Abriendo la norma
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.24 09:28:01-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C=AR , CN=GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.24 09:28:19-03'00' TOMO CLXI - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.- Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 REGISTRO N° 10.088 FOLIO N° 056/060 PROT. ELECT. JR101 235I.261 Río Gallegos, 24 de junio de 2026.-
La presente causa caratulada "M.A.A. S/ Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar“ - Expte. N° 13105/25 - Apelación/Causa JR N° 10207/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 109/117, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado Penal Juvenil con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto lI) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado M.A.A. en orden al delito de “Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar, correspondiente al período comprendido entre los meses que van desde el mes de septiembre de 2024 hasta agosto del año 2025” (Conforme lo previsto por la Ley Nº 13.499 y 289 y 293 del Código Procesal Penal).
Que a fs. 119/121, la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 129, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado no se ajusta a derecho, resultando –a su criterio- tendencioso y arbitrario, atentando de dicha manera el debido proceso y la defensa en juicio, causando a su defendido un perjuicio procesal irreparable.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido al criterio de oportunidad y de la suspensión de juicio a prueba:
Se agravió la defensa al considerar que el decisorio arribado evidencia una manifiesta falta de motivación, sosteniendo que S.S. no realizó un análisis mínimo de los elementos probatorios reunidos en la causa, ni del tipo penal atribuido, ni del presunto tiempo de incumplimiento, como tampoco de la propuesta efectuada por su representado. Así, indicó que la resolución se limita a realizar referencias y citas génericas en relación a la perspectiva de género, careciendo de una apoyatura concreta. Asimismo, efectuó argumentos referidos al deber de motivación y fundamentación que deben contener las resoluciones judiciales, indicando que tal exigencia no se encontraría satisfecha en el auto recurrido, sobre el cual –afirmó- las probanzas del hecho se reunen en breves párrafos para luego concluir con el dictado del procesamiento. De igual modo, argumentó que se encuentra acreditado que su defendido no posee bienes, ni cuentas bancarias con ahorros, ni un trabajo en relación de dependencia, y que no existe elemento alguno que permita concluir que el Sr. M. se encuentra en mejores condiciones económicas que la denunciante para afrontar sus obligaciones para con su hija.
En consecuencia, sostuvo que no verifica un incumplimiento voluntario, sino una situación económica adversa, razón por la cual solicitó la aplicación del criterio de oportunidad, permitiendo arribar a una alternativa menos gravosa dentro del fuero penal mediante la suspensión de juicio a prueba. En tal sentido, propuso la realización de talleres o tareas comunitarias como mecanismos de reparación a la denunciante, afirmando que ello evitaría complejizar las posibilidades laborales del Sr. M., y contribuiría a una solución efectiva para su hija. En este marco, agregó que cercenar dicha posibilidad a través de la mera citación de normativa protectoria contra la violencia de género, sin analizar el alcance de las mismas, importaría una contradicción en sí misma.
Por último, solicitó que considere la alternativa propuesta, destacando que el Sr. M. carece de antecedentes penales y que la denunciante no fue oída, omitiendo –a su entender- un aspecto relevante de la perspectiva de género, en tanto afirmó como necesario que la misma tenga participación en las decisiones que se tomen.
Que en análisis y abordaje del presente agravio, pese al esfuerzo de la defensa, adelantamos, será desestimado.
Ello así, en virtud de los sólidos argumentos expuestos por S.S., quien compartió el criterio sostenido por el Agente Fiscal. En efecto, a fs. 106/107 obra la contestación de vista fiscal, quien sostuvo que la solicitud de la suspension de juicio a prueba, o también denominada probation, resulta improcedente en el presente caso, en atención a la naturaleza del delito por el cual fue oportunamente procesado el aquí imputado, consistente en una conducta omisiva de carácter continuado, que se habría extendido por un lapso prolongado, afectando derechos fundamentales de una persona menor de edad.
En este sentido, el Fiscal de primera instancia destacó que la persistencia del incumplimiento (circunstancia que fue considerada como acreditada –prima facie- en la instancia anterior y abordada por esta Alzada en el acápite subsiguiente) evidenciaría una actitud reiterada y sostenida en el tiempo, lo que resulta incompatible con la aplicación de tal instituto en tanto admitirlo importaría desatender la tutela judicial efectiva de derechos especialmente protegidos por nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, el Magistrado ponderó expresamente las disposiciones de la Convencion de los Derechos del Niño, resaltando que toda decisión judicial debe atender de manera primordial el interés superior del niño, entendiendo como la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos y garantías.
Bajo este marco, el Sr. Fiscal sostuvo que admitir la suspensión de juicio a prueba, en esta instancia y en el presente caso, implicaría subordinar los derechos de la hija del imputado, L.P.A.M., a la conveniencia de éste, lo cual estimó jurídicamente inadmisible. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que “…El requisito vinculado a la realización de una oferta razonable para la procedencia de la probation adquiere un matiz particular en el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Es que, la tutela efectiva de la obligación alimentaria, a través del sistema penal ha sido objeto de específico tratamiento no sólo en el orden interno, sino también en algunos de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que se encuentran incorporados al bloque de constitucionalidad de nuestro país (C.N., art. 75 inc. 22)…”.
“….En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la ley 23.054, luego de sentar la prohibición de la prisión por deudas, aclara expresamente que ese principio "no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios" (art. 7, 7°). Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Ley 23.313, también se pronuncia en contra de una prohibición análoga, al establecer que ella incluye al incumplimiento de una obligación contractual (art. 11), naturaleza que obviamente no tiene la obligación alimentaria. Por otra parte, el más amplio marco de la protección integral del niño, la Convención sobre los Derechos del Niño contiene disposiciones que establecen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual y moral e impone directivas que se bifurcan, unas hacia los padres o encargados del niño, a quienes les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño (art. 27, 2°) y otras hacia el Estado, quien debe reconocer el derecho de todo menor de 18 años a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (art. 27, 1°), para lo cual debe adoptar las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño (art. 27, 4°). Por último, la Ley Nacional 13.944, prevé penalidades a los padres que aun sin mediar sentencia civil, se substrajeran a prestar los medios indispensables para la subsistencia de su hijos menores de dieciocho años, o más si estuviere impedido. (TSJ, Sala Penal, S. n° 307, 19/11/2012, autos “ASTESANA, Juan Emilio p.s.a. incumplimiento de los deberes de asistencia familiar – Recurso de casación-“. Vocales: Tarditti, Cafure de Battistelli y Blanc G. de Arabel.).
De igual manera se ha pronunciado la doctrina, al sostener que “…el criterio de realidad que debe dominar al Juez en estos casos resulta vital, por cuanto un excesivo garantismo a favor del imputado en este tipo de ilícitos, especialmente cuando se intenta justificar estos bajos montos en las escasas posibilidades económicas del mismo, termina conspirando nada menos que contra el Interés Superior del Niño, consagrado en el artículo 3° de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el que no debe reducirse a mera retórica sino efectivizarse especialmente en las decisiones de los magistrados que ejercen la llamada protección judicial de los derechos de los niños y adolescentes.- (La Probation: ¿Una alternativa efectiva a la sanción para el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria?. Por Gonzalo Patricio Frías.El Dial DC7A7. Publicado el 12/12/2005). (El resaltado nos pertenece). En consecuencia, no se advierte en el resolutorio la alegada arbitrariedad, como tampoco la ausencia de fundamentación. Por el contrario, surge con claridad que el Magistrado analizó la cuestión planteada y, sobre la base de los argumentos brindados por el Ministerio Público Fiscal, la normativa vigente en materia de perspectiva de género y la legislación en vigor respecto de los Derechos del Niño, es que concluyó de manera fundada que la suspensión de juicio a prueba resultaba improcedente, teniendo máxima consideración en la protección de los derechos de la menor de edad involucrada y el principio rector de su interés superior.
En virtud de lo expuesto, el presente agravio no podrá prosperar.
III. Del agravio referido a la orfandad probatoria:
Que se agravió la parte recurrente respecto del mérito de la prueba producida, señalando que todas las entidades bancarias comunicaron que el Sr. M. no poseía registros bancarios, salvo el Banco Nación que registró un saldo de aproximadamente $288.000.
Asimismo, indicó que el Registro de la Propiedad Inmueble informó la inexistencia de bienes inmuebles a su nombre, y que del Registro Automotor surge la titularidad de un vehículo respecto del cual la propia denunciante manifestó que sería modelo 2014, es decir, un automotor de 12 años de antigüedad.
A su vez, alegó que tanto los oficios remitidos por ANSES, la Caja de Previsión Social, el ARCA y el Ministerio de Trabajo de la Provincia, arrojaron certificación negativa.
Por otra parte, respecto de las copias certificadas en autos de fs. 55/69, en relación a los autos: “A.M.E. C/ M.A.A. S/ ALIMENTOS” Expte. Nº 4186/11, advirtió que las mismas corresponden a actuaciones de fecha muy anterior a los hechos que aquí se denuncian, concretamente trece años antes, por lo cual consideró que deberían ser desglosados en virtud de que son suceptibles de inducir a error. De dichas constancias agregadas, impugnó que, de la providencia glosada a fs. 58/59 únicamente refiere a la fijación de una cuota alimentaria, no existiendo alusión alguna a un presunto incumplimiento. Que del escrito de fs. 60/vta. y 67/68, existe una ausencia de certificación de fecha, por lo tanto –a su entender- carecen de validez probatoria. Finalmente, señaló que los oficios incorporados datan de los años 2021 y 2022, todos ellos previos a la radicación de la presente denuncia. Así, concluyó que no se encuentran acreditados los extremos invocados, señalando además una supuesta desprolijidad en la acumulación de prueba extemporánea, y cuestionando la valoración respecto de la bancaria y patrimonial. Finalmente, sostuvo que la prueba reunida únicamente permite acreditar una situación de carencia económica, laboral y patrimonial de su representado, y que en absoluto significó una negativa al cumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Que, en abordaje a la presente impugnación, debemos decir que también se desestimarán los agravios aquí introducidos. En efecto, estando dirigido el planteo de la parte recurrente a cuestionar la suficiencia de las pruebas valoradas por el Magistrado para el dictado del procesamiento, viene al caso recordar que esta Alzada -siguiendo a Clariá Olmedo-, ha sostenido reiteradamente que para el dictado del auto de procesamiento, basta la confirmación inicial de la sospecha y, en cuanto a la cuestión relativa a la suficiencia de las pruebas para arribar a su dictado, se ha dicho que deben ser aquellas suficientes para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio. (Clariá Olmedo, J.A., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 612).
Nos parece correcto y oportuno dejar constancia que, en este tipo de pronunciamiento, sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho; lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación. Es por todas estas características apuntadas que se considera que la concreción de este dispositivo es esencialmente provisional, no causando estado su dictado. (Criterio asentado en Apelaciones Nº 10129/26, 10156/26, 10174/26, por citar la más recientes).
Sentado ello, corresponde señalar que, aun si fuera cierto que el imputado no posee más bienes que el vehículo constatado a fs. 41/42vta., y que los registros bancarios acreditados a fs. 85/87, tal circunstancia no constituye una causal de justificación que lo releve del cumplimiento de las obligaciones alimentarias que pesan sobre él respecto de su hija menor de edad.
Asimismo, en relación a las copias de las actuaciones provenientes del fuero de familia, agregadas a fs. 43/52 y 55/68, si bien se observa que algunas de las constancias incorporadas son de fecha anterior a la denuncia que dio origen a las presentes actuaciones, ello no le resta suficiencia probatoria. En efecto, la denunciante expresó – contundentemente- que el expediente de alimentos fue iniciado en el año 2011 y que, desde ese entonces, el cumplimiento de la cuota alimentaria por parte del incuso habría sido intermitente, circunstancia que permite comprender la incorporación de dichas constancias, que –ademásevidencian en una conflictiva de larga data respecto al cumplimiento del Sr. M. respecto de dicha obligación.
A ello se suma que la Sra. E.A. indicó que el período de incumplimiento total se extendió desde septiembre del año 2024 hasta agosto del año 2025. Dicha coyuntura encuentra sustento en el oficio obrante a fs. 88/vta., de fecha 31 de octubre del año 2025, mediante la cual la Defensoría que ejerce el patrocinio letrado de la denunciante, informó que en el proceso de familia se dictaron medidas sancionatorias contra el Sr. M.A.A., en consecuencia del reiterado incumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
Por otra parte, respecto de la providencia glosada en fs. 58/59, dictada el 04 de junio del año 2025, si bien la misma dispuso la fijación de una cuota provisoria equivalente al cien por ciento (%100) de la suma de la canasta de crianza (INDEC), no puede soslayarse que dicho dictado constituye –al menos en esta instancia-, un indicio convincente de la situación de incumplimiento por parte de M.-
De igual manera, respecto a la ausencia de validez probatoria de determinadas constancias por carecer de fecha, consideramos que los alegados argumentos devienen improcedentes, toda vez que dichas fojas pertenecen a las actuaciones del fuero de familia, las que fueron debidamente certificadas por la actuaria interviniente a fs. 69, extremo que les otorga eficacia probatoria.
En consecuencia, corresponde señalar que los cuestionamientos invocados por la defensa técnica no logran desvirtuar los elementos de convicción reunidos hasta el momento, los cuales permiten inferir, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la responsabilidad penal del imputado sobre el ilícito endilgado.
Ahora bien, por otra parte, en cuanto a la presunta situación de carencia económica y laboral del imputado, cabe señalar que ello no resulta óbice para hacer frente a sus obligaciones parentales alimentarias, pues según sostiene la jurisprudencia dominante, en el supuesto de que el alimentante atraviese dificultades económicas, éste podría -ya fijada la cuota-, intentar su reducción, más no sustraerse totalmente al cumplimiento, como visiblemente ocurriría en el caso traído a estudio (véase al respecto lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V; 10/08/2006; “E., E.”; DJ22/11/2006, 892; Cita: TR LALEY AR/JUR/4914/2006).
Cabe señalar aquí, que los niños cuentan con una particular protección en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1.994, respecto al pleno goce de los derechos humanos, inclusive a través de leyes y medidas de acción positivas (art. 75, 26 CN). La "Convención de los Derechos del Niño" estatuye que los Estados que la suscriban adoptarán las medidas integrales, legislativas, administrativas, sociales, educativas, etc., para proteger al niño contra toda forma de abandono (Art. 27 inc. 1 y 2).
Asimismo las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad", incluye expresamente a los niños víctimas de delitos como beneficiarios de sus reglas.
En efecto, debemos decir que compartimos la valoración efectuada por el Sr. Juez de grado, por cuanto ponderó de manera integral el plexo probatorio incriminante incorporado al legajo, de conformidad con los arts. 115, 116 y 199 del C.P.P., y así fundamentó que existían elementos suficientes para disponer el procesamiento del imputado.
Para concluir, en concordancia con lo resuelto por el Magistrado, resulta ilustrativo citar el siguiente sumario que, en lo pertinente; dice: “La restricción al pago de las cuotas alimentarias, no sólo constituye una violencia económica con la ex pareja, sino una violación flagrante a los derechos del niño, siendo responsabilidad del Estado adoptar todas las medias necesarias para que los niños sean protegidos y cuidados para lograr su bienestar, teniendo en cuenta los deberes y derechos de sus padres, ya que de lo contrario se incumple con las compromisos asumidos internacionalmente.” (STJ; Corrientes; 06/11/2020; “S. C. R. s. Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar”; Rubinzal Online; RC J 7614/20).
En función de todo lo expuesto, debemos rechazar de plano la presunta orfandad probatoria postulada por el recurrente. En consecuencia, el presente agravio no tendrá favorable acogida.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 109/117, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia