Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 120.646
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Ministerio Público Fiscal.
II. Rechazar el recurso de casación impetrado, sin costas.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3, 12, 37, 40 de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño; 4 y 8 ley 22.278, 1, 3, 33, 58, 61, 62, 85 y conc. ley 13.634; 4 y 10 ley 13.298, art. 167 inc. 4 en función de los arts. 163 inc. 6 y 42 del Código Penal, 20, 32, 33, 282, 283, 421, 433, 448, 450, 451, 454, 456, 530, 532 y ccdtes. del Código Procesal Penal.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 120646 caratulada “A., M.H.R. S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR AGENTE FISCAL”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
I. El día 26 de mayo de 2022 se celebra audiencia en los términos del artículo 52 de la ley 13.634 en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil (JRPJ) N° 1 del departamento judicial de Quilmes, en el marco de la causa nro. J1215/2022 (I.P.P. Nro. 13-01- 013331-19/00), en la cual las partes realizan propuesta de juicio abreviado en los términos del artículo 395 del Código Procesal Penal, estableciendo como pena única límite de punición la de nueve (9) meses de prisión de ejecución condicional.
II. En virtud del principio pedagógico que ha de regir en el fuero especializado y advirtiendo la jueza de la instancia que el joven no comprendía acabadamente los alcances del acuerdo, a fin de explicitárselos y conforme artículo 396 del código de rito, celebra audiencia el 2 de junio de 2022 con las partes por la aplicación MT.
III. El día 9 de junio de 2022 la Dra. Krasuk, titular del JRPJ N° 1 de Quilmes, admite la propuesta de juicio abreviado en los términos solicitados y dicta auto de responsabilidad (art. 56 ley 13.634), declarando al joven A., M.H.R., autor responsable del delito de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa (art. 167 inc. 4 en función de los arts. 163 inc. 6 y 42 del C.P.) por el hecho ocurrido en el partido de Berazategui, el día 13 de noviembre de 2019, en perjuicio de Mónica Gentilin, difiriendo el tratamiento sobre la necesidad o no de pena al momento en que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 de la ley 22.278, para lo cual solicita actualización de informes periciales al Cuerpo Técnico Auxiliar (CTA) del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ) del departamento judicial de Quilmes. Las partes consienten la sentencia dictada.
VI. Las pericias solicitadas son recibidas en el Juzgado de la instancia con fecha 30 de agosto de 2022 y teniendo a la vista la carpeta de ejecución de la causa T-1907/2021 (I.P.P. N° 13-02-015170- 20/00) en la cual el joven se encontraba privado de libertad a disposición del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Quilmes, alojado en Centro Cerrado Ibarra (en la Localidad de Abasto, partido de La Plata) – y que conforme las resoluciones dictadas en la causa de referencia que tengo a mi vista: se encontraba privado de libertad, primero, cautelarmente, habiéndose dictado sentencia condenatoria en juicio abreviado de fecha 13 de agosto de 2021 en la cual se determinó que transite el tratamiento tutelar privado de libertad, considerándose tal periodo desde su declaración a tenor del art. 308 C.P.P. el día 29 de septiembre de 2020 y, luego, privado de libertad en el marco de la pena impuesta de cuatro (4) años y once (11) meses de prisión de cumplimiento efectivo, conforme sentencia de fecha 12 de octubre de 2021-, la señora jueza considera cumplidos los requisitos del artículo 4 de la ley 22.278 y artículo 58 de la ley 13.634.
V. Con fecha 2 de septiembre de 2022, se realiza audiencia de cesura a fin de dictar sentencia definitiva en la presente causa nro. J1215/2022, a los fines de determinar la necesidad o no de imponer pena a A., M.H.R. y, en su caso, determinar el monto punitivo.
Encontrándose presente en la audiencia el joven A., M.H.R. y su Defensora Oficial, Dra. Ana Inés Grillo Ciocchini, oportunidad en la cual se da lectura al escrito de fecha 16/08/2022 mediante el cual el Sr. Agente Fiscal, Dr. Federico Weinstein, solicitó la imposición de sanción penal al joven, ante lo cual, la Defensa solicita que no se imponga pena al joven, debiendo valorarse los progresos llevados adelante por su asistido, que los hechos no resultan graves para la normativa de este fuero especializado, como así también, se valore el abordaje e informes positivos realizados en la institución en la cual se halla privado de libertad.
VI. En ese marco, la señora jueza resuelve que en atención a la modalidad del hecho, el cual no es considerado grave en la normativa especializada (conf. Regla 17 de Naciones Unidas (Reglas de Beijing) y art. 27 ley 13.634); la documentación observada en el expediente judicial (informes art. 51 de ley 13.634), de los cuales no surgen nuevos hechos en los cuales M. haya reincidido en el delito con posterioridad a los hechos por los cuales el Fuero penal juvenil viene interviniendo, aclarando que el joven “…se encuentra privado de su libertad cumpliendo una condena de 4 años y 11 meses de prisión en causa T1097/2021, a disposición del TRPJ N° 1, Departamental, que la misma preside, como resultado de la sentencia de cesura de fecha 12/10/2021 por hechos cometidos el 26/9/2020, hechos posteriores a los ventilados en la presente causa elevada con posterioridad. Desconociendo los motivos por los cuales no se ha realizado una única intimación desdoblando las actuaciones y alterando la posibilidad de dar un único tratamiento tutelar, me obligan a tratar la problemática del joven, a esta altura de una manera integral…” y teniendo en cuenta la buena impresión personal que M. le produjo y el tránsito tutelar atravesado por el joven desde la primera intimación hasta el día de la fecha en esta causa, fundándose para así decidir en “…leyes vigentes al tiempo de comisión de los hechos, tanto a nivel provincial (Leyes 13298 y 13634) y nacional (Ley 22.278) como internacional (CDN, Reglas de Beijing, CADH, Pactos y Convenciones de Derechos Humanos, etc.), evaluando y analizando las mismas a la luz de los principios y directrices que surgen del cuerpo de normas de los Derechos Humanos de los jóvenes, incorporadas a la Constitución Nacional a través del artículo 75 inciso 22 y receptada por nuestra ley provincial en su artículo 10 (Ley 13.298), vale decir, deben ser aplicadas en el marco de principios básicos que garantizan los Derechos Humanos de los jóvenes sometidos a proceso, lo que oficia como límite al poder de penar del Estado…” que corresponde absolver de pena a A., M.H.R..
VII. Contra la mentada sentencia el agente fiscal, Titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 descentralizada de Berazategui, Departamento Judicial de Quilmes, -Dr. Federico Weinstein - deduce recurso de casación, sosteniendo que la impugnación resulta formalmente admisible y solicita se case la sentencia y se imponga al encartado la pena oportunamente acordada al momento de optar por la aplicación del instituto de juicio abreviado. Sostiene, en lo fundamental, que la sentencia da cuenta de omisiones esenciales que la vuelven arbitraria, siendo el punto nodal en cuestionamiento que el tribunal para decidir la no imposición de pena se fundó en que “…no surgen nuevos hechos en los cuales M. haya reincidido en el delito con posterioridad a los hechos por los cuales el Fuero Penal Juvenil viene interviniendo…” y que el mismo “…ha respetado, intra muros, las disposiciones y reglas institucionales…", incurriendo en un error el tribunal al tratar las distintas intervenciones judiciales como una unidad. Aclara que, en oportunidad de requerir la imposición de pena de A., M.H.R., señaló que “el encartado, con posterioridad al presente hecho y en el tiempo previsto en el art. 4 de la ley 22.278 fue detenido, imputado y posteriormente condenado por la comisión de tres hechos delictivos...” concluyendo que A., M.H.R. luego de cometer el delito por el que aquí se lo juzgó, en el transcurso del periodo tutelar previsto en la ley 22.278, reiteró su conducta criminal y que conforme la pericia psicológica realizada por la Lic. Barbara Muñiz el joven no logró reflexionar sobre su implicancia subjetiva ni modificó su conducta impulsiva. A ello aduna un análisis crítico respecto del artículo 4 de la ley 22.278, sin por ello plantear su inconstitucionalidad ni hacer reserva de cuestión federal alguna, lo cual, en relación a la crítica apuntada, no es mantenido por la Fiscalía ante este Tribunal de Casación, que en lo demás sostiene el recurso impetrado en los términos allí esgrimidos.
VIII. Por su parte, la Defensa Oficial ante este Tribunal de Casación, plantea que en el Fuero Penal Juvenil no está previsto el recurso del Ministerio Público Fiscal contra el pronunciamiento dictado (art. 62, ley 13.634) y que ha sido mal concedido el recurso, debiendo ser considerado inadmisible.
Subsidiariamente, sostiene que el recurso debe ser rechazado por improcedente, señalando que “…la pretensión del Sr. Agente Fiscal, transita en sentido contrario a los principios rectores del proceso de menores en conflicto con la ley penal (art 33 de la ley 13.634) y los arts 3, 37 y 40 C.D.N., por lo cual el agravio planteado en el recurso de la especialidad, violenta las garantías constitucionales de defensa en juicio dentro del debido proceso legal (art 18 C.N.) y la finalidad del régimen. La resolución puesta en crisis, constituye una respuesta jurídico penal fundada, racional, por cuanto el Tribunal dio tratamiento a las cuestiones sometidas a su jurisdicción”. Habiendo ejercido el joven A., M.H.R. su derecho a ser oído ante este Tribunal de Casación, de conformidad con lo establecido por los artículos 12 C.I.D.N., 3 y 60 ley 13.634, en la audiencia llevada a cabo el 1° de diciembre del corriente año y puestos los autos en condiciones de resolver, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto? En caso afirmativo ¿Es procedente el recurso de casación deducido?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
a) Admisibilidad Como vienen dadas las preguntas que integran esta primera cuestión, no puedo soslayar el planteo realizado por la Defensa, al momento de emitir dictamen respecto del recurso impetrado por el casacionista y expedirme sobre la admisibilidad o no del recurso. Sostiene la Defensa Pública ante este Tribunal, que el recurso interpuesto no está previsto –en el art. 62 ley 13.634- para el Fiscal en el Fuero Penal Juvenil.
A mi modo de ver, no resulta correcto que el Ministerio Fiscal carezca de la posibilidad de interponer un recurso de casación contra la sentencia que dicte un Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, sino que la vía para él establecida según el inc. 2° del artículo 62 de la ley 13.634 nunca ha de ser más amplia que la regulada para los procesos de adultos. Es que, la norma citada, incluso, atribuye la posibilidad de instar la revisión de la sentencia ante estos estrados cuando se hubiere incurrido en algunas de las hipótesis previstas en los arts. 448 y 449 del C.P.P., como es el caso de autos, donde la acusación sostiene el quebranto de lo dispuesto en el inciso primero de la primera de las normas mencionadas.
Además, y ya como modo de interpretación auténtica, es dable señalar que la reforma operada con la ley 14.765 al artículo 61 de la ley 13.634 se inició por pedido del Sr. Defensor de Casación Penal, Dr. Mario Luis Coriolano, instaurando la vía casatoria contra las sentencias de los Tribunales de Responsabilidad Penal Juvenil, pero de sus fundamentos no resulta que tal posibilidad se hubiere vedado para quien ejerce la acción penal pública o para el particular damnificado.
Por lo que he de considerar admisible el recurso impetrado y, en consecuencia, pasar al tratamiento referido a la procedencia del mismo.
b) Procedencia
I. Liminarmente debe destacarse que los planteos de la parte que abren la jurisdicción de este Tribunal de Casación, no ponen en crisis la materialidad infraccionaria ni la autoría del joven A., M.H.R., todo lo cual arriba firme a estos estrados (arts. 111 y 434 C.P.P.).
Al solo efecto de dejar en claro el hecho que tiene por resultante la sentencia dictada el pasado 9 de junio de 2022, bajo el procedimiento abreviado, respecto del cual se ha tenido por acreditada la participación de M. en calidad de autor por el delito de “robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa” (conf. art. 167 inc. 4 en función de los arts. 163 inc. 6 y 42 C. P.), el mismo refiere al siguiente suceso: “El día 13 de noviembre de 2019 a las 10:00 hs aproximadamente en la intersección de las calle 148 y 15 de la localidad y partido de Berazategui, un sujeto de sexo masculino, mediante el empleo de una tenaza de corte, se apodero ilegítimamente, rompiendo la cadena que la sujetaba, de una bicicleta marca Venzo color blanca, con calcomanías rojas y negras, rodado 26, dándose a la fuga a bordo de esta, no logrando su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad, toda vez que al lugar arribo personal policial, alertado por vecinos de la zona, logrando aprehender al sujeto, como así también secuestrar en poder de este la bicicleta y la también la tenaza utilizada para cometer el injusto”. En la sentencia de referencia, se propuso una pena limitante de jurisdicción, de nueve (9) meses de prisión de ejecución condicional; no valorando eximentes, atenuantes y/o agravantes de responsabilidad, ante lo cual la señora jueza de la instancia al considerar que no se hallaban cumplidos los requisitos para determinar si era necesaria o no la imposición de la pena, difirió tal decisión al cumplimiento de los mismos.
Así lo ha entendido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación “11º) Que, de acuerdo con lo precedentemente expuesto, se advierte que en la sentencia en recurso no se han respetado las exigencias derivadas de las normas legales y constitucionales aplicables al caso. En efecto, la decisión de la Cámara no exhibe argumento alguno que permita entender por qué se consideró eximida de la obligación de fundar la "necesidad de pena" en los antecedentes del menor, en el resultado del tratamiento tutelar y en la impresión directa de aquél, tal como lo exige el artículo 4º de la ley 22.278, según el fin claramente resocializador que se reconoce a la pena impuesta por hechos cometidos por jóvenes menores de edad…” (causa “Marteau Alejandro Aramis s/homicidio en concurso ideal con lesiones graves y dolosas” CSJN, sent. 17/03/2009, Fallos 332:512, el resaltado es propio), señalando in re “Maldonado” que “…la 'necesidad de la pena' a que hace referencia el régimen de la ley 22.278 en modo alguno puede ser equiparado a 'gravedad del hecho' o a 'peligrosidad' como parece entenderlo el a quo. Antes bien, la razón por la que el legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento de sentenciar a quien cometió un hecho cuando aún era menor de 18 años se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente, atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de la Convención del Niño, a 'la importancia de promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad (art. 40, inc. 1º)…" (causa "Maldonado, Daniel E. y otro", consid. 22, CSJN, sent. 07/12/2005, Fallos, 328:4343).
Por su parte, nuestro máximo tribunal provincial ha establecido: “…VII. Al respecto el art. 4 de la ley 22.278 estipula que, cumplidos los requisitos de la cesura de juicio, para resolver la necesidad de pena debe estarse a "las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez". Y ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se respetan las exigencias derivadas de la normativa aplicable si la decisión de la Cámara "...no exhibe argumento alguno que permita entender por qué se consideró eximida de la obligación de fundar la 'necesidad de pena' en los antecedentes del menor, en el resultado del tratamiento tutelar y en la impresión directa de aquél, tal como lo exige el artículo 4 de la ley 22.278, según el fin claramente resocializador que se reconoce a la pena impuesta por hechos cometidos por jóvenes menores de edad" -en lo pertinente, Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Marteau", sentencia de 17-III-2009, considerando 11-. En este sentido, el comentario a la regla 5 de las Reglas de Beijing establece que las circunstancias individuales del delincuente (por ejemplo, su condición social, su situación familiar, el daño causado por el delito u otros factores en que intervengan circunstancias personales) han de influir en la proporcionalidad de la reacción. La regla 17.1 fija similar principio rector como guía para el dictado de sentencias y resoluciones…” (SCBA, causa P. 128.029-RC, "M., D. A. S/ Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa N° 146/2014 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás", sent. 18/10/2017).
Recibidos los informes periciales requeridos al CTA con fecha 30 de agosto de 2022, dispuso audiencia el 2 de septiembre del corriente año en la cual dictó sentencia definitiva, conforme los términos expuestos.
En este punto es dable destacar que el joven A., M.H.R. al momento de la audiencia en la que se determinaron los hechos y su autoría resultaba mayor de edad, consecuentemente, y conforme el artículo 8 de la ley 22.278, resultaba menester contar con los informes actualizados requeridos al CTA, ello sin perjuicio de poder valorar a fin de dar cumplimiento íntegro a lo normado en el artículo 4 del mismo cuerpo legal, el tratamiento tutelar transitado por el mismo en otro procedimiento judicial seguido en el FRPJ, como así también, los informes provenientes del lugar en el cual se encontraba institucionalizado, conforme la sentencia condenatoria y la imposición de pena a su respecto dispuesta con fecha 12 de octubre de 2021 en el marco de la causa T1097/2021, a disposición del TRPJ N° 1, Departamental, que la misma jueza preside.
Así lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires “…los fundamentos transcriptos en el apartado IV dan cuenta que el Tribunal de Alzada, analizó acabadamente las normas que eran de aplicación al caso, concluyendo que en oportunidad de declararse la responsabilidad del nombrado, éste ya era mayor de edad a la vez que también había sido sometido a tratamiento cuando comenzó su institucionalización, el que se extendió aun cesada la prisión preventiva, dado que se había continuado con el abordaje interdisciplinario. Es decir, entendió que al momento de decidir la responsabilidad de L., ya se encontraban cumplidos los recaudos previstos por el art. 4 de la ley 22.278. En ese escenario, el reclamo de la parte por el que aduce que el tiempo que el menor estuvo privado de su libertad cautelarmente no puede computarse para el plazo de un año de "tratamiento tutelar" que prevé el citado artículo de la ley nacional, más allá de la evidente distinción conceptual, deja sin explicar por qué motivo ambas finalidades no pueden coincidir temporalmente, cuando -tal como expuso el Tribunal de Alzada- en ese período estuvo también bajo tratamiento interdisciplinario, o que determina el rechazo del planteo (art. 495, CPP; conf. causas P. 112.623, sent. de 6-VIII-2014; P. 120.665, sent. de 9-XII- 2015; P. 126.557, sent. de 26-X-2016; P. 122.203, sent. de 16-VIII-2017; e.o.)” (causa P. 126.770, "L., J. M. N. y A., J. M. s/ Recurso de queja en causa n° 5762 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza", sent. 10/10/2018, el resaltado es propio)
En este punto, acierta la señora jueza al considerar que dado que estos actuados arribaron a su conocimiento con posterioridad a que el joven haya atravesado un tratamiento tutelar en otro proceso, en el cual a la postre fue considerada la necesidad de sanción penal y continuado, en consecuencia, su abordaje interdisciplinario en la institución en la cual está privado de libertad, y “[d]esconociendo los motivos por los cuales no se ha realizado una única intimación”, debe abordar de modo integral aquél, para decidir en el caso de marras. Y ello es así, por las razones dadas por nuestro tribunal supremo, en tanto que tratándose de un mismo sujeto respecto del cual resulta imperativo su consideración especial de menor de edad al momento de los hechos y la debida intervención a los fines de su reinserción, teniendo en consideración que se trata de un sujeto en desarrollo, el hecho que en estos actuados no se haya tomado intervención en tiempo oportuno, no puede resultarse oponible a la postre.
II. Conforme lo expuesto precedentemente, podemos adentrarnos al punto medular en crisis: plantea la defensa que hay un error en la decisión jurisdiccional al fundar su decisión a partir de la consideración que el joven no ha incurrido en nuevos delitos con posterioridad al hecho aquí endilgado, siendo que el mismo ha sido condenado y se encuentra cumpliendo pena en los hechos acaecidos el pasado 26 de septiembre de 2020, siendo que el hecho por el cual en estos actuados ha solicitado la imposición de pena es de fecha 13 de noviembre de 2019.
Sin embargo, la señora jueza no incurre en tal error, en tanto aclara que no se explica los motivos por los cuales el presente no fue intimado conjuntamente con los hechos ventilados en la causa correspondiente a un hecho posterior y arriba a su conocimiento ya resuelta definitivamente la situación de A., M.H.R. en aquellos -véase que la sentencia definitiva en la causa nro. T-1907/2021 (I.P.P. N° 13-02-015170- 20/00) es de fecha 12/10/2021 (el joven había adquirido su mayoría de edad el 30/09/2021) y en estos actuados, causa nro. J1215/2022 (I.P.P. Nro. 13- 01-013331-19/00), la audiencia preparatoria de juicio, una vez radicada la causa en el JRPJ N° 1 de Quilmes, conf. art. 52 ley 13.634, es de fecha 26/05/2022-.
De lo expuesto se desprende -máxime teniendo en cuenta los plazos ordinarios establecidos en la ley especial respecto de los procesos seguidos a niños sin privación de libertad y las reglas de conexidad subjetiva, que en el caso no fueron consideradas aplicables (conf. arts. 1 ley 13.634 y 32, 33, 282, 283 y ccdtes. C:P.P.)- que aun cuando estos hechos acaecieron en el año 2019, al momento de ser intimado en los hechos correspondientes a la I.P.P. N° 13-02-015170-20/00 al joven no se le había recepcionado declaración a tenor del art. 308 C.P.P. en los presentes actuados, ni en los mismos ha estado privado de libertad ni se evidencia intervención alguna a su respecto desde el fuero juvenil que pueda con posterioridad serle reprochada frente a la comisión de un nuevo delito, pues en todo caso, es el Estado quien al no tomar la debida intervención, no pudo inferir en el niño a fin de evitar que vuelva a reincidir en una acción dañosa.
Por el contrario, desde la efectiva intervención del fuero juvenil, y esto se devela de los informes de R.P.N. (art. 51 ley 13.634) a los cuales hace referencia la magistrada, el joven no ha incurrido en nuevos delitos. Véase, asimismo, que estamos frente a un sujeto que atraviesa una extrema vulnerabilidad, que conforme ha destacado la señora jueza al momento de presentarle las partes la propuesta de juicio abreviado en la causa T-1907/2021, advirtió que no terminaba de comprender acabadamente los alcances del acuerdo, de modo que fijó audiencia en los términos del artículo 396 C.P.P. Que al momento de determinar en la mentada causa la necesidad de imposición de una pena, siendo en consecuencia ya mayor de edad, valora específicamente sus derechos insatisfechos en materia de salud -que podrían estar vinculados al fallecimiento en la primera infancia de dos de sus hermanos y al inicio en el consumo de sustancias psicotrópicas a los 14 años- y educativos, y en este punto, lo cual es atinente en tanto estamos esperando la posibilidad efectiva que el niño pueda motivarse por la norma e insertarse constructivamente en la sociedad en la que se encuentra- el joven había abandonado sus estudios primarios en sexto grado y recién pudo retomar los mismos a partir de su privación de libertad cautelar, encontrándose al momento de ser abordado en estos actuados recién en primer año del secundario, y que incluso, ha dado cuenta en tales circunstancias de un desempeño excelente durante el 2020 en el taller de alfabetización, destacando el personal del Centro Cerrado Carlos Ibarra que “… desde su ingreso se ha sumado a los talleres que se brindan en esta institución, entre ellos el taller de "Radio", "Dibujo", "Educación física", "Salud y Adolescencia", "Expresión Artística" y "robótica".
En ellos participa activamente y de manera responsable…” con lo cual se evidencia no solo la importancia del abordaje efectivo respecto de la infancia para lograr su inclusión, sino también la imposibilidad que, en circunstancias de vulnerabilidad extremas, le sea exigible un cambio en sus acciones disruptivas sin marco de contención adecuado.
Es dable destacar que el interés superior del niño o niña en conflicto con la ley penal (art. 3 C.I.D.N.), debe ser definido en forma individual “con arreglo a la situación concreta del niño o los niños afectados y teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales” específicas en cada caso (Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 14 (2013) “Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1)”, párr. 32). Al respecto, ha señalado nuestro máximo tribunal provincial que “…estimo que deberá tenerse especialmente en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Maldonado" (Fallos: 328:4343), en cuanto sostuvo que "...el mandato constitucional que ordena que toda pena privativa de la libertad esté dirigida esencialmente a la reforma y readaptación social de los condenados (art. 5, inc. 6, CADH) y que el tratamiento penitenciario se oriente a la reforma y readaptación social de los penados (art. 10, inc. 3, PIDCP) exige que el sentenciante no se desentienda de los posibles efectos de la pena desde el punto de vista de la prevención especial. Dicho mandato, en el caso de los menores, es mucho más constrictivo y se traduce en el deber de fundamentar la necesidad de la privación de libertad impuesta, desde el punto de vista de las posibilidades de resocialización, lo cual supone ponderar cuidadosamente en ese juicio de necesidad los posibles efectos nocivos del encarcelamiento" (CSJN, cons. 23 del voto de la mayoría)” (causa P. 128.029-RC, "M., D. A. S/ Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa N° 146/2014 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás", sent. 18/10/2017).
Con lo expuesto, entiendo que el extremo del recurso referido al pretenso error jurisdiccional al no considerar negativamente la comisión de nuevos hechos delictivos, no puede sostenerse en perjuicio del joven por las razones apuntadas.
Resta evaluar si la señora jueza al momento de valorar las intervenciones periciales realizadas con fecha 21 de junio de 2022 (pericia social del CTA) y 4 de agosto de 2022 (pericia psicológica del mismo cuerpo), no tuvo en su justa consideración las recomendaciones dadas, particularmente por la perito en psicología, Lic. Barbara Muñiz, la cual señala -conforme destaca el líbelo recursivo-: "El joven [A., M.H.R.], aún presentaría una conducta ligada a la acción, apegada a lo concreto en donde predominarían las tendencias instintivas, con dificultad o incapacidad de controlar los impulsos. El mismo vive su situación actual como una situación agobiante, de mucha presión a causa del alto nivel de estrés que le genera, careciendo de defensas síquicas que le permitan hacer frente a esta realidad.
El caudal simbólico en el joven resulta escaso, lo que sumado a la situación anteriormente mencionada aún no posibilitaría en el joven contar con la profundidad reflexiva necesaria para la emergencia de la autocrática y la implicancia subjetiva en su accionar, las cuales formarían parte de ese caudal experiencial necesario el cual le permita anticiparse a los resultados de su accionar, y de esta manera actuar efectivamente en la realidad." Y una vez más yerra el señor fiscal, pues, en momento alguno la señora jueza plantea en estos actuados que el joven ha culminado el proceso iniciado al momento de dar comienzo al tratamiento tutelar en el marco de la causa T-1907/2021, lo cual oportunamente y conforme destaca el Dr.
Weinstein, motivara que en la mentada causa la señora jueza considerara necesaria -en conjunto con el Tribunal que presidió- la imposición de sanción, ello a los fines de continuar con el abordaje iniciado. Lo que destaca es que el tiempo impuesto en tales actuados es suficiente a los fines allí invocados, y que en el presente “…el joven se muestra reflexivo y con proyectos en el afuera centrados en una vida escolar y de trabajo, de la que se presume que ha capitalizado el tiempo desde que este fuero tomo intervención (…), al encontrarse privado de su libertad y en virtud a los dispositivos que le fueran ofrecidos por este fuero especializado, el joven se encuentra respondiendo positivamente, lo que analizado de modo integral me permiten colegir que no resulta necesario agravar el cumplimiento que ya ante este mismo fuero viene sufriendo M. con una pena especial de cumplimiento condicional que adiciones a lo que ya viene cumpliendo…” (el resaltado es propio).
Y ello así, en tanto, la perspectiva que ha de guiar a quien decide respecto de todo niño, y en particular, aquel vinculado a un proceso penal, es como se ha destacado precedentemente: el interés superior del niño afectado por el proceso, principio rector de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (art. 3, art. 75 inc. 22 C.N., en concordancia con arts. 3 ley 13.634, 4 y 10 ley 13.298, Obs. Gral. N° 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1) y Obs. Gral. N° 24 (2019) relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, del Comité de Derechos del Niño).
A los fines de determinar sus alcances, ha señalado nuestro superior provincial “…la solución que propongo es la que más se adecua al interés superior de estos niños, pauta que guía toda decisión que sobre ellos se tome y que ha sido definido como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso (conf. C. 102.719, sent. del 30-III-2010, entre otras). Se ha dicho también que en aras de ese interés superior y de la protección y defensa de sus derechos, quedan relegados en una medida razonable los de los mayores, y el proceso despojado de toda consideración ritualista, para tender casi exclusivamente a la satisfacción de aquella meta, aún mucho más resaltada a partir de la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño a nuestro texto constitucional por imperio de la reforma de 1994 (arts. 3 de la Convención; 75 inc. 22, C.N.)…” (causa C. 114.497, "A. , E. y R. ,N. . Abrigo. Incidente de apelación", sent. 24/10/2012).
Se advierte que la sentencia en crisis no ha omitido cuestiones esenciales que la tornen arbitraria, sino que, por el contrario, la decisión se ajusta a los estándares nacionales e internacionales en materia de infancia (arts. 4 y 8 ley 22.278, en concordancia con los arts. 3, 37 y 40 C.I.D.N., conf. art. 75 inc. 22 C.N. y corpus iuris en la materia, el cual emerge del art. 10 ley 13.298 y los principios rectores de la justicia juvenil establecidos en art. 33 ley 13.634), consecuentemente, el recurso no prospera.
Por ello, propongo al Acuerdo: admitir el recurso deducido por el Ministerio Público Fiscal y rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 8.2.h) de la C.A.D.H.; 14.5 del P.I.D.C.P.; 3, 12, 37, 40 de la C.I.D.N.; 4 y 8 ley 22.278, 1, 3, 33, 58, 61, 62, 85 y conc. ley 13.634; 4 y 10 ley 13.298, art. 167 inc. 4 en función de los arts. 163 inc. 6 y 42 del C.P., 20, 32, 33, 282, 283, 421, 433, 448, 450, 451, 454, 456, 530, 532 y ccdtes. del C.P.P.); y a la primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos. VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión anterior corresponde declarar la ADMISIBILIDAD del recurso fiscal y RECHAZAR el recurso de casación deducido por el Ministerio Público Fiscal. ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
ASÍ LO VOTO.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente
I. DECLARAR ADMISIBLE la impugnación deducida por el Ministerio Público Fiscal.
II. RECHAZAR el recurso de casación impetrado, sin costas.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3, 12, 37, 40 de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño; 4 y 8 ley 22.278, 1, 3, 33, 58, 61, 62, 85 y conc. ley 13.634; 4 y 10 ley 13.298, art. 167 inc. 4 en función de los arts. 163 inc. 6 y 42 del Código Penal, 20, 32, 33, 282, 283, 421, 433, 448, 450, 451, 454, 456, 530, 532 y ccdtes. del Código Procesal Penal.
Regístrese electrónicamente, notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia