Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8335 FOLIO Nº 158/159 PROT. ELECT. JR101210I.231
Río Gallegos, 13 de diciembre de 2023.-
La presente causa caratulada “M.M.D. S/ LESIONES LEVES Y AMENAZAS” Expte. Nº M-71976/21, Apelación Nº 8552/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 80/85 y vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto 1) rechazó la aplicación de la suspensión de juicio a prueba solicitada por la defensa; en el punto 2) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de M.D.M., en orden al delito de “lesiones leves y amenazas” (arts. 89 y 149 bis del Código Penal); y en el punto 3) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000). Que a fs. 91/94 la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 105 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a continuación, trataremos los agravios impetrados por el recurrente, en el orden propuesto en su presentación.
I. Crítica al auto de procesamiento – cuestionamientos vinculados a la ausencia de prueba directa - agravios referidos al rechazo de la solicitud de suspensión de juicio a prueba: en primer término, sostuvo la defensa que el auto recurrido no se ajusta a derecho en los puntos impugnados, resulta arbitrario y atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio, causándole a su asistido un grave perjuicio. Advirtió que el pronunciamiento no habría realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada. Aseguró que éste provoca el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica racional en la evaluación de las pruebas. Concretamente, dijo que los indicios y las presunciones se habrían valorado en contra y perjuicio de su asistido. Ya en el acápite III) de recurso incoado, cuestionó la ausencia de pruebas directas que configuren los delitos endilgados a su representado. Allí, precisó que no se habría comprobado que este fuera autor de los hechos por los cuales se lo procesó.
En diverso orden de ideas, calificó de arbitraria la denegación de la solicitud de suspensión de juicio a prueba y pidió a esta alzada se revea la decisión, pues –a su criterio- el delito que se imputa a su representado se adecua a las previsiones del art. 76 bis y ter del Código Penal. De esta forma, la defensa entiende que –previo al debate- hace valer las garantías constitucionales del imputado, a fin de evitar la estigmatización social. En tal sentido, ofreció hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de los posible, sin que ello implique confesión o reconocimiento de la responsabilidad civil que pudiera corresponder. Concluyó este planteo, destacando que doctrina y jurisprudencia coinciden en otorgar el beneficio, pues la pena que podría recaer sería de ejecución condicional, menor a tres años, en tanto su negación, violaría la garantía de igualdad ante la ley. En otro apartado, puso de resalto que el principio de responsabilidad del hecho imputado, no ha quedado determinado en cabeza de su pupilo, pues advirtió que no se habría comprobado el delito endilgado.
En dicha línea argumental, concluyó que no existió delito alguno.
Pues bien, analizados estos primeros planteos de la defensa, se advierte que son genéricamente enunciados, aunque con una total falta de fundamento y desarrollo de los mismos.
Veamos, señala el apelante que el auto de procesamiento no ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y carece de fundamento para sostener su postura, resultando contradictoria.
Ahora bien, tras formular este grave cuestionamiento, se imponía que, a reglón seguido, el apelante aporte algún pasaje del decisorio que se presente contradictorio o demuestre la carencia de fundamento, pues un fallo sin motivación sería nulo. Sin embargo, ello no ha ocurrido, y el mero señalamiento no alcanza a conmover los argumentos desplegados por el Señor instructor. Lo propio ocurre, cuando la defensa critica que el fallo provoca el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica o, cuando objeta que la valoración de los indicios y las presunciones fueron realizados únicamente en contra de su asistido. Nada de ello es reforzado con algún de ejemplo de sus afirmaciones genéricas. Es sabido que el recurso de apelación es el único que puede no ser fundado al momento de la interposición, pero sí debe motivárselo. (Navarro – Daray; Código Procesal Penal de la Nación –análisis doctrinal y jurisprudencial-; Ed. Hammurabi; pág. 359).
En el caso que nos ocupa, esto no ha ocurrido ni en la interposición, ni en la oportunidad prevista en el art. 437 del CPP, aun cuando se reservó esa facultad en el punto II) del recurso.
Se ha dicho que: “El recurrente debe demostrar cómo se vulneran los principios del recto entendimiento humano (de identidad, de tercero excluido, de contradicción, de razón suficiente) para que el agravio que invoca a la violación de la sana crítica racional sea atendido. Si las pruebas que invoca como inidóneas son válidas y la apreciación y convicción que demuestra el razonamiento seguido por el a quo se ajustan al sistema de valoración de las pruebas adoptado por el código de rito, y cumple con el requisito constitucional de la debida fundamentación; una alusión genérica a la violación de las reglas del sistema de la sana crítica racional hace improcedente el agravio.” (STJ, Corrientes; “G. H. D. s. Supuesto homicidio simple”; 16/04/1997; Sumarios Oficiales Poder Judicial de Corrientes; RC J 6743/13). En virtud de lo expuesto, rechazaremos estos infundados planteos.
Por otro lado, en relación al agravio referido a la denegación del pedido de suspensión de juicio a prueba articulado por el recurrente, cabe señalar que el código adjetivo veda expresamente la posibilidad de recurrir dicha decisión, motivo por el cual resulta improcedente (art. 277 tercer párrafo del CPP).
II. Crítica al embargo: al inicio de su presentación (punto I), aseguró la defensa que el monto de embargo fijado sería excesivo y arbitrario.
Que, no trataremos este cuestionamiento pues, al igual que se dijo al ocuparnos de los restantes agravios, este planteo carece de fundamento, dado que no profundizó sus afirmaciones, limitándose su crítica a enunciar simplemente estos dos calificativos.
III. Cuestión Federal: en el acápite VI) de su presentación, formuló reserva de caso federal, la cual se tendrá presente para el procesal momento oportuno.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 80/85 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada por el recurrente.
3. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia