Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Absolver de PENA a C. G. B., de las demás circunstancias personales que constan en autos, en orden al delito de HURTO AGRAVADO POR SER CON ESCALAMIENTO (art. 163 inc. 4° del Código Penal), por el que oportunamente se declaró su responsabilidad penal.
2Dejar sin efecto las medidas cautelares que subsistieren en autos, librándose las comunicaciones pertinentes a los registros correspondientes.
LIBRO: CI REGISTRO: 3484 FOLIO: 104/107
Río Gallegos, 25 de agosto de 2026.
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, presidida por la Dra. María Alejandra Vila e integrada por el vocal Dr. Jorge Daniel Yance, actuando como Secretaria la Dra. Gabriela Mansilla, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “Y. M. J. S/ HURTO AGRAVADO POR SER CON ESCALAMIENTO”, Expte. N° 6979/21, y definir la situación procesal de C. G. B., hijo de M. C. y de N. F. B., argentino, nacido el 8 de julio de 1999 en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, soltero, alfabeto, albañil, titular del D.N.I. N° ********, domiciliado en calle xxxxxx N° *** esquina xxxxx de esta ciudad, quien se encuentra asistido por el Defensor Oficial, Dr. Emin Charif Sat, interviniendo la Sra. Fiscal de Cámara, Dra. María Verónica Zuvic, y por el Ministerio Complementario el Dr. Jorge Godoy; y
Que en las presentes actuaciones ha recaído sentencia en fecha 27 de agosto de 2024, registrada al T° LXXV, R° 2864, F° 170/174, mediante la cual se declaró la responsabilidad penal de C. G. B. en orden al delito de hurto agravado por ser con escalamiento, previsto en el art. 163 inc. 4° del Código Penal. En esa oportunidad, conforme lo dispuesto por la Ley 22.278 (texto según Ley 22.803), este Tribunal difirió el análisis relativo a la necesidad de imponer pena hasta contar con informes actualizados de antecedentes, evaluación psicológica y psiquiátrica, y un amplio informe socioambiental.
Teniendo en cuenta que se ha agregado la documental y la información necesaria, la presente causa se encuentra en estado de dictar sentencia, fijando este Tribunal las siguientes cuestiones a tratar:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es necesario imponer pena a C. G. B. en orden al delito de hurto agravado por ser con escalamiento (art. 163 inc. 4° del Código Penal) por el cual se declaró su responsabilidad penal?
Al respecto el Tribunal dijo:
A fs. 664 se ordenó realizar un amplio informe socioambiental respecto del imputado, se requirió informe actualizado de antecedentes al Departamento Judicial Policial y se dispuso la realización de una pericia psicológica.
Del informe elevado por la Lic. en Servicio Social Miriam Adriana Figueroa surge que C. G. B. se encuentra privado de la libertad en el marco de otra causa penal, alojado en la Alcaldía de Caleta Olivia, cumpliendo una condena de efectivo cumplimiento. También se informó que en la ciudad de Río Gallegos reside su familia de origen y sus dos hijas menores de edad, de 10 y 6 años, con quienes mantiene contacto en forma permanente. Asimismo, cuenta con el acompañamiento de quien sería su pareja, quien le envía mensualmente encomiendas con elementos de primera necesidad.
De la entrevista se desprende que el imputado participa intramuros de reuniones de culto y, en ocasiones, del taller de carpintería. También presta colaboración en tareas de cocina y manifestó su intención de mantener buena conducta a fin de poder acceder a los beneficios que correspondan. Expresó, además, su interés en retomar los estudios secundarios y su pretensión de cumplir la condena que actualmente atraviesa para comenzar un nuevo proyecto de vida.
De los informes de antecedentes incorporados a fs. 696/701 y de la copia de la sentencia agregada a fs. 685/691 surge que C. G. B. registra, además de la presente causa, una sentencia condenatoria firme dictada por este Tribunal con fecha 25 de marzo de 2026, en orden al delito de lesiones graves (art. 90 del Código Penal), por un hecho cometido en septiembre de 2025, a la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva.
Finalmente, el Lic. Damián Ricardo, integrante del Cuerpo Pericial de Psicólogos, concluyó a fs. 672/673, al realizar el examen mental obligatorio, que el imputado “durante la entrevista adopta una actitud colaboradora, responde a las preguntas formuladas y no se observan indicadores de desorganización del pensamiento ni alteraciones formales del curso o contenido ideativo”.
El profesional indicó que se trata de un sujeto joven, con antecedentes de desorganización vincular temprana, trayectoria reiterada de conductas contra la propiedad, antecedentes de consumo problemático de sustancias y escaso sostén sociofamiliar actual. Señaló que presenta recursos adaptativos básicos pero insuficientes, sin alteraciones psicopatológicas mayores, y observó rasgos de inmadurez emocional, externalización de responsabilidad y baja consolidación de la internalización normativa en el marco de una personalidad con características antisociales, factores que incrementarían el riesgo de reiteración conductual en ausencia de intervención específica.
Luego se corrió vista a las partes, a fin de que se expidan sobre la procedencia o no de imponer pena al imputado.
La Sra. Fiscal de Cámara se expidió a fs. 703/704 y dictaminó que “en cuanto a su situación personal actual, C. G. B. se encuentra cumpliendo una condena de efectivo cumplimiento. No obstante, de los informes incorporados surge que conserva vínculos afectivos significativos: mantiene contacto telefónico con sus dos hijas y cuenta con el acompañamiento de su pareja, quien se ocupa de hacerle llegar al lugar de alojamiento los elementos que necesita. Asimismo, ha manifestado su intención de finalizar sus estudios secundarios, lo que evidencia la existencia de un proyecto personal orientado a mejorar sus condiciones futuras”.
Valoró que, si bien debe ponderarse la condena recaída con posterioridad por el hecho cometido en septiembre de 2025, dicha circunstancia no resulta suficiente, por sí sola, para justificar la imposición de pena respecto del delito cometido el 1 de julio de 2016, durante su adolescencia.
En ese sentido, destacó que entre el hecho aquí juzgado y aquel nuevo episodio transcurrieron más de nueve años sin que se registraran otros procesos, procesamientos ni condenas. También señaló que las manifestaciones efectuadas durante la pericia psicológica acerca de la comisión de otros delitos contra la propiedad no pueden ser equiparadas a antecedentes judiciales ni valoradas como hechos penalmente acreditados.
Finalmente, sostuvo que la prolongada tramitación del proceso, no atribuible exclusivamente al imputado, no puede colocarlo en una situación más gravosa ni convertir la posterior condena como adulto en fundamento determinante para sancionar un hecho cometido durante su adolescencia. En esas condiciones, consideró que la pena no tiene actualmente un fin que cumplir y solicitó que se absuelva a C. G. B. de la imposición de pena, de conformidad con lo estipulado en el art. 4, último párrafo, de la Ley 22.278.
Corrida vista a la defensa técnica, el Dr. Emin Charif Sat se expidió a fs. 706 y, de conformidad con el criterio sustentado por la Sra. Fiscal de Cámara, solicitó que se absuelva de pena a su asistido, de acuerdo con lo previsto por el art. 4, último párrafo, de la Ley 22.278.
Finalmente, se corrió vista al Dr. Jorge Godoy, en carácter de Representante Complementario del imputado, quien se expidió a fs. 708 y compartió lo expresado por la Sra. Fiscal de Cámara y por el Defensor Oficial. En consecuencia, consideró que correspondía absolver a C. G. B. de la imposición de pena, de conformidad con lo estipulado en el art. 4, último párrafo, de la Ley 22.278.
Analizados los informes periciales y de antecedentes que constan en autos, y teniendo en cuenta los dictámenes presentados por las partes, corresponde ingresar al análisis relativo a la necesidad actual de imponer pena a C. G. B.. En primer término, corresponde recordar los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Maldonado”, en cuanto sostuvo que la pena impuesta a una persona por un delito cometido mientras era menor de edad debe respetar el mandato de asegurar que esas sanciones tengan como finalidad preponderante la resocialización, conforme lo previsto por el art. 40 inc. 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En particular, la Corte Suprema señaló que la “necesidad de la pena” prevista en la Ley 22.278 no puede equipararse sin más a la gravedad del hecho ni a criterios de peligrosidad, sino que debe vincularse con la finalidad de promover la reintegración social del joven y que éste asuma una función constructiva en la sociedad. Bajo tales parámetros, no corresponde resolver esta cuestión mediante una respuesta automática. La condena firme posterior registrada por C. G. B. no resulta jurídicamente indiferente. Por el contrario, debe ser incorporada al juicio de necesidad previsto por la Ley 22.278, en tanto integra la información actual sobre su evolución personal y su conducta posterior. Ello adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que el hecho por el cual resultó condenado en el año 2026 fue cometido en septiembre de 2025, es decir, con posterioridad a la sentencia dictada en estas actuaciones el 27 de agosto de 2024, mediante la cual ya se había declarado su responsabilidad penal y se había diferido únicamente el análisis relativo a la necesidad de imponer pena.
Sin embargo, ese dato no autoriza una respuesta automática ni desplaza el marco propio del régimen penal juvenil aplicable al hecho cometido el 1 de julio de 2016, durante su adolescencia. La condena posterior firme puede ser considerada como un elemento relevante, pero no como fundamento autónomo y suficiente para imponer pena en esta causa. La decisión debe seguir orientada a determinar si, respecto del hecho juvenil aquí juzgado, la sanción conserva hoy una finalidad concreta, útil y necesaria desde la perspectiva de la reintegración social. En esa evaluación, corresponde ponderar que C. G. B. se encuentra actualmente privado de su libertad y cumpliendo una pena de efectivo cumplimiento en otro proceso. También surge del informe socioambiental que mantiene vínculos familiares significativos, especialmente con sus hijas, cuenta con acompañamiento de su pareja, participa en actividades intramuros, colabora en tareas de cocina, manifestó interés en retomar sus estudios secundarios y expresó su intención de cumplir la condena que actualmente atraviesa para iniciar un nuevo proyecto de vida.
Por otra parte, las referencias efectuadas durante la evaluación psicológica respecto de supuestas conductas anteriores contra la propiedad no pueden ser equiparadas a antecedentes judiciales ni valoradas como hechos penalmente acreditados. Del mismo modo, los indicadores vinculados a inmadurez emocional, consumo problemático o eventual riesgo de reiteración conductual deben ser leídos dentro del alcance propio de una evaluación técnica y no como fundamento autónomo de peligrosidad penal. Tales extremos pueden orientar necesidades de acompañamiento o intervención específica, especialmente en el marco de la ejecución de la pena que actualmente cumple, pero no sustituyen el juicio jurídico de necesidad que exige el art. 4, último párrafo, de la Ley 22.278.
También debe tenerse presente que entre el hecho aquí juzgado y el hecho posterior por el cual fue condenado transcurrieron más de nueve años sin que consten otros procesos, procesamientos ni condenas. A ello se suma que la prolongada tramitación de esta causa no puede operar como un factor de agravación ni colocar al imputado en una situación más gravosa por el solo paso del tiempo, especialmente cuando se trata de resolver la necesidad de pena respecto de un hecho cometido durante la adolescencia.
En consecuencia, aun valorando la condena firme posterior como un dato relevante de la evolución personal del imputado, no se advierte que la imposición de una pena en esta causa, por un hecho cometido durante su adolescencia y ocurrido más de nueve años atrás, conserve actualmente una finalidad concreta que no se encuentre ya comprendida en el proceso de ejecución penal que atraviesa. Imponer una pena en estas actuaciones, en las condiciones actuales, no aparece como una respuesta necesaria desde el estándar específico del régimen penal juvenil, ni agrega una finalidad resocializadora diferenciada respecto de la intervención penal que ya se encuentra en curso.
Por todo ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, la Defensa y el Representante Complementario, corresponde concluir que no se encuentra acreditada la necesidad actual de imponer pena a C. G. B. por el hecho cometido durante su adolescencia y respecto del cual oportunamente se declaró su responsabilidad penal.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Al respecto el Tribunal dijo:
Por todo lo expuesto, oídos los Ministerios Públicos y por aplicación del art. 4, último párrafo, de la Ley 22.278 (texto según Ley 22.803), corresponde prescindir de la imposición de pena y, en consecuencia, absolver de pena a C. G. B. en orden al delito de hurto agravado por ser con escalamiento (art. 163 inc. 4° del Código Penal), por el cual oportunamente se declaró su responsabilidad penal. Asimismo, corresponde dejar sin efecto las medidas cautelares que subsistieren en autos, librándose las comunicaciones pertinentes a los registros correspondientes. En virtud de la deliberación del acuerdo que antecede y conforme lo estipulado por los arts. 382 y 383 del CPP y el art. 4, último párrafo, de la Ley 22.278 (texto según Ley 22.803), con la firma de dos de sus miembros por resultar su opinión coincidente y encontrarse vacante una vocalía, la CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL;
1. ABSOLVER DE PENA a C. G. B., de las demás circunstancias personales que constan en autos, en orden al delito de HURTO AGRAVADO POR SER CON ESCALAMIENTO (art. 163 inc. 4° del Código Penal), por el que oportunamente se declaró su responsabilidad penal.
2. DEJAR SIN EFECTO las medidas cautelares que subsistieren en autos, librándose las comunicaciones pertinentes a los registros correspondientes.
3. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y, una vez firme, REMÍTASE a la Secretaría de Ejecución a sus efectos.
Fdo: Dra. María Alejandra Vila –presidenta –Dr. Jorge Daniel Yance –juez- ante la Dra. Gabriela Mansilla –secretaria-.
Fin de la sentencia