Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el auto de fs.09/26, del presente incidente, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
TOMO CLVII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9839 FOLIO Nº 022/027 PROT. ELECT. JR101688I.261
Río Gallegos, 12 de enero de 2026.-
Los presentes autos caratulados “V.M.A. S/ Abuso Sexual Calificado, Lesiones Leves Calificadas por el Vínculo, Desobediencia y Amenazas, todo en concurso real” - Expte. Nº 28.835/25 - Apelación Nº 9956/25, venidos a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 09/26, del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil con asiento en la localidad de El Calafate, que en su punto 1º) ordenó el procesamiento con prisión preventiva del imputado M.A.V. en orden a los delitos de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de estupefacientes (dos hechos), (art. 119 del C.P. y 13 de la Ley 27.737), Lesiones Leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género (art. 89 y art. 92 en función del art. 80 inc. 1 y 11 del C.P.), texto según ley 26.791 en el marco de la ley 26.485) y Amenazas (art. 149 bis del C.P.) en concurso real entre si (art. 55 del C.P.); en tanto que en el punto 3) trabó Embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de Pesos Cinco Millones ($5.000.000). A fs. 27/32vta., la defensa apeló dicho auto -motivándolo-, recurso que fuera sostenido a fs. 36, sin haber presentado el memorial de art. 437 de CPP. En consecuencia quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
I. Seguidamente se abordarán los agravios propuestos por la parte defensora.
1. La defensa se agravia por cuanto su asistido fue procesado incorrectamente por los delitos que se le endilgan, argumentando que no existen constancias probatorias que, aún con el grado de probabilidad que reina en esta etapa, puedan determinar la responsabilidad prima facie de su defendido.
En ese sentido, sostiene que de la lectura simple del resolutorio surge que el procesamiento tiene como elemento incriminatorio fundamental los dichos de presunta damnificada personas vinculadas al hecho, sin embargo no resultan suficientes a los fines de tener por acreditado –sin más- los hechos ocurridos con las modalidades denunciadas.
De ello concluye que pareciera ser que el procedimiento instructivo se ha convertido exclusivamente en un formalismo previo para poder acusar y, en consecuencia, culpabilizar, procesar o juzgar a una persona sindicada como presunto autor o sospechada de serlo, afectando gravemente las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y el principio de inocencia.
Pues bien, analizando el presente agravio, corresponde mencionar que no compartimos las apreciaciones que efectúa la defensa, por cuanto el pronunciamiento del Sr. Juez de Instrucción se presenta racional y fundado íntegramente en las pruebas producidas en el legajo, las cuales fueron analizadas de manera conjunta y a la luz de la sana crítica racional, permitiéndole concluir que revisten entidad suficiente con el grado de probabilidad que la instancia requiere para emitir el juicio de valor incriminatorio respecto de MA.V. En efecto, el Magistrado sustenta su resolución en la valoración concatenada de la denuncia judicial de fs. 01/03vta., la documental de fs. 04/07, el Cd de fs. 08, las declaracións testimoniales de fs. 27/vta, 28/28 vta, 29/31, la documental fs. 32/vta, el acta de allanamiento fs. 38/43, certificación de 33vta, la historia clínica fs.47, informe psicológico obrante a fs. 50/51vta, el acta de inspección ocular de fs. 54/56, el croquis ilustrativos fs. 57 y documental fs.59/63; concluyendo razonadamente que se trata de pruebas e indicios lo suficientemente precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditado los hechos investigados y conectar –con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado M.A.V. con las mismas.
De esa manera logró tener, en principio, por comprobado que M.A.V. habría abusado sexualmente de L.A.T. Destacó que tal hecho se sustenta primordialmente en el testimonio de la víctima, el cual consideró especialmente relevante por haber sido claro, preciso y concreto al detallar el suceso vivenciado. Asimismo, puso de resalto que entre las partes existía una situación previa de conflictividad -conforme surge del informe obrante a fojas 33- y sumo a ello la declaración de la madre de A., quien manifestó tener conocimiento de la situación de violencia y vulnerabilidad en la que se encontraba su hija. El juez también señaló que resulta habitual que este tipo de hechos ocurran en el ámbito de la intimidad, lo que dificulta la existencia de testigos presenciales, circunstancia que no desmerece la validez del relato de la víctima.
En ese sentido, entendió que las conductas desplegadas por V. analizadas de manera integral a lo largo de la investigación, resultan compatibles con su voluntad dolosa, sin generarle duda alguna respecto de que el imputado comprendía la criminalidad de sus acciones y podía dirigirlas conforme a su valoración. En cuanto al delito de lesiones, el magistrado consideró que el mismo se encuentra debidamente acreditado a partir de la imagen aportada por la víctima, la historia clínica y la declaración testimonial de H, quien expresó: “…vi que estaba Abigaíl con la cara llena de sangre, abrí la puerta y le pregunté qué le pasó, y me dijo que el Chelo (…) le pegó…”. Del mismo modo, entendió que los términos vertidos por el imputado hacia la víctima revisten el carácter necesario para configurar el ilícito endilgado, pronunciándose a fs. 20: “…considero que en el caso de autos las amenazas proferidas revisten un carácter serio, siendo las mismas graves e injustas, y teniendo un grado intimidatorio que dentro del contexto de la situación - violencia de género- tienden a amedrentar o alarmar a un hombre común, con más razón aún a la mujer víctima, en el caso T.L.A. quien relata que el imputado V. en varias oportunidades la habría amenazado con lastimarla e incluso matarla, expresando textualmente la víctima"...
Si, me amenazó varias veces que si dejaba la relación me iba a matar. Sé que él tiene varias armas…”. Es por ello que concordamos con la Instrucción que los elementos de cargo valorados en conjunto revisten entidad suficiente para convalidar el auto de procesamiento en cabeza del encartado, rechazando este primer agravio.
Cabe recordar a la defensa que esta Alzada comparte el criterio que entiende que: “...El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...”. (Clariá Olmedo, J. A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). El mismo autor al respecto señaló “...Es una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio...”. (Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, T. II, páginas. 502 y sgtes.; Ed. Rubinzal y Culzoni, 1998).
En otras palabras, para el dictado de esta resolución de procesamiento: “...basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; 08/06/2010; “A.R.M. y otro”; Cita: TR LALEY 70061334).
Es por todo lo expresado que este agravio no prosperará, toda vez que yerra la defensa al sostener que el procedimiento instructivo se ha convertido exclusivamente en un formalismo previo para poder acusar y, en consecuencia, culpabilizar, procesar o juzgar a una persona sindicada como presunto autor o sospechada de serlo, afectando gravemente las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y el principio de inocencia. Muy por el contrario, del estudio de la actividad instructiva que antecede se advierte que se han dispuesto las medidas probatorias útiles y pertinentes a fin de logar tener por acreditada la materialidad y autoría de los hechos investigados, cursándose las debidas notificaciones a la defensa y al Ministerio Público Fiscal. Se recepcionó declaración indagatoria al encartado, circunscribiendo debidamente los hechos y enumerándose las pruebas y, tras conectar los hechos con la actividad desplegada por el imputado, se arribó al auto de procesamiento explicando el camino lógico seguido en la valoración del plexo probatorio conforme la sana crítica racional.
2. En este punto te abordarán las cuestiones planteadas en los ítems III.B. y III.C., en conjunto por resultar similares en su contenido.
La defensa alega vaguedad de la imputación y falta de precisión requerida (III.B.). Plantea que la imputación en los términos en los que fuera enrostrada al encartado, carece de la precisión requerida a los fines de ejercer debidamente el derecho de defensa.
Que, conforme surge de fs. 23/vta. se desprenden dos circunstancias que no permiten la identificación del hecho correctamente y la circunscripción a un tiempo o momento determinado. Se dijo "en fecha aún indeterminada" y "en el mes de enero de 2025".
Explica, que el hecho imputado debe necesariamente circunscribirse a un modo, tiempo y lugar preciso y no debe contener manifestaciones vagas o genéricas que impidan su correcta individualización en el tiempo y el correcto ejercicio del derecho de defensa.
Asimismo, argumenta que la imputación formulada en los términos referidos afecta gravemente la posibilidad de calificar legalmente la participación que se le reprocha a su pupilo, causando un gravamen irreparable atentando directamente contra las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso.
También se agravia la defensa (III.C.) por considerar que se ha vulnerado el principio de incongruencia.
Señala que la atribución realizada a su defendido, no surgió de la voluntad de la víctima, al momento de denunciar o ratificar la denuncia. Indica que a fojas 02, la denunciante dijo: "En dos oportunidades, durante el mes de enero del corriente año, no recuerdo bien los días, pero sé que fueron dos veces, que estábamos tomando cerveza en su casa, nos acostamos, yo estaba vestida, y al otro día me desperté completamente desnuda con un gel lubricante al lado mío, y toda dolorida en mis partes íntimas, la vagina y el ano también, se ve que me puso pastillas para dormir en la cerveza esas dos veces". Aduce, que ante la presencia del Ministerio Público Fiscal, no se le efectuó ninguna otra pregunta referida al hecho, sólo si era su deseo instar la acción penal al respecto, pero absolutamente nada más en cuanto a la modalidad, comisión, lugar, elemento utilizado, etc. En este sentido, la defensa plantea que los términos utilizados en la imputación -a saber, “haber sido accedida”-en ningún momento fueron referidos por la denunciante. Argumenta que el hecho no sólo debe ser detallado y preciso, sino que debe ser basado en lo dicho específico de la denunciante de las pruebas reunidas en autos. Considera que ello resulta una violación al principio de congruencia, pues, debe existir una correlación esencial entre el hecho enunciado, el hecho imputado y la resolución judicial, afectando directamente los derechos y garantías que asisten al encartado.
Daré inicio al desarrollo de este presente agravio indicando que yerra la defensa al sostener que la expresión “...en fecha aun indeterminada” y “en el mes de enero” imprecisiones que afecta el derecho de defensa, pues la delimitación temporal efectuada resulta suficiente para individualizar el hecho, permitiendo al incuso comprender la imputación y ejercer adecuadamente sus medios defensivos.
Se ha indicado, en cuanto a la enunciación del hecho contenido en un auto de procesamiento, que: “…Está satisfecho el requisito pese a ser escueta la descripción, cuando no existe duda que el procesamiento comprende el mismo hecho por el que se recibió indagatoria…” (Guillermo R. Navarro y Robert R. Daray, 2019, Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, Argentina, pág.535), lo que nos lleva a resaltar que el recurrente no señaló este agravio al momento de llevarse adelante la defensa material del imputado, siendo la declaración indagatoria el primer acto de defensa del incuso tras la formulación de los cargos, pues éste es el momento por excelencia para anticipar objeciones, ello a fin de ejercer de manera adecuada el derecho de defensa de su asistido. Misma suerte correrá la presunta vulneración del principio de congruencia alegado, pues se advierte que la imputación se condice a la perfección con los hechos denunciados, el hecho precisado en el acta de declaración indagatoria, y a su vez, de lo dictaminado por la Fiscalía en el Requerimiento de Instrucción. Asimismo, se ajusta a la significación jurídica aplicada al auto de procesamiento.
Es dable señalar que a fs. 02 la damnificada brinda detalles claros de cómo se habría suscitado el hecho como también en que consistió, por lo que no advertimos excesos por parte de la instrucción como alega el recurrente.
En este sentido, debemos decir que “...la garantía de inviolabilidad de la defensa requiere que el acusado esté en posición de ejercer todos los derechos que, la doctrina entiende, comprende el genéricamente descripto como derecho a la Defensa, a saber: ser oído, ofrecer y producir prueba, alegar recibir sentencia debidamente fundada, recurrir, tener asistencia técnica, etc. La doctrina, además, requiere que exista una estricta congruencia fáctica, desde la primera actuación del imputado en su declaración, hasta la sentencia definitiva, pasando por supuesto por las actuaciones intermedias de elevación a juicio. Ello para asegurar la cabal ejecución de todas las garantías de la defensa durante el trámite del proceso; pero además para garantizar la vigencia del principio non bis in ídem en el control casatorio, etc…” (Víctor Hugo Benitez “Ausencia de Determinación del Hecho de la Acusación. La importancia del proceso de subsunción en la correcta individualización del objeto del proceso y su vinculación con el Principio de Congruencia”, cita a Dres. V.N.A. C/A.J. S/Hurto C/Escalonamiento Robo Agravado etc., 04/06/97, Sala I, pág. 5). De lo dicho hasta aquí, corresponde destacar dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, que en el caso traído a análisis se ha dado cumplimiento a la exigencia establecida en el artículo 278 del CPP, en tanto la etapa de instrucción fue desarrollada en concordancia con el conjunto probatorio reunido y con estricto respeto a las garantías del debido proceso, arribándose a una imputación (puesta en conocimiento del imputado y de su defensor en la audiencia de declaración indagatoria); que fue mantenida en el auto de procesamiento respetándose -se reitera- así, el principio de congruencia como los derechos del imputado, en resguardo de la garantía de defensa en juicio. En segundo lugar -y como consecuencia de lo anterior- entendemos que se ha formulado una imputación ajustada a las pruebas obrantes en la causa, especialmente a lo relatado por la víctima. Entendemos que la imputación no resulta imprecisa, ni en relación a la descripción del hecho ni con el marco temporal en el que se habrían desarrollado. Por ello, el presente agravio no podrá prosperar.
3. La defensa se agravia por la prisión preventiva dispuesta en contra de su representado, aseverando que la regla general debe ser que el imputado pueda transitar el proceso penal en libertad y su restricción sólo puede tener lugar con carácter excepcional y no durar más allá de un plazo razonable.
Señala que los autos que denieguen la excarcelación deben acudir a razonamientos que se sustenten en la objetiva existencia de indicios vehementes que permitan presumir la intención de eludir el accionar de la justicia y/o de entorpecer la investigación por parte del legitimado pasivamente, no siendo la pena en expectativa -con exclusividad- motivo plausible para denotar la mentada presencia de riesgos procesales. Plantea que, al momento de solicitar el beneficio excarcelatorio en el acto de indagatoria, la titular del Ministerio Público Fiscal se expresó de manera positiva frente al requerimiento efectuado por esta defensa, instando a la concesión del beneficio por entender la inexistencia de riesgos procesales o peligro de fuga.
Asimismo, solicita la morigeración en las medidas de coerción impuestas en relación al imputado- para el caso en que se deniegue la excarcelación- ya que carece de antecedentes penales condenatorios y no cuenta con causa en trámite ante la justicia ordinaria en la que interese o se haya ordenado su detención.
Explica -que desde la CIDH se tiene dicho- que se deben aplicar las medidas alternativas sólo cuando el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación no pueda ser evitado razonablemente, circunstancia esta que, a su entender, no se da en el caso de marras, toda vez que su asistido se encuentra a derecho pudiendo seguir el desarrollo del proceso en libertad, mediante la implementación de un dispositivo electrónico, a fin de ser monitoreado en caso que así lo requiera. Ahora bien, analizando este agravio relativo al encarcelamiento preventivo del imputado entendemos que, pese al loable intento de la defensa por mejorar la situación procesal de su asistido, no prosperará.
Ello por cuanto la prisión preventiva fue debidamente abordada y motivada por la Instrucción luego de disponer el procesamiento del encartado, sin advertir que la decisión afecte los derechos de defensa, ni que constituya una pena anticipada.
Advertimos que, en primer lugar, la Instrucción tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar -en grado de probabilidad- que el imputado ha participado de los ilícitos que se le reprochan con pena privativa de la libertad; con lo cual tuvo por reducida la expectativa de resolución favorable y, consecuentemente, entendió objetivamente incrementados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación en el caso concreto. Veamos, la Instrucción valoró concretamente que, el accionar del encartado resulta de una clara peligrosidad procesal lo que hace presumir que podría obstaculizar el accionar de la justica intimidando no sólo a la víctima sino también al grupo familiar (fs. 24). Asimismo el a quo destacó la cantidad de causas por violencia de género que posee el encartado, lo que hace premunir que podría tomar represalias sobre ella. Esta Alzada concuerda con la Instrucción en que de los elementos obrantes en la causa, puede razonadamente presumirse que, en caso de recuperar la libertad, el encartado podría darse a la fuga y/o entorpecer el avance del proceso, frente a la posibilidad cierta que recayera una condena en su contra, ya que ésta sería de cumplimiento efectivo.
Cabe recordar que es criterio de esta Alzada que: “…se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia…” (Confr. autos caratulados: “M.J.E. S/ ROBO”, Expte. Nº 26.599/24, Apelación Nº 9257/24 y autos caratulados: "N.H.O. S/ Robo Agravado”, Expte. Nº 10.131/25 - Apelación/Causa JR Nº 9487/25). Asimismo entendemos que la resolución evidencia un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., que rigen la materia, pues: “…La incorporación de los pactos internacionales sobre derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN), ha generado un marco de máxima jerarquía normativa para la consideración del encierro del imputado como medida de estricto orden cautelar, al establecerse (…) que el encarcelamiento durante el proceso tiende a asegurar “… la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo…” (art. 9.3 PIDCyP). Esta sede revisora ya se ha expresado en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones, como lo acontecido en el caso de marras.
El derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa.
Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245).
En el caso que nos ocupa, concordamos en que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para asegurar los fines del proceso y lograr la aplicación de la ley. Como vemos, el planteo de la defensa no alcanza a conmover los argumentos dados por el Magistrado en su resolución, sino que en definitiva, luce como una disconformidad con la privación de libertad dispuesta, deviniendo infundado.
Por todo lo expuesto, si bien el apelante no comparte los argumentos invocados por el Sr. Juez, en el auto recurrido se señalaron detalladamente las razones por las que se ordenaba la medida cautelar, cumpliendo el auto dictado acabadamente con las prescripciones establecidas en los arts. 116 y 295 del CPP.
Es por ello que homologaremos la prisión preventiva dispuesta a V.M.A. toda vez que se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa.
4. Finalmente, se agravia la recurrente por el monto del embargo establecido, pues entiende que no hay consideraciones que acrediten que una suma tan abultada (PESOS CINCO MILLONES) sea la necesaria para garantizar la eventual pena pecuniaria y eventual responsabilidad civil que pudieran caberle a su asistido.
Que, ninguno de los delitos enrostrados a su defendido prevé en sus respectivas sanciones penales pena pecuniaria; circunstancia que debiera tenerse en cuenta a fin de morigerar la suma impuesta en concepto de embargo, por lo que solicita, en caso de que esta Alzada considere confirmar el resolutorio apelado, se reduzca el quantum del embargo.
Entendemos que el monto fijado al disponer dicha medida y en atención al ilícito endilgado a M.A.V. y su modalidad de comisión, la suma ordenada de Pesos Cinco Millones ($5.000.000) no aparece como irrazonable. En este aspecto, el Magistrado de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 25vta., los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria.
Así, debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por el Magistrado de Instrucción para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos. Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incuso M.A.V.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez Subrogante de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs.09/26, del presente incidente, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
SM
Dr. MARCELO H. BERSANELLI JUEZ SUBROGANTE Juez de Recursos 1ª Circ. Judicial GABRIELA RENEE PHILLPOTT Jefa de Despacho A/C SECRETARIA
Fin de la sentencia