Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXLV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9187 FOLIO Nº 064/071 PROT. ELECT. JR101036I.251
Río Gallegos, 06 de febrero de 2025.
La presente causa caratulada: “M.J.F. Y OTROS S/ ASOCIACIÓN ILÍCITA, VIOLACIÓN DE SELLOS, SUSTRACCIÓN DE OBJETOS CUSTODIADOS, PROV. DE ARMAS DE FUEGO”, Expte. Nº 30.988/24, Apelación Nº 9350/25, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 22/47 y vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de B.E.C. y R.E.S.M., en orden al delito de “provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad", (arts. 45 y 189 bis inc. 4º primer y tercer párrafo del CP); en el punto 2) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de J.F.M., en orden al delito de “sustracción de objetos custodiados en concurso real con provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad” (arts. 45, 255, 55 y 189 bis inc. 4º primer y tercer párrafo del CP); en el punto 3) trabó embargo sobre los bienes de los imputados B.E.C. y R.E.S.M. por la suma de pesos cinco millones ($5.000.000.-) cada uno y en el punto 4) trabó embargo sobre los bienes del imputado J.F.M. por la suma de pesos diez millones ($ 10.000.000).
Que a fs. 53/57vta., 58/60 y 61/76vta., las defensas técnicas apelaron dicho auto -motivándolo-; a fs. 80 sostuvieron los recursos, presentando únicamente la defensa de R.E.S.M. a fs. 81/85 el memorial regulado en el art. 437 del CPP.
Quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos,
Y
I. Que a los efectos de una mejor claridad expositiva a continuación se analizarán cada uno de los agravios alterando el orden propuesto por los recurrentes, por haber incoado nulidades que ameritan su previo tratamiento, agrupando a su vez los restantes planteos por resultar similares.
1. De las nulidades: Que en el caso de la defensa de R.E.S.M. se agravia por cuanto su cliente fue indagado por una jueza que posteriormente se excusó de intervenir, con la duda de poder quizás estar involucrada en los hechos ilícitos que se investigan y, en consecuencia, insta la nulidad de todo lo actuado. Alega que no se respetó el principio de congruencia procesal ni del juez natural, dado que la Dra. B.B. ordenó medidas procesales de investigación que fueron de público conocimiento en los medios de comunicación de toda la provincia, con el agravante de tomar declaración indagatoria a los imputados de autos, violando el principio de imparcialidad por estar ella y sus empleados involucrados en los hechos investigados y, luego de recusaciones efectuadas por las defensas que no hubieron de prosperar, finalmente la jueza y su personal deciden excusarse por estar anímicamente involucrados, como ya lo había advertido el apelante.
Se agravia además que, una vez excusada la Dra. B.B., el Dr. F.Z. se avocó directamente al conocimiento de los actuados resolviendo la situación procesal de los incusos, confirmando con su accionar todo lo actuado por la instructora anteriormente recusada y excusada posteriormente, bajo la misma imputación y con los mismos elementos probatorios que –a su entender- ya se encontraban viciados de nulidad.
Estima de gravedad procesal e institucional lo acontecido en el presente legajo y solicita se decrete la nulidad absoluta de todo lo actuado, se ordene la inmediata libertad de su asistido y se aparte al Dr. F.Z. en función que ha convalidado con su auto de procesamiento todos los actos nulos en los que incurrió la Dra. B.B. y por haber adelantado opinión al resolver en el sentido desfavorable al imputado.
A través del memorial de agravios el recurrente sostiene que el auto de procesamiento se trató de una decisión apresurada del instructor debiéndose haberse dispuesto la falta de mérito de su asistido, por entender que sería lo atinado al encontrarse en curso un sumario administrativo a fin de dar cuenta de la posible comisión de irregularidades y/o ilícitos por parte de todos los integrantes del juzgado de Río Turbio, así como una causa de jury de enjuiciamiento.
Por su parte la defensa de J.F.M., se agravia por temor de parcialidad, toda vez que la titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil con asiento en la localidad de Río Turbio se avocó en el entendimiento de la presente investigación, ordenando los actos procesales de mayor trascendencia en la causa de manera oficiosa, cuando la denuncia versa sobre la sustracción de objetos que se encontraban en la esfera de custodia del juzgado interviniente; lo que motivó diversas presentaciones de recusaciones que no hubieron de prosperar, para finalmente excusarse de intervenir por encontrarse anímicamente involucrada tanto la jueza como el personal a su cargo. Frente a dicha situación, plantea que ante la primer recusación la magistrada debió proceder con arreglo al art. 51 del CPP, a los efectos de garantizar la transparencia y los derechos de los imputados y no luego de llevada a cabo la totalidad de la instrucción.
En segundo término el recurrente insta la nulidad de todo lo actuado a partir de la denuncia en razón de la prohibición de denunciar prevista en el art. 170 del código adjetivo, en función que se inician las presentes por denuncia del Sr. V.M. en contra de su hijo adoptivo y empleado judicial J.M., explicando que: “…Nosotros nunca tuvimos buena relación, ya que él es un hombre grande…Él es mi hijo reconocido, su mamá es mi concubina hace 37 años, a los 6 años de edad de J. falleció su abuela, que era la persona que lo venía criando, desde allí me hice cargo y le coloqué mi apellido…”. En tercer término el recurrente insta la nulidad por indeterminación de la acusación, en razón de haberse atribuido a su asistido un lapso temporal muy genérico, sin especificar en qué momento o momentos concretos habría participado de la sustracción de las armas, municiones y efectos secuestrados del depósito judicial del juzgado de instrucción de Río Turbio, siendo imposible efectuar toda defensa al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que el imputado trabaja en el lugar, y por lo tanto su tránsito por el mismo resulta ser habitual, normal y permanente.
Por ello solicita se revoque el pronunciamiento dictado y se haga lugar a la nulidad de la imputación invocada. Ahora bien, ingresando en el análisis de las nulidades incoadas, adelanto, no obtendrán favorable acogida. Cabe señalar que la propia CSJN ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones (tal como lo asentado en apelaciones nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22, 7729/22 y 8323/23, entre otras tantas) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable a los justiciables.
En este aspecto, nuestro Máximo Tribunal sostiene que las nulidades por vicios formales, exigen como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o restrinja algún otro derecho, de otro modo, se estaría respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 325:1404, 330:4549 y 34:1081, entre otros). Veamos, con relación a la solicitud de nulidad de todo lo actuado a partir de la denuncia del Sr. V.M. por la prohibición de denunciar prevista en el art. 170 del CPP, cabe responder a la defensa de J.F.M. que el planteo resulta improcedente toda vez que el ciudadano V.M. hubo de enviar audios privados por mensajería instantánea de whatsapp a su sobrino, quien resulta ser el Sr. Comisario de 28 de Noviembre, siendo él quien pone en conocimiento mediante un informe policial a la titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio y su Secretaria, la cual una vez anoticiada corre vista a la Sra. Agente Fiscal, quien formula requerimiento de instrucción, teniendo desde un primer momento al Sr. V.M. como imputado en la presente investigación, habiéndose decretado posteriormente su falta de mérito. Tampoco corresponde hacer lugar al pedido de nulidad por temor de parcialidad, afectación del principio de congruencia y del juez natural a raíz del avocamiento en la investigación por parte de la titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio.
En ese sentido esta Alzada hubo de resolver los incidentes caratulados: “DEFENSORÍA PÚBLICA OFICIAL DE 28 DE NOVIEMBRE S/ INTERPONE RECUSACIÓN” - Expte. N° 18.130/24 - (Causa N° 9319/24) y “DR. R.F.A. Y OTRO S/ INTERPONE RECUSACIÓN” - Expte. N° 18.130/24 - (Causa N° 9334/24), oportunidad en la que se concluyó que: “…consideramos que la recusación planteada no debe proceder en tanto no corresponde a una causal expresamente prevista y por no constituir una causal de recusación de tal entidad por la que se vea seriamente comprometida la garantía constitucional de imparcialidad del juez. Por ello, no advirtiéndose de la presentación articulada que existan motivos fundados para separar a la Magistrada interviniente en los autos principales, no la apartaré de la presente investigación, correspondiendo rechazar la recusación articulada por lo que deberá la Magistrada en cuestión seguir entendiendo en calidad de tal…”.
Que, posteriormente y de la compulsa de las actuaciones principales remitidas digitalmente, se observa que a fs. 582, en fecha 17/12/2024 la magistrada titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río turbio, en forma conjunta con la totalidad del personal a su cargo, libra el oficio nro. 39/2024 al Sr. Presidente del Excmo. TSJ, expresando que sin perjuicio de haber rechazado los argumentos por los que se la intentó recusar en dos oportunidades y de lo resuelto por el Juzgado de Recursos, se ven involucrados anímicamente, y a fin de continuar garantizando la transparencia y los derechos de todas las partes intervinientes, solicitan se dé inmediata intervención a la subrogante legal.
Seguidamente a fs. 586 la Dra. F. se excusa de intervenir, siendo que en fecha 20/12/2024, recayó la Resolución del Excmo. TSJ registrada bajo el Tº CLVII – Rº 24 – Fº 25, por la que se designa al Sr. Juez de Primera Instancia Dr. F.Z., titular del Juzgado Penal Juvenil de Río Gallegos, a los fines de intervenir en la presente causa y Resolución del Excmo. TSJ registrada bajo el Tº CCXXXVI – Rº 12 – Fº 17, por la que se ratifica la resolución dictada por presidencia “ad referéndum” del TSJ, disponiendo que la causa se radique en la Secretaría Nº Uno del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos. Amén de explicitar que tal decisión se hubo de tomar de modo excepcional a fin de garantizar y salvaguardar los derechos de todas las partes involucradas.
De todo lo analizado cabe concluir que, lejos de haber convalidado el Dr. F.Z. con el auto de procesamiento todos los actos nulos en los que habría incurrido la Dra. B.B., adelantando opinión al respecto, su actuación responde a la designación efectuada por nuestro máximo tribunal provincial conforme lo previsto por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz, resolviendo la situación procesal de conformidad con la valoración de las probanzas aunadas al legajo en forma conjunta y con la sana crítica racional. Con lo cual no compartimos con el recurrente que el auto apelado se trate de una mera decisión apresurada del Sr. Juez Subrogante. Del mismo modo tampoco se advierte afectación al principio de congruencia procesal ni vulneración de los derechos y garantías que amparan al imputado por el hecho de haber sido indagado por la Dra.
B.B. y luego ver resuelta su situación procesal por el Sr. F.Z., toda vez que el hecho reprochado luce como el lógico producto de las constancias probatorias de la causa, guardando congruencia –a su vez-, con la calificación legal a la que se arriba en el auto de mérito que se intenta poner en crisis. Corresponde seguidamente analizar el planteo de nulidad por indeterminación de la acusación, el cual tampoco prosperará por no advertir en la imputación que le atribuye al encartado que: “…en fechas y horarios indeterminados pero con anterioridad al día 06 de diciembre del año 2024…”, la afectación del derecho de defensa que el recurrente alega por no lucir desajustada a los elementos de cargo obrantes en la causa.
Es por todo lo analizado que, esta Alzada advierte que, los recurrentes pretenden fundar las pretendidas nulidades criticando y cuestionando la actividad desplegada por la Instrucción, sin lograr argumentar la afectación de los derechos de defensa de los encartados, es decir, no se advierte un perjuicio concreto que amerite la declaración de nulidades, al encontrarse debidamente fundadas cada una las diligencias cuestionadas en el devenir de la investigación, tratándose de elementos probatorios que, valorados en forma conjunta con el resto de los indicios y las pruebas producidas en la causa, resultan prima facie altamente incriminantes. Que esta Alzada se ha expedido de manera invariable y concordante con el criterio de la Fiscalía ante las Excmas.
Cámaras de Apelaciones sobre las nulidades articuladas por las partes, entendiendo que deben ser rechazadas cuando no se acredita cuál sería el perjuicio concreto y se alega de manera genérica la violación al derecho de defensa en juicio, tratándose de solicitudes de “nulidad por la nulidad misma”, siendo que éstas solo deben decretarse como medida de último recurso y frente a un perjuicio real y concreto que debe demostrar quién lo alega, debiendo siempre primar el principio de trascendencia y estabilidad de los actos procesales (vg. Apelaciones Nro. 8680/23, 8623/23 y 8715/24 que se citan a modo de ejemplo). Que por todo lo valorado, este primer agravio no prosperará tras no advertirse que se hubieran violentado garantías de los incusos que ameriten la sanción requerida por los recurrentes.
2. De la calificación legal: al respecto la defensa de R.E.S.M. se agravia de la calificación legal del hecho endilgado, en razón que se procesa a su cliente por el delito de “provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad", (arts. 45 y 189 bis inc. 4º primer y tercer párrafo del CP), aplicando la máxima escala penal, desconociendo que contaba con autorización de legítimo usuario de armas, con fecha de vencimiento el 01/08/2029, encontrándose exento del delito que se le imputa, ya que el registro de tenencia lo autoriza a poseerlo. Señala además que el arma no era apta para el disparo, por lo que no puede ser considerada como un arma de fuego en sentido estricto. Por ello solicita que su asistido sea considerado -tal como lo declaró en la ampliación de su declaración indagatoria-, como un coleccionista de armas de fuego, máxime contando con la credencial de legítimo usuario de armas.
Agrega que la habitualidad no se encuentra comprobada en la causa, ya que en el somero caso que hubiera adquirido el arma de fuego del personal del Poder Judicial, lo habría efectuado una sola vez y desconociendo el origen de la misma. Por su parte la defensa de B.E.C., igualmente se agravia de la calificación legal del delito endilgado, en tanto todas las figuras previstas en el título VII, capítulo I del CP consisten en la creación de un peligro común y de peligro abstracto. Analiza que tanto el revólver como el rifle de aire comprimido secuestrados en el marco del allanamiento practicado a su asistido, se encontraban descargados, no habiéndose constatado la existencia de municiones y/o demás elementos de interés en las requisas efectuadas.
Por ello rechaza que se hubiera afectado el bien jurídico protegido por la norma penal. Del mismo modo se agravia de la agravante por “habitualidad”, planteando que no se encuentra debidamente motivada. Del mismo modo, la defensa de J.F.M. se agravia de la calificación legal, concretamente de la agravante por habitualidad, expresando que no se encuentra probado. Al respecto reitera que frente a la imprecisión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho reprochado, resulta igualmente para la defensa imposible saber si de haber sucedido, ésto fue una o más veces, si fue en forma simultánea, es decir, una sola vez; si éste fue quien una vez fuera de la dependencia las entregó o fue despojado de las mismas.
Por lo tanto, asevera que al no poder determinarse el delito principal que es la sustracción, menos pudo probarse el agravante por habitualidad. Es así que solicita el cambio de calificación legal suprimiendo el agravante del art. 189 bis inc. 4º, tercer párrafo del CP. Pues bien, en relación a la crítica referida a la calificación legal de los hechos reprochados a los imputados, del estudio de la resolución recurrida se observa que la Instrucción explicó a fs. 44/45vta. –del presente incidente- con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos. En cambio, del análisis de los argumentos de las defensas se advierte que sus planteos constituyen una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba el Sr.
Juez de grado sin lograr controvertir lo decidido, en razón que de la valoración de la prueba de cargo producida en la causa se logra vincular con el grado de probabilidad que la instancia requiere al hecho imputado, emergiendo con claridad las razones que lo condujeron a enmarcar la conducta en el encuadre legal que esta Alzada convalida. Por consiguiente, y siendo criterio de esta instancia revisora -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal titular ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio común a las partes recurrentes no prosperará. Ello toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia e incluso en instancias superiores; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia.
(Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 8488/23 y 9033/24, entre otras). Esta postura resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...".
(TR LALEY AR/JUR/56181/2014). Cabe mencionar que, si bien la calificación legal eventualmente puede incidir en el dictado de la prisión preventiva, lo cierto es que la medida de encarcelamiento cautelar -que se abordará en profundidad en el agravio respectivo-, no se fundó únicamente sobre ese motivo. Otros juzgados tienen dicho al respecto que: “…Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la defensa contra el auto que decretó el procesamiento del imputado y dictó su prisión preventiva, pues la calificación asignada en el auto de procesamiento no incidirá en la libertad provisoria de su defendido, ya que aquella medida cautelar ha sido fijada en virtud de la valoración efectuada en cuanto al peligro de fuga por parte del imputado…” (Cita online: TR LALEY AR/JUR/19730/2010).
En virtud de lo expresado, se advierte que los recurrentes, pese a su loable intento por mejorar la situación procesal de sus asistidos, no han demostrado un agravio concreto relativo a la provisoria calificación legal de los hechos endilgados, motivo por el cual será desestimado en esta instancia procesal.
3. De la valoración de los elementos de cargo: En el caso de la defensa de B.E.C., se agravia por la carencia de elementos de convicción que acrediten en forma “fehaciente” la comisión del delito de “provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad", (arts. 45 y 189 bis inc. 4º primer y tercer párrafo del CP), por cuanto sostiene que toda la prueba reunida por la instrucción es coincidente con el descargo brindado en la indagatoria. En tanto la defensa de J.F.M., se agravia de la valoración arbitraria y direccionada de la prueba recabada a fin de arribar a una forzada decisión, que sólo tuvo en miras desde el comienzo de la investigación encontrar a alguien a quien se pudiera culpabilizar rápidamente frente al faltante de armas secuestradas que debían encontrarse bajo estricta custodia judicial. Entiende que la resolución apelada al momento de valorar la prueba provoca el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica, tratándose de una ponderación tendenciosa que afecta el debido proceso y la defensa en juicio. Por el contrario a lo concluido por la instrucción, el recurrente postula que no existen elementos de cargo que hagan suponer la supuesta participación de su defendido en el hecho endilgado. Al respecto asevera que no existen testigos presenciales del supuesto hecho de sustracción de objetos ni su posterior provisión a terceros, tampoco existen registros fílmicos ni de ingreso y salida del personal de la dependencia judicial fuera del horario habitual, ni testigos que den cuenta de movimientos sospechosos y/o ingresos fuera del horario laboral. Por último entiende que los dichos de M. –tratándose de otro empleado judicial- resultan dudosos y carentes de todo valor para la presente investigación, alegando que no se le repreguntaron varias circunstancias que pudieran tener entidad probatoria.
En suma, concluye que el a quo valoró de forma fragmentada la prueba y únicamente analizó los elementos que podrían resultar cargosos, sin meritar aquellos que desincriminan a su defendido.
Ahora bien, con relación a este agravio relativo a la supuesta arbitrariedad del auto que se pretende poner en crisis, adelantamos que será rechazado; ello toda vez que entendemos que no les asiste razón a las defensas en sus argumentaciones, tratándose de un planteo genérico que luce como una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba la Instrucción. Que, en líneas generales, se ha dicho que motivar: “… es la obligación que tienen los jueces de dar a conocer los razonamientos en los que se sustentan sus decisiones.” (Roldán Santiago; Justificación y motivación de las resoluciones judiciales; Revista de Derecho Penal y Procesal Penal Nº 9; septiembre 2010; Sección doctrina; abeledo-perrot; Buenos Aires, pág. 6).
Y en el caso de marras, por el contrario a lo planteado por la defensa, observamos un lógico tratamiento de la cuestión planteada, resultando insostenible sostener que se ha direccionado la investigación y se ha valorado de forma fragmentada los elementos probatorios, dado que, tras un profuso análisis de la prueba incorporada al legajo, más precisamente de fs. 29/39 de los considerandos –del presente incidente-, se observa que se valoró la materialidad del hecho investigado, aportando con claridad las razones por las que el a quo la tiene por acreditada. A fs. 39/44 se meritó la autoría de cada uno de los encartados, brindando los motivos por los que tiene acreditado el nexo de causalidad y su autoría.
Es por ello que advertimos el estudio integral e interrelacionado del plexo probatorio reunido a la luz de la sana crítica racional, aportando el Magistrado las razones por las que tiene por acreditada con el grado de probabilidad que la instancia reclama la materialidad del hecho que se investiga, valorando adecuadamente la autoría e indicando claramente las piezas probatorias que lo sustentan, para seguidamente, a fs. 44/45vta., abordar la calificación legal y a fs. 45vta./47, determinar razonadamente la procedencia de las medidas cautelares de prisión preventiva y embargo. De allí que disentimos con las defensas respecto a que la resolución apelada sea una decisión apresurada y sin elementos de convicción, que intente rápidamente culpabilizar a los imputados del faltante de armas bajo custodia del juzgado de instrucción, puesto que la apreciamos debidamente fundamentada con el grado de probabilidad que la instancia requiere.
En efecto, el procesamiento se ajusta a las prescripciones previstas en los arts. 115, 116 y 291 del CPP. Con relación al planteo relativo a que la valoración de los indicios y presunciones fueron únicamente realizados en contra y en perjuicio del encartado, tampoco le asiste razón a la defensa por cuanto no se advierte que el Magistrado haya direccionado la investigación y mucho menos que el plexo probatorio reunido haya sido desviado en su interpretación al sólo fin de mantener supuestamente justificada la acusación. Es por ello que advertimos que la prueba aunada al legajo judicial resulta suficiente y acorde a la naturaleza del delito investigado, para arribar a la decisión de mérito adoptada en la presente instancia.
En efecto, de las constancias de autos surge que el Juez de instrucción valoró de manera adecuada la prueba rendida en autos, atendiendo a las particularidades del presente caso, en que los hechos acontecieron sin testigos presenciales. De esa manera dictó una resolución que se desprende del relato lógico efectuado luego de la investigación llevada adelante y a la luz de la sana crítica racional, no apareciendo atisbo alguno de arbitrariedad o fragmentación en la valoración de la prueba aunada a la causa, motivo por el cual este agravio no podrá prosperar.
Por ello, tras el estudio de las constancias de la causa, concordamos con la Instrucción en que los elementos probatorios colectados no contienen contradicción alguna entre sí, sino que, por el contrario, son plenamente coherentes y coincidentes, permitiendo concluir que, a pesar de no existir testigos directos del hecho endilgado, no hay razón valedera para afirmar que no existiría sustento probatorio suficiente que involucre directamente a los imputados con el hecho delictivo.
En consecuencia, tampoco advertimos el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica en la evaluación de las pruebas, sino que muy por el contrario, el Magistrado hubo de confrontar la totalidad de las piezas probatorias, de conformidad a los lineamientos del TSJ acerca de la valoración probatoria en materia penal. Es por ello que este agravio queda descartado.
Al respecto cabe recordar a la defensa lo que dice la doctrina: “...El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...”. (Clariá Olmedo, J. A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). El mismo autor al respecto señaló: “...Es una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio...”. (Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, T. II, páginas. 502 y sgtes.; Ed. Rubinzal y Culzoni, 1998). Para el dictado de este auto: “...basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; 08/06/2010; “Antonini Rosetti, Miguel A. y otro”; Cita: TR LALEY 70061334).
4. De la prisión preventiva: Sobre este punto la defensa de R.E.S.M. se agravia de la prisión preventiva dispuesta a su asistido, quien posee arraigo en la localidad, tratándose de una decisión extrema frente a una calificación legal errónea del hecho endilgado, debiendo tratarse de una escala penal menor, correspondiendo -en todo caso- la aplicación de otras medidas coercitivas de menor intensidad que igualmente aseguren los fines del proceso. Rechaza el peligro de fuga al residir en Río Turbio teniendo allí a toda su familia, y de entorpecimiento de la investigación, ya que el magistrado posee en su poder todo el material necesario y definitivo para lograr una completa instrucción. Por su parte, la defensa de B.E.C. igualmente se agravia por la interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas que rigen el derecho de libertad ambulatoria del imputado mientras se sustancia el proceso penal en su contra, solicitando se revoque la prisión preventiva y se disponga la inmediata libertad. Destaca que su asistido no posee antecedentes penales y que posee arraigo suficiente en la localidad de Río Turbio, donde tiene su fuente laboral desde hace muchos años y sus familiares más directos residen en la localidad de 28 de Noviembre. Finalmente la defensa de J.F.M. también se agravia de la prisión preventiva por entender que no resulta fundamento suficiente presumir que por la escala penal prevista para el tipo penal que se le reprocha, el encausado intentará eludir el accionar judicial, debiendo ponderarse que presenta arraigo, trabajo y familia –a su cargo- en la localidad, que no registra antecedentes penales en su contra y que además la causa principal se radicó en Río Gallegos. Es por ello que solicita se revoque la prisión preventiva bajo las condiciones que se estimen corresponder.
Seguidamente analizaremos el agravio relativo al encarcelamiento preventivo de los imputados. Al respecto adelantamos que no prosperará por encontrarse debidamente motivado en función de los riesgos procesales constatados en el caso concreto. Es dable señalar que la cuestión planteada fue debidamente abordada y motivada por la Instrucción luego de disponer el procesamiento, sin advertir en sus fundamentos una interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas nacionales e internacionales que rigen el principio de inocencia y del debido proceso.
Advertimos que, en primer lugar, la Instrucción tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar -en grado de probabilidad- que los imputados han participado del ilícito que se les reprocha con pena privativa de la libertad; con lo cual tuvo por reducida la expectativa de resolución favorable y, consecuentemente, entendió objetivamente incrementados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación en cada uno de ellos. Del mismo modo la Instrucción valoró que, en caso de recaer condena en las presentes actuaciones, la misma podría resultar de cumplimiento efectivo, habilitándola a ordenar el procesamiento con prisión preventiva en función del art. 295 inc. 1º del CPP, teniendo razonadamente por incrementado el riesgo de fuga en función de la pena en expectativa.
Que asimismo la Instrucción sopesó la solidez del cuadro probatorio sobre el que se asienta el auto de procesamiento y que la causa se encuentra en los albores de la investigación, restando aún numerosas medidas probatorias de suma relevancia, entre ellas declaraciones testimoniales y análisis de los teléfonos celulares sumado a la gran cantidad de armas de fuego que aún no han sido halladas (confr. fs. 620/628 de los autos principales), por lo que, de encontrarse los imputados en libertad podrían verse frustradas, lo que permite razonadamente concluir que existe en el caso concreto un riesgo cierto, claro y objetivo de entorpecimiento de la investigación, por lo que presume que los causantes claramente podrían intentar obstaculizar y/o desviar el proceso seguido en su contra.
Que bajo esos lineamientos la Instrucción concluyó que estamos frente a individuos con peligrosidad procesal en función de tener por acreditado en el caso el peligro de fuga y de entorpecimiento del accionar de la justicia. Que entendemos que la resolución evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., que rigen la materia, pues: “…La incorporación de los pactos internacionales sobre derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN), ha generado un marco de máxima jerarquía normativa para la consideración del encierro del imputado como medida de estricto orden cautelar, al establecerse (…) que el encarcelamiento durante el proceso tiende a asegurar “… la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo…” (art. 9.3 PIDCyP).
Asimismo esta Alzada ya se ha expresado en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones, como lo acontecido en el caso de marras. El derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa.
Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245). En el caso que nos ocupa, la Instrucción dispuso adecuadamente la prisión preventiva de los imputados luego de resolver el procesamiento, concordando que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para asegurar los fines del proceso y lograr la aplicación de la ley. Como vemos, el planteo de las defensas no alcanza a conmover los argumentos dados por el Magistrado en su resolución, sino que en definitiva, luce como una disconformidad con la privación de libertad dispuesta, deviniendo infundados.
Por todo lo expuesto, si bien los apelantes no comparten los argumentos invocados por el a quo, en el auto recurrido se señalaron detalladamente las razones por las que se ordenaba la medida cautelar, cumpliendo el auto dictado acabadamente con las prescripciones establecidas en los arts. 116 y 295 del CPP.
Es por ello que homologaremos la prisión preventiva dispuesta a R.E.S.M., B.E.C. y J.F.M., toda vez que se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa.
Ello no sólo por la necesidad de conciliar la libertad individual con el interés social de defenderse del delito, sino también porque es la solución que mejor se adecua a las obligaciones asumidas por el Estado Argentino ante la comunidad internacional.
II. Reserva de casación y del caso federal: Habiendo efectuado la defensa técnica del imputado J.F.M., expresa reserva de recurrir en casación, impetrando asimismo la cuestión federal para el caso de una resolución desfavorable a los efectos de resguardar las garantías constitucionales que asisten a su pupilo procesal, se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos, RESUELVO: 1º)- CONFIRMAR el auto glosado a fs. 22/47 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- TENER PRESENTE la reserva de recurrir en casación y del caso federal incoada por la defensa técnica de J.F.M..
3. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE. 4º)- Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia