Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CLIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9649 FOLIO Nº 152/157 PROT. ELECT. JR101498I.251
Río Gallegos, 19 de septiembre de 2025.-
La presente causa caratulada: "A.M.A. S/ Lesiones Leves Calificadas por el Vínculo”, Expte. Nº 27484/25 - Apelación/Causa JR Nº 9733/25, venidos a despacho para resolver y de las que;
Que a fs. 03/07 y vta. de los presentes obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de El Calafate, Dr. A.A.L., quien en el punto 1°) dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de M.A.A., en orden al delito de “Lesiones Leves Calificadas por el Vínculo y por mediar Violencia de Género” (arts. 89 y 92 en función del art. 80 incs. 1° y 11° del Código Penal) y tanto que en el punto 2°) ordenó el embargo sobre el dinero o los bienes del procesado si los tuviere por la suma de PESOS QUINIENTOS ($ 5.000.000) (cfrme. surge textualmente de la resolución).- Que a fs. 09/11, la defensoría pública oficial de El Calafate apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 15 sostuvo el recurso (cód. validación ed7412ca) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del C.P.P., quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
I. Lesiones Leves Calificadas por el vínculo: la defensa se agravió por considerar que su defendido ha sido procesado incorrectamente, toda vez que no existen constancias probatorias que pudieran determinar la responsabilidad penal del Sr. M.A.A..-
En este sentido, planteó –de la lectura del resolutorio atacado- que tiene como elemento incriminatorio fundamental los dichos de la presunta víctima, y que el certificado médico que constata las lesiones producidas en la integridad física de la pretensa víctima, no resulta suficiente para tener por acreditado el acaecimiento del hecho y muchos menos la participación de su asistido.-
Así, señaló que el procedimiento instructivo se ha convertido exclusivamente en un formalismo previo para poder acusar y en consecuencia, culpabilizar, procesar o juzgar a una persona sindicada como presunto autor o sospecha de serlo.-
Finalmente, añadió que las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y el principio de inocencia, resultan gravemente afectadas por un proceder en ese sentido.-
Que iniciado el abordaje del presente agravio, adelantamos, será desestimado.-
Pues bien, luego de una atenta lectura del legajo, la resolución atacada y de los argumentos esbozados por la defensa, consideramos que en autos se cuenta con elementos de convicción suficientes que hacen presumir, con el grado de probabilidad que esta instancia procesal requiere, la responsabilidad criminal endilgada al imputado M.A.A..-
Lo dicho resulta verosímil en virtud del fundamento de S.S en el auto recurrido, el cual sustentó en los informes policiales, el acta de aprehensión, la declaración testimonial de la Sra. C.B.R.P. y el certificado médico; elementos que valorados armónicamente, permiten formar un conglomerado indiciario acerca de la materialidad y autoría que le caben al imputado.-
En este sentido, nos resulta oportuno advertir, en lo que respecta a la autoría material de las lesiones constatadas por el médico policial Dr. R.D.M. -fs. 09-, que bajo ningún concepto dicho instrumento es utilizado de fundamento para acreditar la autoría del hecho típico. No obstante, -reiteramos- las probanzas que se vislumbran son contestes con los dichos de la damnificada, siendo además analizadas y valoradas por el A Quo, postura que firmemente compartimos, a los fines de la materialidad del hecho que aquí se investiga.- Aún más, esta Alzada entiende que el relato de la damnificada resulta claro y veraz, y encuentra pleno refuerzo en el certificado respecto de las lesiones que presentaba –al momento del hecho-, el acta de aprehensión y los respectivos informes policiales.-
Que en relación del testimonio de la víctima C.B.R.P. consideramos viable resaltar lo mencionado por la jurisprudencia “(…) pues cuando se aprovecha la intimidad y la vulnerabilidad de la víctima adquieren fundamental importancia sus dichos al extremo de que nada impide que un pronunciamiento condenatorio se sustente sólo en su declaración testimonial, siempre y cuando sea objeto de un riguroso análisis y se expongan los aspectos que determinan que le sea asignada credibilidad, convirtiéndola en un elemento preponderante por sobre la negativa del acusado (…)” (F.P., C.R. s. Lesiones leves agravadas por haber mantenido una relación de pareja y el género, amenazas (3 hechos), desobediencia judicial e incumplimiento en los deberes de asistencia familiar en perjuicio de S., D. M. y otro (M) - Recurso de casación /// Trib. Impug. Sala III, Salta, Salta; 02/02/2021; Rubinzal Online; RC J 697/21).- De modo semejante, se ha asentado “(…) el valor especial que tiene la declaración de la víctima en los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de la violencia doméstica, donde “la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías, para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017).- Es por lo expuesto, que el testimonio de la víctima no debe ser desacreditado por su condición de tal, debiendo ponderarse en forma íntegra con la totalidad del plexo probatorio recabado durante la instrucción, habida cuenta de las coincidencias de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se suscitó el hecho que aquí se investiga.-
En efecto, entendemos, yerra el presentante en cuanto argumenta que el procesamiento atacado se sustenta únicamente en los dichos de la víctima. Tampoco le asiste razón cuando afirma que la prueba recolectada resulta ser insuficiente, pues, por el contrario, se observa sin dificultad que el Magistrado subrogante analizó y valoró el plexo incriminante de conformidad con los arts. 115, 116 y 199 del CPP., como así también con las reglas de la sana crítica racional y abordando la investigación con perspectiva de género, concluyendo -con la probabilidad requerida- que el Sr. A.M.A. es penalmente responsable por el hecho aquí en disputa.- De esta manera, entendemos que el presente agravio no podrá prosperar debido a que el a quo valoró la totalidad del plexo incriminatorio, en concordancia con las formalidades exigidas del debido proceso, sin que se observe un direccionamiento de la instrucción o la vulneración de los preceptos constitucionales o garantías de las que goza el imputado.-
II. Del agravio referido a la impronta de “Violencia de género”: manifestó la parte apelante que la decisión de S.S de imponer la impronta de violencia de género en una causa que, hasta el momento –y en su opinión-, sólo se trata de un hecho aislado.-
De esta manera, advirtió que no existe constancia alguna de historicidad de la pareja, acreditación de relación asimétrica de poder, o círculo de violencia, en definitiva nada que amerite realizar tal aseveración.-
A su vez, afirmó que no cualquier discusión, altercado o pelea entre un hombre y una mujer puede ser considerada como violencia de género, sino por el contrario, es una circunstancia que debe acreditarse fehacientemente toda vez que si así no se lo hiciere, redundaría en un perjuicio al imputado ya que resultaría en un menoscabo de garantías y herramientas procesales.-
Entendió que las decisiones y fundamentos judiciales deben tener como parámetro rector circunstancias objetivas.-
Finalizando sus argumentos, sostuvo que tomar el camino que adoptó el Juez de instrucción resulta injusto e inconstitucional, toda vez que de manera arbitraria –a su criterio- ha decidido otorgar mayor relevancia al derecho de la víctima, frente a las garantías y derechos humanos del imputado reconocidos en todo el ordenamiento jurídico internacional. Citó doctrina para apoyar su tesitura.-
Que, en tratamiento del precedente agravio, y abordando a su vez el cuestionamiento del recurrente hacia lo relatado por la víctima, consideramos que existe en el sumario una connotación de violencia de género, al haber mantenido las partes una relación de pareja, evidenciándose una desigualdad de poder al ejercerse la violencia física dentro de la modalidad de violencia doméstica, conforme lo establece los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 26.485.-
En primer lugar, esta Alzada ya tiene dicho, en varias ocasiones, que la sola mención de que se trate de la persona damnificada (e incluso de sus familiares y/o amigos y/o allegados) no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma.-
Que la doctrina enseña: “…el valor probatorio del testimonio de la víctima en casos donde por su especial modo de comisión no puede ser corroborado por otros medios, no puede ser soslayado o descalificado dado que ello constituiría una forma de violencia institucional revictimizante, contraria a los parámetros internacionales en la materia…” (Ledesma, Ángela “El debido proceso penal”, Ed. Hamurabi, Bs. As. 2016, pág. 106).-
Que, siguiendo esta línea, se ha dicho que el abordaje desde una perspectiva de género, reconoce que los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la víctima o denunciante. (CP Contrav. y Faltas Sala III, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11/05/2017; M., S. G. s. Infracción art. 149 bis; Rubinzal Online; RC J 4167/17).- Por consiguiente, el testimonio de la víctima no debe ser desacreditado por su condición de tal, debiendo ponderarse en forma íntegra con la totalidad del plexo probatorio recabado durante la instrucción.-
En segundo lugar, y en contraposición a lo manifestado por la defensa, surge de las constancias de estos autos, que las partes han mantenido una relación de pareja, conforme la declaración testimonial de la Sra. C.B.R.P. -fs. 07/08-, donde la referida mencionó: "...No, no es la primera vez, ya que poseo una relación de 14 años, pero hace poco tiempo comenzamos a tener más diferencias y en otra ocasión me agarró fuerte del cuello con sus manos..."; con lo cual, la damnificada ha narrado que no es la primera vez que sucede un hecho como el que denota la causa.- Que resulta necesario destacar que en los casos de violencia de género o doméstica, suceden hechos que importan una violación de los derechos humanos y libertades de las mujeres, que por lo general son quienes la padecen, y que ello obliga a los operadores judiciales a analizar estos conflictos con mayor prudencia, garantizando la amplitud probatoria.-
En consecuencia, al observarse la connotación de violencia de género que contiene esta causa, se le impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio, por lo que debe primar una inclinación a seguir las directrices internacionales que rigen la materia, como lo son la Convención Belém Do Pará (Convención Interamericana para la prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer) o la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer), siendo guiado por la sana crítica racional y, por supuesto, siempre derivado del análisis conjunto de todas las pruebas que se encuentren vertidas en autos.- La sana crítica racional, para la valoración de la prueba, se define como: “… un sistema de apreciación de los hechos y de las circunstancias fácticas de las figuras delictivas y de los hechos procesales, conforme a las leyes fundamentales de la lógica, de la psicología y de la experiencia social, que el juez debe respetar para asegurar la certeza de sus afirmaciones y la justicia de sus decisiones.” (Navarro Guillermo Rafael – Daray Roberto Raúl; Código Procesal Penal de la Nación -análisis doctrinal y jurisprudencial-; ed. Hammurabi José Luis Depalma Editores; pág. 222).- Por lo que, creemos y reiteramos, no consta en el legajo una vulneración a las garantías y/o derechos constitucionales del imputado, como tampoco una arbitrariedad por parte del a quo, en tanto el proceder del Magistrado resulta conforme a derecho.-
Por ello, consideramos que las lesiones que se encuentran acreditadas en el legajo habrían sido realizadas por el imputado, toda vez que se tiene en cuenta las circunstancias que habría padecido la víctima, siendo que ésta sindica su autoría en cabeza del incuso, no obrando en autos elementos que permitan contrarrestar sus afirmaciones, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo, lugar y autoría del hecho investigado.-
Amén de ello, se cuenta con las actuaciones policiales -fs. 02/04-, en donde indicaron que la División Comisaría Primera -E.C.-, tomó conocimiento del suceso porque un transeúnte se hizo presente en dicha dependencia policial e informó que en calle P.M. interacción con Avda. L. de esa ciudad, habría una persona de sexo masculino agrediendo físicamente a una femenino; comisionado personal policial al lugar, corroboraron dicha situación ya que visualizan a una mujer quien fue identificada como C.B.R.P. quien expuso que discutió con su pareja A.C.M.A. y que éste la habría agredido físicamente mediante golpes de puño.- En consecuencia, considera esta Alzada, por el contrario de lo planteado por la defensa oficial, que ante el escenario de violencia de género, se ha llevado a cabo un trabajo de análisis integral y objetivo en el auto en crisis, y que se cuenta con elementos de convicción suficientes que hacen presumir la responsabilidad del imputado, con el grado de probabilidad que la instancia requiere.-
En este sentido, nos resulta menester citar un fallo de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que para condenar a un imputado, sostuvo: “La decisión que condenó al imputado en orden al delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género…, muestra una conclusión fundada y razonable respecto a la prueba concerniente a la intervención y responsabilidad que se asignó al imputado en la comisión del hecho, de acuerdo a las pautas de valoración probatoria, derivadas de la regla fundamental del estado jurídico de inocencia y de la regla legal de la sana crítica racional, pues para ello se tuvo en cuenta el testimonio de la víctima como principal elemento de cargo, aunque no es el único, en tanto también se consideró un informe médico donde de manera objetiva se describen las lesiones padecidas…” (CNCCyC; Sala I; 25/03/2021; O. V., J. M. s/ lesiones leves; RDP 2021-8, 201; TR LALEY AR/JUR/11697/2021).- En efecto, concordamos que el ilícito penal se encontraría configurado, con el grado de probabilidad que requiere esta etapa procesal, y sería penalmente responsable por el hecho aquí en disputa, el Sr. M.A.A.. Por consiguiente, consideramos que no procederá este cuestionamiento.-
III. Embargo: en este punto, la defensa objetó el monto del embargo, pues entendió que no hay consideraciones ni constancias en autos que acrediten que una suma tan abultada (QUINIENTOS MIL) sea la necesaria para garantizar la pena pecuniaria y la eventual responsabilidad civil que pudieran caberle a su asistido. Además, dijo que el imputado no posee ingresos que le permitan afrontar libremente el pago del referido monto.-
Solicitó que se reduzca el quantum del embargo, como así también, que se revoque el resolutorio y se sobresea definitivamente a su representado, o bien, que se resuelve adoptando el temperamento propiciado por el art. 292 del C.P.P..-
Que, en relación al presente planteo, y al efectuar una atenta lectura de la resolución que se intenta poner en crisis, surge que en el punto III) del considerando, el Magistrado subrogante dio las pautas por las que entiende adecuado establecer el monto del embargo en la suma de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000), respecto del imputado. Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado).- De igual manera, en cuanto a que no se hubiera ponderado la situación particular del encartado para su fijación, resulta oportuno citar calificada jurisprudencia que señala los parámetros para la fijación de la medida. Así se sostuvo: “A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado" (Cam. Nac. De Apelaciones en lo Crim. Y Correc. Sala IV. 17/09/2009 D., C.F. s/ Procesamiento Expte. Nº 1234/09).- A mayor abundamiento, en coincidencia con lo manifestado por los tribunales al respecto, entendemos que "(…) conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines (...)" (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).- Por lo que esta Alzada comparte el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por S.S para la fijación de la medida precautoria, como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos.-
Así, es que rechazamos el agravio expuesto y confirmaremos el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incuso M.A.A..-
Por todas las circunstancias arriba mencionadas y si bien con la precariedad que esta etapa procesal lo requiere, es que confirmaremos la resolución que se intentó poner en crisis.-
IV. Sin perjuicio de lo expuesto ut-supra, y sin que afecte la validez del pronunciamiento atacado, se advierte desde esta Alzada que se deberá subsanar la falencia verificada en el punto 2°) del auto recurrido -embargo-, toda vez que se vislumbra una discordancia entre el lenguaje coloquial y el lenguaje numérico; evidenciándose un error de tipeo.-
V. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
VI. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 03/07 vta. de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. HACER SABER al Juzgado de Instrucción lo consignado en el punto IV) de los considerandos.-
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia