Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXLV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9188 FOLIO Nº 072/075 PROT. ELECT. JR101037I.251
Río Gallegos, 06 de febrero de 2025.
La presente causa caratulada: “M.O.L.A. Y OTROS S/ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO POR EL USO DE ARMAS Y POR HABER SIDO COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA”, Expte. Nº 31.113/24, Apelación Nº 9360/25, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 08/16 y vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos, quien en los puntos 1), 2) y 3) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de L.A.M.O., V.H.C. y F.D.G., en orden al delito de “robo doblemente agravado por el uso de armas y por haber sido cometido en poblado y en banda, en grado de coautor", (arts. 45, 166 inc. 2 y 167 inc. 2 del CP); en el punto 4) trabó embargo sobre los bienes de los imputados por la suma de pesos quinientos mil ($500.000.-).
Que a fs. 20/23, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 29 sostuvo el recurso renunciando al plazo legal del memorial regulado en el art. 437 del CPP. Quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, Y
I. Que a los efectos de una mejor claridad expositiva a continuación se analizarán cada uno de los agravios agrupándolos conforme los puntos de los considerandos de la resolución atacada.
1. De la calificación legal. No se encuentran reunidos los elementos del tipo penal objetivo de la figura de robo. Inexistencia de algún tipo de arma, sea propia o impropia. No existe banda. Contradicción entre las declaraciones testimoniales y la realidad jurídica: En primer lugar, el recurrente se agravia por cuanto si bien el damnificado y querellante alega que le habrían sustraído dos (02) teléfonos móviles y una (01) bolsa con alimentos, la instrucción no ha logrado demostrar la titularidad en relación a la cosa ni surge que dichos objetos hayan estado en el lugar del hecho al momento en que se habría producido el suceso denunciado, tampoco surge un resultado positivo respecto de esos elementos en los allanamientos llevados adelante.
Es por ello que postula que no se encuentra probada la existencia del delito de robo, rechazando que en el caso se den los requisitos del tipo penal endilgado a sus asistidos. En segundo lugar, el recurrente se agravia por el agravante del uso de armas, toda vez que existen serías contradicciones en las distintas declaraciones de los testigos y que los allanamientos dispuestos en el marco de la investigación arrojaron resultados negativos. Con lo cual sostiene que la existencia de armas al momento de perpetrarse el ilícito es una mera presunción de la instrucción, que no se encuentra probada. En tercer lugar, el recurrente se agravia del agravante de banda la cual se sustenta en secuencias fílmicas, que a su entender sólo demuestran la presencia de tres personas en la esquina donde hay un negocio tipo almacén, no existiendo prueba fértil en el lugar del hecho, afectando las garantías constitucionales del debido proceso legal.
Agrega que, por otra parte, de las declaraciones recabadas a los testigos presenciales surge la presencia de una persona de sexo femenino, lo que –asevera- será echado por tierra mediante la ampliación de indagatoria que se les recibirá a sus clientes. Por todo lo argumentado se agravia de la figura calificada endilgada por no encontrarse debidamente comprobada con elementos de cargo que pudieran tener entidad suficiente para rebatir el principio de inocencia de que gozan sus representados. Pues bien, en relación a la crítica referida a la calificación legal del hecho reprochado a los imputados, del estudio de la resolución recurrida se observa que la Instrucción explicó a fs. 134/135 –de los autos principales- con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente el hecho.
En cambio, del análisis de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba el Sr. Juez de grado sin lograr controvertir lo decidido, en razón que de la valoración de la prueba de cargo producida en la causa se logra vincular con el grado de probabilidad que la instancia requiere al hecho imputado, emergiendo con claridad las razones que lo condujeron a enmarcar la conducta en el encuadre legal que esta Alzada convalida. Por consiguiente, y siendo criterio de esta instancia revisora -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal titular ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará.
Ello toda vez que el hecho imputado resulta ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia e incluso en instancias superiores; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 8488/23 y 9033/24, entre otras). Esta postura resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento.
Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). Cabe mencionar que, si bien la calificación legal eventualmente puede incidir en el dictado de la prisión preventiva, lo cierto es que la medida de encarcelamiento cautelar -que se abordará en profundidad en el agravio siguiente-, no se fundó únicamente sobre ese motivo. Otros juzgados tienen dicho al respecto que: “…Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la defensa contra el auto que decretó el procesamiento del imputado y dictó su prisión preventiva, pues la calificación asignada en el auto de procesamiento no incidirá en la libertad provisoria de su defendido, ya que aquella medida cautelar ha sido fijada en virtud de la valoración efectuada en cuanto al peligro de fuga por parte del imputado…” (Cita online: TR LALEY AR/JUR/19730/2010).
En virtud de lo expresado, se advierte que el recurrente, pese a su loable intento por mejorar la situación procesal de sus asistidos, no ha demostrado un agravio concreto relativo a la provisoria calificación legal del hecho endilgado, motivo por el cual será desestimado en esta instancia procesal. 2.- De la prisión preventiva: Que agravia al recurrente que se mantenga en prisión preventiva a sus asistidos cuando existen otros medios menos lesivos que igualmente garantizan los fines del proceso. Plantea que el Juzgado Instructor de la causa no posee un criterio uniforme sobre cuando otorgar la libertad bajo caución real y cuando no, llamándole poderosamente la atención que –en un delito más grave- se haya otorgado una fianza de caución real y en el presente caso no.
(Concretamente cita el antecedente caratulado: “G.E.J. y otro S/ amenazas, Lesiones y Presunto Abuso Sexual”, Expte. Nro. 80.871/25). Seguidamente analizaremos el agravio relativo al encarcelamiento preventivo de los imputados. Al respecto adelantamos que no prosperará por encontrarse debidamente motivado en función de los riesgos procesales constatados en el caso concreto.
Es dable señalar que la cuestión planteada fue debidamente abordada y motivada por la Instrucción luego de disponer el procesamiento, sin advertir en sus fundamentos una interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas nacionales e internacionales que rigen el principio de inocencia y del debido proceso.
Advertimos que, en primer lugar, la Instrucción tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar -en grado de probabilidad- que los imputados han participado del ilícito que se les reprocha con pena privativa de la libertad; con lo cual tuvo por reducida la expectativa de resolución favorable y, consecuentemente, entendió objetivamente incrementados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación en cada uno de ellos. Del mismo modo la Instrucción valoró que, en caso de recaer condena en las presentes actuaciones, la misma podría resultar de cumplimiento efectivo, habilitándola a ordenar el procesamiento con prisión preventiva en función del art. 295 inc. 1º del CPP, teniendo razonadamente por incrementado el riesgo de fuga en función de la pena en expectativa.
Advertimos que el Magistrado analizó concretamente que conforme se desprende de los antecedentes de los procesados, en virtud de la certificación actuarial de fs. 117/118 de los autos principales, el imputado V.H.C. registra una condena previa y el imputado L.A.M.O. posee un importante número de causas en estado de plenario; por ello concluye que resulta aplicable el art. 50 del CP, con las consecuencias que ello trae aparejado para la modalidad de cumplimiento de la posible condena a la que se arribe en la presente causa. Que asimismo la Instrucción sopesó la solidez del cuadro probatorio sobre el que se asienta el auto de procesamiento y que la causa se encuentra en los albores de la investigación, restando aún numerosas medidas probatorias de suma relevancia, por lo que, de encontrarse los imputados en libertad podrían verse frustradas, lo que permite razonadamente concluir que existe en el caso concreto un riesgo cierto, claro y objetivo de entorpecimiento de la investigación, por lo que presume que los causantes claramente podrían intentar obstaculizar y/o desviar el proceso seguido en su contra.
Que bajo esos lineamientos la Instrucción concluyó que estamos frente a individuos con peligrosidad procesal en función de tener por acreditado en el caso el peligro de fuga y de entorpecimiento del accionar de la justicia. Que entendemos que la resolución evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., que rigen la materia, pues: “…La incorporación de los pactos internacionales sobre derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN), ha generado un marco de máxima jerarquía normativa para la consideración del encierro del imputado como medida de estricto orden cautelar, al establecerse (…) que el encarcelamiento durante el proceso tiende a asegurar “… la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo…” (art. 9.3 PIDCyP).
Asimismo esta Alzada ya se ha expresado en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones, como lo acontecido en el caso de marras. El derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa.
Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245). En el caso que nos ocupa, la Instrucción dispuso adecuadamente la prisión preventiva de los imputados luego de resolver el procesamiento, concordando que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para asegurar los fines del proceso y lograr la aplicación de la ley. Como vemos, el planteo de la defensa no alcanza a conmover los argumentos dados por el Magistrado en su resolución, sino que en definitiva, luce como una disconformidad con la privación de libertad dispuesta, deviniendo infundados.
Por todo lo expuesto, si bien el apelante no comparte los argumentos invocados por el a quo, en el auto recurrido se señalaron detalladamente las razones por las que se ordenaba la medida cautelar, cumpliendo el auto dictado acabadamente con las prescripciones establecidas en los arts. 116 y 295 del CPP.
Es por ello que homologaremos la prisión preventiva dispuesta a L.A.M.O., V.H.C. y F.D.G., toda vez que se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa.
Ello no sólo por la necesidad de conciliar la libertad individual con el interés social de defenderse del delito, sino también porque es la solución que mejor se adecua a las obligaciones asumidas por el Estado Argentino ante la comunidad internacional.
Por último cabe mencionar que no corresponde a esta instancia de revisión expedirnos acerca de la ausencia de un criterio uniforme alegada por el recurrente en el Juzgado de Instrucción Nro. Tres local acerca del otorgamiento o no de la libertad bajo caución, en virtud que debemos analizar y expedirnos sobre el caso concreto que habilitó la instancia de revisión, desconociendo los motivos por los que se decidió la situación procesal de otros imputados en el antecedente que se cita, por no haber sido materia de estudio del Juzgado de Recursos al no haber sido recepcionado dicho expediente en grado de apelación.
II. Reserva de casación y del caso federal: Habiendo efectuado la defensa técnica expresa reserva de recurrir en casación, impetrando asimismo la cuestión federal para el caso de una resolución desfavorable a los efectos de resguardar las garantías constitucionales que asisten a sus pupilos procesales, se tendrá presente para el momento procesal oportuno. III) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web. Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos, RESUELVO: 1º)- CONFIRMAR el auto glosado a fs. 08/16 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- TENER PRESENTE la reserva de recurrir en casación y del caso federal incoada por la defensa técnica.
3. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE. 4º)- Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]. 5º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia