Abriendo la norma
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.12 12:13:26-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C=AR, CN=GEYER TOMO CLIX - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.- Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento REGISTRO N° 10.014 Fecha: 2026.05.12 12:14:08-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 FOLIO N° 173/178 PROT. ELECT. JR101 161I.261 Río Gallegos, 12 de mayo de 2026.-
La presente causa caratulada “M.G. S/ DAÑO, LESIONES Y VIOLACION DE DOMICILIO” Expte. Nº M-80806/24, Apelación/Causa JR Nº 10127/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 59/65, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción N° Dos, Dra. Y.J.B., quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de L.G.M., en orden a los delitos de “VIOLACION DE DOMICILIO Y HURTO (Hecho 1), VIOLACION DE DOMICILIO Y DAÑO (Hecho 2) TODO EN CONCURSO REAL" (arts. 162, 150, 183 y 55 del Código Penal).- Que a fs. 69/70, el Dr. R.R., Letrado Adjunto de la Defensoría Pública Oficial N° Tres, apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; a fs. 81 sostuvo el recurso (cód. validación 1aebab52) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable.-
Sostuvo que la resolución tiene por configurado un apoderamiento ilegítimo de las llaves del domicilio, sin que se advierta una adecuada fundamentación respecto de elemento subjetivo exigido por el tipo penal; agregó, que aún tomando por cierta la hipótesis de que su asistido se habría llevado las llaves, las mismas fueron restituidas con posterioridad.-
Mencionó, que tal circunstancia, introduce un elemento de duda significativo respecto de la existencia de un animus domini, es decir, de la intención de desapoderar de manera definitiva a la titular del bien.-
Indicó que el delito de hurto exige no sólo el apoderamiento material sino también la voluntad de hacer propia la cosa, extremo que no puede presumirse automáticamente ante cualquier desplazamiento físico del objeto.-
Cuestionó que se le atribuye a su defendido haber ingresado al domicilio sin consentimiento de su ex pareja; sin embargo, la resolución omite ponderar un aspecto central: la existencia de un vínculo previo entre las partes y la eventual relación del Sr. M. con el inmueble.-
Señaló que no surge del decisorio que se haya acreditado de manera concreta y precisa la exclusión expresa del imputado del domicilio, la existencia de una prohibición clara de ingreso, ni circunstancias objetivas que permitan descartar toda expectativa de acceso derivada del vínculo previo.-
Argumentó que no ha sido debidamente esclarecido en la resolución la forma concreta del ingreso a la vivienda.- Alegó, en cuanto al delito de daño, que la resolución no da cuenta de la existencia de pericia técnica que acredite la identidad del daño, la magnitud del deterioro producido, ni la valoración económica del mismo.-
Referenció que la imputación aparece sustentada en una base probatoria insuficiente para alcanzar el estándar de probabilidad requerido en esta etapa procesal.-
Reiteró que la reconstrucción global de los hechos presentan inconsistencias que no han sido debidamente abordadas.- Hizo alusión que la resolución recurrida no logra superar el umbral de probabilidad exigido para el dictado de un procesamiento, en tanto no se encuentra debidamente acreditado el elemento subjetivo del hurto, la configuración de la violación de domicilio no ha sido analizada en el contexto relacional de las partes, existen imprecisiones relevantes en la descripción de los hechos y la prueba respecto del daño resulta insuficiente.-
Frente a lo expuesto, y en virtud de las dudas emergentes en función de la escasez probatoria, solicitó que prevalezca la garantía constitucional de "in dubio pro reo" y que se revoque el procesamiento.-
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
1. Que, analizados los agravios expresados por la defensa técnica, adelanto, serán desestimados.-
En primer lugar, advertimos que las consideraciones en las que el apelante pretende fundar la supuesta falta de fundamentación lógica y razonabilidad del auto de mérito en análisis, sólo traducen su disconformidad con el criterio expuesto por la Sra. Jueza de grado en la decisión recurrida, no logrando acreditar el apartamiento inequívoco de la solución legal prevista para el caso ni tampoco una decisiva carencia de motivación, mucho menos la afectación de las garantías constitucionales y de los principios de in dubio pro reo, de inocencia y de defensa en juicio; circunstancia que, en sí misma, autoriza a rechazar este planteo.-
Al respecto la CSJN tiene dicho que: "...La doctrina de la arbitrariedad requiere que las resoluciones recurridas prescindan inequivocadamente de la solución prevista en la ley, o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación..." (Cita online: CSJN 325:324 •30003297).-
Por el contrario a lo planteado por la defensa, entendemos que el pronunciamiento de la Jueza de Instrucción se presenta racional y fundado íntegramente en las pruebas recabadas en el legajo, las cuales lucen acordes a la naturaleza de los delitos investigados y fueron analizadas de manera conjunta, a la luz de la sana crítica racional, enrolada en las normas nacionales e internacionales en materia de perspectiva de derechos en materia de violencia de género, dando las razones por las que arriba al auto de procesamiento.-
Esta Alzada sostiene invariablemente que para el dictado del auto procesamiento: “...basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; 08/06/2010; “A.R.M.A. y otro”; Cita: TR LALEY 70061334).-
Que, con respecto al mérito de la prueba reunida en autos, la crítica del reclamante tampoco prosperará, siendo que del estudio del auto de procesamiento se observa sin dificultad que no se sostiene en el testimonio único de la damnificada, sino que luce producto de la valoración armónica y pormenorizada del informe de inicio de actuados, la denuncia de J.J.L., el acta de inspección ocular y croquis ilustrativo, la orden de investigación, la certificación, la Nota Nro. 026-DG.CRIM.RG-SF/25, la declaración testimonial de M.S.R. y de J.J.L., el Oficio N° 176/25 del Cuerpo Pericial de Psicólogos, todo ello conforme surge de fs. 59 vta..-
Se concuerda con la Magistrada en que los ilícitos investigados se encuadran dentro de la violencia contra la mujer y como tal constituyen una violación a los derechos humanos; con lo cual, el examen de la cuestión impone como principio rector la incorporación de la "perspectiva de género" como pauta hermenéutica constitucional. - En el ámbito local, la ley 26.485 de Protección Integral, establece el deber estatal de promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, fijando los derechos y garantías mínimos de los procedimientos judiciales, estipulando concretamente, el derecho a obtener de parte de la justicia una respuesta oportuna y efectiva (art. 16 inc b), recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de sus derechos (art. 16 inc e) y a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos (art. 16 inc i) (Cf. criterio sostenido en Apelación Nº 7227/21).-
Esta Alzada -en reiteradas oportunidades-, dejó asentado que el testimonio de la víctima de delitos cometidos con violencia de género, tiene en sí mismo valor de prueba para enervar la presunción de inocencia, siempre que se efectúe con las debidas garantías, de manera tal que el involucrado pueda desvirtuar el relato de la misma, si lo estima pertinente, y esto no debilita o flexibiliza las garantías constitucionales a las que se subordina todo proceso penal (A modo de ejemplo se cita la Apelación Nº 7599/22).-
Cabe destacar lo asentado en un reciente fallo de un Tribunal de la Patagonia sobre este punto, habiendo entendido que: “...La perspectiva de género no implica flexibilizar los estándares de prueba en orden al principio de inocencia, sino que implica un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes y la prueba generada, sin perder de vista las desigualdades entre hombres y mujeres; (…) el testimonio de la víctima se erige en prueba fundamental. Así es que el testimonio único debe encontrarse rodeado de determinados recaudos, con corroboración por otros elementos de juicio...” (Tribunal de impugnación de Río Negro; 26/04/2022; “CH. V. P. c. A. M. s/ Abuso sexual”; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/68242/2022).-
Y, en el caso en estudio, advertimos que el auto recurrido se ajusta a los lineamientos del TSJ con relación a la valoración de la prueba en las resoluciones. En este sentido, el TSJ ha venido sosteniendo que: "...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad..." (Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros).-
Otros juzgados nacionales tienen dicho: "...En los casos de violencia de género, la relevancia de los elementos probatorios indirectos o indiciarios de carácter objetivo, corroborante o periférico de los hechos denunciados no puede ser desechada dogmáticamente, por no provenir de fuentes directas o por no brindar datos concretos respecto de aquellos hechos, toda vez que el fundamento por el cual estos elementos tienen que ser propuestos, recibidos y valorados sólo está en conferirle una mayor convicción al testimonio de los involucrados acerca del conflicto investigado..." (Cita online: TR LALEY AR/JUR/18735/2014).-
Es por lo expuesto que el cúmulo de prueba no es insuficiente como lo sostiene la parte recurrente, a tal punto de no configurar elementos para sostener que su defendido sea probablemente autor de los hechos que le fueran impuestos. Por el contrario, resulta suficiente para el grado de probabilidad requerido en esta instancia y el Juzgado actuante ha tenido en cuenta las pruebas señaladas.-
Por todo lo valorado, lo cuestionado queda descartado.-
2. En segundo lugar, en relación al cuestionamiento efectuado por la defensa referido al delito de hurto, argumentando que, incluso en la hipótesis de tener por acreditado que el imputado retiró las llaves del lugar (interior de la vivienda), éstas fueron posteriormente devueltas, por lo que no se habría configurado un desapoderamiento.- Sin embargo, por ello, tampoco consideramos que la aplicación de la teoría de la disponibilidad del bien, resulte acertada al caso de marras, habiendo existido desapoderamiento y poder de disposición.-
Más aún, la circunstancia de que posteriormente se hubieran restituido las llaves sutraídas no resulta suficiente para desvirtuar la configuración típica del delito de hurto, ya que el desapoderamiento se consumó a partir del momento en que el causante retiró el bien y/u objeto de la esfera de custodia de la Sra. L. - domicilio- con ánimo de disponer del mismo.-
Por si fuera poco, resulta oportuno citar el criterio asentado jurisprudencialmente al respecto: “…que no existe óbice alguno en tener por probado un determinado hecho o circunstancia, en virtud de un único testimonio, en la medida que no se verifique la presencia de alguna situación que provoque una merma en su credibilidad, o que el alcance otorgado en sus manifestaciones resulte arbitrario o absurdo…” (SCPBSAS, Causa P. 126.185, sentencia del 18/05/2016). Sin embargo, debemos reiterar que para esta Alzada el auto recurrido no se sustenta en un testigo único o en una única prueba, sino que existe un conglomerado probatorio que permite acreditar la responsabilidad que “prima facie” le cabe al imputado en el mismo.-
En este sentido, se ha dicho: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio” (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).-
En suma, esta Alzada entiende que la autoría del hurto, en cabeza del Sr. L.G.M., se encuentra acreditada con el grado de probabilidad suficiente requerido en esta instancia procesal, motivo por el cual, el presente agravio no prosperará.-
3. Que con relación al delito de violación de domicilio, la a quo valoró el testimonio de la damnificada, quien en sede policial -División Comisaría de la Mujer y la Familia- refirió claramente que: "...No obstante, en el día de la fecha, siendo las 17.00 hs., momentos en los que iba a buscar a mi hijo a la escuela, me llega un mensaje por parte de la amiga de mi hija, donde ésta le decía que G. había ingresado a la casa, que sentía miedo porque se encontraba sola, posterior comienzo a llamar a mi hija y no recibo respuesta de su parte. Asimismo, cuando me dirijo hacia mi morada S. me contesta y entre llantos me manifestó que el causante estaba adentro, lo cual le contesté que ya estaba llegando. Posterior al llegar al inmueble pude observar que G. salió por la ventana de atrás para luego salir corriendo por la parte trasera del patio, entonces realicé el llamado al 101. Cabe mencionar que en ese momento, mi hija me comentó que el causante previo al ingreso, le mandó mensaje para que se acerque a la puerta de acceso de la casa para devolverle las llaves que se había llevado la noche anterior, lo cual ella le dijo que lo haga mediante el portón, pero éste se negó y ella al ver que no tenía intenciones de tal acción se fue a esconder a la pieza, posterior G. ingresa con las llaves y se dirige hacia donde ella se encontraba, pero al ver que tenía puestas las llaves comenzó a patear la puerta hasta lograr dañar el marco de la misma..." -fs. 03vta.-.-
Además, no podemos soslayar, tal como lo mencionó la Magistrada en el punto CONSIDERANDO -fs. 63vta.-: "...En autos, resulta evidente que el apoderamiento ilegítimo se consumó toda vez que al día siguiente, el imputado M. ingresó al domicilio con las llaves previamente hurtadas, configurando este último accionar la figura de violación de domicilio. Ello así, pues no se encontraba autorizado por persona alguna para ingresar a la morada de su ex pareja, quien insistentemente le decía que no iba a salir y que se fuera de allí..."; criterio que compartimos.-
4. Para continuar, en otro pasaje de su presentación, la defensa criticó al delito de daño reiterando acerca de la valoración de las pruebas aunadas en el legajo, en virtud de la cual, debemos señalar que para la atribución de responsabilidad por el accionar descripto, la A Quo tuvo en consideración el acta de inspección ocular -fs. 07/08- que da cuenta en forma detallada de lo observado por los funcionarios públicos en el lugar de los hechos, el croquis ilustrativo en el que se plasma el lugar en el que se constatara el daño producido -fs. 09-, y las secuencias fotográficas -fs. 23/24-, resultando todo ello coincidente con lo narrado por la damnificada.- En cuanto a la supuesta falencia señalada -omisión de pruebas como por ejemplo la pericia técnica-, cabe mencionar que la Jueza de Instrucción en virtud de lo dispuesto por los arts. 185 inc 1º) y 199 del C.P.P., tiene amplias facultades para comprobar si existe un hecho delictivo, y podrá hacer uso de las diligencias que estime pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, tal lo acontecido en el caso de marras; más aún, debe decirse que en la presente investigación no se vislumbra ninguna solicitud por parte del presentante en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, por lo que no puede responsabilizar a la instrucción en este sentido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P.; con lo cual, el planteo no tendrá favorable acogida.-
5. Para finalizar, esta Alzada no puede dejar de mencionar a la Instrucción el ostensible tiempo transcurrido desde el inicio de la presente investigación en el mes de diciembre del año 2024, sin registrarse actividad procesal relevante en las presentes actuaciones, estando paralizada desde la recepción del sumario el día 12/12/2024 hasta el 17/03/2025 -primer proveído; fs. 19/20-; del 01/04/2025 al 05/06/2025 -fs. 48-; del 06/06/2025 -acta de fijación de domicilio- al 08/09/2025 -fs. 50-; desde el 03/11/2025 -recepción de la declaración indagatoria; fs. 57 y vta.- al 18/02/2026 -pase a resolver; fs. 58-; habiéndose resuelto la situación procesal del imputado con fecha 19/03/2026.-
Que, en función de lo resuelto, y en aplicación de la debida diligencia reforzada, entendemos corresponderá dar cumplimiento sin más a lo previsto por el art. 197 del CPP que dispone: “…En ningún caso la instrucción podrá exceder de un (1) año. Cumplido dicho término y en el estado en que se encuentre la causa, se correrá vista al agente fiscal y al querellante a fin de que se expidan conforme lo dispuesto por el art. 330º inciso 2º por el término de tres (3) días…”.- La falta de apego a los plazos procesales del juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta al juzgado actuante que se abstenga de incurrir en procederes de similar naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones.-
6. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
7. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz bajo los recaudos de estilo y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 59/65 de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. HACER SABER a la INSTRUCCIÓN lo consignado en el punto 5) del considerando que antecede, a sus efectos.-
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia