Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal, Sala III
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar, con costas, los recursos interpuestos contra las condenas de M. E. L., M. J. S. y V. G. S. a prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautores responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y pluralidad de intervinientes -tres hechos-, en concurso real entre sí.
II. Hacer lugar parcialmente al recurso traído por C. D.
L. CONDENÁNDOLO a prisión perpetua, ocho años de inhabilitación especial para tener y portar armas de fuego, más accesorias legales y costas, como coautor responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia, homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y pluralidad de intervinientes -tres hechos- y robo calificado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, todos en concurso real entre sí.
III. Regular los honorarios de los doctores Omar Luis Daer y Rodrigo Moyano en un 20% de la suma conjunta fijada en la sentencia de primera instancia; en igual monto los correspondientes a los doctores Roberto Casorla Yarlet y María Cristina Ballina y en un 15% de la misma los de los doctores Javier Gastón Raidán y Hernán Emilio Carluccio.
IV. Hacer SABER al Juez de Garantías que deberá reiterarse la orden de captura nacional e internacional de I. E. P. C..
Rigen los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCyP; 5, 12, 19, 20 bis inciso 3ro., 29 inciso 3ro., 40, 41 …
REGISTRO 1216/13 A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 28 días del mes de noviembre de dos mil trece, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia definitiva en la causa número 16.888 (Registro de Presidencia 57.977), caratulada: “S., M. J. y S., V. G. s/recurso de casación” y su acumulada número 16.889 (Registro de Presidencia 57.978) caratulada: “L., M. E. y L., C. D. s/recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY - VIOLINI.
En lo que interesa destacar, el Tribunal en lo Criminal número 2 de Mercedes condenó a M., E. L., M. J. S. y V. G. S. a prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar partícipes necesarios de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de más de dos personas -tres hechos-, en concurso real entre sí; y a C. D. L. a prisión perpetua, nueve años de inhabilitación especial para tener y portar armas de fuego, más accesorias legales y costas, como partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia, homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de más de dos personas y coautor responsable de robo calificado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, todos en concurso real entre sí.
Contra dicho pronunciamiento los respectivos defensores de confianza interpusieron sendos recursos de casación por M. y V. S. (fs. 304/33 vta. de la presente) y en favor de M. y C. L. (fs. 307/349 de la acumulada 57978), denunciando todos arbitraria valoración de la prueba, con cita de los artículos 16, 18, 31 y 33 de la Constitución Nacional; II, XVIII, y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 210 y 373 del Código Procesal Penal; agregando los defensores de L. errónea aplicación del artículo 1° del ceremonial y falta de motivación suficiente, con violación de los artículos 106 y 371, segundo párrafo, del mismo cuerpo legal, en relación al segundo de los hechos atribuidos a C. L.
Solicitaron se case la sentencia absolviendo, sin costas, a sus defendidos respecto de los hechos por los que fueran condenados arbitrariamente.
Concedidos los recursos, radicados con trámite común y dispuesta su acumulación (fs. 490/vta.) se convocó a las partes a la audiencia protocolizada a fs. 504/512 en la que los defensores mantuvieron los recursos en todos sus términos mientras que el fiscal postuló sus rechazos, acompañando las notas agregadas a fs. 513/527 vta., haciendo lo propio los defensores de V. G. S. a fs. 528/530; M. y C. L. a fs. 531/532vta. y M. J. S. a fs. 533/540 vta. Encontrándose La Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se tratan y votan las siguientes C U E S T I O N E S Primera: ¿Son procedentes los recursos interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:
Primero. El tribunal declaró probado que:
Hecho 1 (Causa 5025/1172/11- I.P.P. 09-00-264908-08).
La regulación legal de la actividad hacia 2007-2008 permitía para algunos oportunistas ascender en la escala social a través de la adquisición de una farmacia o droguería por lo que varios lo hicieron, dedicándose a la venta de medicamentos de alto costo y baja incidencia (como los destinados al tratamiento del HIV, trasplante de órganos u oncológicos) y los derivados de la efedrina, sustancia vegetal, extraída de la planta efedra, importada de India y China pues en nuestro país no se cultiva, que era utilizada legalmente para fabricar descongestivos o broncodilatadores, pero en el mercado ilegal, donde el principal comprador era México -especialmente para introducirla en los Estados Unidos con un valor de hasta U$S 10.000 el kilogramo- se utilizaba como precursor químico para la fabricación de drogas de diseño o sintéticas, como la denominada “éxtasis”, resultando por ello para sus tenedores un extraordinario negocio. Fue así que los más ambiciosos integrantes de este rubro, tentados por tan extraordinaria rentabilidad y aprovechando que en el país existían mínimas restricciones para la comercialización de la efedrina (bastaba la habilitación de la SEDRONAR agilizada por algún contacto) se volcaron a su compraventa para uso ilegal.
En este círculo, estaban incluidos, entre otros, las víctimas quienes, aunque aún no todavía entre ellos, habían formado sendas sociedades de hecho o derecho, B. con R. S. y C. A. S. L., F. junto a J. L. S. y F. de la mano de M. L. M. y T., entre otros; y varios otros, entre los que se destacaba E. P. C., asociado a P. Q.
Pero, además, como el desenvolvimiento del negocio ilegal exigía importantes capitales, sus protagonistas recurrían a las mesas de dinero para cambiar cheques y hacerse de efectivo, y en muchas ocasiones cambiaban entre ellos cartulares que luego descontaban en esas financieras, conformándose así un entramado entre ambas actividades, que se retroalimentaban y generaban vínculos interconectados de conocimiento, dando lugar a confianzas y desconfianzas.
En esa red de personas y actividades estaba incluida también la de los gimnasios, pues como en ellos se consumían determinados medicamentos para lograr mejor musculatura, quienes los proveían eran o se relacionaban con personas del rubro farmacéutico, y en muchos casos, como el de las víctimas, concurrían a los mismos.
Existía otro gusto compartido entre muchas de estas personas, su afición por las armas, que compraban en no pocos casos en la armería P., y cuyos trámites ante el RENAR confluían en uno de los acusados como gestor común.
La anomia y ausencia de controles locales sobre el precursor químico en cuestión, alertó a los carteles mexicanos –que enviaron a sus representantes entre los que se encontraba J. M. E.-, toda vez que resultaba más rentable y menos riesgoso producir la droga directamente en Argentina, surgiendo así el más importante y moderno laboratorio de Latinoamérica instalado en I. M., donde mexicanos y argentinos se encargaban de hacer la metanfetamina mediante un proceso por demás sencillo.
En la intersección de las tres actividades: venta lícita de medicamentos de alto costo, adulterados o robados, mesas de dinero y tráfico de efedrina, desembarcaron las víctimas.
F., de personalidad inquieta para generar negocios, osado, ambicioso, y conocedor del ramo pues su progenitor era ejecutivo de un importante laboratorio, vio en el negocio ilegal no sólo la posibilidad de salir de la problemática económica que lo aquejaba, ya que se hallaba concursado, sino también de colocarse en un lugar de privilegio dentro del mismo especialmente después del allanamiento del laboratorio de M., pues intentó posicionarse en el hueco que dejó T., aspirando a quedar como único proveedor de efedrina de M. E.
Para cumplir ese plan, F. se asoció con F. quien, por desempeñarse en F. G., la farmacia de S., sabía cómo conseguir la efedrina y B., quien tenía contactos en la Aduana para sacarla del país.
Conformada tal sociedad de hecho, el 25 de julio de 2008 se reunieron en el “O.” de P. con P. I., contacto de B. a quien intentaban venderle una importante cantidad del precursor, pero el trato se frustró ante una diferencia sustancial entre las partes, pues los vendedores aludían al precio en dólares por kilo y los compradores en moneda de curso legal; circunstancia que los puso en la necesidad de conseguir urgentemente otro adquirente.
Surgida la posibilidad de este nuevo negocio, los tres jóvenes fueron convocados a una reunión en la zona sur del conurbano el 7 de agosto siguiente por uno de los imputados –M. L.- quien mantenía una relación de confianza con F. ya que antes habían realizado negocios de igual índole; pero ello no era más que una trampa, pues ocultaba el real propósito que no era otro que deshacerse de los que se erigían como la principal competencia de P. C., socio oculto del convocante.
F. y B. se reunieron ese día en el bar “Lisandro” en el barrio de Mataderos de la Ciudad de Buenos Aires, aproximadamente a las 11.43 horas, dirigiéndose al encuentro de F. quien ya se encontraba en el S. “W.” ubicado en el kilómetro 9 de la Colectora de la Autopista L. P.-B. A., en S., y a las 12.31 horas había enviado un mensaje al primero que decía: “hace media hora que estoy y no lo encuentro”.
Arribaron a las 12.35 horas aunque permanecieron en el lugar sólo unos quince minutos, aproximadamente, pues a las 12.47 horas, el teléfono de F. (terminado en 2018) ubicado en la antena 2088 de V. D., recibió una llamada del número 011-69900830 –que usaba M. L.- detectada por igual receptora, dirigiéndose los tres al unísono, según se desprende de la ubicación de sus respectivos móviles, a la vivienda de otro de los acusados, en N. V. Nro. de Q., donde funcionaba un taller de reparación de automotores que mimetizaba sin esfuerzo la presencia de los vehículos de los afectados, ya que la única razón de quien dirigía los destinos de los desprevenidos jóvenes, seguía siendo la posibilidad de concretar sobre seguro un premeditado plan, dejando sin defensa a sus víctimas, y ocultando el ilícito a la vista de terceros que pudieran luego convertirse en prueba del delito.
Una vez en la finca de mentas, los tres damnificados fueron reducidos mediante el ejercicio de violencia, privados ilegalmente de la libertad y sujetados con la colocación de precintos, por el convocante y al menos tres más –los acusados C. D. L., M. y V. S.-, número que encontraba razón en el hecho de que las víctimas eran fuertes, altas, con físicos trabajados y acostumbradas a enfrentar situaciones violentas.
Luego de permanecer alrededor de una hora en esa vivienda, fueron conducidos, todavía privados de libertad, al menos en la camioneta G. V., dominio …, propiedad de F., por la autopista L. P.- B. A., sentido C., pasando por el peaje D. S. a las 14:11:30 horas, la cabina D. de la autopista .. de M. a las 14:38:09 horas -la que fue retomada volviendo a transitar cinco minutos después-, la de P. A. sobre la Autopista P. M. hacia provincia a las 14:43:01 horas, y los pases de la Autopista del O. rumbo al interior, sentido descendente en I. a las 14:54:30 horas y en L. a las 15:25:56 horas. El recorrido condujo a la localidad de G. R., a la que los autores ingresaron con las víctimas por R. P. al … (camino viejo a N.), dirigiéndose a las proximidades de la E. C., donde, alrededor de las 16.00 horas, sin que se haya podido acreditar en qué lugar exactamente, las últimas fueron ejecutadas casi simultáneamente por dos de los autores situados a sus espaldas utilizando armas pertenecientes a una de ellas –F.
Según se desprende de las autopsias practicadas cuyas conclusiones detalla el veredicto, F. y B. recibieron cuatro disparos cada uno y F. siete u ocho, todos de los calibres 9 y 40 mm, luego de haber sido sometidos a vejámenes y maltratos físicos: importantes golpes en el caso de los dos primeros, seccionamiento del pabellón auricular derecho del segundo, e imposición al restante de ingerir cocaína, a lo que se sumó el maltrato psicológico pues, por el orden de las ejecuciones, B. y F. presenciaron la muerte de sus amigos, arrodillados, sabiendo que correrían igual suerte.
Tras el episodio, al menos uno de los intervinientes regresó tripulando la camioneta G. V. de la víctima, desandando el camino -pasando por los peajes de L.-R. a las 16.03.21 horas (en este trayecto se descartó de los celulares de F. y B.) e I. a las 16:23:40 horas-, abandonando el vehículo en G. N° …. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y prendiéndole fuego intencionalmente con nafta minutos antes de las 20.00 horas del mismo día. Advertido el fuego por un funcionario policial, los bomberos de la zona a los que dio inmediato aviso lo extinguieron rápidamente, permitiendo este obrar casual y no previsto por los ejecutores, salvar parte de la evidencia, pues allí se incautó documentación que permitió identificar a dos de las víctimas y unir este hallazgo con la primeras presentaciones de sus familiares que ya notaban su ausencia; gran cantidad de cheques, y especialmente la corredera y cañón de un arma T. 9 mm modelo T 111 M. de industria brasilera que, luego se estableció, era parte de la pistola de esas características propiedad de S. F., una de las empleadas, tres o cuatro horas antes, para terminar con la vida del trío.
Igual suerte corrió el P. …, dominio …, color gris, de este último que fue encontrado abandonado, seis días después, con la puerta abierta y la llave puesta, en S. N° …. de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Finalmente, en las primeras horas del 13 de agosto siguiente, en un zanjón a la vera de la Ruta Provincial .., llamado camino viejo a N., muy próximo a Ruta Nacional ., fueron hallados los cadáveres que habían sido conservados –sin saber exactamente dónde- en ambiente fresco y al amparo del contacto con insectos, bacterias o gérmenes que produjeran su descomposición, retardando así el proceso de putrefacción, dando muestra, una vez más, de la habilidad de los ejecutores para confundir a los investigadores, en este caso, sobre la data de la muerte.
La multiplicidad de recaudos tomados por los responsables para no ser descubiertos (uso de telefonía a nombre de terceras personas, desplazamiento premeditado y organizado por distintas jurisdicciones territoriales, pues en un sitio privaron de libertad y en otro mataron, ocultaron y conservaron los cadáveres), dio lugar a la intervención de diversos fueros y entorpeció la investigación, que también retrasaron la separación de causas, entre las que trataban el tema estrictamente vinculado con el móvil del hecho –tráfico de efedrina-, de trámite ante la Justicia Federal de C. y S. M. y el múltiple homicidio, inicialmente radicado en el Juzgado de Instrucción N° 19 de Capital Federal y luego ante la Justicia Provincial de M.
Hecho 2. (Causa 339/2443-10 - I.P.P. 844/09).
El 3 de septiembre de 2009, alrededor de las 19.30, cuando A.
B., regresaba a su vivienda de S. … de B. luego de finalizada su jornada laboral, fue sorprendido, al abrir el garaje, por el acusado C. L. y otro, quienes en forma abrupta lo hicieron ingresar al interior de aquélla, circunstancia que fue advertida por el oficial de policía M. G., dando aviso inmediatamente a la comisaría de su jurisdicción.
Aunque ambos individuos estaban armados, fue L. quien le apuntó a la cabeza con una pistola gris metalizada apta para el disparo -que a la postre resultó ser la P. B. 9mm cromada, N° L…., propiedad del acusado-, haciéndolo arrodillar, y ya quebrantada su voluntad, lo trasladaron hasta la habitación, donde le exigieron la entrega de ciento cuarenta mil pesos.
No contando con tal cantidad, B. les indicó donde guardaba lo único que tenía, apoderándose los autores de veintidós mil pesos que se encontraban guardados en una caja de metal, distribuidos en fajos de diez, ocho y mil pesos, bijouterie de calidad propiedad de la esposa de la víctima y un revólver calibre .. PLG largo marca Tiver Extra Nro… Efectivos de la Sub DDI de B., alertados por el oficial G., se constituyeron de inmediato en la vivienda de B., obligando a los actores a huir por los techos de las casas linderas, dejando a la víctima sobre la cama, amordazada y atada de pies y manos pero, al verse rodeados, tuvieron que despojarse inmediatamente de la caja que contenía los valores sustraídos y, tras una breve persecución, uno acató la voz de alto arrojando las armas que traía consigo sobre un techo y se rindió; mientras que el restante –C. L.- fue reducido en un terreno ubicado a media cuadra, secuestrándose del interior de una maceta una pistola semiautomática de su propiedad, marca G. modelo .. calibre … mm, N° M.. con cargador colocado (conteniendo balas de punta hueca), para cuya tenencia y portación estaba autorizado.
Segundo. El tribunal comienza el análisis de la intervención de los acusados en el primer hecho, estableciendo que los homicidios tuvieron por finalidad desplazar definitivamente a quienes se perfilaban, cada vez con más fuerza y mejor organización -las víctimas F., F. y B.- como competidores en el negocio ilegal de importación, exportación, compra y venta de efedrina, habiendo escalado en la pirámide estructural de esa actividad ilícita, a punto tal de haber hecho contacto directo con el mexicano M. E. (condenado por sentencia no firme en la causa número 2560, “M. E., R. M. y otros s/producción de estupefacientes agravado y Contrabando Agravado” del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 4 de San Martín), cabeza de una línea no sólo de exportación la sustancia a su país natal, sino también propietario del principal laboratorio de producción de “éxtasis”, droga de diseño para cuya producción aquélla es materia prima; tratando de ocupar el espacio dejado por M. T., tras su detención como resultado del allanamiento del laboratorio clandestino instalado en una quinta de I. M., y su posterior deceso en el transcurso de la investigación de la causa nro. … del Tribunal Oral en Criminal nro. 2 de C.
Tal posicionamiento había perturbado sensible-mente a quien lideraba la actividad –E. P. C.- pues conspiraba contra sus intereses -así como los de su socio M. L. y el compañero inseparable de éste, V. S., quien de su mano había también incursionado en el rentable comercio ilegal-, a punto tal que, contrariando la parquedad que las testigos S. B., A. L., entre otros, le atribuían como rasgo principal, había anunciado a los cuatro vientos que pagaría para mandar a matar a F. porque éste se estaba quedando con su negocio.
Pero como F. no estaba solo pues había formado una sociedad de hecho con F. y B. para afincarse en el terreno dejado por T., la solución definitiva del problema exigía la exterminación de todos los socios. P. C. no sólo había compartido con F. actividades tales como venta de medicamentos y comercio ilegal de efedrina, sino que desde 2007 era su financista en la droguería “S.” -con nombre de fantasía “B. M.”- que aquel poseía con su esposa S. B., cambiándole cheques, ya fueran de sus propias cuentas o de terceros -como los de las obras sociales que abonaban a plazo los medicamentos de alto costo que les proveía F. (testimonios de B., L., R., C., C.)-; y aunque en esa época era presentado por la víctima como su socio y amigo, la relación se vio seriamente dañada hacia comienzos del 2008 cuando, luego de la decisión de F. de presentarse en concurso de acreedores, no se ponían de acuerdo en el monto de la deuda; denunciando este último amenazas que atribuyó al primero (causas N° 70.582 del Juzgado Nacional en lo Correccional N° 4, Secretaría N° 67; N° 34.933, Juzgado Nacional en lo Correccional N° 5, secretaría N° 73 y, N° 10.596 Juzgado Nacional en lo Correccional N° 4, Fiscalía N° 1), una de las cuales consistió en dejarle una silla de ruedas en la puerta de la droguería con una nota indicando que la próxima vez la iba a necesitar (testificales de Q., G. hijo, Á., R., M., y otros empleados de la droguería).
Aparentemente esta deuda fue satisfecha por F., según dijeran su abogado R. R. y la esposa S. B., quien agregó que la única persona a quien S. no dejaría de pagar era a P. C. porque tenía miedo que lo mate, pero quizás lo fue parcialmente, pues el deudor solía actuar de esa manera según quedara evidenciado en el debate, no quedando el acreedor plenamente conforme.
La circunstancia de que el móvil lo aportara P. C. quedó evidenciada, para el tribunal, con su estrategia de marcharse a México entre el 26 de julio 2008 y el 10 de agosto siguiente, no obstante lo cual se mantuvo plenamente comunicado por los teléfonos de la flota de E. S.A., que desde la Argentina usaban M. L. y V. S.
Aquella razón movilizadora se transfirió a uno de sus socios y colaborador con comunidad de intereses, M. L., quien no por casualidad fue elegido para ejecutar la decisión de eliminar a los tres jóvenes empresarios que empezaban a hacerle sombra, pues además de ser perjudicado directo, era una persona vinculada a las esferas policiales y experto en el uso de armas de fuego y trámites para su tenencia y portación; y aunque este último contaba, además, con quien no sólo era un amigo inseparable, sino que también estaba imbricado en el tema, V. S., los destinatarios eran tres personas fuertes, de buena contextura física que entrenaban y el plan a ejecutar exigía sembrar el desconcierto para evitar que los autores fueran los ejecutados, lo que hacía necesario sumar colaboradores y quienes mejor que aquellos de estrecha vinculación parental o de amistad, como M. S. (hermano de V. y amigo de los L.) y C. L. (hermano de M., y amigo de los S.), también portadores de personalidades y habilidades afines con la tarea a ejecutar.
No escapó a la estimación del tribunal que la lista de intervinientes del múltiple homicidio no se agota en los cuatro imputados y su mentor pues resulta por demás evidente que contaron con colaboradores y algunos de importancia, en cuanto tenían la posibilidad de influir en algunas esferas de poder.
La certeza de la intervención de los acusados en el sentido indicado se abastece, para el tribunal, con las razones que, en lo sustancial, se resumen a continuación:
1. Las relaciones entre P. C., M. L. y F.
A fin de tener por acreditado que P. C. estaba estrechamente vinculado con el negocio de la efedrina, que su socio actual era M. L. y que el primero había tenido relaciones muy cercanas con F., el tribunal comienza el análisis con la testifical del Segundo Comandante de Gendarmería M. F. C., quien participó en la investigación, diciendo que ésta comenzó a destrabarse cuando se hizo contacto con un testigo de identidad reservada –luego identificado como D. A.-, un bolsero de Q. quien había vendido a M. L. una línea a nombre de M. N. P., terminada en 0830, dato de fundamental trascendencia toda vez que el acusado había utilizado esa vía para comunicarse con F. hasta muy poco antes de su desaparición en la zona de Q.
Agregó que A. entregaba teléfonos que no estaban a nombre de quien los adquiría, habiéndolo hecho, según sus dichos, también a personas que actuaban en hechos ilícitos, como la causa del homicidio de personas de nacionalidad colombiana en el Unicenter, y otra de una familia detenida por falsificación de monedas.
Recordó que en la vivienda del nombrado se hizo un allanamiento, secuestrándose teléfonos y documentación incompleta (se trata del cuaderno que el propio A. reconoció en la audiencia al que faltaba, nada y nada menos que la parte de una hoja referida a la entrega del celular al acusado, la que había sido cortada a tijera, y en cuya incautación diligenciada a fs. 4004 y siguientes de los principales intervino el Of. A. S. de la DDI de Q., quien dijo mantener relación por distintos motivos con M. L. y V. S. y haber pertenecido al grupo operativo de P.; circunstancia cuya relevancia podrá advertirse más adelante.
Dijo también C. que a partir de los datos aportados por A. se empezó a conectar gente porque las personas a quienes decía les había entregado el teléfono aparecían en las desgrabaciones: P. C., M. L. y personal de la DDI de Q.; manifestándole igualmente el nombrado haber provisto móviles a V. y M. S., y tener mucho miedo a punto tal que en una oportunidad en que, al conducirlo a su casa advirtieron la presencia de un vehículo con personas que el custodiado identificó como de la “DDI de Q.” y los siguió unas cincuenta cuadras, debieron realizar maniobras para evitarlo, solicitando que le pusieran un chaleco antibalas.
Interrogado sobre cómo estableció la existencia de vínculos entre M. L. y P. C. contestó que también los hizo por los dichos de A. y porque tenían en común dos o tres sociedades, de las que también formaba parte J. A. C.; mientras que Gendarmería había sido convocada en otra investigación, en la que una persona llamada P., había denunciado por unas amenazas a V. y M. S., en un taller que luego fue allanado y donde existían teléfonos que concordaban con esta investigación (ello guarda relación con el hecho motivo de la causa 4890 del Tribunal en lo Criminal nro. 3 de Quilmes, en la que los nombrados fueron condenados a prisión de ejecución condicional por coacción agravada); mientras que en otra causa en la que se investigaba un secuestro extorsivo también tuvieron acceso a comunicaciones que vinculaban a los hermanos S.
Expresó también C., con estimación del tribunal, que analizando movimientos de vehículos y comunicaciones telefónicas establecieron vinculaciones entre M. L., P. C., M. E. y V. S., dando cuenta que del examen de los movimientos migratorios de M. L. (combinados con datos del Registro de la Propiedad Automotor) resultó que junto con V. S. y dos personas más de G. R., egresaron por M. con una camioneta H. registrada por la esposa de este último, dominio EXU-826 y entraron con un C. A. …, a nombre de la Secretaría de Inteligencia del Estado; y no obstante haber negado la SIDE que el vehículo realizara el viaje, la camioneta en cuestión, que debía estar en el exterior porque nunca se registró su reingreso, fue secuestrada en la Argentina, hallándose en su caja, casualmente, una rueda perteneciente a un rodado C. (dato que, destaca el tribunal de primera instancia, debe ser analizado en función de la complejidad que tiene la presente causa).
Retomando los dichos del testigo, el tribunal de audiencia tuvo en cuenta la prueba de sonido realizada en el taller de V., escuchándose el tiro, y el secuestro en ese lugar de un trailer con botellas de agua, como las que se enfrían para hielo (aunque estas pruebas no arrojaron resultados concluyentes respecto a que allí se hubiesen producido los homicidios); así como de la incautación de mercadería en un galpón cuya propiedad los vecinos atribuían a M. L., que quedó a determinarse si fue ingresada de contrabando.
Refirió de igual modo que F., F. y B. al inmiscuirse en el tema de la efedrina perjudicaban a P. C. y a sus asociados, ya que éste era su negocio y que la muerte de los jóvenes tuvo las características típicas de un ajuste de cuentas de organizaciones mafiosas.
Respecto del análisis de entrecruzamientos telefónicos, explicó que se completaba con tareas investigativas de campo, para establecer con la mayor certeza posible el usuario de la línea.
Agregó que P. C. estaba vinculado con F. por el tema de la efedrina, y aunque no sabía si este último conocía que la que estaba adquiriendo venía del primero, quien había dicho, además, que lo iba a “matar”, sí pudo determinarse que ambos se proveían de la sustancia en “Famérica” y los dos le vendían a M. E.
El tribunal de grado enlazó la anterior con los dichos M. G. S.
quien dijo haber conocido a F. por intermedio de otros, haberle vendido (a eso se dedicaba) aproximadamente treinta autos dándose cuenta de que se dedicaba a adulterar medicamentos; a P. C., a quien le vendió dos, y a M. L., quien no le adquirió autos pero le hizo trámites por la tenencia del arma, creyendo haberle presentado a F.
Dijo haber escuchado a A. hablar de la efedrina, quien después le contó que F. estaba en el tema, vinculando por comentarios también a M.
L. -hombre de contactos, según sus palabras- con tal actividad; y atribuyendo a la víctima, por igual vía, la realización de arreglos por ese tema con distintas personas y organizaciones.
Recordó una ocasión en que P. C. confundió su camioneta con la de F. al que buscaba porque lo había defraudado (no es necesario repetir a pies juntos las palabras copiadas en el veredicto), diciendo que cuando lo viera lo iba a matar y que A. le había dicho que el primero le quiso hacer pisar el palito a F. con una entrega de efedrina que tenía sal; así como que éste se iba a meter en el negocio de E. (P. C.), dándose cuenta que era el de la efedrina.
P. H. Q. aseveró haber escuchado del negocio de la efedrina que manejaba P. C., y que en junio de 2006 F. le preguntó si le podía conseguir esa sustancia; y R. D. M. (alias “R.”) que F., T. y J. siempre andaban juntos diciéndole el primero que una persona que conocía hacía cinco años, L., quien trabajaba en el RENAR, le iba a presentar a alguien que le proveería efedrina, por lo que le pidió que averiguara sobre él, y así lo hizo.
O. H. B. (progenitor de L.) hizo referencia a la nota de su puño y letra obrante a fs. 11.249/51 de los principales y que reconociera en la audiencia, cuyo contenido, explicó, le dictara S. -quien, a su vez, según otras testificales habría recibido tal información de J. C. P.-; y que dijo que E. P. C. mandó a matar y que fue socio de S. F. 4 ó 5 años atrás.
Agregó este testigo, palabras más palabras menos, que “C.” A.
se encargaba de cobrar 1.000.000 para los policías federales G. y V.; que M. L., manejaba los precursores para la cocina de las metanfetaminas, “éxtasis” y “ice”, además de encargarse de sacar permisos de portación de armas para toda la gente del gobierno y junto al comisario mayor M. T., habían apretado a F. para que les vendiera un laboratorio porque les había dado mercadería rebajada; en tanto P. C. estaba con el cartel de S. y F. le proveía precursores.
S. B. (esposa de S. F.) narró que hacia fines del 2007 P. C.
estaba ayudando mucho a S., prestándole plata, a través de A. C. que era su mano derecha y trabajaba en el negocio; se hacían unas facturas por la plata que le entregaba, cobrándose los intereses enseguida porque le prestaba contra los cheques; pero como a finales de ese año F. decidió concursarse al no poder mantener la empresa, el pacto se quebró pues E. (P. C.) no estaba de acuerdo, aunque su esposo aseguraba que le había pagado, ya que era la única persona a quien no dejaría de abonarle por miedo a que lo mate; y recordó también que lo denunció por amenazas.
A M. L. lo conocía de largo tiempo atrás, le decía “P. portación”, pero en el último mes lo había empezado a frecuentar bastante.
J. L. S., miedoso y reticente por encontrarse evidentemente involucrado, sólo dio cuenta de saber perfectamente que P. C. estaba en el negocio de la efedrina pero su esposa, A. M. N., agregó que cuando pasó todo esto su hija vio una foto de E. (así lo conocía la testigo) en el diario y dijo llorando que su padre estaba metido porque ella había observado que entre los juguetes, debajo de la escalera, guardaba tachos de efedrina que E. tapó con una frazada escuchando que tales envases los llevaba en la camioneta T. verde, pasándolos desde su casa a la Capital por G. Dijo también que luego de lo sucedido, S. estaba con miedo.
Para concluir el punto el tribunal de primera instancia transcribe parte del Informe de la DEA, de fs. 10.757/63 según el cual: “el líder del laboratorio de M. es J. M. E.”.
La DEA fue informada sobre J. como intermediario entre T. y F..
Que además era la conexión argentina del cartel mexicano que operaba en M.
El 22 de octubre de 2008 la DEA recibió información que F.
estaba involucrado en proveer grandes cantidades de efedrina al cartel que representaba M. E. en el laboratorio de M. F. y su ex socio P. C. aportaban efedrina a M. E. y otros carteles mexicanos que operaban en el área de Buenos Aires.
El 15 de octubre de 2008, la DEA es anoticiada que R. M.
suministraba efedrina a M. E.
El 26 de octubre del 2007, información de inteligencia indica que Argentina importó 8.000 kilogramos de efedrina y que una gran porción de esa sustancia era desviada por la organización de P. C. para ser exportada a México y los EEUU.
El 18 de febrero de 2008 otra información recibida por la DEA implica a P. C. en el tráfico ilegal de efedrina, heroína y manejo de un laboratorio clandestino de drogas en la provincia de S. F. además de encontrarse involucrado en la exportación de grandes cantidades de efedrina desde B. A. a M., con una capacidad operativa para enviar 1.000 kilogramos de efedrina por mes en contenedores desde el puerto de B. A. (tarea facilitada por los contactos que allí tenía).
La relación de P. C. y F. se inició en octubre de 2006, retomándose luego en octubre y noviembre de 2007.
Trabajaban juntos en la compra de efedrina para remitirla a M., con destino a varios carteles, entre ellos el de M. E. y R. I., que pertenecían inicialmente a la misma organización, aunque finalmente representaban carteles rivales.
Ambos se mostraban muy interesados en obtener efedrina en grandes cantidades de Sud América.
El 7/8/2008 F., F. y B. fueron secuestrados y encontrados ultimados el 13/08/2008 en un descampado de G. R.
La información indica que P. C. y M. E., separadamente, habían amenazado de muerte a F. y que el motivo era el mismo: una disputa en relación a la actividad de tráfico de efedrina.” (Los resaltados son del veredicto).
El informe resulta útil, además, para establecer relaciones entre algunos testigos escuchados en el juicio como es el caso de M. M. y P. Q. a quienes nombra como asociados a P. C. en el ilegal negocio de la efedrina.
2. P. C. y M. L. eran socios.
M. L. D. (Abogado de SEDRONAR) dijo que a partir de una inspección a “F.” en que se detectaron muchas irregularidades se llegó a B., quien en realidad era S., el “rey de la efedrina”, y también a O. (de “M.”), quien llamó la atención por el gran movimiento de efedrina determinándose en la inspección que se estaba preparando para abrir una droguería, pero, según se acreditó después en la causa del juzgado federal, era en realidad un indigente a quien le habían dado dinero para que firmase el contrato de locación y los papeles para anotarse en el registro de precursores químicos. “E.”, cuyos socios eran M. L. y P. C., nunca estuvo inscripta en precursores químicos, sí O., pero necesitaba otros requisitos para importar. En una inspección a “T. S. A”, S. dijo que A.y J. F. no les querían vender efedrina porque tenían otros compradores que le pagaban más, pensando que se trataba de P. C..
Agregó que para ellos todos los movimientos de efedrina se vinculaban al gran laboratorio incluso el triple crimen se pensó relacionado con ello.
M. V. G. (contadora y conocida de los dos hermanos L. y V. S.)
declaró que M. L. le pidió como favor que hiciera los trámites en la Sedronar para que las empresas “E.”, y otra a nombre de O., pudiesen exportar efedrina y precursores químicos, y que ella retiró los formularios y requisitos y se los dio. L. le dijo que en E. era socio de P. C. a quien le presentó. J. A. C., quien trabajó con F. en “B.” cuando éste era socio de P. C. dijo haber formado parte de E., junto con P. C. y L.; la empresa tenía siete radios a su nombre, de los cuales M., E., él, y otro muchacho de nombre A. poseían uno cada uno, mientras que los restantes los repartiría P. C. quien se encontraba en Cancún cuando desapareció S., fue avisado, no sabía nada y no conocía a las restantes víctimas.
El policía J. C. B. explicó en la audiencia que por medio de mensajes de correo electrónico se estableció que una empresa de O. hacía pedidos de cotización de efedrina a China y EE.UU. en febrero de 2008 para importar, preguntando si se podía poner otra sustancia en lugar de aquélla, y solicitaba que los envíos fueran menores a 20 kilogramos, para evitar que los revisaran.
El destinatario de uno de ellos era F., al domicilio de M. …, piso y departamento que no recuerda, aunque tareas de inteligencia permitieron determinar que allí no había un edificio de alto sino la armería “D.”, mientras que el piso y departamento sí coincidía -según informe de Gendarmería-, con la del ubicado al … de la misma arteria en la que, casualmente, la empresa “S.” de la que formaba parte M. L., tenía su sede, por lo que se pensó en ese momento en la existencia de una relación entre los nombrados, reforzada luego al establecerse también que M. L. era conocido del dueño de la armería de mentas.
Corroboran los dichos del anterior el análisis de los correos electrónicos hallados en un dispositivo de almacenamiento masivo incautado el 20 de marzo de 2012 en la vivienda de B. P. …. de V. L., perteneciente a P. C., de los que emergen diversas operaciones de efedrina entre la dirección de la droguería “M.” -cuyo falso titular era J. O.- y empresas de China e India, destacándose los siguientes datos: los paquetes de efedrina no debían superan los 20 kilogramos; el precio de 15 kilogramos de efedrina era de 3.500 euros a entregar por EMS; el material debía enviarse etiquetado como proteína de suero, a nombre de F. con dirección en M. …, ., ... El 24 de julio de 2008 se remitió a J. O. un mensaje diciéndole que podían suministrarle 1.000 kilogramos de efedrina, pero como era un producto controlado demandaba licencia de importación que le solicitan tramite.
En otros mensajes del 9 de julio de 2008 O. consulta a las empresas si la efedrina podía empacarse como pólvora porque ese material necesita algunos controles especiales aquí que podían ser fácilmente limpiados (fs. 10354/10378), dato por demás significativo teniendo en cuenta que M. L. se reveló como experto en el tema, poniendo en tela de juicio durante el debate la palabra de peritos balísticos, además del informe del Renar y los allanamientos que lo colocan como tenedor y portador autorizado de más de veinte armas de fuego, es decir mucho más que cualquier aficionado; sus dichos acerca de ser instructor de tiro y los de varios testigos que lo identifican como gestor ante el Registro de Armas y vinculado a tal entorno, lo que le permitía algunas licencias, como tomar las huellas digitales en el domicilio de la persona a registrarse como tenedor o portador de armas.
Aunque en menor medida, esta actividad y solvencia era compartida por su hermano C. L., tal como él admitiera.
Las testificales se complementan con el informe sobre sociedades y socios obrante en el anexo documental fs. 37/60 y Legajo Fiscal N° 1 de fs. 232/241, resultando que P. C. era socio de M. L. en E. A. S.A., con domicilio en calle P. …. de Capital Federal, cuyo objeto, entre muchísimos otros relacionados, era comercializar medicamentos; con posibilidad de, valga la repetición, comercialización dentro de estos mismos rubros, tanto al por mayor como al por menor, y/o elaborar o producir.
3. V. S. no era simplemente el compañero inseparable de M.
L..
Estima el tribunal que resulta falsa la afirmación de V. S. de no haber participado de las conversaciones entre M. L. y F. aduciendo que permanecía en otra mesa del café o afuera mientras ellos hablaban sin su presencia.
Ello así no sólo porque resulta inverosímil que, siendo el acompañante habitual de M. L. éste lo apartara para hablar; sino porque existen elementos de prueba que lo desmienten.
Un indicio surge de la declaración del nombrado de fs. 7650vta.
y ss., pues, si según afirmara, junto a M. L. vendían autos y, por dichos de éste, sabía que con F. hablaban de ese tema e iban a comprar un M. C. porque siempre hacían negocios juntos, no tiene sentido que fuera excluido de la conversación sobre la actividad que, precisamente, lo vinculara a su socio.
Otro se desprende de la confluencia de varias líneas telefónicas que se produjo el 24 de junio de 2008 y fue captada por la antena “L. P.” de P., que abarca la zona del “O.” permitiendo inferir que allí se llevó a cabo una reunión en la que estaban F. (tel. finalizado …., a nombre de G. A.), V. S. (tel. terminado en …., titular M.), G. A., (tel. terminado en …., línea a su propio nombre), M. L. (tel. terminado …., de E. S.A.) y P. F.; la que resultó particularmente extensa -según registros coincidentes los teléfono de F., M.
L. y V. S. permanecieron allí desde las 18.45 a las 20.48-, reforzando la idea de que V. no era un simple espectador, sino uno más del grupo que se reunía en torno al común interés del comercio de efedrina.
Pero además, V. S. tenía un N. de la flota de E. S.A. ya que, como declararon tanto él como M. L., iba a trabajar para la empresa, circunstancia que permitió establecer otro vínculo trascendente, ni más ni menos que con el inspirador del triple homicidio, es decir P. C.. Y si tal como refiera M. L., E. nunca llegó a funcionar “por todo esto” -en alusión al delito que nos convoca- ¿por qué el teléfono que usaba (4856) mantenía fluidas comunicaciones con P. C. (….), en especial estando éste en México? (se detectan comunicaciones entre ambos lo días 30 de mayo de 2008; 10 de junio, día posterior al de la reunión referida más arriba, en que mantuvieron no menos de cinco ocasiones en distintas horas del día; 26, 27 y 30 de junio; varias en el transcurso del mes de julio; y otras tantas el 5 de agosto, todas internacionales con México, ni más ni menos que en la víspera de los homicidios).
A su vez, el teléfono de L. estaba en contacto permanente con el de V. S. (….), detectándose un total de 467 comunicaciones entre ambos (según manifestaciones de R. A. A. en el debate y fs. 15/32 del anexo telefónico IPP 268.351), especialmente después del intercambio que el primero mantuviera con P. C., lo que demuestra que, lejos de no haber llegado a funcionar, el negocio ya estaba en curso.
Pero hay más, pues en otra reunión llevada a cabo el 9 de junio de 2008, en la confitería “O.” de P., región captada por la antena “L. P.”, se hallaban S. F. (teléfono term. …., titular G. A.), M. T. (term ….) y V. S. (terminado en …., a nombre de L. M.) comunicándose este último con M. L., quien se encontraba en el O.; circunstancia que echa por tierra la afirmación de que V. S. oficiaba las veces de mero acompañante de éste, cuando su presencia en el lugar no podía obedecer a otra razón que la de participar en las conversaciones entre, nada más y nada menos, dos de los principales referentes del negocio ilegal.
Refuerzan esta conclusión, en la estimación del tribunal, la circunstancia que, según los registros de llamadas (alerta enviada a las 21.35 horas por F. captada por la antena …. de L. P. al nro. …. posicionado en la antena …. de P.), L. se venía aproximando pero no se sumó a la reunión (a las 21.41 horas llama a F. siendo ambos captados por la receptora de L. P.), en la que V. S. participaba sin su presencia y a título propio, como también lo demuestra la alerta que éste envía a L. a la 22.10 horas, igualmente captada por la antena …..
Consignó también el tribunal de audiencia, finalizando el argumento, que en esa misma reunión hubo múltiples comunicaciones entrantes y salientes entre M. L. con F. y S. (conforme los declaraciones de V. y A. en el debate); y aunque no puede afirmarse certeramente que el objeto del encuentro fuera negociar con efedrina, existe una fuerte presunción en tan sentido derivada del hecho de que ese era el único motivo que había convocado a los tres participantes -y otros relacionados con la actividad- en las restantes convocatorias que F. realizara en ese lugar, por cierto elegido por él a tales fines.
También contribuyen, para el tribunal de primera instancia, a demostrar el punto en tratamiento, que el 25 de julio, un día antes del viaje de P. C. a México, fueron habilitadas para comunicaciones internacionales las radios de E. en posesión del nombrado, así como las de M. L. y V. S., lo que ubica a estos últimos en igualdad de condiciones frente al autor intelectual; y que no pocas llamadas existen entre V. S. y M. T., quien estaba metido hasta el tuétano en el laboratorio de M., cocina de drogas sintéticas a partir de efedrina, y había recibido de F. efedrina con sal, a su vez provista por M. L., como se verá más adelante.
En relación a los hermanos V. y M. S., el policía I. A. T. dijo que se pudo establecer que el apodo del primero era “F.” -apelativo que aparece vinculado al teléfono cuya terminación es …. y resultó fundamental para llegar a los autores del hecho-, y se movilizaba en una T. H. negra, dominio …-…; mientras que junto a su hermano eran conocidos en el barrio por los negocios que poseían, resaltando los vecinos que eran personas violentas; que M. S. usaba un teléfono cuya titular era L. M., y que la finca del N. V. … era el domicilio de la familia, no pudiendo determinarse quién vivía allí pero sí que el A. negro de M. L. era visto en la puerta.
Dijo asimismo el testigo que Gendarmería peritó una rueda que había en la caja de la H. de V. S. y era de un vehículo C..
4. F. había logrado hacer contacto directamente con J. M.
E..
Según dichos de F. J. C. poco antes de su desaparición, F. le manifestó que estaba en contacto con M. E. y que ya estaban armados para el tema de la efedrina, explicándole cuál era la función de cada uno de ellos, asociando después, al ver las fotos en los medios, que se refería a B., el que manejaba el aeropuerto E. para poder exportar efedrina y F., quien la conseguía sin problemas; interpretando que buscaban que él intercediera ante M. E. para que les comprara la efedrina.
El vínculo fue confirmado por J. C. P., quien además dijo que E. invitó a F. para que fuera de paseo a Cancún con su familia, circunstancia confirmada por las esposas de los tres, M. V. C., S. B. y M. F. I..
5. La relación de F. con M. L.
Para establecer el alcance de la relación que F. tenía con M. L., el tribunal se apoya en las testificales de:
P. F., vecino y testaferro de F., quien, entre otras cosas, aseveró haber conocido a J. P. por habérselo presentado F., desconocer a B., y ver a F. unos días antes de la desaparición; que S. le había contado de unas amenazas de P. C. con una silla de ruedas; y que a M. L. lo nombró un par de veces porque él quería hacer tiro, tenía unas armas, y éste hacía el trámite; sabía que se comunicaban por radio, y también que S. usó su teléfono porque se quedaba sin batería.
Interrogado acerca de si alguien de nombre A. (C., socio de L. y P. C. en E.) lo llamó preguntando por S. dijo creer que sí, el mismo día que M. L., pudiendo ser que llamara de parte de éste.
Recordó haber acompañado una vez a S. al W. de Q., donde se encontró con una persona que le entregó medicamentos en un paquete cuadrado; y que en el “O.” de P., poco antes del hecho, se encontró con una persona que por las fotos que le mostraron era M. L., pidiéndole F. a él que se fuera.
Respecto a las diecinueve comunicaciones registradas desde su radio a una de Quilmes a nombre de J. L. G. R. (línea cuyo uso también fue finalmente admitido por M. L.), refirió no conocer a nadie llamado así, que esos enlaces debieron ser efectuados por S. desde su teléfono.
R. M., quien además de la referencia al pedido de F. de que averiguara sobre L. ya mencionado, dijo que el primero le había contado que tenía una reunión con L. el jueves o viernes de la semana que desapareció; y que T. discutió con F. porque le había vendido efedrina con sal y que después de eso se arregló, aunque no le constaba que en esa operatoria se hubiera nombrado a L..
S. T. (Contador de F.), quien manifestó en la vista de causa que P. C. le había dicho a fines del 2007 estar muy enojado con F. por un tema dinerario y no le atendía el teléfono; que en febrero de 2008 él le reclamo a F. que le pague, dándole un cheque de $15.000 de O. y diciéndole que si tenía problemas porque venía de vuelta se comunicara con M. L., que le hacía las gestiones de cobranza, y como ello ocurrió efectivamente tomó contacto con el acusado, pero éste dijo que no tenía nada que ver con eso. A. G. A., quien trabajó con F. en S., expresó conocer a P. C.
porque F. se lo presentó como socio de la droguería; S. le daba cheques y él los negociaba y cubría los bancos; J. A. C. -mano derecha de P. C.- estaba en facturación y hacía el ingreso y egreso de los cheques y cuando F. entró en cesación de pagos se fue llevándose la computadora con todos los datos de facturación.
M. L. venía a verlo a S. a la droguería una o dos veces por semana, tocaba el timbre y se iban juntos, siempre concurría acompañado; S. le comentó que le hizo la portación de armas y también a P. C.. Estando F. en cesación de pagos, P. C. vino a buscar unos cheques, se fue y estaba todo bien; que mientras él estuvo -se fue en mayo de 2008- la relación entre ambos era normal.
Aludió también a una reunión en la confitería C. en marzo de 2008 a la que S. F. le pidió que fuera porque él estaba atrasado, para que presentara a P. y M. L.; L. fue acompañado y llevando un morral en el que podía verse una pistola (el tribunal aclara que varios testigos dijeron que solía portar dos), registrándose un diálogo en el que le preguntó a P. algo así como “¿vos tenés la ‘efe’?” (por efedrina) contestando el otro que no, mientras que al acompañante de L. le decía que lo conocía de .. de M. (S.) y éste que a él lo ubicaba de C. (la embajada).
Expuso asimismo que M. L. le recriminó a S. por lo que les había hecho a lo que éste le contestó que aguantara, en tanto que el acompañante de L. dijo “con vos nene vamos a tener que hablar porque te portaste mal”, y se fueron.
Tras ello, L. no le atendía el handy a S., pero aproximadamente a la semana que el testigo dejó de trabajar en la droguería, este último le dijo que L. lo había llamado y se iban a juntar.
Para las fiestas –calculó que las del 2007- S. tenía problemas con unas causas en el ANMAT y si ponía $200.000 lo iban a limpiar; que lo tenía que ver a M. L. para darle esa plata, pero no sabía quién estaba con todo eso.
En otra ocasión, S. lo mandó al bar de C. y P. o S., porque él no llegaba, donde junto a P., se tenían que encontrar con uno que trabajaba dentro del Congreso; era por efedrina que S. le dijo que conseguía el socio de P. C., esto fue dos o tres días antes que apareciera la silla de ruedas en la droguería, en mayo de 2008 (amenaza que la víctima atribuyó a P. C.). Para el testigo, la muerte de F. fue por la efedrina.
M. L. iba a la droguería con alguien que presentaba como V., manteniendo el testigo para el tribunal su credibilidad a pesar de no reconocer como tal a V. S. -lo que además dio oportunidad a L. para decir que se trataba de otro V.- por la armonía que sus dichos guardaban con otras pruebas, más allá del resultado adverso de la diligencia, que pudo deberse a cantidad de factores.
F. J. C., quien después de que se le exhibiera su anterior declaración de conformidad con el mecanismo previsto en el artículo 366 del ceremonial terminó admitiendo que M. L. estaba vinculado a F. por la efedrina, lo que sabía por dichos de sus asistidos T. y M. E., de quienes era abogado, por temas precisamente vinculados con tal substancia.
Finalmente tuvo en cuenta el tribunal de audiencia que del análisis de las comunicaciones que mantuvo el teléfono personal de M. L. (….), se desprendía que desde marzo de 2008, mantenía contactos con S. F., mientras a su vez se comunicaba con D. S. J. (N. L.), U. (a nombre de D.
V. pero de M.), con el teléfono de L. R. A. que utilizaba P. C., además de V. S. y la línea que utilizaba M. G. (a nombre de su hermano L.) y otras personas, incrementándose tales contactos hacia el mes de junio del mismo año (CD Legajo f. 1 de fs. 1366).
6. P. C. había hecho conocer su voluntad de eliminar a F.
porque se quería quedar con el negocio.
Así lo declararon durante la vista de causa J. L. S., quien no en vano fue víctima de pánico cuando se enteró de la desaparición de F., F. y B., como lo declararon su ex-esposa, A. M. N. y su socio y amigo R.; y no era para menos, pues había escuchado de P. C. que “D. lo estaba cagando y a él le estaban cagando el negocio, los voy a tener que boletear”, en referencia a D. F. (y los que estaban con él que se desprende del uso del plural), socio y amigo de S., con quien estaba en el ilegal negocio de la efedrina. A. M. N., ex-pareja del anterior, dijo corroborando sus palabras, haber escuchado de boca de S. que un tiempo antes del hecho se encontró con E. y le quiso advertir algo de lo que estaba pasando, que los chicos se estaban metiendo en algo, lo estaban dejando de lado a J. L., en un campo que no era de ellos.
Por su parte, G. A. R. declaró que J. L. S. le había comentado que P. C. pagó $100.000 para que mataran (el tribunal destacó el uso del plural) a F., agregando de su cosecha S., y antes que aparecieran los cuerpos: “estos tres boludos van a aparecer muertos en un zanjón de Moreno”, tal como le expresara a su entonces esposa ya mencionada, considerando que S. sabía más de lo que contaba, pero que no sería capaz de matarlo, aunque sí de no hacer nada, dejar que lo maten pues tenía terror a P. C..
P. H. Q., socio de P. C. en “O. C.” y según el informe de la DEA integrante del negocio ilegal de efedrina, aunque él intentó despegarse de ello, declaró haber presentado a F. y P. C. en el año 2006, escuchando del negocio que este último manejaba, y que el restante le había preguntado por esa fecha si le podía conseguir la sustancia.
Dijo también, en lo que interesa al tema en análisis, que F. le había dicho que E. lo quería ultimar, porque el negocio de la efedrina era de él, es decir de P. C., y quien atribuía también el incidente de los tiros que le habían pegado a su camioneta; aunque le reconoció que le debía como U$S 70.000 a P. C. y éste nunca había tomado represalias.
El vendedor de autos S. ya mencionado relató que un día P. C.
confundió su camioneta con la de F., al que buscaba porque lo había estafado, y le dijo “cuando lo vea lo mato”; conducta que encontraba correlato en el ánimo de este último, quien le temía profundamente, tal como se desprende no sólo de las testificales de S. B. entre otras oportunamente mencionadas, sino también, y especialmente, del mensaje de correo electrónico enviado a su madre E. C., el día 10 de julio de 2008, a menos de un mes de su muerte, que decía: “...tuve un problemita un poquito grave, me dejaron una silla de rueda ... tuve que dejar de ir a la farmacia a laburar y recluirme en un lugar hasta K esto termine”.
Reforzando este idea, G. M. (abogado de F.) dijo que S.
responsabilizaba a P. C. por la muerte de S. y así lo plasmó en una denuncia; atribuyendo lo de la silla de ruedas a P. C.; Q., también dejó entrever el temor de F.; y J. P., agregó que éste no quería quedarse solo con P. C. porque le tenía terror.
7. La intención no era sólo eliminar a F..
Estimó el tribunal que, contrariamente a lo ocurrido en la etapa de investigación cuya provisoriedad característica conducía a pensar que F. era el único destinatario del dolo homicida y que los otros jóvenes habían estado en el lugar y hora equivocados, recibiendo la muerte por reflejo o añadidura, ello no ocurrió en el debate.
No sólo porque se trató de homicidios organizados, planificados y premeditados, que se armaron de modo tal de tomar desprevenidos a los destinatarios para actuar sobre seguro, con pluralidad de intervinientes que tomaron muchas precauciones para no ser descubiertos, sino porque tampoco se trató de un modo cualquiera de matar, pues existieron vejámenes previos que comprendieron a las tres víctimas, destacándose el caso de B. a quien no sólo lo golpearon duramente en la cabeza, sino que le cortaron el pabellón auricular derecho; siendo “ajusticiados” los tres de manera similar, con varios disparos de arma de fuego en zonas vitales, principalmente en cabeza y tórax, estando todos ellos de rodillas o en un plano inferior al de los victimarios, quienes además se posicionaron por detrás, habiéndose producido los ataques, sin solución de continuidad, uno tras otro, F., B. y F., siendo los dos últimos, como ya se mencionara más arriba, involuntarios espectadores de la ejecución del anterior. Pero además, el móvil enunciado abarcaba a todos los occisos.
Sin descartar que quien actuara como principal promotor del hecho, es decir P. C., inicialmente tuviera como destinatario a S. F., teniendo en cuenta que la sociedad de los damnificados tenía apenas uno o dos meses de vida, y lo que deben ser interpretados como intentos fallidos de sacar del medio a F., induciendo indirecta y astutamente a otros a cumplir tal cometido, como es el caso de la celada puesta al nombrado mediante la venta de efedrina con sal a M. T. y que tuvo como proveedor, nada más y nada menos, que al imputado M. L.; y que sólo por la habilidad de la víctima no tuvo mayores consecuencias, ya que entregó a T. a modo de indemnización y para recobrar su confianza, una droguería, que era ni más ni menos lo que éste necesitaba para ampliar su negocio, aunque ésta no tuviese la imprescindible autorización para importar el precursor. Un paréntesis: Concluye el tribunal que el hecho de que F.
nunca supiera certeramente quién había adulterado la efedrina -bien pudo haber sido quien se la proveyó a L. o que T. mintiera sobre el tópico, y tampoco se sabe si hubo otros intermediarios a quienes responsabilizar-, y lo convincente que L. fue para exculparse frente a él, son las razones que explican por qué siguió F. haciendo negocios con aquél, concurriendo a “W.” convocado por el acusado.
Este episodio de la provisión a T. de efedrina con sal fue además ratificado por los dichos de R. M., abogado de F., quien dijo que S. le dio a T. una droguería que estaba a nombre de F. para solucionar el problema de la efedrina con sal que le había conseguido M. L.; M. G. S. quien dijo que con el tema de la efedrina con sal quisieron hacer pisar el palito a F.; el escribano E. A. T. quien intervino en la transacción documentada en la escritura que en copia obra a fs. 2634/2658 de los principales; S. M. B., ya citada; J. P. quien dijo que M. L. le vendió efedrina a F. que iba destinada a T., y que llegó al laboratorio con sal, y E. A. M. a quien M. L. le dijo que S. estaba haciendo macanas vendiendo sal en vez de efedrina a los mejicanos.
La restante trapisonda, en palabras del tribunal, fue el intento de responsabilizar a F. por la denuncia del laboratorio clandestino en la quinta de I. M., hecho que resulta falso y debe descartarse, según el tribunal -a pesar de que una de las defensas lo diese por cierto en los alegatos-, no sólo porque el expediente en cuestión se generó tras un anoticiamiento anónimo sino, fundamentalmente, porque de la testifical del Segundo Comandante de Gendarmería, M. C. se desprende que el laboratorio ya venía siendo investigado tras el apresamiento de E. G. en el norte; dato reforzado por las declaraciones de varios testigos que dijeron que tanto F. como F. venían haciendo negocios con la gente de M., cuyo propietario era M. E., a quien F., además, se había esmerado por contactar para hacer negocios, por lo que mal puede suponerse que lo iba a denunciar. Pero lo cierto es que para la época en que se asociaron, no sólo F., sino también las otras dos víctimas, se encontraban completamente involucradas en el negocio de la comercialización de efedrina, representando una amenaza para quien ejercía el liderazgo de la actividad.
Ello se desprende de las testificales analizadas por el tribunal de:
D. F. quien declaró que el día que apareció en la televisión lo de la quinta de M. su hermano le dijo que iba a hacer negocios con esa gente; y que un amigo de éste, G. M., le había confiado a su madre que en la quinta de M. había un grupo de personas, entre ellos S., I. y su hermano, entre otros, que iban a juntar plata para que T. saliera de la cárcel. M. F. I. (cónyuge de F.) mencionó que D. le había contado que un tal M. (el nombre se corresponde con el de T.) le llevó una valija llena de plata por la efedrina que él no la aceptó.
J. L. R. (amigo de F. y empleado de la farmacia que éste compartía con S. en junio y julio de 2008) recordó que cuando vieron por televisión el problema de M. D. había dicho: “¡cómo nos salvamos!” porque con esa gente se iban a juntar para hacer negocios; dato que también confirmó otro de los amigos del nombrado, G. E. M. quien atribuyó a D. haber dicho en la misma oportunidad que se habían juntado con esta gente por un pedido, porque necesitaban efedrina y ellos (F. y sus socios) no la podían juntar; que tenían un maletín con un motón de plata y no conseguían efedrina suficiente.
A. M. N., declaró que su ex-pareja, J. L. S., refirió el episodio del descubrimiento de la cocina de M., adunando que estaba comiendo en un restaurante con los doctores R., R. y F., muy nerviosos mientras veían en la tele el allanamiento.
8. El verdadero móvil del homicidio múltiple fue la efedrina.
Según quedó acreditado en la primera cuestión del veredicto, sobre la base de los dichos de O., D. y S., la efedrina ingresaba a nuestro país fundamentalmente a través de U. (importada de India–Malari), se distribuía a través de F. (de E. G., S. y F.) y M. (cuyo titular era O., testaferro de P. C. y M. L.), y su principal destino era el laboratorio clandestino arraigado en I. M.; así como que algunos eslabones de la cadena, como es el caso de P. C. y M. L., no sólo la adquirían de importadores, sino que también la ingresaban directamente comercializándola con otros intermediarios como S. y su socio F..
El informe de la DEA y las declaraciones de las esposas de las tres víctimas confirmaron que estaban juntos por el tema de la efedrina, comunicándose constantemente por ello a aproximadamente un mes de su desaparición.
El Segundo Comandante de Gendarmería M. C., preguntado si P. C. tenía vínculo con F., dijo desconocer si este sabía que la efedrina que adquiría venía de P. C., opinando que las muertes de F., F. y B. se vinculaban con el narcotráfico de efedrina, pues al involucrarse en este negocio traicionaron a P. C.; y tenían la forma de los ajustes de cuenta mafiosos, como indicaban la falta de una oreja, el lugar y el número de los tiros; y, aunque reconoció que F. estaba en la adulteración de medicamentos, descartó que se tratara de la mafia farmacológica. Igual opinión expresaron J. R. P. y A. G. A..
F. J. C. (Abogado de T. y M. E.) refirió que T. le pidió que hablara con F. por el tema de la efedrina porque él no entendía bien qué era; que por lo que escuchó F. le vendió a T. la droguería para lograr personería y comprar efedrina legalmente, pero esa compañía no tenía los trámites en el Sedronar, fue una venta de humo; tuvo dos reuniones con F., una en la que le pidió los $300.000 que T. había pagado por esa sociedad y él dijo que no había problemas, y otra poco antes de la desaparición a la que vino con dos personas más, ya referida, en la que le dijo que estaba en contacto con M. E. y ya estaban armados para el tema de la efedrina.
Hablando de M. L., M. narró que tenía una buena relación con él y que le pareció extraño que los chicos hayan desaparecido en el sur, que tal vez M. había tenido algo que ver.
También, en su parecer, las muertes se vinculaban con la efedrina.
Asimismo se vinculan con el punto los dichos de E. A. M., ya citados en cuanto que M. L. le comentó que S. estaba haciendo macanas al vender sal en vez de efedrina a los mejicanos.
R. R. (abogado de F.) dijo que en una reunión que tuvo con C., éste dijo que F., F. y B. querían seguir con el emprendimiento de T., F. ponía la plata, F. la efedrina y B. la sacaba del país; iban a comercializar efedrina a México con M. E..
Pocos días antes de la desaparición, F. estaba eufórico porque había logrado hacer un contacto con M. E., por eso necesitaba formar cuatro o cinco SRL para importar en pequeñas cantidades la efedrina.
Sabía que a veces se reunían en el W. de la zona sur y que había dos o tres sociedades a nombre de M. L., P. C. y un tercero, dato que creía que S. desconocía.
R. contó con detalles la reunión que mantuvieron a fines de julio de 2008 las tres víctimas, S. y P. I., donde se discutió sobre el precio de la efedrina, y frustró porque los vendedores la tasaban en dólares y P. I. en pesos.
C. H. (quien conocía a las tres víctimas y tenía trato cotidiano con B.) dijo que llevó a L. al O. de P. porque no le andaba el auto; allí estaban D., S. y R., después llegó un tal S. (no el que declaró); el dueño del lugar donde trabajaba D. quería armar una farmacia para traer efedrina, pero el negocio no funcionó por una diferencia económica; L., R. S. y C. S. L. buscaban efedrina para vendérsela a R.; L. le dijo que iba a hacer un negocio con S. en A. o Q.; en la casa todos manifestaban un nombre, el de P. C..
V. C. (esposa de B.) manifestó que su marido estaba preocupado porque tenía dos camiones de efedrina en la calle tras el desacuerdo con P. I.; el 6 de agosto B. había ido a una reunión con F. y F., no sabía si era por S.; ellos se reunían en el C. L., en S. y en una quinta en G. R.; iba muy seguido a G. R. con F. y F., por la venta de la efedrina. Leo recibía llamadas de M. E. y de P. C., el 6 de agosto le llegó una del primero invitándolo a Cancún, con S. y F. y las familias. S. le contó que había un L. y un montón más en la muerte; esta información se la pasó al papá de B. y este la anotó en un papel.
L. manifestó que S. había hecho una macana con P. C., se había peleado, todo por la efedrina y aquél lo quería matar.
Preguntada si fue amenazada por P. explicó que cuando fueron a ver a P. las tres viudas, éste le mostró una tarjeta de S. que le habría sido entregada por P., tenía escrito en el reverso el número de la casa con un lápiz de brillito de la hija de B., y este último había tenido en su poder antes de morir.
La testigo fue amenazada tres veces y en una de ellas se le hizo saber que era de parte de P., por el tema de la tarjeta de la que no debía declarar en el juicio; mientras que cuando habló con S. sobre el tema, éste le dijo que mentiría sobre la tarjeta.
S. M. B. (esposa de F.) dijo que S. mencionó una relación entre T. y L., y esperaba algo que le tenía que dar el último, por lo que entendió que los tres hacían un negocio, que luego se dio cuenta era la efedrina; M. L. le daba a S. la efedrina que no estaba en buen estado para que se la suministrara a T..
El día que desaparecieron, cuando le devolvió el llamado le dijo que lo estaba siguiendo el “e.”, por J. P., no lo notó mal, pero le tenía miedo a E.; antes le había expresado que iba a estar con D..
L. lo había puesto en contacto con un tal “M.” y éste se iba a encargar de que no lo molestaran, por eso le pagó plata, porque la policía le pedía plata, información y no lo dejaban tranquilo.
Entre los lugares que frecuentaba S. menciona el A. de Zona Sur donde se juntaba con M. L. y S.; a M. L. el último mes lo nombraba bastante, hablaba con él y de él.
J. L. S., contó que F. había dicho que comercializaba efedrina, que tenía no sabía qué cantidad y necesitaba un comprador; el 25 de julio de 2008 D. lo convocó a la confitería que está atrás del S. donde estaban R. P. I., B., D. y otra persona; se habló del precio de la efedrina y no se pusieron de acuerdo; después le explicaron que S. S. y B. habían arreglado una venta de efedrina y P. I. lo quería conocer porque supuestamente era el que traía la efedrina; F. llegó cuando se iban; vio la camioneta de P. C., color verde militar, camuflada en el estacionamiento.
Al retirarse el individuo de nacionalidad mexicana, le presentaron a B., quien le dijo que cobraba $17.000 por mes para sacar la droga a Panamá y de allí a México; y que P. C. estaba interesado en comprar efedrina.
Este último le pidió en marzo que fuese a J. B. J. y C., preguntándole si seguía en el negocio de la efedrina a lo que contestó que él no; manifestándole en tal ocasión, aquello de que D. le estaba arruinando el negocio, y los tenía que matar.
Por los reparos que generaron los dichos de J. C. P., quien traficaba información, y sólo él sabía cuál era la razón para brindarla a tal o cual persona, y cuánto de verdad había en sus palabras, el tribunal omitió considerar de las declaraciones de otros testigos lo que sabían por dichos de éste, y sólo estimó de ellos lo que encuentra corroboración en otros elementos de cargo.
Dijo el testigo que P. C. era una especie de financista de F.; y que en oportunidad en que intentaba solucionar lo de la deuda que tenía con aquél, el otro manifestó tenerle terror y no querer quedarse a solas con el mismo.
El negocio principal de P. C. era la efedrina, que vendía a distintos grupos de mexicanos y obtenía de F. y A..
Habló coincidentemente de las dos reuniones a que aludió A..:
una en la zona de Congreso con el asesor de un Senador que quería comprar efedrina, le interesaba conectarse con P. C., creyendo que F. lo conectaría; y la otra que fue con A. porque F. estaba retrasado. Allí estaba M. L., molesto porque F. no llegaba, con otro que reclamaba la “efe”, era retirado de la armada y lo conocía; L. estaba armado pudiendo estarlo también el restante; cuando llegó F. discutieron y se fueron, manifestando al otro día este último estar preocupado y no le atendía el teléfono.
Agregó que más o menos a la semana, M. L. lo llamó queriendo venderle una droguería que T. dijo habérsela ofrecido a A. y que era de F., a quien conocía.
Que T. era la mano derecha de J. M. E.; quería traer directamente la efedrina por eso le interesaba la droguería; la que F. le había vendido, más o menos 100 kilogramos, se la había comprado a su vez a M.
L. y estaba cortada con sal; por lo que aquel reunió a los otros dos para explicarles que él actuó bien.
Cuando estalló la quinta de M. le echaban la culpa a F., y por ende a él, pero éste no tenía contactos para denunciar el allanamiento. Ahí había, a su criterio, una interna entre T. y G. M., cuyo trofeo era Jesús quien tenía la plata.
J. lo buscó para una reunión con C. porque F. no aparecía y faltaban los papeles de la droguería con cuya venta había arreglado el problema de la efedrina con sal.
M. E. le dijo que F. sólo le debía $20.000, que éste le importaba como posible proveedor y que quería los papeles de la droguería (no tiene otro apuntalamiento), que tardó cinco días en reunirse porque F. estaba distanciado de él.
Éste le presentó a B. como el contacto que tenía en la aduana para entrar y sacar efedrina; y el otro le contó que cuando hablaba con J. le explicaba que a México no podía mandar, sí a Cancún, pero el mexicano se negó rotundamente (es un dato nuevo que B. hablara con M. E.).
Recordó que desde el lunes F. ya decía que tenía un negocio grande cerrado, que el jueves “zafaban”, estaba exultante, le afirmó que al día siguiente se encontrarían como a las 16.00 para festejar, pero no dónde iba a ir. Las sumas eran importantes, no $200.000.
Él lo llamaba J., t. J. o c. d. M. D., pero no e.; pero al que sí identificaba de esa manera era a M. L..
F. presentaba como actores importantes en la venta de efedrina a M. L. con P. C., socio en ese negocio; resultando conocido el terror que tenía al último de los nombrados, sobre el que el miércoles, cuando se iban de la p. de L., le dijo: “J., ¡P. C. es muy, muy peligroso!”.
A. se alejó de F. porque tenía miedo; y éste se reunía en el W.
de Q. con M. L..
Respecto al tema de S. dijo que éste le dio la tarjeta con el número de su casa que P. pidió le dejara, lo que hizo aunque rogándole no diga nada a S.; circunstancia que él también negó al ser preguntado. M. E. contaba con varios proveedores de efedrina: M., P. C., F.
con M. L..
F. también le dijo que fue a una oficina y que pagó $200.000 para evitar problemas que tenía por medicamentos, el que hacía las gestiones era R. y el que lo llevó fue M. L..
Su conclusión es que ilusionaron a S. con un negocio millonario, hubo una reunión a la que lo llevaron con engaños, todo indica que M. L., y después pasó lo que pasó.
P. C. es una persona fría, muy pensante, no va a decir lo que piensa, mostraba desagrado porque F. le debía.
9. Se descartan otras hipótesis.
En refuerzo de las conclusiones del punto anterior, el tribunal descarta otros móviles, tales como el tema de las deudas y los medicamentos, con los siguientes argumentos:
B. era totalmente ajeno a ambos ítems y si bien F. por el tema de los medicamentos junto a S. cambiaban cheques en algunas financieras, no surgió de la prueba que estuviese endeudado, ni mucho menos que por ello hubiera sido amenazado o intimado, sólo podría mencionarse el episodio que R. alude cuando fue un tal P., buscando el dinero que había entregado por el tema de la efedrina y como S. y F. lo habían gastado, éste le hizo el “cuento” de un secuestro a una hija de aquél y que debieron usar ese dinero, pero tal reclamo se entronca con el tema de la efedrina.
Ello es así también para F., aún cuando estuviese involucrado con medicamentos adulterados (B. y A. dijeron que le dio $200.000 a M. L. a fin que los entregara a un tal M. para que no lo molestaran más por ese tema) y tuviese importantes deudas.
Fue J. P. quien despejó cualquier duda sobre el tema al declarar que intervino para solucionar las deudas de F. a quien le preocupaban tres acreedores: C. R., M. A. y E. P. C..
La deuda con C. M. R. fue la que arregló en primer término, hecho corroborado por el nombrado en la audiencia, quien además dijo no creer que la muerte de F. proviniera de las deudas; con A. se reunieron y llegaron a un acuerdo, dando cuenta también M. de la satisfacción de esa acreencia; y respecto de P. C., manifestó que tras dos o tres reuniones aquél dijo que no perdieran más el tiempo con promesas, que estaba convencido que no le iba a pagar; aunque B. afirmó que su marido le pagó por temor a que de no hacerlo lo matase; pero aquí se intersectan los temas, particularmente con la efedrina, por lo que la diferencia no invalida la conclusión del punto anterior.
En sentido coincidente, M. H. (propietario de la droguería U. y de la F. de V. …. que vendió a F.) dijo que F. sabía mucho de medicamentos, incluso de los laboratorios lo consultaban, y que su muerte no podía estar vinculada con ese rubro, ni con la cesación de pagos, pues hubo muchos casos como el de él y no pasó nada.
L. M., quien también había compartido con F. actividades en el rubro de farmacias (fueron socios en S. entre 2004 y 2005), dijo que cuando se separaron S. le quedó debiendo, pero luego arreglaron el tema, pagándole todo, escuchando que había hecho lo mismo con una deuda que tenía con A..
Explicó cómo se intercambiaban cheques para luego llevarlos a las mesas de dinero, descartando que por deudas de esta índole se llegara a la muerte de personas pues, aunque pudiese haber inicialmente algunas expresiones duras, después las cosas se acomodaban; y si ello no fuera así tendría que haber una treintena de muertos.
S. G. M. dijo que la muerte de su cliente no se vinculaba con el tema de los medicamentos, pues F. entendía que los mayores controles impuestos en la gestión de O. estaban perjudicando el negocio forzándolo a buscar otra cosa.
Sabía que descontaba cheques en financieras pero en esas operatorias no participaba ya que lo había conocido cuando estaba en cesación de pagos, por lo que tendría que estar loco para meterse en temas de dinero con él.
C. M. R. -quien vendía productos importados a F.- dijo no tener ningún indicio de que la muerte tuviese relación con las deudas; N. O. L. que su empresa vinculada a los medicamentos quebró y a él nadie amenazó; F. M. C., aunque aclaró que F. estaba en la adulteración de medicamentos, descartó a la mafia farmacológica como causa de los homicidios; J. P. concluyó igualmente que la muerte de F. no pudo venir por las deudas de medicamentos.
El único y aislado elemento de prueba en sentido contrario, y por tal razón fue descartado por el tribunal, son los dichos de E. V. quien declaró que su hermano estaba en la droguería U. con M. y se suicidó manifestando los días previos a tomar tal determinación que tenía mucho miedo y dejando una nota que decía que se estaban equivocando en la investigación de esta causa, que no era por la efedrina sino por los medicamentos.
El tribunal de la audiencia se encargó después de explicar por qué descartaba que P. hubiese intervenido en el hecho, explicando que, más allá de los reparos puestos de manifiesto al analizar su declaración, se lo ha valorado como testigo precisamente por considerarlo un tercero respecto al injusto, calidad que también se le otorgó en otras causas vinculadas. Una de las razones por las cuales la defensa sindicó a P. es la comunicación telefónica que S. B. dijo mantener con F. poco antes de desparecer en la que éste le dijo que lo seguía el “enano”, apodo que la testigo vinculó con P..
Sin embargo al menos dos testigos, R. y S., declararon que F.
le decía así a M. L.; circunstancia igualmente afirmada por el propio P., quien negó tal apelativo para sí.
Por otra parte, más allá de los esfuerzos de los defensores, ninguno de los testigos -que no fueron pocos- que declararon en el juicio ubicó a P. en la escena del hecho; ni existe prueba de otra índole que lo comprometa, como las comunicaciones telefónicas que tanto han ayudado al tribunal de primera instancia para reconstruir el hecho, y que no lo incluyen a él.
Además, P. ganaba dinero por las funciones que cumplía para F. por lo que su desaparición le significó, además de todo lo que se puede sentir frente a semejante suceso, la pérdida de un trabajo.
Refuerzan esta idea los dichos de C. S. L., O. C. G. -en quien no se observó en tendenciosidad alguna y C. H. quien declaró que al día siguiente de la desaparición del trío, P. fue a buscar a L. al gimnasio del compareciente, lo que no tendría sentido en caso de de ser responsable, salvo que se comprobase que preparó tal coartada, lo que no ocurrió; mientras que G. M. dijo que la relación entre F. y P. era de amor-odio, de pronto era el mejor amigo, de pronto el peor enemigo, pero no fue interrogado por quienes atribuían responsabilidad a P. si ese “andar mal” que mencionara el testigo podía, según su criterio conducir a matar. R. S. cuestionó a P. diciendo que la información que daba era ambigua, no era real, pero no sólo no fundamentó adecuadamente su aserto, razona el tribunal de la audiencia, sino que a partir de ello su conducta resulta desconcertante pues, no obstante albergar tales reparos, dio toda la información que fundamentalmente había recabado de P. al padre de B. después del velatorio, sin decir nada de su desconfianza.
No pasa tampoco por alto el tribunal, para el rechazo de sus manifestaciones, que S. no era trigo limpio, pues también andaba en el negocio de la efedrina, habiendo formado parte de la Policía Federal de la que, dijo, lo “retiraron” en 1980 por un entredicho con el ministro; y que aunque sostuvo la hipótesis de que el tema no era por B., sino que había algo grande con medicamentos, pero la familia del fallecido había roto vínculos con él, pues consideraba que éste no fue ajeno a su destino, no como autor o responsable directo, sino por no pararlo a pesar de saber en qué andaba, ni dar alerta a quienes lo querían.
Tampoco fue preguntado en la audiencia respecto al extraño episodio ya mencionado de la tarjeta personal que P. dijo haber recibido de él y respecto de la cual, más allá de haberse demostrado que la inscripción del reverso no era del puño y letra de B., era determinante establecer quién la había obtenido de la víctima –estando viva o muerta-, si estuvo en la camioneta y no se quemó y de qué manera había llegado a P..
Finaliza el tema el tribunal sobre P., concluyendo que en el caso que se hallara vinculado de alguna manera al hecho, aunque sea tangencialmente como sería saber algo que ocultó, y así encubrir a alguien, esto, de todas formas no conduciría a excluir a los coimputados. Igual procedimiento utilizó el tribunal para descartar la intervención en el hecho que una de las defensas atribuyera al Oficial de la Policía Bonaerense D. A., a partir de una línea investigativa seguida inicialmente pero luego descartada.
En tal sentido declaró M. F. C. que le encargó a su equipo encontrar a H. M., de quien se decía que en horas de la noche había sacado una foto a un patrullero y una camioneta negra que era de A. y de la que habían visto que se tiraban los cuerpos; pero la búsqueda, realizada incluso hasta en E. R., resultó infructuosa; y tampoco pudo su grupo relacionar a A. a través de otras investigaciones realizadas.
Gendarmería intervino en el traslado de armas secuestradas a D. C. y A. desde el Juzgado Federal de Zárate a Mercedes, pero tras someterlas a pericias no pudo establecerse vinculación alguna de las mismas con el hecho.
H. R. R. (abogado de F.) manifestó que la detención de A. se produjo a partir de un llamado anónimo, dando cuenta que una persona de G. R. había sacado una foto cuando de su camioneta tiraban los cuerpos, lo que no sólo le pareció descabellado, sino que también pudo comprobar que era imposible pues, comisionado para ir al lugar junto con la policía, no pudieron obtener la imagen ni con luna llena, ni dar con el puestero. Recordó las explicaciones de A. quien dijo que era un vuelto del comisario nuevo, que lo había querido sacar y tuvo que reponer como consecuencia de una pueblada.
Luego el tribunal restó total credibilidad, por inverosímiles, a los dichos de los tres traídos a juicio por la defensa que se pronunciaron sobre el tópico, L. L. L., C. C. y C. A. B.- a punto tal que ordenó la remisión de actuaciones a la Fiscalía a fin que se investiguen a los dos primeros en orden a la comisión del delito de falso testimonio.
L. L. L. (conocido de M. L.) relató un supuesto procedimiento ilegal en el que el personal de un patrullero lo paró pidiéndole plata para el jefe, apareciendo más tarde éste –A.- ante su negativa, en una camioneta de alta gama, en cuya parte trasera había tres personas, diciéndole el del patrullero que iba a terminar como ellas, y que al aparecer después las fotos se dio cuenta que eran los tres muchachos del triple crimen, quienes aparentemente estaban con vida.
Que esto fue entre las 01.30 horas y las 02.00 horas, creía que en el 2007.
Preguntado acerca de la actitud que vio en esas personas dijo no saber, pues no había mucha visión, era de noche, la camioneta tenía vidrios polarizados, y él lo vio apoyado en su auto y porque el vidrio de adelante –el del acompañante- estaba abierto hasta la mitad.
El relato no encuentra para el tribunal asidero alguno, no sólo porque es absolutamente improbable que alguien pueda ver lo que dice que vio en las condiciones relatadas por el testigo -miró en la oscuridad hacia una camioneta con vidrios polarizados, de paso mientras él se encontraba con los brazos sobre un automóvil y a través de la ventanilla delantera abierta hasta la mitad- y menos aún que pudiera reconocer a las tres personas sentadas atrás al observarlas más tarde en fotografías que salieron en televisión; sino además porque no resulta verosímil que A., reconocido policía del lugar que había participado en procedimientos en numerosas causas en colaboración con la Fiscalía, se paseara con tres personas privadas ilegalmente de la libertad -o ya fallecidas pues el testigo no fue muy preciso- en la parte trasera de un vehículo personal; más aún teniendo en cuenta que los cuerpos fueron preservados una semana en frío para despistar a los investigadores, por lo que mal podría atribuírsele tal torpeza -a él o cualquier otro-. J. C. C. dijo que cuando estaba en la celda mirando televisión escuchó que nombraban a D. A., lo que lo puso de mal humor, y se acercó al grupo -en el que estaban algunos de los imputados- diciéndoles que no sabían con quien se metían porque A. era un monstruo, a lo que ellos contestaron que no dijera nada pues primero hablarían con su defensor. Continuó su declaración denunciando amenazas y extorsiones del nombrado y su ayudante G., que incluyó la de entregarles $80.000 si no hacía para ellos un trabajo en una quinta donde se juntaban empresarios y mexicanos y había mucha plata, sin darle más detalles. Esto fue el 20 ó 21 de julio de 2008.
Entre el 15 y el 17 de agosto siguiente volvieron a interceptarlo pidiéndole la plata de la quinta, y tirándole un tiro que le rozó la oreja, y él los increpó diciendo que no tenía el dinero y que se sabía, porque se comentaba en todo G. R., que se habían mandado una macana grande con estos tres pibes, a lo que éstos respondieron que se callara la boca porque iba a terminar igual que ellos.
Para negar poder de convicción a esta testifical, destaca el tribunal de audiencia que el concepto que el testigo tiene sobre el subcomisario D. A. no encuentra otro motivo que el rencor que le guarda por su activa actuación en la causa en la que fue condenado a la pena más grave que contempla el Código Penal; resultando a su entender inverosímil que los imputados no hayan querido conocer qué circunstancia podía saber el testigo que redundara en su beneficio en este proceso; y extraño que los oficiales de policía le hayan reclamado el dinero del supuesto trabajo encomendado cuando no le habían siquiera dado la dirección.
También desmerece para el tribunal la credibilidad de C. C., que la firme declaración de no haber participado en hechos violentos fuera desmentida por las constancias de la causa de mención en la que se lo condenara -por sentencia no firme al tiempo del juicio-, a la pena de prisión perpetua por un hecho que además de cobrarse la vida de una persona, se produjo en el interior de su vivienda a la que ingresaron junto a otro con fines de robo; que dijera nunca haber denunciado a A. y G. ante alguna autoridad judicial pese a los numerosos hechos de los que dijo ser víctima y que les atribuía; que hubiese mentido sobre los supuestos motivos por los que éstos le requerían dinero constantemente; y que diera crédito al comentario efectuado por un fantasmagórico amigo, que nunca individualizó, respecto a la vinculación de los policías con el triple homicidio; además de incurrir en contradicciones que no pudo salvar.
C. A. B., quien dijo haber sido contratado en 2007 por P. B.
para investigar mesas de dinero y las relaciones con el gobierno, pudiendo establecer que en tal actividad estaban F., F., P. C. y A., atribuyó el posible móvil del múltiple homicidio a una enemistad entre F. y F., en la que quedara de intermediario P. C., a raíz de una traición en un movimiento de dinero, aunque no estaba seguro si ello estaba relacionado con los homicidios; sí afirmó, en cambio, que P. C. no tenía poder como para hacer esto, pero sí F., a quien le decían el señor muerte.
Dijo también haber ido al lugar del hecho y preguntado a los vecinos, diciéndole una mujer que un rato antes que aparecieran los cuerpos vio una camioneta negra con chapa rara con la inscripción M. y cuando llamaron a la policía esa camioneta negra volvió a aparecer; aunque no tenía el nombre de la mujer pero lo podía aportar; ni tampoco el resultado de la investigación que lo llevó hasta el lugar del hecho.
Preguntado si en las muertes actuó la policía dijo no poder afirmarlo, pero sí en ocultar algo. La camioneta de M. es de A.. En el análisis de esta declaración, extraña sobremanera al tribunal que habiéndose presentado en el juicio como investigador ni siquiera haya traído al mismo el nombre de la testigo que suministrara un dato de tan fundamental importancia como lo era el avistamiento de una camioneta que después volvió con la policía, en especial si se había tomado la molestia de averiguar dónde estaba la testigo; que no se hubiese presentado ante la autoridad pertinente -en la fecha que refiere la causa estaba radicada ante la justicia federal- a fin de poner en conocimiento lo que había descubierto; y que terminara reconociendo -después de ser interrogado acerca de numerosas llamadas que les hiciera- su relación con los acusados L., a cuya madre dijo haber ido a ver cuando se enteró que estaban imputados por si necesitaban algo, diciéndole lo que sabía.
También resultó sospechosa su ligereza en punto a la relación que estableció entre la camioneta con la inscripción M. que dijo ver y la de A., a partir de preguntas que hiciera en la Comisaría de General Rodríguez cuando la vio allí; circunstancia que agrede el sentido común.
En síntesis, la confesada relación de amistad, al menos con uno de los hermanos L., a cuya familia se dirigió para contar lo que sabía en vez de hacerlo a la justicia, camino inadecuado para un investigador y exfuncionario policial; el intercambio de opiniones con el abogado de los imputados para llegar a la conclusión de que esta causa estaba armada; sus no pocas afirmaciones inverosímiles, que rematan la circunstancia que de los testigos que declararon sobre el hallazgo de los cuerpos, mencionados en la primera cuestión del veredicto, ninguno hiciera alusión a una camioneta negra rara, ni antes ni durante la diligencia, conduce al tribunal a descartar fundadamente los dichos de B. como pertinentes para justificar circunstancia alguna de interés para esta causa.
10. Las comunicaciones telefónicas como fuente indiciaria principal.
A fin de completar las conclusiones obtenidas de la prueba testimonial conforme el desarrollo efectuado hasta aquí, el tribunal de primera instancia tiene en cuenta el análisis de las comunicaciones telefónicas que tanto los imputados como las víctimas mantuvieron entre sí o con personas muy cercanas y otras nítidamente vinculadas al delito en juzgamiento; comenzando por establecer qué teléfonos utilizaba cada uno de ellos, pues en la mayoría de los casos aparecían registrados a nombre de terceras personas y de qué modo tales comunicaciones eran captadas. Un paréntesis: mantengo en la presente el criterio utilizado por el tribunal de identificar inicialmente el número completo de la línea utilizada, para luego referirme a la misma por los últimos cuatro números.
Así, según tiene por acreditado el tribunal:
S. F. empleaba los abonados telefónicos números….y ..., (IDI …*… y …. respectivamente, ambas líneas registradas a nombre de A. L.) y el n°… (IDI ….*… de titularidad de Á. G. Á.).
L. B. los números … (IDI …*… titularidad de R. S. y … (Telecom- Personal).
D. F. los números … (IDI …*…) (Titular V. H. F.) y … (Movistar a nombre de M. I.).
La atribución de uso a las tres víctimas surge de las testimoniales de sus esposas es decir: B., C. e I. respectivamente, como así también, de A. L., G. Á., R. S. y J. R., quien refirió ser amigo de V. H. F. y que éste le facilitó su nombre para adquirir una flota de Nextel uno de cuyos radios utilizaba F. y otro el propio R.
M. E. L. utilizaba los siguientes teléfonos: … ID… *…, de su titularidad, … de su domicilio actual en calle T. N° … de Q. (fs. …IPP, CD fs. 1366 de Legajo Fiscal), … de su anterior residencia de calle .. ó C. N° … de B. (CD archivo titularidad fs. 1366 LF), … (Movistar de su titularidad fs. 243/245 IPP), … (IDI …*… de E. A. S.A.), … (IDI…*… titular G. R.) y … (titularidad de M. N. P.).
El uso de todos estos teléfonos ha sido admitido por el propio M. L., aunque en distintos momentos del proceso, sin perjuicio de lo cual la atribución de las dos últimas líneas fue motivo de una explicación puntual del tribunal sentenciador que se analizará más adelante.
C., D. L. en su domicilio particular de N. V. … de Q. poseía la línea fija … (fs.771/776 LF, inf. Gendarmería Nacional); …(IDI …*… titularidad de A. L. M. que es su esposa), admitido por el nombrado y con domicilio de facturación en su residencia. Ambas líneas además fueron aportadas en la denuncia efectuada en IPP 13-01-000057-08 de Quilmes 03/01/08.
V. G. “F.” S. la línea … (titularidad de L. M.) … (IDI …*… de E. A. S.A.). Ambas admitidas por el nombrado; la línea fija …, y los que surgen de fs. 172 de la causa 639/09 del Tribunal en lo Criminal 3 de Quilmes, en una factura del Lubricentro “S.” que reza: “M. C. Nex. IDI …*….” y “Lubricentro Cel. …Nex. IDI …*… y …*… Atendido por sus dueños...”. M. J. S. el celular … ID…*…. (Titular L. M.) admitida por el imputado y Nextel de su titularidad número … (IDI …*…).
En igual sentido el tribunal consideró de utilidad referir algunos datos técnicos aportados durante el debate por el Ingeniero F. R. de la empresa Nextel S.A., quien manifestó que la información brindada, que es la misma que brinda la empresa en sus distintas formas, es objetiva: - Que en una red celular como la de Nextel, las celdas están compuestas de tres sectores, que cubren un radio de 360º, cada uno de los cuales, a su vez, abarcan 120º para evitar interferencias;
- Que el tiempo de dos registros de llamadas permite determinar en qué posición se movió, adunando que si una comunicación es tomada por una antena, y la siguiente lo es unos minutos después aunque posicionada en otra, puede aseverarse con rigor técnico en qué sentido se desplazó ese Nextel (dato que resulta clave en el caso para determinar los desplazamientos de las víctimas como se verá más adelante).
- Que al estar el aparato en una posición estática es tomado siempre por el mismo sector de la misma antena, más allá que exista saturación de una antena, nunca es tomada en su operación radial por otra, a diferencia de lo que ocurre en comunicaciones telefónicas, de allí que no existe margen de error.
Luego de ello, el tribunal de grado se dedica a profundizar el tema para delimitar con más claridad la responsabilidad de los acusados, comenzando por el análisis de la línea …, ante la relevancia que ha tenido en la presente investigación, en tanto fue la que permitió hallar la punta del ovillo, ya que con ella, se convocó a la tres víctimas a la reunión en el W. de S. -ex A.-, de allí la trascendencia de conocer su usuario, para encontrarnos así con uno de los responsables del hecho.
La renombrada línea de la empresa Nextel terminada en … registrada a nombre de M. N. P., inició su funcionamiento en 2007 con un número de identificación que fue cambiado el 1° de agosto de 2008 -gestión realizada telefónicamente por un tal Julio, usando el pin maestro conforme lo informado por la empresa a fs. 6414 de los principales- asignándosele el …*…; el que fue nuevamente modificado ocho días después -con igual modalidad-.
En ese período, el abonado mantuvo comunicaciones casi exclusivamente con los números … (a nombre de L. C., usado por el vendedor de la línea, D. A.), y los correspondientes a F. (… y …) que registran 58 de un total de 81, según surge del análisis efectuado por Gendarmería Nacional y las declaraciones de A. y V.
Este dato, unido a la circunstancia de que el sujeto al que se atribuirá la línea –M. L., -disponía de otras que dejó de usar concomitantemente para vincularse con la víctima, conduce al tribunal a afirmar, que la línea se obtuvo para hablar con F., con una anticipación razonable para que se familiarizara con este carril de comunicación, porque se emplearía para convocarlo al lugar donde comenzó el camino hacia su extinción.
Analiza el tribunal de primera instancia a continuación de qué manera M. L. se hizo de esta línea, estimando que quien aparecía como titular, M. N. P., dijo no vivir en la dirección que se aportara a la compañía de telefonía, jamás haber tenido un Nextel ni conocer a D. A., por lo que se siguió el camino del domicilio que figuraba en los registros oficiales de la empresa, recalándose tras intensas investigaciones en la residencia de D. A., de calle .. N° … de B., donde se incautó un cuaderno con anotaciones sustanciales, pero que por obra de una mano anónima, tijera mediante, desaparecieron; destacando el tribunal de audiencia que en esta diligencia intervino el oficial A. S., funcionario del grupo de P. asociado con los hermanos S.
D. D. A., declaró en la audiencia -con estimación del tribunalque vendía aparatos de la empresa Nextel con la titularidad de un tercero cuando el adquirente tenía problemas en el Veraz; recurriendo a distintas personas pero utilizando su domicilio o el de la oficina para que llegara la factura.
Dijo que él utilizaba una línea cuyo titular es L. C. y otra de N. E. T.; y que le hicieron un allanamiento por esta causa secuestrando unos chips y tarjetas con el nombre de M.N.P., reconociendo la documentación de la caja 12, aclarando respecto de uno de los cuadernos donde una hoja está recortada con tijera y en forma de escalón, que la hoja estaba entera al momento del secuestro, y lo que falta es -nada y más y nada menos- el nombre del titular y quién lo tenía.
La línea a nombre de M. N. P. se la vendió a M. L., en junio ó julio del 2008; quien cree que fue con alguien que le presentó como “F.” (señala en la audiencia a V. S., diciendo que lo sabe porque salió en los medios).
Preguntado acerca del motivo de la cantidad de comunicaciones con la línea en cuestión y otras más de M. L., dijo que sería para cobrarle; que su hermano trabaja en la Aduana y el acusado le hizo llegar una oferta para que lo conecte con gente de allí a fin de apurar las descargas de precursores químicos que venían de China; creyendo que no le hizo mención a suma de dinero alguna y si se lo hubiera dicho no le hubiera dado importancia.
Recordó que L. no volvió al local pero sí a su casa buscando comprar otro radio y él le dijo que no porque no le pagaba, discutieron y lo amenazó, advirtiéndole que esos teléfonos los tenían gente muy importante y si los cortaba iba a hacer una macana.
El tribunal vuelve a traer aquí la testifical de C., ya analizada, quien escuchó decir a A. prácticamente lo mismo que ha dicho en el juicio. D. R. G. y J. C. G., empleados de A., confirmaron la presencia de M. L. en el negocio de éste afirmando que era cliente; que a veces iba solo y otras acompañado por alguien al que le decían “f.”; mientras que M. R. B., vecino del acusado, dijo coincidentemente que éste usaba un Nextel en el año 2008 para comunicarse, no sabe si se lo compró a su suegro o a D. A.; en cuyo local lo vio una o dos veces cuando iba a pagar las cuotas de la radio.
R. A. A. (miembro de Gendarmería Nacional que estudiara las comunicaciones) atribuyó a M. L. la línea en cuestión, basándose en el posicionamiento de las antenas que captaban las comunicaciones, circunscribiéndose a cuatro torres (…–R.; …–R. S., …–B. y… F. V.), que son las que corresponden a la vivienda del acusado en C. … de Q. (según informe de fs. 1291 del Legajo Fiscal que corre junto a los principales); las comunicaciones de otras líneas de M. L. efectuadas, analizando qué antenas las copiaban y con qué personas se entablaban, resultando coincidencias en sendos casos (F. y G. R.); y el posicionamiento de ese teléfono (…) y otro de L. (…), en un mismo lugar y a una misma hora; entre el 1° y el 7 de agosto de 2008.
Dijo también el perito que no obstante haber reconocido M. L. el uso de la línea… (ID…*…) de E. A., él también pudo comprobarlo porque ese número y el… coincidieron el 4 de agosto de 2008 en V. D. y el día siguiente en B. M….
L. usaba también la línea …, (IDI …*…) a nombre de G. R., conforme dichos de testigos, por las comunicaciones con los restantes entre los distintos teléfonos que detentaba, y porque lo captaron las cuatro antenas a que se refirió antes, encontrando vínculos en común con la … (con M. T., L. C. –A.-, G. Á. y G. M.).
No pasa desapercibido para el tribunal de origen que M. L., preguntado expresamente en oportunidad de declarar durante la investigación, había negado rotundamente la tenencia y utilización de las líneas terminadas en … y … a nombre de N. P. y G. R., respectivamente pero en el debate, luego de escuchar al técnico en comunicaciones R. A., rendido ante la evidencia, decidió admitir que a ambas líneas se las había comprado al bolsero A., quien ya había declarado en el debate, comprometiéndolo seriamente pues lo ponía lisa y llanamente como el adquirente de las mismas.
Puso también de relieve que el acusado, en su declaración original, dijo que en 2005 compró los teléfonos a A. porque en ese momento estaba difícil y el único que los entregaba sin requisitos era él, lo que explica por qué L. teniendo otros dos “Nextel”, el personal (….) y el de E. (….), recurrió a A, esto es, porque así no lo podrían vincular; lo que casi logra, pues la tarea no fue fácil; y destacó que M. L. usó esta línea casi con exclusividad para comunicarse con F., haciéndolo sólo en el modo radio, desde la adquisición una semana antes de su muerte, hasta que ésta se consumó, dándose de baja un día después.
Pero claro, aceptada su posesión, el acusado debió inventar una excusa para desligarse de la responsabilidad que ésta le atribuía, sosteniendo así que el teléfono lo adquirió para S. F., a quien se lo dio el 5 ó 6 de agosto, alrededor de las ..00 o ...00 en la E. de S. S. de F. A. y C., porque antes no tuvo oportunidad de hacerlo, ya que si bien en el tiempo que transcurrió desde la compra a la entrega se había encontrado con F., no llevaba el aparato encima.
La explicación fue considerada no sólo inverosímil por el tribunal de condena, desde que, si como él mismo dijera para explicar por qué había tenido tantas comunicaciones con F., S. lo tenía loco para que le entregue el teléfono, no tiene sentido que se olvidara casi una semana de llevarlo consigo para dárselo, o que F. decidido como era y necesitado como estaba no lo fuera a buscar; sino también mendaz pues, teniendo en cuenta el análisis de las comunicaciones telefónicas, el día 4 de agosto de 2008 entre las ..... y …. aproximadamente, oportunidad en que los damnificados se reunieron en el estudio de Dr. C. (conforme su declaración), a fin de intentar que éste diera el visto bueno a M. E. para que comercializara efedrina con ellos, M. L. se comunicó con F. desde la línea …., siendo ambos captados por la misma antena (….-Tribunales-Capital Federal-Tucumán 1455- Ciudad Autónoma Bs. As.-sector norte) con lo que, va de suyo, estaban contemporánea-mente en la misma geografía, oportunidad ideal para entregar el teléfono que tanto le reclamaba F..
¿Y por qué afirma categóricamente el tribunal que no lo hizo?
No sólo porque él mismo dijo que lo entregó el 5 ó 6 de Agosto, sino porque siguió la línea …. activándose en las antenas que se corresponden con su domicilio, al igual que su otro teléfono, y con sus vínculos, tal como explicara A. en la audiencia y resulta del CD glosado a fs. 1366 del Legajo Fiscal 1 cuerpo VIII, corriente por cuerda a los principales.
Remata esta afirmación la circunstancia que el día siguiente al de la convocatoria de la reunión del W., es decir el 8 de agosto, a las …. y …., el …. es captado por la antena del domicilio de M. L. (… R.), en un alerta que tuvo como destino la radio usada por D. A., sin que a esta altura pueda caber duda alguna respecto a quien la generó .
Otra circunstancia que el tribunal de grado consideró relevante es la de los medios utilizados por M. L. para comunicarse con F. los meses previos al hecho:
Nunca usó la radio…. (ID…*….) de E. S.A., circunstancia que bien pudo deberse a que quería ocultarle su sociedad con P. C., teniendo en cuenta la estrecha relación de ambos por el tema efedrina.
Con la línea de su titularidad …. (ID…*….), sólo lo hizo los días 11 y 12 de marzo de 2008 y entre el 9 y el 19 de junio, verificándose una alerta de F. sin respuesta el 30 de junio.
Desde el número …. (ID….*….) a nombre de G. R. (cuyo uso terminó admitiendo, rendido por la evidencia) habló con F. sólo entre el 11 de junio y el 30 de julio de 2008; ocurriendo lo mismo que con el…., esto es, que dio tiempo a F. para que se habituara al uso de esta línea, que usó coetáneamente con la …. por nueve días, sacando después de circulación la personal.
Pero hay más, pues según recepta el tribunal de condena, también comprometen a L. las manifestaciones de los funcionarios policiales D. F. Z. y E. E. P., quienes relataron haber concurrido a lo que llamaron un procedimiento (pero que resultó un episodio tan extraño e irregular que condujo al tribunal a comunicarlo por la posible comisión de un delito) ocurrido en la noche del 22 de julio de 2008 y la mañana siguiente. Explicó P. que por un dato pasado por un tal P., amigo de C. L.
-con quien admitió tener amistad al igual que con los tres restantes imputados-, se disponían a interceptar un camión robado guiados por el proveedor de la información a bordo de una “F.” seguida por la “H.” negra con C. y M. L., V. S., S. y el declarante; contestando que sí a la pregunta de si se organizó todo ese día en base a la información de una persona que no se conocía y también afirmativamente a la de si ese día usó otro teléfono, explicando que se quedó sin batería y no sabía si usó el de C. o el de M. (como se verá, usó el de G. R.); mientras que, al confrontar diferencias con su declaración de la investigación, explicó que V. era un informante que le había presentado a C. L. y que también “F.” S. lo era; mientras que dijo no recordar que antes había dicho que él iba con el otro policía y atrás en el M. C. negro iban los hermanos L.
A su turno, el comisario Z., dijo que el día del procedimiento usaba un Nextel de una flota registrada a nombre de un amigo suyo, M. F., con el que entabló comunicación con P., pero como éste se había quedado sin batería, operaba con un teléfono que le dio M. L.. Todo esto vinculado a un operativo que montó con P. y S. porque un informante les había dicho que en la zona de M., en la parte opuesta a donde estaba la quinta con la cocina de efedrina, venía un camión robado, que en definitiva después no llegó porque según el informante se fue para otro lado.
Al año siguiente, es decir en 2009, su amigo F. le dijo que lo habían llamado de la Fiscalía por ese Nextel que había usado, concluyendo por las referencias que le dio, que se trataba del procedimiento en cuestión y por el mismo P. supo que era de M. L..
Estos dichos reciben aval en las cinco comunicaciones que se registran entre las ..... y las …. del 22 de julio de 2008 entre la línea ………. a nombre de M. H. F. y …. de G. R. (ver CD. denominado “F. ….. nota de fecha 19-10-09” pag. 1366 LF I cuerpo VIII).
No obstante decidir no explayarse más sobre el tema por no hacer al objeto del presente, el tribunal de grado destacó la muy mala impresión que causaron los declarantes, y la inverosimilitud del relato brindado para justificar la presencia de tres policías y cuatro civiles en un sitio muy cercano, según sus propias manifestaciones, al del laboratorio de M., a sólo una semana de su allanamiento.
Concluyó entonces, que son todas éstas circunstancias, a saber: una línea obtenida de modo clandestino por M. L. y su compañero inseparable V. S. (fueron juntos a comprarla según A.), cuyo uso fue negado inicialmente por el primero, para hablar sólo con F. en el brevísimo plazo de ocho días, y dada de baja el día siguiente de las muertes de F., F. y B., porque estaba sucia; las que permiten afirmar que su adquisición tuvo el premeditado objetivo de utilizarla para tenderles una trampa y poder cumplir el fin de tomarlos desprevenidos y conducirlos hasta la casa de uno de los imputados, privarlos de la libertad y llevarlos al matadero.
Luego de dar por acreditado que la principal línea de comunicación entre víctimas y victimarios se encontraba en poder de M. L., el tribunal de audiencia aborda el análisis de las comunicaciones de esa y las restantes líneas involucradas en la reunión convocada el 7 de agosto de 2008, en el predio del S. W. -ex A.- de S.; en la que las víctimas habían dicho se iban a reunir con el primero de los nombrados, tal como se desprende de la prueba testifical analizada de la que se recuerdan los dichos de R. D. M. quien recordó que F. le dijo que tenía una reunión con L., jueves o viernes, la semana que desapareció; C. H. cuando se refirió a que L. (L. B.) le dijo que ese día iba a hacer un negocio con S. en A. o Q. y J. R. quien expuso que en la misma fecha se comunicó con C. H. quien le dijo que D. F. ese día, se iba a reunir con gente conocida.
Coincidentemente, al ampliar su declaración durante el debate, M. L. dijo que las reuniones que mantenía en la zona sur con F. eran en el W., en otro lado no; y que había conocido a F. unos días antes.
Conforme el desarrollo que realiza el tribunal del análisis del movimiento telefónico surge que:
Tal como se tuviera por cierto en la primera cuestión del veredicto, F. llegó primero en la G. V. al W., a las ..:.. del 7 de agosto, enviando a F. a las ..:.. el mensaje que decía “hace media hora que estoy y no lo encuentro” (ver peritaje celular de F. de la empresa M., fs. 5736/5750 de la IPP), arribando B. y F. en el P. … de éste, a las ..:.., movimiento captado por la antena …. de V. D., sector Norte; la que, según ilustrara en la audiencia el ingeniero de Nextel F. R., es la que por defecto recepta las comunicaciones radiales del W. (ver además informe de Nextel S.A. y mapa de fs.1 291/1292bis LF.1 y CD. de fs. 175 del Legajo Fiscal 2, incorporados por lectura al juicio).
El teléfono de …. de F. se posicionó a las …. horas en la antena mencionada recibiendo una alerta y, desde allí se comunicó con F. (….) a las ...... horas; a las …. horas fue la última comunicación que este aparato tuvo desde el W.; mientras tanto el Nextel …. de B. fue detectado ese día a las ….horas en L. M. C. …. de S. y a las …. horas por última vez en V. D., S. V. y R. F., manteniéndose en silencio a partir de allí. La línea …., inició ese día su actividad a las …. horas (desde la antena ….. “Q. –M…..” Sector N que cubre el domicilio de N. V. N° … de Q., residencia de C. L.), recibiendo un alerta radial y comunicación por radio proveniente de F. (….) a las ….horas; interactuando varias veces con esa línea a las ….. horas, momento a partir del cual las dos líneas son cubiertas por la misma antena y celda (V. D., es decir la del W.) registrando -todas con el número …. de F.- un llamada hecha a las …… horas (hecha) y otras cuatro recibidas a las ….. horas, ….. horas, ….. horas y ….. horas, resulta esta última las más extensa pues duró 36”.
Estos registros resultaron particularmente extraños para el tribunal pues las tres víctimas habían hecho saber que se iban a encontrar con M. L. por un negocio en el W. y resulta que ahora todos estaban allí, pero, en vez de reunirse a hablar, se comunicaron durante 8’ por radio; circunstancia que, relacionada con los movimientos que se analizan a continuación, hace suponer que M. L. -iniciando el plan pergeñado en el que los cuatro imputados efectivizaron cada uno la parte que les había tocado según el reparto funcional-, utilizó una excusa para frustrar el encuentro previsto en tal sitio, concretando la trampa y derivando a los tres a la casa de su hermano C. en N. V. N°….
Para el tribunal del juicio, el movimiento hacia tal dirección queda acreditado con los siguientes elementos:
- F. (….) recibió una llamada de F. (….–antena V. D.) a las …..
horas captada por la antena de S. –L. M. C. ….-, por lo que es obvio que no estaban juntos; registrándose el siguiente uso de su teléfono a las …. horas cuando es llamado por S., oportunidad en la que se hallaba posicionado en la antena …. Q. –M. …- que capta el domicilio de C. L., N. V. N° …. Coincidentemente, la línea Movistar terminada en ….. también de F., se reportó a las 13.03 horas en la antena de dicha empresa ubicada en N. V…. de Q. (ver informe de fs. 5772/5776).
- La línea …. de F. se reportó en la mencionada antena …. a partir de las 13.13 horas y allí permaneció hasta las 13.54 horas, mientras que la otra línea en su poder, terminada en …., se posicionó en la misma receptora al menos desde las 13.14 horas hasta las 13.51 horas.
Finalmente, la línea …. de B., se ubicó en la antena …. de Nextel a las 13.34 horas (todo ello según constancia de CD de fs. 1366 Legajo Fiscal N° I, cuerpo VIII).
En síntesis, las víctimas estuvieron casi una hora en la antena …. que abarca la zona de N. V. … entre las 13.02 horas y las 13.54 horas. ¿Y por qué el tribunal habla de un viaje? Pues porque el ingeniero F. R. dijo en el debate, que la activación de celdas que se deriva de los listados de llamadas del Nextel de F., demuestran un desplazamiento hacia Q.
Los dichos del ingeniero de Nextel le permiten afirmar asimismo, y terminantemente, que la antena …. capta el domicilio de C. L. ya que el experto, sobre la ilustración oportunamente efectuada por él, aseguró que dada la ubicación de las antenas y el modo de funcionamiento del sistema, esto es, una cobertura en tres sectores de 120° formando triángulos de radiación, el ubicado hacia el norte toma esa dirección unívoca e incontrovertiblemente; llegando a igual conclusión por uno de los teléfonos de F., perteneciente a otra empresa (Movistar).
De seguido, y en respuesta a los cuestionamientos de la defensa a las conclusiones mencionadas, el tribunal:
Reitera las insistentes palabras del testigo ya mencionadas al inicio de esta sección, respecto a que si un abonado está posicionado dentro de un sector, de la dirección principal de la antena puede decirse con total seguridad que está servido por ese sector en el modo radio, porque no hay derivación hacia otra antena pues, ante una llamada, si no hay canales, va a dar ocupado.
Explica que la frase utilizada por la empresa Nextel respecto a que: “el curso de una llamada por determinada celda no determina posición del equipo móvil”, no significa que el mismo no esté ubicado en la dirección en que se erige la antena, sino, simplemente, en el caso, que el abonado no se encuentra en M. … de Q., pero sí en su zona de cobertura.
Rechaza la referencia de la defensa de C. L. a que la antena …. cubre cinco millas, por lo que mal puede haber certeza de que las comunicaciones por ella captadas necesariamente correspondan al domicilio de su asistido; desde que no ha surgido del debate, ni se ha indicado su fundamento técnico, recordando, por el contrario, los dichos del ingeniero de Nextel descartando que se pueda fijar de modo general la extensión de cobertura de una antena, dando como parámetros a considerar en cada caso, su potencia, altura y topografía donde se erige, pues no es lo mismo el campo que la zona urbanizada con altos edificios.
Desestima, de igual manera, el reclamo del defensor de que las comunicaciones que estamos analizando podrían venir de la zona ubicada al otro lado de la autopista, esto es, en sentido opuesto al del domicilio de C. L. toda vez que, según afirmara el ingeniero R., tal geografía es cubierta por otra antena, la …-R. Q.-Bs.As.- -M. L. y A.– Q.”, fijada a 2.600 metros de distancia la tan nombrada … Tampoco resulta para el tribunal aplicable al caso, como pretende la defensa, el concepto vertido por el ingeniero mencionado de que una celda puede ser arrastrada de una antena a otra si está en movimiento, pues para que ello ocurra es necesario la existencia de una llamada que se extienda en el tiempo, característica que no poseen las registradas en el terreno en que se ubica la vivienda de C. L..
Tampoco poseen los resultados la relatividad que se pretende por el escaso número de llamadas tomadas para hacer los gráficos y arribar a conclusiones, también cuestionados al ser aportados por la Fiscalía, pues si bien esto último es cierto, para el tribunal ello no es impedimento del resultado, bastando sólo recalar en el dato brindado por el Dr. B. respecto a que de solamente de la antena de G. R. se relevaron más de 257.000 comunicaciones estimando únicamente las radiales (véase legajo de comunicaciones anexado en papel y CD fs. 1366).
Otro indicio más que contribuye a la certeza a la que se ha arribado resulta de considerar que la intersección de los campos de las antenas de Nextel (….-Sector Norte) y Movistar (…. Sector A), como fuera señalado por R. en el mapa respectivo agregado a la causa, reduce sensiblemente el área a unas veinte manzanas, sobre las que se ordenó a Gendarmería realizar un exhaustivo rastrillaje interrogando a los moradores acerca de si allí vivían al 7 de agosto de 2008, si conocían a las víctimas y, en caso afirmativo, si ese día habían estado en su domicilio, con un resultado rotundamente negativo en el 80% de los pobladores censados (ver fs. 298/300 del Legajo Fiscal II y “Anexo Informativo Gendarmería Nacional- Zona de Cobertura Quilmes” que corre apiolado a los principales). También conduce a concluir en igual sentido para el tribunal del juicio, la coincidencia entre el tiempo transcurrido entre la última llamada captada por la antena del W. de Sarandí y la primera receptada por la correspondiente al domicilio de C. L. -teniendo en cuenta los datos del teléfono de cualquiera de las víctimas- (ver Cd 1366 Legajo Fiscal I, cuerpo VIII); y el que se tarda en recorrer la distancia aproximada de 13 km que separan el predio del supermercado de la vivienda de N. V. …, esto es, entre 14 y 19 minutos, viajando a velocidad de entre 80 y 110 kilómetros horarios; según las pruebas efectuadas (fs. 1258 y otras a través del sistema virtual Gooogle-Maps a fs. 1293/1300 del Legajo Fiscal).
Acreditado el desplazamiento, el tribunal de origen se dedica a determinar quiénes más estuvieron en N. V. … ese día junto a las víctimas y qué pasó después, siguiendo con el análisis de la ubicación de los teléfonos, que se resume a continuación:
A las 13.21 horas –coincidiendo con los datos de las líneas de las víctimas- se registró una alerta del teléfono ….. ID….*…. usado por M. J. S., en una comunicación con la línea ….. *… -titular C. V. S.- siendo usuario presunto un primo de aquél.
Mientras tanto, no tuvo actividad -la última se registra a las 12.47 horas en la zona del W. y la próxima al día siguiente- el teléfono …. de M. L., pero sí la otra que usaba (…. de G. R.), que luego de ser detectada a las 10.53 horas en H., a las 11.42 horas aparece ubicada en Q., permaneciendo en la zona delimitada por las antenas …. y …, y emitiendo a las 12.21.52 horas una comunicación radial, captada por la primera (Q.-M. …) que cubre el domicilio de N. V. …; y otras cinco desde el mismo lugar entre esa hora y las 13.27.31 horas; y una nueva a las 13.43.48 horas tomada por la antena … R. Q., B. A., M. L. y A.; volviendo a ser captado por la …. a las 13.54.53 horas 15.01 horas y 15.05 horas; datos que conducen a afirmar sin lugar a dudas, que siempre estuvo en la zona de N. V. … o sus proximidades.
La línea …. a nombre de A. L. M. el usada por C. L. registra una llamada el 7 de agosto a las 12.00 horas posicionada en la antena …. de Q. –M. …-, es decir en su domicilio y recién a las 22.32 horas una alerta posicionado en R. (Todo esto surge del análisis de los archivos en CD F. nota del 19-10-09 fs. 1366 Legajo Fiscal I).
Continuando con el análisis, destaca el tribunal que tras el arribo de las víctimas a la casa de C. L., todas las líneas que ese día usaron, carecieron de comunicaciones en una franja horaria muy similar: B. (….) entre las 13.34.53 horas y las 14.40.16 horas (ver CD. fs. 1366 Legajo Fiscal en archivo Excel “llamadas radio …..); F. (2018) desde las 13.54.01 horas a las 15.29.43 horas (ver CD.de 1366 Legajo Fiscal denominado “F. …….. nota de fecha 19-10-09”, en archivo Excel “llamadas radio ……”), y F. (….) desde las 13.13.55 horas a las 15.45.55 horas (ver CD. denominado “F. …… nota de fecha 19-10-09”, en archivo Excel “llamadas radio ………..).
Igual inactividad se detecta, coincidentemente en las líneas de los imputados: C. L. (2854), como ya se dijo, no recibió ni hizo comunicaciones entre las 12 horas y las 22.32 horas ; la línea personal de M.
L. (0169) estuvo en silencio hasta las 14.07 horas; la ………. de M. usada por M. J. S. no recibió alertas radiales entre las 13.21 horas y las 16.39 horas; el teléfono con el número ……. de V. G. S. se posicionó en horas de la mañana en la zona de B., correspondiente a su domicilio, sin que se detecten comunicaciones entre las 11.07 horas y las 16.49 horas en que se activó en la antena de B. M. 1145/1149 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la línea …. que usaba V. S. bajo titularidad de E. se posicionó a las 12.15 horas en la A. de S. J….,esquina H. I. de Buenos Aires, dónde recibió una comunicación, no registrando actividad hasta las 14.50 horas en que realiza un llamado posicionándose en la misma antena (anexo telefónico fs. 27).
Contrariamente a aquellos mutismos, existió intenso tráfico de llamadas desde las líneas fijas de V. G. S. (………..) y su hermano F. D. (………..), con una de las similares de M. L. (………..); entre la línea fija de F. D. S. y uno de los celulares de M. L. (………..) que, a su vez registra llamadas con los móviles de los tres hermanos S. (………., ………. y ………..) y el Nextel de su hermano C. (…………), con el que también se comunicó desde otra de las líneas fijas (……..) al igual que con uno de los celulares de V. f. S. (……….); conforme el análisis efectuado por Gendarmería Nacional.
El traslado de las víctimas a G. R. que, como tuvo por acreditado en la primera cuestión del veredicto, aparece marcado por los pasos de los peajes desde D S. a las 14.11 horas hasta L. a las 15.25 horas, volviendo sobre lo andado, de G. R. transitando por L. a las 16.03 horas y por I. a las 16.26 horas , en cuyo trayecto de regreso, en base a las última comunicación de F., alguno de los intervinientes en el injusto se desprendió en jurisdicción de G. R. de los celulares de F. y B. y finalmente del rodado en G. al …. de la ciudad de Buenos Aires; también es acompañado en su derrotero por los celulares, así el de F. (….) fue tomado entre las 15.32 horas y las 15.56 horas, por las antenas …. y …. respectivamente de G. R. y L., linderas entre sí, dato compatible con la ruta seguida por la camioneta V. (regresó por el camino viejo a N. hasta salir por Ruta 6 para así acceder a la Autopista del Oeste); al de F. (….) lo tomaron las antenas de G. R. (….), L. (….) y la de Ruta 6 G. R. (…), entre las 15.45 horas y las 16.05 horas, dejando de funcionar el aparato en esta última ocasión bajo la antena ….; y el de B. (….) fue captado por las antenas …. de F. Á. a las 15.10 horas y 15.17 horas, por la 212 de Ruta 24 a las 15.17.40 horas y finalmente la …. de G. R. a las 15.51.54 horas.
Los móviles de algunos de los acusados reaparecen en escena, nada más y nada menos, que en la zona de G. y T. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde fue hallada la camioneta G. V. incendiada minutos antes de las 20:00 horas -y que, recordemos, había pasado el peaje de I. las 16.26 horas hacia la capital-; registrando el de M. L. una comunicación posicionado en la antena …., F…. . – P. …, a las 19.09 horas con V. S. quien es captado por antena …, S. P. - Av. G. …., posición que mantenía a las 19:55 horas.
Esos registros resultan de importancia pues los receptores están ubicados a muy corta distancia del lugar dónde ardió la camioneta (la antena de F. . a unos 1900 metros y la de S. P. a 1600), y se detectan en un tiempo prácticamente idéntico.
Según el tribunal, M. L. intentó, sin lograrlo, explicar su presencia en tales sitios sosteniendo que estaría en casa de su abuela (S. …) o en E. S.A. (P. ….) pero, según dijeran R. y A., las antenas que intervinieron no se corresponden con los domicilios a que aluden, a lo que agregaron que entre el lugar del incendio y la dirección de la ascendiente de L. hay 2400 metros; explicación complementada con el informe de Nextel, de fs. 7993 de la investigación preparatoria, del que emerge que para S. … interviene la antena S. P. Sector Suroeste y para P. …. la de Nueva Chicago Sector N y S, y los mapas de fs. 1405 y 1409 del Legajo Fiscal Nro., 1., VIII Cuerpo.
Para otorgarle residencia en la base de convicción a esta circunstancia, el tribunal no tiene en cuenta, como hiciera la Fiscalía, que V. S. mintió, pues la relación que mantenía con F. L. había terminado unos quince días antes, con lo que no era probable que estuviese con ella, pero sí que la zona donde apareció el vehículo incendiado no era desconocida a ninguno de los dos y, aún cuando estuvieran en S. …, se encontraban a poco más dos mil metros del lugar del incendio; resultando igualmente significativo que al menos desde marzo de 2008, no hubiera otra coincidencia como la destacada, ya que los móviles de ambos nunca fueron detectados juntos en tal período en la antena de S. P. Sector Sur Oeste, correspondiente al domicilio de la abuela de L.
Igualmente relevante resulta para el tribunal la comunicación captada a las 20.27 por la antena …. (C., S. J. esq. H. I.) entre los teléfonos de V. (….) y M. S. (….) -geografía tampoco desconocida por la proximidad con el Renar, donde múltiples trámites realizaba M. L., acompañado del primero de los nombrados-; y que nos permite detectar la presencia de un tercer imputado en Buenos Aires, en tiempo cercano al del suceso aludido.
V. S. y M. L. también terminan ese día juntos y en el lugar donde todo comenzó, esto es, la vivienda de C. L., tal como igualmente se desprende del informe de comunicaciones, pues el teléfono del primero (….) es detectado a las 21.08 horas por la antena …. Q., M.…, dónde permanece hasta las 21.32 horas, mientras que el del restante es tomado por la misma receptora a las 21.23 horas.
Otro indicio que relaciona a los acusados con el hecho es la triangulación detectada a través de la asidua comunicación que mantenían M. con C. S. (nro. ……….) y este último, a su vez, con su hermano V. y el Sargento de la Policía Bonaerense J. F. S. (según el informe de fs. 11.417 usaba la línea ………., cuya titular registral en 2008 era M. V. D.), a quien se llega porque su radio fue captada entre los días 7 y 13 de agosto (correspondiente a la muerte de las víctimas y aparición de sus cadáveres) por la antena de C. y C. de G. R., que abarca el camino viejo a N., es decir donde fueron hallados los cuerpos (CD que contiene archivos de Celdas G. R. Final elaborados por GNA).
Para esa fecha, S. cumplía funciones en el Destacamento La Fraternidad, partido de G. R., muy próximo al escenario ya mentado (ver informe de fs. 11.417, del Comisario P.) pero tenía domicilio en … entre .. y ..A de B., esto es en zona sur, muy cerca del de C. V. S. (calle … y .. de B.) y un poco menos, de los de M. (calle … N° …. de R.) y V. S. (calle … bis entre .. y ..B) distantes a poco más de dos kilómetros; lo que otorga relevancia a la cuestión.
También resulta significativa, en esta relación, la llamada que M. S. recibió el 7 de agosto a las 13.21 horas del teléfono de su hermano V. (….) mientras estaba en la vivienda de C. L. conjuntamente con las víctimas y que de igual número proviniera la que rompió el silencio mencionado más arriba, y fue registrada a las 16.49 horas por la antena … M. …. del barrio de C., ciudad de Buenos Aires, coincidiendo con los movimientos detectados en los teléfonos de las víctimas antes de su abandono durante el regreso de la camioneta G. V. de F.
Recuerda aquí el tribunal -y a esta altura ello no puede considerarse una casualidad- la ya mencionada presencia de V. S. y M. L. en la capital hacia las 20.00 horas en zona cercana al lugar de incendio del vehículo de mentas.
El análisis de las comunicaciones también permite al tribunal apuntalar los indicios obtenidos de la prueba testifical, así y aunque ya se examinara extensamente la vinculación entre P. C. y M. L., considera pertinente resaltar algunas de las múltiples comunicaciones telefónicas que los relacionan con las radios de la flota de E. S.A., resultando significativos los intercambios del 25 de julio de 2008, día previo al viaje del primero a M., y en particular uno que los toma a los dos en el mismo lugar, antena …., J. A. …., a las 16.01 horas; mientras M. L. se comunicaba intercaladamente con V. S. (….), tal como se desprende del archivo del radio que termina en …., contenido en el CD de fs. 1366 del Legajo Fiscal, agregado a los principales. Merece igualmente destacarse, para el tribunal de primera instancia, el movimiento observado el 5 de agosto de 2008, fecha en que M. G. realizara el fallido intento de inscribir a E. S.A. en la Sedronar y ampliar la habilitación de M. para importar y exportar precursores químicos, detectándose comunicaciones de M. L. (….) con el teléfono de la mujer (…. a nombre de su hermano como lo declaró en la audiencia), intercaladas con otras internacionales a M. y a V. S.
Pero el aspecto más significativo de esa fecha, es que M. L.
también habló con F. (….) alternadamente entre las 9:43 y las 17:03, pero no con la línea de E. sino, nada más y nada menos, que con la …., demostrando, una vez más, que mintió al decir que “F. lo tenía loco pidiéndole el teléfono” (CD de fs. 1366 del Legajo Fiscal comunicaciones del …).
El 6 de agosto, víspera del luctuoso desenlace, entre las 16 y las 18.40 M. L. estuvo al habla con V. S. en cuatro oportunidades y con P. C. en siete, finalizando el día con dos alertas de su gestora M. G. recibidas hacia las 22.00 horas; acompañando el silencio los siguientes días, recién perturbado por las comunicaciones que vincularon a M. L. y P. C. el 11 y 14 de agosto.
Otra vinculación que no pasó por alto es la observada en las comunicaciones entre M. L. y M. T., el día previo y posterior a la reunión del 24 de junio, en el Open de Pilar, detectándose varias, luego de las cuales, el primero se ponía en contacto inmediatamente con S. F..
Concluye el tribunal el tema sosteniendo motivadamente que, más allá de que los estrechos vínculos laborales, parentales y de amistad que existían entre los cuatro imputados podrían dar explicación a las múltiples comunicaciones entre ellos, lo cierto es que las mismas se intensificaron notablemente rompiendo la normalidad en la primera semana de agosto de 2008 (se registraron un promedio de ochenta contra diez de la anterior), con la particularidad que el día del hecho -7 de agosto-, las vinculaciones telefónicas se ciñeron casi con exclusividad a las que mantuvieron entre ellos, y algunas otras personas que o bien fueron inicialmente sospechadas en autos o han sido imputadas con posterioridad al debate (ver CD 1366 Legajo Fiscal N° 1 archivos Excel correspondientes a los teléfonos de los imputados).
11. La personalidad de los acusados.
A fin de completar la atribución de responsabilidad a los imputados, el tribunal considera que son portadores de los particulares conocimientos, habilidades y personalidades impulsivas o violentas que la naturaleza del hecho en análisis requirió.
De C. y M. L. se sabe que son expertos tiradores, tenedores y portadores legales de plurales armas, y que el primero -según confesara incluso ante el tribunal- trató de arreglar un problema que tenía con B., víctima del otro hecho que se juzga en este mismo fallo, mediante el empleo, al menos intimidatorio, de un arma de fuego; secuestrándose en esa ocasión dos armas que portó desde Quilmes hasta 9 de Julio y de allí a Bolívar. C. D. R. dio cuenta en la audiencia de un problema suscitado en 1998 en un bar de Berazategui que los nombrados quisieron solucionar con una Itaca y una Uzi; contó los engaños a los que M. L. sometió a un amigo suyo en un negocio en sociedad por el tema de la pesca; y que ambos acusados le armaron una causa, poniéndole en una camioneta que llevó a arreglar, droga y un arma de la segunda guerra mundial, de modo que en conjunto con el abogado R. le sacaron a su socio U$S10.000 para que lo dejaran en libertad, dando las razones por las que concluyó que existía connivencia de la brigada de Quilmes; recordando que cuando quiso hacer la denuncia, tres abogados le dijeron que no se metiera en eso porque iba a aparecer arrojado en una zanja, porque se tenía que tirar contra esa dependencia y otros dos no quisieron tomar el caso para no perder el trabajo; resultando finalmente sobreseído en la causa.
Dijo que M. L. era un excelente tirador, que por ese tiempo se movilizaba en un F. D.y después en M.-C., una H. y un N. B., y que se comunicaban con las radios que le había provisto D. A..
Preguntado si identificaba a alguien apodado facha dijo que era conocido de M. y C., que se decía que tenía un desarmadero.
E. B., vecina de M. L., ante la amenaza de hacer una denuncia por un problema que su hijo tuvo con el del acusado en Berazategui, éste le respondió que la hiciera, pues por dos pesos la levantaría.
L. C., primo lejano de los hermanos L., dijo que entre 2002 y 2004 vivió con M., quien fue violento psicológica y físicamente, tanto con él como con su esposa; que conocía de armas, calibrando las miras de los fusiles sobre las cabezas de las personas que tomaban el colectivo; que se disparó un tiro en la mano para comprarse un auto de discapacitados (las dos últimas imputaciones fueron rechazadas por el acusado sosteniendo que lo de los fusiles era un disparate por la distancia y potencia del arma y el tiro en la mano había sido accidental); que conocía la ruta 6 porque iba a cazar con armas de fuego.
O. M., cuya declaración prestada durante la investigación fue incorporada por acuerdo de partes, refirió un incidente aproximadamente en 2010, en el que luego de hacerle una broma a un cliente, V. S., quien venía en un vehículo detrás de aquél, se bajó de mala manera, con un ademán pesadito (fs. 10.572); haber visto a M. L. almorzar varias veces con A. E., informante de la Brigada de Quilmes, y a éste en repetidas oportunidades en la casa de C. L. donde se comportaba como una persona de confianza. Agrega finalmente que, como ya se dijo, varias personas vinculadas a esta causa, como E. A. M., R. D. M., R. R. y M. L. M. se refirieron a la habilidad en el manejo de las armas, condición de instructor de tiro y gestor ante el Renar de M. L., incluso dando cuenta de que era un tema que los vinculaba; y hace notar las comunicaciones registradas en la línea …. de V. S. con Aycacyp, ente regulador de importadores de Armas.
12. Los antecedentes de los acusados.
Contrariamente a lo expresado por el tribunal, debe dejarse a un lado el indicio proveniente de las causas en trámite que los imputados poseen, pues no sólo resulta contrario a la presunción de inocencia sino también del principio de culpabilidad por el hecho, pues es propio de un derecho penal de autor (sólo pueden estimarse, en todo caso, las condenas anteriores, y no como fundamento de la pena sino para calibrarla).
12. Las testificales cuestionadas.
Finalmente, como un capítulo aparte, el tribunal sentenciador analizó las declaraciones de cuatro testigos muy particulares, empezando por la de J. A. D. O., quien resultó aprehendido en la audiencia de debate por la Fiscalía, al considerarlo incurso en flagrancia en el delito de falso testimonio, ello a partir de manifestar que no recordaba nada de lo que había declarado durante la investigación, no obstante haber reconocido que prestó declaración, que no estaba amenazado, ni circunstancia alguna que influyera sobre su memoria; aunque sí pidió declarar sin la presencia de los imputados ya que ello le generaba temor.
De igual modo, cobran relevancia algunas de las referencias hechas por el testigo, pues al ser interrogado acerca de si había comentado algo referente a este hecho a alguna persona, respondiendo que sí, a su tío, agregando de seguido que “todo lo que dijo mi tío nada que ver” y luego, contradictoriamente, al ser interrogado sobre si sabía lo que aquél dijo agregó “no, no me acuerdo”, y sólo manifestó a otras preguntas haber ido a bailar con su amigo A. a un boliche de Quilmes, sin poder dar razón de sus dichos, manteniendo la utilización como muletilla de la expresión “no recuerdo”; actitud que llevó al tribunal de audiencia a considerar que era portador de alguna minusvalía o dificultad intelectual o estar bajo los efectos de alguna sustancia que le impidiera comprender adecuadamente lo que se preguntaba, lo que fue descartado por el examen médico que se le practicó. Pero lo que no quiso declarar D. O., lo hizo su tío M. F., quien aportó al proceso que en el mes de abril de 2010, el 14 ó 15, se festejaba en su casa el cumpleaños de su hermana, ocasión en que su sobrino J. D. O., que vive en Longchamps, le contó que dos o tres fines de semana antes de aquella fecha fue a bailar a Quilmes con un amigo que tiene un lubricentro y en el boliche había dos chicos que eran hermanos, quienes empezaron a contar aventuras, como la de estos tres muchachos a quienes habían matado y por lo que les habían dado 200.000 pesos, que andaban en moto; respondiéndole el amigo a la pregunta de su sobrino sobre quiénes eras esos locos, que eran los hermanos S..
También le refirió que el motivo o razón del crimen era que F. o F. habían cortado la efedrina; que habían salido hacía poquito de la cárcel y por eso festejaban; y que con esa plata compraron un auto, una moto y un supermercado.
Dijo haber visto a su sobrino atemorizado y le creyó pues esas cosas no se inventan y en otras oportunidades no había mentido.
El tribunal estimó creíble al testigo pues, pese a la amnesia selectiva exhibida por D. O., ratificó haber ido con su amigo A. quien tiene un lubricentro, a bailar a Quilmes habiendo hecho una previa en la casa de éste, donde estaban unos chicos en moto y se festejaba algo y que, al menos eso, contó a su tío; y estas circunstancias coinciden con las que rodean lo nodal del relato que brinda F., a la par que no se advierte en él motivo alguno para incriminar a los hermanos S. sosteniendo, por el contrario, que su declaración tuvo como consecuencia que, a excepción de su hermana, la familia dejara de hablarle, no obstante lo cual consideró que no podía ocultar a la justicia lo que sabía en un hecho que por su gravedad causó conmoción en G. R., donde habita desde hace quince años.
A fin de desvirtuar los dichos del anterior, fue traído al juicio por M. S. el testigo N. C. G., quien luego de reconocer haber llevado a su amigo V. S. a la cárcel a ver a M. L., dijo ser el dueño de la casa donde se hizo el asado al que concurrió D. O. y en el que estaban V. y M. S..
Preguntado acerca de si se habló del crimen dijo no recordar exactamente si presentó a los S. como vinculados al mismo pero P. el que fue a hacer el asado los reconoció sosteniendo que estaban en libertad, porque no había pruebas según decían los medios.
Que cuando salió por unos veinte minutos a buscar una joven con la moto de V. S. ya estaban allí P., J., V. y M. S. pero no recordaba si había llegado A. A. con su amigo (D. O.) ni si tampoco si estaban cuando regresó; agregando que después fueron a B. con las jóvenes, Alí y su amigo, pero los S. no los acompañaron.
Al ser preguntado para que diga el número que figuraba en su agenda asociado con el apodo facha, contestó que podía ser que para evitar problemas con su novia hubiese puesto el nombre de un varón en el contacto cuando correspondía a una mujer, y confrontado en los términos del artículo 366 del ritual con su anterior declaración prestada durante la investigación preparatoria en la que había expresado que tal registro correspondía al teléfono de V. S. antes de estar detenido, respondió que podía ser así, no estaba seguro; y si en aquella declaración pudo decir algo que no se ajuste a la realidad, contestó que no, que no la leyó porque estuvo mucho tiempo declarando, tenía hambre y no recuerda si se la leyeron.
En la estimación del tribunal, esta declaración no es suficiente para anular los dichos que D. O. le trasmitió a F. pues el testigo admitió que aquél estuvo en su casa en oportunidad en que lo hicieron los hermanos S., que el tema de esta causa se trató, y que estuvo ausente por un tiempo de la reunión, oportunidad en que D. O. bien pudo estar escuchando lo que luego refiriera a su tío.
De seguido, el tribunal explicó las razones por las que también daría validez a los dichos de J. C. G., sosteniendo que como ya se resolviera durante el debate ante el pedido de la Defensa de excluir su declaración, el testigo manifestó expresamente haber estado detenido durante catorce años en una causa de Quilmes en la que había sido condenado como J. C. A. A., es decir que dejó inicialmente sentada la diferencia entre la identidad que invocaba en la audiencia y la que diera en aquel proceso.
Pero más allá de cuál sea su verdadera identidad, lo cierto es que un alguien concreto declaró ante el tribunal, pudo ser interrogado por las defensas en resguardo de los intereses de sus asistidos y, esto esencial, fue reconocido por C. L. como su compañero de celda, en el mismo lugar de alojamiento que indicara el testigo.
En punto al crédito que merecen sus palabras, el tribunal consideró que aunque su declaración exhibía algunas desarmonías con la realidad del hecho que se tuvo por probado, mostraba coincidencias importantes y las primeras no son determinantes, pues como él mismo ha expuesto, el relato que trajo es el que escuchó de boca de C. L., y bien puede ser que éste no le haya dicho toda la verdad de lo ocurrido; mientras tanto, las coincidencias resultarían inexplicables teniendo en cuenta que provienen de alguien que a la fecha del hecho hacía muchos años que estaba preso, y que permaneció en esa situación durante un prolongado tiempo más.
El argumento de la defensa respecto a que habría leído la causa, además de no estar demostrado, no encaja estrictamente en lo que de ella surge, no sólo por las diferencias apuntadas, sino también por la complejidad del caso, hasta para un profesional, no compadeciéndose ello con el resumen que efectuó en su declaración, de más de cincuenta cuerpos de principales, sin contar numerosos anexos documentales y legajos fiscales. Así que el móvil de los homicidios traído por el testigo nada tiene que ver con el acreditado y perfilado desde la investigación, esto es que de C. armó la patota porque la vida de su hermano corría un serio riesgo, ya que F. pensaba matarlo según sabían por P. C., encuentra explicación si se lo considera como la justificación que el acusado encontró, para exculparse de alguna manera frente a su compañero de celda, que hasta ese día había confiado en él, ante un hecho que merecía repudio, aún dentro del ámbito en que se hallaban.
Luego, el cuestionamiento de la defensa respecto a que G.
comenzó a declarar sobre el otro hecho por el que se juzgara conjuntamente a C. L. cuando se estaba tratando el triple homicidio, no supone invalidez alguna, pues la división de las declaraciones en bloque sólo tenía la finalidad ordenadora de evitar que los defensores ajenos a este hecho malgastaran su tiempo, pero no exigía que el testigo que conocía circunstancias de ambos injustos tuviera que concurrir dos veces.
Lo que sí estaba en juego era que el testigo aportaba un dato inédito que echaba por tierra -como se verá más adelante- la estrategia seguida por la defensa en ese hecho.
Para el tribunal, también supera el tamiz de credibilidad la explicación dada por el testigo respecto a por qué traicionó la confianza de otro detenido cuando ello no coincidía con los códigos de la cárcel, sosteniendo que venía acá para salvar su pellejo, pues si C. L. le había pedido que matara al “viejo A.” porque era un testigo clave para este juicio, lógico era pensar cuál iba a ser su suerte con posterioridad, se sometiera o no a tal designio, por lo que consideró que blanquear tal situación en este proceso era el modo adecuado de resguardar su vida; lo que refuerza el hecho de que D. A. era realmente una pieza determinante para descubrir la verdad de lo ocurrido, ya desde el inicio de la investigación en que el Comandante Segundo C. sugería a la fiscal investigar la línea terminada en ….; y la circunstancia de que el proveedor de teléfonos cambiara su declaración en el debate beneficiando a los acusados, confirmando lo dicho por G. respecto a que, fracasado el intento para que él le diera muerte, optaron por arreglar, dinero de por medio, para que éste los comprometiera lo menos posible, como efectivamente ocurrió. Solo contando con poderes adivinatorios podría predecir esto.
Desde otra perspectiva, hay tramos del relato del testigo que se corresponden con otros elementos probatorios, como la referencia a que su esposa concurría a la visita de cárcel junto a la de C. L., A. L. M., que no sólo fue admitida por el acusado al ampliar su declaración en la audiencia, tras escuchar la que se analiza, sino que también la confirman las escuchas telefónicas documentadas a fs. 9874 y siguientes, cuerpo 50, de la causa principal.
Refuerza también el valor nutriente de convicción de su relato la referencia a la visita que, entre el allanamiento del laboratorio de M. y el óbito de las víctimas, un grupo policial de la DDI de Quilmes entre quienes estaban P., conjuntamente con los cuatro imputados y C. G., hiciera a la quinta de esa localidad a buscar el dinero que los narcotraficantes mexicanos habían escondido en el suelo debajo de los pastos pues la existencia del irregular procedimiento fue admitida por P. y los imputados -ante la evidencia que surgía de comunicaciones telefónicas-, bien que con otra finalidad; coincidiendo también G. con lo que el veredicto tuvo por acreditado, al afirmar que quien los guiaba iba en una camioneta F.; y su alusión a la venta de efedrina con sal.
Todo ello conduce al tribunal a validar como sinceros los dichos del testigo, al menos aquellos confirmados por otros elementos probatorios, tales como: la utilización del teléfono finalizado en …. para convocar la reunión; que la camioneta G. V. de F. (el error de mencionar a F. le da espontaneidad y descarta un libreto aprendido) fue abandonada muy próxima al domicilio de la abuela de los hermanos L.; que una de las armas empleadas para concretar los homicidios pertenecía a F.; el trayecto seguido por las víctimas del W. de S. a N. V. y de ahí a G. R., sitio donde dijo el compareciente se le dio muerte a las tres víctimas, con varios tiros a cada una; que los celulares de las víctimas fueron arrojados al costado de la ruta; y que después de quemar la camioneta se juntaron todos en la confitería cerca del Renar, lo que acredita el análisis telefónico pertinente. Pero, esto es esencial, el tribunal le adjudica credibilidad en cuanto atribuyó a los cuatro imputados responsabilidad por el hecho, adjudicándole a M. L. la convocatoria a la reunión del W., a C., como jefe del brazo armado, conjuntamente con M. y V. S., la reducción de las víctimas en la vivienda del primero en N. V. N° … de Q., y el traslado de éstas hacia G. R. (en el que no participó el primero); donde fueron ejecutadas por C. L. y V. S.; circunstancias que se ajustan a los hechos probados conforme las pruebas hasta aquí analizadas.
No obstante las razones expresadas para dar credibilidad a los dichos de G., el tribunal considera que no puede omitirse que ha sido el blanco principal del ataque de la defensa, por lo que, como en definitiva sólo trae de nuevo el rol de ejecutores de los disparos de C. L. y V. S. y de custodio de las víctimas y conducción de la camioneta de M. S., pues el resto de las circunstancias que menciona surgen de otras pruebas, en vez de una coautoría funcional que requiere el dominio del hecho, que no podría sostenerse sin recurrir a su declaración, atribuye participación necesaria a los cuatro imputados, por haber realizado aportes imprescindibles al plan que conocían y compartían, certera y debidamente probado.
Tercero. Los defensores de M. y V. S. cuestionaron la atribución de participación primaria de sus representados con los siguientes argumentos:
La sentencia no dio tratamiento a diversas cuestiones planteadas y se fundó en meras conjeturas que no encuentran asidero en la prueba, por lo que no existe certeza sino mera sospecha acerca de la intervención en el hecho que se atribuye a los acusados.
El tribunal afilió a los imputados a un plan criminal que no detalló, ni determinó -y menos aún probó- qué rol cumplió cada uno; atribuyéndole una participación primaria sin fundamento alguno.
No hubo testigos presenciales ni se recogieron huellas digitales que señalaran la presencia de sus asistidos en el lugar en que se hallaron los cuerpos ni en la finca donde se habría privado de la libertad a las víctimas. Ante la ausencia de elementos objetivos, se echó mano de prueba indiciaria, resultando el nódulo incriminatorio el presunto tráfico de llamadas telefónicas entre víctimas e imputados, método que, según depusieran en el debate los testigos especializados, adolece de una indeterminación insalvable, habida cuenta que sólo se inspeccionaron objetos y no se procuró anudar la posesión de los respectivos teléfonos a sus verdaderos portadores; falencia que no puede ser salvada, como pretende el tribunal, con la reducción a un radio de veinte manzanas.
La duda debió hacerse valer a favor de sus asistidos pues se trata de ubicaciones de dispositivos telefónicos y no de personas. Aun aceptando que V. S. hubiese estado en la reunión del 26 de junio de 2008, como sostienen fiscal y tribunal sólo por la localización del teléfono cuya utilización se le atribuía (con los reparos ya mencionados), no pudo determinarse cuál era el motivo de su concurrencia, su función ni su accionar; en la del 6 de agosto R. indicó que el móvil de titularidad de N. P. (el que, por cierto, en ningún momento se adjudicó a los S.) recién habría arribado al lugar a las 16.57 cuando el encuentro se hallaba concluido; y en la del 4 del mismo mes directamente no estuvo presente; elementos estimados oportunamente por la Cámara para dictar la falta de mérito de los hermanos.
M. S. no estuvo en General Rodríguez el día del hecho; los informes del tráfico telefónico sólo pudieron dar cuenta que entre las 13.21 y las 16.59 su teléfono estuvo desactivado, debiendo reconocer el acusador que no pudo posicionarse su locación, aunque concluyendo que frecuentó la ciudad de Q., extremo que no lo incrimina teniendo en cuenta que tal presencia era habitual pues vive en la aledaña localidad de B..
Respecto de V. S. meramente se pudo historiar que la última comunicación por dicho medio fue a las 11.07 y que a partir de allí su celular estuvo desactivado.
La afirmación de que el ilegal comercio de la efedrina habría movido a los imputados a perpetrar el crimen parte de una mera suposición no respaldada probatoriamente; mientras que no se menciona un sólo argumento por el que se califica a V. S. como tan desmesuradamente codicioso a punto tal de cometer semejante crimen; resultando igualmente inverosímil la afirmación de que mantenía conversaciones con P. C. cuando sólo hay nexos comunicacionales o alertas entre aparatos pero ni un solo testigo o escucha que abonen tal conclusión.
Se infiere la responsabilidad penal al abrigo de la hermandad y vínculo de amistad entre los acusados; o con argumentos de derecho penal de autor.
Es nula le declaración de quien se presentó como testigo en el debate falseando su identidad al decir llamarse J. C. G. cuando su nombre real, con el que fue condenado en varias oportunidades, es J. C. A. A., hábil lector que trabajaba en la biblioteca del penal y escribía para otros reclusos, de cuyas causas penales, obviamente tenía plena información.
Se permitió a la acusación incorporar prueba nula y viciada, convalidándose la declaración de una persona mendaz cuando debió haber sido desechada, poniéndolo a disposición del fiscal de turno para que se investigue el hecho flagrante cometido en el debate.
El tribunal dio crédito al testigo A. G. A. cuando dijo saber que M. L. iba acompañado por V. porque así lo había presentado aquél, no obstante haber dejado expresa constancia de que el reconocimiento de V. S. en el juicio dio resultado negativo y L. había declarado que se trataba de otro con el mismo nombre.
La fraudulenta testimonial de M. A. F. no sólo no se vio respaldada por elemento alguno sino que fue desmentido por su sobrino, J. A. D. O. en cuanto dijo haber escuchado de él las palabras que incriminaban a los hermanos S.; a las que agregó que compartió algunas salidas con su amigo A. pero no con personas desconocidas, que no sabía si A. tenía un conocido de nombre N. ni recordaba que tuviese amigos en la zona de Quilmes o que alguno de los suyos hubiese conducido una moto, que había un par de ellos en la puerta cuando salió a ver las motos, que estaban con otros pero no recuerda si se relacionaban entre sí, que mencionaran haber estado detenidos o fuesen de apellido S.; todo lo que dijo su tío no tenía nada que ver.
Ante ello se le realizó un examen médico que concluyó que se encontraba ubicado en tiempo y espacio, por lo que fue interrogado nuevamente y, leída la declaración que prestara durante la investigación, dijo no recordar haber expresado que A. A. le mencionara “son los S., son los que cometieron el triple crimen”, lo que condujo a la fiscal a solicitar el procesamiento por falso testimonio.
Que no se entiende bajo qué premisa no se tomó igual decisión respecto a F., lo que supone pérdida de imparcialidad del tribunal. Se valoraron parcialmente las testificales, disgregándose injustificadamente las exposiciones.
Se descartaron testigos que dirigieron la acusación hacia otros sujetos que nunca fueron investigados como es el caso de L. L. L. y J. C. S., quienes atribuyeron responsabilidad por el triple homicidio a los policías D. A. y F. G.; con único fundamento en sus condiciones personales y antecedentes de vida, con violación de la regla de la sana crítica.
Tampoco puede sostenerse que alguien pueda revestir el carácter de autor por la sola circunstancia de comunicarse a diario con otras personas, por lo que resulta arbitrario derivar indicio alguno, como lo hace el tribunal, de la supuesta “triangulación” de comunicaciones de M. S. con su tío C. V. S. y de éste, a su vez, con el sargento J. S.; menos aún cuando, según se demostrara, nunca hubo comunicación entre el primero y el último de los nombrados; razonamiento que la Cámara de Apelación y Garantías también se había ocupado de desterrar.
El pronunciamiento, en consecuencia, adolece de motivación adecuada pues los fundamentos de las condenas son aparentes, imprecisos, contradictorios y, consecuentemente, violatorios del debido proceso y defensa en juicio; no habiendo variado la situación de sus asistidos desde la falta de mérito resuelta por la Cámara departamental el 16 de marzo de 2010.
Finalmente, se intentó crear un perfil delictivo de los imputados con la consideración de los procesos en trámite que tenían -en flagrante violación el principio de culpabilidad-, mientras que durante el debate se los demonizó, pretendiendo su intervención en hechos delictivos sin prueba alguna, su vinculación con la Policía y su aventurada inserción como componentes de una banda mafiosa.
Cuarto. Los defensores de M. y C. L., respecto del primero de los hechos atribuido a ambos acusados, asentaron su reclamo en lo siguiente:
Se habla de M. L. en forma genérica incluyendo a su hermano C. debido a que la actividad de este último resulta accesoria a la del primero pues, salvo en lo concerniente a la vivienda de N. V. … de Q. no se ha individualizado ninguna conducta, dolosa o culposa, que pueda atribuírsele. El tribunal introdujo la comercialización de efedrina como móvil de los homicidios atribuyendo a M. L., sucesiva y confusamente, los roles de comprador y vendedor y hasta exportador pero sólo ha podido demostrarse un intento fallido de participación como gestor de trámites ante la Sedronar por la sociedad en formación E. S.A.; menos aún pudo establecerse la intervención de C. L. en esta organización criminal que terminó con la vida de las víctimas.
No ocurrió lo mismo con estas últimas pues, de encontrarse con vida, hubiesen sido condenados en la causa formada como consecuencia del tráfico ilícito en la que quedó acreditada la existencia de reuniones desde fecha incierta y hasta el 21 de octubre de 2008 en las que participaban R. P. I., L. T., J. M. E., J. L. S., D. F., R. D. M., L. B. y S. F., encontrándose perfectamente estipuladas las funciones de los tres damnificados; sin que nadie mencionara a los L., como reconoce la propia magistrada que lleva la primera voz en el acuerdo.
En la presente causa, en cambio, no se sabe aún quienes fueron los autores, dónde fueron conservados los cuerpos, si el lugar de hallazgo de los mismos fue el escenario primario, quién encargó los homicidios y el motivo por el que querrían matar a las tres víctimas. La sentencia impugnada no es derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. Aunque no hay dudas de la complejidad de la presente, la fiscalía y el tribunal han fijado su visión en un sólo punto atribuyendo a P. C. la autoría intelectual del triple homicidio y a partir de allí han intentado probar lo improbable, esto es, que el hecho estuvo a cargo de M. L. y su equipo de asesinos a sueldo.
El veredicto extrajo una parte importante de la declaración de J.
L. S. acerca de las actividades de los tres fallecidos pero el testigo, condenado en la causa iniciada por el comercio de efedrina, nunca mencionó a M. L.; sí, en cambio, a P. C., enderezando la responsabilidad en la mafia mexicana (representada por J. M. E.), que cobra vidas ante el mínimo indicio de traición.
El tribunal pretende la existencia de respaldo testimonial a la conclusión de que M. L. es partícipe primario del hecho, pero ello no es así. No surge de prueba alguna la circunstancia afirmada en el veredicto respecto a que el reposicionamiento de F. luego de la detención de M. T. habría perturbado gravemente a P. C. a punto tal de anunciar que mataría al primero por estar quedándose con su negocio y tampoco que M.
L. -menos aún su hermano C.- tuviera algo que ver con los intereses de quien recién estaba conociendo.
Intentando generar confusión para quienes no participaron del debate, la magistrada ha manipulado los contenidos de las declaraciones testimoniales.
Es falso que M. G. S., R. M. y E. A. M. hayan dicho algo que permita abonar la teoría de que M. L. fuera elegido para terminar con la vida de los tres jóvenes pues el primero dijo que le habrían comentado que el acusado estaría vinculado con la Policía, el segundo que le averiguó a F. que efectivamente L. había trabajado en el Renar y el restante que era idóneo para tramitar portación de armas de fuego y lobista de la empresa “H. B.” de la que formaba parte.
Respecto a la testifical del Oficial A. S. -de quien se rescata haber dicho que mantuvo relación por distintos motivos con M. L. y V. S. y pertenecido al grupo operativo de E. P., con quien tres de los acusados participaron en un turbio procedimiento en la zona de Maschwitz-, se produjo un hecho grave toda vez que, resultando testigo de la defensa, fue convocado a la fiscalía, lo que se pretendió atribuir a un error y terminó con un pedido de disculpas de la acusación.
La intención del tribunal ha sido contaminar el escenario natural de los acontecimientos, cargando de antecedentes criminales tanto a M. L. como al grupo de personas que lo rodeaban, hermano, amigos, etc., con el único fin de demostrar que el nombrado se dedicaba incesantemente a cometer delitos, cuando lo que han tenido oportunidad de tratar con él lo han hecho por motivos lícitos.
También responde a esa finalidad que se atribuya falsamente al testigo M. C. haber dicho que M. L., P. C., M. E. y S. tenían relación entre sí por los teléfonos y vehículos.
La opinión de la juez del primer voto respecto a que no se ajusta a la realidad que V. S. no participara de las conversaciones entre M. L. y F. se asienta sobre suposiciones pues se pretende la presencia de los acusados en reuniones celebradas en el “O.” de Pilar durante 2008 -las que, se supone, tendrían por objeto negocios con efedrina- a partir de llamadas telefónicas cuyo contenido no se conoce, y se encuentran registradas en discos compactos que no han sido puestos a disposición de la defensa. Se afirma que T., quien se ocupaba del laboratorio de Ingeniero Maschwitz, había recibido de F. efedrina con sal quien, a su vez, la había obtenido de M. L., pero esta cuestión, que sólo surgió de testigos de oídas y del secuestro en el laboratorio allanado de gran cantidad de envases vacíos de sal fina, no tiene el sentido unívoco que se le asigna en el veredicto pues ese elemento es necesario para la producción de metanfetaminas.
Las elementos hasta aquí analizados (incluye las testificales de P. F., S. T. y G. A. también recogidas en el veredicto) no pueden ser considerados fundamentos de una condena a prisión perpetua.
S. B. -esposa de F.- nunca dijo lo que le hace decir el veredicto respecto a que M. L. le daba a S. efedrina que no estaba en buen estado para que se la diera a T..
Respecto a la prueba de las comunicaciones telefónicas, se asignó a D. A. haber dicho que M. L. había mandado a cortar la línea …. en el conocimiento de lo que estaba ocurriendo; cuando el testigo expresó en la audiencia haberla cortado él por falta de pago.
La desactivación de esa línea se produjo en septiembre pero se quiere incriminar a M. L. con ese único elemento, sin considerar que el número de teléfono aún subsistía, y estaba en poder de otro, luego de la desaparición y muerte de los tres jóvenes, según surge de las propias palabras de A..
Contrariamente a lo sostenido por el tribunal, las explicaciones de los peritos J. L. V. y F. E. R. sobre las antenas no conducen a afirmar necesariamente que las víctimas hayan estado en la casa de N. V. …; y el argumento tecnológico es tan pobre que no puede explicar la confirmación del perito de Nextel en cuanto a que la antena de N. V. en la misma que la de la autopista.
Si no ha podido acreditarse la intervención de M. L., menos prueba aún existe respecto a su hermano C. quien aparece vinculado en el veredicto como partícipe sólo por propiedad transitiva, a punto tal que hasta el inicio del debate el fiscal mantenía la confusión de que la vivienda de N. V. … pertenecía a su hermano y no a él; resultando muy precaria la argumentación del tribunal para incriminarlo que además de tergiversar los dichos del perito M. C. respecto a que el trailer con las botellas de agua como las que se enfrían para hacer hielo -y que podrían haber sido utilizadas para amortiguar el sonido de los disparos- no se secuestraron en casa de C. sino en un taller propiedad de M. L.; y que la prueba realizada en la vivienda de la calle V. dio resultado negativo, por lo que allí no pudieron ocurrir los homicidios.
La afirmación del tribunal de que el teléfono …. inició ese día su actividad a las 12.12.02 horas se contradice con los dichos del perito V. en la audiencia; mientras que según la declaración del perito R., la antena que recibe las llamadas de la autopista y de la vivienda mencionada es la misma y, aún reduciendo el radio a veinte manzanas como argumenta en el veredicto con base en los precarios gráficos incorporados al expediente, existen varios lugares en los que podrían haber permanecido F., F. y B. quienes no se encontraban privados de su libertad, al menos a esa altura, porque mantenían comunicaciones telefónicas con terceros.
A partir de allí se fuerzan las pautas temporales a fin de que calce la responsabilidad de sus asistidos, como la especulación acerca de cuánto tiempo se tarda en llegar desde el supermercado “W.” hasta la vivienda de N. V..
La premisa errónea respecto del lugar en el que partió la línea …. derivó también en una interpretación equivocada respecto al uso de la otra línea en uso por M. L. (…. de G. R.).
C. dijo que no hay nada concluyente desde el momento que no hubo escuchas telefónicas.
No puede considerarse creíble al testigo J. C. A. A. o J. C. G., solicitándose la exclusión de su declaración, entre otras razones, pues mintió sobre su nombre y apellido, negó la intervención del propio letrado recurrente quien fuera su último defensor, y le acercara información sobre el hecho de la presente causa sin imaginar que estaba cotizando futuros conocimientos para enajenarlos al provecho de la carente investigación; fue socio de la fiscalía pues sin su colaboración no se hubiese logrado el resultado incriminatorio, y posee un frondoso prontuario del que surge que su verdadero nombre es el de J. C. A. y no G. como sostuvo el acusador sin fundamento alguno.
Desfilaron en el debate un sinnúmero de testigos con la única finalidad de demostrar la peligrosidad o perfil criminal de los cuatro acusados, sin otro fundamento que sus propios dichos, y en clara violación al derecho penal de acto que rige nuestro sistema.
Quinto. A falta de prueba directa, también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento de condena, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que:
a) Los indicios se basen en hechos plenamente probados y no en meras sospechas, rumores o conjeturas.
b) Que los hechos constitutivos del delito o la intervención de los acusados en el mismo, se deduzcan de los indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, detallado en la sentencia condenatoria, abonando la certeza que reclama la ley. El control de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse tanto desde el canon de su lógica o coherencia (de modo que será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho de que se hace desprender de ellos o no conduzcan naturalmente a él), como desde el de su suficiencia o carácter concluyente, (no siendo pues, razonable, cuando la inferencia es excesivamente abierta, débil o imprecisa), si bien en este último caso se debe ser especialmente prudente, puesto, que son los órganos judiciales quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y obtenido con todas las garantías del acervo probatorio, salvo, claro está cuando la prueba disponible, como la documental y testimonial reproducida se lo posibilita a la Sala. En el análisis de la racionabilidad de esa regla que relaciona los indicios y el hecho probado hemos de precisar ahora que solo podemos considerarla insuficiente desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia, si a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado o desde una perspectiva externa y objetiva que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable.
En tales casos, no cabrá estimar como razonable bien que el órgano judicial actuó con una convicción suficiente (más allá de toda duda razonable), bien la convicción en sí misma.
c) Asimismo aunque se trate de cuestiones distintas en el análisis de la vulneración de la presunción de inocencia es fundamental la comprobación de la motivación sobre los hechos.
La motivación de las sentencias debe abarcar el aspecto fáctico, y si bien es cierto que no es preciso reseñar detalladamente todas las pruebas que se han tenido en cuenta, no lo es menos que de la motivación debe desprenderse con claridad las razones que ha tenido el tribunal de audiencia para declarar probados los aspectos fundamentales de los hechos, muy especialmente cuando hayan sido controvertidos, la necesidad de motivar las sentencias se refuerza cuando se condena y el acusado ha negado los hechos.
Juzgo, a la luz del panorama indiciario, documental, pericial y personal sobre el que se asienta la motivada convicción del tribunal de primera instancia, que los embates, tratados en el veredicto y reiterados en el recurso, contra la intervención atribuida a los cuatro acusados en el primero de los hechos, resultan improcedentes.
Respecto de los motivos por los que se cuestionan la prueba testifical recogida en el veredicto vale recordar que la Sala carece de la inmediación propia de la instancia oral, a fin de establecer la credibilidad o no que los testigos merecen, mientras que, si las partes no trajeron como prueba las grabaciones del juicio, tampoco puede analizarse si el tribunal cercenó indebidamente sus relatos o les hizo decir lo que no dijeron -como argumentan repetidamente ambas defensas-, pues sólo se cuenta con las parciales constancias recogidas en el acta a pedido de las partes. El análisis armónico de los elementos de prueba colectados por el tribunal comienza a partir de relacionar a víctimas y acusados con el comercio ilegal de efedrina, habiéndose acreditado especialmente, a partir de abundante prueba testifical y documental que analiza extensamente el tribunal y fuera detallada en el apartado segundo del presente, que M. L. - además de su afinidad con las armas y habilidades para gestionar permisos en el Renar a través de contactos-, era socio de P. C. en E. S.A. y había provisto a F. tal sustancia en alguna oportunidad para que éste la entregara al fallecido M. T., a cargo del laboratorio de Ingeniero Maschwitz; que Víctor S. resultaba ser su mano derecha y habitualmente lo acompañaba en sus actividades, sin que resulten relevantes los cuestionamientos puntuales respecto de lo que dijo éste o aquel testigo.
Destaca también el tribunal los dichos de S. B., respecto al profundo temor que su esposo S. F. tenía a P. C., circunstancia que avalan otros testigos, algunos de los cuales también recuerdan la amenaza, silla de ruedas mediante, que la víctima atribuyó a aquél.
El pánico había invadido igualmente al socio y amigo de F., J.
L. S. y no sólo por estar profundamente involucrado en la actividad junto a P. C., a punto tal que su hija de nueve años reconoció a este último -a quien conocía como E.- por haberlo visto en su propia casa cuando, junto a su padre, ocultaban allí envases con efedrina; sino porque, según contaran varios, había escuchado nada más y nada menos que de boca del nombrado que las tres víctimas se estaban metiendo en un campo que no era el suyo, que perjudicaban su negocio tendría que matarlos; vaticinando a la pregunta de C. A. R. sobre qué pasaba con D. -luego de la desaparición del trío- que seguramente estaba muerto, porque si había aparecido la camioneta prendida fuego era porque lo habían ultimado.
Fueron también varios -entre ellos, las esposas de los tresquienes afirmaron que las víctimas F. y B. realizaron contacto directo con M. E. (quien incluso los había invitado a visitarlo en México) y que P. C. había manifestado su intención de deshacerse al menos del primero (aunque también incluyó a los otros dos al expresarse en plural) por intentar quedarse con la actividad de provisión ilegal de efedrina al cartel de Cancún. En este contexto cobra especial importancia la conclusión del tribunal respecto a la elección de M. L. para ocuparse de llevar a cabo la amenaza de P. C. pues ¿quién mejor para ello que su socio y colaborador quien conocía de armas y las portaba durante sus actividades cotidianas y, además, gozaba de la confianza de la víctima con quien tenía trato asiduo respecto a tal negocio ilícito?
Pero claro, como M. L. no podía hacerlo solo necesariamente debió convocar a otros –obviamente, de su confianza- y allí es donde ingresan su asiduo colaborador V. S., su hermano C. y el hermano del segundo, M., como termina por demostrar el análisis relacionado de la prueba recogida por el tribunal.
Allí se inserta la convocatoria de F. y sus socios a una reunión en el supermercado W. ubicado en S. a la vera de la Autopista Buenos Aires- La Plata, lugar en el que se habían encontrado en otras oportunidades, a fin de intentar ubicar un cargamento del precursor luego del fracaso de una negociación con otro comprador (P. I.).
Y este no es un dato menor sino esencial pues resulta, nada más y nada menos, que el eslabón que permite relacionar los restantes elementos y conduce a los acusados, a través del seguimiento de los teléfonos celulares, hacia la vivienda de N. V. … de Quilmes donde condujeron a las engañadas víctimas para inmovilizarlos a fin de facilitar su traslado, las feroces golpizas y mutilaciones a las que los sometieron y lanzarlos los certeros disparos que les dieron muerte en la forma relatada en la base fáctica.
Los cuestionamientos a esta prueba que traen en común ambos recursos pasan por alto no sólo las razones dadas por el tribunal (no hace falta repetir aquí en su totalidad las mencionadas más arriba) para descartar la imprecisión que le atribuyen a partir de los dichos del ingeniero F. R. respecto a que la activación de celdas que se deriva de los listados de llamadas del Nextel de F. (y las otras víctimas) demostraban un desplazamiento hacia Quilmes y que dado el funcionamiento de las antenas que abarcan ángulos de ciento veinte grados, podía afirmar terminantemente, que la número …. captaba el domicilio de C. L., conclusión a la que también se llegaba por el análisis del desplazamiento de otro de los móviles del mencionado perteneciente a otra empresa, permitiendo reducir el radio a veinte manzanas; sino también que la conclusión respecto al destino de las engañadas víctimas no surgió por casualidad sino porque, entre la cantidad de viviendas ubicadas en el área de mención a la que hacen referencias los recursos, se encontraba, nada más y nada menos, la del hermano de quien, no obstante encontrarse en el predio en el que había convocado a las desprevenidas víctimas, llamativamente no se reunió con ellas, comunicándose con F. varias veces a través de la línea que había adquirido a tal efecto; circunstancia que permitió inferir razonablemente al tribunal la existencia de una excusa con la que el convocante engañó al trío derivándolo a la finca de mención.
Contrariando a lo expresado en los recursos, la prueba producida durante la investigación y reproducida en el debate especialmente a partir de los dichos del testigo C., permitió determinar qué líneas usaba cada uno de los acusados, reconociendo M. L. en la audiencia la posesión de la terminada en …., a nombre de N. P. y que, a decir del tribunal, y conforme se desprende de la prueba de su utilización, había obtenido de A. con la única finalidad de comunicarse con F. para de consumar el engaño pergeñado, ya que las circunstancias demostraron que mintió al decir que lo había hecho a pedido de éste; circunstancia que, por cierto, no controvierten los recursos, como tampoco cuestionan los cargosos dichos del proveedor de la línea; limitándose a destacar las irrelevantes diferencias entre las distintas declaraciones de este último sobre si dio de baja la línea a pedido de M. L. o porque éste no le pagó.
Analizada en tal contexto, tampoco resulta antojadiza ni conjetural, como pretenden las defensas, la construcción del tribunal de primera instancia respecto a la coincidencia entre el tiempo transcurrido entre la última llamada captada por la antena del W. de S. y la primera receptada por correspondiente al domicilio de C. L. con el que se tarda en recorrer la distancia que separa el predio del supermercado de la vivienda de N. V. …, pues allí era donde se dirigían las víctimas.
Pero si esto fuera poco, y no lo es, la prueba en análisis también permitió detectar significativas coincidencias en la inactividad de los teléfonos de víctimas y victimarios pues todas las líneas móviles que ese día usaron, carecieron de comunicaciones en una franja horaria muy similar (mientras las víctimas eran privadas de su libertad); a la par que un intenso tráfico de llamadas desde las líneas fijas de V. G. S.; M. L. y otro de los celulares de M. L. con los móviles de los tres hermanos S. y el Nextel de su hermano C. con quien también se comunicó desde otra de las líneas fijas al igual que con uno de los celulares de V. “F.” S..
Los teléfonos de los acusados tampoco estuvieron activos durante el lapso en que las víctimas fueron conducidas a General Rodríguez en la camioneta de F., y que sí fue detectado por el derrotero de los celulares de éstas, mientras que el retorno a la actividad de los atribuidos a M. L. y V. S. permite detectar su presencia, minutos antes de las 20:00 horas, nada más y nada menos, que en la zona de G. y T. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –harto conocida por ambos- donde fue hallada incendiada la camioneta G. V. de F.; y que en vano pretendió ser justificada por el primero aduciendo que cerca de allí vivía su abuela, cuando la antena que captaba la vivienda de ésta era otra ubicada a más de dos kilómetros, y por el restante con la excusa de mantener una relación con la hermana del anterior que ya había finalizado; además de resultar la primera coincidencia de ambos móviles captada por el receptor de San Pedrito Sector Sur Oeste al menos desde marzo de 2008.
La comunicación registrada a las 20.27 horas por la antena de Congreso San José e Hipólito Irigoyen entre los teléfonos de V. y M. S. -zona tampoco desconocido por los acusados por su cercanía al Renar al que el primero de los nombrados acompañaba a M. L.-, permite también detectar la presencia de este último en Buenos Aires, en tiempo cercano al del incendio de mención.
Pero hay más, porque M. S. también recibió una llamada a las 13.21 horas desde el teléfono de su hermano V. (horario en que las víctimas ya se encontraban en la vivienda de C. L.) y de igual número provino la que a las 16.49 horas lo ubicaba en el barrio de C., ciudad de Buenos Aires, coincidiendo con los movimientos detectados en los teléfonos de las víctimas antes de ser arrojados durante el regreso de la camioneta G. V. de F..
V. S. y M. L. también terminan ese día juntos y en el lugar donde todo comenzó, esto es, la vivienda de C. L. entre las 21.10 horas y las 21,30 horas aproximadamente, en nueva muestra de actividad coordinada. Frente a la contundencia de la prueba analizada, que ubica a los acusados juntos en momentos determinantes de la ejecución del hecho en clara muestra de actuar coordinado, la hipótesis traída por los defensores, supondría demostrar que de no ser aquellos los autores, los verdaderos debieron incluir en el plan organizado hasta en sus más mínimos detalles para cubrir sus huellas y logar la impunidad, el seguimiento de los cuatro imputados, colocando tras ellos pistas que los incriminaban, o en su caso, haberse hecho de los teléfonos cuyo uso reconocieron y trasladarse con ellos por el itinerario de mentas, lo que resulta inverosímil y absurdo. Tampoco resulta irrelevante, como pretende el recurso traído por los hermanos S., la triangulación detectada entre las líneas de M. y C. y de este último, a su vez, con su hermano V. y el Sargento de la Policía Bonaerense J. F. S. a quien se llega en la investigación por la no poco sugestiva circunstancia de que su radio fue captada entre los días 7 y 13 de agosto (correspondiente a la muerte de las víctimas y aparición de sus cadáveres) por la antena que abarca el camino viejo a N., lugar donde fueron hallados los cuerpos; resultando que no obstante cumplir funciones en General Rodríguez, tenía domicilio en Berazategui, cerca de los hermanos. Finalmente, el análisis de los intercambios entre las radios de E. S.A. pone en descubierto la negada relación entre P. C. y V. S. pues se detectan comunicaciones -significativamente el día previo al viaje a México para evitar que lo relacionen con el crimen que encargó- entre el primero y M.
L. quien, a su vez, se contactaba intercaladamente con el restante, en clara muestra de que S. no era ajeno a las decisiones, como también se desprende de su presencia en aquella reunión en la que no estuvo acompañado de L. y que destaca el tribunal a fin de demostrar su mendacidad sobre el punto.
Igualmente significativo resulta que el 6 de agosto, víspera del hecho, M. L. estuviese al habla con V. S. en cuatro oportunidades y con P. C. en siete.
Merece también destacarse, como corolario sobre el tema y a propósito de los motivos traídos en los recursos, que tal como estima el tribunal, aunque los estrechos vínculos entre los cuatro imputados podrían dar explicación a las múltiples comunicaciones entre ellos, no resulta un dato menor que las mismas se intensificaron notablemente rompiendo la normalidad en la primera semana de agosto de 2008 y que el día del hecho se ciñeron casi exclusivamente a las que mantuvieron entre ellos. La reticencia y mendacidad que el tribunal detectó en J. A. D.
O., y que condujo a su aprehensión en la audiencia por la flagrante comisión del delito de falso testimonio, al decir no recordar lo que ya había dicho en la investigación -aún cuando le fuera exhibida su declaración después de que un médico determinara que no tenía impedimento físico alguno para hacerlo-; no lo fue en el caso de su tío M. F., quien sí trajo al debate lo que había escuchado de boca del primero desde el tiempo de la investigación y que, en procedimiento que no merece la censura que pretende la defensa, fue estimado creíble por el tribunal precisamente porque sus palabras encontraron parcial coincidencia con los pocos datos que su sobrino, a regañadientes, terminó brindando en la audiencia, mientras que no encontraron en él motivo alguno para incriminar a los hermanos S.. Por otras palabras, el tribunal tuvo por verificados en el caso los requisitos exigidos por la doctrina de esta Sala a fin de valorar la prueba testifical de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud por corroboración a través de elementos periféricos y persistencia en la incriminación.
Y el testigo no dijo haber escuchado del joven otra cosa que lo que había dicho en la investigación, esto es, que en un encuentro casual con los hermanos V. y M. S. en un asado al que concurrió con un amigo, éstos confesaron haber participado en el triple homicidio a cambio de una suma de doscientos mil pesos, ufanándose de lo que habían comprado con ese dinero; expresiones que, en la estimación del tribunal, no pudieron ser desvirtuadas por las imprecisas consideraciones del testigo de la defensa N. C. G., que sí reconoció la presencia de D. O. en el lugar.
El pedido de nulidad de la declaración de quien se presentara al juicio como J. C. G. diciendo haber cumplido condena en otra causa como J. C. A. A., es improcedente, no sólo porque -más allá de una genérica apelación a la garantía del debido proceso- no se demostró que su producción en el juicio resultara contraria a regla procesal alguna -defecto que tampoco advierte este control-; sino porque, además, pasa por alto las razones dadas por el tribunal de primera instancia para sostener su validez, a saber, que más allá de que fue el propio testigo quien dejó inicialmente sentada la diferencia de identidades (y la prueba traída al juicio permitió corroborar que la que aportara en esta causa es la que le corresponde), quien declaró en la audiencia con control de las defensas no fue un nombre sino una persona de carne y huesos y, esto es determinante para sellar la suerte adversa del agravio, reconocido por C. L. como su compañero de celda, en el mismo lugar de alojamiento que indicara el testigo; sin mencionar que también aceptó que su esposa y la de aquél iban juntas a visitarlos y en ningún momento negó haberlo alojado temporalmente en su casa de N. V. … luego de la soltura.
En consecuencia, las despejadas diferencias respecto a la identidad del testigo no conducen a la nulidad -y consecuente exclusión- de su declaración sino en todo caso, y esto es cosa diversa, a su credibilidad, o la falta de ella que los recursos no logran demostrar pues las genéricas referencias a que falseó su nombre y apellido, mintió al negar que uno de los defensores recurrentes lo hubiese asistido antes a él acercándole a su pedido información sobre este hecho, fue traído por la fiscalía a fin de lograr un resultado incriminatorio que de otra manera no hubiese conseguido y posee un frondoso prontuario, no consiguen desvirtuar los sólidos argumentos con los que el tribunal otorga crédito a sus dichos.
Luego, la circunstancia de que uno de los defensores de M. y C. L. haya asistido al testigo en alguna oportunidad, tampoco afecta la defensa en juicio, pues éste no es contra el testigo sino contra quien le confesara haber intervenido en el hecho que diera origen a la presente, junto a los restantes acusados.
En punto a la credibilidad, entiende el tribunal que, aunque su declaración exhibe algunas desarmonías con la realidad del hecho probado (las que bien pueden encontrar explicación en que trajo la versión que recibiera de C. L., quien pudo omitir algunas circunstancias), encuentra inexplicables las coincidencias si se omite la fuente de la que dijo haberlas recibido, teniendo en cuenta que al tiempo del hecho hacía muchos años que estaba preso y permaneció en esa situación durante un prolongado tiempo más; rechazando el argumento de la defensa respecto a que habría leído la causa, no sólo por no haberse demostrado, sino también por la complejidad del caso.
Pero más allá de que el tribunal también encontró explicación para la discordancia del móvil de los homicidios traído por el testigo y el acreditado, en la circunstancia de que C. L. quisiera mitigar su responsabilidad en un hecho tan grave, y a un lado el dato aportado respecto al restante hecho atribuido al acusado, lo cierto es que lo estimó creíble también por dar razón de sus dichos, explicando que con su presencia en el juicio intentaba evitar represalias por no haber aceptado la propuesta del acusado de liquidar a D. A., testigo clave en este proceso al relacionar a M.
L. con el teléfono “….” usado para comunicarse con F.; a la par que el cambio de la declaración prestada en el debate por el proveedor telefónico beneficiando a los imputados -que G. obviamente no podía conocerconfirmó su hipótesis de que, fracasado el plan de matar a A., optaron ofrecerle dinero para que los comprometiera lo menos posible.
También encontró su relato, en la estimación del tribunal, corroboración en circunstancias periféricas, como la referencia a que su esposa concurría a la visita de cárcel junto a la de C. L. y al irregular procedimiento llevado a cabo por el policía P. junto a los imputados y otro más, al que el testigo atribuyó por finalidad recoger el dinero que los narcotraficantes mexicanos habían escondido en la quinta de Ingeniero Maschwitz luego del desbaratamiento de esa banda, coincidiendo respecto a intervinientes y vehículos; y su alusión a la venta de efedrina con sal. Todo ello condujo al tribunal como ya mencionara al tratar los fundamentos de la condena, a tener por cierto que el testigo dijo escuchar de su compañero de celda, no sólo en cuanto coincidía con otros elementos probatorios, sino especialmente en lo que trajo de novedoso, al adjudicarle a M. L. la organización del hecho y convocatoria a la reunión del W., y a los restantes la reducción de las víctimas y su traslado a General Rodríguez, donde fueron ejecutadas por C. L. y V. S..
Con relación a los restantes elementos cabe decir que, como ya adelantáramos, no pueden estimarse como indicios de cargo los procesos en trámite contra los acusados pues –en esto sí les asiste razón a las defensasson contrarios al principio de culpabilidad por el hecho; pero no ello no invalida considerar, como hiciera el tribunal, la participación de los cuatro en el, por lo menos, irregular procedimiento en General Rodríguez al comando del policía P. que todos terminaron por reconocer pues, más allá de que su finalidad no quedó establecida, da cuenta no sólo del carácter de las relaciones que existían entre ellos, sino también de un actuar coordinado en un procedimiento en el que, aún en caso de resultar legítimo, nada tenían que hacer.
Tampoco se advierte, más allá de alguna impropia alabanza a la labor de la acusación, la pérdida de imparcialidad del tribunal que denuncian los recurrentes; mientras que la pretendida insuficiencia en la atribución del rol que correspondió a cada uno de los imputados en el plan delictivo sólo puede predicarse desde el parcializado análisis que traen prescindiendo de prueba testifical que estima el tribunal de primera instancia con homologación de este control.
Sin perjuicio de ello, corresponde corregir el error de derecho que traen el veredicto y sentencia (arg. del artículo 462 del Código Procesal Penal) pues, si conforme se desprende de la base fáctica, cada uno de los acusados contribuyó al plan común realizando el aporte que había comprometido de antemano en el reparto funcional de tareas, fueron coautores y no, como contradictoriamente establece el tribunal, partícipes primarios, ya que no prestaron un auxilio o cooperación al hecho de otro, sino que (todos) tomaron parte en la ejecución del propio (argumento del artículo 45 del Código Penal).
En síntesis, las pruebas serias, pertinentes y decisivas que vengo de analizar afaman certeza en punto a la intervención de los acusados en el hecho sin dejar espacio a la duda que dogmáticamente afirman los recursos.
Por ello, los motivos traídos contra la base fáctica decaen (artículos 8.2.h. de la CADH.; 1ro. a contrario, 210, 448, 451, 456 y 459 del Código Procesal Penal).
Sexto. Los defensores de C. L. solicitaron también se case su condena como coautor de robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y se lo absuelva, por las siguientes consideraciones: Resulta significativa la diferencia entre la versión de B. y la del testigo presencial G., desde que este último a más de cien metros del lugar, sin iluminación natural ni artificial, advierte esta “supuesta” situación ilícita, complemente disímil a la relatada por la propia víctima.
Este no es un dato menor porque las diferencias entre ambos relatos contribuyen a la creación de dos versiones: la verdadera, sostenida por C. L. -esto es, que se conocían desde antes por una operación inclusa de compraventa de una camioneta- y la falaz de parte de B. y al menos parte de los policías intervinientes que eran amigos suyos.
Abonan la versión del acusado respecto a que todo fue un ardid pergeñado al menos por B., G., C., C. y P.: el mecanismo de ingreso al domicilio de B.; las contradictorias versiones de G.; la intervención del personal policial al arribar a la vivienda; la imposibilidad de determinar la cantidad de dinero que el supuesto damnificado tenía en su poder, su origen y destino; el desconocimiento de la documentación antecedente (en particular el pagaré y el lugar en el que fue hallado dentro de una campera); la pericia sobre las armas de fuego; la aparición del testigo de identidad falsa que declara en otro juicio; y los dichos del testigo S. quien relata lo verdaderamente ocurrido.
Contrariamente a lo afirmado en el veredicto, B. nunca pudo ver el arma con la que dijo ser apuntado pues adujo haber estado siempre de espaldas; negó haber tenido en su poder la cantidad de dinero que se dijo tenía, que había comprado unos coches y puesto el resto en el banco, pero después no pudo explicar de qué vehículos se trataba -lo que resulta inverosímil ya que se presentó como agenciero y resalta su mendacidadponiéndose muy nervioso.
Existieron contradicciones entre las testificales respecto al arribo de los policías a la vivienda, pues una parte (C., N. y L.) dijo que los llamaron cuando estaban haciendo un allanamiento mientras otros (O. y C.) afirmaron haber sido alertados cuando estaban volviendo.
Es inentendible que los testigos C. P. y C. expresaran haber tocado el timbre al arribar a la vivienda de B. cuando G. los había alertado de que la víctima fue introducida allí a la fuerza por dos sujetos armados; resultando aún más irreal la versión de haber sido atendidos por un hombre alto y canoso que les preguntó qué querían.
Ello reafirma la narración del acusado de que se trató de un ardid tramado por B. para no pagarle una deuda existente; no resultando equivalente, como pretende el tribunal, que un acreedor se presente en el domicilio del deudor a cobrar una deuda, citado por éste, y que se defienda al ser apuntado con una pistola; a entrar por la fuerza con intenciones de robo.
B. no negó la existencia de la deuda, limitándose a desconocer haber firmado el pagaré -cuando conforme una pericia indubitable la rúbrica estampada en él pertenecía a su puño y letra-; y no encuentra asidero la incorporación en el debate de una carpeta que pertenecería a la empresa Oca, pretendiendo probar la supuesta presencia de un cartero a fin de obtener las firmas de la esposa de la víctima y su cuñada, no sólo porqué estas no concurrieron al debate a ratificar tal circunstancia, sino porque, además, tal maniobra fraudulenta resultaba innecesaria, pues el documento ya se encontraba incorporado a la causa desde la etapa investigativa. Existen contradicciones entre los oficiales S. y M. respecto a si durante la requisa L. se quitó o no la campera en uno de cuyos bolsillos se halló el pagaré en cuestión; mientras que el acusado dijo que después del terrible golpe que la policía le propinara con la culata de una escopeta -que le dejó una marca que llevará de por vida y dio lugar a la extracción de copia a fin de investigar la posible comisión de apremios ilegales- no lo quisieron tocar por la cantidad de sangre que emanaba de la herida.
El tribunal rechazó arbitrariamente el cuestionamiento de la defensa respecto a lo extraño que resultaba que la víctima presentara la carpeta de mentas -cuyo origen y confección se desconocen- tres años después de ocurrido el hecho -en clara violación de las reglas del debido proceso-, que lo hiciera contemporáneamente con las manifestaciones vertidas por el testigo falso A. A. -o J. C. G.-; y que el testigo B. demostrara una memoria parcializada al recordar fragmentos de lo acontecido como si hubiesen ocurrido el día anterior al juicio e invocara amnesia por al traumático suceso en lo medular del asunto.
El tribunal asumió una postura parcial respecto de la insostenible versión de la fiscalía sobre los requisitos de forma del mentado pagaré, recogiendo presuntas incongruencias señaladas por esa parte que no advirtieron los peritos, con el argumento de que resultaban de la experiencia y el alto compromiso con el que obra la representante de ese Ministerio; y trayendo a colación la declaración de un testigo objetado por la defensa quien declaró respecto al primer hecho, apareciendo sospechosamente después que la mencionara, la carpeta por él mencionada. La fiscal omitió, sin embargo instruir debidamente a la víctima B. sobre tal estrategia, pues éste dijo no haber estado presente cuando concurrió el supuesto portador de la carpeta ni firmado nada; no obstante lo cual, la magistrada que lleva la voz en el acuerdo, afirmó lo contrario. Resultaba impensable que se utilizaran los dichos que el testigo J. C. A. A., J. C. G. o J. C. F. -quien a cambio de dinero resultó herramienta necesaria para perfeccionar la cruzada fiscal que culminó con la condena de sus defendidos- prestara en otro juicio -y por lo tanto desprovisto de cualquier objeción- a fin de incorporar la falsa hipótesis de que el pagaré había sido confeccionado por C. L. a partir de la firma obtenida de B. por el falso cartero.
Respecto a las armas utilizadas, C. L. dijo que la pistola B.
estaba descargada y la G. no contenía proyectiles de punta hueca, pero el tribunal consideró que tales afirmaciones quedaron desvirtuadas con la prueba testifical respaldada por la pericia balística llevada a cabo por el perito M. R. R..
Sin embargo, el experto que analizó las dos pistolas y los cartuchos que le enviara el perito de rastros de la comisaría, dijo que no era normal que un armero las manipule a instancias de la dependencia interviniente como sucedió en el caso; irregularidades que fueron pasadas por alto por el tribunal.
Denuncian falta de motivación suficiente, con cita de los artículos 18 de la Constitución Nacional; 171 de la Constitución Provincial; 106 y 371 del Código Procesal Penal; solicitando se absuelva a su asistido por aplicación del beneficio de la duda.
Séptimo. Los motivos tampoco proceden.
Para atribuir a C. D. L. la coautoría del segundo hecho el tribunal comienza por estimar su aprehensión en flagrancia -a partir de la intervención policial inmediata de R. F. N., P. H. D. P. y P. E. C., entre otros-, a pesar de sus esforzados intentos por huir y ocultarse detrás de un matorral en el patio de una casa vecina, y el hallazgo muy cerca suyo de una de sus pistolas, la G. 9mm N° MES039 y dentro del perímetro de dicha vivienda, en el interior del garaje, la caja metálica con el dinero y collares sustraídos. Contrariamente a lo sostenido por la defensa, el tribunal tuvo en cuenta, además de las protagónicas intervenciones de C. y P. múltiples testificales que convalidaron, con diferencias sutiles o irrelevantes, la legitimidad del procedimiento; sin advertir la existencia del supuesto complot de víctima y policías que dogmáticamente denuncia el recurrente. Cabe recordar que respecto a su estimación por la Sala, rigen las limitaciones ya apuntadas al analizar la prueba del hecho anterior, provenientes de la inmediación de la instancia oral de la que carecemos. Destaca el tribunal que el propio acusado reconoció en la audiencia, y esto es esencial, haber ingresado armado a la vivienda de B., a quien amenazó en más de una oportunidad, apuntándole, ya en el interior del garaje, con su pistola P. Beretta “para no romperle la cabeza”; haberle exigido la entrega de dinero, y huir saltando el muro medianero hacia la casa vecina al advertir la nutrida presencia policial.
Descartó asimismo el tribunal la excusa del imputado respecto a la existencia de una deuda por parte de B. documentada en un pagaré que estimó apócrifo - no obstante la pericia caligráfica que sostenía que la firma pertenecía al damnificado-, a través de los dichos de J. C. G. y la aparición de una carpeta abandona en la vivienda de éste por un supuesto cartero, con los que se demostraba un maniobra para obtener bajo engaño la firma del deudor.
Aún cuando el beneficio de la duda conduce a otorgar razón a la defensa en punto a que no se demostró con certeza que la firma de la víctima se obtuviera mediante el ardid mencionado, bastando para ello que dijo no haber estado en su casa durante la visita, en fecha incierta, del ignoto cartero que fue atendido por su esposa y cuñada; ello no conduce al norte pretendido por la defensa.
Ello así toda vez que, aun aceptando la existencia de la deuda, la versión del imputado acerca de que se presentó allí convocado por B. para cobrarla, resulta inverosímil a la luz de las evidencias pues no se entiende por qué, si ese era el objetivo, concurrió a la vivienda junto a otro, ambos armados, y amenazó de muerte al deudor, intentando huir no sólo con la escasa cifra de dinero obtenida sino también con joyas de escaso valor, siendo aprehendido en las circunstancias indicadas.
En tales condiciones, cobran relevancia los demás argumentos en los que el tribunal asienta el rechazo de su versión, esto es que mintió cuando dijo haberse dirigido primero a la agencia de B., acompañándolo hasta la casa, pues el testigo J. C. L., quien estaba sentado en la puerta del local vecino, vio al damnificado retirarse solo, intercambiando incluso algunas palabras con él; y que su afirmación respecto a que el día de la aprehensión llevaba el pagaré original en el bolsillo superior de la campera, fue contrarrestada por la oficial de policía Seronero, quien dijo haber practicado la diligencia sobre la prenda que reconoció en la audiencia, manifestando no haber hallado tal documento en ninguno de los bolsillos del abrigo. También contribuyen, para el tribunal, a descartar la excusa ensayada, los dichos del Oficial N., conteste con el resto de los policías que intervinieron en la aprehensión y secuestro de las armas, así como por los testigos de actuación, G. y G..
Finalmente el tribunal da crédito a la declaración de la víctima, A. B., en cuanto a que si bien no pudo ver quienes lo asaltaron, exhibidas las armas que se utilizaron en el atraco, afirmó en el juicio, sin dudas, que la pistola cromada, la más clarita, fue aquella que le apoyaron en la cabeza, lo que condice, cerrando este cuadro de imputación, con los dichos del propio C. L., quien aceptó haber utilizado la pistola Beretta 9mm, para amedrentarlo. Luego, para rechazar los cuestionamientos a la prueba de idoneidad de las armas secuestradas el tribunal estimó los dichos de los policías, quienes observaron que las armas estaban con sus cargadores puestos, no contando la ciudad de B. con división científica, por lo que fueron enviadas, bajo las medidas de seguridad que usualmente utilizan, a Junín donde fueron recibidas en sobre cerrado por el perito R.; concluyendo que, por lo tanto, no existieron irregularidades que afectaran la pericia en cuestión.
En consecuencia, tampoco progresan los motivos levantados contra la base fáctica del segundo de los hechos puesto en cabeza de C. L. (artículos 1, 210, 448 451, 456 y 459 del Código Procesal Penal).
Octavo. Si al menos tres se pusieron de acuerdo para matar a las víctimas, a quienes previamente redujeron y trasladaron hasta su destino final con la violencia de la que dan cuentan las múltiples lesiones detectadas en los cuerpos (mutilaciones incluidas); y las ultimaron sobre seguro, aprovechando la situación de indefensión en la que se encontraban, el primero de los hechos ha sido correctamente calificado como privación ilegal de la libertad agravada por violencia y homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y pluralidad de intervinientes -reiterado en tres oportunidades-, en concurso real entre sí; como también lo fue el segundo, que encuentra molde en el robo calificado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa. Corresponde, sin embargo, corregir otro error que trae la sentencia pues la agravante calificadora del artículo 41 bis no resulta aplicable a los homicidios sancionados con una pena indivisible ni al robo, agravado precisamente, por el uso de un arma de fuego.
Luego, impuestas a los cuatro acusados penas perpetuas en su modalidad menos severa de prisión, resulta académico pronunciarse sobre baremos de individualización.
En el control sobre la medida de la pena de inhabilitación especial aplicada a C. L., sin atenuantes, corresponde mantener como agravantes el grado de organización, incluyendo el traslado a Bolívar junto a otros, fuertemente armados, contando con la cooperación de lugareños; la utilización de municiones de punta hueca de mayor poder dañoso que las convencionales; y la privación ilegal de la libertad que excedió la violencia propia del robo calificado; pero no milita en tal sentido y debe excluirse, la circunstancia de que el imputado haya mentido para justificar su accionar cuando no está obligado a decir la verdad; lo que conduce a adecuarla, estimando justo se la fije (artículo 14.5 del PIDCyP) en ocho años.
Por ello, propongo al acuerdo rechazar con costas los recursos interpuestos contra las condenas de M. E. L., M. J. S. y V. G. S. a prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautores responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y pluralidad de intervinientes -tres hechos-, en concurso real entre sí; hacer lugar parcialmente al interpuesto por C. D. L. condenándolo a prisión perpetua, ocho años de inhabilitación especial para tener y portar armas de fuego, más accesorias legales y costas, como coautor responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia, homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y pluralidad de intervinientes -tres hechos- y robo calificado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, todos en concurso real entre sí (artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCyP; 5, 12, 19, 20 bis inciso 3ro., 29 inciso 3ro., 40, 41, 42, 44, 45, 55, 56, 80 incisos, segundo y sexto, 142 inciso 1ro., y 166 inciso 2do., segundo párrafo del Código Penal; 210, 448, 451, 456, 459, 462, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
También corresponde retribuir el trabajo cumplido luego del juicio (artículo 28, parte final, del Decreto 8904/77) por los doctores Omar Luis Daer y Rodrigo Moyano en su carácter de defensores de V. G. y M. J. S. en un 20% de la suma conjunta fijada en la sentencia de primera instancia; en igual monto los correspondientes a los doctores Roberto Casorla Yarlet y María Cristina Ballina, defensores de M. E. y C. D. L., y en un 15% de la misma los de los doctores Javier Gastón Raidán y Hernán Emilio Carluccio, nuevos letrados de M. J. S..
Finalmente estimo pertinente, en atención al tiempo transcurrido, hacer saber al Juez de Garantías que deberá reiterarse la orden de captura nacional e internacional de I. E. P. C..
En su mérito, a esta primera cuestión, con el limitado alcance indicado, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del doctor Borinsky y, con igual alcance, también me pronuncio POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:
De conformidad al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde rechazar, con costas, los recursos interpuestos contra las condenas de M. E. L., M. J. S. y V. G. S. a prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautores responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y pluralidad de intervinientes -tres hechos-, en concurso real entre sí; hacer lugar parcialmente al interpuesto por C. D. L. condenándolo a prisión perpetua, ocho años de inhabilitación especial para tener y portar armas de fuego, más accesorias legales y costas, como coautor responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia, homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y pluralidad de intervinientes -tres hechos- y robo calificado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, todos en concurso real entre sí; regular los honorarios de los doctores Omar Luis Daer y Rodrigo Moyano en un 20% de la suma conjunta fijada en la sentencia de primera instancia; en igual monto los correspondientes a los doctores Roberto Casorla Yarlet y María Cristina Ballina y en un 15% de la misma los de los doctores Javier Gastón Raidán y Hernán Emilio Carluccio; y hacer saber al Juez de Garantías que deberá reiterarse la orden de captura nacional e internacional de I. E. P. C. (artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCyP; 5, 12, 19, 20 bis inciso 3ro., 29 inciso 3ro., 40, 41, 42, 44, 45, 55, 56, 80 incisos, segundo y sexto, 142 inciso 1ro., y 166 inciso 2do., segundo párrafo del Código Penal; 210, 448, 451, 456, 459, 462, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 28, parte final, del Decreto 8904/77). ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juecez doctor Violini dijo:
Que vota en igual sentido que el doctor Borinsky.
Con lo que no siendo para más se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente S E N T E N C I A I.- RECHAZAR, con costas, los recursos interpuestos contra las condenas de M. E. L., M. J. S. y V. G. S. a prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautores responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y pluralidad de intervinientes -tres hechos-, en concurso real entre sí.
II. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso traído por C. D.
L. CONDENÁNDOLO a prisión perpetua, ocho años de inhabilitación especial para tener y portar armas de fuego, más accesorias legales y costas, como coautor responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia, homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y pluralidad de intervinientes -tres hechos- y robo calificado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, todos en concurso real entre sí.
III. REGULAR los honorarios de los doctores Omar Luis Daer y Rodrigo Moyano en un 20% de la suma conjunta fijada en la sentencia de primera instancia; en igual monto los correspondientes a los doctores Roberto Casorla Yarlet y María Cristina Ballina y en un 15% de la misma los de los doctores Javier Gastón Raidán y Hernán Emilio Carluccio.
IV. HACER SABER al Juez de Garantías que deberá reiterarse la orden de captura nacional e internacional de I. E. P. C..
Rigen los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCyP; 5, 12, 19, 20 bis inciso 3ro., 29 inciso 3ro., 40, 41, 42, 44, 45, 55, 56, 80 incisos, segundo y sexto, 142 inciso 1ro., y 166 inciso 2do., segundo párrafo del Código Penal; 210, 448, 451, 456, 459, 462, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 28, parte final, del Decreto 8904/77.
Regístrese, notifíquese y remítase en devolución al tribunal de primera instancia.
FDO.: VÍCTOR HORACIO VIOLINI – RICARDO BORINSKY
Ante mi: Andrea Karina Echenique
Fin de la sentencia