Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, si bien el apelante no comparte los argumentos invocados por la Sra. Conjueza, en el auto recurrido se señalaron detalladamente las razones por las que se ordenaba la medida cautelar, cumpliendo el auto dictado acabadamente con las prescripciones establecidas en los arts. 116 y 295 del CPP. Es por ello que homologaremos la prisión preventiva dispuesta a M.E.D. toda vez que se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa. II) Perspectiva de derechos:
TOMO CLVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9816 FOLIO Nº 144/153 PROT. ELECT. JR101665I.251
Río Gallegos, 12 de diciembre de 2025.
La presente causa caratulada: “DIV. CRIA. YAC. RÍO TURBIO S/INV. HOMICIDIO AGRAVADO POR EL VÍNCULO", Expte. Nº 19.031/25 - Apelación JR Nº 9895/25, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 430/452 del presente incidente, obra glosado el auto dictado por la Sra. Conjueza del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, quien en el punto 1º) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de M.E.D. en orden al delito de “homicidio agravado por haber mantenido una relación de pareja" (art. 79 en función del art. 92 y 80 inc. 1º del CP) y en el punto 2º) trabó embargo sobre sus bienes en la suma de pesos cuatro millones ($4.000.000); a fs. 473/476 del presente incidente, defensa apeló dicho auto –motivándolo-, recurso que fuera sostenido a fs. 484 –del presente incidente-, no habiéndose presentado el memorial de agravios. Que a fs. 481/483vta., la Fiscalía de Cámaras hubo de dictaminar, quedando en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Y
I. Que seguidamente se abordarán cada uno de los agravios que componen el escrito recursivo respetando el orden ofrecido por la recurrente. 1.- De la arbitrariedad del pronunciamiento. Ausencia de perspectiva de género: En primer lugar, la defensa se agravia del auto recaído por carecer de sustento legal y razonabilidad, defectos que lo privan de fundamento, lo convierten en arbitrario y, por ello, en violatorio de la garantía de la defensa en juicio. Advierte una carencia de fundamentación argumentando que las medidas administrativas y judiciales adoptadas no reúnen la perspectiva de género que debe imperar en autos, a la luz de las previsiones normativas de la CEDAW, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer y de la ley 26.485.
Insiste en que el procesamiento contiene una valoración sesgada e incriminatoria, descontextualizada de la prueba, desvinculando del análisis condiciones muy relevantes, como por ejemplo los “numerosos intentos de suicidio” narrados por la propia familia del occiso. Argumenta que en los considerandos del resolutorio hay una ausencia de análisis adecuado y cauteloso que describa las pruebas obtenidas en la investigación, tratándose de un pronunciamiento prematuro en función de las pruebas pendientes, evidenciando discriminación y desigualdad de género en contra de su asistida. Reclama que tampoco se expuso una metodología para evitar la perpetuación de estereotipos y roles de género, lo cual es un error de fundamentación legal.
Es por ello que denuncia la violación de las reglas de la sana critica racional, del principio de in dubio pro reo, la ausencia de perspectiva de género, la afectación del principio pro homine, de la presunción de inocencia y demás derechos y garantías que asisten a su pupila procesal. Concretamente se agravia de la manifestación que surge de fs. 27 (en referencia a la declaración testimonial del Sr. C.A.P., hermano del occiso), cuando da cuenta que la agente femenino de la Autoridad Preventora expresa: “…no toquen nada porque esto es raro…”, por tratarse de una valoración personal ajena a sus funciones, sabiendo desde el inicio que sólo se encontraban en el lugar del hecho su asistida y, quien en vida fuera su pareja, G.N.P..
De ello infiere que la agente policial con sus expresiones personales ha inducido y direccionado las posteriores declaraciones del personal policial presente. Y concluye que aun cuando esas declaraciones fueran suprimidas, resultaron gravemente discriminatorias para su representada, quien angustiada y nerviosa, se encontraba recién transcurriendo las primeras diligencias para esclarecer la verdad de los hechos. Asimismo se agravia de las pruebas de hisopado vaginal y anal efectuadas a su asistida, cuestionando si tales medidas probatorias se hubieran ordenado y recolectado de igual manera si el sospechado hubiese sido un sujeto masculino. Postula que lo acontecido constituye un hecho de violencia institucional grave contra la mujer que, como tal, debe ser analizada en el marco de la Convención de Belém Do Pará, ratificada por ley 24.632, cuyas previsiones obligan especialmente a los poderes de la República a prevenir, investigar y sancionar adecuadamente hechos como el aquí relatado.
Analiza que el desacierto y lo invasivo de las pruebas ordenadas se funda en que la imputada no manifestó haber tenido o mantenido en las horas antes del deceso relaciones sexuales con el fallecido y que por ello constituye un hecho de violencia institucional. Agrega que en el auto atacado la Magistrada interviniente omite mencionar las muestras referidas y explicar por qué tales pruebas fueron ordenadas, ignorando el deber del Estado de incurrir en prácticas revictimizantes. En resumen, la defensa describe que, el haber tomado muestras de hisopado vaginal y anal a su asistida, constituyó una falta de respeto a su dignidad, una exposición vergonzosa y una clara manifestación de un obrar con violencia institucional, habiéndola sometido innecesariamente a una situación altamente lacerante, ineficiente e ineficaz, que nada revelan respecto de un homicidio agravado por el vínculo.
Por todo lo expresado la defensa asevera que en autos no se logró el grado de certeza que requiere el pronunciamiento que impugna, sustentado en la sesgada valoración de la incompleta prueba colectada, lo cual resiente su motivación, solicitando su nulidad. Ahora bien analizando este primer agravio introducido por la defensa de la imputada, adelantamos que no prosperará. Corresponde, en primer término, dejar en claro que, tal como lo plantea la defensa, esta Alzada comparte sus apreciaciones respecto a que se impone incorporar la perspectiva de género como pauta hermenéutica constitucional aun cuando, como en el presente caso, la mujer es quien reviste la calidad de imputada por el homicidio de su pareja.
Entendemos que juzgar con perspectiva de género, demanda comprobar los extremos requeridos por el delito investigado y el contexto en que este se produjo atendiendo al grado de vulnerabilidad de la mujer sometida a proceso. En ese sentido la jurisprudencia actual sostiene que la cuestión probatoria debe mirarse con flexibilidad y no con la estrictez de otros casos, debiendo atenderse a la amplitud probatoria que la temática impone. Sin embargo de las constancias de la causa no se desprendería que los hechos investigados se hubieran producido dentro de un contexto de violencia contra la mujer, ni que tengan a la imputada inmersa en un contexto de violencia de género, ni en una relación asimétrica de poder.
Tampoco se observarían patrones de violencia estructural ni estereotipos por parte de quien detenta la Magistratura de grado por subrogancia legal. Con lo cual las circunstancias que rodean al hecho investigado no pueden ser descontextualizadas bajo el pretexto que la persona imputada resulta ser mujer, por no tratarse en principio el delito endilgado como la derivación del grado de vulnerabilidad en que se habría encontrado la imputada, producto de una relación inmersa dentro de un contexto de violencia de género. Ello es así en función que, de las testimoniales recabadas y demás constancias probatorias valoradas, surgiría una incipiente y buena relación de pareja entre la imputada y quien en vida era G.N.P..
Veamos, la Sra. I.D.C.P., progenitora de G.N.P., declaró a fs. 53/55, no tener ningún tipo de vínculo con la imputada M.E.D., y que la conoce de vista porque su casa conecta con el patio trasero que da al departamento donde vivía su hijo G., por lo que sabe que estaban en una relación hace aproximadamente cuatro, cinco o seis meses, desde mitad de mayo aproximadamente. Agregó que recuerda que su hijo G. le dijo que estaba conociendo a alguien, que ella tenía 46 años y cuatro hijos, solo eso. Pero en un momento advirtió que M. estaba todos los días en el departamento, es decir, que convivía con G. y que siempre estaba su coche estacionado afuera. Refiere que su hijo no le manifestaba nada sobre la relación, sin embargo se lo veía contento, se despedían de ella cuando salían juntos, iban a buscar agua, lo cotidiano.
Le consta que M. salía temprano a trabajar y se despedía de su hijo con un “chau amor”, porque lo escuchaba desde su vivienda. Por otro lado, la madre reflexiona que a raíz de esta relación con la imputada, su hijo G. se alejó mucho de sus amistades y se la pasaba con esta chica. Y respecto de los momentos previos a tomar conocimiento del fallecimiento de su hijo, la Sra. I.D.C.P., explica que se fue a trabajar el 09 de octubre del año en curso a las 14 hs al nosocomio, regresando a las 20:30 hs.. Que fumó un cigarrillo como siempre en el patio que conecta al departamento de su hijo G., y que observó las luces prendidas como siempre. Luego, en el transcurso de las horas hasta tomar conocimiento de lo sucedido no advirtió nada anormal.
Sólo que a la 01:30 hs. del ya 10 de octubre que volvió a salir de su casa a fumar otro cigarrillo, observó que el departamento de su hijo estaba a oscuras pero con música de volumen bajo y tranquilo, escuchando el género metal; no estaban las luces encendidas como habitualmente, lo cual le llamó la atención, porque siempre que su hijo escuchaba música tenía las luces prendidas, pero se fue a acostar normalmente. Por su parte, el Sr. C.A.P., hermano del occiso e hijo de la Sra. I.D.C.P., declaró a fs. 71/73 que ese día al llegar a su casa -cuyo predio es compartido con la casa de su mamá y el departamento de su hermano G.-, a las 22 hs. con su pareja R.G., le llamó la atención que no se escuchara ruido de música o del televisor de su hermano G., ya que las puertas de sus departamentos están prácticamente pegadas una a la otra.
Que esa noche vieron una película con su pareja y luego se acostaron a descansar. Recuerda que el coche de la pareja de G. estaba estacionado sobre la calle. Que G. y M. llevaban saliendo como 6 o 7 meses, con 2 meses de convivencia, a pesar que M. tiene su casa en 28 de N. Se llevaban bien, pero en algunas ocasiones discutían, siempre en los parámetros normales. Nunca vio agresiones físicas entre ellos, se trataban bien, no escuchaba que se trataran con malas palabras. Que desde el momento en que ellos empezaron a salir, su hermano empezó a consumir más alcohol, el cual era solventado por ella ya que tenía trabajo y su hermano no. Reforzando la información que permitiría reconstruir la relación entre M.E.D. y G.N.P., contamos a fs. 60/61vta., con los dichos del Sr.
M.A.P., quien resulta igualmente hermano de G. e hijo de la Sra. I.D.C.P., el cual manifestó conocer de vista a M., resultando especialmente relevante su testimonio por haber sido la persona que mantuvo contacto con M.E.D. y G.N.P., cuando éstos, siendo aproximadamente las 22:57 horas, regresaban al departamento con una mochila con cervezas. Relata que se estaba yendo a la casa de un amigo cuando se los encuentra porque arribaban en el coche de la imputada. Es así que se le tendió detrás a su hermano, lo agarró y lo abrazó, hablaron un momento pero él siguió su marcha mientras G. le hablaba de lejos, porque estaba interesado en que le prestara más tarde la play station y quedaron que G. le iba a enviar un mensaje luego para que le pasara su aparato, en tanto la imputada lo saludó.
Recuerda que se los cruzaba, que tuvo una charla con la imputada el mes pasado, que ésta le decía que conocía a mucha gente y que le podía dar el dato de un prestamista para poder pagar la tarjeta de crédito. Expresa que su hermano estaba mejor sin M.E.D.. Que antes de relacionarse con M., su hermano fumaba mucho pero había dejado de beber alcohol y, como estaba sin trabajo, entre él y su mamá le compraban los cigarros y también le armaban una caja con arroz, fideos, huevos y yerba. Desde que estaba con esta chica M., dice que su hermano G. se veía mejor, hasta más “cachetón”, y lo atribuye a que M. trabajaba, tenía plata y le compraba de todo. También ve como positivo que con M. su hermano tenía el departamento mucho más limpio.
Sin embargo la chica no le cerraba ya que bebían mucho alcohol juntos. Tampoco se advierte la carencia de perspectiva de derechos que alega la defensa por parte de la actividad investigativa desarrollada por el Juzgado de Instrucción, ni que se hubiera incurrido en prácticas que puedan considerarse configurativas de la violencia institucional, como lo alega la defensa. Por el contrario, observamos que la Sra. Conjueza hubo de disponer medidas probatorias acordes a la naturaleza del delito que se investiga, siendo respetuosa de los derechos y garantías que asisten a todos los actores involucrados. Concretamente sobre el agravio que cuestiona la orden de toma de muestras de hisopado vaginal y anal efectuados a la imputada, por haber resultado revictimizantes y por ello configurando un hecho de violencia institucional contra la mujer, entendemos que corresponde apartarnos -por los motivos que seguidamente expondremos- del dictamen de la Sra.
Fiscal de Cámaras, quien a fs. 481/483vta., entendió que se trató de una medida innecesaria, invasiva y degradante correspondiendo nulificar parcialmente las actuaciones relativas a la toma de muestras de hisopados, no así el auto de procesamiento respecto del cual la Sra. Fiscal entendió que se encuentra debidamente fundamentado en el resto de las pruebas. Desde esta Alzada advertimos que del acta de toma de muestras y su certificación de fs. 23/24, surge que dicho procedimiento se efectuó conforme lo dispuesto vía telefónica por parte del Juzgado actuante, a cargo de la Dra. R.F. por subrogancia legal y de la Secretaría en turno a cargo de la Dra. A.D., interviniendo una médica ginecológica mujer, la Dra.
S.L.B., firmando la imputada al pie y de conformidad, en forma conjunta con los testigos hábiles requeridos al efecto. Asimismo observamos que, frente a la investigación iniciada de oficio por la Autoridad Preventora, en la que se propone esclarecer las circunstancias de tiempo, modo, lugar y personas en que se habría producido un homicidio por arma blanca en un contexto de una relación de pareja y dentro de la vivienda donde convivían, la medida cuestionada luce acorde a las medidas probatorias usuales que se disponen por los Juzgados de Instrucción tendientes a investigar todas las hipótesis posibles, tanto cuando el imputado resulta ser hombre y la persona fallecida su mujer, como cuando -como en el caso de marras-, la imputada es mujer y la persona fallecida su pareja masculina.
Justamente la medida de prueba cuestionada luce acorde a la mirada del caso bajo la perspectiva de género por la relación de pareja que vincula a M.E.D. con quien en vida fuera G.N.P., habiéndose producido el fallecimiento en la intimidad del departamento en el que convivían, sin la presencia de terceras personas de conformidad con las constancias de autos. Posteriormente y conforme el avance de la investigación, no se constataron indicios que puedan vincular la acción que da muerte a G.N.P. con un hecho inmerso en violencia de género del tipo sexual ni de otro tipo, del que M.E.D. se hubiera defendido en razón de la vulnerabilidad por su calidad de mujer. De ello inferimos el motivo por el que la Sra.
Conjueza no hubo de valorar las muestras de hisopado vaginal y anal de la imputada para sustentar el auto de procesamiento, no constituyendo una medida probatoria viciada de nulidad ni carente de fundamento. Es más, la Instrucción se encuentra facultada a apartarse de ciertas pruebas o no tomarlas en consideración, siempre que la valoración concatenada del resto de los elementos incriminantes avale y de entidad a la hipótesis objeto de reproche, tal como lo acontecido en autos. Principalmente es la concordancia entre los informes prevencionales, las declaraciones testimoniales recabadas, el acta de inspección ocular en el lugar del hecho y de constatación del vehículo de la encartada, el secuestro de sus prendas de vestir con manchas hemáticas y del arma blanca (cuchillo de tipo carnicero) presuntamente utilizada, el resultado de autopsia, el informe criminológico, los informes del laboratorio regional de Investigación Forense, las secuencias fotográficas extraídas de las diversas cámaras de vigilancia, entre otras pruebas, lo que permite razonadamente conectar la materialidad del hecho con la autoría en cabeza de M.E.P..
Es sabido que esta Alzada comparte el criterio restrictivo de las nulidades, por lo que el requerimiento de la defensa y lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámaras debe ser analizado teniendo en consideración que: “…El sistema de nulidades receptado en nuestro ordenamiento procesal impone la interpretación restrictiva, y establece que no corresponde la declaración de una nulidad por la nulidad misma, sino que el acto atacado debe producir un perjuicio efectivo a la parte que la plantea, afectando, concretamente, una garantía constitucional, además de requerirse que dicha parte posea un interés en su invalidación...” (CSJN, Fallos 325:1404, 323:929, 311:1413 y 311: 2337.- 2 CSJN - Fallos: 236:37; 240:160, entre otros).
Es dable destacar que: “… no se debe declarar la nulidad por la nulidad misma, es decir en el sólo beneficio de la ley o para satisfacer pruritos formales. En cambio, la declaración de nulidad debe tender a enmendar perjuicios efectivos y la afectación de garantías procesales, en especial el derecho de defensa. Lo contrario sería caer en un ritualismo inaceptable, ya que la forma procesal tiene un sentido teleológico y la nulidad constituye un remedio extremo…” (La nulidad y sus efectos en el proceso penal”; publicado en DJ20/02/2008, 381; Cita Online: AR/DOC/2719/2007). En el caso en análisis, la sanción requerida por la defensa resulta por demás extrema y desmesurada, habida cuenta que puede advertirse sin dificultad que no se observa el perjuicio que se alega.
Se reitera, la toma de muestras de hisopado fue ordenada por el Juzgado actuante dentro de las facultades conferidas por las normas de procedimiento, sin perjuicio de no estar investigando puntualmente un delito de índole sexual sino una muerte violenta en la intimidad del domicilio donde la pareja convivía, habiendo intervenido una médica ginecóloga mujer y frente a testigos hábiles, prestando conformidad la imputada. El hecho que el resultado de dichas muestras no hubiera sido ponderado en el auto de procesamiento, luce intrascendente a los efectos de mejorar la situación procesal de la encartada, habiendo quedado descartada la hipótesis de una posible legítima defensa en el marco de una relación signada por la violencia de género, por no contarse tampoco con otras piezas probatorias que lo avalen.
Por ende rechazaremos el planteo de nulidad de las muestras en razón del carácter restrictivo de las nulidades. Es por ello que la alegación relativa a que el auto atacado carece de sustento legal y fundamentos, convirtiéndolo en arbitrario y violatorio de la garantía de defensa en juicio por no reunir la perspectiva de género, luce más bien como una mera disconformidad con la decisión a la que la Sra. Conjueza hubo de arribar, sin configurar un agravio consistente al ser contrastado con lo actuado por la Instrucción. Siguiendo con el análisis de los agravios, corresponde abordar el planteo respecto a la ausencia de ponderación de los “numerosos intentos de suicido” narrados por la propia familia.
Al respecto y en función a las circunstancias comprobadas en la causa, entendemos conveniente recomendarle a la defensa de la imputada que, más allá del intento por mejorar la situación procesal de su asistida, evite incurrir en apreciaciones personales de la víctima fatal que en nada modifican el cuadro fáctico debidamente acreditado en la causa ni logran controvertir la decisión a la que se arribó por parte de la Instrucción. Por el contrario a la etapa de depresión con ataques de pánico que hubo de atravesar en el pasado G.N.P., y que describe la mamá del occiso pormenorizadamente, dando cuenta de haber recibido tratamiento médico apropiado y específico; con relación al fallecimiento investigado sus hermanos y su mamá son contestes y concordantes en manifestar que G.N.P. estaba viviendo una buena etapa de novio con M.E.D., manteniendo comunicación con su hijo menor de edad, no surgiendo que hubiera dado alertas ni indicios de querer poner fin a su vida, como sí lo hubo de efectuar las dos veces que intentó poner fin a su vida.
Surge de autos que, efectivamente, G.N.P. intentó en dos oportunidades atentar contra su vida, dando siempre aviso a su círculo cercano, quienes inmediatamente acudieron al lugar donde se encontraba, impidiendo de esa forma que llevara adelante su cometido. No así el día del hecho investigado, que al contrario, habría quedado con su hermano en que le enviaría un mensaje luego para que le preste su consola de play station. En la primera oportunidad tenía entre 17 y/o 21 años, se habría tajeado los brazos y habría sucedido dentro del contexto de haber perdido a uno de sus mejores amigos producto de un accidente en cuatriciclo. La segunda oportunidad habría sido durante la pandemia y habría intentado colgarse de una sábana atada a una viga de la obra en construcción del segundo piso de su departamento, en el contexto de no poder mantener la comunicación que él deseaba con su hijo menor de edad que reside en P.M..
Se destaca sobre este punto la declaración de la Sra. S.G.A, quien a fs. 339, expresa que durante la relación de pareja G.N.P. nunca tuvo un episodio de querer atentar contra su vida y que la última vez que tuvo contacto telefónico con él fue el día 06 de octubre, por temas relacionados con el hijo -de siete años de edad- que tenían en común y que estaba normal, como siempre, no lo notó angustiado. Que habló con su hijo normalmente como siempre lo hacía. Y refuerzan sus dichos, las declaraciones testimoniales de la familia directa de G.N.P. que descartan que se hubiera querido matar en la presente oportunidad, sumado a los resultados de autopsia y de la pericia criminalística, por los cuales se habría logrado comprobar el accionar homicida de una tercera persona –la aquí imputada-, y no auto lesiones ni mecánica de un suicidio.
Sobre este aspecto entendemos que corresponde hacer hincapié en el informe criminológico valorado por la Instrucción, toda vez que resulta determinante en cuanto a la dinámica del hecho investigado, siendo que G.N.P. se hallaba con vida en posición sedente (sentado) al momento de recibir la herida mortal penetrante y luego de recibir la estocada, la víctima se coloca en posición bipedestal (de pie), resultando de ello la participación categórica de una segunda persona en la escena criminal en calidad de victimario, quien le propinó la estocada mortal estando en posición lateralizada respecto a la víctima, empleando su mano hábil (derecha) para esgrimir el arma blanca y producir la lesión penetrante en el tórax, imprimiéndole una fuerza de tal magnitud que delineo una trayectoria imtracorporal de una longitud de 95 mm..
Para finalizar el abordaje del presente agravio, corresponde analizar el cuestionamiento acerca del mérito de los elementos de cargo obrantes en la causa, toda vez que la defensa plantea que el auto de procesamiento resulta prematuro en función de las pruebas pendientes, con una valoración sesgada y discriminatoria de las pruebas obrantes. Postula que una agente femenina habría direccionado la investigación por haber manifestado a los presentes en el lugar del hecho “que no tocaran nada porque estaba raro”, siendo una apreciación personal y discriminatoria. Pues bien este agravio no demanda mayor análisis por lo que será desestimado por inconsistente. Ello toda vez que, lo que la agente policial habría manifestado -según dichos de un testigo- como que le parecía rara la escena del crimen, habría quedado debidamente acreditado con el informe criminológico incorporado a la causa, del que surge que la imputada habría arrastrado el cuerpo y procedido a limpiar el lugar de los hechos así como la sangre del cuerpo de G.N.P., y con el acta de constatación vehicular donde se halló dentro del coche de la imputada una frazada aparentemente con manchas hemáticas; intentando con su accionar alterar los indicios que pudieran esclarecer lo ocurrido.
Reforzando lo dicho, se cuenta en autos con las testimoniales de las personas que hubieron de estar presentes en el lugar del hecho durante las diligencias preliminares de investigación –entre ellas el propio Sr. Comisario-, dando cuenta de haber percibido un aroma intenso a “Poett”, haber visto manchas de sangre en varios sectores que lucían como que se habían intentado limpiar, asimismo un charco de agua como con restos de sangre y una remera color mostaza con estampas que presentaba un corte en el lateral izquierdo y manchas de sangre, hallándola colgada en una escalera al lado de la cama, secándose, encontrándose más seca que húmeda. Asimismo resulta relevante que el médico I.H.C., quien certificó la muerte de G.N.P. en el lugar del hecho, señaló a fs. 62/63 que le llamó la atención la inexistencia de manchas de sangre en el fallecido y rastros de que lo hubieran arrastrado, resaltando que tanto el pantalón que vestía como su ropa interior estaban embebidas de sangre no coagulada y que esas manchas hemáticas se observaban “para abajo” y no en el tórax y abdomen.
Por su parte, el acta de inspección ocular en el departamento de G.N.P., revela la existencia no solamente de un cuchillo tramontina grande con la punta con sangre al borde de una mesada en el sector cocina, sino también que en la pileta de los platos había agua con sangre y una rejilla de color amarillo igualmente llena de sangre, surgiendo objetivamente alterada la escena del crimen. En suma, advertimos que la Sra. Conjueza valoró adecuadamente los elementos de cargo colectados, aplicando la sana crítica racional y el principio de amplitud probatoria que se desprende de la normativa nacional e internacional en materia de perspectiva de género. Es así que surge del auto de procesamiento que valoró la plena concordancia entre los informes policiales, el certificado médico y su ratificación por el Dr.
I.H.C. ante los estrados judiciales, el certificado de defunción, las actas de constatación domiciliaria y vehicular, las secuencias fotográficas, el croquis ilustrativo, el acta de secuestro de las prendas de vestir de la imputada al momento de los hechos, las declaraciones testimoniales de C.A.P., I.D.C.P., M.A.P., A.K.B., R.R., M.S.P., S.N.S.A., P.D.R., P.A.C., S.R.D.S. y S.G.A., el informe preliminar de autopsia, el informe técnico 001-DG-CRIM.YRT/2025, los informes del Laboratorio Regional de Investigación Forense, las secuencias fotográficas obtenidas de las cámaras de seguridad, el informe del SICOF, el informe de la Dra. M.G.D., médica anatomopatologa dependiente del CMF, el informe de autopsia y el informe preliminar Nº 004-DGPC-2025 del Lic. en Criminalística J.C.C. -por enumerar las piezas probatorias más relevantes-; tratándose de pruebas e indicios lo suficientemente graves, precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole de esa manera tener por acreditado el hecho investigado y conectar –con la precariedad propia de esta instancia- a la imputada M.E.D. con las mismas.
De esta manera la Instrucción logró tener por acreditado que el día 09 de octubre de 2025, en horas de la noche, en el interior del domicilio ubicado en el Bº E.P., Manzana XX, Lote X, Casa Nº XX6 de la localidad de R.T., la imputada M.E.D., mediante el empleo de un arma blanca le habría provocado a quien en vida fuera su pareja G.N.P., una herida punzo cortante en el hemitórax izquierdo, ocasionándole con su accionar la muerte. Se trató de una única herida que atravesó la piel, el tejido celular subcutáneo, la pleura parietal, el pericardio fibroso, el pericardio seroso parietal y visceral, seccionando la arteria coronaria descendente anterior atravesando hasta la cara posterior del ápex cardiaco, lesionando el pericardio visceral posterior.
Esto produjo una hemorragia importante ocasionando el taponamiento cardiaco llevando al óbito. De igual forma logró tener por comprobado que la imputada M.E.D., tras ocasionarle la herida mortal a G.N.P., hubo de arrastrar su cuerpo estando todavía con signos vitales, desde la silla ubicada junto a la mesa del comedor -próxima a la cocina-, hacia el sector dormitorio para posterior recostarlo sobre la cama de dos plazas, donde fuera hallado sin vida. Y asimismo hubo de limpiar el lugar de los hechos –posiblemente habiendo retirado del departamento una frazada con manchas de sangre que fue hallada dentro del coche de la imputada conforme surge del acta de constatación respectiva- y los rastros de sangre del cuerpo –lavando incluso la remera que vestía la víctima de color mostaza con un corte en el lateral izquierdo-, con el fin de desvirtuar la escena del crimen.
Por último y con relación a las reiteradas referencias de la defensa sobre el grado de “certeza” para arribar a un auto de procesamiento, cabe recordar que, desde esta Alzada, hemos venido sosteniendo -constante e invariablemente- que, para el dictado del auto de procesamiento, basta la confirmación inicial de la sospecha; siendo esta: “… una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio...” (Clariá Olmedo, Jorge A.; Derecho Procesal Penal; T. II; Ed. Rubinzal y Culzoni; 1998; págs. 502 y sgtes.). Es por ello que, en cuanto a la cuestión relativa a la suficiencia de las pruebas para arribar al dictado del procesamiento, si bien no existen fórmulas o parámetros exactos, se ha dicho que deben ser aquellas suficientes para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.
Ello habilita a esta Alzada a concluir razonadamente que los argumentos de la defensa, se evidencian como un mero intento de mejorar la situación procesal de su asistida sin lograr controvertir las circunstancias comprobadas de la materialidad y autoría del hecho y sin aportar ningún elemento objetivo que permita deslindar su responsabilidad más allá del cuestionamiento sin sustento sobre la pretendida ausencia de perspectiva de género, no logrando enervar el caudal probatorio obrante en su contra. Por el contrario a lo planteado por la defensa, entendemos que se logró acreditar -con la precariedad propia de esta instancia-, tanto la materialidad del hecho como su autoría penalmente responsable en cabeza de la encartada mediante la valoración en conjunto y bajo las reglas de la sana crítica racional de los elementos que, para esta Alzada, se presentan como serios, concordantes y no controvertidos por otros medios de prueba.
Es por todo lo valorado precedentemente, que lo planteado por la defensa no podrá prosperar. 2.- De la vulneración del derecho de defensa: Asimismo la defensa se agravia por cuanto la Instrucción estableció fechas de audiencias testimoniales –a pedido de la propia defensa adjuntando los pliegos de preguntas-, con posterioridad al dictado del auto de procesamiento. Por ello sostiene que se impide a la defensa incorporar cuestiones de fundamental relevancia para la causa, lesionando gravemente el derecho de defensa y la presunción de inocencia de su representada. Que en relación al presente agravio, corresponde descartarlo de plano, toda vez que la defensa no logra fundamentar el perjuicio para los derechos de defensa su asistida por el hecho que el Juzgado de Instrucción accedió a hacer lugar y ordenar las medidas probatorias –declaraciones testimoniales- propuestas por la parte, estableciendo fechas de audiencias posteriores a haber resuelto la situación procesal de su representada, quien se encontraba ya privada de la libertad.
Dicha prueba testimonial se encuentra pronta a su producción y materialización en los autos principales, siendo materia de una valoración posterior por parte de los actores del proceso en forma conjunta con el resto de las pruebas pendientes de producción. Es por ello que desde esta Alzada descartamos todo posible perjuicio a los derechos de defensa. Cabe recordar a la recurrente que, en función del avance de la presente investigación, posteriormente y con motivo de la vista por el art. 329 del CPP, se volverá a analizar el mérito de los elementos de cargo producidos en la causa en miras a la posible elevación de la causa a juicio. 3.- De la calificación legal. Móvil y Dolo no probados: En tercer lugar, la defensa se agravia de la hipótesis delictiva instaurada en el auto recurrido, tratándose de una calificación errónea y estigmatizante, con el único fin de mantenerla privada de su libertad ambulatoria.
Descarta que se encuentre acreditado en autos el elemento del “dolo” requerido por el tipo penal endilgado, es decir, la consciencia y voluntad de D.M.E. de que con su accionar habría dado muerte a G.N.P.. Por el contrario, entiende que el procesamiento resulta aventurado y que no puede superar la ausencia de propósito homicida, ya que no lo arroja la investigación, pues no se ha acreditado deseo de querer finalizar la vida de su pareja con quien no tenía inconveniente alguno, más allá de los informes de fs. 198/201 (preliminar de autopsia) y 388/394 (autopsia). Se agravia de la imputación originaria de fs. 222/223, ya que a sabiendas que no puede sustentarse el reproche delictivo en la débil plataforma fáctica, se le atribuye a su asistida agresiones físicas que mediante la utilización de un supuesto cuchillo generan heridas punzo cortantes en el cuerpo de G.N.P., sin indicar la intención homicida.
Finaliza su argumentación refiriendo que no obra informe que acredite huellas de la imputada y las supuestas manipulaciones para las maniobras efectuadas en el cuerpo de G.N.P. y destaca que, respecto de las consideraciones de fs. 449 respecto que la encartada habría arrastrado el cuerpo, luce desacertado y propio de no merituar las condiciones particulares de su representada, ya que a simple vista, contemplando sus condiciones físicas de peso y altura, la lógica indica que era inviable realizar tal maniobra, ya que las condiciones físicas de G.N.P. eran ampliamente superadoras en contextura. Pues bien, analizando este agravio que cuestiona el encuadre legal del hecho reprochado a M.E.D., por erróneo y estigmatizante, entendemos que no prosperará, toda vez que luce acorde a las pruebas producidas en la causa y respeta el principio de congruencia procesal, compartiendo con la Instrucción que la calificación provisoria del hecho se adecúa en la figura prevista y reprimida por el art. 79 en función del art. 92 y 80 inc. 1º del CP, es decir, “homicidio agravado por haber mantenido una relación de pareja”.
Dicho esto, entendemos relevante destacar la diferencia existente entre el móvil de un crimen y el elemento subjetivo (dolo) requerido por el tipo penal. En ese sentido, con respecto a la ausencia de comprobación del elemento subjetivo del tipo requerido que alega la defensa, entendemos que el móvil (por qué se mata) es distinto al dolo (la intención de matar), a pesar de resultar ambos cruciales para la imputación penal. El móvil es una pieza fundamental en el rompecabezas judicial, aunque no es la única pieza ni siempre es la más decisiva. Desde esta Alzada entendemos que -en función del juicio de probabilidad que requiere esta provisoria instancia que atraviesa la causa-, basta para confirmar el auto de procesamiento recurrido, el mérito de las pruebas producidas, tales como las valoradas en el abordaje del considerando I) -a cuyo efecto remitimos su lectura-, sin necesidad de conocer el móvil con certeza en esta preliminar etapa, pues le asiste razón a la defensa cuando argumenta que M.E.D., en principio, no tenía inconveniente alguno con quien en vida era su pareja, G.N.P..
Es por ello que consideramos que, encontrándose sendas medidas probatorias pendientes de producción y a pesar de asistirle razón a la defensa cuando argumenta que por el momento no se habría logrado determinar el móvil del crimen, contamos con elementos probatorios que sí nos permiten convalidar la decisión de la Sra. Conjueza acerca de la debida acreditación del dolo homicida en la encartada. Sobre esta crucial cuestión probatoria del dolo homicida en M.E.D., compartimos con la Sra. Conjueza sus apreciaciones al respecto, puesto que prima facie se habría logrado comprobar objetivamente en autos que, el violento ataque con el cuchillo de M.E.P. a G.N.P., estando sentado y sin posibilidades de defenderse por estar muy alcoholizado (2,88 g/l de alcohol en sangre en G.N.P. en tanto que la imputada tenía 0,84 g/l de alcohol en sangre), ocasionándole una severa herida cortante en el sector del tórax izquierdo, en el quinto espacio intercostal en línea hemi clavicular y a nivel del pezón homo lateral, con una dirección oblicua de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, con una longitud de 36 mm y 10 mm de ancho, revelaría la clara intención homicida de la imputada, reuniendo su accionar las condiciones de idoneidad y aptitud para producir el resultado muerte.
Más aún, el hecho que la imputada hubiera desplegado un accionar tendiente a modificar el lugar del hecho efectuando limpieza, dando aviso al hermano de su pareja posteriormente y una vez que G.N.P. ya no contaba con signos vitales, constituye otro indicio serio y revelador de la intención homicida y de la comprensión de la criminalidad del hecho por parte de la incusa. En otras palabras, es el propio accionar desplegado por la imputada y el contexto en que la agresión hubo de producirse, que denota que no hubo de querer ocasionarle lesiones de otra índole a G.N.P., en razón del elemento utilizado (cuchillo tipo carnicero) y el lugar certero del acometimiento en una zona vital. La jurisprudencia del orden nacional es conteste con este razonamiento, toda vez que se ha considerado que: “…Quien (…) habría apuñalado en el tórax a otro, provocando su muerte, debe ser procesado por el delito de homicidio (…), pues actuó con dolo homicida al herirlo un una zona de significativa relevancia para el normal y correcto funcionamiento humano, a sabiendas de la ostensible posibilidad de quitarle la vida…” (Cita online TR LALEY AR/JUR/27776/2012).
Tampoco le asiste razón a la defensa cuando se agravia de la ausencia de un informe pericial que avale la resolución recaída, toda vez que no solamente obra glosado el informe criminológico sino también demás informes periciales, los cuales fueran valorados adecuadamente por la Sra. Conjueza, concluyendo que lucen en armonía con el resto de la prueba recabada. Puntualmente entendemos que el informe de autopsia resulta complementado y robustecido con el informe criminológico y los demás informes periciales tales como los de la médica anatomopatologa del CMF y del laboratorio regional de investigación forense, quedando esclarecidas prima facie las dos etapas en la dinámica del hecho investigado, la estática (del apuñalamiento sin chances de desplegar una posible defensa de parte de la víctima) y la dinámica (que incluye el arrastre del cuerpo estando con signos vitales, su posicionamiento sobre la cama y la limpieza de los rastros del delito en el lugar del hecho).
Es sabido que científicamente se encuentra acreditado en innumerables casos que, en determinadas circunstancias, el ser humano puede desplegar una fuerza y potencia que normalmente en su cotidianeidad no la tiene ni es consciente de tenerla. Pudiendo concluirse, desde el sentido común y conforme las constancias de la causa, que esta circunstancia de contar la imputada con una fuerza mayor a la que normalmente tendría, pudo haberse producido durante el hecho investigado. Para ello hemos valorado las lesiones en los brazos del occiso producidas cuando aún contaba con signos vitales que se revelan del informe de autopsia (lesiones equimóticas y contusas en cara interna de los brazos, con una sujeción y agarre supino, con las manos abiertas, presionando los pulpejos de las falanges en la cara interna de ambos brazos, lo cual fue ejecutado con fuerza); el acta de inspección ocular del lugar del hecho, las secuencias fotográficas, la testimonial de C.A.P. quien vio el cuerpo de su hermano ya sin vida al acudir tras ser alertado por la imputada sumado a las testimoniales del personal policial y de salud intervinientes en el procedimiento y de los testigos de actuación y, especialmente, el informe criminológico, por el cual queda descartada la hipótesis de auto lesión que habría pretendido introducir la imputada al inicio de la investigación y del que, a su vez, surge la dinámica de los rastros revelados como compatibles con la acción de arrastre del cuerpo estando aún con vida y su posicionamiento sobre la cama, la ubicación del pantalón por debajo de la cadera del occiso, los indicios de las manchas hemáticas en su vestimenta y el evidente intento por limpiar y modificar la escena del crimen, lográndose revelar innumerables manchas hemáticas en el departamento, las cuales se intentó limpiar, todo lo que permitiría reconstruir el hecho, habiéndose hallado asimismo una frazada con manchas hemáticas dentro del coche de la imputada que estaba estacionado en la vereda, lo cual surge del acta de constatación respectiva.
Sin embargo, si la defensa estima útil la producción de otras pruebas tendientes a un mayor análisis de la diferencia de conformación física entre la víctima y la imputada tal como una nueva pericial médico/criminalística, cuenta con las facultades conferidas por el art 190 del CPP para ofrecerlas a la Instrucción, quien evaluará llegado el caso su pertinencia. A pesar de ello, esta Alzada concuerda con la valoración efectuada por la Sra. Conjueza de la prueba producida hasta este momento procesal, destacando la posición sedente de la víctima, es decir, estando sentado en una silla junto a la mesa del comedor, su grado de alcoholemia al momento del ataque de la imputada, siendo de 2,88 g/l en sangre, no obrando indicios ni rastros de defensa ni de terceras personas involucradas en la escena del crimen, el contexto de intimidad en que habría sucedido el luctuoso hecho, el cuchillo presuntamente utilizado por la imputada y el lugar certero de la única lesión cortante ocasionada por la encartada en una zona de vital importancia para G.N.P..
De todo lo valorado observamos que la Instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente el hecho tal como fuera atribuido en su declaración indagatoria. Por consiguiente, y siendo criterio de esta Alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, es que entendemos no corresponde profundizar el presente abordaje. Los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia e incluso en instancias superiores.
(Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras tantas). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...".
(TR LALEY AR/JUR/56181/2014). A mayor abundamiento, se ha dicho que la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase Cám. Apel. Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; 28/02/2018; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; Rubinzal Online; 661/2017 RC J 2642/18). Con lo cual, no advertimos la carencia de fundamentación que alega la defensa en su planteo y por ende, tampoco observamos que sea estigmatizante. Llama la atención de esta Alzada el hecho que la defensa esgrime una disconformidad con la significación jurídica del hecho reprochado sin expresar consideración alguna respecto de cuál figura penal estima apropiada y aplicable al caso investigado, rozando la carencia de motivación por no lucir acorde a una crítica razonada al auto atacado.
En definitiva y por todo lo valorado, rechazaremos este agravio relativo a la provisoria calificación legal y al dolo homicida. 4.- De la prisión preventiva: Por último la defensa se agravia por la privación de la libertad ambulatoria desde el primer momento de la investigación, siendo discriminatorio y vulnerando la presunción de inocencia de que goza su asistida. Expresa que no se consideraron factores y condiciones personales de la imputada, tales como que resulta ser progenitora de un niño de 13 años, único sostén del hogar, que colabora en el cuidado de su madre –adulta mayor-, habiéndosele denegado la excarcelación con asistencia psicológica, bajo el argumento de ser residente de un lugar próximo a la frontera constituyendo erróneamente un riesgo procesal.
Por último analizaremos este agravio relativo al encarcelamiento preventivo de la imputada. Sin embargo, adelantamos que no prosperará. Ello toda vez que observamos que la prisión preventiva fue debidamente abordada y motivada a fs. 449vta./451vta., luego de disponerse el procesamiento del encartado, sin advertir en los fundamentos brindados por la Instrucción, una interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas nacionales e internacionales que rigen el principio de inocencia y del debido proceso, mucho menos que la decisión afecte los derechos de defensa ni que configure un acto discriminatorio por su condición de mujer. Advertimos que, en primer lugar, la Instrucción tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar -en grado de probabilidad- que la imputada ha participado del ilícito que se le reprocha con pena privativa de la libertad; con lo cual tuvo por reducida la expectativa de resolución favorable y, consecuentemente, entendió objetivamente incrementados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación en el caso concreto.
Observamos que la Instrucción valoró concretamente que, el riesgo de fuga se encuentra razonadamente sustentado de la misma prueba obrante en el legajo, de la que se desprende la clara peligrosidad procesal de la imputada teniendo en cuenta la violencia física desplegada contra la víctima –su pareja-, quien se encontraba en un estado de indefensión producto de la ingesta alcohólica (graduación de alcohol en sangre de 2,88 g/l, confr. fs. 327) y el monto de la pena conminado en abstracto de la figura reprochada de “homicidio agravado por el vínculo”, que permite presumir que en caso de recaer condena en el presente legajo, la misma será de cumplimiento efectivo; siendo que, a su vez, la imputada habría desplegado maniobras tendientes a intentar alterar la escena del crimen, evidenciándose con la presente causa, su falta de adherencia al marco legal.
Esta Alzada concuerda con la Instrucción en que de los elementos obrantes en la causa puede razonadamente presumirse que, en caso de recuperar la libertad, la encartada podría darse a la fuga y/o entorpecer el avance del proceso, frente a la posibilidad cierta que recayera una condena en su contra, ya que ésta sería de cumplimiento efectivo. Cabe recordar que es criterio de esta Alzada que: “…se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia…” (Confr. autos caratulados: “M.J.E. S/ ROBO”, Expte. Nº 26.599/24, Apelación Nº 9257/24 y autos caratulados: "N.H.O.
S/ Robo Agravado”, Expte. Nº 10.131/25 - Apelación/Causa JR Nº 9487/25). Por otra parte la Sra. Conjueza ponderó especialmente incrementado el riesgo de entorpecimiento procesal y de fuga, en función que la imputada cuenta con hijo menor de edad (de 13 años M.R.R.) con residencia en la Pcia. de San Juan –surgiendo de autos además otros tres hijos más mayores de edad con residencia en la localidad-, sumado a la proximidad del domicilio de la encartada en la localidad de 28 de N., con la República de Chile, pudiendo abstraerse voluntariamente del accionar judicial. Asimismo la Sra. Conjueza justipreció como incrementado en el caso concreto el riesgo de entorpecimiento de la investigación conforme las constancias de la causa, en función que la imputada habría limpiado la escena del crimen, brindando inicialmente a los familiares del occiso y al personal policial interviniente la versión que éste se habría auto lesionado, con lo cual podría intentar entorpecer el avance de la investigación, alterando la prueba material, pudiendo incluso intimidar a los familiares y círculo cercano de la víctima.
Con lo cual el fundamento del encierro cautelar radica en la aplicación de las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011) y la ley 27372 de Víctimas de Delitos, entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional, y del principio de la debida diligencia reforzada, concordando con la Instrucción que no resultan viables en el caso concreto otras medidas alternativas al encierro cautelar, pues el propio accionar de la encartada denota su total desapego a la ley. Asimismo entendemos que la resolución evidencia un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., que rigen la materia, pues: “…La incorporación de los pactos internacionales sobre derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN), ha generado un marco de máxima jerarquía normativa para la consideración del encierro de los imputados como medida de estricto orden cautelar, al establecerse (…) que el encarcelamiento durante el proceso tiende a asegurar “… la comparecencia de los acusados en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo…” (art. 9.3 PIDCyP).
Esta sede revisora ya se ha expresado en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones, como lo acontecido en el caso de marras. El derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa.
Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245). En el caso que nos ocupa, concordamos con la Instrucción en que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para asegurar los fines del proceso y lograr la aplicación de la ley. Como vemos, el planteo de la defensa no alcanza a conmover los argumentos dados por Conjueza en su resolución, sino que en definitiva, luce como una disconformidad con la privación de libertad dispuesta, deviniendo infundado.
Por todo lo expuesto, si bien el apelante no comparte los argumentos invocados por la Sra. Conjueza, en el auto recurrido se señalaron detalladamente las razones por las que se ordenaba la medida cautelar, cumpliendo el auto dictado acabadamente con las prescripciones establecidas en los arts. 116 y 295 del CPP. Es por ello que homologaremos la prisión preventiva dispuesta a M.E.D. toda vez que se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa. II) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
III. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oída que fuera la Sra. Fiscal de Cámaras y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. RECHAZAR EL PLANTEO DE NULIDAD de las actuaciones relativas a la toma de muestras de hisopados a la imputada, por los argumentos expuestos en el considerando I). 2º)- CONFIRMAR el auto de fs. 430/452 del presente incidente, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden. 3°)- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante sne. 4º)- Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected]. 5º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.-
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia