Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2596/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la Sra. L. A. . (cfr. PE1229269-2024, RCA00000137.pdf.) y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial dictada en PE1477081-2024.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2596/24-TSJ Interlocutorio N°: 3831 Actor: M. L. A. EN AUTOS: AUTORIDAD DE INFANCIA MUNICIPAL Demandada:
Objeto: PETICIONA MEDIDA EXCEPCIONAL EXPTE. 29.033/23 s/ RECURSO DE APELACION EN RELACIÓN Y CON EFECTO NO SUSPENSIVO Fecha: 09-10-2024 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO N 3831 FOLIO N 6998/7002 PROT. ELECT. TSS1 045 I.241
Río Gallegos, 9 de octubre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “M. L. A. EN AUTOS: AUTORIDAD DE INFANCIA MUNICIPAL s/ PETICIONA MEDIDA EXCEPCIONAL EXPTE. 29.033/23 s/ RECURSO DE APELACION EN RELACIÓN Y CON EFECTO NO SUSPENSIVO”, Expte. N M-29.248/2023 (M-2596/24-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la Sra. L. A. M., con el patrocinio letrado de las Dras. Marcela Castro Dassen, María Cristina Riera y Agostina Fenoglio (cfr. PE1229269-2024, RCA00000137.pdf.), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1210857-2023, en cuanto declara mal concedido el recurso de apelación subsidiario por ella deducido contra la providencia dictada por el Juez de Primera Instancia, por no contar la recurrente con legitimación para actuar en el proceso, todo ello sin costas (cfr. PE1075353-2023, ESC00231619.pdf., págs. 22/23).- Esta última providencia había rechazado la medida cautelar articulada por la Sra. M. quien, en su carácter de cuidadora, pretendía la suspensión en orden a la revinculación de los infantes con su progenitor, Sr. L. B. F..-
II. La recurrente motiva su recurso extraordinario en las causales de quebrantamiento de formas y solemnidades sustanciales y violación o errónea aplicación de la ley, en los términos de los artículos 2° y 3 , inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6 , Parágrafo 2 -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley N 3453/15 -Decreto N 2228/15-, acusando también arbitrariedad (cfr. PE1229269-2024, RCA00000137.pdf., pág. 1).-
Afirma la casacionista que la resolución atacada pone fin a su calidad de parte en el proceso, impidiéndole peticionar en cualquier actuación posterior con relación al niño y a la niña adquiriendo así el pronunciamiento naturaleza de sentencia definitiva y, en consecuencia, susceptible del recuso extraordinario provincial (cfr. PE y pdf. cits. págs. 2/3).-
En cuanto al quebrantamiento de formas y solemnidades sustanciales, dice que la resolución atacada viola el principio de congruencia toda vez que su condición de parte en el proceso no fue motivo de controversia y que ningún reparo se interpuso respecto a su participación en esa calidad. Agrega, que la Excma. Cámara resuelve sobre una cuestión que jamás se planteo y no fue materia de agravios, ni se discutió en el marco del proceso (cfr. PE y pdf. cits. págs. 9 y 11/12).- Refiere que la resolución es incongruente y arbitraria porque en el fondo destruye el encuadre funcional del juez, por exceso y omisión, lesionando las reglas del debido proceso y, por consiguiente, el pronunciamiento en crisis no resulta una derivación razonada del derecho aplicable (cfr. PE y pdf. cits. pág. 13).-
En lo tocante a la violación o aplicación errónea de la ley, precisa la casacionista que la resolución atacada transgrede los artículos 1° y 2° del CCyCN, por cuanto no prioriza las leyes vigentes ni los tratados internacionales (v. gr. Ley N° 26.061 y la Convención sobre los Derecho del Niño) violentando el principio rector del interés superior del niño y la niña. Agrega que el Tribunal de Alzada interpreta la “Guía de calidad del cuidado de las niñas, niños y adolescentes con medida excepcional en dispositivos de modalidad familiar”, elaborada por la COFENAF con fecha 2 de noviembre del 2023, no solo en forma parcial y arbitraria, sino por sobre la legislación vigente, otorgándole una primacía inusitada. También, pregona que con la sola cita de la mencionada “Guía de calidad” la Cámara da por tierra con los principios republicanos y de primacía de las leyes establecido por el artículo 31 de la Carta Magna (cfr. PE y pdf. cits. págs. 13/14).- Expresa la recurrente que la Cámara, al pretender que el único destino de las infancias es retornar con su familia de origen o ser dados en adopción, se aparta claramente de los principios protectorios consagrados en la Ley N° 26.061 en cuanto incorpora la concepción de niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Refiere que ambos, la niña y el niño, han expresado su voluntad de continuar conviviendo con ella, por lo que de mantenerse la resolución atacada se vulneraría claramente su derecho a ser oídos. Además, manifiesta que la resolución en crisis no contempla en absoluto los derechos de ambos, olvidando que en la materia se contemplan múltiples formas de familia, basadas en la afectividad y no solo en el vínculo biológico (cfr. PE y pdf. cits. págs. 15/17).- Agrega que la Cámara cita una guía de la COFENAF que no resulta aplicable al caso por sobre la Convención de los Derechos del Niño y la Ley N° 26.061 (cfr. PE y pdf. cits. pág. 20).-
En orden a la arbitrariedad denunciada, aduce la casacionista que la resolución de la Cámara resulta dogmática, sin vinculación alguna con la plataforma fáctica suscitada en autos, aplicando la precitada Guía sin considerar que nos encontramos ante una familia no tipificada en la misma. Dice que ese dogmatismo se profundiza al resolverse sobre una cuestión -su calidad de parte- que no fue propuesta ni debatida por quienes a la luz de la resolución son partes en el proceso, es decir los progenitores y la SENAF (cfr. PE y pdf. cits. págs. 20/21).- Postula que para la propia Cámara precluyó el tratamiento de su calidad de parte, ya que la recurrente intervino antes del dictado de la resolución atacada y en esa oportunidad no se cuestionó tal arista procesal. Por ello, precisa que su participación en autos no es solo una cuestión que se encuentra precluida, sino que además carece de todo sustento. Reitera que la Guía de la COFENAF en que se pretende fundar tan arbitraria decisión, se basa en situaciones muy diferentes a las verificadas en esta causa, pues en ella claramente se expresa que se aplica a familias que carecen de todo vínculo con los Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante NNyA) (cfr. PE y pdf. cits. págs. 21/23).- Concluye su embate señalando que no puede la Excma. Cámara apartarla del proceso cuando resulta una de las protagonistas necesarias del mismo, al encontrarse cumpliendo el rol de maternal. Entiende que lo expuesto permite concluir en la violación al principio de congruencia, que se agrava a la luz del interés superior de las infancias, convirtiendo al acto jurisdiccional como invalido por arbitrariedad (cfr. PE y pdf. cits. págs. 23/24).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE1477081-2024).-
Pasan los presentes al Acuerdo (cfr. PE907980-2024).-
III. Previamente a efectuar el examen de admisibilidad formal del recurso articulado y atento la naturaleza de estos actuados, no debe perderse de vista que la magistratura debe hacer mérito del interés superior del niño, niña y adolescente para resolver litigios como el presente.-
En efecto, este Alto Tribunal sostuvo que: “El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño prescribe que: ‘En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una condición primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.’. Es decir, que cuando hay un niño o niña cuyos derechos pueden verse afectados, el juez debe decidir teniendo en cuenta su mejor interés.- El Interés Superior del Niño es un principio regulador de la normativa de los derechos de la infancia y se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de las niñas y niños y en la necesidad de propiciar su desarrollo, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio Tomo XXV, Reg. 3055, Folio 4957/4961)…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXII, Reg. 3616, Folio 6277/6282, entre otros).- Asimismo, en aquella oportunidad señalamos que: “La Ley N° 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, define en el artículo 3° lo que se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente, señalándose como tal ‘la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.’. Agrega el artículo citado que debe respetarse: ‘a) Su condición de sujeto de derecho; b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; f) Su centro de vida.
Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.’ ” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio cit.).- Y también que: “De su lado, en el orden local, tenemos la Ley Provincial N° 3062 de ‘Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren en el territorio de la provincia de Santa Cruz’, la cual edicta que: ‘Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.’ (cfr. art. 1°).
Señala además que: ‘…se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley…’ (cfr. art. 2°).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio. cit.).- En sintonía con lo expuesto, debemos recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Ley N° 23.849, en su artículo 9 , incisos 1° y 3° dispone, en su parte pertinente, que: “Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos […]Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular…”.- Así, lo apuntado por el magistrado de Primera Instancia al sostener que: “Teniendo en cuenta el derecho que le asiste principalmente…respecto a poder mantener contacto con su progenitor como así también el derecho del Sr.
F. a poder vincularse con sus hijos y en este caso re establecer el vínculo paterno filial con el pequeño de autos…”, resulta, en principio, ceñido a las directrices mencionadas en la norma supralegal transcripta (cfr. PE1075353-2023, ESC00231619.pdf., pág. 22).- Además, en dicha oportunidad el juez de grado también requirió distintos informes a efectos de asegurar que el proceso de revinculación dispuesto se materialice con el mayor grado de resguardo posible respecto al niño y a la niña (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).-
Por último, se impone destacar que el mecanismo de revinculación, por naturaleza, resulta provisorio, mutable y, en definitiva, condicionado a la evolución que se evidencie a partir de los informes que deberán producirse.-
IV. Sentado lo anterior se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6 , Parágrafo 2 -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley N 3453/15 -Decreto N 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Así, corresponde señalar que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Registro N° 3385, Folio N° 5667/5670, entre muchos otros).- En efecto, para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva en examen no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
V. Los embates propuestos por la casacionista relativos a la causal de quebrantamiento de formas, incluida la presunta transgresión al principio de congruencia que también opera por este conducto, no logran evidenciar la configuración de vicio alguno en torno a las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento y el acto sentencial.-
En este carril, distinguida doctrina enseña que: “Si bien la Alzada está envallada por los agravios del quejoso, no cabe duda de que ese principio general cede en ciertas circunstancias…pese a que el Tribunal sólo debe actuar dentro de los carriles del recurso, la apelación sobre el fondo no le impide revisar los presupuestos procesales. Ello así aunque el vencedor nada diga, y aun cuando el inferior haya concedido dicho medio pues en definitiva el juez del recurso es el superior, quien no queda vinculado sobre el pronunciamiento de admisibilidad que haya cumplido el a quo…ha expresado en forma monocorde nuestra doctrina forense, que la Alzada ‘está facultada para revisar oficiosamente la admisibilidad del recurso’. Desde este cuadrante dejó aclarado el más Alto Tribunal de la Provincia de Buenos Aires que ‘nada obsta a que la Alzada trate la legitimación del apelante antes de considerar sus agravios, en atención al carácter excluyente que la solución podría alcanzar respecto de éstos.’” (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los recursos ordinarios”, 2da Edición, La Plata, Bs. As., 2004, Librería Editora Platense, págs. 413/414).- En igual sentido, este Alto Cuerpo ha dicho que: “…las impugnaciones vinculadas a las resoluciones que declaran mal concedido un recurso ante el Tribunal de Alzada, son de naturaleza fáctica y procesal, no impugnables -en principio- por vía del recurso de casación, salvo que lo decidido revele un exceso ritual susceptible de frustrar la garantía de la defensa en juicio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3035, Folio 4910/4912), circunstancia que no ha sido denunciada en el sub lite. En efecto, la recurrente no esboza crítica alguna tendiente a demostrar un excesivo apego a los formalismos y consiguientemente el quebrantamiento del debido proceso. En este sentido resulta imperativo destacar que la casacionista no acusa la presencia de un formalismo que haya producido un desmedro al sentido servicial del procedimiento o que transforme lo que es instrumental en sustancial.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3465, Folio 5903/5907).- Por lo expuesto, el análisis previo efectuado por la Excma. Cámara de Apelaciones como juez del recurso en orden a la legitimación de la recurrente no resulta susceptible de censura en esta instancia extraordinaria.-
VI. En lo tocante a la violación o aplicación errónea de la ley, precisa la casacionista que la sentencia atacada transgrede los artículos 1 y 2 del CCyCN por cuanto no prioriza la Ley N° 26.061 y la Convención sobre los Derechos del Niño, violentado, según indica, el principio rector de la mencionada normativa, es decir el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Además, dice que la Cámara interpreta en forma parcial y equivocada la “Guía de calidad del cuidado de las niñas, niños y adolescentes con medida excepcional en dispositivos de modalidad familiar”, elaborada por el COFENAF con fecha 2 de noviembre del 2023 (cfr. PE1229269-2024, RCA00000137.PDF; págs. 13/14).- Ahora bien, la casacionista omite realizar una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la resolución en crisis, por el contrario, solo avizoramos un desacuerdo con lo decidido.-
El recurso, de la manera en que ha sido planteado, no llega a constituir la crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se ataca, toda vez que la parte recurrente sólo se ha limitado a dar su propia interpretación del caso sin intentar demostrar en qué se han equivocado los Jueces de Cámara que ya se expidieron, menos aún fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis, la procedencia y razonabilidad de su pretensión revisora.-
Se advierte entonces que la lectura del escrito portador del recurso de casación desnuda la carencia de una crítica concreta y razonada de la resolución que se ataca, requisito insoslayable de la vía que se intenta. No contiene, dicho libelo, una explicación razonable que demuestre, aunque sea mínimamente, cómo es que, en el caso concreto, se ha producido la violación o el error que amerite desechar la resolución de Cámara.-
En esa inteligencia, la Excma. Cámara de Apelaciones señaló que: “El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF)…el pasado 02 de noviembre de 2023…elaboró un documento denominado ‘Guía de calidad del cuidado de las niñas, niños y adolescentes con medida excepcional en dispositivos de modalidad familiar’, en el que -sobre el asunto que nos concierne- se sostuvo que entre la familia cuidadora y los niños, niñas y adolescentes acogidos no existe vinculo jurídico alguno. El vínculo jurídico solo existe entre la familia y el órgano administrativo…la aquí recurrente no es técnicamente una parte del expediente judicial y no debe serlo, pues cumple una función institucional de acompañamiento de M. y L. quienes son en definitiva los protagonistas del sistema. Para comprender esta buena practica es necesario no perder de vista el objetivo de este tipo de medidas, cual es el restablecimiento de los derechos afectados…” (cfr. PE1210857-2023, págs. 2/3).- Pues bien, los fundamentos esgrimidos por la casacionista no rebaten estas motivaciones sino que, por el contrario, traducen un criterio discordante con el de los juzgadores que resulta claramente insuficiente para la admisibilidad de la vía intentada.-
El escrito portador del recurso evidencia endebles críticas no apontocadas en argumentos jurídicos y fácticos que permitan calificarlas de razonadas o fundadas, omitiendo rebatir las razones esenciales brindadas por los jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones. Por el contrario, las afirmaciones de la casacionista pretenden discurrir libremente sobre su particular interpretación del caso y la forma en que debió fallarse. Empero, omiten desplegar un desarrollo argumental que patentice un yerro en el razonamiento revelado en el acto sentencial cuestionado, resultando insuficiente para la admisibilidad del recurso.- Estos fundamentos, en la forma expuesta, no brindan una refutación concreta e idónea de los argumentos centrales en que se apoyó el pronunciamiento recurrido que ha sido adoptado, conforme surge de la cita más arriba efectuada, priorizando el interés superior del niño y de la niña, todo ello más allá que la recurrente no comparta la argumentación desplegada por la Cámara de Apelaciones.-
En definitiva, nos encontramos ante la insuficiencia técnica del recurso en examen, desde que su crítica al fallo no pasa de ser una mera opinión personal que pretende sustituir el criterio de los magistrados de la anterior instancia, lo que torna inadmisible el recurso impetrado.-
VII. Igual suerte adversa sigue la pretensa arbitrariedad endilgada por la recurrente a la resolución de la Cámara, ya que, nuevamente, el ataque principalmente se funda en el análisis de su legitimación procesal para intervenir en la causa.-
En ese sentido, este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “…la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “‘...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación.’ Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas.’’ (cfr. Juan Carlos Hitters, ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, Díaz de Giocco, Carmen c/Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios, del 21-III-978, DJBA, v. 114, n 8325. Ídem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.). De su lado, este Tribunal tiene dicho que: ‘...la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...’ (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg¬. 3349, Folio 5590/5594, entre otros).-
VIII. Que, en virtud de las consideraciones desarrolladas, doctrina y jurisprudencia citada, el recurso articulado en PE1229269-2024, RCA00000137.pdf. no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial dictada en PE1477081-2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 y concordantes del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6 , parágrafo 2 -Recurso de Casación- del CPC y C conforme Ley N 3453/15 -Decreto N 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la Sra. L. A. . (cfr. PE1229269-2024, RCA00000137.pdf.) y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial dictada en PE1477081-2024.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1045I.241 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3831 Folio N°: 6998/7002 Secretaría: 1
Fin de la sentencia