Abriendo la norma
TOMO CXLVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9382 FOLIO Nº 194/198 PROT. ELECT. JR101231I.251
Río Gallegos, 28 de mayo de 2025
La presente causa caratulada: "M.L. S/ Amenazas Calificadas, Tenencia ilegal de arma y Presuntas Lesiones”, Expte. Nº 81.578/25 - Apelación/Causa JR Nº 9540/25, venida a despacho para resolver y de la que; RESULTA: Que a fs. 06/18 del presente incidente de apelación, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto 1º) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de L.D.G.M., en orden al delito de “amenazas calificadas (dos hechos), privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual con acceso carnal reiterado (tres hechos), todo en concurso real", (arts. 149 Bis segundo párrafo, 142 inc. 1, 119 agravado por el tercer párrafo y 55 del CP) y en el punto 2) decretó el embargo sobre el dinero o bienes del procesado hasta cubrir la suma de pesos cuatro millones ($ 4.000.000). Que a fs. 24/26, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 30 sostuvo el recurso y no habiéndose presentado el memorial del art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos,
Y
I. Que a los efectos de una mejor claridad expositiva a continuación se analizarán cada uno de los agravios de conformidad con el orden de los puntos de los considerandos atacados. a.- De la autoría: En primer lugar, la defensa se agravia del auto de procesamiento en función de la duda que emerge del legajo en cuanto a la autoría de los hechos reprochados a su asistido. Cuestiona la valoración que efectúa la Instrucción del testimonio de la pretensa víctima de autos, rechazando que el hecho pueda esclarecerse por medio de su exclusivo relato y al igual que por medio de las declaraciones de los efectivos policiales en el marco de las diligencias practicadas. Asevera que si bien de las resultas de las diligencias de fs. 23, 24 y ccss, se puede apreciar que el imputado tenía un revólver, mas no se puede precisar si el mismo fue utilizado en la presunta discusión para amedrentar a la pretensa víctima.
Afirma que tampoco pueden acreditarse el hecho investigado con los testimonios brindados por las compañeras de trabajo de la pretensa víctima, ya que basan sus relatos en los dichos de la denunciante. Asimismo desestima el valor probatorio de la pericia psicológica practicada a la denunciante, puesto que más allá de las múltiples referencias sobre su personalidad, tratándole de otorgar credibilidad a sus dichos, no puede arrojar certeza sobre lo que verdaderamente acaeció entre las partes. Por todo lo argumentado, la defensa sostiene que la autoría del hecho reprochado se sustenta únicamente en los dichos de la pretensa víctima, sin apoyo de una prueba directa, ya que tanto los informes policiales como los testimonios no resultan precisos, consistentes ni concordantes para conmover el estado de inocencia del cual goza su asistido, por ello solicita se revoque el auto atacado.
Pues bien, ingresando en el tratamiento de este primer agravio, adelantamos que no obtendrá favorable acogida. Ello en razón que esta Alzada advierte que las consideraciones en las que la defensa pretende fundar la supuesta duda en cuanto a la autoría de los hechos reprochados a su asistido, lucen inconsistentes frente al plexo probatorio producido en el legajo. Por el contrario a lo planteado por la defensa, el pronunciamiento del Juez de Instrucción Subrogante se presenta racional y fundado íntegramente en las pruebas obrantes en el legajo, las cuales fueron analizadas de manera conjunta, a la luz de la sana crítica racional, enrolado en las normas nacionales e internacionales sobre perspectiva de derechos en materia de violencia de género, observándose las pautas previstas en los arts. 115, 116 y 199 del CPP, y aportando las razones por las que arriba a su decisión incriminatoria.
Se concuerda con el a quo en que los hechos investigados se encuadran dentro de la violencia contra la mujer y como tal constituyen una violación a los derechos humanos; con lo cual el examen de la cuestión impone como principio rector la incorporación de la "perspectiva de género" como pauta hermenéutica constitucional. En el ámbito local, la ley 26.485 de Protección Integral, establece el deber estatal de promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, fijando los derechos y garantías mínimos de los procedimientos judiciales, estipulando concretamente, el derecho a obtener de parte de la justicia una respuesta oportuna y efectiva (art. 16 inc b), recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de sus derechos (art. 16 inc e) y a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos (art. 16 inc i).
(Cf. criterio sostenido en Apelación Nº 7227/21). Esta Alzada -en reiteradas oportunidades-, dejó asentado que el testimonio de la víctima de delitos cometidos con violencia de género, tiene en sí mismo valor de prueba para enervar la presunción de inocencia, siempre que se efectúe con las debidas garantías, de manera tal que el involucrado pueda desvirtuar el relato de la misma, si lo estima pertinente, y esto no debilita o flexibiliza las garantías constitucionales a las que se subordina todo proceso penal. (A modo de ejemplo se cita la Apelación Nº 7599/22). Es dentro de este contexto en el que el delito se comete en circunstancias donde resulta casi imposible contar con testigos presenciales de los hechos, el testimonio de la víctima se convierte en el eje central de la investigación, no advirtiendo el direccionamiento en la valoración de la prueba efectuada por la Instrucción ni animadversión por parte de la víctima en contra del imputado, resultando los elementos probatorios suficientes para arribar a la decisión de mérito adoptada.
Cabe destacar lo asentado en un reciente fallo de un Tribunal de la Patagonia sobre este punto, habiendo entendido que: “...La perspectiva de género no implica flexibilizar los estándares de prueba en orden al principio de inocencia, sino que implica un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes y la prueba generada, sin perder de vista las desigualdades entre hombres y mujeres; (…) el testimonio de la víctima se erige en prueba fundamental. Así es que el testimonio único debe encontrarse rodeado de determinados recaudos, con corroboración por otros elementos de juicio...”. (Tribunal de impugnación de Río Negro; 26/04/2022; “CH. V. P. c. A. M. s/ Abuso sexual”; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/68242/2022).
Y, en el caso en estudio, se advierte que el auto recurrido se ajusta a los lineamientos del TSJ con relación a la valoración de la prueba en las resoluciones. En este sentido, el TSJ ha venido sosteniendo que: "...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...".
(Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros). Otros juzgados nacionales tienen dicho: "...En los casos de violencia de género, la relevancia de los elementos probatorios indirectos o indiciarios de carácter objetivo, corroborante o periférico de los hechos denunciados no puede ser desechada dogmáticamente, por no provenir de fuentes directas o por no brindar datos concretos respecto de aquellos hechos, toda vez que el fundamento por el cual estos elementos tienen que ser propuestos, recibidos y valorados sólo está en conferirle una mayor convicción al testimonio de los involucrados acerca del conflicto investigado...". (Cita online: TR LALEY AR/JUR/18735/2014).
Veamos, el Magistrado sustenta su resolución en cuanto a la autoría del delito de amenazas calificadas (dos hechos) en la valoración concatenada de los informes policiales y de la actuaria, la denuncia de la Sra. R.V. en sede policial y su concordancia con el testimonio brindado ante la OVD, el informe de novedad del personal del Comando Patrulla, la declaración testimonial del personal policial que acudió al domicilio de la denunciante, el acta de aprehensión del causante en similares términos al parte de novedades y el resultado de la diligencia de allanamiento practicada en el domicilio del imputado. Asimismo el a quo fundamentó la autoría del delito de privación ilegítima de la libertad agravada, mediante la valoración de los dichos de la Sra.
R.V., su concordancia con el relato que efectuó en la OVD y la plena coherencia con los testimonios de su compañera de trabajo Y.E.V., y su amiga P.A.N.. Igualmente la Instrucción argumentó la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado (tres hechos), a través de la valoración del relato de la víctima R.V., en sede judicial, donde ratificó sus dichos en sede policial y en OVD, pero en esta oportunidad instó penalmente la acción por este delito en contra de su integridad sexual efectuando un relato pormenorizado de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que los tres episodios habrían sucedido, sindicando como autor a L.D.G.M.; sumado a los testimonios de su compañera de trabajo M.R.B. y de su amiga P.A.N..
De todo lo analizado, esta Alzada concuerda con el Sr Juez Subrogante en que, de la valoración interrelacionada de los elementos de cargo, éstos resultarían claros, precisos, concordantes y no controvertidos por otros elementos probatorios, razón por la que confirmaremos el auto de procesamiento apelado, no haciendo lugar al pedido de la defensa de revocación del mismo. Se advierte que la defensa intenta infructuosamente restar valor probatorio al testimonio de la víctima, los testigos, el informe del equipo técnico de la OVD (integrado por la Lic. en Trabajo Social y la Lic. en Psicología) y la pericia victimológica, sosteniendo su argumentación en el análisis de cada una de esas pruebas aisladamente, cuando la Instrucción hubo de valorarlos en forma conjunta con el resto de los elementos probatorios, concluyendo que son concordantes, coincidentes y se refuerzan entre sí, no obrando en el legajo otros elementos que revistan entidad para disminuir su valor conviccional.
Por lo tanto, entendemos que la discrepancia de la defensa con la forma en que fueron valorados los contundentes elementos de cargo por el Magistrado para tener por acreditada prima facie la autoría de los hechos endilgados a L.D.G.M., no reviste entidad para desacreditar el auto de procesamiento. Es por todo lo analizado que este primer agravio queda desestimado. b.- De la prisión preventiva: En segundo lugar, la defensa sostiene que la resolución impugnada se basa en una interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas que rigen el derecho de libertad ambulatoria del imputado mientras se sustancia el proceso penal, por lo que solicita se ordene la libertad del imputado.
Estima que el encarcelamiento cautelar constituye una pena anticipada para su representado, agraviándose de la valoración de los riesgos procesales que efectuó la Instrucción, ya que la posible intención de evadir la justicia o entorpecer el curso de la investigación, no puede ponderarse teniendo en consideración la severidad de la pena conminada en abstracto. Tampoco puede sostenerse en el grado de vulnerabilidad de la pretensa víctima en función de los informes de la OVD, que dan cuenta que luego de los episodios de violencia las partes han retomado el vínculo, por lo que se vislumbraría la naturalización de la violencia, con potencial riesgo de que el imputado intente concretar las amenazas.
Dando respuesta a este segundo agravio, adelantamos que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues no se observa que, en este punto, la resolución carezca de fundamentos que la tornen arbitraria y mucho menos que la prisión preventiva constituya un adelantamiento de pena, o sea consecuencia de una interpretación manifiestamente inconstitucional de las normas nacionales e internacionales que rigen el principio de inocencia y del debido proceso; concordando con el Sr. Juez Subrogante en que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para lograr la aplicación de la ley. Veamos, en primer lugar el Sr. Juez de grado tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar que el imputado ha participado de los ilícitos que se le reprochan con pena privativa de la libertad; con lo cual se ve reducida la expectativa de resolución favorable y consecuentemente tuvo objetivamente incrementados los riesgos procesales.
En segundo lugar, el a quo valoró que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para lograr la aplicación de la ley, por cuanto las alternativas no son suficientes para asegurar que el imputado no entorpecerá la investigación. Para ello, el Juez ponderó la gravedad de los hechos que se le reprochan, teniendo especialmente en cuenta la violencia desplegada contra la víctima, la cual se materializó en frases con contenido intimidatorio que habrían sido cometidas mediante el uso de un arma de fuego en -al menos- dos oportunidades; agresiones físicas que culminaron en abusos sexuales con acceso carnal reiterados –tres hechos- y en la privación de la libertad agravada.
Específicamente el Magistrado justipreció que: “…considero que de recuperar la libertad el imputado podría entorpecer la investigación teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad de V. y que del informe remitido por las profesionales de la OVD se desprende que luego de los episodios de violencia las partes han retomado el vínculo por lo que se vislumbra naturalización de la violencia. Finalmente corresponde merituar que existe un potencial riesgo de que el imputado intente concretar las amenazas proferidas a V.; máxime teniendo en cuenta la violencia desplegada durante todo el tiempo de relación y el miedo generado en la damnificada teniendo en cuenta el control sistemático que habría ejercido sobre la nombrada.
Es por eso que considero que cumpliendo con los pactos internacionales para erradicar la violencia contra la mujer debe disponerse la prisión preventiva del encausado…”. Compartimos el criterio del a quo, por cuanto una decisión diferente implicaría desoír las normas nacionales e internacionales vigentes en materia de violencia contra la mujer en sus relaciones interpersonales, observando que el accionar reprochado al encartado resulta demostrativo que el riesgo de entorpecimiento procesal y de revictimización de la damnificada, no es evitable más que con el encarcelamiento cautelar; más aun ponderando la relación de pareja que hubo de unir a la víctima y victimario, lo que aumenta la posibilidad de que el incuso pueda contactar a la damnificada y amedrentarla o –como lo estimó el a quo- llegar a concretar las amenazas ya proferidas a V., encontrándonos obligados legalmente a garantizar un especial resguardo a la damnificada de este tipo de delitos.
En función de ello, el Sr. Juez explicó adecuadamente que del accionar del imputado resulta una clara peligrosidad procesal, lo que le hace presumir que podría obstaculizar el accionar de la Justicia intimidando a la víctima, con lo cual el fundamento del encierro provisorio radica en la aplicación del principio de la debida diligencia reforzada en atención a la vulnerabilidad de la víctima que se proyecta sobre el proceso, tratándose de una mujer que reviste la condición de víctima y testigo a la vez, imponiéndose su protección para garantizar la indemnidad como prueba fundamental conforme la naturaleza de los hechos investigados. Entendemos que el Magistrado valoró razonadamente a lo largo del auto de procesamiento la relación desigual de poder en la que la víctima se encontraba inmersa por parte del imputado.
La resolución que se intenta atacar evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención Belem do Para”, “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional. En este aspecto, hemos de coincidir con el Magistrado que surge claramente la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima (por su condición de vulnerabilidad), y evitar que, en caso de quedar en libertad el imputado, intente intimidarla de cualquier forma, con el objeto de mejorar su situación procesal, máxime cuando se encuentran constatadas las graves consecuencias que sucesos como los investigados traen aparejadas en las víctimas.
Es así que se concluye razonadamente que los riesgos procesales se ven incrementados en el caso concreto, a lo que se adiciona la solidez de las piezas probatorias incorporadas al legajo, todo lo cual contribuye a edificar un peligro procesal de significativa entidad, verificándose de esta manera, los requisitos constitucionales de excepcionalidad, proporcionalidad y necesariedad, a pesar de no poseer el imputado antecedentes penales condenatorios en su contra. Esta Alzada ya se ha expresado en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones.
El derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa. Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245). Cabe recordar que es criterio de esta Alzada que: “…se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia…” (Confr. autos caratulados: “M.J.E.
S/ ROBO”, Expte. Nº 26.599/24, Apelación Nº 9257/24). Que, por lo tanto, compartimos con el Sr. Juez de grado que no resultan viables en el caso concreto otras medidas alternativas al encierro cautelar, pues el propio accionar del encartado denota su total desapego a la ley. Entendemos, por ende, que a pesar de su intento por mejorar la situación de su asistido con relación a su libertad personal, la defensa no ha logrado desvirtuar los argumentos que sustentan la decisión recurrida, ni se vislumbra la vulneración de los derechos y garantías de que goza el imputado, toda vez que la resolución se encuentra debidamente motivada, logrando tener razonadamente acreditados en el caso concreto los riesgos procesales.
Por otro lado, esta Alzada advierte que el incuso no ha sobrepasado en detención cautelar el límite establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como plazo razonable de la prisión preventiva. Es por todo lo valorado que entendemos que corresponde confirmar la prisión preventiva de L.D.G.M., por resultar ajustada a derecho. c.- Del monto de embargo: Por último la defensa se agravia del excesivo monto del embargo dispuesto a su asistido, ya que le resulta imposible afrontarlo y tampoco cuenta con bienes para ofrecer a fin de cubrir dicha suma, con lo cual estima que se trabará la inhibición general de sus bienes, ocasionándole un daño innecesario, por ello solicita se reduzca la suma impuesta.
Que en respuesta a este último agravio relativo al monto del embargo dispuesto por la Instrucción, entendemos que no corresponde hacer lugar al mismo, toda vez que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento, el magistrado debe ordenar también el embargo de bienes del imputado. En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D.
Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009). Asimismo, cabe mencionar que -en coincidencia con lo manifestado por otros tribunales-, entendemos que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Y del análisis de la resolución, surge que a fs. 17/17vta., en el considerando VIII) el Magistrado Subrogante dio las pautas por las que entendía adecuado establecer el monto del embargo en la suma de cuatro millones de pesos ($ 4.000.000.-). Dicha cifra no luce irrazonable teniendo en cuenta los ilícitos endilgados y su modalidad de comisión. Por ello confirmaremos también el monto del embargo dispuesto. II) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
III. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 06/18 del presente incidente de apelación, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia