Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaVISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se confirma la sentencia apelada con las modificaciones propuestas: 1. Elevar el importe del resarcimiento en favor de la actora conviviente de la víctima, J... M..., a la suma de $ 40.441.930,15; 2. Elevar la indemnización por daño moral, estableciéndola en la suma de $ 7.000.000 para G... A... C... y en la suma de $ 6.000.000 para S... A... M...; 3. Imponer las costas causadas por el rechazo de la demanda instaurada contra Garantía Cia. Argentina de Seguros a los demandados vencidos. 4. Costas de Alzada a los demandados vencidos (art. 68 CPCC). 5. La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967). Téngase presente la reserva del caso federal.
La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Necochea, con fecha 29 de deptiembre de 2023, confirmó la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda de daños y elevó los rubros resarcitorios de las damnificadas –esposas e hijas de la víctima, una de ellas nacida con posterioridad al fallecimiento.-
En la ciudad de Necochea, a los 29 días del mes de septiembre de 2023, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "M... J...
Y OTRO C/ EL CÓNDOR EMPRESA DE TRANSPORTES S.A. Y OTRO S/
DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. 13.571, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Sra. Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich, Sra. Jueza Dra. Ana Clara Issin y Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a derecho la sentencia dictada el 01/07/2022?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
I. La sentencia:
El 1 de julio de 2022 el Juez dictó sentencia en los siguientes términos: “1.- Haciendo lugar a la demanda promovida por J... M..., G... A... C... y S... A... M... contra El Condor Empresa de Transportes S.A. y V... A... C... sobre daños y perjuicios. 2.- Rechazando la demanda instaurada contra F... C... y Garantía Cia. Argentina de Seguros. 3.- Condenando a los demandados a pagar a J... M... la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos ($ 4.463.600.); de pesos tres millones trescientos cuatro mil ($ 3.304.000.-) a G... A... C...; y de pesos dos millones trescientos mil ($ 2.300.000.-) a S... A... M..., con más los intereses indicados en el considerado XIV, dentro del término de diez días de quedar firme la presente sentencia. 4.- Imponiendo las costas del juicio a los demandados vencidos, con excepción del demandado F... C… que se imponen a El Condor Empresa de Transportes S.A., y la citada en garantía que se imponen en el orden causado. 5.- Difiriendo la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad en que obren en autos pautas para tal fin (art. 51 dec-ley 8904).”
1. Para arribar a su decisión el magistrado comenzó por determinar la ley aplicable considerando que siendo que se juzgaba un hecho sucedido el día 8 de octubre de 1997, correspondía aplicar las normas del Código Civil vigente a esa fecha.
2. Seguidamente tuvo por acreditado -conforme la copia de la sentencia de la causa penal caratulada "C…, V... A.... Vma. C..., L... s/Homicidio culposo", Expte. 2-10357 que tramitara por el Juzgado de Transición N° 1 Departamental- que “el día 29 de junio del año 2000 se condenó al aquí codemandado V... A... C..., imponiéndole la pena de nueve (9) meses de prisión de cumplimiento en suspenso y cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo (fs. 997/1014)”. Merituó entonces que por disposición del art. 1102 del CC, condenado el acusado en juicio criminal, no era posible contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituye el delito ni impugnar la culpa del condenado; sin perjuicio que, respetando tales conclusiones, se analice la posible concurrencia de la culpa de la víctima.
3. Aseveró que de acuerdo a la doctrina que emana de lo dispuesto en el art. 1113 segundo párrafo del Código Civil, la atribución de responsabilidad sólo puede ser desvirtuada acreditándose la ruptura del nexo causal.
Bajo ese análisis y con cita de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia Provincial, efectuó la siguiente valoración: “se desprende claramente de las constancias de autos (pericia mecánica de fs. 948/957), que el accionar del demandado conductor del ónmibus resultó relevante a los fines de la concreción del siniestro. Ello en virtud de la prioridad de paso de la cual gozaba la víctima al circular desde la derecha en la encrucijada, conforme lo normado por el art. 41 de la ley 24.449”.
Descartó las eximentes planteadas por los codemandados -excesiva velocidad y circulación sin luces por parte de la motocicleta- por no haber sido acreditadas, atribuyendo la responsabilidad del evento al demandado V... A... C... en tanto conductor del ómnibus, y a la empresa El Cóndor Empresa de Transportes S.A. en su condición de titular registral del ómnibus dominio C 1487554.
4. En relación a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el codemandado F... C..., quien alegó que carecía de la relación comercial que le atribuía la codemandada El Cóndor ETSA, señaló: En el caso, surge acreditado que el servicio que se prestaba a la compañía El Condor era de "mantenimiento de los vehículos, lavado y revisación de rutina que se efectúa antes de iniciar cada servicio..." (absolución de posiciones de V... A... C... de fs. 443), siendo el propio absolvente quien prestaba dichos servicios a partir del año 1994 (pericia contable de fs. 732/5). Asimismo, el testimonio brindado a fs. 473/74 es coincidente con la documentación referida. Así entonces la excepción debe ser recepcionada.
5. Posteriormente hizo lugar a la exclusión de cobertura planteada por la citada en garantía por incumplimiento de las condiciones generales de la póliza, en virtud de carecer el conductor del ómnibus de la licencia para conducir en dicha categoría de vehículo, extremo que tuvo por acreditado con el reconocimiento que hizo el propio conductor en la absolución de posiciones obrante a fs. 443 y las condiciones generales de la póliza a tenor de la pericia contable de fs. 732/735.
6. En función de lo expuesto evaluó y cuantificó los daños reclamados, concluyendo que correspondía admitir en favor de la coactora J... M...- conviviente de la víctima y única requirente del rubro valor vida- la suma de $4.000.000 y la suma de $ 453.600 en concepto de daño psicológico.
Respecto del daño moral reclamado por las dos hijas de la víctima fijó la suma de $ 2.800.000 para G... A... C... y $ 2.300.000 para S... A... M...; y la suma de $ 504.000 la estableció en concepto de daño psicológico para G... A... C....
En el rubro daño futuro se reclamaron los gastos causídicos que se originaron con motivo de la demanda de filiación que debió iniciarse en relación a la hija que nació con posterioridad al fallecimiento de la víctima, estimándolo en la suma de $ 10.000 en función de los honorarios regulados en el expediente “M... J... c/ Sucesores de J... L... C... s/ Filiación”, Expte. N° 15.084, que tramitara ante el Juzgado Civil y Comercial N° 2 Departamental. Difirió la cuantificación del daño material para la etapa de la ejecución de sentencia, estableciendo a tal fin, el oportuno sorteo de un perito mecánico de la lista oficial para determinar “el costo actual de las reparaciones que estima necesarias para volver la moto a su estado anterior al hecho que motiva el proceso (art. 1083 CC)”.
Finalmente fijó las respectivas fechas de mora y del curso de los intereses.
II. Los recursos:
La decisión agravió a la parte actora (expresión de agravios del 06/02/23); a la aseguradora, quien se disconformó exclusivamente en relación a la imposición de costas por su orden (expresión de agravios del 03/02/23) y a la empresa El Cóndor ETSA (expresión de agravios del 06/02/23). Todos ellos fueron debidamente replicados.
1. La accionante objetó críticamente en sus primeros tres agravios la cuantificación del valor vida (acompañando liquidación efectuada con la utilización de la fórmula polinómica), la errónea cuantificación del daño moral y del daño futuro.
Como cuarto agravio señaló la tasa de interés, solicitando se aplique la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días.
En su quinto agravio se explayó sobre la exclusión de la cobertura, solicitando en subsidio -enmarcado como sexto agravio- la irrazonabilidad del límite de la cobertura.
2. La codemandada El Cóndor ETSA destaca como primer agravio el elevado monto de condena en concepto de valor vida humana; su segundo agravio lo circunscribe al monto estipulado en concepto de daño moral a las hijas del fallecido, solicitando su reducción. Asimismo critica en su tercer agravio el reconocimiento y la cuantificación del daño psicológico, solicitando su desestimación o reducción.
Como último y cuarto agravio aduce la culpa concurrente refiriendo la velocidad de los intervinientes en el hecho.
3. Por su parte la aseguradora expuso como único agravio la imposición de costas por su orden respecto de la citación en garantía, señalando que debe seguirse el principio general de la derrota (art. 68 del CPC) en tanto su citación fue propuesta no sólo por la actora sino también por la empresa demandada quien conocía los alcances de la cobertura.
III. Tratamiento de los recursos:
1. Deserción:
En primer lugar corresponde me expida sobre la deserción de los recursos de los demandados y de la citada en garantía, solicitada por el actor al momento de replicar los agravios (v. presentación del 22/2/2023), anticipando que la solicitud no prospera por estar abastecidos los recursos de suficiencia técnica que habilita a su debido tratamiento por esta Alzada (arts. 18 Constitución Nacional, 15 Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 260 y 261 del CPCC).
2. La responsabilidad:
Por una estructuración de orden lógico comenzaré tratando la crítica de la codemandada El Cóndor ETSA, relativa a la responsabilidad, para seguidamente abordar los restantes agravios.
En tal faena el apelante expresa que con la pericia de fs. 948/957 quedó acreditado que ambos conductores circulaban a velocidades superiores a las permitidas (según respuesta a pregunta 9 de fs. 955), existiendo culpa concurrente en el evento.
A los fines de dirimir la cuestión, es menester considerar que de acuerdo a lo valorado por el sentenciante y siguiendo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, es aplicable al caso la responsabilidad objetiva derivada de un accidente de tránsito, que encuadra en la previsión normativa establecida en el artículo 1113 segundo párrafo, segundo apartado del Código Civil.
En consecuencia "el dueño o guardián de una cosa viciosa o generadora de riesgos, para eximirse de responsabilidad debe demostrar la ruptura del nexo causal entre el hecho y el daño", y esto conlleva una modificación a la carga de la prueba, ya que es el demandado quien debe probar que la conducta de la víctima o del tercero por quien no responde, es la causa del hecho (SCBA Ac. 37.535, del 09/08/88; Ac. 67.485, del 05/04/00; Ac. 61.429, del 8/7/1997; Ac. 98.535, sent. del 1/10/2008; entre otros; en el mismo sentido esta Alzada Expte. 11.000, Reg. int. n° 125 (S) del 07/12/2017).
En base a tales premisas y trasladadas al presente, la conducta de la víctima como causal de exención de la responsabilidad debe ser probada por aquel a quien se le atribuye la responsabilidad.
Surge de la presente causa que en sede penal, en base a los hechos probados, se condenó a V... A... C... como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo (art. 84 del CP), para lo cual se afirmó: “EL EXCESO DE VELOCIDAD con que circulaba el imputado que le impidió tener el DOMINIO EFECTIVO de su propio VEHÍCULO sumado a la circunstancia de NO CEDER EL PASO AL CICLOMOTOR QUE VENÍA POR SU DERECHA (inobservancia de específicas reglamentaciones de tránsito citadas), es lo que provocó el atropellamiento de la víctima J... L... C..., que transitaba en el ciclomotor Yamaha, provocándole la muerte” (sentencia del 29/06/2000 obrante a fs. 997/1014 correspondiente a fs. 252/269 de la causa penal)
Para decidir de ese modo la sentenciante tuvo por acreditado que el día 8 del mes de octubre de 1997, en la localidad de Quequén, partido de Necochea, siendo alrededor de las 22:10 horas V... A... C... conducía un vehículo de transporte de pasajeros ómnibus Scania 1112 perteneciente a la empresa El Cóndor, circulando por calle 519 en dirección a la Terminal de ómnibus, y al llegar a la intersección de calle 558 embistió frontalmente a un vehículo ciclomotor Scooter marca Yamaha, que venía circulando por la mencionada calle, conducido por J... L... C..., el que falleció a raíz de las lesiones recibidas.
Valoró que el conductor del ómnibus venía circulando a una velocidad superior a la permitida en la zona, ya que estaba transitando por un lugar urbano, con un vehículo de gran porte y en horas de la noche, lo que lo obligaba a conducir con mayor precaución; y que al llegar a la intersección de las calles 519 y 558 sobrepasó la arteria sin detenerse ni cederle el paso a los vehículos que venían por la calle 558, que tenían prioridad de paso por venir por la derecha.
Ponderó especialmente la pericia accidentológica realizada en sede penal que dictaminó: “se deduce que el ómnibus Scania circulaba al momento del impacto a una velocidad no inferior a 60,48 kilómetros por hora” concluyendo en el carácter de EMBISTENTE del mismo (fs. 1006/1007).
En el fuero civil, al analizar la mecánica del accidente y valorar las alegaciones de los codemandados que refirieron que el actor circulaba a excesiva velocidad y sin luces, el magistrado de la instancia se expidió sosteniendo que “las mismas no han sido acreditadas. En consecuencia, resulta notorio que el Sr. V... C... incumplió con la norma de tránsito que le imponía ceder el paso al vehículo que circulaba desde su derecha, por una vía pública transversal (art. 41 ley 24.449), provocando así el evento dañoso.”
Para ello tuvo en cuenta el reconocimiento efectuado por las partes y la pericia del Ingeniero mecánico J... S... de fs. 948/957, concluyendo en que el accionar del demandado -conductor del ómnibus- fue relevante a los fines de la concreción del siniestro, en virtud de la prioridad de paso de la cual gozaba la víctima al circular desde la derecha en la encrucijada. En respuesta al agravio traído por el recurrente y la preponderancia que pretende otorgarle a la conclusión del perito respecto a la velocidad con la que circulaba la motocicleta, es importante señalar que la valoración de la pericia se encuentra condicionada a la luz de lo establecido en los artículos 384 y 474 del C.P.C.C., por lo que el dictamen no agota la valoración probatoria integral que efectúa el juez en función de todo el plexo probatorio. La pericia se refiere de manera genérica a que ambos conductores marchaban a velocidades superiores a las permitidas. En efecto la misma fue impugnada en ese punto por la actora, quien requirió explicaciones al perito (v. fs. 966/967) y luego replicada por considerarla carente de respaldo técnico-científico (fs. 992/993).
El perito apoya su afirmación -en relación a la velocidad- a partir de premisas que proyecta sobre el lugar del accidente que lo sitúa en la intersección de las calles 519 y 559 (conforme croquis de fs 948); lo cual no resulta plausible por ser calles que no se cruzan y que no se condicen con el lugar del accidente.
Y luego, al momento de brindar las aclaraciones solicitadas por el Condor ETSA sobre la velocidad permitida de circulación en el lugar del hecho (fs. 971), sostiene que “lo preguntado escapa a mis funciones de perito mecánico”; sin embargo, seguidamente y de manera contradictoria, en la respuesta 2, afirma que la velocidad la infiere del siguiente razonamiento: “si la scooter hubiera marchado a la velocidad permitida, 40 km/h y al llegar a la intersección, disminuir su velocidad, tal como lo indica el código de tránsito, tenía espacio suficiente para frenar y/o desviar su marcha (20 mts. aproximadamente)” (fs. 989 vta).
Resulta contradictorio, restándole solidez y fuerza probatoria, la afirmación efectuada en su primera premisa sobre el desconocimiento de la velocidad máxima permitida en el lugar para luego llegar a la conclusión que la motocicleta circulaba a exceso de velocidad.
Por lo expuesto, circunscriptos específicamente a la velocidad de la motocicleta la pericia presenta inconsistencias y deficiencias en su lógica argumental que le restan convicción para tener por acreditado el exceso de la velocidad aducido por el Condor ETSA (arts. 384, 472, 474 CPCC) Por otra parte, en el caso, el magistrado sopesó la prioridad de paso, y tuvo en consideración también otra prueba concluyente, y no menos relevante, como es el reconocimiento del propio conductor codemandado, a los efectos de tener por acreditada la responsabilidad exclusiva del conductor del ómnibus.
En efecto, en la absolución de posiciones fue el propio codemandado V... C..., quien al absolver la posición decimoprimera declaró que el motociclista circulaba a velocidad normal (interrogatorio de fs. 440 y absolución de fs. 443).
Es decir, no quedó acreditado el exceso de velocidad que la codemandada El Cóndor ETSA pretende se le atribuya al conductor de la motocicleta, ni que la velocidad a la que éste circulaba fuera determinante o bien tuviera incidencia en la ocurrencia del siniestro en relación de causalidad adecuada. Ese extremo no es relevante para constituir la causa eficiente del accidente ni tampoco para distribuir la concurrencia de culpas. A estos fines ha de recordarse que para nuestro ordenamiento “la causa de un hecho dañoso es la condición que se reputa adecuada, entre todas las que pueden haber concurrido, para producir objetivamente el daño como resultado. Por ello se alude a la causa adecuada, que nuestro codificador ha vinculado estrechamente a la previsión del autor (arts. 902 y 904 Cod.Civ.)” (Zannoni Eduardo “Cocausación de daños” en “relación de causalidad en la responsabilidad Civil Revista Derecho de Daños nro. 2003-2, Edit. Rubinzal Culzoni Editores, pags. 7/19)
Es decir que para que exista relación causal, “la acción debe ser idónea para producir el efecto esperado, tiene que determinarlo normalmente, ya que “no es suficiente por tanto que un hecho aparezca como condición de un evento, si regularmente no trae aparejado ese resultado”. (conf. Goldenberg Isidoro, “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”, Segunda Edición ampliada, La Ley, año 2000, pags. 23/24). Esta teoría entonces, a diferencia de la teoría de la equivalencia de las condiciones considera que “no todas las condiciones concurrentes se pueden equiparar, debiendo distinguirse entre la ‘causa´ y la ´mera condición’” (conf. Trigo Represas Felix, Lopez Mesa Marcelo “Tratado de la Responsabilidad Civil” La Ley, 2004, T. I, pag. 609)” (esta Alzada Expte. 10.959 reg. int. 122 (S) del 30/11/2017).
La culpa de la víctima como eximente de responsabilidad implica la invocación de una causa ajena que produjo el daño, por lo que conlleva la carga de acreditar la existencia de una conducta de la víctima que quiebre el nexo causal entre el hecho propio y el daño ocasionado, desplazando de ese modo al riesgo de la cosa como causa del perjuicio.
Por ello, “no cualquier conducta –en sentido jurídico normativo culpa impropia- fractura el nexo causal. La exención de la responsabilidad es de interpretación restrictiva; la conducta de la víctima para eximir de responsabilidad al dañador, deberá constituir la causa eficiente y exclusiva del hecho –accidente- circunstancia que deberá probarse fehaciente y certeramente por el propietario o guardián (expte. nº 7373, Reg. 88 (S) del 11/10/07 de la Disuelta Cámara departamental) (esta Alzada expte. 8851, Reg. 94 (S) del 13/11/2012).
Bajo tales premisas entiendo que la parte demandada no ha logrado acreditar la fractura del nexo causal mediante la incidencia causal de la conducta de la víctima, debiendo confirmarse el aspecto relativo a la responsabilidad (arts. 902, 904, 1068, 1113 2do párrafo del CC) En mérito a las consideraciones realizadas propongo al acuerdo la confirmación de la sentencia en este aspecto.
2. Los rubros indemnizatorios:
Seguidamente analizaré en forma conjunta los agravios vertidos en relación a la cuantía otorgada en la instancia de grado para las distintas partidas indemnizatorias.
Tanto la actora como la codemandada El Condor ETSA cuestionan la procedencia y cuantificación del llamado “valor vida” y “daño moral”. Peticiona la actora la elevación de las sumas fijadas en la instancia y contrariamente, la codemandada, su disminución.
En primer lugar, no puedo dejar de señalar el extenso tiempo que ha transcurrido desde el lamentable suceso acaecido el día 8/10/1997 del que resultó el fallecimiento del Sr. J... L... C..., y las vicisitudes procesales que fueron postergando el dictado de la sentencia: sustanciación de la demanda de filiación para el reconocimiento de la hija nacida con posteridad al fallecimiento del Sr. C... (“M... J... c/ Sucesores de J... L... C... s/ Filiación”, Expte. 15.084 (JCC N° 2); suspensión del trámite de las actuaciones y radicación ante el Juzgado Comercial N° 8 Secretaria 15 de CABA donde tramitaba el concurso preventivo del Cóndor ETSA (fs. 1025/1152) que insumió el lapso de 7 años (fs. 1156); los sucesivos pedidos de sentencia ante el Juez del concurso (fs. 1102; 1131; 1143; 1145/46; 1148; 1151) que culminaron en la remisión del expediente nuevamente al Juzgado previniente (fs. 1152); etc.
Destaco esta circunstancia de manera preliminar porque debe partirse de la premisa que, de ningún modo, el sólo transcurso del tiempo enjuga ni revierte los daños, extremo que es señalado reiteradamente por el codemandado El Cóndor ETSA en su expresión recursiva en pos de la reducción de los montos indemnizatorios, alegando:
“Sin lugar a dudas esta tardanza judicial no imputable a mi representada, debe ser tenida en cuenta, porque quien impulsa los procedimientos es la actora, y no lo hizo debidamente, por ello todos, los montos que la sentencia reconozca debe ser reducido considerablemente, en valor justicia y equidad, dado que no puede soportar pagar ni actualización ni intereses, en perjuicio de la demandada” (Sic) Sin embargo, en el presente caso no se trata de imputar responsabilidades por el tiempo acaecido, que perjudicó exclusivamente a la familia de la víctima fallecida, sino de garantizar una reparación plena en cumplimiento de principios y derechos que la Constitución Nacional ordena respetar, proteger y realizar en el caso concreto (art. 1083 CC, 1740 CCyC, art. 19 de la Constitución Nacional).
La doctrina sostiene que “la reparación plena o integral es uno de los pilares fundamentales sobre los que se erige nuestro sistema de responsabilidad por daños, y supone la necesidad de una razonable equivalencia jurídica entre el daño y su reparación. Por eso, cuando alguien ha sufrido un perjuicio, ya sea este patrimonial o moral, debe percibir una indemnización que le permita que el estado de cosas actual sea razonablemente coincidente con el estado en que se encontraba antes de sufrir el daño. Lo que se persigue, entonces, es suprimir los efectos nocivos del suceso dañoso, de la manera más completa posible” (Código Civil y Comercial de la Nación comentado; dirigido por Marisa Herrera; Gustavo D. Caramelo Diaz; Sebastian Picasso - 2a ed. - CABA, Edición digital, 2022, Tomo IV, p. 461) (Esta Alzada expte 12.833, reg. int. n° 82 (S), del 14/6/2023).
En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido sosteniendo que “Resulta pertinente recordar el derecho que tiene toda persona a una reparación integral de los daños sufridos. Este principio basal del sistema de reparación civil encuentra su fundamento en la Constitución Nacional y está expresamente reconocido por el plexo convencional incorporado al artículo 75, inciso 22, de la Ley Fundamental (conf. artículos I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4°, Buenos Aires, 2 de Septiembre de 2021 - 2 - 5° y 21 del Pacto de San J... de Costa Rica y 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Es la violación del deber de no dañar a otro lo que genera la obligación de reparar el menosC... causado, noción que comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro en su persona, en su patrimonio y/o en sus derechos o facultades (conf. Fallos: 340:1038 “Ontiveros” y sus citas)” (Fallos: 344:2256 “Grippo”) El destacado jurista y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio Gustavo Ramírez, sostuvo en relación a la reparación adecuada que: “La conducta ilícita genera una lesión jurídica -además de lesiones de otro orden- que es preciso reparar con justicia, oportunidad y suficiencia. Esta es la "prueba de fuego" para un sistema tutelar de bienes. Donde hay violación sin sanción o daño sin reparación, el Derecho entra en crisis, no sólo como instrumento para resolver cierto litigio, sino como método para resolverlos todos, es decir, para asegurar la paz con justicia. Cuestionada su eficacia, asalta la tentación de utilizar vías extrajurídicas para obtener lo que no proveen las jurídicas. Importa, pues, que la positividad de la norma (vigor real) se asocie a su vigencia (vigor formal). (García Ramírez Sergio, Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, https://www.corteidh.or.cr/tablas/a11651.pdf).
En definitiva, ello responde a la necesidad de proveer soluciones jurídicas que no resulten colonizadas por la impunidad.
Entiendo que esa suficiencia es la que se refleja en la plenitud de la reparación, que al mismo tiempo que delimita una cuantificación que no puede ir más allá del daño producido para evitar un enriquecimiento incausado, impone que, bajo ninguna circunstancia, la indemnización se puede justipreciar por debajo de la valoración integral, completa y suficiente de los daños padecidos.
a) "Valor vida":
El sentenciante tuvo por acreditado “que el causante J... L... C... tenía 27 años de edad al momento del deceso; que era dependiente de Supermercado "D...", propiedad del Sr. G... y se dedicaba además a la jardinería (testimonios de L..., N… M…, J... C… M… -fs. 466/468), y si bien se han probado alguno de sus ingresos, lo cierto es que dado su edad tenía aptitud de seguir produciendo beneficios”.
Con cita de un precedente de la Cámara Segunda Civil y Comercial de La Plata, refirió la aplicación de fórmulas matemáticas para la cuantificación del daño sólo como pauta orientadora, fijando en concepto de valor vida humana a favor de actora conviviente -única requirente del rubroen la suma de $ 4.000.000.
La actora J... M... se agravia por lo exiguo del monto, solicitando la aplicación de la fórmula polinómica (Aciarri) que viene utilizando esta Cámara para la cuantificación del monto, adjuntando planilla con el cálculo en base a los siguientes parámetros: 1. Aplicación del porcentaje en un 100% por la pérdida de la vida; 2. Expectativa de vida de 76 años; 3. Ingresos productivos de los 27 a los 65 años y a partir de entonces, como jubilado en calidad de empleado de comercio con 35 años de aportes; 4. Calculo de los ingresos reducidos al 55 %; 5. Ingresos calculados en categoría “vendedor B” de jornada ($ 129.490,21) completa más ingresos por los trabajos de jardinero realizados los fines de semana ($ 100.000); 6. La base que arroja la sumatoria del total de ingresos reducida en un 55% en tanto un porcentaje estaría detraído para otros gastos.
Concluye cuantificando en $ 40.441.930,15 el rubro valor vida.
Por el contrario, la codemandada El Cóndor ETSA objeta que el juez no haya utilizado ninguna fórmula matemática para determinar el importe fijado en la sentencia, alegando que el importe es totalmente excesivo. En relación a la apreciación del valor de la vida humana, la Suprema Corte de Justicia provincial señaló que “la vida humana no tiene valor económico por sí misma, sino en consideración a lo que produce o puede producir. La supresión de una vida, además de los efectos de índole afectivo, ocasiona otros de orden patrimonial y lo que se mide con signos económicos son las consecuencias que sobre los patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad productora de bienes.” (SCBA, C 110.499, sent. del 26/03/2014).
En lo que concierne a la cuantificación esta Cámara antes de la vigencia del CCyCN entendió que, “también en estos casos, el modo que mejor se adecua con las prescripciones legales y con el deber jurisdiccional -de estatura constitucional y convencional- de fundar razonablemente las sentencias, resulta ser el cálculo a través de una fórmula matemática que exponga claramente el razonamiento de la judicatura.
Se trata en definitiva de dar razones. Y exponerlas, no guardarlas. Dice Acciarri, recientemente, y con elocuencia, comentando una sentencia que revocó la declaración de inconstitucionalidad del art. 1746 del CCyCN (CNCiv., sala A, 11/11/2021. - “G…, P… J… c. V…, J… H… R… y otro s/ daños”) que “No falta quien sostenga que puede “hacer justicia” sin apelar a fórmulas, olvidando que los jueces no hacen justicia, en cuanto virtud o valor moral, sino algo mucho más modesto, pero de importancia institucional enorme: aplican normas jurídicas, cuya creación se delegó a otras personas, ante la falta de acuerdo sobre qué es y qué no es justo. Necesitamos leyes porque no pensamos igual y necesitamos que, quien las aplique, juegue ese rol en el juego de la república. Y no contrabandee su criterio personal de justicia (ni ceda a su comodidad o su pereza) en su tarea” (Acciarri, H. “El artículo 1746 del Cód. Civ. y Com. no es inconstitucional. Y las fórmulas matemáticas no son un animal peligroso del que cuidarse, sino un modo adecuado de transmitir información” en J.A. del 25-2-2022) (esta Alzada expte. 12.943, reg. int. 72 (S) del 02/06/22). Durante el proceso quedó debidamente acreditado que el Sr. J... L... C... tenía 27 años de edad al momento del hecho y se desempeñaba como empleado en relación de dependencia del Supermercado D... como vendedor categoría B (fs. 544/546) y además realizaba tareas de jardinería los fines de semana, siendo el sostén familiar de su esposa embarazada y de su hija de 7 años al momento del luctuoso hecho (v. testimoniales de fs 466/468).
Destaco que las declaraciones de los testigos resultaron coincidentes y concordantes en el contexto expuesto, sin haber recibido cuestionamientos (art. 384, 456 del CPCC)
Bajo los parámetros señalados se realizará la estimación de los ingresos en función de la prueba reunida y de las particularidades del caso, tomando como base el salario actualizado de empleado de comercio vendedor categoría B vigente a partir de septiembre de 2023 ($273.761, CCT 130/1975, Resolución 1487-2023), lo que se computará, por trece meses contabilizándose el aguinaldo ($3.558.893).
Asimismo habrá de computarse como ingreso mensual la actividad productiva que realizaba como jardinero durante los fines de semana, que le reportaba ingresos adicionales, y cuya realización por parte de C... quedó acreditada con la prueba testimonial reseñada, estimándose los ingresos en un 50 % del salario mínimo vital y móvil vigente -res. 10/2023- es decir en la suma de $ 59.000, sin que por esta actividad corresponda computar aguinaldo.
Ahora bien, tal como referencié, esta Cámara viene utilizando, como herramienta donde expone su fundamentación, la llamada fórmula polinómica (v. “Primo c. Escobedo” expte. N° 15, R.I. N° 17 (S) del 11/11/2008 –confirmado por la SCBA en Ac. 107.003 del 12/03/2014-; “Frugones c. Nuñez Peñaloza” Expte. 198, R.I. N° 115 (S) del 01/12/2009, “Blazquez, Rosa Susana c/Jensen, Horacio y otros s/Daños y perjuicios” expte. 8495 y su acumulado “Yunes, Sandra Bettina c/Jensen, Horacio y otros s/Daños y perjuicios” Expte. 876 y 8495 R.I. 92 (S) del 22/11/2011; entre muchísimos otros precedentes) y que constituye un modo de exponer los argumentos para la determinación de la indemnización.
La fórmula puede ser ajustada -tal como se hiciera en exptes. 11517, reg. electr. 65 (RS) del 17-05-22, expte. 12943 reg. elec. 72 (RS) del 2/6/2022, 13089, reg. elec. 96 (RS) 14/7/2022, entre otros) “en función de lo observado por la Corte Nacional en el precedente “Aróstegui c. Omega” (del 8/4/2008; v. en especial considerando 5°; y lo señalado en “Sobre el cómputo de rentas variables para cuantificar indemnizaciones por incapacidad” por Acciarri, Hugo A.; publicado en: SJA 11/10/2017, 11/10/2017, 106 -) y procurar un cálculo que pueda estimar las variaciones que a futuro reciben, habitualmente, los ingresos de las personas -según el curso normal y ordinario de las cosas-, respetando las pautas del Máximo Tribunal.” (conf. exptes. ya referidos)
Así se sostuvo, en los antecedentes citados y que son aplicables aquí, que “La fórmula difiere con la anterior especialmente en que permite captar esos cambios a futuro y ya ha sido utilizada por este Tribunal en el precedente “Torres c. M...” (expte. 8743; Reg. 88 (S) del 28/6/2018). En su versión más actualizada y que se encuentra disponible en https://www.laleynext.com.ar/calculadora se ha incorporado una forma de cálculo para los distintos períodos, estimando los cambios en los ingresos en función de la estadística que posee el INDEC respecto de cada rango etario (arg. art. 1744 CCyCN, valoración de lo “público y notorio”; la misma fórmula se encuentra disponible y de acceso público en https://www.derechouns.com.ar/formula-y-planilla-de-calculo-de-indemnizaci on-por-incapacidad-art-1746-ccyc/)“ “Esta Cámara siempre efectuó, luego del cálculo de la fórmula, una suerte de “corrección” que procuraba aprehender -entre otros elementos ajenos por definición a la fórmula- la eventualidad de una modificación a futuro de los ingresos contabilizados, intentando así mitigar el defecto achacado a la variable “ingresos” que deja de cristalizarse para atender mejor a la realidad del caso. La diferencia está dada por la enunciación de ese ajuste dentro de la nueva fórmula, reuniendo en ella varias de aquellas llamadas de renta constante –tantas como variaciones puedan razonablemente esperarse en el caso- dentro de los diversos períodos que se incluyan hasta la vida esperable de esa persona dada, atendiendo a sus particularidades para calcular las chances específicas de progreso o retroceso en los ingresos conforme avance en su edad.”
“En otros términos se adicionan los resultados de las fórmulas de valor constante de los distintos períodos dentro de la expectativa de vida de la persona, lo que conforma una fórmula de cálculo del valor presente de rentas variables, estimándose asimismo las chances de que esos ingresos varíen, sea aumentando o disminuyendo, conforme las estadísticas oficiales.”
“Así es razonablemente esperable que una persona joven que está ingresando al mercado laboral, obtenga en el futuro mejores ingresos a medida que gane experiencia y capacitación, tal como la sana crítica lo señala. También es igualmente muy probable que llegado a cierta edad (v.gr. análoga a la jubilatoria) esos ingresos disminuyan.”
“Esas probabilidades son incluidas en la fórmula para estimar la chance que en el futuro los ingresos o “rentas” aumenten en determinada época de la vida y disminuyan en otra, según las particularidades de la víctima. A tal fin resulta una herramienta por demás útil y objetiva recurrir a las estadísticas, en especial cuando no se ha producido prueba en relación a algún aspecto del caso, tal como esta Cámara lo ha venido haciendo respecto de la expectativa de vida.”
Este modo de calcular la indemnización se aplica asimismo jurisprudencialmente en otros departamentos con análogos argumentos (v. CCyC Mar del Plata, Sala 2ª exped. n°161.169, “Ruiz Díaz J... Aurelio c. Kreymeyer Iván y otra s. Daños y perjuicios”, sent. del 18-8-2016, R 196-S F°1035/48; exped. N° 162.661 "BARCOS Carlos Alberto c. DEPAOLI Andrés Hernán s. Daños y perj.”, sent. del 10-11-2017 R 279-S F°1412/32; disponibles en la M.E.V. de la SCBA; v. también los numerosos antecedentes que cita Acciarri, H. en "Cuantificación de las incapacidades desde la vigencia del Código Civil y Comercial" en RDD "Cuantificación del Daño - 1-" pp. 76/77 Rubinzal 2021).
La expresión matemática de la fórmula es la siguiente:
Donde:
I: es la indemnización por incapacidad, es decir, el capital que resulta el objetivo de la operación.
A1 –An: son los valores monetarios que, para cada período, se entiendan equivalentes a la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades para cada período. Estos valores, en la fórmula que esta Cámara venía utilizando, se corresponden con la variable "ingreso". i: es la tasa de descuento aplicable, decimalizada (el valor que viene aplicando este Tribunal es el de 0,03). Los consensos actuariales en torno de esta tasa suelen situarse en valores entre el 2 y el 4% anual, para lograr una tasa "pura".
e1 en: expresan la edad de la víctima al momento en que debería percibirse, según se proyecte, cada suma An.
P2 – pn: es la probabilidad de que en cada período sucesivo al inicial se produzca una variación (positiva o negativa) de la suma consignada para A. Obviamente, p2 será el segundo período (en el empleo usual, el segundo año), 3, el tercero, etcétera.
La simplificación de esa primera apariencia compleja viene dada por la planilla de cálculo Excel que el “Programa de Análisis Económico del Derecho” del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) ha puesto a disponibilidad de todos los operadores jurídicos en el sitio de internet de esa casa de estudios en http://www.derechouns.com.ar/?p=7840 y que ya referimos y a la que ahora se suma la herramienta online de editorial La Ley. Como sucedía con la anterior fórmula aquí también son jurídicamente relevantes los componentes que la integran, pues en ellos están condensadas las circunstancias específicas del caso (edad, ingresos, incapacidad sufrida) junto con las que de práctica este Tribunal venía ya aplicando en general (tasa de descuento -manteniendo la del 3%- y perspectiva de vida de la víctima según género).
Bajo estos parámetros, ha de tomarse como base para el cálculo los ingresos de la víctima ya individualizados y a esos ingresos como integrantes de la base de cálculo se añadirá “aquellas actividades que siempre este Tribunal ha considerado y que refieren a la llamada “multidimensionalidad de la actividad humana” (conf. este Tribunal en el reciente precedente “Chaves” reg. 56 (S) del 5/5/2022 y los antecedentes que allí se citan; CSJN “Aquino c. Cargo” del 21/09/04) que bien puede detectarse también en la faz patrimonial pues la lesión a la salud conlleva un detrimento allende la tarea remunerada, en tanto toda persona aún mínimamente practica actividades hogareñas o sociales y que el nuevo Código refiere dentro del mencionado concepto de actividades económicamente relevantes.” (conf. exptes citados).
En virtud de ello -y a falta de parámetros específicos en el caso- a aquella suma le añadiré entonces un 10%, en función del género de la víctima, su edad y los elementos probatorios arrimados (arts. 163 y 165 CPCC).
Así tendremos como ingreso mensual para el cálculo la suma de $301.137 -comprensiva de los ingresos mensuales en relación de dependencia -, por otras tareas productivas -$64.900 ya referido- y anual la de $4.337.693, contabilizando aguinaldo sólo respecto de la actividad que realizaba en relación de dependencia, como ya se expusiera.
Ahora bien, como ha decidido la Cámara para precedentes análogos no puede estimarse que el total hubiera tenido como destino el sustento familiar, pues la realidad de la vida diaria nos indica que ello no es habitualmente así (expte. 9736, reg. int. 106 (S) 27-10-2015, expte. 12943 reg. elec. 72 (RS) del 2/6/2022; recientemente expte. 13.635, reg. int. 112 (S) del 29/8/2023).
En consecuencia, resulta razonable estimar que de ese total un 80% utilizaría para sí y para sostén de sus dos hijas, por lo que un 20% estaría destinado a su pareja conviviente ($ 867.500), siendo ese el ingreso a computar anualmente para la aplicación de la fórmula.
Como límite etario tomaré el que habitualmente utiliza este Tribunal para los hombres es decir 73 años, conforme los datos estadísticos del Banco Mundial para la Argentina y publicados en el sitio (https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.MA.IN?locations=A R) en el entendimiento que si bien la expectativa de vida de la mujer beneficiaria supera esa edad lo cierto es que aquella es la que limita el aporte a calcular.
Con esos datos y aplicando la fórmula referida el total para el rubro valor vida se visualiza, para una mayor ilustración y exposición de lo referido, en documento PDF adjunto de planilla y gráfico que acompaño a esta sentencia, y que representan los cálculos efectuados (art. 3 CCyCN). No obstant fijando el rubro en el importe pretendido por la apelante (arts. 266 in fine y 272 CPC).
De allí que corresponde admitir el agravio de la actora y rechazar el del co-demandado apelante, elevándose este monto indemnizatorio, fijándoselo en la suma indicada.
b) Daño moral:
Por este rubro el juez fijó la suma de $ 2.800.000 para G... A... C... y $ 2.300.00 para S... A... M..., valorando para ello el dictamen del Lic. J... R…, las repercusiones en la esfera individual, familiar y espiritual que ha tenido la pérdida del padre para ambas y la edad de las reclamantes, destacando que la menor no había nacido al momento del accidente.
Para su cuantificación, con cita de antecedentes de esta Cámara, se apoyó en dos elementos: precedentes de casos análogos y placeres compensatorios, concluyendo “corresponde establecer una suma que permita, por ejemplo, asistir a las actoras en la refacción y confort de su vivienda familiar, lo que podrá constituir el precio del consuelo que hemos referido (conf. CSJN 12/4/11 “Baeza c PBA”) 165 CPCC); valorando también antecedentes análogos de la Cámara Departamental”.
Las co-actoras peticionan su aumento “-en mínima base- por la suma de $7.510.432 en favor de G... C... y $3.366.745 en favor de S...”, guarismos a los que llegan a través de un cálculo de actualización de salarios de un empleado de comercio, que en extenso desarrollan en su presentación (v. escrito del 06/02/23).
Por su parte, la co-demandada El Cóndor ETSA peticiona la disminución del valor del daño moral por considerarlos arbitrarios, considerando que “los padecimientos de los hijos de la víctima, una al no haber nacido a la fecha del siniestro, el daño moral es considerablemente mucho menor, y casi nulo-…- dado que ella no conoció al progenitor porque nació con posterioridad a su fallecimiento”.
Se disconforma con la aplicación de las indemnizaciones sustitutivas, sosteniendo que con el anterior código civil no se aplicaba ese criterio, justificando su reducción en base a que “por más que se trate de cubrir los placeres compensatorios, el mismo depende del nivel económico de cada litigante”.
En tal sentido esta Cámara ha utilizado -aun antes de la vigencia del Código Civil y Comercial- como vara de cuantificación los llamados "placeres compensatorios" o "satisfacciones sustitutivas o compensatorias" que hoy prescribe el art. 1741 del CCyC (v. por todos "T… c. M..." (reg. 88 (S) del 28/6/2018; entre muchos otros) herramienta que la doctrina y la jurisprudencia venían sugiriendo y aplicando (v. Mosset Iturraspe, Jorge "Diez Reglas sobre cuantificación del daño moral", Revista de Derecho de Daños, 2001-1, págs. 189 y sgtes. citado por este Tribunal, expte. 8666. reg. int. 89 (S) del 15/11/2011, entre otros).
En particular, respecto al daño moral y como se ha indicado repetidamente "...basta para su admisibilidad la certeza de que existió, ya que debe tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -daño 'in re ipsa'-, incumbiéndole al responsable del hecho acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya toda posibilidad de daño moral" (SCBA; Ac. 78280 S, 18-6-2003. Este Tribunal, exptes. 22 reg. int. 11 (S) 4/11/2008, 9371; reg. int. 110 (S) del 5/11/2013, 9687, reg. int. 3 (S) del 3/2/2015; 10023, reg. int. 45 (S) del 2/6/2015, 12.943, reg. int. 72 (S) del 03/06/22, entre muchos otros), lo cual surge probado del luctuoso hecho y de la pérdida sufrida por las hijas de la víctima.
El daño moral es comprensivo de todas las aflicciones espirituales, desconsuelo, tristeza y dolor con proyección en la esfera de pensamientos del sujeto padeciente y directa gravitación negativa en su emocionalidad. Ello es generador precisamente de una ausencia de bienestar.
En el caso, la pérdida de la vida de C... enfrentó a su pareja y a sus hijas a un dolor profundo, de los más agudos que en la vida se puede experimentar, no estando ello condicionado ni relacionado con la condición económica de la víctima y/o familia -como pretende introducir en forma equivocada el apelante demandado-, ni tampoco puede ser suprimida por el nacimiento de la hija de C... en un momento posterior al del accidente, circunstancia que la obligó a transitar por un juicio de filiación contra el sucesorio para poder ser emplazada como hija de su padre fallecido y la enfrentó a una ausencia paterna absoluta.
Abrir el debate en los términos solicitados por el apelante demandado tiñe la discusión de discriminación por condición socio económica o edad, contraria a los imperativos de los postulados constitucionales y convencionales de nuestro ordenamiento jurídico (art. 16, art. 75 inc. 22 CN), pues conllevarían a justipreciar el daño moral en una suerte de escala elitista y mercantilizante del dolor.
Siendo que en la realidad, no se trata de ponerle un precio al sufrimiento, sino por el contrario, alivianar prudentemente las mortificaciones padecidas.
No abrigo dudas que en este caso en particular, por la lamentable pérdida de su padre el dolor de las hijas ha sido pluridimensional, transformando sus vidas e impactando directamente en el “sentir” y “estar” diario de cada una de ellas.
Ha quedado suficientemente acreditado que tal abrupta pérdida ha producido una innegable aflicción espiritual en cada de una de las integrantes de la familia, un dolor compartido generado por la ausencia (arts. 375, 384 y 474 del CPCC) (v. pericia psiquiátrica de fs. 594 y 748; pericias psicológicas de fs. 850/883 y fs. 915/919).
Surge de la pericia efectuada por la Psiquiatra Silvia Nancy Hollmann (fs. 594/595) respecto a G... A... C... - de 9 años-, que “la menor sufrió un impacto emocional importante ante la muerte de su padre, el cual la niña ha podido verbalizar escasamente, pero que se ha visto reflejado en conductas desadaptativas.
Si bien no se observaron conductas regresivas, presentó trastornos de adaptación en el colegio, tendencia al aislamiento y la introspección, razones por las que debió cambiar de turno. -…- La niña refiere pesadillas, y algunas dificultades en la conciliación del sueño. Angustia flotante y resistencia a hablar de la pérdida paterna. Lo poco que puede verbalizar al respecto, lo hace en forma de agresiones hacia su madre.-…-a nivel conductual está expresando síntomas compatibles con un cuadro depresivo reactivo, con una lente elaboración del duelo paterno, lo cual está directamente relacionado con el impacto emocional recibido y la edad de la niña”. La pericia psicológica es coincidente (fs. 869/883), afirmando que “la niña presenta depresión moderada en período de estado. La muerte del padre constituye un estímulo demasiado intenso para G... y no puede procesarlo psíquicamente en forma adecuada, a la manera de duelo, quedando revestido de un carácter traumático. Por este motivo, desarrolló defensas de negación y aislamiento. Comparte el duelo de su madre como si fuera propio, corriendo el riesgo de quedar fijada a la depresión de su madre, viviendo un duelo con características patológicas.
Debido a las defensas que desarrolla, no permite que nadie ocupe el rol paterno, privándose a si misma de esta función y vive en un permanente estado de desamparo psíquico, ya que para ella, el rol del padre también representaba seguridad, protección y cuidado.
Esa falta de seguridad y desamparo hace que la niña perciba el mundo externo como agresivo, hostil y peligroso, desarrollando un fuerte sentimiento de vulnerabilidad-…- podemos observar que el momento de la pérdida de su padre, coincide con el momento de estancamiento de maduración de la niña, quedando bloqueada en su desarrollo evolutivo debido a lo traumático de la pérdida sufrida” (fs. 882).
La muerte del padre no sólo dejó desamparada a la familia en su faz económica sino que dejó huérfanas del vínculo paterno a sus dos hijas; sin poder cuestionarse que la figura paterna se presenta necesaria, es de contención y tiene un rol formativo esencial sobre las personalidades en desarrollo de las dos hijas pequeñas.
En ese contexto de profunda angustia familiar resulta una derivación lógica y consecuente que la realidad vivencial de S... A... M... no fue refractaria al sufrimiento por la pérdida de su padre, debiendo litigar al inicio de su vida para hacer efectivo el derecho a su identidad biológica (art. 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño; art. 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 24 inc. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (expte. ya referenciado “M... J... c/ Sucesores de J... L... C... s/ Filiación”)
En ese marco, valorando las pericias referenciadas y el resto de la prueba colectada (arts. 375, 384, 456 y 474 del CPCC), así como lo resuelto para casos análogos (v. expte. 9341 reg. elect. 55 (RS) del 14/10/2021 en el que se estableció un monto de $ 1.500.000; Expte. 12.943, reg. int. n° 72 (S) del 2/6/2022, en donde se estableció un monto de $ 2.300.000; expte. 13.635, reg. int. n° 112 (S) del 29/8/2023, que estableció un monto de $ 3.500.000 ) en los que se concluyó “en función de los padecimientos que cabe presumir derivados de un accidente como el acreditado en este proceso en el que se produjo el fallecimiento del conviviente y padre de las reclamantes, corresponde establecer una suma que permita, por ejemplo, asistir a las actoras en la refacción y confort de su vivienda familiar, lo que podrá constituir el precio del consuelo que hemos referido (conf. CSJN 12/4/11 “Baeza c PBA”) 165 CPCC).
En esa senda de análisis si bien se comparte como satisfacción sustitutiva una suma que permita la refacción y confort de la vivienda familiar, corresponde justipreciar la misma a valores actuales y ajustada a las particulares circunstancias valoradas respecto de la coactoras, por lo que propongo al acuerdo elevar los valores de condena fijados en el grado en concepto de daño moral a la suma de $ 7.000.000 para G... A... C... y $ 6.000.000 para S... A... M... (arts. 165 CPCC y 1078 CC).
c) Daño futuro:
La sentencia contempló en el presente rubro el reclamo efectuado por los gastos causídicos generados por la demanda de filiación de la hija nacida el 29 de noviembre de 1997.
Teniendo en cuenta los honorarios regulados en el expediente "M..., J... c/Sucesores de J... L... C... s/Filiación", Expte N° 15.084 que tramitara ante el Juzgado Civil y Comercial N° 2 Departamental, en el cual la sentencia del 5/12/2012 hizo lugar a la demanda -declarando a S... A... M... hija del Sr. J... L... C...- el juez cuantificó el daño en la suma de pesos diez mil ($ 10.000).
Se agravia la actora que el juez no haya merituado los honorarios de los abogados como una deuda de valor, afirmando: “Claramente la LHP dec. 8904/77 en su Art. 9 ap. I cuantifica el honorario por Juicio Filiatorio en 30 ius, mas aportes. Entonces deben calcularse estos al valor actual del Ius Dec. 8904/77 (conf. AC 4088) por 60 Ius mas los aportes del 10%.” Efectúa el cálculo del importe en base al valor del Jus arancelario Dec. Ley 8904/77 según los importes de la Acordada 4088 con más el porcentual de aportes, solicitando se revoque la sentencia en este extremo y se fije por este parcial la suma de $309.144, computándolos desde la regulación en los autos principales.
El apelante no asume que los honorarios fueron regulados y abonados oportunamente (v. fs. 248/259 del expediente de la filiación referenciado), por lo que tal gasto realizado es una deuda de dinero y no de valor, correspondiendo confirmar la parcela de la sentencia en tal aspecto, sin que los argumentos del apelante resulten conducentes para propiciar su modificación (arts. 260, 261 del CPCC).
d) Daño psicológico:
El demandado el Cóndor ETSA impugna como tercer agravio el daño psicológico establecido a favor de J... M... y G... C..., exponiendo como único y exclusivo fundamento el mero transcurso del tiempo, sosteniendo de esta forma: “…ello pasa a ser un importe que no tiene sentido porque después de 25 años no tiene sentido la terapia que podia llevar a C... en aquel momento”.
La técnica recursiva que exige la apelación al momento de rebatir la sentencia demanda una crítica concreta y razonada de la parte del fallo que el apelante considera equivocada, superador de un posicionamiento que limite el embate a la expresión de una mera disconformidad con los fundamentos de la sentencia.
En el caso el apelante no explica ni critica con solvencia argumental ni científica las conclusiones de los peritos respecto al tratamiento psicoterapéutico indicado. Esta prueba pericial fue concluyente y formó parte del material probatorio técnico, asertivo y categórico, sobre cuya fuerza probatoria el magistrado de la instancia motivó su sentencia (arts. 163 inc. 5, 384 y 474 del CPCC).
Por lo expuesto, corresponde se declare desierto el agravio (arts. 260 y 261 del CPCC).
3. La exclusión de la cobertura:
Se agravia la actora de la decisión del juez que decreta la exclusión de cobertura considerando “suficientemente acreditado que el vehículo Scania dominio C 1487554 no se encontraba amparado por un seguro de responsabilidad civil por cuanto, al momento del siniestro, era conducido por una persona que no se encontraba habilitada por autoridad competente para hacerlo, supuesto subsumible en la cláusula inserta en el Anexo G I de las Condiciones Contractuales de la póliza N° 900.006 que coloca el supuesto fuera del contrato”.
Entiende la parte actora que no resulta razonable la exclusión de cobertura por falta de habilitación para conducir porque esa falta no tuvo incidencia en la causación del daño.
Ahora bien, las cláusulas de exclusión de cobertura o de “no seguro”, ya sean de fuente normativa o convencional, se caracterizan por describir una hipótesis o circunstancia en la que el siniestro no se encuentra cubierto por la aseguradora (conf. SCBA LP C 122892 sent. del 12/02/2021). Jurisprudencialmente tanto esta Cámara como la doctrina legal de la SCBA vienen admitiendo desde antiguo que la cláusula de exclusión de cobertura es legalmente válida y oponible tanto al asegurado como a la víctima del siniestro.
Se sostuvo en tal sentido: “Es constante y reiterada la doctrina de la Suprema Corte de Justicia según la cual si la póliza en virtud de la cual se aseguró un rodado incluye en su redacción una cláusula por la cual no corresponde indemnizar siniestros producidos o sufridos por el vehículo mientras fuere conducido por personas que no estuvieran habilitadas para su manejo, la entidad aseguradora puede válidamente oponerse al pago de las indemnizaciones reclamadas por la víctima de un accidente si ha quedado comprobado que el conductor del rodado carecía de carnet habilitante” (conf. Ac, 37.901, sent. de 3XI1987 en “Acuerdos y Sentencias”, 1987IV560; Ac. 40684, sent. de 2V1989 en “Acuerdos y Sentencias”, 1989I818; Ac. 42.988, sent. de 15VI1990 en “Acuerdos y Sentencias”, 1990II97; Ac. 47.567, sent. de 4V1993; Ac. 54.143 sent. de 13IX1994 en Acuerdos y Sentencias 1994III625; Ac. 59.898, sent. de 12VIII1997 en Acuerdos y Sentencias 1997IV88; Ac. 69.824, sent. de 27XII2001; Ac.83.726, sent. de 5V2004; Ac.
93787 S 7-2-2007).
Tal como se señala en el último de los precedentes citados: “En circunstancias como la de autos la cláusula de exclusión de cobertura autoriza al asegurador a negar la indemnización de los daños irrogados por el accidente (cuando) al momento del siniestro, sea conducida por una persona no habilitada para el manejo de la categoría de que se trate por autoridad competente. Así lo ha entendido esta Suprema Corte en supuestos análogos al presente, privando de relevancia a la obtención por parte del conductor de una licencia o registro con posterioridad al accidente como así también a la aptitud que pueda aquél tener para dominar un vehículo de tal tipo (cf. 85.459 ya cit.).”
Esa doctrina fue luego reiterada por el Superior Tribunal en causa "Flandes Riquelme, J... Ignacio c. Contreras Inostroza, Raúl Atilio y otros. Daños y perjuicios" (C. 118.589 de 21 de junio de 2018), en el que se sostuvo: “esta Corte ha expresado que si la póliza en virtud de la cual se aseguró un rodado incluye en su redacción una cláusula por la cual no corresponde indemnizar siniestros producidos o sufridos por el vehículo mientras fuere conducido por personas que no estuvieran habilitadas para su manejo, la entidad aseguradora puede válidamente oponerse al pago de las indemnizaciones reclamadas por la víctima de un accidente si ha quedado comprobado que el conductor del rodado carecía de carnet habilitante (conf. causas Ac. 69.824, "Galazzi", sent. de 27-XII-2001; Ac. 93.787, cit.; entre muchas).”
“Como sostiene en este último precedente que cita (Ac 85.459), y siguiendo a Barbato (Exclusiones a la cobertura en el contrato de seguro, ED 136-547/571), su fundamento es evitar que se incremente normalmente el riesgo y exigir la idoneidad del conductor, presupuesto técnico para determinar la dimensión del riesgo en función de la probabilidad e intensidad siniestrales.” (esta Cámara, expte. 9371, reg. 110 (S) del 5/11/2013; íd. expte. 9462, reg. elect. 01 (RS) 04-02-2022).
Por último no puede soslayarse que éste es el criterio seguido por la Corte Suprema de la Nación (in re “Ruiz, Enriquez O. C/Grossi, Norberto y ot.”, sentencia de 24XI1987, causa R. 323.XXI, Fallos, 310:1902) al juzgar improcedente la extensión a la aseguradora de la condena de resarcimiento por un accidente de tránsito, cuando de conformidad al contrato, aquella no indemnizaría los siniestros producidos por el vehículo si éste era conducido por persona no habilitada para el manejo de esa categoría de automotores por autoridad competente, conclusión que, a juicio del Alto Tribunal, “no se ve alterada en razón de la aptitud que pueda tener el conductor para dominar un vehículo del tipo del que protagonizara el siniestro, pues éste no ha sido el hecho al que las partes asignaron la consecuencia de eximir la responsabilidad.”
Posteriormente, en el caso “Buffoni”, el máximo Tribunal ratificó el principio general de la oponibilidad de las cláusulas del contrato de seguro a los damnificados en los supuestos de contratos de seguro del transporte público que ya había adoptado con anterioridad (Fallos: 329:3054 y 3488; 331:379, y causas 0.166. XLIII. "Obarrio, Maria Pia c/ Microómnibus Norte S.A. y otros" y G.327.XLIII. "Gauna, A... y su acumulado c/La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro", sentencias del 4 de marzo de 2008) (esta Alzada Expte. 13520, reg. int. n°79 (S) del 6/6/2023). Es que, “la función social que debe cumplir el seguro no implica, empero, que deban repararse todos los daños producidos al tercero víctima sin consideración a las pautas del contrato que se invoca.” (Caso Buffoni cit.) En otros términos: el damnificado reviste el carácter de tercero frente a los contratantes del seguro, por lo que si desea invocar los beneficios a su favor ha de someterse a sus términos, lo que en el caso define la oponibilidad al damnificado de la exclusión pactada entre asegurador y asegurado.
En el caso bajo análisis no existe discusión respecto a que el conductor del ómnibus Scania dominio C 1487554 no poseía carnet habilitante para conducir esa categoría de vehículos (v. absolución de posiciones de fs. 443 vta. -respuesta primera- a tenor del pliego de fs. 215 y 441 y oficios de fs. 574 y 601).
Por lo que habiéndose previsto ello en la póliza como supuesto de exclusión de cobertura (v. póliza de fs. 687/713 -especialmente anexo G I de fs. 688- acompañada con la pericia contable de fs. 732/735), ha de confirmarse la decisión de primera instancia de hacer lugar a la defensa opuesta por la aseguradora, sin que los argumentos traídos por el apelante permitan la revocación de ese segmento de la sentencia.
El tratamiento del sexto agravio -solicitado en forma subsidiaria- en relación al límite de la cobertura, queda desplazado por el modo en que se resuelve el presente.
4. La imposición de costas por su orden con relación a la citada en garantía:
En función de lo expuesto, me abocaré seguidamente al único agravio formulado por la compañía de seguros que versa sobre el aspecto de la sentencia que, al hacer lugar a la defensa de exclusión de cobertura opuesta por la aseguradora, impuso las costas en el orden causado. Refiere la apelante que la imposición de costas en los procesos civiles y comerciales debe seguir los lineamientos del art. 68 y ss del CPCC cuyo fundamento es el principio general de la derrota, que determina que el vencido en juicio cargue con las costas del proceso.
A la par que entiende que la actora pudo haber ignorado los alcances de la póliza, afirma que, por el contrario, el CONDOR ETSA conocía perfectamente el alcance de la cobertura y el modo en que se sucedieron los hechos, por lo que resultaba evidente la improcedencia de su citación. Destaca que el yerro de la sentencia yace en no haber advertido que la citación en garantía fue propuesta tanto por la actora como por la empresa demandada, no estando jurídicamente justificada la imposición de costas por su orden, solicitando se impongan al vencido (art. 68 del CPCC). Efectivamente el juez fundamenta la imposición de costas en el orden causado afirmando que la actora se creyó con derecho a citar a la aseguradora, pero omite hacer consideraciones en relación a la citación efectuada por la demandada el CONDOR ETSA, que efectivamente motorizó su citación en la contestación de la demanda (fs. 248 vta.).
Sobre esa plataforma procesal, no hay elementos ni se presentan en el caso circunstancias que permitan apartarse del principio general del art. 68 del CPCC y excepcionar al codemandado vencido, correspondiendo revocar la sentencia en esa parcela imponiendo las costas causadas por el rechazo de la demanda instaurada contra Garantía Cia. Argentina de Seguros a los demandados vencidos (art. 68 del CPCC).
5. Tasa de interés:
En su cuarto agravio la actora, de manera algo confusa, y sin alcanzar el estándar técnico necesario que exige la normativa (arts. 260 y 261 del CPCC) parte de una premisa que expone una mera disconformidad subjetiva al afirmar: “Esta parte considera que ese daño futuro es una deuda de valor y no una deuda de dar suma de dinero”.
En tal sentido, no rebate ni brinda argumentos conducentes que permitan analizar cuál es el yerro del sentenciante, sumando a ello que pide se fije la tasa pasiva más alta que es precisamente la que fija la sentencia, y que es doctrina legal de la SCBA, por lo que corresponde se declare desierto el agravio de la actora apelante en este capítulo, confirmándose la sentencia de grado en este aspecto.
Con las modificaciones propuestas, a la cuestión planteada voto por la AFIRMATIVA.
La Sra. Jueza doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
El Sr. Juez doctor Loiza votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
Corresponde confirmar la sentencia apelada con las modificaciones propuestas: 1. Elevar el importe del resarcimiento en favor de la actora conviviente de la víctima, J... M..., a la suma de $ 40.441.930,15; 2. Elevar la indemnización por daño moral, estableciéndola en la suma de $ 7.000.000 para G... A... C... y en la suma de $ 6.000.000 para S... A... M...; 3. Imponer las costas causadas por el rechazo de la demanda instaurada contra Garantía Cia. Argentina de Seguros a los demandados vencidos. 4. Costas de Alzada a los demandados vencidos (art. 68 CPCC). 5. La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada la Sra. Jueza doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada el Sr. Juez doctor Loiza votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 29 de septiembre de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se confirma la sentencia apelada con las modificaciones propuestas: 1. Elevar el importe del resarcimiento en favor de la actora conviviente de la víctima, J... M..., a la suma de $ 40.441.930,15; 2. Elevar la indemnización por daño moral, estableciéndola en la suma de $ 7.000.000 para G... A... C... y en la suma de $ 6.000.000 para S... A... M...; 3. Imponer las costas causadas por el rechazo de la demanda instaurada contra Garantía Cia. Argentina de Seguros a los demandados vencidos. 4. Costas de Alzada a los demandados vencidos (art. 68 CPCC). 5. La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967). Téngase presente la reserva del caso federal. Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Fin de la sentencia