Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXLX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9452 FOLIO Nº 045/047 PROT. ELECT. JR101301I.251
Río Gallegos, 27 de junio de 2025.
La presente causa caratulada: “M.L.T. S/ LESIONES LEVES, VIOLACIÓN DE DOMICILIO, DAÑO Y AMENAZAS -E.C.V.G.- (Ley 26485)” Expte. Nº 28137/23, Apelación Nº 9591/25, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 65/68 vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de L.T.M., en orden al delito de “lesiones leves agravadas por haber mediado violencia de género en concurso real con violación de domicilio” (arts. 89, 92 en función del art. 80 incs. 11, 150 del Código Penal); y en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos trescientos mil ($300.000). Que a fs. 70/72 vta. la Defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 85 se sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que la defensa expresa que el procesamiento dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable y es perjudicial a sus intereses.
Sostiene que todos los elementos probatorios surgen del relato de la pretensa víctima, su círculo familiar cercano, y no pueden ser considerados en contra de su defendido, dado que la valoración de los testimonios se encuentra signada de subjetividad, debieron desestimarse y/o al menos analizarse con mayor rigidez.
Agravia a dicha defensa que no se configuró la violación de domicilio, ya que el imputado resultaba ser novio de la hermana de la pretensa víctima; no invadió la propiedad privada, no se configuró la comisión del delito, debiendo desestimarse tal delito.
Solicita la desestimación del agravante, debido a que no hay vínculo de pareja entre su representado y la víctima.
Asimismo agravia a la defensa pública, que -a su parecer- no hay sustento probatorio que resulte suficiente para imputar las lesiones leves certificadas; entiende que no puede pretenderse reprochar responsabilidad en contra de su defendido, sin un nexo probatorio que al menos logre generar cierto grado de sospecha.
Hace hincapié en el derecho de defensa que le asiste al imputado, sin intención de revictimización a la parte contraria, pero poniendo énfasis en la duda que surge de sus dichos, porque ello hace al debido proceso y a la defensa material del imputado; ambos derechos deben contemplarse por la instrucción al momento de pretender endilgar responsabilidad criminal. Postula que con el régimen probatorio de la libre convicción y la sana crítica racional, se encuentra culpable a su defendido, porque otro medio más idóneo para acreditar su autoría no se encuentra.
Por último cuestionó el monto de embargo, manifestando que su defendido no posee un patrimonio que permita arribar a la suma fijada; que el monto dispuesto excede el propósito de la medida cautelar, estableciéndose una suma mayor al máximo del perjuicio ocasionado al Estado.
De igual manera sostiene que no se realizó el informe social establecido en los arts. 24 (entendemos que quiso decir 26) y 41 del CP.
Deja reserva de recurso de casación y extraordinario federal.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
De la lectura de los agravios expresados por la defensa, y de los presentes actuados, adelanto que los mismos no podrán prosperar.
Considero que las pruebas aunadas en autos, y que fueran valoradas por la instrucción, resultan ser suficientes para tener por acreditada la responsabilidad del imputado.
De la lectura del auto recurrido, observo que la a quo apoya su decisión en el tratamiento efectuado sobre las pruebas reunidas durante la investigación, analizadas bajo los parámetros de la sana crítica racional, tales como, la denuncia inicial formalizada en sede policial en donde relata el episodio de violencia vivenciado en su domicilio por parte del incuso, el que consistió en golpes de puño y patadas fuera de su domicilio, para continuar en su interior, cuando la víctima intentara evadir su accionar; asimismo la declaración testimonial del progenitor de la denunciante, a quien llamara solicitando ayuda. El relato de la denunciante, encuentra su correlato en el certificado médico expedido por galeno policial, quien constató en el cuerpo de la damnificada “contusión edematosa de regio malar izquierda con equimosis de 5 x 2 cm.
Refiere dolor a nivel parieto temporal izquierdo con detección positiva a la palpación”, determinando las mismas como lesiones de carácter leve; elementos que valorados armónicamente y con perspectiva de género permitieron tener por acreditada la materialidad del hecho y autoría que le caben al imputado. En cuanto a la manifestación de la defensa sobre la valoración que efectuara la instrucción del testimonio de la víctima, respecto a la forma de valorar las pruebas el Tribunal Superior de Justicia, sostuvo: “...el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil..." (A-566/07/T.S.J.). A nivel nacional, los tribunales han expuesto sobre “el valor especial que tiene la declaración de la víctima en los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de la violencia doméstica, donde “la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor.
Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías, para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017). Al respecto, esta Alzada se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, sosteniendo que se debe analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma y dentro del contexto en que habrían acaecido los hechos investigados, no debiendo por su condición de tal, ser desechado su testimonio.
En cuanto al agravante adjudicado, y como bien fuera examinado por la instrucción, su aplicación se debe al compromiso asumido por el Estado a nivel internacional referido a la protección de los derechos de las mujeres, lo que conlleva a un estudio del hecho bajo dicha perspectiva.
Se ha dicho jurisprudencialmente que “el marco de una situación de “violencia doméstica” y “violencia de género” (...) obliga a los operadores judiciales a analizar el mismo con prudencia y en función a las obligaciones asumidas por la República Argentina, a través de instrumentos internacionales de rango constitucional, entre los que se destaca principalmente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belén do Pará”), que describe a esa especie de violencia como constitutiva de “una violencia de los derechos humanos y libertades individuales” de las mujeres” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017). Por lo dicho, se considera desatinada la petición de la defensa de desestimar dicho contexto de violencia contra la mujer, compartiendo el encuadre efectuado por la instrucción.
De igual forma, encuentro desacertado el fundamento de la defensa formulado ante la atribución del delito de violación de domicilio.
Respecto a este delito, la jurisprudencia ha dicho que “El delito de violación de domicilio es material e instantáneo, consumándose con el acceso a alguno de los lugares indicados en la norma delineada en el art. 150 CP. Ver Texto, consistiendo el dolo en la voluntad y conciencia de realizar el hecho sabiendo que se actúa contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a oponerse sin requerirse dolo específico cuando el lugar está efectivamente habitado en ese momento.” (TR LALEY 2/6576). En los presentes, la damnificada, en oportunidad de intentar evadirse del accionar del imputado, ingresa a su domicilio a fin de requerir ayuda a su progenitor y a la policía. Posteriormente ingresa el causante sin autorización al domicilio, a fin de continuar con la agresión, momento en que para lograr sortear dicho accionar, ingresa a la habitación donde se encontraba su primo. Queda clara la falta de consentimiento por parte de la denunciante al ingreso del incuso a su domicilio, en las circunstancias descriptas, debiendo en tal sentido desechar el fundamento de la defensa de que por tratarse de la pareja de la hermana de la víctima, no se configura el tipo penal.
De esa manera, entiendo se dictó una resolución que se desprende del estudio de la investigación llevada adelante y a la luz de la sana crítica racional, no apareciendo a mi criterio atisbo alguno de arbitrariedad o fragmentación en la valoración de la prueba aunada a la causa, habiendo alcanzado los parámetros necesarios para que puedan proseguir los presentes hacia la siguiente etapa procesal, por lo que habré de confirmarla íntegramente. Por último, en relación al planteo referido al embargo dictado, y al efectuar una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -sobre este punto-, surge que la instrucción dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos $300.000. Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el Art. 499º del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado). En coincidencia con lo manifestado por los tribunales al respecto, entendemos que "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de lo señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).-
2. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
3. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 65/68 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. TÉNGASE PRESENTE la reserva del recurso de casación y extraordinario federal.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia