Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 167.509
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Se rechaza el recurso de apelación de la parte demandada con costas (art. 68 del CPCC).
II. Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967.
REGISTRADA BAJO EL Nº 208-S Fº 1109/21
Expediente nº 167.509 – Juzgado nº 1 // En la ciudad de Mar del Plata a los 03 días del mes de Septiembre del año dos mil diecinueve, reunida la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “M. L. S. c. EDITORIAL LA CAPITAL S.A. s. Daños y perjuicios”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, y ante la excusación formulada por el Dr. Ricardo D. Monterisi a fs. 550 que en este acto se acepta en virtud de las causales allí invocadas, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Alfredo E. Méndez. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo:
I: En la sentencia dictada a fs. 529-540 el Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por L. S. M. contra Editorial La Capital S.A., condenándola a abonarle la suma de $ 100.000 con más intereses liquidados a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, e imponiéndole las costas.
Para así decidir, comenzó por establecer las coincidencias de las partes respecto al desgraciado suceso ocurrido el 20.8.2013, entre las 13 y las 17.30 horas, en que los menores R. I. V. de 15 años y R. M. A. de 13, perdieron el dominio del cuatriciclo en que se transportaban y cayeron por el barranco de la cantera Dazeo Hnos., desde unos 40 metros de altura, falleciendo en ese sitio (dio lugar a la formación de la IPP n°08-00-000010-14, archivada el 15.2.2016 por disposición del Agente Fiscal). Aclaró que el reclamo no se basaba en la difusión de la noticia ni el contenido de la información, sino en que una de la fotografías que ilustra la nota (la de la página 23 de la edición de papel) retrata el estado en que quedó R. M. A. luego del accidente (fs. 532).
Reseñó las posturas divergentes de las partes (fs. 532 y 532 vta.), para luego ubicar al derecho a la imagen entre los derechos personalísimos, y dentro de las posibles formas de agresión encuadró el caso en el art. 31 de la ley 11.723 que exige para la difusión el consentimiento expreso y específico del titular, y en caso de fallecimiento, del cónyuge, hijos o descendientes directos, o en su defecto, padre o madre (fs. 533 vta., punto 2).
Señaló que la prueba del consentimiento incumbe a quien alega que lo obtuvo y que para que funcionen las excepciones legales se exige que el propósito científico, didáctico o cultural sea la finalidad principal de la difusión, o que tratándose de hechos de interés público o desarrollados en público exista una relación directa entre la imagen de la persona y el hecho de interés público (fs. 534). En base al relato del escrito de demanda y el testimonio de Bruno Verdinelli –que redactara la nota en la que se acompañaron cuatro fotos-, desechó la defensa relativa a que en la fotografía no pueden identificarse a los menores involucrados, concluyendo que la cuestionada necesariamente debió corresponder a uno de los dos menores (fs. 534 vta.), revela el estado en que quedó el cuerpo de uno de ellos y fue obtenida en el lugar en forma directa por el fotógrafo del diario que lo acompañó o provista por terceros (fs. 535).
Al no haberse aportado pruebas de que la imagen perteneciera a la otra víctima, tuvo por cierto que la foto contiene la imagen del hijo del accionante.
Tuvo también en cuenta el informe de la perito Natalia Marino perteneciente a la Asesoría Pericial de La Plata, quien al comparar la fotografía publicada por el diario con las obtenidas por la policía, concluyó que los cuerpos presentaban similitudes y correspondencias tanto en lo general como en lo particular “permitiendo inferir con alta probabilidad de certeza la correspondencia entre el cuerpo observado en las imágenes tomadas por la policía y el presente en la imagen publicada en el diario marplatense” (fs. 536), no encontrando razones para apartarse del dictamen (fs. 536 y 536 vta.).
Por último, el reconocimiento de los testigos que identificaron el cuerpo como perteneciente a R. M. A., más allá del vínculo o conocimiento que pudieran tener con el actor, lo persuadió de que el contexto de la nota permitía concluir que la foto se le podía atribuir al menor y no a cualquier otra persona como pretendió la accionada (fs. 537).
Rechazó las defensas relativas al ejercicio de la libertad de expresión y del interés público que autorizaba la difusión.
La primera, porque no se trata aquí de censura previa, la acción no se sustentó en la noticia ni la información, sino en que para ilustrarla se usara una foto del cuerpo sin vida del hijo del actor en el lugar de los hechos. El ejercicio del deber de informar debe ser regular y no ha de generar un perjuicio material o moral a terceros (con cita de “Ponzetti de Balbín Indalia c. Editorial Atlántida SA s. Daños y perjuicios” a fs. 537 vta.). La segunda, porque la demandada no ha demostrado que existiera un interés social en que quedara graficado el cuerpo sin vida del menor para difundir la noticia, ni que la abstención afectara la libertad de prensa y de información (con cita de “Franco Julio César c. Diario La Mañana y otros” de la CSJN, a fs. 538). Otorgó la suma de $ 100.000 reclamada en la demanda en concepto de daño moral e impuso las costas a la vencida, descartando la configuración de una causa excluyente o concausa del daño (fs. 539 vta.).
II: Apeló el apoderado de la demandada mediante escrito electrónico de fecha 5.2.2019, el recurso le fue concedido libremente a fs. 544, la expresión de agravios fue presentada en formato electrónico con fecha 12.4.2019 y contestada de igual modo el 30.4.2019.
En su introducción el apelante afirmó que al concluir que no hubo consentimiento para la difusión de la fotografía el a quo hizo tabla rasa con la última parte del art. 31 de la ley 11.723, “necesaria reglamentación del derecho de libertad de prensa contenido en los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional y demás tratados con igual jerarquía, que excluye la necesidad de autorización”.
Señaló también que incurrió en absurdo en la apreciación de la prueba pues no tuvo en cuenta que la causa o al menos la concausa del daño moral del actor fue la muerte de su hijo y no la publicación de la fotografía. i: En su primer agravio afirmó que el absurdo en la apreciación de la prueba se manifiesta en cuatro aspectos:
a) No se ha probado que las fotografías fueran obtenidas de modo clandestino, y así surge de los dichos de los testigos que reconocen que el hecho tuvo una amplia difusión por la prensa que le dio cobertura en medios locales y nacionales.
Las fotos no ilustraron un hecho ocurrido en la intimidad o en un ámbito privado por lo que no pueden ser calificadas de clandestinas. b) No se difundió la imagen del hijo del actor “por la prudente distancia focal con que fue tomada la fotografía”, y el Juez desinterpretó las declaraciones de Verdinelli para concluir que contiene su imagen sin indicar por qué descarta que pertenezca al otro menor, R. V., respecto a quien los testigos dijeron que tenían rasgos similares.
En la foto sólo puede apreciarse un cuerpo, a tal punto que la pericia del Licenciado Forte, no impugnada y omitida por el sentenciante, informa que el material no es apto para realizar una comparación biométrica de rasgos “lo que permitiría dar un porcentaje de similitud facial entre la fotografía del diario La Capital y la fotografía de la IPP 10/2014”.
Si un profesional no pudo determinar rasgos biométricos menos lo pudo haber hecho un simple lector del diario.
“No se difundió la imagen del hijo del actor… sino que se publicó la imagen de un cuerpo que no podía ser identificado”.
En cuanto a la pericia de Natalia Marino, el a quo descartó las impugnaciones basadas en que la propia idónea afirmó que del material que obraba en la causa no podían obtenerse datos biométricos.
c) No ha habido violación al derecho a la intimidad, dignidad o respeto a la memoria de la persona fallecida, sino que hubo un hecho de interés público que el diario intentó reflejar sin sensacionalismo ni imágenes crudas, y de ello el magistrado se desentiende.
Señaló como diferencia fundamental con la jurisprudencia traída a colación por le sentenciante, que en los casos “Ponzetti de Balbín” y “Franco” el cuerpo era la imagen central y se distinguía claramente a la persona retratada. En este caso la foto fue tomada en el lugar de los hechos y en el marco de un procedimiento conjunto de policías y bomberos para rescatar los cuerpos. Discrepó también con la afirmación judicial de que la fotografía no era necesaria para ilustrar la crónica, porque una lectura atenta de la nota permite advertir que se aboca al tratamiento de las dificultades de las tareas de rescate. d) El sentenciante se alejó de las reglas de la sana crítica, al descartar la interrupción del nexo causal invocada, considerando que “la aflicción del actor fue generada por la publicación y difusión de la foto en la que surge el cadáver del menor, hecho que en todo caso vino a agravar el estado espiritual del reclamante”. Es la muerte del hijo el mayor perjuicio que una persona puede sufrir a nivel espiritual, del estado del actor dan cuenta las declaraciones de los testigos, en especial Stancato, que dijo “lo de la publicación no creo que haya sido peor que la noticia misma que recibió”.
ii: El magistrado ha ignorado las normas que autorizaban la publicación, es decir, el último párrafo del art. 31 de la ley 11.723, sobre todo porque las partes no controvirtieron la trascendencia que le hecho tuvo.
Adujo que el conocimiento de los datos del estado –el de sus fuerzas policiales, de bomberos y prefectura naval- es un hecho de indudable interés público y por ello la noticia debía ser reflejada con la mayor amplitud posible, con datos e imágenes, para que la sociedad tomara conocimiento de un lugar sumamente peligroso.
En estas circunstancias la ley autoriza la publicación de la imagen prescindiendo de la autorización de la persona retratada o sus sucesores. Tampoco se violó la intimidad del actor porque los hechos ocurrieron en público, y en el caso están en juego garantías constitucionales de la demandada que el juez no tuvo en cuenta, los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional (cuyas disposiciones se ven respaldadas por el art. 4 de la DADH, art. 13 de la CADH, art. 19 del PIDCyP). iii: Por último, y como agravio subsidiario, cuestionó el monto de la condena y sus intereses.
Reiteró que el sentenciante había omitido considerar: a)
el daño moral causado por la muerte del hijo; b) que la imposibilidad de obtener datos biométricos hizo que la publicación careciera de relevancia para el público en general; c) la inmediatez de la publicación –al día siguiente de la muerte- impidió que incidiera en el estado en que se encontraba el actor.
En cuanto a los intereses, sostuvo que si el a quo pretendió actualizar la suma de condena debió aplicar una tasa del 6 % anual hasta que la sentencia adquiera firmeza (con cita de antecedentes de la Sala III de esta Cámara). Mantuvo la introducción del caso federal y solicitó que se revocara la sentencia con costas.
III: El recurso de apelación debe ser rechazado.
III.1: El argumento nuclear del apelante es que la fotografía publicada en la página 23 del diario La Capital el día 21 de agosto de 2013 no contiene la imagen del hijo del actor, y en segundo lugar, no puede identificarse cuál de los dos menores muertos es el retratado.
Coincido con la premisa fundamental del a quo al sentenciar, si hubo dos menores fallecidos y está probado que uno de ellos fue R. M., necesariamente las fotos tuvieron que captar la imagen de uno de los dos (fs. 534 vta., tercer párrafo).
Comparto igualmente la conclusión de que las pruebas producidas acreditan que la imagen difundida pertenece a R. M. A..
a) El análisis conjunto de las fotografías obtenidas por la Policía científica adjuntado a la causa en un CD que he tenido a la vista (caso 4086) y del acta de procedimiento obrante a fs. 191-193, integrando la IPP 08-00-000010-14, me persuaden de que el cuerpo retratado es el del hijo del actor.
Las imágenes que surgen de las fotos identificadas como 103.203.JPG, 103.2024.JPG, 103.2025.JPG, DSCN3803.JPG y DSCN.3808.JPG, se corresponden con la descripción obrante a fs. 192 del acta de procedimiento policial, de la que surge que “R. M. A.” estaba vestido con buzo de color gris, guantes de moto de color negro, pantalón de jean azul y zapatillas de color negras y blancas marca DyC, y guantes de color negro de moto”.
El otro niño, R. V., fue reconocido por su padre, presente en el lugar, que también reconoció “al amigo de su hijo” (fs. 192), y se describió que estaba vestido “con buzo de color gris con la parte superior de color azul, pantalón de color negro y medias blancas con vivos celestes sin calzado” (fs. 191 vta., la cursiva es propia), en coincidencia absoluta con las fotografías identificadas como 103.2028.JPG, 103.2029.JPG, 103.2030.JPG, DSCN.3813.JPG.
En la fotografía publicada por el diario, pese a su mala calidad, claramente se observa que el niño tiene las zapatillas puestas (fs. 32 y ejemplar de fs. 84, pág. 23 agregado por la demandada).
Y al observar las fotografías de R. V. puede apreciarse que su cuerpo quedó boca abajo, a diferencia del de R. M., por lo que el que aparece en la foto de la página 23 no puede ser otro que él (ver fotos de fs. 196, de las que surge que la n°2 corresponde al cuerpo de “R. Masa” y la n°3 al de “R. V.”).
La similitud de la foto obrante a fs. 196 identificada con el n°2 con la publicada por el diario es evidente, y el Oficial Belacin la atribuye al cuerpo de R. M..
Destaco además el hecho de que L. S. M. también estuvo presente en el lugar (fs. 192 in fine), porque ello es demostrativo de que vio los cuerpos y el estado en que estaban, como para no tener dudas luego sobre a quién correspondía la imagen publicada (fs. 278 vta. declaración de L. M.; la testigo C. declaró que M. fue al lugar del hecho con su papá, el abuelo de R. a fs. 149 vta., en respuesta a la repregunta 11; V. P. a fs. 152 vta., “… tener que ir y ver como lo vas a encontrar”, respuesta a pregunta 6; Stancato a fs. 159 vta., respuesta a repregunta 3). b) El testigo de la parte demandada, Bruno Verdinelli, redactor de la nota sobre el accidente, se refirió a las fotografías que la ilustraban, diciendo que en una se veía un cuerpo, pero que “desde la edición se intentó bajo todos los medios que no se registraran marcas o rasgos específicos que hicieran que alguien identificara a esa persona” (fs. 375 vta., respuesta a pregunta 8), “era un cuerpo que podía ser de cualquiera. No era identificable” (fs. 376 vta., respuesta a repregunta 13; en igual sentido, Del Río, editor del diario, dijo que era imposible identificar fisonómicamente, porque “es la línea editorial y periodística… el respetar ciertos límites de afectación a terceros, en el sentido de no ser un diario sensacionalista”, a fs. 377 vta., respuesta a pregunta 8).
Cuando se le repreguntó si vio el cadáver de los dos menores, dijo que “No, estábamos arriba nosotros con mi compañero el fotógrafo a unos cincuenta metros. Era imposible verlos, era de noche, en un momento mi compañero se alejó, pero de donde yo (estaba) no se veía” (fs. 376, respuesta a repregunta 12). Si Verdinelli no vio los cuerpos (fs. 376 vta., respuestas a repreguntas 14 y 15), y el fotógrafo no bajó, porque “estaban arriba a unos cincuenta metros”, adquiere verosimilitud la afirmación del actor ante la Unidad Fiscal n° 11, relativa al origen de la foto (fs. 278 vta.), y que dio lugar a la afirmación del a quo en el sentido de que pudo ser obtenida en el lugar en forma directa por el fotógrafo o provista por terceros (fs. 535 párrafo segundo).
Hago hincapié en esta circunstancia porque la “prudente distancia focal” con que argumenta el apelante que fue tomada la fotografía, no es una conducta que pueda atribuirse a los dependientes de los demandados, por cuanto, a tenor de la declaración de Verdinelli, ni siquiera vieron los cuerpos.
Tampoco han podido cotejarse las fotografías efectivamente tomadas por el fotógrafo del diario, porque cuando fueron requeridas las originales digitales para la realización de la pericia (fs. 328), luego de recurrir el auto, contestaron la intimación diciendo que no conservaban la fotografía original que fuera publicada el 21.8.2013 (fs. 330 vta., punto IV).
En todo caso, para el padre que, además, estuvo en el lugar del hecho, era absoluta y claramente identificable la imagen de su hijo. Lo fue también para los testigos ofrecidos por el actor, cuyas declaraciones no han sido cuestionadas, en su mayoría vecinos o parientes, quienes al ver el diario no tuvieron dudas de que la foto correspondía a R. M.. Así G. C., esposa del tío de R., declaró que la foto del diario La Capital “subió a internet y a raíz de esa foto se publicó por red social de internet” lo que se sumó al sentimiento del padre, que tuvo una reacción de angustia, indignación “por haber visto la foto de su hijo fallecido publicada” (fs. 148 vta. y 149 respuestas a preguntas 5 y 6), no recordó haber visto la foto en otros medios, y que el diario se lo alcanzó un vecino porque conocía la relación con R. “y le pareció vergonzoso ver la foto en el diario” (fs. 149, respuesta a repregunta 9).
V. S. cuyo padrastro es tío del actor, se enteró por un llamado telefónico, llegó a su casa y vio el diario, la vio muy mal a su hermana que “estaba con el diario y agarré el diario y vi que estaba la foto de él” (fs. 150 vta., respuesta a repregunta 3), y que la foto también estaba en internet (respuesta a pregunta 5 de fs. 150 vta.). “En la foto de R. en el diario la cara estaba descubierta, aparecía con la boca lastimada, es lo que me pareció a mí. La foto estaba como pixelada” (respuesta a pregunta 4). No aclaró si con “diario” se refería a la edición escrita o la página web del “diario” (ver coincidencia con la foto identificada como 103.2025.JPG del CD agregado).
M. V. P., amiga de la familia, conocía a R. desde los 3 años, se enteró del accidente por unas amigas de los chicos, el diario se lo trajo su hijo que trabaja en Cabrales, porque “le molestó mucho esa publicación” (fs. 153, respuesta a repreguntas 7 y 13), reconoció la foto de R. M., “es como que a él lo hubieran puesto arriba de una piedra, así es como vi la foto” (fs. 153, respuesta a repregunta 10), “además de ser menor no se pueden publicar esas fotos y menos de esa forma que la pusieron” (respuesta a repregunta 13), y también las vio por internet, donde estaba “tirado arriba de una piedra…” (fs. 153 vta., respuesta a repregunta 20). A la regpregunta 21 relativa a cómo pudo saber que la foto publicada en internet era de R. M. y no de R. V., respondió “porque se le veía la carita aparte por su nariz que la tenía perfecta y por las ropitas que llevaba” (fs. 153 vta. y 154).
Su hijo, F. P. V., amigo de S. M. desde hace “como 15 años”, el 21 de agosto estaba trabajando en Cabrales, cuando llegó el diario a la empresa una compañera, sabiendo que conocía a L., le preguntó si lo había visto, se lo trajo “mostrándome las fotos del cuerpo del nene…”, “… había una que estaba el cuerpo de él, de R. M. A. sobre el pavimento de la cantera… no quise ver más fotos, vi esa y nada más” (fs. 155 vta., respuesta a pregunta 5 y fs. 156, respuesta a repregunta 9), lo llamó a Luciano M. y le contó lo del diario y lo que habían publicado, Luciano llamó a su hermano a quien “le agarró un ataque de nervios, de dolor y angustia seguramente” (respuesta a repregunta 6). La única publicación que vio fue la del diario La Capital (fs. 156 vta. respuesta a repregunta 13). P L., vecino del actor, tomó conocimiento del accidente por los bomberos y la policía y “después al estar a 10 cuadras de ahí se escuchó la ambulancia” (fs. 157 vta., respuesta a repregunta 6), no vio imágenes en noticieros porque no las quiso ver, pero con el transcurso de las horas sí. “Si entrás en internet a la página del diario La Capital las ve, tomadas de arriba. Donde se ve el barquito, el de prefectura, el gomón… se ve el cuerpito tomado desde arriba, esos es lo que se ve” (fs. 158, respuesta a repregunta 8; la cursiva me pertenece), sólo vio las fotos en internet no en el diario (respuesta a repregunta 12).
Por último E. S, vecino del barrio, tomó conocimiento de la noticia en un sitio web, “el Batanense” y vio la foto de un “bote con los policías y el cadáver. A la izquierda de la foto el cadáver” y al otro día la vio en el diario La Capital, se la mostraron unos amigos (fs. 159 vta., respuestas a repreguntas 7 a 9). Los testigos coincidieron en la descripción física de R. M.
(V. P. a fs. 153, respuesta a repregunta12; P. V. a fs. 156 respuesta a repregunta 10; L. a fs. 157 vta, respuesta a repregunta 2; Stancato a fs. 159, misma repregunta).
Ninguno tuvo dudas al ver la foto de la edición impresa o las publicadas en internet de que se trataba de R. M. A..
c) Finalmente la pericia de la Licenciada Natalia Marino, contrariamente a lo que sostiene el apelante, es categórica.
Cabe destacar que no hubo dos pericias, sino que a fs. 312 el Lic. Forte, perito en procesamiento digital de imágenes y video de la Asesoría Pericial de La Plata, informa que “el material indicado no es apto para realizar una comparación biométrica de rasgos lo que permitiría dar un porcentaje de similitud facial entre la fotografía del diario La Capital y la fotografía de la IPP 10/2014”. De la lectura del oficio de fs. 309 surge que las fotos que se le enviaron para comparar fueron la del diario (fs. 32) y la obrante a fs. 6 de la IPP (fs. 196 de este expediente).
Por ello, el profesional sugirió que “si se contara con la fotografía del diario y las fotografías de la IPP en formato digital original sería posible realizar una comparación de posición, indumentaria y características físicas entre la imagen del cuerpo editada en el periódico y las fotografías presentes en la IPP mencionada donde se observe el cuerpo en cuestión”, recomendando para la tarea a la Lic. Natalia Marino (la negrilla es original).
Ello dio lugar a la intimación de fs. 328 a la que me he referido y al libramiento de oficio a la Unidad Fiscal n°11 para que cumplieran con el requerimiento sugerido.
La parte demandada se opuso y manifestó que no conservaba la fotografía original (fs. 332 vta.), y a fs. 332 se dejó constancia de la agregación del CD por parte de la policía científica y de que las imágenes que aparecen en la IPP como fotografías 1, 2 y 3, “se corresponderían con las identificadas en el CD como DSCN3901.JPG, DSCN3808.JPG y DSCN.3813.JPG” (fs. 332 vta., es el CD que he tenido a la vista,).
En la única pericia presentada, la Lic. Marino relaciona correctamente cuáles son las fotos del CD que se corresponden con la imagen publicada por el diario, las identificadas como 1032024, DSCN 3803 y DSCN 3808.
Previamente había procedido a digitalizar la fotografía de la página 23 del diario mediante escaner, ante la falta de remisión de la imagen digital original.
A continuación comenzó el cotejo por la posición del cuerpo entre la foto pericial y la del diario (fs. 343), señalando las similitudes, “decúbito dorsal, con las piernas separadas y los brazos al costado del cuerpo, la cabeza ligeramente inclinada hacia el hombro izquierdo”.
En cuanto a la vestimenta, observó coincidencias en cuanto a que ambas imágenes “llevan un pantalón largo y prenda superior tipo “buzo”, zapatillas de color claro con detalles en color más oscuro, y guantes de color oscuro con detalles en color claro”, no pudiendo analizar el color porque la imagen “B” (la del diario) no lo tiene.
A fs. 344 analizó el entorno con una precisión de detalle reveladora de las coincidencias, que me eximen de cualquier transcripción; a fs. 345 prosiguió con los detalles de los cuerpos, y nuevamente consignó la existencia de un pliegue angular de tela muy marcado, generado por el bolsillo del buzo, que coincide en morfología y ubicación en ambas imágenes. Realizó un acercamiento, el recorte del detalle y un giro de 180 ° de la imagen “B2” (la del diario) para ilustrar mejor la coincidencia.
A fs. 346, señaló las similitudes relativas a que al estar el buzo levantado se puede apreciar el estómago a la vista, y que en ángulo con el ombligo se puede ver una etiqueta de la marca de la prenda que lleva puesta; en la imagen B (la del diario) se puede ver también la prenda superior levantada sobre el torso dejando ver el estómago y pese a la mala calidad de la imagen , se observan dos máculas más oscuras en la misma ubicación que en la foto A tienen el ombligo y la etiqueta. Luego examinó la zapatilla derecha, de color blanco con colores oscuros en la zona de los cordones y talón, encontrando en la imagen B una zapatilla de morfología similar y mismos detalles de color oscuro en la misma zona del calzado (fs. 347).
Finalmente comparó los guantes negros con detalles en blanco en los nudillos y una figura de cabeza de zorro en el dorso de la mano de la foto A, que pese a la mala calidad de la imagen también se aprecia en la foto B, guante de color oscuro con color más claro en los mismos lugares (fs. 348).
El minucioso análisis comparativo la llevó a concluir que los cuerpos observados en las fotografías periciales remitidas y la imagen digitalizada obtenida de la página del diario La Capital “presentan similitudes y correspondencias tanto en lo general como en lo particular permitiendo inferir con alta probabilidad de certeza la correspondencia entre el cuerpo observado en las imágenes tomadas por la policía y el presente en la imagen publicada en el diario marplatense” (fs. 349 vta., la cursiva es propia).
Las conclusiones de este dictamen, unidas a mi observación de las imágenes que el CD agregado contiene (art. 384 del CPCC), me llevan a descartar de plano, como lo hizo el a quo, la pretendida impugnación de la parte demandada relativa a que un simple lector del diario no podría haber efectuado las operaciones que tuvo que realizar la Lic. Marino para así reconocer la identidad del cuerpo (fs. 356 y 356 vta.).
Las fotografías contenidas en el CD y el dictamen pericial echan por tierra además, los argumentos relativos a que el cuerpo no era el del hijo del actor (fs. 85 vta., “Contesta demanda. Negativa”, fs. 89 último párrafo), reiterados ahora en su expresión de agravios, al negar que se haya difundido su imagen (primer agravio apartado 2 y segundo agravio), cuestionar que el juez haya descartado que el cuerpo podía pertenecer al otro menor, R. V. (mismo agravio mismo apartado), y afirmar que “… no se difundió la imagen del hijo del actor puesto que nadie pudo saber de quién era la imagen inserta en el diario, sino que se publicó la imagen de un cuerpo que no podía ser identificado y que cumplía con el propósito de ilustra acerca de la dificultad del operativo de rescate de los cuerpos” (mismo agravio, mismo apartado, la cursiva me pertenece).
Lo importante aquí no es que “cualquier lector” pudiera reconocer a R. en la imagen, lo verdaderamente relevante es que a su padre no le cupo duda, lo reconoció inmediatamente, cualquiera haya sido la “prudente distancia focal” con que la foto fue tomada.
Y la publicación sin su consentimiento configura la violación del derecho a la imagen cuya reparación se reclama (arts. 52 y 53 del CCCN; art. 31 de la ley 11.723).
III.1.1: Las pretendidas defensas del apelante en relación a que la publicación está alcanzada por las excepciones previstas en la ley, deben ser rechazadas.
La imagen, como representación física de la persona, es un derecho personalísimo autónomo (Cifuentes Santos, “Derechos personalísimos”, ed. Astrea, Bs. As.1995, pág. 511 y sgtes.; Picasso Sebastián, “Nuevas fronteras del derecho a la imagen”, en JA cita on line 0003/011301, punto II; Rivera Julio César, Crovi Luis Daniel, “Derecho Civil. Parte general”, ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 2016, pág. 414), que toda persona tiene para disponer de su apariencia autorizando o no la captación y difusión de la misma (Ferreira Rubio Delia, “El derecho a la intimidad. Análisis del art. 1071 bis del Código Civil”, ed. Universidad, Bs. As. 1982, pág. 115); la difusión de una imagen puede afectarlo directamente, o en forma indirecta puede violar el derecho a la intimidad (art. 1071 bis del CC ley 340; art. 1770 del CCCN; Ferreira Rubio, ob. cit., pág. 116 y sgtes.; Kemelmajer de Carlucci Aída, en “Código Civil y leyes complementarias”, Augusto Belluscio Director, Eduardo Zannoni Coordinador, ed. Astrea, Bs. As. 2007, Tomo 5, pág. 81).
Cifuentes (ob. cit., pág. 532) incluye entre los “hechos o acontecimientos de interés público” a que se refiere la ley 11.723, a la reproducción de la fotografía del autor de un delito de acción pública (o del “identikit”) pero no si es un delito de acción privada y “mucho menos de la víctima”, la de un evadido de la cárcel o de un “manicomio” o de una desaparecido de su casa para facilitar el reintegro, siempre con referencia a las “autoridades” para evitar “que los particulares quieran alzarse en voceros de la seguridad pública o de los intereses públicos” (la cursiva no es original). Cuando la ley habla de los “hechos o acontecimientos que se hubiesen desarrollado en público”, entiende que comprende a los “tumultos, inauguraciones de monumentos, desfiles militares, cortejos fúnebres de hombres célebres, ceremonias oficiales y solemnes, incendios, manifestaciones colectivas, desastres en general, etc.” (ob. cit., pág. 533).
El autor recalca la exigencia de que se trate de “hechos o acontecimientos”, porque enseña con claridad, “el retrato en una plaza de la ciudad cuando ellos no se hubieran producido, aunque esté muy concurrida, por ejemplo un domingo, no podría verse amparado por la ley”, por lo que si el fotógrafo pone énfasis en la representación individual, podría considerase violada la imagen. “El retratado, aun aplicando el art. 31 de la ley 11.723 podría quejarse, pues se produjo… una individualización que le quita a la escena el carácter de pública o de desarrollada en público (ob. cit., pág. 533; en igual sentido, Rivera-Crovi, ob. cit., pág. 417; Ruvera Julio César (h), “Lesión al derecho a la intimidad de la persona. Responsabilidad civil de los medios de prensa”, en “Protección Jurídica de la Persona”, Homenaje al Dr. Julio César Rivera, ed. La Ley, Bs. As. 2010, pág. 207).
Lo expuesto nos demuestra que no cualquier hecho desenvuelto en público es suficiente como pretexto para desproteger el derecho personalísimo. “Si no hay un verdadero acontecimiento peculiar y que represente un interés informativo serio, importante y útil para la sociedad, debe mantenerse enhiesto el bien individual, pues, en caso contrario, y con diversos motivos simulados o aparentes, se vería fácilmente violado” (Cifuentes , ob. cit, pág. 535; Saux Edgardo I., “Tratado de Derecho Civil. Parte general”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2018, Tomo II, pág. 244). En el caso, la trascendencia que el “complicado operativo de rescate” pudo tener, o la intención de “prevenir sobre la peligrosidad del lugar”, no justificaban la inclusión irreverente de la imagen de un niño muerto (art. 22 de la ley 26.061; arts. 10, 51, 52, 53, 1716 y ccdtes. del CCCN; art. 31 de la ley 11.723). Se publicó la imagen de una persona perfectamente identificable para el actor, su hijo, uno de los dos niños (art. 2 de la ley 23.849) víctimas del accidente, y aunque haya sido obtenida en público, esa individualización requería la autorización previa del padre o de la madre para la difusión (art. 31 de la ley 11.723 reformada por ley 25.036).
“La difusión de una noticia sobre un acontecimiento público no requiere la publicación de la imagen de una persona a punto de ser ésta identificable… mucho menos si esa imagen es particularizada o extractada y afecta su dignidad personal…” (Cobas Manuel O., El derecho a la imagen y su uso abusivo”, en DJ05-11-2014-19, cita on line AR/DOC/3385/2014; la cursiva es propia).
Las declaraciones testimoniales que recuerdan una repercusión “hasta en medios de alcance nacional” a las que alude el apelante, en nada atenúan la antijuridicidad de la publicación (arts. 52, 53 primer párrafo, 1717 del CCCN). La demanda no fue dirigida contra la información que del hecho pudiera brindarse ni contra el contenido de esa información o el alcance local o nacional de la cobertura periodística; el padre estuvo allí, así lo asentaron los policías intervinientes en el acta de procedimiento, y nadie le pidió autorización para publicar la foto de su hijo fallecido en el diario demandado.
III.1.2: Miguel Federico de Lorenzo señala que el derecho privado recurre a la dignidad humana como una técnica de tutela que hace pie –mediante una interpretación evolutiva- en la filosofía jurídica del art. 19 de la Constitución Nacional, y que en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un valor supremo de orden constitucional (con cita de Fallos: 333:405), sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales (art. 11.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; CSJN, Fallos: 327:3753; de Lorenzo Miguel Federico, “Repensar al “otro”: reflexiones sobre el derecho civil”, en RCyS-2019-VI-3, cita on line AR/DOC/1190/2019; Ghersi Carlos A., “La dignidad como principio general del derecho”, en LL-2014-D-1054, cita on line AR/DOC/1244/2014).
El consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva y libremente revocable (arts. 55 y 1004 del CCCN).
Debió ser solicitado a los padres, no solo porque la ley así lo establece, sino porque cada vez más se abre paso la idea de la tutela post mortem de los derechos personalísimos (Leiva Fernández Luis F., “La personalidad pretérita. No es lo mismo estar muerto que no haber vivido”, en LL-2018-E-1114, cita on line AR/DOC/2014/2018; de Lorenzo, ob. cit., punto V.2), basada en la teoría alemana de la “persistencia” (Fortwirkung) de la tutela de la personalidad después de la muerte, con fundamento en el principio constitucional de la dignidad humana (en Argentina, hubo un adelanto de esta postura en 1983, en las IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Mar del Plata, Comisión n°1: “Protección jurídica de la intimidad”, se decidió por mayoría que los muertos no tienen intimidad sin perjuicio del respeto genérico debido a los difuntos y de los derechos de los allegados que invoquen un interés legítimo; la minoría proponía la protección de la intimidad aun después de la muerte). “La invasión a la memoria de los muertos, como ser la fotografía del cadáver… puede suscitar una reacción de tutela en pro de la persona que ya se fue” (de Lorenzo, ob. cit.; la cursiva me pertenece).
Si bien la regla es que los derechos personalísimos se extinguen con la muerte de su titular, la doctrina reconoce una excepción a ella, en los derechos a la dignidad y a la imagen, a los que se les asigna eficacia post mortem, y a esos efectos la ley otorga a los familiares legitimación para accionar en procura del reconocimiento del derecho violado (sobre el alcance de la protección del art. 31 de la ley 11.723, Hooft Irene, “La protección de la imagen”, en RDPyC, 2006-2, “Honor, imagen e intimidad”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe2006, pág. 348).
La autonomía del derecho a la imagen afectado determina que no sea necesario que resulte violada la intimidad o el honor de quienes accionan, por lo que las manifestaciones del apartado 3) del primer agravio del apelante no son relevantes para fundarlo.
La mera captación y difusión de la "representación visual de la figura humana" no agraviante, injuriosa ni lesiva de la autoestima, aun siendo respetuosa de la dignitas personal, implica una apropiación inconsulta de ella y, como tal, antijurídica (Cifuentes Santos, “Autonomía de los derechos personalísimos a la integridad espiritual”, en LL-1198-B-702; Gregorini Clusellas Eduardo, “La violación del derecho a la propia imagen y su reparación”, en LL-1996-D-136).
La interpretación de la concurrencia de las excepciones previstas por el art. 31 de la ley 11.723 debe ser estricta y restrictiva, “debiendo mediar una relación directa entre la imagen de la persona y el hecho de interés público invocado al efecto, cuya prueba ha de ser aportada por quien invoca la excepción legal” (Hooft Irene, ob. cit., pág. 364).
“La sola circunstancia de que una fotografía haya sido tomada en público no la convierte en lícita ni autoriza su difusión de manera irrestricta, pues debe tenerse en cuenta la finalidad y el marco de captación para establecer los límites” (CNCiv., Sala A, sent. del 10.4.2013, en RCyS-2013-X-104, cita on line AR/JUR/15410/2013, voto del Dr. Picasso; Rivera-Crovi, ob. cit, pág. 416).
Por ello, quien alega haber utilizado una fotografía por motivos de interés general, tiene a su cargo la prueba de la existencia de una directa relación entre la imagen de la persona y el hecho que se pretende dar a conocer, dado que el derecho de expresión no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, que merecen igual protección (CNCiv., Sala B, sent. del 31.3.2006, en ELDial.com, AA33F4).
Esa prueba no ha sido producida en autos (art. 375 del CPCC).
III.1.3: El argumento relativo a la ruptura del nexo causal tampoco prospera.
El apelante sostiene que la causa del daño moral que reclama el padre no fue la publicación de la fotografía del hijo sino su muerte. El a quo delimitó claramente cuál fue el objeto de la demanda (fs. 532), y en base a las declaraciones de los testigos que refirieron la “indignación, angustia y bronca” que la publicación de la foto le produjo a M., consideró que “la pretendida causa excluyente o concausa” no se había configurado, pues su aflicción se produjo por la publicación y difusión de la imagen del cadáver del menor, “hecho que en todo caso vino a agravar el estado espiritual del reclamante” (fs. 539 vta., segundo párrafo).
La difusión de una imagen sin consentimiento, es por sí sola desencadenante de un daño moral, a menos que se demuestre lo contrario, representado por el disgusto de ver avasallada la propia personalidad y ello es así aunque no cause ningún gravamen a la privacidad, honra y reputación, (CNCiv., Sala G, sent. del 21.12.2007; Sala D, sent. del 30.11.1993, en LL-1994-D-147; Bilotta Laura, Humphreys Ethel, Tanzi Silvia, "Derecho a la imagen: responsabilidad civil por la difusión no consentida de la imagen de un menor con fines comerciales", en DJ- 2004-2- 1042, cita on line AR/DOC/1790/2004).
La falta de autorización hace presumir la arbitrariedad porque una previsión legal expresa la exige, y esa captación ilegítima es constitutiva de un hecho ilícito, que da causa a un daño moral indemnizable (Rivera Julio César, “Indemnización del daño moral y del daño material por afectación al derecho a la imagen”, en ED-162-285; Vázquez Ferreyra Roberto, “Responsabilidad Civil por lesión a los derechos de la personalidad (la protección civil del honor, la intimidad , la propia imagen y la identidad personal)”, en “Derecho de Daños”, Aída Kemelmajer de Carlucci Directora, Carlos Parellada Coordinador, ed. La Rocca, Bs. As. 1993, pág. 175).
La muerte del hijo es sin duda alguna uno de los mayores dolores que una persona puede sufrir, pero la difusión de la foto del cadáver de R. M. produjo un daño independiente a su padre.
La difusión de la fotografía no consentida agravó o contribuyó a agravar el daño moral del padre, porque el hecho del demandado se podía y se debía evitar.
Tuvo la entidad suficiente e independiente de la muerte en sí, como para que M. haya sufrido una agravación adicional del daño, perforando –si cabe- el umbral de dolor que ya padecía (esta Sala, exped. n°166.592, “Gómez Claudia y Martínez Jorge c. HIEMI Hospital Interzonal de Agudos s. Daños y perjuicios”, sent. del 22.3.2019, R 61-S F°304/19). El daño moral que aquí reclama es consecuencia directa y necesaria de la violación del derecho personalísimo por parte del demandado (art. 901 CC ley 340; arts. 1726 y 1727 del CCCN; Bilotta, Humphreys, Tanzi, ob. cit., punto IX), que no ha acreditado ninguna justificación de su conducta (arts. 10, 53 y 1718 inc. a) del CCCN; art. 31 de la ley 11.723; art. 1071 del CC ley 340).
III.2: La decisión adoptada no afecta ninguna garantía constitucional de la parte demandada.
La denominada libertad de imprenta o de prensa establecida por los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional, implica que cualquier intervención de la ley o de la autoridad en la conciencia o en las expresiones del pensamiento, “antes (de) que se comuniquen de palabra o por escrito es contraria al derecho natural reconocido en el art. 19, sobre la inviolabilidad de la persona privada… La Constitución asegura la absoluta libertad de emitir las ideas, pero no la impunidad de las ofensas a la moral, al orden público y a los derechos de terceros. Luego la única limitación que ella impone al poder de legislar sobre el ejercicio de ese derecho, se refiere a la censura previa…” (González Joaquín V., “Manual de la Constitución Argentina 1853/1860”, ed. Estrada, Bs. As. 1983, pág. 170; la cursiva es propia).
En el ordenamiento jurídico positivo argentino, este derecho reconocido en la Constitución, los tratados internacionales (art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre) y la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiende un “puente de plata” con el art. 10 del CCCN que regula el perfil del abuso del derecho: el de informar está condicionado a que su ejercicio sea regular y se vincule con acontecimientos de interés general (Saux, ob. cit, pág. 245).
El estándar aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el leading case “Ponzetti de Balbín Indalia c. Editorial Atlántida SA s. Daños y perjuicios” (sent. del 11.12.1984, Fallos: 306: 1892), puede resumirse de la siguiente manera:
a) La libertad de expresión, garantizada por los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional y por el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, incluye y contiene el derecho a dar y recibir información, especialmente sobre asuntos atinentes a la cosa pública o que tengan relevancia para el interés general (la nota de Secretaría del fallo indica ver causa “Gutheim Federico c. Alemann Juan” en Fallos: 316:703, entre muchas otras).
b) El derecho a la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio (en sentido similar, causa “Díaz Daniel Darío c. Editorial La Razón y otros”, en Fallos: 321:3170; “Spacarstel Néstor c. El Día SAICF, en Fallos: 325: 50, según nota de Secretaría). Y en el voto del Dr. Petracchi: “10) Que aparte de la exclusión total de la censura previa, y como surge de lo ya expuesto, el aludido derecho a la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio”.
“… En fecha más cercana, la Corte ha sentado “...preciso resulta advertir que la verdadera esencia de este derecho radica fundamentalmente en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, esto es, sin el previo contralor de la autoridad sobre lo que se va a decir, pero no en la subsiguientes impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos comunes previstos en el Código Penal…” (Fallos: 269: 189, pág. 193, consid. 4°; 269:195, pág. 197, consid. 5°)” (cuarto párrafo del mismo considerando; Rivera Julio César, “Libertad de prensa y derecho a la intimidad. Un conflicto permanente”, en LL-1985-B-114, cita on line AR/DOC/5044/2001).
Lo expuesto es demostrativo de que la afirmación del apelante en el sentido de que todo el plexo normativo vigente, sumado a la excepción prevista en el art. 31 in fine de la ley 11.723 –en la que como vimos no queda comprendida su conducta-, autorizaba la publicación, no se sostiene.
Cuando el art. 32 de la Constitución Nacional prohíbe el dictado de leyes que restrinjan la libertad de imprenta y que establezcan sobre ella la jurisdicción federal, “no consagra tales preeminencias ni misiones estratégicas exclusivas, de las que no gocen los otros derechos fundamentales, pues tampoco se admiten leyes que con cualquier pretexto dañen la intimidad o el honor –o la imagen agrego- de las personas (art. 11 y correlativos del Pacto de San José de Costa Rica)”. De la misma manera cuando el art. 33 establece que no se pueden desconocer los derechos y garantías que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, “no ha colocado en preferencial situación a la libertad de prensa... y esos mismos principios deben aplicarse a todos los derechos humanos fundamentales no enumerados, dado que ninguno está allí excluido… Luego, esas normas de las que se pretende entresacar una protección para los medios de prensa, tienen un fin muy definido y no aparecen privilegiándola en relación con los derechos fundamentales de la persona…” (Cifuentes Santos, “La protección de la intimidad y la libertad de prensa”, en “Persona humana”, ed. La Ley, Bs. As. 2001, pág. 301; Pizarro Ramón Daniel, “Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación”, ed. Hammurabi, Bs. As. 1991, pág. 103).
Ante el conflicto entre derechos constitucionales hay que recordar que todos son igualmente relativos (arts. 14 y 28 de la CN), es decir susceptibles de límites y restricciones que a veces son intrínsecas, derivadas del contenido del derecho de que se trate, y otras veces, extrínsecas, originadas en la coexistencia con otros derechos o impuestas por exigencias del bien general; esta relatividad “presta base constitucional a la doctrina del abuso del derecho, desde que dicha teoría presupone admitir que los derechos tienen o deben cumplir una función social, lo cual no es más que reconocer que todo derecho subjetivo arraiga y se ejerce en el marco de una convivencia social, donde la solidaridad impide frustrar la naturaleza social del derecho” (Bidart Campos Germán J., “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, ed. Ediar, Bs. As. 1988, Tomo I, pág. 216; art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos).
Si bien la valoración debe efectuarse caso por caso, en principio corresponde dispensar máxima protección a aquellos derechos que como la intimidad, el honor y la imagen de las personas hacen a su dignidad (arts. 51 y 52 del CCCN). No hay por lo tanto razones de “interés general”, ni de “prevención sobre el peligro”, ni de información sobre la “complejidad de las tareas de rescate” que justifiquen que se haya recortado de una escena pública la imagen de un niño muerto, y se la haya publicado sin la previa autorización de su padre, para quien resultó absolutamente reconocible.
“… la innoble brutalidad de la fotografía origen de este pleito conspira contra la responsabilidad, la corrección, el decoro, y otras estimables posibilidades de la labor informativa, y la libertad que se ha tomado la demandada para publicarla ha excedido la que defiende, que no es la que la constitución protege y la que los jueces estamos obligados a hacer respetar” (CSJN, “Ponzetti de Balbín” citado, último párrafo del considerando 21 del voto del Dr. Petracchi).
III.3: El monto para reparar el daño moral debe ser confirmado.
Descartada la ruptura del nexo causal alegada con la que insiste el apelante, así como su reiterado argumento de que en la imagen sólo se advierte un cuerpo sin identificación que “demostraba la dificultad de las tareas de rescate”, no encuentro razones para apartarme de lo decidido por el a quo.
Para la valuación del daño moral, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que: "Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (...). El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para reestablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida" (CSJN, “Baeza Silvia Ofelia c. Provincia de Buenos Aires y otros”, sent. del 12.4.2011, en RCyS-2011-VIII-176, con nota de Jorge Mario Galdós, “El daño moral (como “precio del consuelo”) y la Corte Nacional”, cita on line AR/DOC/2320/2011; Rivera Julio César, Giatti Gustavo, Alonso Juan I., “La cuatificación del daño moral en los casos de lesión al honor, la intimidad y la imagen”, en RDPyC, 2006-2, “Honor, imagen e intimidad”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2006, pág. 419). A los fines de su cuantificación, tengo en cuenta la naturaleza de la ofensa ante lo innecesario de difundir la imagen del cadáver de un niño para ilustrar una nota sobre “la complejidad del rescate”, para la que hubieran bastado fotografías del lugar en que el hecho se produjo.
También el nivel de difusión, pues se trata del diario de mayor circulación en la ciudad, los testigos tuvieron a su alcance tanto la edición impresa como el sitio web para observar y reconocer a R. M. en las fotografías. Esos mismos testigos dan cuenta de la indignación y angustia del padre cuando vio la foto (C. a fs. 148 vta; S. a fs. 150 vta.; V. P. a fs. 153 vta.). Valoro asimismo, como pauta interpretativa, las directivas del art. 1741 del CCCN, en cuanto a las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que la suma indemnizatoria debe procurar, pero, fundamentalmente, lo que Matilde Zavala de González califica como la “significación compensadora emocional que para las víctimas representan las condenas mismas”, abstrayendo su papel instrumental hacia destinos onerosos (Zavala de González Matilde, “Resarcimiento de daños”, ed. Hammurabi, Bs. As. 2005, Tomo 5.a, “Cuanto por daño moral”, pág. 68).
“Cuando invocan sus daños existenciales -señala la autora cordobesa- persiguen provocar alguna reacción jurídica ante esos males; con legítimo afán de que no transiten desapercibidos sino que por el contrario, sean reconocidos. Aunque no puedan revertirse, procuran que sean objeto de examen atento y cuidadoso por los jueces y susciten una respuesta indemnizatoria a cargo del obligado… La necesidad de que el responsable asuma su deuda, sea espontánea o compulsivamente, se intensifica frente al fallecimiento de seres queridos, a raíz de una suerte de compromiso con quien se fue: que su muerte no pase en vano, lo cual desemboca en una reclamación con trasfondo ético y que procura eco social” (ob. cit., pág. 69).
Ante la violación de un derecho personalísimo, la sola demostración de la transgresión es en sí misma la prueba del daño moral, y por ello la acreditación de su inexistencia corresponde al responsable (art. 375 del CPCC), pues la víctima, ante la índole del perjuicio, “está dispensada de probarlo, pues queda establecido in re ipsa por la sola realización del acto antijurídico” (arts. 1068, 1071, 1078 y ccdtes. del CC ley 340; arts. 10, 53, 1736, 1741 y ccdtes. del CCCN; art. 31 y 35 de la ley 11.723; Bilotta, Humphreys y Tanzi, ob. cit., punto IX).
El argumento relativo a que el monto para reparar ha sido establecido a “valores actuales” – los de la fecha de notificación de la demanda, el 27.2.2015- y que por ello la condena a pagar intereses a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires es excesiva, también debe ser rechazado. Calificar como valor actual a la suma de $ 100.000 reclamada en la demanda promovida el 27.12.2013, y pretender que se le apliquen intereses a una tasa pura, conspira contra el principio de reparación integral que inspira al derecho de daños (art. 1069 del CC ley 340; art. 1740 del CCCN). Por los argumentos expuestos, propondré al acuerdo que se rechace el recurso de apelación de la parte demandada.
VOTO POR LA AFIRMATIVA
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación de la parte demandada con costas (art. 68 del CPCC). II) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967.
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Por los argumentos dados en el acuerdo que antecede se dicta la siguiente sentencia: I) Se rechaza el recurso de apelación de la parte demandada con costas (art. 68 del CPCC). II) Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967. Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 del CPCC). Devuélvase Roberto J. Loustaunau Alfredo E. Méndez Alexis A Ferrairone Secretario
Fin de la sentencia