Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 88.660
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa;
II. Casar los pronunciamientos dictados por los jueces de la Sala III del TCP y por el Dr. Fernando Ariel Bueno, del TOC 1 de Lomas de Zamora (como integrantes del fallo completo) y, consecuentemente, absolver a M. G. M. en el presente proceso, sin costas III. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 14 de la ley 48; arts. 42, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2, a contrario sensu del Código Penal; 106, 209, 210, 448, 451, 454, 456, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Fernando Luis María Mancini (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 88660 caratulada “M. M. G. S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR AGENTE FISCAL”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MANCINI.
El Dr. Nicolás Miguel Plo, juez integrante del Tribunal en lo Criminal nro. 1 de Lomas de Zamora, con fecha 15 de noviembre de 2017, absolvió por insuficiencia probatoria a M. G. M. en orden a los delitos de robo agravado por su comisión mediante el empleo de arma en concurso real con homicidio criminis causa en grado de tentativa (arts. 42, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2, a contrario sensu, Cód. Penal, fs. 9/28 de este legajo).
Contra esa decisión, la fiscalía interpuso recurso de casación, que con fecha 27 de mayo de 2020 la Sala III de este TCP encontró procedente.
En efecto, coincidiendo con la acusación, los jueces que integraron la Sala III consideraron -por mayoría- que el magistrado de la instancia anterior fue arbitrario al analizar la prueba disponible, casaron el veredicto absolutorio y “a partir de la comprobada intervención de M. G. M. en el hecho descripto en la materialidad ilícita”, devolvieron las actuaciones para que jueces hábiles “ren[ovaran] los actos necesarios para el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho” (fs. 62).
Oportunamente, el defensor adjunto de Casación, Dr. Ignacio Nolfi, se notificó de la sentencia e hizo reserva para recurrir ante la SCBA, solicitando se cumpliera con el reenvío ordenado y se le diera nueva vista del fallo completo (conf. SCBA, causas Ac. 81.037, Ac. 89.911, entre otras).
En lo que importa destacar, radicada la causa ante el TOC 1 de Lomas de Zamora y luego de diversas presentaciones de la defensora oficial donde señaló la voluntad recursiva de su asistido contra el fallo de la Sala III (que se puso en conocimiento del Dr. Nolfi); con fecha 6 de mayo de 2021, el Dr. Fernando Ariel Bueno estimó -a partir de los términos de la resolución del TCP- que “nada p[odía] ni deb[ía] decir” con relación a materialidad ilícita, la coautoría del acusado y calificación legal, cuestiones que consideró “terminadas” y previa audiencia con el acusado (art. 41, Cód.Penal, fs. 184), condenó a M. G. M. a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, en orden a los delitos de robo agravado por su comisión mediante el empleo de arma en concurso real con homicidio criminis causa en grado de tentativa (fs. 185/188).
Tales pronunciamientos (el del 27 de mayo de 2020 y el de 6 de mayo de 2021), como integrantes del fallo completo, fueron impugnados por la defensora oficial, Dra. Karina Costas (fs. 230/248vta).
En primer lugar, denuncia inobservancia de los arts. 1 y 461 del CPP, violación del debido proceso, de la defensa en juicio y de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, consagrados en la Constitución Nacional, en tanto entiende que tras la revocación del veredicto absolutorio de su asistido se debió realizar un nuevo juicio oral y no, como lo hizo el TOC 1 con su nueva integración, limitarse a practicar la audiencia prevista en el art. 41 del Código Penal. En ese sentido, expone que la Sala III del TCP corroboró diversas proposiciones fácticas que conformaron la hipótesis de la acusación, sin haber escuchado a los testigos y valorándolos a partir de los señalamientos que hizo la propia fiscalía, pero prescindiendo de las objeciones que, oportunamente, formuló la defensa durante el juicio oral.
Así, afirma que los jueces de casación omitieron que la fiscalía no pudo probar, en el juicio oral, el conocimiento previo entre los co-imputados, a los que atribuyó la coautoría del hecho; que tampoco examinaron los serios cuestionamientos que esa defensa hizo al reconocimiento del acusado en el debate, realizado por testigos que ya lo habían visto previamente en fotografías seleccionadas por uno de ellos (Nicolás Rodriguez), a partir de una búsqueda en la red social Facebook, motivada en el prejuicio de que M. era uno de “los pibes que andaban robando en el barrio” (fs. 237vta/238).
En su opinión, aquella forma de resolver, sin inmediación con la prueba y sin examinar los cuestionamientos que hizo la defensa técnica del acusado, lesionó la defensa en juicio y el debido proceso legal, e insiste en que la anulación del veredicto absolutorio y el reenvío implicaban necesariamente la realización de un nuevo juicio oral, para permitir al acusado y a su defensa alegar sobre el mérito de la prueba relativa a la hipótesis de la acusación. intervención de una nueva Sala del TCP para que actúe como tribunal revisor.
En definitiva, solicita del TCP anule la sentencia y absuelva a su asistido o, eventualmente, disponga la realización de un nuevo juicio.
Por otro lado, sostiene que la admisibilidad del recurso fiscal y el sometimiento del acusado a un nuevo proceso importó la vulneración del principio “ne bis in idem” (fs. 240vta) y denuncia ausencia de motivación de la sentencia y errónea aplicación de los arts. 42 y 80 inc. 7 del Código Penal, pues advierte que ni en el primer fallo (por no resultar necesario, al haberse dictado veredicto absolutorio), ni en el fallo de casación, ni en la segunda sentencia del TOC, se explicita algún argumento que justifique aquella calificación legal (fs. 245/vta).
Finalmente, denuncia errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y hace reserva del caso federal. Recibidas las actuaciones en la Sala III, se estimó aplicable al caso la doctrina de los precedentes “Carrascosa” y “Campo”, entre otros, de la SCBA (fs. 249), y -sorteo mediante- se radicó la causa por ante esta Sala I, se conformó su integración y se dio traslado a las partes.
El defensor adjunto, Dr. Ignacio Nolfi, contestó la vista conferida y luego de repasar los agravios invocados por la defensora de la instancia anterior, solicitó “la revisión amplia de la sentencia de la Sala III del TCP que diera por comprobada la participación de [su] defendido” y en forma subsidiaria su recalificación legal, señalando la evidencia y el razonamiento probatorio que daría sustento a su petición.
Por su parte, el fiscal adjunto Dr. Fernando Galán, solicitó se rechace el recurso de casación interpuesto, por los argumentos expuestos en el dictamen presentado.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. Al margen de las diferentes estrategias con las que los representantes del MPD -de las diversas instanciasenfrentaron el tramo relativo al alcance del reenvío ordenado por la Sala III; constato que ambos, en lo esencial, solicitan la revisión de la primera sentencia adversa del acusado, dictada en el marco del recurso de casación interpuesto por la fiscalía, luego de la sustanciación del debate y que quedó integrada con la imposición de la pena resuelta –en el reenvío- por el Dr. Fernando Ariel Bueno (fs. 185/188).
En lo esencial, la recurrente cuestiona la competencia positiva asumida por los jueces de la Sala III, en especial luego de la realización de un juicio oral válido donde, a partir de la producción de prueba testifical, se discutió la fiabilidad de los reconocimientos impropios que las víctimas hicieron del acusado. Sin perjuicio de lo anterior, alega que al casar el veredicto absolutorio, los jueces de la Sala III se basaron en una supuesta arbitrariedad en el razonamiento probatorio del magistrado, pero sin dar mayores explicaciones, limitándose a desplazar la decisión por una propia, valorando la prueba como lo hizo la fiscalía, pero prescindiendo de las objeciones que, oportunamente, formuló la defensa durante el juicio oral.
2. El trámite que siguió la presente causa y los términos en que están formulados los agravios de la defensa obligan a realizar una serie de aclaraciones para asegurar su correcto abordaje, pues presenta cuestionamientos de distinto orden.
3. En primer término, considero que la naturaleza del recurso y la materia de revisión sobre la que ingresó la Sala III, no permitían asumir competencia positiva.
En efecto, la discusión y, por ende, los aspectos controvertidos del veredicto revisado por los jueces de la Sala III involucraron fuentes personales de prueba, y fue esa misma base probatoria la estimada para dictar el veredicto condenatorio en esta instancia, sin la inmediatez, publicidad y contradicción propias del juicio oral, principios que aparecen vulnerados.
En ese sentido, observo que es la naturaleza de la prueba a fiscalizar la que permite evaluar, en cada caso, la posibilidad de arribar a un pronunciamiento condenatorio en esta instancia, aun cuando se trate de la primera sentencia adversa a los intereses del imputado.
En efecto, la posibilidad de realizar una casación positiva o negativa varía según el contexto probatorio presente en cada caso concreto y, en ese sentido, la posibilidad de arribar a un pronunciamiento condenatorio en esta instancia dependerá de las posibilidades de reconstrucción e integración objetiva del cuadro probatorio disponible, cuando la naturaleza de los elementos lo permita. Así, al contrario de lo que acontece con la prueba informativa o documental, donde los jueces revisores se encuentran objetivamente en paridad de condiciones con los de la instancia anterior en cuanto a la posibilidad de evaluar el aporte informativo de la fuente; el juicio sobre la fiabilidad del testigo como fuente de información, involucra aspectos que requieren el tamiz de la inmediatez, publicidad y contradicción del juicio oral.
En definitiva, solo procedería la asunción de competencia positiva a partir del examen de pruebas disponibles y ajenas a la fuente personal (TEDH, Stcias. del 22 de Noviembre de 2011, caso Lacadena Calero contra España; Sentencia en el caso Serrano Contreras contra España, entre otras, resuelta el 20 de Marzo de 2012).
4. Por otro lado, habiéndose encomendado la revisión del pronunciamiento dictado por otra Sala de este TCP en el marco de una revisión requerida por el acusador estatal, cabe recordar que al recurso de la fiscalía no se le concede el alcance que determina la teoría de la máxima capacidad de rendimiento, sino que debe demostrar la arbitrariedad de la sentencia. Ello determina el límite que se imponía en la revisión por parte de la Sala III.
5. No obstante, el caso presente una problemática particular, pues constato que la mayoría de la Sala III utilizó idéntico razonamiento probatorio para dar por acreditada la arbitrariedad de la sentencia (como requisito de procedencia del recurso fiscal) y considerar probada la participación de M. en el delito. Luego, la cuestión a resolver exige revisar dos aspectos estrechamente relacionados, debido a sus consecuencias: si la primera sentencia adversa del acusado tuvo como prelación lógica y condición de posibilidad la alegada arbitrariedad del veredicto absolutorio; se impone ahora la revisión de ambas cuestiones, la del juicio de admisibilidad del recurso y la de la valoración de la prueba de condena, pues la Sala III las asoció indisolublemente.
En definitiva, corresponde analizar si los jueces de casación constataron adecuadamente la arbitrariedad en el razonamiento probatorio del sentenciante y, a la vez, garantizar el derecho del imputado a la revisión integral de la primera sentencia de condena.
6. Dicho esto, observo que los jueces que integraron la mayoría de la Sala III, al abordar el recurso de la fiscalía, se limitaron a replicar lo que dijeron los testigos de cargo en el juicio oral, pero sin examinar las razones que dio el sentenciante al estimar que aquellos pudieron incurrir en un error al identificar a M. como partícipe del delito.
En efecto, luego de repasar las declaraciones de los testigos de la fiscalía, los jueces valoraron que “eran elementos por demás suficientes para tener por acreditada la intervención de M. -junto a otro- en el hecho (…) siendo que el resto de las testificales brindadas por familiares directos -madre, pareja y hermana- y amigos del aquí imputado, los que analizo desde esta óptica, en concordancia con la versión brindada por el imputado en la sala de audiencia, en un vano intento por colocarse en una situación judicial más beneficiosa” (fs. 61 de este legajo).
En mi opinión, el razonamiento de la mayoría es de una lógica inaceptable, pues inicia el voto afirmando que “de las testificales de las víctimas se aprecia (…) la certeza acerca de la intervención de M.” (fs. 59vta), pasa a transcribir esos testimonios (fs. 59vta/61) y, seguidamente, afirma que el acusado quiso colocarse en una mejor situación y el resto de los testigos de la defensa intentaron beneficiarlo, para concluir que “no compart[ían] la homologación del fallo puesto en crisis en cuanto absolvió a M. G. M.”.
En otras palabras, el voto afirma que la versión de acusado es falsa porque es verdadera la que afirman los damnificados.
7. La respuesta del TCP es dogmática y no se hace cargo de las concretas objeciones que señaló la defensa (al expedirse sobre el recurso de la fiscalía, especialmente a fs. 52vta/53), en línea con el razonamiento que siguió el veredicto absolutorio al examinar el aporte informativo de los damnificados y confrontarlos con el resto de la evidencia disponible.
Recuerdo que el sentenciante no cuestionó la fiabilidad de los damnificados Lucas Garavito y Verónica Gonzalez al describir las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho que los tuviera como víctimas, sino que constató una serie de proposiciones fácticas -con suficiente apoyo empírico- que incidieron en la calidad de la información proporcionada al identificar a M. como coautor del delito.
Por ello, resulta deficiente la argumentación que quiere demostrar la arbitrariedad del veredicto mediante el análisis aislado de lo que aquellos testigos dijeron, pues no se encuentra en discusión que declararon reconocer a M. en las fotos. Así lo valoró el sentenciante, pero también explicó porqué, dadas las circunstancias que también justificó, ese dato era insuficiente para acreditar la autoría. Concretamente, la revisión exigía examinar la justificación del sentenciante cuando estableció que no podía descartarse que los damnificados hayan incurrido en un error al identificar al acusado.
8. Al contrario, el voto que quedó en minoría examinó los planteos de la fiscalía bajo los límites impuestos al recurso de la acusación, y estableció que el recurrente dedicó la mayor parte de su presentación a “reconstruir el modo como las víctimas sindicaron al encartado y la firmeza con la que lo hicieron” (…) apoyando su argumento en el hecho de que mediaron además reconocimientos espontáneos y por fotografía” (fs. 57/vta).
No obstante, el magistrado también observó -con criterio- que ese dato era insuficiente para “conmover la premisa de base de la sentencia, esto es, que el único elemento con el que se cuenta en la causa es el reconocimiento de las víctimas”, concluyendo que, en rigor, “la impugnante insiste en un elemento de prueba que el tribunal ha valorado, y del modo como la acusadora lo pretendía” (fs. 57vta).
En ese sentido, recuerdo que la disconformidad de la parte con la solución adoptada por sentenciante no alcanza para demostrar la arbitrariedad si no se evidencia ninguna infracción de las reglas de la valoración de la prueba.
El mismo voto señaló el cuestionamiento de la fiscalía sobre la prueba de descargo, al conformarse por familiares del acusado y porque -en cualquier caso-, no pudieron dar fe de lo que hizo M. “luego de que se fueran a dormir, alrededor de las 23 horas”. Al respecto, el juez de la Sala consideró que aquel vínculo, por si solo, no determinaba el juicio desfavorable sobre la fiabilidad de los testigos, si no se contrastaba con el resto de los elementos de prueba y agregó que “el hecho de que los testigos de descargo no puedan afirmar a ciencia cierta qué hizo el imputado luego de que todos (incluso él) se fueran a dormir, solo trasluce un supuesto de duda que por imperio constitucional, no puede ser resuelto en contra del justiciable” (fs. 58).
9. En definitiva, el magistrado de la Sala III advirtió que de los términos planteados por la recurrente, la decisión aparecía reducida “a la mayor o menor credibilidad que debería darse, por un lado, al positivo reconocimiento efectuado por las víctimas, y por el otro, a los testigos de descargo, que afirman que M. se encontraba en la vivienda familiar” (fs. 58).
Sin embargo, el mismo magistrado observó que por fuera de ese reducido esquema sobre el que insistió la fiscalía, el sentenciante valoró otros elementos que fueron omitidos por esa parte: así, el resultado del allanamiento en el domicilio de M., donde no se halló ningún elemento que lo vinculara con el delito, ni que “permitiera sospechar que se dedicara a la venta de elementos sustraídos, y más importante aun, tampoco pudo acreditarse que los coimputados se conocieran (fs. 58vta, el subrayado pertenece al original).
10. Corresponde detenerse en las circunstancias relativas al primer momento de la investigación, que la defensa puso de resalto en el juicio oral y fueron constatadas por el sentenciante, pues derivaron en la irrupción de M. M. en el expediente y en su reconocimiento por parte de las víctimas, como únicas pruebas de cargo relevantes en su contra.
En efecto, no viene controvertido que los damnificados reconocieron a M. en una de las fotografías que les envió un amigo, Ezequiel Rodriguez.
No obstante, la defensa alegó que Rodriguez hizo una “especie de investigación” para dar con el supuesto autor del hecho, que pudo sugestionar el reconocimiento de las víctimas, pues el testigo buscó directamente a M. M. en Facebook, bajo la premisa de que ése estaba vendiendo un teléfono Blackberry coincidente con el sustraído a su amigo Garavito y que ya habría robado antes en el barrio, al hijo del ferretero, información que no se corroboró en el debate.
11. En lo que importa destacar, de acuerdo con las constancias del veredicto, Ezequiel Rodriguez declaró en el juicio oral que enterado del robo que habían sufrido sus amigos, preguntó a unos amigos del barrio si sabían quién vendía celulares y le dijeron “que había aparecido un Blakberry” (coincidente con el sustraído a su amigo Lucas Garavito), que lo vendía un tal M., al que “conocía de vista, no sabía ni quién era” (fs. 14).
Recordó que entró al Facebook de su primo, “lo empezamos a buscar” y encontró una foto donde había también otros sujetos del barrio y se la envió a su amiga Verónica y ella lo reconoció. Que le dijo a Verónica “estos son los chicos que viven en el fondo” del barrio y explicó “sabemos quién anda en las malas y en las buenas” (fs. 14vta).
El testigo Ezequiel Gonzalez precisó que estaba jugando al futbol con gente del barrio y fue “este pibito que nunca había jugado con él” el que le dijo que “M. tiene un celular para vender, un Blackberry” (fs. 14vta). Agregó que como su primo vivía por ahí le preguntó quién era M. y aquel le mandó su Facebook, al que se metió en búsqueda de fotos para enviarle a Verónica, “saqué la foto y se la mandé a Vero” (fs. 15) y “le dije estos son los chicos de acá al fondo”, pues se había enterado que algunos andaban robando. Agregó que uno de los chicos que jugaba con él al futbol le había contado “que M. le había robado al hijo del ferretero las zapatillas y el celular, el ferretero de la plaza de Polumbo, en la esquina de la plaza”, que la ferretería se llamaba Barboza (fs. 15).
12. Conforme lo señaló la minoría de la Sala III, el sentenciante estimó que la identificación de M. se realizó por fuera de las previsiones que fija el Código Procesal para el reconocimiento de personas, “establecidas precisamente para reducir los posibles márgenes de error”, conforme lo apreció el juez de casación (fs. 58vta).
En efecto, observo que el juez que dictó el veredicto absolutorio señaló que el reconocimiento fue impropio y que la identificación se hizo a partir “de una supuesta investigación” del testigo Ezequiel Gonzalez (fs. 26), a lo que sumó -ya vimos- el resultado del allanamiento, donde no se encontró nada que pudiera vincular a M. con el delito, ni armas o algún elemento que indicara que se dedicaba a vender elementos sustraídos como celulares (fs. 25vta), como lo declaró el testigo Gonzalez al intentar justificar su “investigación”. En similar sentido, el juez de la instancia anterior destacó la relevancia del testimonio prestado por Franco Barbosa en el juicio oral, donde declaró que su padre tenía una ferretería, “justo en frente (…) en diagonal, hay una plaza” y, en lo que importa destacar, afirmó “no fui víctima de hecho ilícito” (fs. 18vta/19), refutando los rumores que Ezequiel Gonzalez replicó en el debate como fuentes de su investigación.
13. En consecuencia, al igual que lo estimó la minoría de la Sala III, no observo arbitrariedad alguna en el razonamiento que siguió el sentenciante al considerar que los damnificados pudieron haber incurrido en un error al señalar a M. como coautor del delito, por el sesgo con el que Ezequiel Gonzalez encaró “su investigación” y les transmitió el resultado de sus averiguaciones.
14. Por otro lado, el sentenciante constató una serie de elementos que pudieron condicionar la percepción de los damnificados al momento del hecho y explicar el error en el reconocimiento del acusado: así, señaló el horario en que se cometió el delito (“a altas horas de la noche”), la capacidad para visibilizar el rostro de los autores, pues conforme sus declaraciones “usaban gorras que les tapaban parte de la cara”, cuyo color no lograron determinar, a lo que agregó el “grado de nerviosismo” que transitaron al momento del hecho (fs. 25vta/26); todas circunstancias que fueron omitidas por la mayoría de la Sala III.
15. Finalmente, el sentenciante valoró “la actitud que tuvo el imputado M. al enterarse -una semana después de los hechos- de la imputación” que pesaba en su contra, pues “intentó, sin éxito, en primer lugar, hablar con el padre de Lucas Garavito [y] paralelamente, le mandó mensajes a la progenitora de la víctima, Silvina Angélia Rojas, con el objeto de aclara la situación. Todo ello el día que se enteró, dado que al día siguiente fue detenido” (fs. 26).
16. En definitiva, el magistrado concluyó que la fiscalía no presentó otro elemento objetivo distinto a la identificación de los damnificados, que permitiera corroborar su hipótesis (fs. 26). Conforme lo expliqué en en otros pronunciamientos (TCP, Sala I, causa 104.124, entre otras), la corroboración de una hipótesis supone la posibilidad de inferir, deducir o predecir algún evento o estado de cosas empíricamente contrastable. En ese sentido, las hipótesis explicativas posibles son sometidas a contrastación empírica, a partir de la formulación de “hipótesis derivadas” o “prediccciones”, mediante el siguiente esquema de razonamiento: si la hipótesis principal es cierta, la hipótesis derivada o “predicción” también lo es.
Advierto que la noción de predicción aquí utilizada, contra el uso ordinario del término, no tiene implicancias temporales hacia el futuro, sino simplemente hacia lo desconocido: una predicción es una proposición que, al momento de enunciarse, no se sabe si es verdadera o falsa.
Supongamos que se afirma que “Juan mato´ a Pedro de un disparo por la espalda”, ¿que´ es esperable que suceda si ello fuera verdad?. A partir de ese interrogante podemos formular predicciones como, por ejemplo: si aquella proposición fáctica es verdadera, deberá constatarse el ingreso de un proyectil por la espalda de la víctima. Así, la predicción formulada puede ser contrastable (sometida a comprobación) a partir de la autopsia, es decir, confirmarse o no, de acuerdo a la prueba.
17. En el caso concreto, es posible distinguir aquel esquema de razonamiento, que el juez planteó del siguiente modo: si la hipótesis principal de de la acusación era que M. cometió el delito junto a Aquilante y se logró su individualización porque se encontraba ofreciendo a la venta un celular coincidente con el robado a Garavito; podrían formularse las siguientes hipótesis derivadas o “predicciones”: que M. y Aquilante se conocían con anterioridad a la comisión del hecho; que se hallaría algún elemento que vinculara a M. con el delito o con la venta de elementos robados.
No obstante, el magistrado constató que ninguna de esas consecuencias empíricas se probó en el debate, impidiendo corroborar la hipótesis acusatoria con un dato distinto e independiente a la declaración de los damnificados.
18. Cabe también recordar que si bien el cumplimiento de la predicción (o lo que es igual, la comprobación de la hipótesis derivada) permite avanzar sobre la corroboración de la hipótesis formulada, a la inversa, el incumplimiento de esa concreta predicción no conlleva necesariamente la refutación de la hipótesis principal, solo hace que esa hipótesis no tenga corroboración empírica pero puede, no obstante, establecerse a partir de la formulación y comprobación de otras predicciones diversas.
No obstante, constato que en el caso concreto el juez no solo descartó las predicciones formuladas partir de la hipótesis acusatoria, sino que valoró otros elementos de prueba que no pudieron ser explicados por la teoría del caso de la fiscalía pero resultaron compatibles con la hipótesis de la inocencia (por ejemplo, la conducta asumida por el acusado una vez que conoció que se lo señalaba como autor del delito, al intentar dar explicaciones sobre la confusión al padre de Lucas Garavito y también a su madre, Silvia Rojas, a quien conocía previamente).
19. En definitiva, la técnica empleada por los jueces que integraron la mayoría de la Sala III impide verificar las razones que justificaron la descalificación del razonamiento probatorio seguido por el juez del juicio, pues revalorizaron parte de la prueba testifical que se practicó en el debate, pero sin atender –ni controvertirlos motivos que dio el magistrado para limitar la capacidad de rendimiento de esa misma evidencia, en el tramo relativo al reconocimiento de M..
20. Luego, coincido con la apreciación del sentenciante en que el reconocimiento impropio del acusado, sumado a la relevancia que tuvo para el caso de la fiscalía, al erigirse en la prueba exclusiva de la autoría, exigía extremar el análisis de la eficacia probatoria de las testificales de Lucas Garavito y Verónica Gonzalez. En ese sentido, recuerdo que las exigencias procesales incumplidas, relativas al reconocimiento de personas, “no revisten el carácter de meras formalidades sino que, desde la perspectiva del derecho de defensa, configuran requisitos estrechamente ligados a la seguridad de la prueba de reconocimiento, toda vez que tanto la rueda de personas como el interrogatorio previo a los testigos que hayan de practicarlo constituyen verdaderas válvulas de garantía que operan en favor de la exactitud, seriedad y fidelidad del acto en la medida en que tienden a disminuir las posibilidades de error a fin de resguardar la sinceridad de la identificación” (CSJN, 329:5628, rta. 12/12/2002, “Miguel, Jorge Andrés Damián”, considerando 9).
21. En función de las consideraciones expuestas, corresponde casar los pronunciamientos dictados por los jueces de la Sala III del TCP y por el Dr. Fernando Ariel Bueno, del TOC 1 de Lomas de Zamora (como integrantes del fallo completo), y ABSOLVER a M. E. M. en relación a los hechos imputados, pues el examen de la prueba valorada en el veredicto que lo absolvió (dictado por el Dr. Nicolás Miguel Plo, el 15 de noviembre de 2017), confirma que ella es insuficiente para fundar una condena, siendo innecesario el tratamiento del resto de las cuestiones planteadas por la defensa (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.1 y 8.2.h), CADH; 14.1. y 14.5, PIDCP; 15, 168 y 171, Const. prov.; 1, 106, 209, 210, 371, 448, 450, 451, 454, 461, 530 y 531, CPP) y a esta primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Mancini dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión voto en igual sentido. A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Conforme el resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde: I. HACER LUGAR al recurso interpuesto por la defensa; II. CASAR los pronunciamientos dictados por los jueces de la Sala III del TCP y por el Dr. Fernando Ariel Bueno, del TOC 1 de Lomas de Zamora (como integrantes del fallo completo) y, consecuentemente, ABSOLVER a M. G. M. en el presente proceso, sin costas (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. nac, 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; arts. 42, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2, a contrario sensu, Cód. Penal; 106, 209, 210, 448, 451, 454, 456, 459, 530 y 531, CPP).
A la segunda cuestión el señor juez doctor Mancini dijo:
Que voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. HACER LUGAR al recurso interpuesto por la defensa;
II. CASAR los pronunciamientos dictados por los jueces de la Sala III del TCP y por el Dr. Fernando Ariel Bueno, del TOC 1 de Lomas de Zamora (como integrantes del fallo completo) y, consecuentemente, ABSOLVER a M. G. M. en el presente proceso, sin costas III. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 14 de la ley 48; arts. 42, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2, a contrario sensu del Código Penal; 106, 209, 210, 448, 451, 454, 456, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia