Abriendo la norma
TOMO CXLX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9445 FOLIO Nº 013/017 PROT. ELECT. JR101294I.251
Río Gallegos, 25 de junio de 2025.
La presente causa caratulada: "E.C.R.A. S/ Lesiones Agravadas, Abuso Sexual y Privación ilegítima de la libertad –VG-” (Incidente de Apelación), Expte. Nº 81.790/25 - Apelación/Causa JR Nº 9589/25, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 223/237vta., del presente incidente de apelación, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto 1º) ordenó el procesamiento y la prisión preventiva de C.R.A.E., en orden al delito de “violación de domicilio –cuatro hechos-, daño –dos hechos-, lesiones doblemente agravadas por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por mediar violencia de género –cuatro hechos-, amenazas –cuatro hechos-, privación ilegítima de la libertad agravada y abuso sexual con acceso carnal, todo en concurso real", (arts. 150, 183, 89 y 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11, 149 bis, 142 inc. 1º y 119 primer y tercer párrafos y 55 del CP) y en el punto 2º) trabó embargo por la suma de pesos dos millones ($2.000.000).- Que a fs. 253/255vta., la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 275 se sostuvo el recurso y no habiendo presentado el memorial de agravios del art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos,
Y
I. Que a los efectos de una mejor claridad expositiva a continuación se analizarán cada uno de los agravios de conformidad con el orden propuesto por el apelante. a.- Del mérito de los elementos de cargo: En primer lugar, la defensa se agravia respecto del delito de “lesiones” reprochado al encartado, por cuanto entiende que el certificado médico lo único que aporta es la certeza que la denunciante tenía lesiones, lo que sumado a su relato, no resultan suficientes para tener por acreditada la autoría de las mismas. Asimismo se agravia de la valoración de las declaraciones recabadas a los testigos, en razón que nada aportan para aclarar cómo han sido los hechos enrostrados. Advierte que los relatos de los efectivos policiales resultan estériles al esclarecimiento de los mismos, toda vez que no han presenciado los hechos a través de sus sentidos.
En definitiva se agravia del testimonio único de la víctima con el que se procesa a su representado, sin contar con otra prueba contundente, objetiva e independiente, destacando que no hubo testigos presenciales de ninguno de los hechos denunciados más que el personal policial interviniente en los procedimientos. Respecto de los delitos de “amenazas, privación ilegítima de la libertad y violación de domicilio”, se agravia nuevamente que el procesamiento se sustente en el testimonio único de la denunciante, advirtiendo que existen inconsistencias en el relato, cuestionando su credibilidad. Critica la valoración de los informes periciales psicológicos y psiquiátricos practicados a la denunciante, por no revestir entidad suficiente para tener por acreditada la violencia ejercida en la relación o la identidad del sujeto activo.
Tras efectuar consideraciones doctrinarias, argumenta que la Instrucción omitió dentro de las diligencias preliminares, efectuar la indagación sobre familiares y vecinos directos que tuvieran conocimiento de todos los presuntos hechos de violencia desplegados por su cliente, agraviándose por la ausencia de un análisis integral al analizar las escasas pruebas recabadas, sosteniendo que no se encuentran reunidos los extremos suficientes para arribar al grado de “certeza” de procesar al encausado. Yendo al tratamiento de los agravios formulados por la recurrente, tomando atenta lectura del interlocutorio recurrido como de los agravios planteados por la defensa, consideramos que con los elementos probatorios reunidos hasta el momento estaría suficientemente acreditada la materialidad de los hechos enrostrados y también su autoría, correspondiendo así traspasar la valla del art. 289 del CPP, razón por la que –adelanto-, confirmaremos íntegramente el auto apelado por ser adecuado a derecho.
En este aspecto, la resolución dictada cumple con las prescripciones reguladas en los arts. 115, 116 y 291 del CPP, habiéndose analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional. Explica razonadamente tanto la materialidad de los hechos imputados como la autoría penalmente responsable en orden a los delitos de “violación de domicilio –cuatro hechos-, daño –dos hechos-, lesiones doblemente agravadas por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por mediar violencia de género –cuatro hechos-, amenazas –cuatro hechos-, privación ilegítima de la libertad agravada y abuso sexual con acceso carnal, todo en concurso real", (arts. 150, 183, 89 y 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11, 149 bis, 142 inc. 1º y 119 primer y tercer párrafos y 55 del CP), indica cada una de las piezas probatorias que la sustentan y fundamenta adecuadamente la calificación legal.
En consecuencia se advierte que las consideraciones que constituyen el presente agravio, sólo traducen la disconformidad de la recurrente con el criterio expuesto por el Sr. Juez subrogante, no logrando conmover los argumentos por los cuales se arriba al auto de mérito, pues la discrepancia con la forma en que fueron valoradas las pruebas no constituye un argumento de peso para modificar la decisión de mérito a la que se arribó. Tampoco logra con sus argumentaciones demostrar que el juzgador haya fallado con desapego a las pruebas ni en exceso de jurisdicción. Con esto, entendemos que –contrariamente a lo señalado por la defensa-, el pronunciamiento se ajusta a las constancias probatorias valoradas y, a la luz de la jurisprudencia actual en materia de perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, resultando suficientes en esta instancia procesal para disponer el procesamiento del imputado.
Es que para arribar al auto de procesamiento el a quo valoró los informes de inicio de actuados e informes policiales y ampliación de términos preventivos, las denuncias de L y sus ampliaciones, el acta de aprehensión, las declaraciones testimoniales de A., B, y T., las actas de notificación de E., el examen médico de E., el acta de secuestro de elementos con secuencias fotográficas, el certificado médico de L., el acta de inspección ocular y su croquis ilustrativo, el examen médico de L., el Oficio 057-DG.CRIM.RG-SG/25 y cd con secuencias fotográficas, las secuencias fotográficas, el informe de riesgo de la OVD, las actuaciones del Juzgado de Familia Nro. Tres y la pericia psicológica de E.
Es por ello que llama la atención de la Alzada que la defensa se agravie de la valoración de “los informes periciales psicológicos y psiquiátricos practicados a la denunciante”, alegando que no revisten entidad suficiente para procesar a su asistido, toda vez que la pericia psicológica de fs. 220/221 pertenece justamente a su representado, lo que fue valorado por el a quo a fs. 233/233vta.; motivo por el cual no abordaremos este cuestionamiento por lucir desajustado a las constancias obrantes en el legajo. Más aún, observamos que, en el considerando I) el Sr. Juez de grado aclaró que en mérito a las constancias probatorias incorporadas a la causa, surge que los hechos investigados se enmarcan en un contexto específico vinculado a la violencia de género, por lo que advertimos sin dificultad que la valoración del plexo probatorio llevada adelante por la Instrucción fue realizada a la luz de la sana crítica racional bajo el enfoque de género que exigen los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
En efecto, advertimos que, por el contrario a lo aseverado por la defensa, el auto de procesamiento no se apoya en el testimonio único de la denunciante, sino que es producto de la valoración armónica de otras piezas probatorias que, por ser contestes y concordantes, robustecen el valor conviccional del relato de la damnificada. Por otra parte, el agravio referido a supuestas “inconsistencias” en el relato de la denunciante, por las que “cuestiona” su credibilidad, no prosperará en función que se trata de una mera afirmación de la defensa sin señalar los puntos inconsistentes a que apunta y, muy por el contrario, esta Alzada entiende que su testimonio luce sin fisuras, lo ha sostenido en el tiempo frente a diferentes interlocutores y obran elementos que lo dotan de verosimilitud y robustecen su poder convictivo.
Tampoco obtendrán favorable acogida, las aisladas críticas de la defensa dirigidas a determinados elementos probatorios en particular, como las que efectúa respecto de las declaraciones del personal policial, pues éstos relatos, no sólo vienen a reforzar la versión de los hechos aportada por la damnificada, sino que fueron ponderados junto al resto de los elementos antes reseñados (tales como el acta de inspección ocular y el croquis ilustrativo, el certificado médico, las secuencias fotográficas, por enumerar algunos). En este sentido, recordemos que: “…Los indicios y las presunciones no pueden ser atacados individualmente, de modo de ir invalidándolos uno a uno y evitando su valoración articulada y contextual dentro del plexo probatorio, pues la fuerza de las segundas radica en el correcto silogismo que lleva de los indicios a los hechos indicados que surgen mediante un proceso lógico de inferencias y deducciones, llevando a una conclusión con un alto grado de univocidad a partir de una valoración conjunta y no aislada coincidente con las reglas de la lógica y de la experiencia…” (Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, Sala IV; 16/09/1999; R., B.
F.; LLLitoral 2000, 810, Cita: TR LALEY AR/JUR/936/1999). Asimismo esta instancia revisora ya se ha expedido en casos similares al que nos ocupa, donde los hechos se suelen llevar a cabo en ámbitos privados, alejados de terceros. Así hemos sostenido que las pruebas necesariamente se deben complementar con las expresiones de quienes, pese a no haber presenciado los episodios, tomaron conocimiento de ellos por dichos de la propia víctima, los que al ser reproducidos de manera coincidente, despejan toda duda acerca de una presunta mendacidad. Este mismo criterio, ha sido sustentado por nuestro máximo Tribunal provincial, al señalar que: “…Concretamente, con relación a los dichos de la damnificada se ha sostenido que en atención al ámbito en que por lo general se desarrollan esta clase de delitos, el testimonio de la víctima cobra un papel fundamental.
Se ha señalado que ante la inexistencia de testigos presenciales del hecho, el juzgador debe basarse en los dichos de la víctima y en el de las personas que tomaron conocimiento mediante sus dichos...” (Tribunal Superior de Justicia; Secretaría Penal; Interlocutorio Nº: 012; Recurso de casación; 08/03/12; autos: “A.R. s/ secuestro calificado abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y desobediencia todo en c/r entre sí y A.H.S. s/ secuestro calificado”, Expte. Nº 3707 (A-686/11/T.S.J.). En cuanto al cuestionamiento referido a que no se hubiera efectuado una indagación vecinal o de familiares que tuvieran conocimiento de los hechos, cabe considerar que si la defensa entendía que dicha prueba era pertinente o útil, debió requerir su realización (art. 190 del CPP), lo cual no ocurrió y es por ello que este agravio resulta impertinente.
De igual forma, rechazaremos el agravio relativo a la ausencia de “certeza” respecto de la autoría de los hechos, pues ella no es requerida en esta instancia. Así lo ha sostenido la doctrina al señalar que: “… el procesamiento no requiere la certeza que reclama la sentencia de condena, basta con la probabilidad de su existencia futura en la realidad como resultado del procedimiento judicial [...] la ley sólo exige un juicio de probabilidad, que basta para seguir adelante… y provocar la apertura del procedimiento principal..." (Maier, Julio B.J.; "Derecho Procesal Penal"; Editores del Puerto; 2011; T. III; pág. 360). En virtud de todo lo expuesto, rechazaremos este primer agravio. b.- De la prisión preventiva: En segundo lugar, la defensa se agravia del encierro cautelar de su asistido, sosteniendo que las medidas cautelares de coerción personal deberán ser dictadas con el máximo de prudencia, procurando evitar caer en extremos en los que la conviertan en una verdadera pena anticipada, como en el caso de marras.
Rechaza que la posible intención del imputado de evadir el accionar de la justicia o de entorpecer el curso de la investigación, pueda ser analizada valorando la severidad de la pena conminada en abstracto o en función del auto de procesamiento, pues no es una condena. Asevera que el criterio sustentado en la resolución sobre este punto, hace letra muerta a los mandatos constitucionales, pues el hecho de estar sospechado de la comisión de un delito, no constituye per se una circunstancia que acredite la posible fuga ni su responsabilidad en el mismo hasta tanto recaiga una sentencia firme por un juez competente que así lo disponga. Por ello, se trata de una decisión inconstitucional y arbitraria de las normas que rigen el derecho de libertad ambulatoria del imputado.
Pues bien, en respuesta a este agravio es dable señalar que la prisión preventiva fue debidamente abordada y motivada por el Sr. Juez Subrogante luego de disponer el procesamiento, sin advertir en sus fundamentos una interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas nacionales e internacionales que rigen el principio de inocencia y del debido proceso. En este aspecto, no compartimos con la defensa que se trate de un adelantamiento de pena. Se observa que en primer lugar la Instrucción tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar que el imputado ha participado de los ilícitos que se le reprochan con pena privativa de la libertad; con lo cual se ve reducida la expectativa de resolución favorable y consecuentemente tuvo objetivamente incrementados los riesgos procesales.
Asimismo hizo mención a la gravedad de los delitos investigados y a la pena conminada en abstracto de las figuras penales que se le reprochan, para el caso de recaer condena en la presente causa, que sería de cumplimiento efectivo, resultando ser un indicador más de riesgo procesal, al constituir un indicio importante de posibilidad de fuga frente a la penalidad a aplicarse. Es por ello que concordamos en que puede razonadamente presumirse que, en caso de recuperar la libertad, el encartado podría entorpecer la investigación y/o darse a la fuga, frente a la posibilidad cierta que recayera una condena en su contra, ya que ésta sería de cumplimiento efectivo. Cabe recordar que es criterio de esta Alzada que: “…se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia…” (Confr. autos caratulados: “M.J.E.
S/ ROBO”, Expte. Nº 26.599/24, Apelación Nº 9257/24 y autos caratulados: "N.H.O. S/ Robo Agravado”, Expte. Nº 10.131/25 - Apelación/Causa JR Nº 9487/25). Es así que compartimos con la Instrucción que no resultan viables en el caso concreto otras medidas alternativas al encierro cautelar, pues el propio accionar del encartado denota su total desapego a la ley. Observamos que el Sr. Magistrado dejó asentado que, conforme las constancias obrantes en el legajo, el incuso registra un procesamiento firme decretado por el Juzgado de Instrucción Nro. Tres local, por hechos de similares características a los aquí investigados y en los que se impuso la obligación de asistir al taller de habilidades para la vida desde la perspectiva de los derechos humanos de la Secretaría Provincial de DDHH.
Del mismo modo explicó que del accionar del imputado resulta una clara peligrosidad procesal, lo que le hace presumir que podría obstaculizar el accionar de la Justicia intimidando a la víctima, con lo cual el fundamento del encierro provisorio radica en la aplicación del principio de la debida diligencia reforzada en atención a la vulnerabilidad de la víctima que se proyecta sobre el proceso, imponiéndose su protección para garantizar la indemnidad como prueba fundamental conforme el contexto de violencia de género de los hechos reprochados. Dicho esto, se concuerda con la Instrucción en que los hechos investigados se enmarcan dentro del fenómeno de “violencia de género”, en cuya erradicación se encuentra seriamente comprometido el Estado Argentino, imponiéndose la actuación con la debida diligencia reforzada, debiéndose proteger a las víctimas portadoras del elemento de prueba fundamental en casos como el que se ventila.
La resolución que se intenta atacar evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención Belem do Para”, “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional. Es así que se concluye razonadamente que los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento procesal se ven incrementados en el caso concreto, a lo que se adiciona la solidez de las piezas probatorias incorporadas al legajo, todo lo cual que contribuye a edificar un peligro procesal de significativa entidad, verificándose de esta manera, los requisitos constitucionales de excepcionalidad, proporcionalidad y necesariedad.
Esta Alzada ya se ha expresado en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. El derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa.
Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245). Se advierte que el a quo evaluó correctamente la peligrosidad que el sujeto activo demostró con su conducta concreta en los hechos objeto de investigación, logrando acreditar que el riesgo de entorpecimiento procesal no es evitable más que con la medida cautelar de prisión preventiva decretada, resultando el pronunciamiento dictado sobre la prisión preventiva, ajustado a derecho y debidamente fundado, no conculcando las garantías constitucionales y principios jurídicos que rigen la materia.
Por otro lado, esta Alzada advierte que el imputado no ha sobrepasado en detención cautelar el límite establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como plazo razonable de la prisión preventiva. Es por todo lo analizado que homologaré la prisión preventiva dispuesta a C.R.A.E.. c.- Del embargo: Por último la defensa se agravia por el monto del embargo impuesto, estimándolo excesivo, en tanto no escapa al conocimiento de la Instrucción que al imputado le resulta imposible afrontar su pago ni cuenta con bienes a ofrecer para cubrir dicha suma, por lo que necesariamente derivará en la inhibición general de sus bienes, constituyendo un daño innecesario. Por ello solicita se revoque la resolución en este punto impugnado.
Ahora bien, habiendo quedado descartados a través del análisis de los considerandos que anteceden los agravios relativos al mérito de los elementos de cargo y prisión preventiva, corresponde abocarnos al estudio de los fundamentos del Sr. Magistrado Subrogante al decretar el embargo preventivo. Al respecto entendemos que la solicitud no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento, el magistrado debe ordenar también el embargo de bienes del imputado. En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D.
Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009). Asimismo, cabe mencionar que -en coincidencia con lo manifestado por otros tribunales-, entendemos que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Frente al agravio de la defensa concretamente corresponde aclarar que, el monto del embargo cautelar, sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse –llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso. Es en razón de ese monto que no puede descartarse la aparición de un actor civil que pretenda una indemnización. Por lo demás, tampoco deben soslayarse las disposiciones de los artículos 29 y 30 del Código Penal en relación a la posibilidad de que una sentencia condenatoria ordene la reposición al estado anterior a la comisión del delito; la indemnización del daño y, finalmente, el pago de las costas, en ese orden.
Y del análisis de la resolución no se advierte que la medida dispuesta sea arbitraria por ausencia de fundamentación, toda vez que surge a fs. 236, en el considerando IV) que el Magistrado dio las pautas por las que entendía adecuado establecer el monto del embargo en la suma de dos millones de pesos ($ 2.000.000.-). Es por ello que el embargo decretado en la suma impuesta, no luce irrazonable teniendo en cuenta el ilícito endilgado y su modalidad de comisión, motivo por el cual confirmaremos también el monto del embargo dispuesto, por resultar adecuado a derecho. II) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
III. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web. Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos, RESUELVO: 1º)- CONFIRMAR el auto glosado a fs. 223/237vta., del presente incidente de apelación, por los motivos expuestos en los considerandos que anteceden. 2º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE. 3º)- Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia