Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
PROTOCOLO ELECTRÓNICO: C******I***
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Penal Instancia: Juzgado de Recursos Expediente Nro.: ****/23 Interlocutorio N°: TOMO: CII- REGISTRO: 009- FOLIO:082/088 Objeto: Confirma procesamiento Imputados: V. Y. C.
Fecha: 11 de julio de 2024.-
TOMO:CII REGISTRO: 009 FOLIO:082/088
Caleta Olivia, 11 de julio de 2024.-
Estos autos caratulados: “M. C. H. S/ DENUNCIA LESIONES, AMENAZAS, HURTO Y PRESUNTA DESOBEDIENCIA” Expte. Nº **.***/23, N° de Juzgado de Recursos ****/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, venidos a despacho para resolver.-
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 160/167, el Sr. Juez de Instrucción, ordena el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA de la Sra. V. Y. C., por los hechos imputados y calificados como PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD, LESIONES LEVES CALIFICADAS POR EL VINCULO, AMENAZAS Y DESOBEDIENCIA JUDICIAL todo ello en concurso real (Art. 141,89 en función al Art. 92, 149 bis 239; 45 y 55 del C.P) Contra dicha resolución la Sra. V. Y. C. interpone recurso de apelación a fs. 171, el que es motivado a fs.237/238 por la Sra. Defensora Pública Oficial de Pico Truncado, Doctora Karina Tor; el cual fue concedido en relación y a un solo efecto a fs. 240.
En esta instancia es mantenido a fs. 248 por el Sr. Defensor Público Oficial Subrogante ante las Excmas. Cámaras Doctor Marcelo Nieva Figueroa, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.-
II.-Al motivar el recurso la Dra. Tor se agravia de los elementos de prueba de autos, en el análisis integral del hecho que se investiga, y su falta de adecuación con la sana critica racional (Art.199).-
Entiende que el procesamiento dictado sobre V. Y. C. a todas luces carece de una valoración acabada de las pruebas recolectada, como así de los delitos imputados, llevando las mismas a conclusiones poco convincente en cuanto a los hechos delictivos atribuidos.
Manifiesta que el Juez de Instrucción procesa a su defendida por el delito de PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD, alegando que su defendida tiene control sobre la denunciante y que como es lógico no la deja salir, la controla y no la deja tomar decisiones, que su vínculo se basa en eso, que se evidencia con claridad meridiana que M. C. H. no decide, no puede decidir y en su historia de vida con golpes aprendió que cuando V. Y. C. le da una orden, esas órdenes se cumplen cosa que no es cierto, para nada comparte esta defensa con el Juez de Instrucción. Dice la Defensa que si revisamos la historia de vida de M. C. H., ella viene de parejas anteriores a su defendida de relaciones violentas, de falta de sostenimiento familiar, de no aceptar ayuda psicológica, lamentablemente su defendida se ha relacionado, con una persona que tiene serios problemas de celos, problemas con el consumo de estupefacientes etc., menciona lo declarado por la Sra. V. Y. C. a fs.58. Expresa la Defensa que no es cierto que V. Y. C. tenga control sobre M. C. H., en realidad ella no se retira del domicilio de V. Y. C. por decisión propia. Agrega Doctrina.
Concluye que a simple vista no tipifica atento a la declaración testimonial de la Sra. M. C. H. manifiesta, que ese día en el que sucedieron los hechos que se investiga, no fue impedida para abandonar el lugar, asimismo al encontrarse la puerta abierta sale afuera y se va, y al ser interrogada: para que diga si las llevo con fuerza y/o violencia. Contesta: no, no me llevo.
El requisito indispensable para la tipificación del delito enrostrado, lo que a tenor de la doctrina este delito resulta atípico, por el mismo hecho de que no tan solo estaba abierta la puerta de la vivienda de V. Y. C., sino la posibilidad en todo momento de la Sra. M. C. H. de abandonar el domicilio.
Por último, en cuanto al delito de LESIONES LEVES AGRAVADAS POR EL VÍNCULO el Juez de Instrucción procesa a su defendida, pero la Sra. M. C. H. al ser preguntada, en los estrados judiciales si insta la acción: por las lesiones ocurridas. Contesta NO (ver fs. 91).-
Asimismo, no tan solo no logra probar el delito de desobediencia judicial y esto es así, debido es que resulta que la denunciante M. C. H. es quien concurre al domicilio de V. Y. C., ella es quien la busca, se presenta en su domicilio, tanto en sede policial como judicial, admite la denunciante que ella concurre al domicilio de V. Y. C., la quería ver y hablar con ella (v. fs. 02y fs.90) tampoco se pudo comprobar de forma al menos suficiente las amenazas que aduce la Sra. M. C. H., quien en sede policial declara una cosa y luego cuando es citada ante los estrados judiciales declara otra cosa.
III.-Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal para arribar al procesamiento de la Sra. V. Y. C. en relación a los delitos de PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD, LESIONES LEVES CALIFICADAS POR EL VINCULO, AMENAZAS Y DESOBEDIENCIA JUDICIAL.-
Que el presente se inicia a fs. 01 con el sumario iniciado por la Comisaria de la Mujer y Familia, donde bajo el preventivo ***-SEC.OM.Y F.PT/2023, donde se solicitó orden de allanamiento y acompañan una denuncia de la Sra. M. C. H., la cual el día 30 de septiembre del presente año, se presenta y relata los hechos.
Por ello es que a fs. 09/10 se dispone orden de allanamiento conforme fue solicitada por la autoridad policial, y se dispuso la detención de V. Y. C.. Indagada la Sra. V. Y. C. a fs. 58/59, el hecho que se le imputa es calificado provisoriamente como PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD, LESIONES LEVES CALIFICADAS POR EL VINCULO, AMENAZAS, HURTO Y DESOBEDIENCIA JUDICIAL todo ello en concurso real (Art. 141, 89 en función al Art.92, 149 bis, 162, 239 45 y 55 del C.P.). -
Se cuentan en el legajo, diversas piezas probatorias que aportan información para sostener, “prima facie”, las proposiciones fácticas imputadas, que implican y llevan a similar derivación razonada realizada por el A quo.-
En sus agravios objeta la defensa la valoración que el Juez de Instrucción le asigna a los testimonios vertidos por la víctima, resaltando por su parte lo que denomina como contradicciones entre ellas.
En relación al valor otorgado al testimonio de la víctima me he expedido, en los autos caratulados “L. D. C. G. S/Denuncia” Expte. Nº **.***/20, N° de Recursos 6182/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Puerto Deseado, sostuve que: "El testimonio de la víctima, en casos como el que nos ocupa, cobra un valor probatorio fundamental, siempre y cuando no existan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas en el juzgador y le impidan formar convicción. Ello no puede ser nunca óbice para acreditar o desacreditar un hecho prima facie. Como es unánime la doctrina procesal, y en especial los nuevos enfoques procesales cuando tratan sistemas adversariales, la cantidad de prueba no es sinónimo de hecho probado. En nuestro sistema impera la valoración de la sana crítica racional, es decir que se debe explicar racionalmente, por que se entiende probada una causa y por qué no, en su caso. Pero estamos en un sistema de libertad probatoria, no existe prueba tasada ni se exigen mínimos probatorios (dos o tres testigos, prueba pericial, etc.) para tener por acreditado un hecho. Puede haber una testigo víctima que señale que fue lo que le sucedió, y el juzgador desarrollar un análisis contextual y de los hechos, sumado a otra evidencia, y definir la situación procesal de una persona. El valor probatorio del testimonio de la víctima ha sido resaltado por la CIDH en numerosos precedentes entre los que cabe destacar “Fernández Ortega y otros vs. México”, y “Rosendo Cantú y otros vs. México”, entre otros. Y ello se aplica no solo a la exigencia de probabilidad positiva como en el caso de marras, sino y además al momento de dictar sentencia. La certeza se basa en el convencimiento que genera el análisis directo que surge de la prueba y de su calidad, no es su cantidad.".-
La lógica que desarrolla la víctima en sus deposiciones, son creíbles, además ello fue sustentado a través de otros elementos los que fueran señalados oportunamente en el procesamiento cuestionado, ellos apuntalan y dan un mayor marco de veracidad al testimonio señalado por la defensa, por lo cual concluyo que no hay endebles en las manifestaciones de la víctima.
Siendo creíble además que en este marco de acontecimientos la imputada haya proferido términos amenazantes a la Sra. M. C. H., sobre todo coincide en ambas deposiciones si bien no en palabras exactas, pero con idéntico sentido, que la Sra. V. Y. C. habría de decirle que la mataría, a ella y luego iría en búsqueda de sus hijos, lo que reitera en su segunda declaración donde dice: que V. Y. C. le manifiesta que la iba a hacer mierda, que si no iba con ella iba a ir por sus hijos. Siendo términos todos alarmantes para la Sra. M. C. H. generando el miedo y sufrimiento necesario para configurar el delito de Amenazas achacado a la Sra. V.
Y. C..
Por otra parte sostengo que la desobediencia judicial ha sido comprobada, ya que ha sido notificada a las partes (fs.22) y la misma tenía plena validez al momento de los hechos, ella regia hasta el día 03 de octubre del año 2023, entiendo por ello que no exime de responsabilidad lo alegado por la defensa en cuanto a que la víctima ha reconocido ir voluntariamente, puesto que la Sra. V. Y. C. tenía cabal conocimiento de la medida que regía a ambas partes por igual, es decir la voluntad de la Sra. M. C. H., no releva de la obligación que tenía la Sra. V. Y. C. de cumplir la orden judicial establecida. La imputada conocía e incumplió la medida impuesta. En relación al delito de DESOBEDIENCIA JUDICIAL, me remito a los autos caratulados “R.
R. E. S/ DESOBEDIENCIA JUDICIAL” Expte. Nº R-*****/21, N° de Recursos ****/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "...Cabe señalar que en el ámbito de los delitos contra la administración pública, el vínculo con los posibles sujetos activos se entabla entre éstos, sean particulares o funcionarios, y la propia administración que no se limita solo a la función administrativa, sino que alcanza a la función legislativa y a la función jurisdiccional. Es decir que la relación jurídico penal no se extiende entre los particulares entre sí, sino en tanto los mismos estan o pueden estar vinculados de alguna manera con un funcionario público o con cualquiera de las funciones estatales en las que el poder único del Estado se manifiesta.
Así, se ha expresado que el objeto de protección del Título XI del C.P. es "...la regularidad y eficiencia de la función pública, entendida en un sentido amplio. No habría problemas en sostener, entonces, que se protege la función pública, entendida como el regular, ordenado y legal desenvolvimiento de las funciones de los tres órganos del Estado, pero con la idea de que no solo se refiere a la función específica de los poderes del Estado, sino además a la típica función administrativa de todos ellos... De modo que el bien jurídico del Título XI es la preservación de la función pública, frente a los ataques que provienen, tanto de la propia organización burocrática del Estado y de sus miembros, como así de los particulares.-" (Conforme TRATADO DE DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL, TOMO III, SEGUNDA EDICION ACTUALIZADA, EDGARDO ALBERTO DONNA, RUBINZAL-CULZONI EDITORES, pág. 29/30") Es en este dintorno, que el artículo 239 del C.P. establece dos modalidades de conductas respecto de las órdenes que emanan de los funcionarios públicos, la resistencia y la desobediencia.
Aquí queda claro que para la procedencia, quien emite la orden debe ser funcionario público con facultades para ello, integrante de alguno de los poderes-funciones del Estado, y que está dirigida a los particulares y/o funcionarios públicos que se encuentran obligados a cumplir un determinado mandato u orden emitida por dichos funcionarios. El art. 239 del C.P establece que: "Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal." Del tipo se desprenden dos figuras delictivas que abarcan dos comportamientos diferentes, por un lado la resistencia contra la autoridad y por otro la desobediencia a la autoridad.
Respecto de ésta última, se ha entendido que "...sujeto activo solo puede ser el destinatario de la orden, quien debe ser, obviamente, una persona física....". Donna sostiene que se trata de un delito de propia mano, toda vez que solo puede ser autor quien esté en condiciones de llevar a cabo por sí la acción prohibida. Sujeto pasivo será el funcionario público o el particular que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal. Estamos en presencia de un tipo omisivo impropio, que requiere la existencia de un mandato emitido por la autoridad, esto es una orden que ha impartido legítimamente un funcionario público o la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.
Orden implica un mandamiento, verbal o escrito, dado directamente -aunque no sea en presencia- por un funcionario público a una o más personas para que hagan o no hagan algo. Sin orden ni destinatario no hay desobediencia posible...La orden impartida por la autoridad de ser de posible cumplimiento para que se configure el delito...Al igual que la resistencia se trata de un delito doloso, en que el autor, a nivel cognositivo, debe saber que está desobedeciendo una orden legítima impartida por la autoridad pública y en el aspecto volitivo, debe obrar con esa específica finalidad de no acatar la orden..." (Conforme CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, COMENTADO Y ANOTADO LA LEY SEGUNDA EDICIÓN ACTUALIZADA año 2009, Dirigido por Andres José D´Alessio y coordinado por Mauro A.
Divito, Tomo II, págs. 1184/1186.
En este sentido, queda claro que a partir del dictado de la medida cautelar y de su notificación expresa a quien debe respetarla, el vínculo se trasvasa de los particulares al Estado y la persona que debe cumplir las medidas ordenadas. Quien tiene la potestad de modificar las medidas y restricciones impuestas es la autoridad que dictó las medidas, no habiendo posibilidad de error o de falsa creencia de justificación o de inexistencia de culpabilidad, pues quien está en condiciones de emitir la orden es quien debería, a todo evento y por el mismo procedimiento (principio de paralelismo de las formas) dejarlas sin efecto. Si ello no sucede, no puede haber error de tipo ni error de prohibición, más allá que la víctima exprese su libre voluntad de dejar sin efecto la medida cautelar, hecho que será evaluado en el ámbito competente respectivo, pero nunca puede ello ser motivo de incumplimiento de una orden, porque a partir de su notificación, las partes saben que la disposición que se le notifica fue dictada, en estos casos, por una autoridad judicial, siendo la única que puede dejarla sin efecto”.- En relación al delito de lesiones leves agravadas por el cual fuera procesada la imputada, del testimonio brindado por la víctima y del testimonio brindado por el Sr. M. E. H. M. obrante en la causa puede revelarse que quien agredió a su pareja fue la Sra. V. Y. C. (fs.02, 35, 90/91) además se cuenta en autos con el examen médico realizado a la víctima (fs.03/05), el que da cuenta de las lesiones que la Sra. M. C. H. había padecido a manos de V. Y. C..
Sumado a este certificado médico, se encuentra el informe desarrollado por la Dra. Gil Alejandra médica forense del Juzgado, quien brindo su experticia a fs. 08, todo lo cual se condice con el relato de la Sra. M. C. H..
Por otra parte, al agraviarse la defensa en relación al delito de Lesiones Leves Agravadas resalta que la víctima al momento de ratificar su denuncia en sede judicial no lo hace, debo mencionar al respecto que en los autos caratulados "DIV. CRIA 1º S/Inv. les. en accid. de tránsito " Expte. Nº *****/20, N° de Recursos ****/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia, sostuve que: "Como cuestión previa debo señalar que durante mi ejercicio en el Ministerio Público Fiscal a cargo de la Fiscalía de Primera Instancia Nro. 2 de Caleta Olivia, tuve oportunidad, entre otras, en la causa "Juzgado de Instrucción Nro. 2 S/ Investiga ", expte. nro. **.***/20, de desarrollar mi posición en casos en donde la libertad de instar o no instar la acción penal fuera una en sede policial y otra en sede judicial, existiendo contradicción entre ambas, es decir que tanto en sede prevencional se inste como no la acción penal y que lo mismo suceda en sede judicial, pero reitero en sentido contrario.
Partí mi análisis sentando y señalando que era una cuestión discutible. Señalé que la práctica judicial implicaba que en este universo de casos (delitos de instancia privada) se interrogaba en dos ocasiones a una persona sobre su decisión de instar o no hacerlo, la acción penal, ante dos órganos distintos del Propio Estado Provincial con competencias atribuidas en el proceso penal, lo que evidenciaba por parte de la autoridad jurisdiccional una cuestión cuasi-irracional, pues si se consideraba que sólo bastaba la instancia en sede policial o su falta de instancia, no se entendía ni explicaba la racionalidad, procedencia y pertinencia de la pregunta. Allí entendí que frente a la franca contradicción de una persona, la cual frente a distintos órganos del mismo Estado Provincial encargados de intervenir en el proceso penal, emite un juicio del cual luego se retracta, que debía, por las características del proceso penal, otorgar validez a la decisión que se hacía frente al órgano jurisdiccional, pues reitero, había una contradicción respecto de la procedencia o improcedencia de la acción penal, y por algo la autoridad judicial reiteraba el interrogante.
En la misma causa, la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, la cual entiende que es hábil la expresión de voluntad manifestada por primera vez, allende sea en sede prevencional o judicial, por parte de la persona víctima de un delito dependiente de instancia privada, sin que sea relevante su porterior manifestación con contrario, ordenó la remisión del copias de las actuaciones al Sr. Fiscal que actúa por ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia. El Sr. Fiscal por ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia realizó un análisis pormenorizado de las piezas remitidas por la Excma. Cámara Criminal y emitió un comunicado a todos los Fiscales de la Provincia (Oficio **/21 de fecha 14 de septiembre de 2021), haciendo saber que la instancia de la acción penal o su falta de instancia, era válida la prestada por primera vez, más allá del órgano frente al cual se realiza, de manera coincidente con el criterio sostenido por la Excma.
Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial. Es decir y para ser precisos, en palabras textuales del Sr. Fiscal por ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia "...una vez instada debidamente la acción penal y tratándose de un delito de acción pública, toda manifestación posterior de la víctima resulta irrelevante a los efectos de tener por desistida la acción." Demás esta señalar que conforme surge del artículo 6 del CPP. siendo la acción penal pública ejercida por el Ministerio Público Fiscal, y el Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia quien por el principio de jerarquía puede emitir directivas de alcance general, sumado a que dicha posición impactó sobre todo el Ministerio Público Fiscal de la Provincia (unidad de acción) y la clara posición de la Excma.
Cámara Criminal quien tiene jurisdicción en donde el suscripto ejercía como Fiscal, es que varié mi postura, basado no solo en el principio de jerarquía, sino y además, en la necesidad que existía de zanjar una contradicción, y la decisión tomada por el Sr. Fiscal ante el Tribunal así lo hacía, aunque no tuve oportunidad de volver a expedirme sobre dicha cuestión siendo Fiscal de grado. Por todo ello, entiendo que la instancia de la acción o su falta de instancia, cuando es interrogada la persona por primera vez ante un órganismo con competencia para hacerlo, es la que debe tenerse presente a los fines de evaluar la prosecución de la acción penal pública. El interrogante sobre la instancia de la acción penal en sede judicial solo debería realizarse cuando la denuncia o la declaración se formula y presta ante el propio Juez o cuando iniciada una causa en sede policial o recepcionada una denuncia por un organismo autorizado para tal fin (vgr.
Fiscalía, OVD, etc.) se ha omitido interrogar a la persona denunciante sobre dicho tópico, para evitar planteos como el de autos. Lo expuesto no implica cercenar la libertad de expresión de las personas, pues podrán manifestarse libremente, derecho que debe serle garantizado. En síntesis, una vez instada la acción penal, la retractación que haga la víctima sobre la misma no tiene valor jurídico procesal para variar la primer decisión adoptada, allende la sede en que la misma se hubiera hecho. Y conforme el principio de paralelismo de las formas, igual economía procesal hay que aplicar cuando la decisión de la víctima es la de no instar la acción penal, es decir que su retractación posterior no tiene efectos jurídicos procesales para variar la decisión libre adoptada oportunamente.
Finalmente y va de suyo, deberá siempre tenerse en cuenta, en cada caso, los supuestos de excepción establecidos en los incisos a), b) y c) del artículo 72 del C.P. modificado por la ley 27.455. Todo lo expresado lo es con el marco actual de la legislación de fondo y de nuestra legislación procesal penal en particular.".-
Del expediente se puede apreciar que a fs. 02 al momento de denunciar los hechos el día 30 del mes de septiembre del año 2023, la Sra. M. C. H., insto la acción penal, por lo cual no habría en principio discusión al respecto. Por último, se discute en relación a la privación ilegítima de la libertad, el hecho de que la víctima se haya constreñido a no dejar la casa de su agresora a pesar de tener las cerraduras abiertas y sin seguro, en relación a lo que el miedo extremo puede generar me he expedido, en los autos caratulados: "C. A. D. S/Dcia. Violencia de Género" Expte. Nº **.***/19, N° de Recursos ****/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, sostuve que: "Respecto a lo expresado por la defensa en relación a que la Sra. C. subió tranquilamente al auto del Sr. A., cabe señalar que a fs.18 la propia víctima manifiesta: "…siendo las 23.10 ya estaba afuera de mi casa acelerando su auto que es un Bora color gris patente HRM ***, por lo que decidí salir por miedo ya que anteriormente me había hecho escándalos fuera de mi casa…", con lo cual no se puede tener por válido el agravio formulado al respecto. (La negrita me pertenece) Sobre el particular, cabe señalar que el significante "miedo" es definido por el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española vigésimo tercera edición, Edición del Tricentenario, Tomo II, pág. 1461, de la siguiente manera: "1° Angustia por un riesgo o daño real o imaginario;
2. Recelo o aprensión que alguien tiene que suceda algo contrario a lo que desea". (La negrita me pertenece) Por su parte, en la explicación de dicho significante, en el Diccionario Jurídico del Dr. José Alberto Garrone, de la editorial LexisNexis, edición del año 2005, T. III, pág. 349, se señala que: "Para graduar el miedo se debe tener en cuenta la edad, sexo y la condición de las personas sobre quienes obra…" La jurisprudencia ha entendido que el miedo, que es un proceso subjetivo y eminentemente psicológico, es susceptible de ser indemnizado por consistir en un padecimiento psicológico, por lo cual no existe discusión sobre la posibilidad de experiencia humana del mismo ni de su existencia”.
En autos, los dichos de la víctima deben ser valorados a la luz de la historia vital de la misma, pero no para descalificarla ni cuestionarla, sino para que sea el punto de partida al valorar su situación y las particularidades que presenta, se puede sostenerse que el miedo experimentado por ella respecto de la autora, era de vieja data y que surgió en el presente hecho, ello tiene como base y fundamento las conductas que realizó ésta en su perjuicio, en especial la que implican violencia psicológica, por lo cual el acto que relata de no retirarse de la casa de su agresora, es racional en el cuadro de temor fundado que la misma denuncia haber padecido. Sobre el abuso emocional se ha sostenido que: "Tales componentes, si bien pueden analizarse por separado a los fines de su análisis, en la vida real presentan una intrincada superposición entre sí. Son ellos: degradación, temor, cosificación, privación, sobrecarga de responsabilidades y distorsión de la realidad subjetiva. Estos elementos abarcan la experiencia de las mujeres frente al abuso emocional y muestran a través de ella que tales seis componentes se entrelazan de modo tal que conforman un todo que tiene propiedades que vas más allá de la suma de las partes. Para reflejar este todo, Kirkwood utiliza el concepto de red, afirmando que esta imagen lleva el mensaje de que el abuso emocional es una trama de conductas y emociones interrelacionadas, y que es muy difícil que una mujer atrapada en ella la pueda distinguir." (Conforme "VIOLENCIA EN LA FAMILIA. LA RELACIÓN DE PAREJA." DE CECILIA P. GROSMAN Y SILVIA MESTERMAN, TERCERA EDICIÓN EDITORIAL UNIVERSIDAD, Pág. 102).
Es decir que la explicación de la conducta de la víctima de no abandonar la casa de la Sra. V. Y. C., se rastrea fácilmente en la historia vital de ambas y en el vínculo que mantuvieron a través del tiempo las mencionadas.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-CONFIRMAR el auto de fs. 160/167 en cuanto ordena el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA DE V. Y. C., por los hechos imputados y calificados como PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD, LESIONES LEVES CALIFICADAS POR EL VINCULO, AMENAZAS Y DESOBEDIENCIA JUDICIAL todo ello en concurso real (Art. 141,89 en función al Art. 92, 149 bis 239; 45 y 55 del C.P). -
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado. -
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante Mí:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia