Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.17 11:08:43-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C=AR, CN= GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento TOMO CLXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- Fecha: 2026.06.17 11:09:47-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 REGISTRO Nº 10.075 FOLIO Nº 004/009 PROT. ELECT. JR101 222I.261 Río Gallegos, 17 de junio de 2026.-
Los presentes autos caratulados “M.G.N. S/ Infracción al Título III del Libro II del C.P.A., Amenazas Calificadas, Lesiones, Daños, Violación de Domicilio y Hurto de Automotor” - Expte. Nº 92.091/24 - Apelación Nº 10185/26, venidos a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 101/111, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Uno con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto 1º) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado G.N.M. en orden al delito de “Violación de Domicilio (dos hechos), Hurto, Lesiones Leves Agravadas por su comisión en el contexto de la relación de pareja que lo une a la damnificada y mediando violencia de género, Amenazas Calificadas por el Uso de Armas, Abuso Sexual con Acceso Carnal y Desobediencia, todo ello en concurso real” (Arts. 55, 89 y 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11, 119 3er párrafo, 149 bis 1er párrafo in fine, 150, 162 y 249 del C.P); en el punto 2°) trabó Embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de Pesos Dos Millones ($2.000.000). A fs. 117/120, la defensa apeló dicho auto -motivándolo-, recurso que fuera sostenido a fs. 129, no habiendo presentado el memorial del art. 437 de CPP; en consecuencia quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
I. Seguidamente se abordarán los agravios propuestos por la parte recurrente.
1. Plantea la defensa (en su punto uno) que el auto de procesamiento se construye sobre la base casi exclusiva del relato de la denunciante E.E.B., no existiendo ningún testigo presencial de ninguno de los cinco hechos imputados.
Asimismo, señala que el principio de amplitud probatoria no importa la supresión de las reglas de la sana crítica racional, ni la inversión del estándar probatorio, el cual -explica- que no se satisface con el testimonio singular de quien tiene interés directo con el resultado del proceso.
Alega la defensa (en su segundo agravio) que, sin desconocer el valor probatorio que el marco normativo con perspectiva de género reconoce al testimonio de la víctima, el contexto de relación conflictiva preexistente entre la denunciante y el imputado impide asignarle a dicho testimonio la entidad de prueba de cargo suficiente para sustentar el procesamiento.
También, plantea la ausencia de una denuncia contemporánea respecto de los hechos 2 (lesiones, julio 2024), hecho tres (amenazas con cuchillo, octubre 2023) y hecho cuatro (abuso sexual noviembre, 2023), indicando que estos fueron relatados por primera vez en meses o años después de ocurridos los episodios, lo que impidió la adopción de medidas tendientes a preservar evidencia y material corroborante, de las cuales el expediente carece.
Del mismo modo, argumenta que el informe de psicodiagnóstico no acredita la ocurrencia de los hechos, ya que, la ausencia de indicadores de mendacidad señalados en dicho acto no equivale a la acreditación de la veracidad del contenido del relato. Que, la pericia evaluó la consistencia del testimonio, pero no la realidad histórica de los hechos denunciados.
Con respecto al testimonio de la licenciada C., el letrado aduce que sus dichos no son prueba independiente de los hechos ya que la profesional se limitó a narrar sobre lo que la propia B le manifestó en el contexto de un tratamiento terapéutico.
El recurrente también se agravia por la insuficiencia probatoria en hechos específicos (ítem 3).
Indica respecto al delito de amenazas calificadas, que no existe ninguna corroboración objetiva de la exhibición del cuchillo, por lo tanto, la agravante del art. 149 bis in fine descansa únicamente en los dichos de la denunciante.
Mismo argumento alude con respecto al hecho de abuso sexual con Acceso carnal (noviembre 2023) en cuanto que no existen constancias médicas ni ginecológicas, no se realizaron pericias biológicas ni forenses, no hay testigos y que no existe prueba Material de ningún tipo, considerando que este tipo de delitos exige una valoración probatoria estricta.
Sobre el hecho dos correspondiente a las lesiones leves (julio 2024) plantea que si bien las imágenes del teléfono celular de la víctima (tomadas el 11/07/24) muestran lesiones leves, esas imágenes no pueden acreditar por sí solas la autoría del imputado.
Asimismo, indica que las agravantes del art. 80, inc. 1 y 11 del CP, no pueden aplicarse simultáneamente de manera automática, pues la agravante de violencia de género requiere acreditar que la agresión tuvo lugar en un contexto de relación desigual de poder basada en el género, lo cual no ha sido probado en esta instancia.
Atento al delito de violación de domicilio y hurto (12 de octubre de 2024), señala que la propia denunciante manifestó que el teléfono celular fue recuperado ese mismo día al regresar a su domicilio, y que las llaves del vehículo fueron recuperadas mediante la intervención de la progenitora del imputado.
Que la recuperación de los efectos no cuadran en el delito de hurto, el cual requiere apoderamiento con ánimo de lucro definitivo.
Finalmente, la defensa se reserva el derecho de solicitar la revisión de la restricción de acercamiento impuesta en sede penal, en caso de que la cámara haga lugar al recurso respecto de los hechos que sustenta su imposición -en particular el hecho cinco desobediencia-. Que la restricción de acercamiento penal superpuesta con la medida de familia genera una duplicación de restricciones que debe ser analizada a la luz del principio de razonabilidad y proporcionalidad de las medidas cautelares.
Daremos inicio al abordaje de este presente agravio indicando que no compartimos las apreciaciones que efectúa la defensa, por cuanto el pronunciamiento de la Sra. Jueza de Instrucción se presenta racional y fundado íntegramente en las pruebas producidas en el legajo, las cuales fueron analizadas de manera conjunta y a la luz de la sana crítica racional, permitiéndole concluir que revisten entidad suficiente con el grado de probabilidad que la instancia requiere para emitir el juicio de valor incriminatorio respecto de G.N.M.
En efecto, la Magistrada sustenta su resolución en la valoración concatenada de los informes policiales de fs. 01/02vta., 43, la denuncia de la Sra. E.B. ante la OVD y ante la Comisaría de la MyF de fs. 04/07 y 11/14, 44/45 y la ampliación de la denuncia de fs. 21/vta., el informe de situación de riesgo de fs. 08/09ta., la declaración testimonial de E.B. de fs. 33/34vta., la declaración testimonial de C.A.C.C. de fs. 40/41, la secuencia fotográfica de fs. 70/72, entre otros; concluyendo razonadamente que se trata de pruebas e indicios lo suficientemente graves, precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditado los hechos investigados y conectar -con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado G.N.M. con las mismas.
De esa manera, no podemos aseverar -como propone la defensa- que el auto de procesamiento se construya sobre la base del testimonio único de la víctima. Si bien, resulta cierto que contamos en gran medida con las declaraciones de la víctima, no podemos pasar por alto la declaración testimonial de la Lic. C.C., quien acompaña a la Sra. B. desde abril de 2023, es decir, hace un año antes de la denuncia que dio inicio a los presentes actuados. En este sentido, la profesional brinda idénticos detalles sobre la suscitación de los hechos, exponiendo actos de manipulación, violencia física como psicológica y el camino recorrido hasta que la Sra. B. radicó la primera denuncia, resaltando, que la vez que la denunciante quiso dar por finalizada la relación, el imputado la habría persuadido mediante amenazas de autolesiones, a saber: “...si vos me dejas, me voy a matar, me voy a lastimar, me voy a ir y no me vas a ver más…” (fs. 40vta.).
Que, lo expuesto por la licenciada, como por la víctima, también brindaría vigor a las amenazas que habría generado el imputado con respecto a esta última, quien a lo largo de la investigación manifestó de forma persistente sentir temor por su ex pareja. De manera específica expusó a fs. 12: “...el año pasado, en el mes de octubre, hicimos un espontáneo viaje a Gobernador Gregores, (...) que al momento de regresar a esta ciudad, en el viaje me comenzó a reclamar de nuevo que había estado con otra persona, allí me exhibió un cuchillo, tipo asador, aparentemente mango de madera, no recordando características del mismo y me expresó "...DECIME LA VERDAD O ME MATO...", por lo que sentí mucho temor y quede en shock, mientras lloraba le pedía que se calmara y que no haga eso, aclarando que no hizo nada ese día…”; que, bajo este contexto la a quo consideró acreditada -con el grado de probabilidad- las amenazas calificadas, indicando: “...que en relación al delito de amenazas agravadas por haber sido cometidas con arma (...) cabe reiterar que resulta de vital importancia el relato brindado por la víctima, quien manifestó que el causante le exhibió un cuchillo, tipo asador, mientras le expresaba textualmente "(...) Decime la verdad o me mato (...)" (vr. fs. 11/14). Debiendo poner de resalto que la damnificada refirió reiteradamente sentir temor ante los dichos de M. Que en este contexto, cabe merituarse que el hecho no sólo consiste en la amenaza propiamente dicha, sino que se agrava con el efecto intimidante del medio empleado (arma blanca)...”.
Asimismo, la Lic. detalló que la agresión física llevada adelante por el imputado habría consistido en tomarla del cuello y levantarla, intentado ahorcarla, y que en otra oportunidad habría abusado sexualmente de ella.
Que, con respecto a este último hecho, la denunciante dijo: “...me alzó y me expresó “...tenes un olor a leche…”, para posterior bajarme mi pantalón corto y meterme los dedos en la vagina, luego comenzó a reclamarme que había estado con otra persona…” (fs. 12vta.); habiendo la licenciada narrado la misma situación, y agregó: “...cada vez que ella llegaba de trabajar o de algún lugar la olía para ver si había estado con otro hombre…”.
En este punto cabe señalar que se trata de circunstancias que, por su propia naturaleza, se desarrollan en un ámbito de estricta privacidad.
En efecto, las dinámicas de violencia -especialmente aquellas de índole psicológica y de control- suelen desplegarse en contextos de intimidad, sin la presencia de terceros, lo que explica que su conocimiento provenga, en gran medida, del relato de la víctima en espacios de confianza como el terapéutico, lo cual, no obsta a su valoración, sino que, por el contrario, resulta coherente con las características propias de este tipo de violencia.
A mayor abundamiento, se ha sostenido: “...la declaración de la víctima puede integrar la prueba de cargo necesaria para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia, pues de otra manera se crearían espacios de impunidad inaceptables...” (Trib. Crim. Nº 4; La Plata; Buenos Aires; D.P.,J.A. s. Abuso sexual con acceso carnal; 24/05/2024; Rubinzal Online; RC J 5549/24).
En idéntico sentido, se ha dicho: “...el imputado debe ser procesado en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal proferido contra su pareja, pues el detallado relato que la víctima efectuó en distintas oportunidades… no varió y en todo momento exhibió sentimientos de temor y angustia al narrarlo, a lo que se suma que luce inconcebible pensar que una persona elucubre acusaciones de tan gravísimo tenor y, a tal fin, se exponga a situaciones que atentan contra su salud e intimidad con el solo propósito de perjudicar infundadamente a otra...” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; sala de feria A; 15/01/2019; G.L.,S. s/ Procesamiento; TR LALEY AR/JUR/88/2019).
Sobre la autoría de las lesiones, se advierte que la damnificada sindica de manera directa al imputado como responsable de las mismas, sin que en autos exista prueba de descargo que permita arribar a una conclusión diversa.
Que, dicho señalamiento no aparece aislado, sino que se inscribe en un relato sostenido y coherente a lo largo de las actuaciones, en el que la víctima atribuye al encausado la totalidad de los episodios de violencia denunciados.
Ahora bien, debemos resaltar lo declarado por la Lic. C. al manifestar: “...cada uno de estos hechos de ultraje y violencia que estoy comentando a E. le costaba mucho poder expresarlos y a medida que transcurrían las sesiones comenzó a decirlos, obviamente le generaba contarlos muchísima vergüenza…”. Cabe destacar que lo expuesto responde al agravio introducido por la defensa, en cuanto insiste en que la víctima no habría efectuado las denuncias de los hechos dos, tres y cuatro en el momento en que se habían suscitado, calificándolas como extemporáneas, sin embargo, de lo manifestado por la testigo se desprende que fue precisamente la vergüenza lo que le dificultó a la víctima exteriorizar tales situaciones, requiriendo un proceso paulatino para poder hacerlo.
Por lo expuesto, este agravio no podrá prosperar, debiendo obviar la defensa cualquier conducta esperable en personas víctimas de un delito, puesto que esto no hace más que revictimizarlas y lejos está de constituir una crítica razonada al auto de mérito en análisis. Misma suerte corre el agravio mediante el cual el apelante indica que la licenciada se limitó a narrar lo manifestado por la víctima, pues advertimos que la profesional no sólo recepcionó el relato, sino que incorporó apreciaciones propias y observaciones clínicas que exceden la mera transcripción. Asimismo, cabe destacar que se trata de una profesional ajena al conflicto y por lo tanto, sin interés directo en el resultado del proceso, lo que refuerza la objetividad e imparcialidad de sus conclusiones.
Con respecto al agravio mediante el cual la defensa cuestiona la materialidad de los delitos de violación de domicilio y hurto del teléfono celular -sosteniendo que tanto las llaves del vehículo como el aparato fueron recuperados el mismo día, y que ello excluiría la configuración típica- debemos adelantar que no prosperará.
En primer lugar, debemos destacar que fue precisamente este episodio el que motivó la radicación de la denuncia que dio origen a las presentes actuaciones.
En segundo lugar, advertimos que la materialidad de los hechos se encuentra debidamente acreditada, toda vez que la circunstancia de que el imputado haya restituido los objetos sustraídos no lo exime de responsabilidad, puesto que, para la configuración de la figura, basta con el desapoderamiento de los efectos del ámbito de custodia de su titular.
En este contexto, corresponde recordar que según los dichos de la víctima, el imputado habría ingresado al domicilio de su propiedad sin su autorización y, con posterioridad sustraído los efectos de mención; en consecuencia, los extremos típicos previstos en los arts. 150 y 162 del C.P. se encontrarían, prima facie, satisfechos.
Ahora, adentrándonos al agravio que cuestiona el informe de psicodiagnóstico, en cuanto la defensa sostiene que el mismo no acredita la ocurrencia de los hechos denunciados, corresponde señalar que dicho instrumento no reviste ya que, por el contrario, permite comprender el estado psíquico de la víctima, la verosimilitud de su relato y la eventual compatibilidad de los indicadores relevados con situaciones de violencia como las denunciadas.
En este sentido, de dicho informe surge, como relevante para el caso, que la damnificada “...se encuentra capacitada psicofísicamente para comprender la naturaleza de una agresión sexual, mostrando un nivel cognitivo y afectivo adecuado para interpretar y reaccionar ante situaciones de este tipo…” y que “...el análisis del relato no arroja indicadores consistentes de mendacidad o relato inducido por parte de terceros. La entrevistada logra narrar de manera coherente los patrones típicos de víctimas de violencia de género, con detalles específicos y consistencia interna y externa. Las emociones asociadas a los hechos narrados son congruentes y se manifiestan de manera espontánea, lo que refuerza su verosimilitud…”.
En tal sentido, el informe en cuestión no puede ser descalificado por no constituir prueba directa del hecho, en tanto su valor radica precisamente en su carácter complementario, contribuyendo -junto con el resto de las constancias de la causa- a la valoración integral del cuadro probatorio.
Que, en virtud de todo lo analizado hasta el momento, es dable advertir que, contrariamente al agravio planteado por la defensa, los hechos investigados se habrían desarrollado en un contexto de violencia de género, caracterizado por una dinámica de control, sometimiento y desigualdad de poder ejercida por el imputado sobre la víctima.
Atento ello, cabe recordar, que la incorporación de la perspectiva de género en el proceso judicial, no implica per se afirmar su existencia o aceptar la versión alegada por la otra parte. (Criterio asentado en Apelación N° 9525/25, 9895/25, entre otras), ni eximir al órgano jurisdiccional de su deber de analizar la totalidad de la prueba producida. Al contrario, dicho enfoque exige una valoración contextualizada de los elementos probatorios reunidos, garantizando - simultáneamente- el debido proceso, el derecho de defensa en juicio, y la objetividad e imparcialidad con el que se debe abocar un proceso judicial. Que, esta Alzada entiende que la Sra. Jueza se avocó a su labor: valorar correctamente la evidencia dentro del marco normativo que corresponde, y teniendo en cuenta las aristas de violencia de género que el caso presentaba.
En efecto, se ha asentado jurisprudencialmente “...el valor especial que tiene la declaración de la víctima en los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de la violencia doméstica, donde “la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías, para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor…” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017).
En este sentido, entendemos que las consideraciones que constituyen el presente escrito de apelación, sólo traducen la disconformidad de la recurrente con el criterio expuesto por la Sra. Jueza de grado, no logrando conmover los argumentos por los cuales se arriba al auto de mérito, pues la discrepancia con la forma en que fueron valorados los elementos de prueba no constituye un argumento de peso para modificar la decisión a la que arribó la Sra. Magistrada. Asimismo, es dable recordar a la defensa que: “...El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...”. (Clariá Olmedo, J. A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).
En otras palabras, para el dictado de este auto “...basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; 08/06/2010; “Antonini Rosetti, Miguel A. y otro”; Cita: TR LALEY 70061334).
Finalmente, del agravio que cuestiona la medida de restricción de acercamiento adoptada por la a quo, debemos decir que, es criterio de esta Alzada que esa decisión es una facultad exclusiva del Juez de Instrucción, como medida cautelar es provisoria, por lo tanto no causa estado, siendo modificable y mutable de acuerdo a las circunstancias; por lo tanto, no llega a constituir un agravio, más allá de la que se disponga en el fuero de familia.
Así pues, encontrándose la resolución puesta en crisis debidamente fundada, de conformidad con las prescripciones reguladas en los arts. 115, 116 y 291 del C.P.P., habiéndose allí analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional; y, hallándose a salvo los derechos y garantías del imputado, los planteos no tendrán acogida favorable, debiendo confirmarse el auto de procesamiento en su integridad.
2. La defensa plantea la desproporción del embargo dispuesto (agravio 4) indicando que he dicho monto PESOS Dos Millones ($2.000.000), resulta desajustado con respecto a los delitos de abuso sexual y amenazas calificadas, pues no generan en principio, responsabilidad civil pecuniaria mensurable.
Alega que el auto no expone ningún criterio objetivo, individualizado, ni fundado que justifique la suma trabada. Menciona que el imputado es empleado municipal con ingreso fijo y que el embargo trabado sobre la totalidad de sus bienes le genera un perjuicio patrimonial irreparable.
Sobre el presente agravio advertimos que el monto fijado al disponer dicha medida y en atención al ilícito endilgado a G.N.M. y su modalidad de comisión, la suma ordenada de PESOS Dos Millones ($2.000.000) no aparece como irrazonable.
En este aspecto, la Magistrada de Instrucción señaló, en los considerandos de fs.110, los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria. En este sentido, debo decir que compartimos el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Magistrada para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: "...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado...." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, cabe mencionar que -en coincidencia con lo manifestado por otros tribunales-, entendemos que: "...conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de lo señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Es así que con relación al agravio de la defensa concretamente corresponde aclarar que, el monto del embargo cautelar, sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse - llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso. A su vez, del análisis de la resolución no se advierte que la medida dispuesta sea arbitraria por ausencia de fundamentación. Es por ello que el embargo cautelar decretado en la suma impuesta, no luce irrazonable teniendo en cuenta el ilícito endilgado, su modalidad de comisión y el perjuicio que dicha conducta hubiere ocasionado, motivo por el cual confirmaremos el monto del embargo dispuesto, por resultar adecuado a derecho.
II. La defensa hace reserva del caso federal por violación al debido proceso legal y a la garantía de defensa en juicio arts. 18 y 33 CN; art. 8.2 CADH; art. 14.3 PIDCyP), para el caso en que la cámara no haga lugar al recurso y se persiste en el procesamiento sin el grado de probabilidad exigido por la ley de forma.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 101/111, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3º) -REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.-
3. Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected] 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.-
SM
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia