Abriendo la norma
TOMO CLXII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.184 FOLIO Nº 196/202 PROT. ELECT. JR101 331I.261
Río Gallegos, 13 de agosto de 2026.-
La presente causa caratulada: “M.F.J. S/ INFRACCION AL TITULO III DEL LIBRO II DEL C.P.A.”, Expte. Nº 93.648/25 Apelación/Causa JR Nº 10270/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 121/128 y vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción N° 1 de Río Gallegos, Dr. G.A.G., quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de F.J.M., en orden al delito de “ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE DOBLEMENTE AGRAVADO POR EL VINCULO Y POR LA CONVIVENCIA PREEXISTENTE”, (arts. 45, 119, 2° y 4° párrafos incs. b y f del Código Penal) y en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del nombrado como medida precautoria prevista por el art. 499 del CPP, hasta cubrir la suma de pesos tres millones ($ 3.000.000).- Que a fs. 130/133, la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 140 sostuvo el recurso (cód. validación ea8b3376) y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.-
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa un gravamen irreparable a su asistido, y es perjudicial a sus intereses.-
Que seguidamente se abordarán los agravios de la recurrente:
1. EL PROCESAMIENTO DEBE SER REVOCADO:
señaló que el auto recurrido arriba a una conclusión incriminante sin que existan elementos objetivos suficientes que permitan alcanzar el grado de probabilidad requerido por el CPP.- Adujo que no existen testigos presenciales;
evidencia física, rastros biológicos; constataciones médicas compatibles; elementos externos de corroboración; agregó, que la resolución convierte una hipótesis investigativa en una conclusión de responsabilidad penal.-
Cuestionó la valoración de las declaraciones testimoniales de G.C. y N.C., considerándolas arbitraria, dijo que ninguna de las testigos presenció los hechos investigados; todo lo que relatan deriva exclusivamente de lo que la niña de autos les habría manifestado.-
Alegó que la amplitud temporal de la imputación impide una adecuada confrontación probatoria y afecta seriamente el principio de defensa en juicio.-
Expuso que la jurisprudencia ha señalado reiteradamente que la declaración de la víctima constituye un elemento de relevancia, pero no exime al juzgador de verificar su corroboración externa. Tal extremo no ha ocurrido en el presente caso.-
Determinó que los testimonios de la progenitora y de la tía de la presunta víctima, valorados como elementos de "robustecimiento" del relato, constituyen en rigor testimonios de oídas (de relato indirecto), que reproducen lo que les habría sido referido por la propia niña L.E.M., por lo que no configuran corroboración externa e independiente, sino una reiteración de la misma fuente de conocimiento.-
Que iniciado el abordaje de estos primeros agravios, adelantamos, serán desestimados.-
En primer lugar debo resaltar que de la lectura del interlocutorio recurrido considero que con los elementos probatorios reunidos hasta el momento estaría suficientemente acreditada la materialidad de los hechos enrostrados y también su autoría, correspondiendo así traspasar la valla del art. 289 del CPP, razón por la que confirmaremos el auto apelado por ser adecuado a derecho.-
En este aspecto, la resolución dictada cumple con las prescripciones reguladas en los arts. 115, 116 y 291 del CPP, habiéndose analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional y con perspectiva de niñez y de género.-
Entrando específicamente en el análisis del agravio referido al material probatorio a que el auto de procesamiento se basó en el único testimonio de la denunciante, debemos señalar que en el caso que nos ocupa, se impone adoptar una perspectiva que contemple la naturaleza del delito que se investiga y la condición que revestía la víctima de autos al momento de los hechos, conforme la protección otorgada por nuestra Constitución Nacional.-
Tanto la doctrina como la jurisprudencia imperante, son contestes en sostener que la valoración de la prueba en delitos como el que nos ocupa, no puede realizarse como si se tratara de cualquier otro de los delitos tipificados por la legislación de fondo, debiendo conferir especial relevancia al relato de la víctima.-
Al respecto el máximo Tribunal en cuanto a la prueba en los delitos de abuso sexual, expresó que: "resulta de difícil recolección, no sólo por los desarreglos psicológicos que provocan en la víctima después de ocurrido el evento, sino también por el transcurso del tiempo hasta que llega la noticia criminis al tribunal. Ello no significa que resulte de imposible investigación, ni que pueda fragmentarse la prueba, quitándole sustento a lo que en su conjunto lo tiene, sino que habrá que valorar las pruebas teniendo en cuenta cada uno de los aspectos relevantes de la instrucción para arribar a un fallo definitivo que sea comprensivo y abarcador de los elementos de juicio recolectados" (CNCasCrimyCorrec - SalaII - TR LA LEY AR/JUR/98766/2023).-
A lo expuesto, podemos agregar que nuestro alto cuerpo tiene dicho que: “…El carácter de testigo único que reviste la víctima de un delito contra la integridad sexual no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil y, por ello, pretender revocar una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual – en el caso, agravado por el vínculo y la edad de la víctima–, alegando que lo único que sustenta la acreditación del mismo es la versión del hecho aportada por aquélla, atenta contra una regla de la experiencia común como es que los delitos contra la integridad sexual no suelen cometerse frente a testigos presenciales…” (Cita online LALEY AR/JUR/6917/2008, criterio sostenido igualmente ese mismo año en LALEY AR/JUR/3746/2008).-
Esta Alzada de forma reiterada sostiene que los dichos de la persona damnificada, resulta de importancia para una reconstrucción de los hechos y que posee los recaudos suficientes para otorgarle valor probatorio, al ser además contrastados sus dichos con demás elementos de prueba e indicios que surgían de la investigación.-
La decisión adoptada contempla el interés superior del niño, sin que ello implique desconocer o menoscabar los derechos y garantías que le asisten al imputado, los cuales han sido debidamente respetados y resguardados.-
En función de todo lo expuesto, debemos rechazar de plano la presunta insuficiencia probatoria postulada por la parte recurrente. En consecuencia, el presente agravio no podrá prosperar.-
PSICOLOGICO DE FS. 44/46: expresó que los profesionales -Cuerpo Pericial de Psicología- jamás concluyeron que F.M. sea autor de los hechos investigados; los peritos describieron ansiedad, inhibición, retraimiento, baja de autoestima, dificultades vinculares, sentimientos de culpa, inestabilidad emocional, resultando ser inespecíficos.-
Continuó con su exposición diciendo que se confunde indicadores de sufrimiento emocional como prueba en contra de su asistido.-
Que, en relación a esta crítica, adelantamos que no habrá de prosperar.-
En primer lugar, cabe recordar que la labor de los profesionales del Cuerpo Pericial de Psicología se limita a evacuar las consultas técnicas que les son formuladas, aportando conocimientos especializados que resulten de utilidad.- En este sentido, se trata de peritos oficiales cuyos informes son privilegiados al tratarse del asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia, cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas (Mismo criterio plasmado en Apelaciones Nos. 10039/26; 10009/26).-
Bajo esta premisa, la jurisprudencia de esta Alzada es conteste en sostener que el perito no puede declarar sobre si el testigo dice la verdad, siendo esta una función exclusiva del juez. El dictamen pericial no es vinculante para el tribunal, el cual debe formar su convicción sobre la base de la prueba producida durante la instrucción y no sobre las conclusiones del perito de manera aislada. El objetivo de la evaluación pericial psicológica de la credibilidad del relato consiste en analizar su estructura y contenido para establecer el grado en que cumple con criterios preestablecidos de fidedignidad.
Por lo tanto, no corresponde exigir que los profesionales se pronuncien de manera directa afirmando o descartando la autoría material del imputado, pues ello excedería flagrantemente su competencia técnica.-
Por otra parte, yerra la defensa al tildar de "inespecíficos" los indicadores descritos —ansiedad, inhibición, retraimiento, baja autoestima y sentimientos de culpa— o al sostener que el a quo "confundió" el sufrimiento emocional como prueba de cargo en contra de su asistido. Dichos indicadores de afectación emocional no se valoran de manera aislada ni operan como prueba autónoma de autoría, sino como un elemento complementario y contextualizador que enriquece el acervo probatorio.-
En delitos contra la integridad sexual, que por regla general se cometen en ámbitos de estricta intimidad y en ausencia de testigos presenciales, el testimonio de la víctima adquiere una relevancia primordial, debiendo valorarse con amplitud probatoria y bajo una necesaria perspectiva de género y de infancia.-
En este marco situacional, la detección de indicadores de angustia, desborde e inestabilidad emocional en la víctima, lejos de constituir una conjetura subjetiva, aporta un sustento clínico objetivo que descarta fabulación o mendacidad, dotando de verosimilitud y coherencia al relato de la niña.- Al encontrarse el testimonio de la víctima debidamente respaldado por las conclusiones clínicas de la pericia y el resto de la prueba colectada, el auto de mérito se presenta debidamente motivado y ajustado a derecho.-
Concordantemente con ello, “...no hay que olvidar que los delitos de abuso sexual se consuman en un marco de privacidad que conspira habitualmente para la incorporación de elementos probatorios, por ello el testimonio de la víctima adquiere plena prueba al no advertir interés u odio tendiente a perjudicar al imputado...” (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 4º, 8/11/2001, “Rodas Jaras, Domingo”).-
Asimismo debemos destacar que, en casos como el de marras, deben ser valorados sobre la base de las normas con jerarquía constitucional como los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que protegen a las mujeres contra todo tipo de violencia como también desde la perspectiva de infancias, resultando aplicable la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), la cual establece mecanismos de protección especial en lo que refiere a cualquier tipo de violencia ejercida contra los niños.-
Debemos considerar que las obligaciones que el Estado Argentino ha asumido mediante los tratados internacionales, deben ser cumplidas teniendo en cuenta “… el interés superior del niño, derecho sustantivo que se debe evaluar y considerar al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, que constituye también un principio jurídico interpretativo fundamental de carácter especial, pues si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que mejor satisfaga el interés superior del niño ...” (TCP; Sala VI, La Plata, Buenos Aires; Sánchez, Pablo Héctor y otros. Recurso de casación 14/03/2016; Rubinzal Online; 58920; RC J 1105/16). Criterio adoptado por esta Alzada en varias ocasiones (vgr. Apelación Nº 9397/25).-
A mayor abundamiento, corresponde hacer especial énfasis en lo dispuesto por la Ley N° 27.709 -conocida como Ley Lucio-, la cual establece principios rectores orientados a la protección integral de niños, niñas y adolescentes. En particular, su artículo 5 dispone: a) velar por el respeto de la Convención sobre los Derechos del Niño -incorporada a la Constitución Nacional por el artículo 75 inciso 22- y de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y b) generar condiciones para una convivencia social basada en vínculos de afecto y confianza, definidos como “buen trato”, fundamentales para el desarrollo del proyecto de vida de las nuevas generaciones.-
Tales lineamientos refuerzan la necesidad de analizar el hecho bajo un enfoque de protección integral, priorizando el interés superior del niño. Así, se torna necesaria la intervención del Estado de salvaguardia de la integridad tanto física como psíquica de la menor, en función de resguardar los derechos de aquella, consagrados por nuestra Carta Magna y por los demás instrumentos señalados (Postura reflejada en Apelación N° 10.165/26).-
Por ello, corresponde rechazar el agravio articulado.-
OBJETIVA: sostuvo que el propio examen médico forense reseñado en autos no reveló lesiones físicas compatibles con los hechos denunciados, circunstancia que, si bien la resolución pretende neutralizar invocando que existen metodologías de abuso que no dejan rastros físicos, no puede sino computarse como un elemento que debilita el cuadro de cargo, en la medida en que no aporta ningún elemento objetivo de corroboración.-
Que, ingresando al análisis del agravio referido a la inexistencia de corroboración médica objetiva, adelantamos que el planteo de la defensa no habrá de prosperar.-
Debemos partir de la premisa de que los delitos contra la integridad sexual poseen dinámicas comisivas particulares, desarrollándose por regla general en ámbitos de estricta intimidad, al amparo de la privacidad y sin testigos presenciales.-
Por lo tanto, pretender que la viabilidad de la acción penal dependa del hallazgo de rastros o secuelas corporales visibles atenta contra la experiencia común en esta clase de delitos (Criterio asentado en Apelación N° 10242/26).-
Como lo ha precisado el Cuerpo Médico Forense -fs. 39 vta.-: "...la ausencia de lesiones no invalida los posibles relatos de la menor, ya que existen múltiples metodologías de abuso sexual, que no dejan huellas a nivel físico. Durante el presente examen médico la menor se encontró muy angustiada y lloraba por momentos, siendo contenida por su madre...".- Asimismo, la distancia temporal que suele mediar entre los sucesos y la denuncia —explicable por el miedo, la vergüenza y los mecanismos defensivos de las víctimas— torna materialmente imposible en muchos casos la obtención de evidencias físicas contemporáneas, obligando al juzgador a reconstruir la verdad histórica a través de un análisis integral y armónico de otros elementos.-
En este contexto, el testimonio de la víctima adquiere una relevancia primordial y carácter de plena prueba cuando se presenta de forma coherente, verosímil y persistente frente a distintos interlocutores, sin que se adviertan indicadores de fabulación o móviles de animosidad contra el encausado.- Recordemos que para el dictado del auto de procesamiento no se exige la certeza apodíctica propia de una sentencia condenatoria, sino la concurrencia de un juicio de probabilidad suficiente fundado en indicios graves, precisos y concordantes.-
Al haberse alcanzado con holgura dicho estándar mediante la valoración conjunta del plexo probatorio, corresponde desestimar el agravio articulado.-
AGRAVANTE DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE: referenció acerca que el magistrado realiza afirmaciones genéricas sin individualizar períodos concretos, características de la supuesta convivencia ni elementos objetivos que acrediten una cohabitación estable durante el lapso investigado. Consecuentemente, la agravante carece de adecuada fundamentación.-
Requirió que se revoque el resolutorio por no reunirse los extremos previstos en el tipo penal reprimido en el art. 119 cuarto párrafo, inc. f del Código Penal.-
DEL CARACTER GRAVEMENTE ULTRAJANTE: hizo alusión que se limita a transcribir doctrina y jurisprudencia sin explicar concretamente por qué los hechos atribuidos superarían el marco del abuso sexual simple.-
Que no existen elementos de prueba, fuera del relato de la víctima, que permitan demostrar un desarrollo tan extenso de los hechos.-
Remarcó que el pronunciamiento cuestionado efectúa una valoración fragmentaria del material probatorio.- En dicho carril argumentativo, dijo que el decisorio alcanzado es arbitrario, violatorio del principio de legalidad, del debido proceso, la defensa en juicio y la igualdad establecida en la manda constitucional.-
Reiteró que se revoque el procesamiento dispuesto por insuficiencia del mérito probatorio requerido, y que se disponga el sobreseimiento definitivo del Sr. M.F.J..- Citó doctrina y jurisprudencia avalando su postura.-
Pues bien, teniendo en cuenta que se ha cuestionado en estos dos puntos -4) y 5)- la calificación legal atribuida a los hechos investigados, cabe señalar que la Instrucción ha expuesto con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta -fs. 121 y vta.-, la razón que lo llevó a encuadrar provisoriamente al hecho en orden al delito de “ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE DOBLEMENTE AGRAVADO POR EL VINCULO Y POR LA CONVIVENCIA PREEXISTENTE”, (arts. 45, 119, 2° y 4° párrafos incs. b y f del Código Penal)"; es decir, que los planteos formulados por la defensa del causante, se presenta como un mero disenso con lo resuelto, sin lograr controvertir lo decidido.-
Jurisprudencialmente se ha dicho que, la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase: Cám. Apel.; Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; 28/02/2018; Rubinzal Online;
661/2017 RC J 2642/18).-
En este sentido, en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, esta alzada entiende que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y, asimismo, en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando, no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia (Criterio asentado en Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23, 8488/23 y, recientemente, en Apelación Nº 9577/25, por citar algunas).- Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales..." (TR LALEY AR/JUR/56181/2014).-
Nos resulta menester advertir que, en este tipo de pronunciamiento sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho; lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación.-
De igual manera, cabe recordar que esta Alzada viene sosteniendo de manera reiterada, -desde el año 2022 y en concordancia con los dictámenes de la Sra. Fiscal de Cámaras-, que la calificación legal resulta ser de carácter provisorio y mutable, con lo cual no causa estado, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 9609/25 y 10037/26, entre otras tantas).-
Prueba de ello, resulta ser el reciente fallo de nuestro Tribunal Superior de Justicia, que en autos caratulados: "V.J.A. S/Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves", Expte. Nro. 1701/24/TSJ, en fecha 14/05/26, mediante el recurso de casación, hubo de modificar el encuadre legal establecido por el Juzgado de Instrucción, elevando el monto de la condena que había recaído en la Cámara Criminal y Correccional de la 1ra Circunscripción Judicial.-
En función de todo lo expuesto, -y sin perjuicio del carácter provisorio del encuadre jurídico asignado-, corresponde concluir que los planteos introducidos por la defensa no logran conmover los fundamentos del decisorio recurrido, ergo, los mismos serán rechazados.-
II. EMBARGO: como último agravio la recurrente indicó que el embargo dispuesto por la suma de Pesos Tres Millones ($ 3.000.000), se funda genéricamente en lo dispuesto por el art. 499 del Código Procesal Penal, sin efectuar una mensuración concreta y razonada del perjuicio que la conducta investigada habría causado, ni de las eventuales costas que pudieran derivarse del proceso.-
Consideró que la sola cita de la norma habilitante, sin la correspondiente motivación sobre la base económica o patrimonial que justifique el cúantum fijado, torna a la medida en arbitraria por falta de fundamentación suficiente.-
Solicitó que se revoque el embargo dispuesto, o subsidiariamente, se reduzca su monto a una suma que guarde razonable proporción con los elementos objetivos.-
Que corresponde adentrarse en el tratamiento del embate defensista dirigido a cuestionar la medida cautelar de embargo trabada sobre los bienes de su asistido por la suma de Pesos Tres Millones ($3.000.000).-
Al respecto, la parte recurrente aduce que la resolución de primera instancia resulta arbitraria por falta de fundamentación suficiente, sosteniendo que el Magistrado de grado se limitó a citar formalmente el artículo 499 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz (CPPSC), sin desarrollar la correspondiente motivación sobre la base económica o patrimonial que justifique el quantum fijado.-
Frente a dicho planteo, esta Alzada adelanta que el agravio deducido no obtendrá una acogida favorable.- En primer término, es menester precisar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 499 de nuestro código de rito, al dictar el auto de procesamiento, el Juez de grado subrogante se encuentra legalmente compelido a ordenar de manera imperativa el embargo de bienes del imputado en cantidad suficiente para garantizar la eventual pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso. El dictado de esta medida cautelar constituye una prescripción legal expresa, de carácter eminentemente precautorio y provisorio, cuya finalidad radica en asegurar los fines del proceso y el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria.
Bajo esa misma inteligencia, cabe aclarar que el monto de la medida cautelar de embargo dictada en esta instancia posee un carácter puramente estimativo y provisional debido al estadio embrionario en el que se encuentra la causa.-
La imposibilidad de fijar de momento una suma definitiva es una consecuencia directa de la provisoriedad de la etapa procesal que se transita (etapa de instrucción), debiendo postergarse la determinación del quantum final y definitivo al momento de dictarse la sentencia que ponga fin al proceso.- En efecto, a los fines de establecer el monto del embargo en el auto de procesamiento, este debe calcularse en función de los rubros que la ley manda a resguardar y no según la capacidad contributiva o patrimonial del procesado (Criterio seguido en Apelación Nos. 10.117/26; 10.161/26; entre otras).- Así lo ha consagrado el criterio jurisprudencial rector en la materia, al señalar que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; “D.Y., C.F. s/ Procesamiento”; Expte. Nº 1234/09).-
Asimismo, tampoco deben soslayarse las disposiciones de los artículos 29 y 30 del Código Penal de la Nación, las cuales consagran que, ante la eventualidad de una sentencia condenatoria, debe garantizarse la reposición de las cosas al estado anterior, la indemnización integral de los daños materiales y morales causados por el ilícito, y el pago de las costas del proceso en ese orden de prelación (Criterio plasmado en Apelación N° 10227/26, la más reciente).-
En concordancia con los tribunales nacionales, entendemos que: “...conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, (el monto del embargo) debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines...” (CNCrimyCorrec - 06/02/2024, TR LALEY AR/JUR/33938/2024).-
Por otra parte, resulta propicio recordar la calificada doctrina jurisprudencial que sostiene que: “...el texto del art. 554 C.P.P. (art. 518 C.P.P.N. y 499 del C.P.P.S.C.) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...” (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88 Causa: “M., H.A.”. Vocales: F., P., V. Secc. N1).-
Por consiguiente, al no verificarse una grosera desproporción ni un apartamiento de las reglas lógicas de fundamentación, corresponde rechazar el agravio bajo análisis y confirmar el monto de la medida de embargo decretada.-
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 121/128 y vta. de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia