restricciones legales oportunamente impuestas a A. A. M. durante el proceso.
3. CONDENAR a A. J. D., de demás circunstancias de figuración en autos, a la pena de un (1) año de prisión de cumplimiento en suspenso y de dos años de inhabilitación absoluta como autora penalmente responsable del delito de falso testimonio (art. 275 primer párrafo del CP), además del pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP).
4. IMPONER a A. J. D., por el término de dos (2) años, la obligación de fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 1).
5. HACER SABER a la encartada que deberá dar cumplimiento a las reglas de conducta impuestas bajo apercibimiento de revocar el beneficio de condicionalidad de la pena impuesta en la presente.
6. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE la presente; firme que sea, COMUNÍQUESE y REMÍTANSE los presentes actuados a la Secretaria de Ejecución a sus efectos.
Fdo. Dr. Jorge Daniel Yance - presidente- Dra. María Alejandra Vila - jueza- Dr. Fernando Zanetta - juez subrogante- ante la Dra. María Fernanda Tuñón - secretaria-.
Fin de la sentencia