Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el auto de fs. 05/13vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
TOMO CLVII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9850 FOLIO Nº 049/052 PROT. ELECT. JR101699I.261
Río Gallegos, 26 de enero de 2026.-
Los presentes autos caratulados “M.P. S/ Tenencia Ilegal de Arma de Fuego” - Expte. Nº 17.162/25 - Apelación Nº 9983/25, venidos a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 05/13vta., del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil con asiento en la localidad de Pto. San Julián, que en su punto 1º) ordenó el procesamiento con prisión preventiva del imputado P.D.M. en orden al delito de “Resistencia a la autoridad” (Art. 239 del CP). A fs. 19/20 la defensa apeló dicho auto -motivándolo-, recurso que fuera sostenido a fs. 24, sin haber presentado el memorial de art. 437 de CPP. En consecuencia quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
I. Seguidamente se abordarán los agravios propuestos por la parte defensora.
1. Se agravia el recurrente (en su punto A) por la ausencia total de conducta, violenta o intimidatoria. Plantea que ninguno de los elementos reunidos permite sostener que su defendido haya realizado una conducta violenta o de oposición activa. Que no existió forcejeo, golpes, ni intento alguno de impedir materialmente el accionar policial; como tampoco hay lesiones en los funcionarios policiales a cargo del procedimiento. Finalmente indica que no se secuestraron elementos que indiquen agresividad. Alega el recurrente (ítem B) que la intervención policial se originó en la supuesta aportación de arma de fuego, imputación respecto de la cual se dictó sobreseimiento firme.
Explica, que el procedimiento policial carecía de causa legítima inicial, por lo que cualquier “obediencia debida” exigible al ciudadano se ve debilitada. Que la eventual tensión generada en ese contexto, no puede ser utilizada penalmente contra el imputado. En consecuencia señala que la resistencia a la autoridad no puede subsistir cuando el origen mismo de la intervención es objetivamente infundado, agregando que la conducta típica exige una orden legítima, fundada de un acto regular; y entiende que de lo contrario, se desdibuja el bien jurídico protegido. También se agravia la defensa por la inexistencia de dolo (acápite C), indicando que no hay ningún elemento que permita afirmar dolo de impedir u obstaculizar el accionar policial, todo en un contexto en el que, a su entender, no existía delito alguno vinculado al arma, ya que esta no era idónea.
Daremos inicio al abordaje de este agravio indicando que es criterio de esta Alzada, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. Esa postura se encuentra asentada en las Apelaciones Nº 8013/22, 8370/23, 8190/23, 8751/24, entre otras. Asimismo, a nivel Nacional se dijo: “...no debe olvidarse que la resolución de mérito en los términos del art. 306 del código de rito constituye una pronunciamiento meramente provisional, que no causa estado y que resulta reformable, aún de oficio, en cualquier momento de la instrucción ante la incorporación de nuevas pruebas…” (Cámara Federal de Rosario - Sala A - caratulados “Legajo de Apelación en L, AR S/Infracción Ley 23.737 (ppal. R, N)” - Expte. Nº FRO 43206/2017/9/2/CA5- 06/11/2020). Sin embargo, y a fin de evacuar dudas, advertimos que la Instrucción explicó con sólidos fundamentos -haciendo referencia concreta al contenido de cada una de las pruebas glosadas a la causa-, la razón que la llevó a encuadrar el hecho en función de lo previsto por el art. 239 del Código Penal, provisoriamente calificado como “Resistencia a la Autoridad”.
Siguiendo esta línea, debo decir que no compartimos las apreciaciones que efectúa la defensa, por cuanto el pronunciamiento del Sr. Juez de Instrucción se presenta racional y fundado íntegramente en las pruebas producidas en el legajo, las cuales fueron analizadas de manera conjunta y a la luz de la sana crítica racional, permitiéndole concluir que revisten entidad suficiente con el grado de probabilidad que la instancia requiere para emitir el juicio de valor incriminatorio respecto de P.M. En efecto, el Magistrado sustenta su resolución en la valoración concatenada del informe de novedad de fs. 01/vta., el acta de requisa vehicular de fs. 04/05, la declaración testimonial de la Sra. C. a fs. 13/vta., las declaraciones de los agentes policiales a fs. 14/vta., 15/vta., 16/vta., los informes de la DDI -de secuencias fílmicas- de fs. 33/36 y 46/48, el Cd. de fs. 49, el informe de fs. 74, el informe pericial de fs. 85/91, entre otros; concluyendo razonadamente que se trata de pruebas e indicios lo suficientemente precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditado los hechos investigados y conectar -con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado P.M. con las mismas. Es dable señalar que, de los elementos analizados, surge que la dueña del bar dio aviso a la policía al advertir que el imputado poseía un arma de fuego. En ese contexto, los agentes intervinieron, coincidiendo en sus declaraciones en que el imputado ingresó a su vehículo y se negó a descender pese a la orden impartida por el personal policial, intentando darse a la fuga al dar marcha atrás con el rodado. Dicha maniobra no pudo concretarse debido a que los efectivos colocaron un móvil policial detrás del vehículo, impidiendo su huida. De esa manera logró tener, en principio, por comprobado que P.M. habría desacatado las órdenes impartidas por los agentes policiales, quienes en aquel momento se encontraban abordando un hecho con arma de fuego. Es así, que el agravio mediante el cual la defensa alega que no existió una conducta de oposición activa por parte de su defendido, como el agravio de la inexistencia de dolo, quedan descartados.
En este mismo sentido, queda claro que, el hecho que se le haya otorgado el sobreseimiento al incuso por delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, no invalida el delito de resistencia la autoridad por el que se encuentra procesado, toda vez que, tal como lo indicó el Agente Fiscal a fs. 96, en un principio resultó lógico sostener que el arma secuestrada tenía capacidad ofensiva. En consecuencia, el alegato mediante el cual el recurrente indica que la obediencia debida carece de causa legítima inicial también se descarta, ello teniendo en cuenta, además, que los agentes actuaron de conformidad con finalidad preventiva de la ley penal. Cabe recordar a la defensa que esta Alzada comparte el criterio que entiende que: “...El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...”. (Clariá Olmedo, J. A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). En otras palabras, para el dictado de esta resolución de procesamiento: “...basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; 08/06/2010; “A.R.M. y otro”; Cita: TR LALEY 70061334).
Es por ello que concordamos con la Instrucción que los elementos de cargo valorados en conjunto revisten entidad suficiente para convalidar el auto de procesamiento en cabeza del encartado, rechazando este primer agravio.
2. Finalmente, plantea exceso y arbitrariedad de la prisión preventiva.
Explica la defensa que, con el sobreseimiento por portación la única imputación vigente es la resistencia a la autoridad, delito de mínima lesividad y escasa incidencia en términos de expectativa de pena, comúnmente excarcelable y susceptible, incluso de normas de oportunidad. Que frente a este cuadro, sostener un peligro de fuga o entorpecimiento, es contrario a la experiencia y a la proporcionalidad. Asimismo, señala que la resolución recurrida omite explicar cuál sería el riesgo concreto de fuga, por qué no sirven las medidas menos gravosas, ni cómo podría “entorpecer una investigación prácticamente cerrada. Ahora bien, analizando este agravio relativo al encarcelamiento preventivo del imputado entendemos que, pese al loable intento de la defensa por mejorar la situación procesal de su asistido, no prosperará.
Ello por cuanto la prisión preventiva fue debidamente abordada y motivada por la Instrucción luego de disponer el procesamiento del encartado, sin advertir que la decisión afecte los derechos de defensa, ni que constituya una pena anticipada.
En efecto, la Instrucción explicó -a fs. 11vta.- que los antecedentes condenatorios de M., obrantes a fs. 79/84, excluyen la posibilidad de la libertad anticipada, y que, ante una eventual condena en esta causa le impediría al incuso acceder al beneficio de la condicionalidad de la condena, por lo que entendió objetivamente incrementados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación en el caso concreto.
En suma, la Instrucción consideró al encartado como sujeto con peligrosidad procesal, indicando que de mantener su libertad se pondrían en riesgo los fines del proceso.
Esta Alzada concuerda con la Instrucción en que de los elementos obrantes en la causa, puede razonadamente presumirse que, en caso de recuperar la libertad, el encartado podría darse a la fuga y/o entorpecer el avance del proceso, frente a la posibilidad cierta que recayera una condena en su contra, ya que ésta sería de cumplimiento efectivo.
Cabe recordar que es criterio de esta Alzada que: “…se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia…” (Confr. autos caratulados: “M.J.E. S/ ROBO”, Expte. Nº 26.599/24, Apelación Nº 9257/24 y autos caratulados: "N.H.O. S/ Robo Agravado”, Expte. Nº 10.131/25 - Apelación/Causa JR Nº 9487/25). Asimismo entendemos que la resolución evidencia un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., que rigen la materia, pues: “…La incorporación de los pactos internacionales sobre derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN), ha generado un marco de máxima jerarquía normativa para la consideración del encierro del imputado como medida de estricto orden cautelar, al establecerse (…) que el encarcelamiento durante el proceso tiende a asegurar “… la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo…” (art. 9.3 PIDCyP). Esta sede revisora ya se ha expresado en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones, como lo acontecido en el caso de marras.
El derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa.
Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245).
En el caso que nos ocupa, concordamos en que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para asegurar los fines del proceso y lograr la aplicación de la ley. Como vemos, el planteo de la defensa no alcanza a conmover los argumentos dados por el Magistrado en su resolución, sino que en definitiva, luce como una disconformidad con la privación de libertad dispuesta, deviniendo infundado.
Por todo lo expuesto, si bien el apelante no comparte los argumentos invocados por el Sr. Juez, en el auto recurrido se señalaron detalladamente las razones por las que se ordenaba la medida cautelar, cumpliendo el auto dictado acabadamente con las prescripciones establecidas en los arts. 116 y 295 del CPP.
Es por ello que homologaremos la prisión preventiva dispuesta a P.D.M. toda vez que se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Jueza Subrogante de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 05/13vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
Dra. CECILIA LOPEZ JUEZA SUBROGANTE Juez de Recursos 1ª Circ. Judicial GABRIELA RENEE PHILLPOTT Jefa de Despacho A/C SECRETARIA
Fin de la sentencia