Abriendo la norma
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.241 FOLIO Nº 171/173 PROT. ELECT. JR101 389I.261
Río Gallegos, 10 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada: “S.M.H. S/ Amenazas – V.G.-” - Expte. Nº 84319/26 - Apelación/Causa JR Nº 10349/26 venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 12/13 obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos por el que en su punto 1º) ordenó reservar la causa por aplicación de lo regulado por el art. 187 2º párrafo del CPP. A fs. 14/16vta., la Defensora Publica Oficial de NNyA apeló dicho auto -motivándolo-, recurso que fuera sostenido a fs. 24, no habiendo presentado el memorial del art. 437 de CPP. Y a fs. 20 se corrió en vista a la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones, quien dictaminó a fs. 21/23, quedando en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
1. Seguidamente se abordarán los agravios propuestos por la parte recurrente.
La Defensora Oficial de NNyA solicita, en primer término, la nulidad de la resolución por haberse omitido la intervención obligatoria del Ministerio Público, conforme a los arts. 83 y 84 de la Ley Orgánica Nº Uno y al art. 103 del Código Civil y Comercial, que establece que su falta de intervención causa la nulidad relativa del acto.
Asimismo, sostiene que el hecho denunciado -consistente en la amenaza de incendiar la vivienda de la niña y su madre- podría encuadrar en el delito de amenazas previsto en el art. 149 bis del Código Penal.
Cuestiona la valoración efectuada por el magistrado por no haber ponderado la finalidad intimidatoria de la conducta, la afectación psíquica y el riesgo potencial para las víctimas.
En este sentido, afirma que la decisión carece de motivación suficiente y fue adoptada prematuramente, sin disponer medidas probatorias relevantes, como recibir el testimonio de la niña mediante Cámara Gesell, citar al denunciado, realizarle una evaluación psicológica y requerir la intervención del organismo local de protección de la infancia.
Funda su pretensión en la Convención sobre los Derechos del Niño; en la Convención de Belém do Pará y en el art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional.
En relación con los agravios introducidos por la Defensora Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes en representación de la menor A.S., y en plena coincidencia con lo dictaminado por la Fiscalía de Cámara, esta Alzada considera que asiste razón a la recurrente, debiendo revocarse la resolución en crisis y ordenarse la prosecución de la investigación.
En primer término, la omisión de dar oportuna intervención al Ministerio Público de la Defensa, en ejercicio de su función pupilar, privó a la niña de la representación complementaria destinada a resguardar sus derechos e intereses. Tal proceder desconoce la protección especial reconocida a niñas, niños y adolescentes por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y por los artículos 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, particularmente los principios de interés superior y derecho a ser oído. Asimismo, contraviene las funciones asignadas al Ministerio Pupilar por los artículos 83 y 84 de la Ley Provincial Uno -texto ordenado por Ley 1600 y sus modificatorias-, impidiendo que dicho órgano ejerciera oportunamente el control de legalidad y velara por la efectiva protección de los derechos de la persona menor de edad.
En segundo término, el archivo dispuesto bajo las previsiones del artículo 187 2º párrafo del CPP de Santa Cruz resulta manifiestamente prematuro, toda vez que el hecho denunciado configuraría prima facie la tipicidad del delito de amenazas previsto en el artículo 149 bis del Código Penal. En este orden, coincide plenamente esta Alzada con el cuestionamiento articulado por la Defensa Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes respecto a la manifiesta falta de motivación del Magistrado de grado, pues incurrió en una severa arbitrariedad e inacción al limitarse a sostener que la denuncia de la madre era insuficiente para convocar al encartado a declarar en los términos del artículo 278 del CPP, omitiendo deliberadamente proponer u ordenar cualquier tipo de diligencia investigativa orientada a comprobar la hipótesis delictiva.
Este proceder jurisdiccional, implica apartarse de manera flagrante de las perspectivas obligatorias de género y de niñez que rigen la función judicial, y que, en consecuencia, vulneran los derechos de una niña menor de edad, que en este contexto de hostilidad intrafamiliar, podría estar expuesta a graves situaciones de violencia física, psicológica o vicaria por parte de su progenitor.
Que, manifestarle a la menor expresiones consistentes en que va a prender fuego la casa, vale decir, mientras golpeaba su celular contra el volante del auto -y analizadas bajo un texto de ofuscación y agresiones verbalesrevistiría una idoneidad intimidatoria que de ningún modo puede ser relativizada como una simple discusión familiar.
Siguiendo esta línea, y en aras de fundar nuestro criterio, debemos trae a colación la causa: "G.P.A. S/ Denuncia", Expte. N° 95344/26, Causa Nº 10245/26” mediante la cual se asentó: “…debemos recordar cuál es la finalidad de la instrucción, que se encuentra regulada en el Art. 185 del C.P.P. y solamente ante la manifiesta atipicidad de un hecho, corresponderá el archivo de los actuados; de otra manera, deberá seguirse el camino de dicha norma, pues ese es el objetivo de la instrucción: analizar si se está en presencia o no de un suceso delictivo, para lo cual deberán agotarse necesariamente las diligencias probatorias a tales fines. (…) resulta pertinente traer a colación, que los tribunales se han inclinado en sostener que si no se ha agotado aún la posibilidad de producir prueba para completar el conocimiento de los hechos, la decisión de archivar las actuaciones resulta prematura. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; Sala II; 10/03/2022; “B., D. E. s/ legajo de apelación” La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/19594/2022)…” (INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS, T: CLXI, R: 10.125, F: 199/201). En efecto, la inercia del instructor al paralizar la pesquisa sin agotar las herramientas mínimas de esclarecimiento -tales como la citación de la menor para declarar, la realización de pericias psicológicas al imputado y la intervención del organismo de protección de la infancia-, constituye un claro quebrantamiento del deber de debida diligencia reforzada exigido por la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485.
Asimismo, dicho proceder desatiende el interés superior del niño, consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley Provincial 3062. Tales deficiencias obligan a esta Alzada revocar el archivo dispuesto y ordenar la inmediata profundización de la investigación, a fin de esclarecer los hechos y resguardar la integridad psicofísica de la menor A.S.
II. Para finalizar, cabe aclarar que, más allá de la revocación aquí decidida, no se apartará al Sr. Juez subrogante de su intervención en estos autos. En ese sentido, y teniendo en cuenta que el apartamiento de los jueces es una medida de extrema gravedad institucional, por cuanto son taxativas las causales de excusación/recusación previstas en nuestro digesto procesal, y más aún en el entendimiento de la prevalencia que deben esgrimir las garantías constitucionales del Juez natural y el principio de especialidad en la magistratura, entiendo que no corresponde apartar al Juez de la causa, quien deberá seguir al frente de la instrucción de la presente causa. Sin perjuicio de ello, corresponde poner en conocimiento de la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal de Justicia de la provincia lo aquí decidido, remitiendo copia de la presente resolución a través del sne.
III. Formula reserva de la cuestión federal en los términos del artículo 14 de la Ley 48, por encontrarse en juego derechos y garantías constitucionalmente amparadas, lo que se tendrá en cuenta para el momento procesal oportuno.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oída que fuera la Sra. Fiscal de Cámara, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. REVOCAR el auto de fs. 12/13 en cuanto ordena el archivo de las actuaciones, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
3º) - REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.-
4. OFÍCIESE a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz comunicando lo dispuesto en el punto II) de los considerandos que anteceden. Al tal fin remítase copia de la presente.
5. Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
SM
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia