Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala I · Causa I-22356-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisibles los recursos de apelación interpuestos por el defensor particular de M. E. A., Dr. Diego Alberto Rodríguez, por los motivos expuestos al tratar la primera cuestión (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 106, 164, 439, 442, 446 a contrario sensu y concordantes del C.P.P.).
II. No hacer lugar a la audiencia solicitada por la defensa, por los motivos expuestos al tratar la segunda cuestión (arts. 106, 442 y 447 del C.P.P.).
III. Declarar la nulidad de la intimación de los hechos formulada por el Ministerio Público Fiscal a M. E. A. el 8 de agosto de 2026, en oportunidad de recibírsele declaración en los términos del art. 308 del C.P.P., y de los actos consecutivos que de ella dependen, esto es, la declaración prestada por el imputado el 8 de agosto de 2026 y su continuación del 10 de agosto; el requerimiento fiscal de prisión preventiva del 4 de septiembre y el decreto que fijó la audiencia del art. 168 bis del C.P.P.; el requerimiento fiscal de elevación a juicio del 9 de septiembre; la audiencia del 10 de septiembre en los términos del art. 168 bis del C.P.P. y la resolución dictada en ella, mediante la cual se convirtió en prisión preventiva la detención de A.; la disposición fiscal del 11 de septiembre que dejó sin efecto el requerimiento de elevación a juicio y convocó al imputado a la audiencia del art. 317 del C.P.P.; la intimación formulada y la declaración recibida el 14 de septiembre en los términos de esa …
Causa N° I-22.356-2026 "A., M. E. s/ incidente de prisión preventiva y nulidad" (G7) IPP 14-02-008959-25/00
Para resolver los recursos de apelación interpuestos por el defensor particular de M. E. A., Dr. Diego Alberto Rodríguez, contra la resolución dictada el 10 de septiembre de 2026 por el titular del Juzgado de Garantías n° 7 departamental, Dr. Walter Federico Saettone, mediante la cual convirtió en prisión preventiva la detención que viene cumpliendo el nombrado, en orden a los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores agravada, previstos y reprimidos por los arts. 119, párrafos primero y tercero, y 125, segundo párrafo, del Código Penal, y contra la dictada por el mismo magistrado el 25 de septiembre de 2026, mediante la cual rechazó los planteos de nulidad de la declaración prestada en los términos del art. 308 del C.P.P., de la orden de detención y de la prisión preventiva, así como la inmediata libertad del imputado.
Sometida al acuerdo la presente causa, a efectos de tratar los recursos de apelación interpuestos y practicado el sorteo de rigor, resultó el siguiente orden de votación: en primer término, el Dr. Diego E. Martínez y, en segundo lugar, el Dr. Oscar R. Quintana (art. 440 del C.P.P.).
Los señores jueces resolvieron plantear y votar las siguientes cuestiones:
1. ¿Son admisibles las impugnaciones planteadas?
2. ¿Corresponde hacer lugar a la audiencia solicitada para informar oralmente?
3. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DR. MARTÍNEZ, DIJO:
Que el recurrente se encuentra legitimado para la interposición de los recursos en cuestión, poseyendo interés directo en su resolución, como surge de las constancias del presente.
Asimismo, deviene adecuado el remedio impugnativo intentado contra la resolución que convirtió en prisión preventiva la detención del imputado y jurídicamente posible por integrar el catálogo de pronunciamientos jurisdiccionales materia del recurso de apelación (art. 164 del C.P.P.). En cuanto al rechazo de los planteos de nulidad, si bien no ha sido declarado expresamente apelable, la decisión es susceptible de ocasionar un gravamen de imposible reparación ulterior, en tanto la defensa vincula la invalidez que postula con la subsistencia del encierro cautelar de su asistido (art. 439 del C.P.P.).
Ha cumplido también la defensa con la indicación específica de los agravios que le causan las decisiones del a quo, consignando sus respectivas fundamentaciones.
En consecuencia, observados los presupuestos de legitimación subjetiva y objetiva a examinar, se advierten asimismo abastecidos los requisitos de tiempo, lugar y forma, por lo que VOTO POR LA AFIRMATIVA (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 164, 439, 442, 446 a contrario sensu y concordantes del C.P.P.).
A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DR. QUINTANA, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, doctor Martínez, por sus mismos motivos y fundamentos. ASÍ LO VOTO (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art. 106 del C.P.P.).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DR. MARTÍNEZ, DIJO:
En el recurso dirigido contra la prisión preventiva, el defensor particular solicitó informar oralmente ante esta Alzada. Sostuvo que la Agente Fiscal había dejado sin efecto el requerimiento de elevación a juicio y fijado la audiencia prevista por el art. 317 del C.P.P., cuyo resultado podía hacer variar los fundamentos de su impugnación, y pretendió ampliarla en esa oportunidad. En el recurso deducido contra el rechazo de las nulidades, en cambio, el pedido sólo fue enunciado en el encabezamiento, sin desarrollo alguno.
Ahora bien, el art. 442 del C.P.P. exige a las partes, con la sola excepción del Ministerio Público Fiscal, manifestar fundadamente si informarán oralmente ante la Cámara, y ese requisito no se abastece con la mera expresión de voluntad ni con el propósito de ampliar o reformular los agravios, pues la audiencia del art. 447 del C.P.P. no constituye una nueva oportunidad para introducir cuestiones distintas de las que delimitaron la impugnación. El recurrente no indicó qué aspecto de los agravios desarrollados por escrito requeriría una exposición oral para su adecuado examen y, por lo demás, la audiencia del art. 317 del C.P.P. que invocó se había celebrado el 14 de septiembre de 2026, dos semanas antes de la presentación de su escrito.
En función de lo expuesto, no corresponde designar la audiencia solicitada, por lo que VOTO POR LA NEGATIVA (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 106, 442, 447 y concordantes del C.P.P.).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DR. QUINTANA, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, doctor Martínez, por sus mismos motivos y fundamentos. ASÍ LO VOTO (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art. 106 del C.P.P.).
A LA TERCERA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DR. MARTÍNEZ, DIJO:
I. El titular del Juzgado de Garantías n° 7 departamental, Dr. Walter Federico Saettone, convirtió en prisión preventiva la detención de M. E. A. en la audiencia celebrada el 10 de septiembre de 2026 en los términos del art. 168 bis del C.P.P., por considerarlo probable autor de los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores agravada (arts. 119, párrafos primero y tercero, y 125, segundo párrafo, del C.P.), con remisión al "articulado consignado en su requerimiento escrito" de la fiscalía.
A su vez, tuvo presentes las modificaciones de la calificación solicitadas por la defensa "por entender que no influirán en la privación de la libertad del imputado (por analogía del art. 23, inciso 5° del Ritual)", ordenó formar incidente de morigeración y tuvo presente el requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscalía.
Según surge del registro de audio del acto, restó relevancia a la inversión de las fechas que le había señalado la defensa con el argumento de que, en uno u otro orden, se investigaban dos conductas de gravedad. Afirmó además, con remisión a la imputación formulada por la fiscalía, que cualquiera fuera la calificación la pena sería de cumplimiento efectivo, y entendió que la pena en expectativa y las circunstancias del caso permitían tener por configurados los peligros procesales.
El 25 de septiembre de 2026 el mismo magistrado rechazó los planteos de nulidad de la declaración prestada en los términos del art. 308 del C.P.P., de la orden de detención y de la prisión preventiva, así como el pedido de inmediata libertad. Sostuvo que en la audiencia del art. 168 bis del C.P.P. había resuelto la cuestión al considerar que se investigaban dos conductas de gravedad y que resultaba aplicable por analogía el principio matemático según el cual "el orden de los factores no altera el producto", y valoró que la víctima había sido oída por una perito especialista y luego en cámara Gesell.
Añadió que el defensor había estado presente en la declaración del art. 308 del C.P.P., en la que su asistido pudo ejercer su descargo sin impedimento alguno, que en el acta se consignaron los elementos de prueba de los que surgían las fechas en cuestión y que el requerimiento de prisión preventiva contenía una reseña pormenorizada de ellos, por lo que no advertía de qué modo se había afectado el derecho de defensa. Descartó la aplicación de la doctrina del fruto del árbol venenoso, por referirse a la prueba obtenida ilegalmente, y concluyó que no se había demostrado un perjuicio concreto.
II. Contra el rechazo de las nulidades, la defensa sostiene que la resolución es arbitraria y se apoya en una fundamentación aparente, pues no es indiferente atribuir a una persona un hecho ocurrido en 2023 o en 2025, ni un tocamiento en el pecho o una manipulación genital. Afirma que las circunstancias de tiempo, modo y lugar constituyen los límites sobre los cuales el imputado organiza su defensa, y que su alteración priva al acto de la intimación clara, precisa y circunstanciada que exige el art. 308 del C.P.P.
Señala, además, una contradicción en el razonamiento del juez, quien admitió el error y convalidó la audiencia del art. 317 del C.P.P., pero mantuvo la prisión preventiva dictada sobre la imputación mal formulada. A su juicio, si la fiscalía debió dejar sin efecto el requerimiento de elevación a juicio porque la imputación era errónea, esa misma imputación no puede sustentar el encarcelamiento de su asistido, y al sostener lo contrario se quebró la correlación que debe existir entre la intimación, la medida cautelar y la acusación, en desmedro del deber de motivación (art. 106 del C.P.P.).
En cuanto al perjuicio, sostiene que A. declaró en la convicción de que se le atribuía un suceso determinado en una fecha determinada y estructuró su descargo en consecuencia, de modo que la modificación posterior tornó inútil la prueba de descargo y le impidió defenderse eficazmente. Por ello, solicita que se declare la nulidad de lo actuado y se ordene el cese de la medida de coerción.
Contra la resolución que decretó la prisión preventiva, sostiene que la medida resulta excesiva, pues A. estuvo a derecho desde el inicio de la investigación, al haberse presentado mediante un pedido de eximición de prisión, no tuvo contacto con la denunciante, con la víctima ni con su propio hijo desde la denuncia, y la fiscalía había dado por concluida la investigación y requerido la elevación a juicio, por lo que no existía acto alguno que el imputado pudiera entorpecer.
Atribuye además al juez un prejuzgamiento y un adelanto de pena al afirmar que una eventual condena superaría el mínimo y sería de cumplimiento efectivo, y solicita en subsidio una caución real o un dispositivo de monitoreo. Formula, por último, reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).
III. Analizada la cuestión traída a estudio de esta Alzada, adelanto que propondré al acuerdo declarar la nulidad de la intimación de los hechos formulada a M. E. A. el 8 de agosto de 2026, en oportunidad de recibírsele declaración en los términos del art. 308 del C.P.P., y de los actos consecutivos que de ella dependen.
Es pertinente recordar que, en salvaguarda de los derechos del imputado, se exige al órgano estatal que identifique del modo más preciso posible la imputación que pesa sobre él, a fin de que pueda ejercer una defensa eficaz. La declaración prevista en el art. 308 del C.P.P. constituye un acto de defensa material, cuya efectividad presupone que el imputado conozca previamente, de manera clara, precisa y circunstanciada, el hecho que se le atribuye, y por ello la ley incluye entre las formas de ese acto la de hacérselo conocer (art. 312 del C.P.P.). Esa exigencia tiene raigambre constitucional y se vincula con las garantías del debido proceso y de la inviolabilidad de la defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 8.2.b de la C.A.D.H.).
En ese sentido, la doctrina explica que la relación del hecho debe ser clara, de modo que el suceso se distinga suficientemente; precisa, para que quede puntualmente determinado; circunstanciada, mediante el detalle de sus condiciones de tiempo, modo y lugar; y específica, a fin de que sus características fácticas resulten individualizadas (Bertolino, Pedro J., Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Comentado y anotado con jurisprudencia provincial, Abeledo Perrot, 11.ª edición ampliada, Buenos Aires, 2017, pág. 685).
Sentado ello, y para advertir el alcance de la irregularidad, conviene recordar que la investigación se inició el 10 de junio de 2025 con la denuncia formulada por la madre de la víctima. El 28 de octubre de ese año se agregó el informe de la entrevista previa que mantuvo con la niña una profesional del Centro de Asistencia a la Víctima departamental, y el 26 de noviembre declaró en cámara Gesell, en los términos del art. 102 bis del C.P.P. Prestaron declaración, además, su madre y su tía materna, y se incorporó un informe pericial psicológico.
El 26 de junio de 2026 la Agente Fiscal, Dra. Marcela Constanza Semeria, solicitó la detención de A., y el juez de garantías la ordenó el 10 de julio de 2026. Entre los elementos que reseñó en esa resolución se encontraba la entrevista previa a la declaración de la niña en cámara Gesell, según la cual ella se despertó la noche del último episodio con la mano del imputado sobre su pecho y recordó que cuando tenía trece años éste le habría tomado la mano e intentado llevarla hacia su zona genital, lo que impidió al retirarla.
La detención se hizo efectiva el 8 de agosto de 2026, fecha en la que Acuña prestó declaración en los términos del art. 308 del C.P.P., asistido por su defensor particular. En esa oportunidad, la fiscalía le intimó los siguientes hechos: "HECHO I: Sin poder precisar fechas ni horas exactas, pero cuando la víctima M. L. D. tenía 13 años (nacida el 30/04/2010), mas precisamente entre el 30/04/2023 y el 29/04/2024, el aquí imputado, padrastro de la misma agredió en su integridad sexual a la niña a quien manoseo en su pecho por encima de la ropa, mientras la misma dormía, ocurriendo dicho suceso en el domicilio del imputado sito en la calle Ituzaingó XXX de Pilar. HECHO II: El día 10 de junio de 2025, encontrándose la víctima M. L. D. de 15 años de edad, durmiendo en el domicilio de su padrastro sito en calle Ituzaingó XXX de Pilar, éste toma su mano y la lleva hacia sus genitales, desviando de este modo el normal desenvolvimiento sexual de la niña, quien se levanta automáticamente de la cama."
Según surge del acta, esos sucesos fueron calificados en bloque como abuso sexual agravado y corrupción de menores agravada (arts. 119, párrafos primero y tercero, y 125, segundo párrafo, del C.P.), sin indicar cuál de las figuras correspondía a cada uno, lo que impedía conocer con certeza el alcance de la atribución y sus consecuencias jurídicas. Por lo demás, las normas invocadas no guardaban correspondencia con la descripción intimada, pues el tercer párrafo del art. 119 del C.P. contempla el acceso carnal, que no integraba ninguno de los hechos, y el segundo párrafo del art. 125 del C.P. prevé una agravante para víctimas menores de trece años, cuando según la propia intimación la niña tenía trece y quince años al momento de cada episodio.
Como se advierte, la intimación asignó cada una de las conductas al marco temporal de la otra. Atribuyó a A. haber llevado la mano de la niña hacia sus genitales el 10 de junio de 2025, cuando tenía quince años, y haberle tocado el pecho durante el período en que tenía trece, pese a que del relato de la víctima, reseñado en la propia orden de detención, surgía lo inverso.
A partir de esa base organizó A. su descargo. Relató extensamente lo sucedido la noche del 9 al 10 de junio de 2025 frente a una conducta que luego dejó de atribuírsele para esa fecha, mientras que respecto del período anterior señaló que, tras separarse de la madre de la niña en 2023, estuvo aproximadamente un año y medio sin llevarla a su casa.
Sobre esa misma imputación se apoyaron también los requerimientos fiscales de prisión preventiva, del 4 de septiembre, y de elevación a juicio, del 9 de septiembre, ambos formulados en orden a los hechos tal como habían sido intimados y con idéntica calificación.
Luego, durante la audiencia del art. 168 bis del C.P.P., celebrada el 10 de septiembre, el juez solicitó a la representante del Ministerio Público Fiscal que leyera los hechos imputados. La fiscal los reprodujo tal como constaban en el acta de la declaración del 8 de agosto. La defensa advirtió entonces que las fechas aparecían invertidas, pues la maniobra consistente en llevar la mano de la niña hacia los genitales del imputado correspondía, según el relato de la víctima, al período anterior. También cuestionó la calificación legal, particularmente la atribución del delito de corrupción de menores y la aplicación de las agravantes escogidas.
Pese a esa advertencia, la fiscalía sostuvo la imputación originaria y el juez resolvió sobre la misma base fáctica, sin examinar las consecuencias de la discordancia señalada. Asimismo, declinó tratar los cuestionamientos relativos a la calificación legal mediante la aplicación analógica del art. 23, inc. 5°, del C.P.P., y sustentó la prisión preventiva en una pena en expectativa que dedujo de las figuras escogidas por la acusación.
La entidad del defecto se confirma al examinar las actuaciones posteriores. El 11 de septiembre, la Agente Fiscal reconoció la inversión de las fechas, dejó sin efecto el requerimiento de elevación a juicio y convocó a A. a una nueva audiencia en los términos del art. 317 del C.P.P., celebrada el 14 de septiembre. En ella corrigió la ubicación temporal de las conductas y asignó a cada hecho una calificación diferenciada, aunque mantuvo para el primer episodio el domicilio de Ituzaingó XXX.
Acuña cuestionó esa circunstancia al explicar que recién había comenzado a residir allí a fines de noviembre de 2024, una vez concluido el período que comprendía la imputación. A partir de ese descargo se recibieron nuevos testimonios destinados a esclarecer las circunstancias de tiempo y lugar.
Posteriormente, mediante resolución del 21 de octubre de 2026, la fiscalía dispuso convocarlo nuevamente en los términos del art. 317 del C.P.P. y formuló otra descripción de los hechos. Modificó el período del primero, que pasó a comprender desde el 30 de abril de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024, trasladó su ubicación al inmueble de Zapiola XXX de Pilar e incorporó respecto de ambos episodios que la víctima se encontraba bajo el cuidado del imputado. Asimismo, subsumió el primer hecho en el tercer párrafo del art. 125 del Código Penal.
Esa imputación fue comunicada a A. en la audiencia celebrada el 23 de octubre de 2026, oportunidad en la que, asistido por su defensor particular, optó por abstenerse de declarar. Finalmente, el 2 de noviembre la fiscalía requirió nuevamente la elevación a juicio sobre esa misma plataforma fáctica y calificación legal.
Las sucesivas modificaciones excedieron la corrección de las fechas inicialmente invertidas, pues comprendieron circunstancias de tiempo y lugar, incorporaron una situación de cuidado que no había sido consignada anteriormente y alteraron la calificación jurídica. En particular, el primer episodio pasó a subsumirse en el tercer párrafo del art. 125 del C.P., cuya pena mínima de diez años de prisión supera la prevista por el segundo párrafo inicialmente invocado.
Por ello, no puede compartirse la posición de la fiscalía, que al contestar la vista del 23 de septiembre sostuvo que el defecto había quedado subsanado mediante la primera audiencia del art. 317 del C.P.P. y que, en su último requerimiento, afirmó que las modificaciones no habían variado la gravedad de la imputación.
Desde esta perspectiva, corresponde recordar que la declaración de nulidad exige que el defecto haya producido o pueda producir un perjuicio para quien la alega, y que quien la articula debe expresar sus motivos y ese perjuicio (arts. 201 y 205 del C.P.P.). La sanción no se declara en el solo interés de la ley ni para proteger requisitos formales en abstracto, sino para preservar el ejercicio efectivo de las garantías procesales. En ese sentido, esta Sala ha señalado que la nulidad debe responder a una afectación concreta del derecho de defensa y no a la mera inobservancia de una formalidad (causa n° 22.113/I, "Canteros y otros", resolución del 18 de agosto de 2026).
A su vez, el acto viciado puede sanearse mediante su renovación o rectificación, y queda subsanado cuando, pese a su irregularidad, ha conseguido su fin respecto de todos los interesados (art. 206 del C.P.P.).
En el caso, el perjuicio resulta concreto. A. ejerció su defensa frente a una imputación que atribuía las conductas a circunstancias temporales equivocadas y sobre esa misma descripción el juez dispuso la prisión preventiva, pese a la advertencia de la defensa. La asistencia letrada, la extensión del descargo y la incorporación al acta de los elementos de prueba que permitían advertir las fechas correctas no subsanan el defecto, pues el imputado tiene derecho a conocer el hecho atribuido mediante su intimación, sin que pueda exigírsele reconstruirlo a partir de las constancias probatorias.
Las audiencias posteriores celebradas en los términos del art. 317 del C.P.P. no subsanaron el defecto que afectaba a la prisión preventiva, pues la medida había sido dispuesta sobre una base fáctica errónea, mantenida por la fiscalía durante la audiencia del art. 168 bis pese a las objeciones de la defensa. Las rectificaciones posteriores no podían convalidar retroactivamente una decisión cautelar adoptada sin que el imputado hubiera podido ejercer adecuadamente su defensa respecto de los hechos atribuidos.
Las razones dadas para rechazar el planteo tampoco alteran esta conclusión. Sostener que el orden de los factores no altera el producto supone tratar dos conductas como intercambiables, y en materia penal no lo son, porque de la época en que se ubique cada una dependen la edad de la víctima, la subsunción típica y la escala penal aplicable. Inexacta resulta, además, la afirmación de que la inversión no modificó las calificaciones legales, pues cuando el juez rechazó la nulidad la fiscalía ya había intimado nuevamente a A. con una calificación distinta.
Sobre esta cuestión resulta pertinente lo señalado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense, Sala VI, en la causa n° 58.758, "R., J. D. s/ recurso de casación", sentencia del 29 de agosto de 2014, en cuanto recordó que la descripción material de la conducta constituye la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa y que el imputado tiene derecho a conocer los hechos mediante una comunicación clara, detallada y precisa, con cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Fermín Ramírez vs. Guatemala", sentencia del 20 de junio de 2005, párrafo 67.
En ese mismo pronunciamiento se explicó que, si bien la calificación jurídica puede modificarse durante el proceso cuando se mantiene la identidad de los hechos y se respetan las garantías procesales, un cambio brusco de su significado legal también puede generar situaciones de indefensión, en tanto constituye un parámetro orientador de la actividad probatoria (con cita de Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal. Fundamentos, tomo I, segunda edición, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004, págs. 568 y 569, y de la causa n° 58.698 de esa Sala, "Cadícamo, Diego José s/ recurso de casación", sentencia del 21 de mayo de 2014).
Estas consideraciones resultan aplicables al caso, en el que las sucesivas modificaciones comprendieron circunstancias fácticas relevantes y determinaron un encuadre legal más gravoso respecto del primer episodio, luego de que A. hubiera ejercido su defensa material frente a una imputación defectuosa.
Por otra parte, aunque la defensa invocó la doctrina del fruto del árbol venenoso, lo que en rigor reclama es el efecto extensivo de la nulidad, según el cual la invalidez de un acto alcanza a los actos consecutivos que de él dependan (art. 207 del C.P.P.). Para determinar su alcance corresponde establecer qué actuaciones mantienen con la intimación viciada una relación de dependencia jurídica y cuáles reconocen un origen autónomo.
Bajo ese criterio, la nulidad alcanza a la declaración prestada por A. el 8 de agosto de 2026 y a su continuación del 10 de agosto, pues constituyeron el ejercicio de su defensa material frente a una intimación que no cumplió adecuadamente su finalidad. La invalidez de esa comunicación impide conservar los efectos procesales del descargo recibido sobre una base fáctica defectuosa.
También comprende el requerimiento fiscal de prisión preventiva del 4 de septiembre y la medida dictada el 10 de septiembre, pues esta última presupone que el imputado haya sido oído en los términos del art. 308 del C.P.P. sobre el hecho por el cual se dispone la coerción (art. 157, inc. 2°, del C.P.P.). En el caso, tanto el requerimiento como la decisión judicial se sustentaron en la intimación originaria, reproducida durante la audiencia del art. 168 bis.
De la intimación originaria dependen, a su vez, las audiencias posteriores celebradas en los términos del art. 317 del C.P.P. Ambas tuvieron por objeto modificar aquella imputación, sobre cuya base A. ya había prestado declaración y organizado su defensa.
Esa vinculación adquiere especial relevancia porque las explicaciones proporcionadas por el imputado incidieron en el desarrollo posterior de la investigación. Sus manifestaciones acerca de la época en que comenzó a residir en el inmueble de Ituzaingó XXX precedieron a la recepción de nuevos testimonios y a la modificación de las circunstancias atribuidas al primer episodio. La propia fiscalía reconoció en su requerimiento del 2 de noviembre que los testimonios recibidos para evacuar las citas del descargo prestado por A. el 14 de septiembre permitieron readecuar la imputación, e incorporó sus declaraciones entre los elementos considerados para sostener la acusación.
En esas condiciones, las nuevas audiencias no constituyeron actuaciones independientes, pues la posibilidad de declarar nuevamente no eliminó las consecuencias que la primera intervención defensiva produjo en el desarrollo del procedimiento, y corresponde, por lo tanto, extenderles la nulidad en los términos del art. 207 del C.P.P.
Igual suerte corresponde asignar a las disposiciones fiscales mediante las cuales se ordenaron esas ampliaciones, a los requerimientos de elevación a juicio sustentados en la imputación originaria o en sus sucesivas reformulaciones y a las actuaciones directamente dependientes de aquéllas.
La nulidad comprende asimismo la resolución del 25 de septiembre de 2026, mediante la cual el juez rechazó los planteos defensivos y el pedido de inmediata libertad. El magistrado descartó la existencia del defecto y del perjuicio alegado mediante una fundamentación que consideró irrelevante la inversión de los hechos y suficiente la posibilidad de ejercer el descargo. Esas premisas sostuvieron la respuesta dada a los cuestionamientos defensivos y la decisión de mantener la situación de coerción, por lo que la invalidez que aquí se declara compromete el pronunciamiento en su integridad.
La invalidación no alcanza, en cambio, a la orden de detención del 10 de julio de 2026, que es anterior a la intimación defectuosa y no depende de ella. Sus fundamentos reseñaron ambos episodios con independencia del orden en que posteriormente los describió la fiscalía, de modo que el error advertido no determina, por sí mismo, la invalidez de aquella orden. Tampoco se extiende a los elementos de prueba reunidos durante la investigación, respecto de los cuales no se advierte una relación de dependencia jurídica que justifique su invalidación.
En consecuencia, corresponde disponer la renovación de los actos alcanzados por la nulidad, en cuanto resulte necesario, a fin de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa. A tal efecto, deberá darse inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal para que formule nuevamente la imputación, reciba declaración a A. en los términos del art. 308 del C.P.P. y efectúe los requerimientos que estime pertinentes, sobre los cuales deberá pronunciarse el juez hábil que corresponda.
Por último, se advierte que la solución propuesta priva de objeto al recurso dirigido contra la prisión preventiva, pues la medida cuya revisión pretendía la defensa ha quedado alcanzada por la nulidad declarada, de modo que su tratamiento deviene abstracto.
Por todo ello, propongo al acuerdo declarar la nulidad de la intimación de los hechos formulada por el Ministerio Público Fiscal a M. E. A. el 8 de agosto de 2026, en oportunidad de recibírsele declaración en los términos del art. 308 del C.P.P., y extender sus efectos a los actos consecutivos que de ella dependen, esto es, la declaración prestada por Acuña el 8 de agosto de 2026 y su continuación del 10 de agosto; el requerimiento fiscal de prisión preventiva del 4 de septiembre y el decreto que fijó la audiencia del art. 168 bis del C.P.P.; el requerimiento fiscal de elevación a juicio del 9 de septiembre; la audiencia del 10 de septiembre en los términos del art. 168 bis y la resolución dictada en ella, mediante la cual se convirtió en prisión preventiva la detención de A.; la disposición fiscal del 11 de septiembre mediante la cual se dejó sin efecto el requerimiento de elevación a juicio y se convocó al imputado a la audiencia del art. 317; la intimación formulada y la declaración recibida el 14 de septiembre en los términos de esa disposición; la resolución judicial del 25 de septiembre en su integridad; la resolución fiscal del 21 de octubre mediante la cual se formuló una nueva imputación y se convocó al imputado a otra audiencia del art. 317; la intimación efectuada y el acto de declaración celebrado el 23 de octubre; y el requerimiento fiscal de elevación a juicio del 2 de noviembre de 2026, así como las notificaciones cursadas en consecuencia de los actos cuya nulidad se declara.
Propongo asimismo declarar abstracto el tratamiento del recurso dirigido contra la prisión preventiva y remitir las actuaciones a la instancia de origen para que, con carácter urgente, se dé intervención al Ministerio Público Fiscal a fin de renovar los actos que correspondan y el juez hábil que resulte competente resuelva nuevamente, en audiencia con intervención de las partes, la situación procesal de M. E. A., debiendo cumplirse la totalidad de esas actuaciones dentro del plazo máximo de setenta y dos (72) horas. Por haber sido planteada, corresponde tener presente la reserva del caso federal. ASÍ LO VOTO (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; arts. 8.1 y 8.2.b de la C.A.D.H.; art. 14 del P.I.D.C.yP.; arts. 15, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 23 inc. 5°, 106, 151, 157, 158, 164, 169, 201, 202 inc. 3°, 203, 205, 206, 207, 308, 312, 317, 434, 435, 439 y concordantes del C.P.P.; art. 14 de la ley 48).
A LA TERCERA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DR. QUINTANA, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, doctor Martínez, por sus mismos motivos y fundamentos. ASÍ LO VOTO (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art. 106 del C.P.P.).
Por ello, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLES los recursos de apelación interpuestos por el defensor particular de M. E. A., Dr. Diego Alberto Rodríguez, por los motivos expuestos al tratar la primera cuestión (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 106, 164, 439, 442, 446 a contrario sensu y concordantes del C.P.P.).
II. NO HACER LUGAR a la audiencia solicitada por la defensa, por los motivos expuestos al tratar la segunda cuestión (arts. 106, 442 y 447 del C.P.P.).
III. DECLARAR LA NULIDAD de la intimación de los hechos formulada por el Ministerio Público Fiscal a M. E. A. el 8 de agosto de 2026, en oportunidad de recibírsele declaración en los términos del art. 308 del C.P.P., y de los actos consecutivos que de ella dependen, esto es, la declaración prestada por el imputado el 8 de agosto de 2026 y su continuación del 10 de agosto; el requerimiento fiscal de prisión preventiva del 4 de septiembre y el decreto que fijó la audiencia del art. 168 bis del C.P.P.; el requerimiento fiscal de elevación a juicio del 9 de septiembre; la audiencia del 10 de septiembre en los términos del art. 168 bis del C.P.P. y la resolución dictada en ella, mediante la cual se convirtió en prisión preventiva la detención de A.; la disposición fiscal del 11 de septiembre que dejó sin efecto el requerimiento de elevación a juicio y convocó al imputado a la audiencia del art. 317 del C.P.P.; la intimación formulada y la declaración recibida el 14 de septiembre en los términos de esa disposición; la resolución judicial del 25 de septiembre en su integridad; la resolución fiscal del 21 de octubre mediante la cual se formuló una nueva imputación y se convocó al imputado a otra audiencia del art. 317 del C.P.P.; la intimación efectuada y el acto de declaración celebrado el 23 de octubre; y el requerimiento fiscal de elevación a juicio del 2 de noviembre de 2026, así como las notificaciones cursadas en consecuencia de los actos cuya nulidad se declara, por los motivos expuestos al tratar la tercera cuestión (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; art. 8.2.b de la C.A.D.H.; art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 157, 201, 202 inc. 3°, 203, 205, 206, 207, 308, 312 y 317 del C.P.P.).
IV. DECLARAR ABSTRACTO el tratamiento del recurso de apelación interpuesto contra la resolución del 10 de septiembre de 2026, conforme a los fundamentos expuestos al tratar la tercera cuestión (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art. 106 del C.P.P.).
V. REMITIR las actuaciones a la instancia de origen a fin de que, con carácter urgente, se dé intervención al Ministerio Público Fiscal para la renovación de los actos que correspondan y el juez hábil que resulte competente resuelva, en audiencia con intervención de las partes, la situación procesal de M. E. A., debiendo cumplirse la totalidad de esas actuaciones dentro del plazo máximo de setenta y dos (72) horas (arts. 206, 207, 308 y concordantes del C.P.P.).
VI. TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada por la defensa (art. 14 de la ley 48).
Regístrese electrónicamente. Actualícese el RUD. Notifíquese a la Fiscalía General, a la Defensa y al Juzgado interviniente. Fecho, devuélvase con carácter urgente al Juzgado de origen, encomendando a su secretaría que practique las demás notificaciones que correspondan, incluida la de la víctima. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario firmante: QUINTANA Oscar Roberto - JUEZ
Funcionario firmante: MARTINEZ Diego Efrain - JUEZ
Funcionario firmante: HERMIDA LOZANO Bernardo Luis - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 977-2026
Fin de la sentencia