Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello solicita se revoque este punto del auto atacado. Que, en relación a este punto de agravio, entendemos que no constituye una crítica razonada, y en consecuencia la solicitud no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento, el magistrado debe ordenar también el embargo de bienes del imputado. En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D.
Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009). Asimismo, cabe mencionar que -en coincidencia con lo manifestado por otros tribunales-, entendemos que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. …
TOMO CLI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9545 FOLIO Nº 194/197 PROT. ELECT. JR101394I.251
Río Gallegos, 13 de agosto de 2025.
La presente causa caratulada: “S.P.I. S/ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA”, Expte. Nº 82.241/25, Apelación JR Nº 9713/25, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 70/75, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto 1º) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de P.I.S. en orden al delito de “robo calificado por el uso de arma" (art. 166 inc. 2º del CP) y en el punto 2º) trabó embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de pesos un millón ($1.000.000); a fs. 79/82 la defensa apeló dicho auto –motivándolo-, recurso que fuera sostenido a fs. 18 -del presente incidente-, no habiéndose presentado el memorial de agravios. En consecuencia quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Y
I. Que seguidamente se abordarán cada uno de los agravios interpuestos por la defensa del imputado, respetando el orden propuesto en el escrito recursivo. 1.- De la calificación legal: En primer lugar, la defensa se agravia por la figura legal en la que se subsume el hecho investigado, por estimar que se ha agravado injustamente la situación procesal en perjuicio de su representado, tras haber arrojado resultado negativo el allanamiento practicado, donde no se procedió al secuestro de ningún tipo de arma, de manera tal que tampoco se encuentra acreditada la supuesta idoneidad del arma, por no haberse dado con ella. Es por ello que, dada la ausencia de elementos objetivos que acrediten la existencia y operatividad del arma real, solicita se desestime la agravante del art. 166 inc2 del CP, debiendo adecuarse la calificación legal al tipo básico del art. 164 o, en su caso, al art. 166 inc1º del CP si mediara algún otro agravante debidamente acreditado, sin violar el principio de legalidad penal.
Bajo este acápite se agravia igualmente por la orfandad probatoria y la carencia de sustento del auto recurrido, alegando que las pruebas existentes resultan a todas luces insuficientes para tener acreditada la autoría del encartado, deviniendo en una decisión arbitraria. Pues bien, en respuesta a este primer agravio, adelantamos, no obtendrá favorable acogida. Ello en razón que, con relación a la circunstancia de no haberse logrado incautar el arma que el imputado habría utilizado para perpetrar el hecho que se investiga, a pesar de las diligencias efectuadas, esta Alzada ya se ha pronunciado anteriormente en reiteradas oportunidades dejando expresado que corresponde confirmar el auto de procesamiento por el delito de robo con armas aun cuando esta no haya sido secuestrada, pues respecto de las armas filo cortantes no se exige su imprescindible hallazgo, ya que sus condiciones objetivas para agredir se encuentran ínsitas en su estructura externa y son observables tanto por la víctima como por eventuales testigos.
Con ello, entendemos que yerra la defensa al argumentar sobre la ausencia del arma de fuego y de pericia balística a fin de acreditar su aptitud para el disparo, toda vez que la propietaria de la verdulería afectada, la ciudadana M.A., declaró que momentos antes, un masculino –de quien aporta las características fisonómicas y de vestimenta-, sustrajo la recaudación de la caja registradora mediante amenazas con la utilización de un “elemento cortante, cuchillo”, para posterior huir a pie (confr. fs. 10 y 58). Que llama la atención de esta Alzada las alegaciones de la defensa, en función que de las constancias de la causa se desprende sin dificultad de del rastrillaje practicado en las inmediaciones del lugar del hecho, donde se aprehendió al imputado, se procedió al secuestro del cuchillo tramontina, de similares características al descripto por los testigos de la causa.
De manera concordante declara el cajero y hermano de la propietaria del local comercial, el ciudadano J.L.A., dando cuenta que: “…me desempeño laboralmente como empleado en la verdulería (…), tal es así que en la fecha (…) me encontraba cerca del sector de la caja realizando la limpieza del piso, cuando ingresa un masculino encapuchado, vestido con campera negra con capucha y cuellito, con zapatillas blancas, pantalón gris, el mismo comenzó a pedir plata (…) comenzó a gritar la plata, la plata, me exhibió un cuchillo yo me quedó en shock, me dio tanto miedo que quedé en el lugar con las manos arriba, este masculino se dirigió hacia el sector de la caja y sustrajo todo el dinero de la recaudación del día (…) al momento que esto sucede yo me encontraba con mi compañera “L” (…), en este momento que el masculino retira toda la plata en efectivo de la caja para posterior huir a pie, en este momento que egresa del local, mi hermana A.M.
(…) ingresa al local y se topa con este masculino…” (confr. fs. 11/12 y 60). Asimismo, la Instrucción logró recabar el testimonio de “L”, quien expresó: “…ese día fui a la verdulería (…), después de lo que pasó me asusté mucho y no volví más (…) regresé al salón donde están las verduras estaba este chico, yo pensé primero que era el sobrino de J., me asusté porque lo estaba amenazando (…) le dijo que si no quería problemas que le de la plata (…) Yo no vi el cuchillo, pero el delincuente le decía que tenía un cuchillo, pero yo del susto no vi nada, sólo me quedé parada…”, y por ser conteste y concordante con las declaraciones de M.A. y J.L.A.R., la Sra. Jueza concluyó razonadamente que dotan de verosimilitud y robustecen el valor conviccional de sus testimonios.
Que, en igual sentido se ha expedido la jurisprudencia nacional, entendiendo que: “…En tanto la víctima aseguró que el imputado lo intimidó con un elemento corto punzante en su espalda, corresponde confirmar el procesamiento por el delito de robo con armas aun cuando esta no haya sido secuestrada, pues respecto a las armas filo-cortantes no se exige su imprescindible hallazgo, ya que sus condiciones objetivas para agredir se encuentran ínsitas en su estructura externa y son observables tanto por la víctima como por eventuales testigos...” (cita online, TR LALEY AR/JUR/76186/2016). Del mismo modo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI, ha dicho que: “…La falta de incautación del arma no impide en modo alguno la aplicación de la agravante prevista en el art. 166, inc. 2), del Cód.
Penal…” (cita online LALEY AR/JUR/21947/2013). A mayor abundamiento, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VII, valoró que: “…Corresponde procesar al imputado en orden al delito de robo con armas, pues aún cuando no se secuestró el pico de la botella de vidrio que la víctima relató que utilizó para cometer el atraco, los dichos de éste tienen credibilidad suficiente respecto a la utilización de tal elemento con notable poder vulnerante…” ( cita La Ley Online TR LALEY AR/JUR/5935/2010). Tampoco compartimos las apreciaciones de la defensa cuando cuestiona el mérito de los elementos de cargo por los que la Sra. Jueza de grado tuvo por acreditada la autoría en cabeza del encartado, ello por cuanto la Instrucción valoró a la luz de la sana critica racional y de manera conjunta: el informe de inicio de actuados, los informes de novedad de servicio, el acta de aprehensión, las actas de secuestro, el acta de inspección ocular y croquis ilustrativo, las declaraciones testimoniales de M.A., J.L.A.R., F.G., F.A.M., H.B.D., C.D.G. y L.S.C.T., y el informe del personal especializado de la División Comisaría Cuarta –por enumerar algunas de las piezas procesales más relevantes-; concluyendo razonadamente que robustecen el relato de M.A., J.L.A. y L.S.C.T., tratándose de pruebas e indicios lo suficientemente graves, precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditado el hecho investigado y conectar –con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado P.I.S. con las mismas.
De esta forma, es que la Instrucción logró tener por acreditado prima facie que el imputado hubo de huir a pie de la verdulería con el dinero de la recaudación del día, siendo aprehendido por el personal policial en las inmediaciones del lugar del hecho, conforme la descripción del mismo efectuada por los testigos por guardar correspondencia fisonómica y de vestimenta, y de la requisa personal efectuada se logró secuestrar la suma de dinero ciento setenta mil ($170.000) y cincuenta y tres mil quinientos pesos ($53.500), así como del rastrillaje en las inmediaciones se logró secuestrar un cuchillo tramontina, de tamaño mediano en la vereda. Por todo lo expresado este primer agravio queda descartado. 2.- De la prisión preventiva: En segundo lugar la defensa se agravia del encarcelamiento cautelar de su asistido, alegando que no comparte con la a quo que haya mérito sustantivo para sujetar a su asistido al proceso y, asimismo rechaza que se encuentren comprobados los riesgos procesales en el caso concreto.
Es por ello que entiende que se trata de una decisión arbitraria y contraria a los estándares nacionales e internacionales que justifican la prisión preventiva. Ahora bien, habiendo quedado descartado el agravio relativo a la autoría y a la calificación legal, seguidamente analizaremos el agravio relativo al encarcelamiento preventivo del imputado. Al respecto adelantamos que no prosperará. Ello por cuanto la prisión preventiva fue debidamente abordada y motivada por la Instrucción luego de disponer el procesamiento del encartado, sin advertir en sus fundamentos una interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas nacionales e internacionales que rigen el principio de inocencia y del debido proceso, mucho menos que la decisión afecte los derechos de defensa, ni que constituya una pena anticipada como alega el recurrente.
Advertimos que, en primer lugar, la Instrucción tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar -en grado de probabilidad- que el imputado ha participado del ilícito que se le reprocha con pena privativa de la libertad; con lo cual tuvo por reducida la expectativa de resolución favorable y, consecuentemente, entendió objetivamente incrementados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación en el caso concreto. Veamos, la Instrucción valoró concretamente que, el riesgo de fuga se encuentra razonadamente sustentado de la misma prueba obrante en el legajo, de la que se desprende la clara peligrosidad procesal del imputado, el monto de la pena conminado en abstracto de la figura reprochada, que permite presumir que en caso de recaer condena en el presente legajo, la misma será de cumplimiento efectivo, siendo que, a su vez, conforme surge de fs. 42, el incuso se encuentra sujeto a otro proceso penal ante la Excma.
Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial. Esta Alzada concuerda con la Instrucción en que de los elementos obrantes en la causa, puede razonadamente presumirse que, en caso de recuperar la libertad, el encartado podría darse a la fuga y/o entorpecer el avance del proceso, frente a la posibilidad cierta que recayera una condena en su contra, ya que ésta sería de cumplimiento efectivo. Cabe recordar que es criterio de esta Alzada que: “…se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia…” (Confr. autos caratulados: “M.J.E. S/ ROBO”, Expte.
Nº 26.599/24, Apelación Nº 9257/24 y autos caratulados: "N.H.O. S/ Robo Agravado”, Expte. Nº 10.131/25 - Apelación/Causa JR Nº 9487/25). Por otra parte la Sra. Jueza de grado valoró que, en función de la violencia desplegada al momento de cometer el delito investigado, se encuentra incrementado el riesgo de entorpecimiento del avance del proceso, pudiendo interferir en el curso normal de la investigación en miras a un futuro juzgamiento, mediante conductas intimidatorias a los damnificados y testigos. Con lo cual el fundamento del encierro cautelar radica en la aplicación de las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional, y del principio de la debida diligencia reforzada, concordando con la Instrucción que no resultan viables en el caso concreto otras medidas alternativas al encierro cautelar, pues el propio accionar del encartado denota su total desapego a la ley.
Asimismo entendemos que la resolución evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., que rigen la materia, pues: “…La incorporación de los pactos internacionales sobre derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN), ha generado un marco de máxima jerarquía normativa para la consideración del encierro del imputado como medida de estricto orden cautelar, al establecerse (…) que el encarcelamiento durante el proceso tiende a asegurar “… la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo…” (art. 9.3 PIDCyP). Esta sede revisora ya se ha expresado en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones, como lo acontecido en el caso de marras.
El derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa. Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245). En el caso que nos ocupa, concordamos con la Instrucción en que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para asegurar los fines del proceso y lograr la aplicación de la ley.
Como vemos, el planteo de la defensa no alcanza a conmover los argumentos dados por la Magistrada en su resolución, sino que en definitiva, luce como una disconformidad con la privación de libertad dispuesta, deviniendo infundado. Por todo lo expuesto, si bien el apelante no comparte los argumentos invocados por la Sra. Jueza a quo, en el auto recurrido se señalaron detalladamente las razones por las que se ordenaba la medida cautelar, cumpliendo el auto dictado acabadamente con las prescripciones establecidas en los arts. 116 y 295 del CPP. Es por ello que homologaremos la prisión preventiva dispuesta a P.I.S.., toda vez que se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa. 3.- Del monto de embargo: En tercer lugar la defensa se agravia del excesivo monto de embargo impuesto, en tanto no escapa al conocimiento de la quo que el imputado no cuenta con ingresos suficientes ni con bienes como para cubrir dicha suma, con lo cual la medida necesariamente conducirá a su inhibición general de bienes, ocasionándole a su asistido un daño innecesario.
Por ello solicita se revoque este punto del auto atacado. Que, en relación a este punto de agravio, entendemos que no constituye una crítica razonada, y en consecuencia la solicitud no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento, el magistrado debe ordenar también el embargo de bienes del imputado. En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D.
Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009). Asimismo, cabe mencionar que -en coincidencia con lo manifestado por otros tribunales-, entendemos que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Frente al agravio de la defensa concretamente corresponde aclarar que, el monto del embargo cautelar, sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse –llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso. A su vez, del análisis de la resolución no se advierte que la medida dispuesta sea arbitraria por ausencia de fundamentación, toda vez que surge a fs. 74vta., en el considerando V), que la Magistrada dio las pautas por las que entendía adecuado establecer el monto del embargo en la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000.-).
Es por ello que el embargo decretado en la suma impuesta, no luce irrazonable teniendo en cuenta el ilícito endilgado, su modalidad de comisión y el perjuicio que dicha conducta hubiere ocasionado, motivo por el cual confirmaremos también el monto del embargo dispuesto, por resultar adecuado a derecho. II) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos. III) Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web. Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR INTEGRAMENTE el auto de fs. 70/75, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante sne. 3º)- Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.-
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia