Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXLIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9117 FOLIO Nº 031/034 PROT. ELECT. JR101795I.242
Río Gallegos, 04 de diciembre de 2024
La presente causa caratulada: “C.M.E. S/ LESIONES AGRAVADAS Y AMENAZAS" - Expte. N° 77.431/24 - (Apelación N° 9221/24), venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 105/111, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº 2, quien en el punto 1) del decisorio, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de M.E.C., en orden al delito de “amenazas y lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género” (art. 149 bis, 89 y 92, en función del art. 80 inc. 1 y 11 del Código Penal), y dispuso en el punto 2) trabar embargo sobre dinero o bienes del encausado hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000). Que a fs. 112/115 vta., la defensa técnica del imputado apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 125, y no habiendo presentado el memorial de agravios previsto por el art. 437 del CPP, quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
1. Que el recurrente asevera que la decisión del a quo no se ajusta a derecho en los puntos impugnados, resulta arbitrario y atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio causándole un grave perjuicio, manifestando una evidente parcialidad del a quo.
En su primer agravio expone que el a quo da como sentado que el hecho manifestado por el padre de la ex pareja de C. es cierto, dado a que no es un testigo presencial de hecho alguno, e inclusive cree que la incitó a que realizara la denuncia en su contra.
En su segundo agravio establece que para que toda sentencia sea realmente valorada con la sana crítica racional, debe estar fundada en hechos determinados, agregando además que el delito de amenazas no puede consolidarse con la sola manifestación de la denunciante sin ningún testigo que pueda corroborar que esto haya sucedido.
En el tercer agravio señala que la hija de su defendido de nombre L. quien es mencionada en estas actuaciones, no fue citada a prestar declaración testimonial, pero sin embargo es nombrada en el procesamiento; así se evidencia la parcialidad del a quo y la intencionalidad única de procesarlo.
En el cuarto agravio, manifiesta que se agravia, de la parcialidad del a quo, quien no valoró la prueba fundamental aportada por el psicólogo de parte Lic. E. Q., quien expresó que dentro de las características de la personalidad de los escasos mecanismos de defensa que posee su ex pareja, la lleva a conductas impulsivas la cual se extiende a sus relaciones interpersonales, y esto es congruente con su realidad de los hechos aportada en la declaración indagatoria. Seguidamente expone sobre el principio de responsabilidad, entendiendo que en el presente sumario tal conducta no se ha comprobado con el grado de exigibilidad que la presente etapa procesal exige.
Deja planteada la cuestión federal directa, para el caso de obtener una resolución negativa.
Finalmente rechaza el embargo atento el excesivo monto dispuesto sin sustento ni fundamento alguno, y atento a todo lo expuesto sería arbitrario embargarlo por esa suma y por hechos que no cometió.
De la lectura del resolutorio recurrido, se observa que la instrucción analizó pormenorizadamente el hecho denunciado, efectuó un análisis de la totalidad de la prueba recabada durante la instrucción a la luz de la sana crítica racional, fundamentó la adopción del tipo penal atribuido así como los agravantes aplicables al caso, argumentando su encuadre dentro de una perspectiva de género, y examinando el descargo vertido por el imputado en su declaración indagatoria. La jurisprudencia ha dicho que “...En este sentido, cabe recordar que el principio de la sana crítica racional... requiere de dos acciones para la valoración de la prueba: la descripción del elemento probatorio colectado y su valoración crítica, que debe estar dirigida a actualizar su idoneidad para fundar la conclusión en que se apoya el decisorio. Es decir que el magistrado debe expresar cuáles son las razones que, surgidas de las pruebas colectadas, determinan la decisión adoptada indicando cuál fue el camino deductivo seguido para llegar a esta conclusión y no sólo la operación mental. La sana crítica no consiste... en un convencimiento íntimo o inmotivado, sino en un convencimiento lógico y motivado que se basa, en este caso, en los testimonios de las víctimas reflejados en la conciencia del juzgador para dar origen al estado de certeza necesario para emitir su juicio. Así, descritos, valorados y relacionados con otras constancias, los testimonios de las víctimas son pruebas concretas y suficientes que crean la convicción necesaria para corroborar con el grado de certeza propio del sumario, el hecho objeto de imputación...” (CFed.CCorr., Sala II, 9-3-2004, “C., C. O. s/ procesamiento”, c.20.984. Luraschi, Irurzun, citado en “Revista de Derecho Procesal Penal 2009-1. La prueba en el proceso penal-I”, Director Edgardo A. Donna, Rubinzal Culzoni Editores, págs. 393/394).- Para esta Alzada el auto de procesamiento dictado se encuentra debidamente motivado, cumpliéndose acabadamente con lo previsto en los arts. 115, 116 y 291 del CPP..
Es en función de dichos lineamientos, que la instrucción tras ponderar la prueba recabada en forma íntegra, arribó a la conclusión de atribución de responsabilidad del incuso.
Es de esta forma como, el testimonio del padre de la damnificada, fue tenido en consideración en forma conjunta con el restante caudal probatorio. Y en dicho caudal probatorio obra la testimonial de la damnificada, obteniendo de esta forma el instructor, un relato en forma directa de la propia damnificada.
Al respecto la jurisprudencia afirma que, "Si bien la defensa cuestiona que en el auto de procesamiento impugnado se valoran las declaraciones de testigos que no habrían visto por sí mismos los hechos, sino que se limitan a repetir lo que habrían escuchado de terceras personas, tal extremo, no las invalida "per se", pues aquellas fueron valoradas conforme las reglas de la sana crítica (art. 241 del código de rito)..." (CNCrimyCorrec - TR LA LEY AR/JUR/17536/2008). Ante la crítica de la defensa de que no puede consolidarse el delito de amenazas ante la ausencia de testigos que acrediten las amenazas vertidas por el incuso, recordamos que en la mayoría de los casos de violencia doméstica, los hechos suceden en la intimidad del hogar, fuera del alcance de terceros ajenos que con posterioridad puedan atestiguar sobre los mismos, habiéndose superado dicha postura, en cuanto a que por tales circunstancias, dichas situaciones de violencia contra la mujer no pueden quedar impunes.
Al respecto los tribunales han manifestado que “...en lo atinente a los casos de violencia de género la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor que es llevado a juicio” (M., C.
B. s. Hostigar, intimidar - Incidente de apelación /// Cám. Apel. Penal, Penal Juv., Contrav. y Faltas Sala I, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 08/03/2024; Rubinzal Online; RC J 5556/24). Ello sumado a que la valoración de la prueba efectuada por el juez y la regla de la sana crítica, "... suponen la existencia de ciertos principios generales que deben guiar en cada caso la apreciación de la prueba que excluyen, por ende, la discrecionalidad absoluta del juzgador. Se trata, por un lado, de los principios de la lógica y, por otro lado, de las "máximas de experiencia", es decir, de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano y científicamente verificables, actuando ambos, respectivamente, como fundamentos de posibilidad y realidad (Cfr.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F, 10/06/1982, in re: "F., J. R. c. G., C. y otros", AR/JUR/1980/1982). Como fuera expresado por el Tribunal Superior de Justicia, “...el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil..." (A-566/07/T.S.J.).
En lo referente a la determinación del hecho, en la imputación se hace referencia a hechos ocurridos durante la convivencia entre ambos justiciables conforme lo relatado por la denunciante, determinando el último hecho a imputarse en el mes de noviembre del año 2023. Consideramos suficiente la determinación efectuada sobre la circunstancia de tiempo de los hechos atribuidos.
En cuanto al tercer agravio planteado, debemos mencionar que no se observa requerimiento alguno de la defensa técnica en aras de ejercer las prerrogativas que le confiere el código de forma a fin de ejercer la asistencia técnica de su defendido.
A lo cual debemos agregar que en la situación que nos encontramos analizando, L. es la hija de ambos justiciables, menor de edad, a quien -según la perspectiva de la defensa- debió recepcionársele testimonial por las situaciones de violencia entre sus progenitores, suposición que se considera desatinada. Por otro lado, fueron ponderados dichos elementos por la instrucción, como un indicio de las situaciones de violencia narradas por la damnificada. En cuanto al cuarto agravio, de la lectura del auto recurrido observamos que el instructor ponderó el informe pericial del Lic. Q. al que hiciera referencia, habiendo dado las razones por las que desestimaba el mismo.
Por otro lado, ante una posible divergencia entre el informe pericial del perito oficial y del perito de parte, son los magistrados, quienes teniendo como base la sana crítica, valoran dichos medios probatorios, brindando la fundamentación en que sustentan su decisión.
Al respecto, se ha dicho que "La fuerza probatoria del dictamen pericial debe ser valorada conforme los principios de la sana crítica. Los jueces tienen el poder-deber de practicar sobre el informe de los expertos una atenta labor crítica, observando y considerando detenidamente no sólo las conclusiones definitivas a las que el perito hubiese llegado, sino también las operaciones y prácticas que para ello hubiese efectuado, los fundamentos y razones con las que sustenta aquéllas y la seriedad de todo el desarrollo de la prueba." (TR LALEY 70025193). De esta manera, consideramos que los fundamentos del agravio dado por el recurrente, no son más que una mera disconformidad con la decisión del magistrado, sin mayor fundamento para rebatir los fundamentos del a quo, que el ensayado en su escrito recursivo.
Con relación a lo postulado sobre el principio de responsabilidad, debemos remarcar que los elementos de prueba recolectados en la presente investigación, analizados bajo una perspectiva de género, con aplicación de una amplitud probatoria como lo requieren hechos enmarcados en un contexto de violencia de género, son suficientes para la probabilidad requerida en la presente etapa procesal.
Debe tenerse en consideración que "...el dictado del procesamiento implica que existe una probabilidad relativamente fuerte de que una hipótesis coincide con lo sucedido, pese a lo cual ésta no ha alcanzado aun el grado de confirmación que requiere una sentencia condenatoria (...) Por ello, la probabilidad positiva no será suficiente para la condena, pero ocupa un lugar central en la valoración probatoria a efectuar en la etapa de instrucción. En sí, este estándar sirve para afirmar el mérito probatorio necesario que justifique la realización del juicio oral, en el que finalmente se resolverá la contienda por ser la etapa central del proceso penal donde se enaltecen las garantías constitucionales que asisten al imputado. En resumen, de la etapa de instrucción solo puede esperarse una verdad meramente probable de la hipótesis acusatoria. Y será en la siguiente etapa – juicio oral- donde se evaluará si dicha probabilidad positiva alcanza el grado de certeza positivo que resulta indispensable para dictar una condena y aplicar una pena a la persona sometida a proceso." (CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, SALA IV S., C. C. y otro c. C., E. F. s/ legajo de casación • 10/06/2022 Cita: TR LALEY AR/JUR/73631/2022). Consecuentemente, corresponde rechazar los planteos efectuados por la recurrente, conforme lo expuesto precedentemente.
Por todas las circunstancias arriba mencionadas y si bien con la precariedad que esta etapa procesal lo requiere, es que considero que tanto la materialidad del hecho -tal como fuera descripto en la indagatoria y en el auto de procesamiento apelado por la defensa-, como el contexto de violencia de género y la autoría del procesado en él, estarían suficientemente acreditadas, siendo las probanzas reunidas -por el momento- suficientes para atravesar esta instancia procesal. En cuanto al agravio referido al embargo establecido, al efectuar una lectura de la resolución puesta en crisis -sobre este punto-, surge que la instrucción dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma dispuesta. Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado, ello en función del Art. 499º del C.P.P. Por último, habiendo efectuado la reserva de la Cuestión Federal Directa, se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
2. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
3. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
En razón de lo expuesto, de conformidad con las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 105/111, en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravio, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva de la Cuestión Federal Directa, incoada por la recurrente.
3. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
4. REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia