Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala III · Causa I-38034-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por Alejandro Martín Copa y su letrado particular el Dr. Belloso, contra el auto por el cual se denegó su inclusión en la libertad asistida por los motivos expuestos al tratar la cuestión primera (arts. 168 de la Const. Pcia. de Bs. As. y 439, 442, 446 "a contrario sensu" y concordantes del C.P.P.).
II. Confirmar , en todo cuanto fuera motivo de agravio, la resolución dictada por la Magistrada a cargo del Juzgado de Ejecución Penal nro. 3 Deptal., por medio de la cual dispuso no hacer lugar al INSTITUTO DE LIBERTAD ASISTIDA impetrado en favor del encartado COPA (CARDOZO) ALEJANDRO MARTIN, por los motivos expuestos al tratar la segunda cuestión (art. 171 y 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 104, 105, 106 y ccdtes. de la ley 12256).
A fin de resolver el recurso de apelación interpuesto, fundado por la defensa particular de Alejandro Martín Copa, a cargo del Dr. Martín Belloso, contra la resolución mediante la cual la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N° 3 Departamental, Dra. Julieta Berlingieri , resolvió: " I. NO HACER LUGAR AL INSTITUTO DE LIBERTAD ASISTIDA impetrado en favor del encartado COPA (CARDOZO) ALEJANDRO MARTIN, atento los motivos expuestos en el considerando PRIMERO y de conformidad con lo normado por el artículo 104 primer supuesto "a contrario" de la ley 12.256. Art. 25 del C.P.P.."
Sometida al acuerdo la presente causa a efectos de tratar el recurso de apelación interpuesto y practicado el sorteo de rigor, resultó el siguiente orden de votación: en primer lugar, el Dr. Oscar R. Quintana, en segundo término, el Dr. Gustavo A. Herbel y, para el caso de disidencia, Carlos F. Blanco (artículo 440 del CPP).
A continuación, los Sres. Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes cuestiones:
1. ¿Es admisible la impugnación planteada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SR. JUEZ, DR. QUINTANA, DIJO:
Que el recurrente resulta legitimado ex lege para la interposición del recurso en cuestión, poseyendo interés directo en su resolución, como surge de las constancias del presente. Asimismo, deviene adecuado el remedio impugnativo intentado en relación a la resolución atacada y jurídicamente posible por integrar el catálogo de pronunciamientos jurisdiccionales materia del recurso de apelación.
Ha cumplido también la defensa particular con la indicación específica de los agravios que le causa la decisión de la "a quo", consignando su respectiva fundamentación.
En consecuencia, observados los presupuestos de legitimación subjetiva y objetiva a examinar, se advierten asimismo abastecidos los requisitos de tiempo, lugar y forma del presente por lo que, VOTO POR LA AFIRMATIVA. (Arts. 168 de la Const. Pcia. de Bs. As. y 439, 442, 446 a contrario sensu, 498 y concordantes del C.P.P.).
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SR. JUEZ, DR. HERBEL, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Quintana, por los mismos motivos y fundamentos, por lo que VOTO POR LA AFIRMATIVA . (Cfr. art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SR. JUEZ, DR. QUINTANA, DIJO:
I. Que la Sra. Magistrada a cargo del Juzgado de Ejecución Penal nro. 3 Departamental, resolvió: " I. NO HACER LUGAR AL INSTITUTO DE LIBERTAD ASISTIDA impetrado en favor del encartado COPA (CARDOZO) ALEJANDRO MARTIN, atento los motivos expuestos en el considerando PRIMERO y de conformidad con lo normado por el artículo 104 primer supuesto "a contrario" de la ley 12.256. Art. 25 del C.P.P."
Para así decidir, la Magistrada destacó que, si bien el penado abastece el requisito temporal reclamado por la norma, resulta que cuenta con una evaluación criminológica desfavorable en lo que concierne a su incorporación al instituto de libertad asistida, siendo que -además- encontró reparos en cuanto al acompañamiento que pudiera recibir el condenado en el medio social amplio.
Sobre esto último, indicó que, si bien se evidencia la buena predisposición por parte de la concubina para recibirlo, se trata del mismo grupo familiar con el cual residía al momento de la comisión del hecho por el cual cumple condena. A ello sumó la postura subjetiva desvinculada asumida por el nombrado frente a su accionar desajustado conforme emerge del informe psicológico. Y agregó que tampoco se evidencia un aprovechamiento cabal de las actividades tratamentales de parte de Copa.
Por ello, consideró que el condenado no ha capitalizado el fin resocializador que lleva ínsita la imposición de la pena privada de la libertad, por lo que decidió denegar su incorporación en la libertad asistida solicitada.
II. Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación el causante que fue fundado por su defensor particular, quien sostuvo -en lo esencial- que Copa no se encuentra inserto en actividades tratamentales debido a una falencia estatal desde que se encuentra a la espera de cupo para poder incorporarse. Alegó que no obstante dicha carencia, su asistido realiza tareas laborales de forma informal en la Unidad respecto de lo cual -afirmó- aportó fotos y un carnet emitido por el mismo Servicio Penitenciario, lo cual sostuvo que no ha sido considerado por la "a quo".
De otra parte, resaltó su calificación conductual y carencia de sanciones. Sostuvo también el defensor que su asistido cuenta con un grupo familiar continente que espera recibirlo en el medio libre y que la valoración que realiza la Jueza de la evaluación psicológica vulnera el art. 19 de la CN. Destacó finalmente la proximidad del agotamiento de la pena impuesta.
Por todo ello, solicitó se revoque el auto impugnado.
III. Analizada la cuestión traída a estudio de esta Alzada, entiendo que el recurso de apelación no puede prosperar conforme a los motivos que a continuación paso a exponer.
Emerge del resolutorio cuestionado que Alejandro Martin Copa (Cardozo) fue condenado a la pena de un año y cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento y las costas del proceso por hallarlo autor penalmente responsable del delito de hurto calificado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública, cuyo agotamiento operará el día 31 de diciembre de 2026.
En tal sentido, advierto sin ambages que a la fecha se encuentra abastecido el requisito temporal exigido para el instituto en trato (art. 104 primer supuesto de la ley 12.256). Al respecto cabe mencionar que el requisito temporal resulta ser uno de los presupuestos objetivos a tener en cuenta a los fines de evaluar la posibilidad de conceder la libertad asistida del penado, verificándose en el caso otras cuestiones que deben ser valoradas, tales como la observación de los reglamentos carcelarios y los informes en cuanto al pronóstico de reinserción efectuado por la Departamento Técnico Criminológico del establecimiento penitenciario albergante.
En relación a las referidas opiniones técnicas de las autoridades penitenciarias plasmadas en los informes criminológicos, llevo dicho y resulta doctrina de esta Alzada que integro, que quedan sujetas siempre a contralor jurisdiccional, siendo los jueces quienes tenemos la competencia para resolver respecto de la procedencia de los beneficios que pudieran corresponder a los detenidos; esto, más allá de la opinión o decisión de la autoridad administrativa, no resultando dichos informes vinculantes para los Jueces, sino un instrumento más a valorar al momento de decidir.
Explica la doctrina que la judicialización de la etapa de la ejecución penal es una consecuencia necesaria de la vigencia del principio de legalidad y significa que los jueces deberán controlar la vigencia de los derechos en el ámbito carcelario por lo que todas las decisiones de la etapa de ejecución que implican una alteración de la determinación de la pena, deben ser tomadas por un juez, órgano jurisdiccional independiente de la Administración, en un proceso en el que se respeten las garantías del proceso penal. (Conf. Marcos SALT, "Comentarios a la nueva ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad" (Nueva Doctrina Penal 1996/B, 1996, Ed. Del Puerto, p. 675).
En este sentido, advertí en la causa n°57.171 "Vivas, Claudia s/Incidente de Ejecución" que la reinserción social, fin de la ejecución de la pena (arts. 18, 33 y 75 inc. 22 de la C.N., 5.6 de la CADH, 10.3 del PIDCyP, 4 ley 12.256) tiene un estatus jurídico superior a la mera decisión legislativa, como pueden ser las limitaciones temporales objetivas establecidas en abstracto en la normativa aplicable. En efecto, ese es el fundamento del art. 6 de la ley 12.256 en cuanto establece que los regímenes de ejecución de la pena, que hacen a su progresividad, serán de utilización alternativa y no necesariamente secuencial.
De este modo, la judicialización de la pena implica que será ". el Juez el encargado de velar, por un lado, que el cumplimiento de la pena se produzca en orden a los preceptos constitucionales y, por otro, decidir cuándo (.) el fin de la pena se encuentre cumplido-" Así, las determinaciones sobre la flexibilización la pena, sólo podrán ser tomadas mediante resolución fundada por la "autoridad competente", que resulta el Juez de Ejecución de la pena privativa de la libertad. Es el Juez, en definitiva, quien fundadamente va a resolver sobre el régimen en el cual le corresponda estar a cada persona privada de libertad.
Por ello, entiendo que son los jueces de ejecución, no sólo aquéllos que deberán entender en todos los incidentes que se susciten en la ejecución de la pena, sino quienes deberán asimismo ejercer un control del cumplimiento de las garantías constitucionales en el ámbito penitenciario.
IV. Dicho ello, corresponde notar que el Departamento Técnico Criminológico de la Unidad N° 32 de Florencio Varela sugirió la inviabilidad del acceso de Copa al instituto de libertad asistida, opinión pronostica que no aparece como irrazonable en base a la información criminológica acompañada.
Sin desconocer que dentro del ámbito carcelario el penado ha demostrado un desempeño correcto, observa con regularidad los reglamentos y registra la máxima calificación alfanumérica susceptible de ser alcanzada según el tiempo de detención, valorando en conjunto de todo su desempeño, coincido con la jueza a-quo en cuanto no hay un pronóstico favorable de sujeción al proceso y acatamiento de las disposiciones necesarias para la concesión de la libertad en los términos requeridos.
En efecto, viene informado que el causante ingresó al Servicio Penitenciario el 21/10/2025 y a la Unidad Carcelaria nro. 32 donde se encuentra alojado el 04/11/2025 y se encontraba al momento de la evaluación un "Régimen Procesado modalidad atenuado" desde el día 12/11/2025, pasando a penado recientemente.
Si bien es cierto que la falta de participación de Copa en el ámbito académico, así como en cursos de capacitación no le es imputable desde que se encuentra a la espera de cupo, habiendo solicitado su incorporación; no puedo perder de vista que sí contaba con la posibilidad de desempeñarse laboralmente y decidió no participar por propia voluntad.
En efecto, la sección de talleres informó que desde su ingreso no registra antecedentes de desarrollo en tareas laborales, manifestando desinterés en desarrollar tareas ofrecidas, adjuntando el acta de negativa donde consigna expresamente " no deseo trabajar ". Este es un dato de relevancia -a mi juicio- por cuanto el causante contaba con la posibilidad de incorporarse en un dispositivo tratamental pero decidió no hacerlo.
En cuanto a las alegaciones del apelante al respecto, quien sostiene que el encausado realizaría tareas informales, ello no se ve reflejado en el legajo, a la vez que no explica el defensor por qué el penado querría realizar labores informales, mientras se niega a realizar aquellas que forman parte de su evaluación de desempeño.
Otro tanto cabe decir respecto del carnet laboral adjuntado por la defensa respecto de la inclusión de Copa en tareas, extremo que, contrariamente a lo alegado, ha sido valorado por la Magistrada de la Instancia. Al respecto la Jueza puntualizó -a mi juicio acertadamente- que el carnet tiene consignada como fecha de alta el 02 de enero de 2025, mientras que el nombrado Copa ingresó a la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense el día 21 de octubre de 2025 y, a la Unidad nro. 32 - Florencio Varela, el 04 de noviembre de 2025, tal como se desprende de autos, por lo cual cabe concluir que la información incorporada por la defensa no resulta precisa y se contradice con el contenido de los informes de la autoridad penitenciaria, por lo que a mi juicio no es capaz de acreditar el extremo denunciado.
Advierto de forma favorable que el grupo familiar del causante lo visita en detención, así como el resultado de la información socioambiental; y con respecto a su posición subjetiva, comparto lo expuesto por la defensa sobre el desacierto de las valoraciones de la jueza a-quo sobre el proceso de reflexión de Copa, en tanto sostengo que tales cuestiones no conforman los requisitos legales exigidos para el acceso a los institutos de la ejecución de la pena, quedando el aspecto psicológico del interno fuera del ámbito de análisis de la jurisdicción. Sin embargo, insisto en que la actitud asumida por el encausado en cuanto a su falta de participación en el espacio tratamental ofrecido, se erige en elemento de cautela que desaconseja -de momento- su inclusión en la libertad vigilada que peticiona.
Resulta que al causante se le ejecuta una pena de corta duración en la que los elementos a evaluar en cuanto a su desempeño resultan de por si escasos. De allí la importancia de aprovechar adecuadamente los espacios que efectivamente le han sido ofrecidos.
Previo a concluir, deviene indispensable resaltar que la concesión de este beneficio implica una evaluación integral del comportamiento del penado dentro del ámbito carcelario, como también sus contactos anteriores con el sistema penal, en el sentido de que, si bien la presente resultaría la primera condena efectiva del causante, ya ha transitado previamente por suspensiones de juicio a prueba y una condena de ejecución condicional. Lo expuesto, sumado a la falta de aprovechamiento de su tiempo de encierro, torna improcedente -de momento- su soltura anticipada. Ello, en tanto la situación del penado debe analizarse en función de la posibilidad de una reinserción social favorable y el cumplimiento de las condiciones que le fueran a imponer, elementos que no se perciben en la situación actual del interno.
Por todo lo expuesto, es que propongo al acuerdo confirmar el auto dictado por medio del cual la Magistrada cargo del Juzgado de Ejecución Penal nro. 3 Deptal., dispuso: " NO HACER LUGAR AL INSTITUTO DE LIBERTAD ASISTIDA impetrado en favor del encartado COPA (CARDOZO) ALEJANDRO MARTIN, atento los motivos expuestos en el considerando PRIMERO y de conformidad con lo normado por el artículo 104 primer supuesto "a contrario" de la ley 12.256. Art. 25 del C.P.P."
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SR. JUEZ, DR. HERBEL, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Quintana, por sus mismos motivos y fundamentos, ASI LO VOTO, (art. 171 y 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 106 del CPP)
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por Alejandro Martín Copa y su letrado particular el Dr. Belloso, contra el auto por el cual se denegó su inclusión en la libertad asistida por los motivos expuestos al tratar la cuestión primera (arts. 168 de la Const. Pcia. de Bs. As. y 439, 442, 446 "a contrario sensu" y concordantes del C.P.P.).
II. CONFIRMAR , en todo cuanto fuera motivo de agravio, la resolución dictada por la Magistrada a cargo del Juzgado de Ejecución Penal nro. 3 Deptal., por medio de la cual dispuso NO HACER LUGAR AL INSTITUTO DE LIBERTAD ASISTIDA impetrado en favor del encartado COPA (CARDOZO) ALEJANDRO MARTIN, por los motivos expuestos al tratar la segunda cuestión (art. 171 y 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 104, 105, 106 y ccdtes. de la ley 12256).
II. Regístrese notifíquese al Sr. Fiscal General Departamental y a la Defensa. Fecho, devuélvase a la instancia, encomendando la notificación de la presente al penado. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario firmante: HERBEL Gustavo Adrián - JUEZ
Funcionario firmante: QUINTANA Oscar Roberto - JUEZ
Funcionario firmante: GAMULIN Gabriela Marisa - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 991-2026
Fin de la sentencia