Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a M. M. A., de demás circunstancias personales obrantes en autos, a la pena de un (1) año de prisión de cumplimiento en suspenso como autor penalmente responsable del delito de hurto calificado por haber sido cometido por un integrante de las fuerzas policiales (artículo 163 bis del Código Penal) y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del C.P).
2Imponer a M. M. A. ,por el término de dos (2) años, las siguientes reglas de conducta:
A) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 1); b) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 3).
3Hacer SABER al encartado que deberá dar cumplimiento a las reglas de conducta impuestas bajo apercibimiento de revocar el beneficio de condicionalidad de la pena impuesta en presente.
4Hacer SABER a N. O. M., víctima de autos, el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos de los artículos 73 inciso b del Código Procesal Penal y 5 inciso “i” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos.
LIBRO: CII REGISTRO: 3493 FOLIO:021/026
Río Gallegos, 04 de septiembre de 2026
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia del Dr. Jorge Daniel Yance, con la vocalía por subrogancia legal del Dr. Eduardo Gabriel López y del Dr. Gerardo Antonio Giménez, Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela Mansilla, a fin de dictar sentencia en autos caratulados: "Á. M. M. S/HURTO CALIFICADO” Expte. Nro. 8325/24 y resolver la situación procesal de M. M. A., de apellido materno F., hijo de M. M. y de F. M., argentino, nacido el ** de XXXXX de 1990 en la ciudad de Salta -de la homónima provincia-, soltero, alfabeto, desempleado, con domicilio en B° xxxxxxx; titular del Documento Nacional de Identidad Nº ********, asistido por el Defensor Oficial ante esta Cámara, Dr. Emin Charif Sat, representa la acusación estatal la Fiscal ante esta Cámara, Dra. Verónica Zuvic, de los que;
Que en las presentes actuaciones se le imputa a M. M. A. “... que en fecha 6 de junio del año 2020 en el horario comprendido entre las 23:10 horas y antes de las 5:10 horas aproximadamente del día 7 de junio de ese año, el imputado, cumpliendo la función de celador en la División Comisaría de la localidad de 28 de Noviembre, encontrándose a cargo de los detenidos contraventores, en especial encargado de la recepción de elementos de los antes mencionados, se habría apoderado ilegalmente sin ejercer fuerza ni violencia de un teléfono celular marca Xiaomi Redmi 7, de color negro, con su respectiva funda de material plástico de color negro de propiedad del denunciante N. O. M....”.
De posterior elevación y trámite ante estos estrados a fs. 247/248 vta. se agregó la propuesta de Omisión de Debate en los términos del artículo 517 del Código de Rito remitida desde la Fiscalía ante esta Cámara, en la que su titular estimó que conforme las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, en caso de dictarse fallo condenatorio respecto del imputado en orden al delito de hurto calificado (Art. 163 bis del CP), correspondería imponer un monto de pena de un (1) año de prisión de cumplimiento en suspenso (art. 26 del CP), además del pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP).
Que a fs. 268 y 271/vta., tanto el Dr. Sat como el imputado aceptaron la propuesta de omisión de debate formulada por la Sra. Fiscal de Cámara, por lo que quedó expedita la vía para llevar adelante el juicio conforme lo prevé el art. 517 del Código Procesal Penal.
Que, cumplidos que fueran estos actos procesales, quedan las presentes actuaciones aptas para analizar y resolver, en primer término, la aceptación de la omisión de debate y del límite de la condena estimada por la Fiscal de Cámara y, de resultar procedente la propuesta, la situación procesal del encartado M. M. A.; y,
Que en función de lo establecido por el artículo 381 del Código Procesal Penal, la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial ha establecido el siguiente orden de tratamiento de las cuestiones traídas a despacho para resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son admisibles y procedentes la propuesta de omisión de debate y el límite de la condena estipulada por la Sra. Fiscal de Cámara? Que a la primera cuestión el Tribunal expresó:
Se han cumplido los requisitos legales establecidos en el artículo 517 del Código Procesal Penal para tornar viable la procedencia de la omisión de debate en el presente juicio en razón de que las actuaciones cuentan con la propuesta formal por parte de la Sra. Fiscal de Cámara y la correspondiente aceptación y conformidad tanto del defensor interviniente como del propio imputado.
Conforme a las características del hecho, a la entidad del bien jurídico tutelado lesionado por el delito y a las condiciones personales del imputado, a criterio de este Tribunal, el monto de pena solicitado por la Sra. Fiscal de Cámara -para el caso de recaer sentencia condenatoria- resulta admisible y adecuado.
Es por ello que este Tribunal por unanimidad resuelve en primer término decretar la omisión de debate y proseguir con el estudio de las otras cuestiones para dictar sentencia en los presentes actuados.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad del hecho ilícito, la autoría y la consecuente responsabilidad penal del acusado?
Al respecto, el Tribunal dijo:
Que a fin de dotar de eficiencia al análisis, resulta pertinente comenzar por una circunstancia que no fue controvertida en autos: La detención en carácter de contraventor del pretenso damnificado de autos, N. O. M..
A tales fines, resultan de utilidad las copias de las actuaciones labradas al respecto en la sede de la División Comisaría 28 de Noviembre agregadas a fs. 124/127 (que incluyen sus actas de detención y de libertad); de los libros de guardia de la dependencia de fs. 54/61 y 100/105 se desprende que el nombrado estuvo privado de su libertad en la dependencia aproximadamente entre las 23:10 horas del 6 de junio de 2020 y las 5:10 de la madrugada del 7.
Asimismo, y como más adelante se verá, dos de los testigos que declararon en autos –D. Z. y J. C.- compartieron casi idéntico tiempo de detención junto a él. En su denuncia de fs. 1, interpuesta una semana después, N. O. M. expresó que fue aprehendido cerca de las 23:00 horas de ese 7 de junio (circunstancia que, en razón de lo analizado, no afecta el presente análisis por resultar una mera discrepancia temporal) con motivo del resultado positivo de un testeo de alcoholemia que le practicaron en el marco de un operativo de tránsito; ya en la Comisaría, un efectivo policial cuyo nombre desconocía lo requisó y le hizo exhibir y entregar las pertenencias que llevaba consigo, que consistían, entre otros, en una billetera (que contenía tarjetas bancarias, de su obra social, su DNI y su carnet de conducir), los cordones de su calzado, un crucifijo, una pulsera, las llaves de su vehículo y su vivienda y un teléfono celular marca Xiaomi, modelo Redmi 7.
Agregó que permaneció alojado por un lapso de 6 horas, tras lo que lo trasladaron al hospital local y luego nuevamente a la Comisaría, donde le entregaron sus elementos y recuperó su libertad, por lo que se retiró a pie de la dependencia. Sin embargo, durante el trayecto hacia su domicilio constató el faltante de su teléfono móvil, por lo que regresó y solicitó su devolución, que le fue denegada con motivo de que el aparato no había sido consignado en el recibo de pertenencias; con respecto a este último, aclaró nunca le fue siquiera exhibido.
Coincidentemente, en la posterior declaración agregada a fs. 89 que prestara en fecha 2 de agosto en el marco del sumario administrativo iniciado luego de su denuncia, ratificó sus anteriores dichos y nuevamente desconoció la firma existente en el recibo de elementos “de foja -10-” (del sumario, cuyo original obra a fs. 62 de las presentes y será posteriormente analizado) porque “nunca le hicieron firmar nada”, ello además de la caligrafía de la aclaración; sin perjuicio de ello, sí admitió que la firma insertada al dorso era la suya.
En concordancia con esto último, del acta de fs. 25 se desprende que ese 13 de Noviembre le “hicieron firmar un papel” respecto del que aclaró no recordaba si consignaba la entrega de su teléfono, que recordó haber entregado “al policía que estaba como celador”; incluso detalló que se le cayó sobre la mesa en ese momento.
La secuencia ocurrida en la Comisaría fue confirmada por D. Z. y J. C., compañeros de trabajo de N. O. M. que también fueran aprehendidos esa noche; el primero de ellos -en dos ocasiones, plasmadas a fs. 6 y 18- fue contundente respecto de que en esa ocasión N. O. M. entregó sus llaves, su billetera y un teléfono celular de color oscuro con pantalla táctil “al policía”.
En igual sentido se expidió J. C., quien también vio cómo el denunciante -quien luego de recuperar su libertad no respondió sus mensajes ni sus llamados- “hizo entrega de su billetera y su celular” táctil de color negro que esa noche había visto sobre la mesa mientras jugaban a las cartas.
Por otra parte, se le recibió testimonio a gran parte de los efectivos que según las copias de los libros de guardia agregadas prestaron servicios en la dependencia el día del hecho: Andrés Cruz, Lorenzo Ramírez, Ismael Juárez, Silvia Albarracín, Dorcas Srenec y Luis Orellana.
En cuanto a las circunstancias de la aprehensión y posterior traslado de N. O. M., Z. y C., Andrés Cruz explicó a fs. 106 que se produjeron a las 23:00 horas; asimismo, en su declaración de fs. 159 precisó que aquella noche estaba realizando tareas de patrullaje junto a Gabriel Machado y Alberto Da Silva, junto a quienes arribaron como apoyo al lugar de la aprehensión (detrás de la Escuela N° 32), donde ya se encontraban Silvia Albarracín y Lorenzo Ramírez, junto a quienes participó en el traslado de Z. y que, al regresar a la dependencia, C. y N. O. M. ya se encontraban allí.
En términos concordantes, del relato de Ramírez plasmado a fs. 107 vta. surgió que acudió al sitio en su carácter de Jefe de Calle con motivo de un llamado del Comisario, donde encontró a los tres hombres ya reducidos, mientras que en sede judicial -a fs. 149- aclaró que quienes los tenían demorados eran efectivos de la DDI y que fueron trasladados de a uno -primero a N. O. M.- debido a la escasez de efectivos. Por su parte, Albarracín manifestó a fs. 111 que aquella noche estaba cumpliendo funciones como Jefa de Guardia y motivó su concurrencia de igual manera que su compañero, ocasión en la que también observó a los tres masculinos reducidos. En concordancia con ello, Ismael Juárez confirmó a fs. 109 vta. que intervino junto a ella en el traslado de N. O. M..
Los testimonios resultaron asimismo coincidentes respecto de la función que M. Á. desempeñaba en la dependencia. En este sentido, Cruz, Ramírez, Albarracín, Juárez y Orellana fueron contestes en cuanto a que el imputado era la única persona que actuó como celador o Cabo de Cuarto esa noche; de igual manera, Juárez y Ramírez confirmaron que N. O. M. quedó a su cargo luego de ser trasladado.
No resulta menor destacar que -en concordancia con la descripción que a fs. 89 dio el damnificado del policía que recibió sus elementos-, Albarracín agregó que M. M. Á. poseía una tonada característica, semejante a la de “una persona del norte del país, salteño”.
En lo relativo a la recepción y registro de las pertenencias, Cruz sostuvo que era M. M. Á. quien debía recibir los efectos de los detenidos, confeccionar el acta correspondiente y asentar todos los bienes con los que ingresaba cada persona, y recordó que aquella noche brindó seguridad mientras aquel labraba los recibos; ya en sede judicial, a fs. 159 agregó que durante el proceso también solicitó a los aprehendidos que colocaran sus pertenencias sobre una mesa.
Si bien no pudo precisar si entre ellas había algún teléfono celular, afirmó que las constancias fueron firmadas y que al momento del hecho no existía disposición alguna que exigiera la presencia de testigos durante la diligencia, aunque en la práctica solía recurrirse a ellos cuando un detenido llevaba dinero.
Albarracín, por su parte, confirmó a fs. 151 que fue M. M. A. quien confeccionó los comprobantes y cerca de la medianoche se los acercó para que los firmara, lo que hizo sin controlar su contenido debido al volumen de tareas que tenía a su cargo. En concreto respecto de la existencia del teléfono en poder de N. O. M. antes de su ingreso a la dependencia, Ramírez fue categórico al señalar que durante el palpado preventivo realizado en el lugar de la aprehensión vio el aparato -que describió como táctil de color negro-, extremo que fue también corroborado por Albarracín en su declaración prestada ante el magistrado instructor, donde precisó que ella misma vio el dispositivo mientras Ramírez efectuaba la requisa en el lugar, ello pese a que en su primera declaración había referido conocer esa circunstancia por lo que aquel le había luego comentado.
El posterior faltante del aparato también fue puesto en conocimiento de distintos integrantes de la dependencia. En primer término, durante su testimonio producido en el marco de las actuaciones administrativas de fs. 107 vta, Ramírez relató que días después fue interceptado por Z. en un supermercado, quien le contó que el teléfono de N. O. M. -que había sido entregado al celador- no le había sido devuelto, circunstancia que llamó especialmente su atención porque recordaba haberlo visto en poder del nombrado durante la aprehensión. A raíz de ello consultó a M. M. A., quien negó que el dispositivo hubiera siquiera ingresado a la Comisaría. En igual sentido, Albarracín relató un episodio semejante, por cuanto Z. le expresó que “ese policía que lo llamaban el celador” había retenido el celular y no lo restituyó al damnificado cuando recuperó su libertad, por lo que le solicitó que averiguara sus características, tras lo cual tomó conocimiento de que se trataba de un Xiaomi de color negro que no figuraba en el recibo de pertenencias. Al igual que su compañero, cuando interrogó al imputado al respecto, este sostuvo que N. O. M. nunca se lo había entregado.
Distinto es el aporte de Dorcas Srenec, quien únicamente declaró en el sumario administrativo a fs. 113 y explicó que no tuvo intervención directa en los acontecimientos porque esa noche cumplió funciones en la terminal local, por lo que su conocimiento se limitó a comentarios del faltante que posteriormente escuchó “en los pasillos”.
A ello se sumaron las reiteradas referencias relativas al posterior destino de un teléfono de similares características; en ese sentido, Albarracín sindicó que un compañero, Luis Orellana, le informó que su hermano I. había adquirido un celular de manos de M. M. A. y que incluso le exhibió capturas de las conversaciones mantenidas entre ambos, en cuyo marco recordó que en una de ellas M. M. A. le pidió que no dijera nada si le consultaban desde la Comisaría.
Por su parte, a fs. 114 vta. Orellana dio cuenta de que no intervino en los traslados, que inicialmente tomó conocimiento de ellos por Gabriel Machado y días después supo de la desaparición de un teléfono, respecto del que el propio Machado le comentó que M. M. A. “había hecho negocio” con I. -quien se dedicaba a la reparación y compraventa de celulares-; ante su consulta, este le confirmó que el encartado le había ofrecido un Xiaomi Redmi 7 como forma de pago por un trabajo por lo que le hizo saber lo sucedido, e I. se mostró dispuesto a explicar cómo lo había adquirido.
Días después, su hermano le contó que el imputado le había dicho que lo estaban investigando por la desaparición de un teléfono de un contraventor, por lo que le pidió que no le dijera nada a Luis y que había hallado el móvil “en la parte externa de la Comisaría”.
Ratificó sus dichos en sede judicial, donde expresó que ese día el celador era M. M. A., a lo que agregó que escuchó cómo Ramírez le comentó a Albarracín acerca de su diálogo con Z. y que cuando habló con I. -aproximadamente una semana después de la aprehensión de N. O. M.-, su hermano ya había vendido el aparato. Este relato fue concordante con el de su hermano, E. I. O., quien a fs. 3 confirmó que se dedicaba a la reparación y venta de teléfonos celulares, por lo que ese 11 de junio recibió un mensaje de WhatsApp en el que M. M. A. le consultó el precio estimativo de un teléfono Xiaomi Redmi que quería vender y luego se lo ofreció a ocho mil pesos.
Aportó capturas de pantalla que fueron certificadas en el acto y finalmente explicó que aceptó la entrega del aparato y cuatro mil pesos a cambio de la reparación de una tablet y otro celular que se dañó durante el arreglo, por lo que le entregó uno diferente a M. M. A.; posteriormente le vendió el teléfono Xiaomi a F. F.. También confirmó el dato que aportó su hermano a una posterior comunicación con el imputado, quien además de comentarle que “se había armado un problema” en la Comisaría, le pidió que no dijera nada al respecto, ni siquiera a su hermano. Casi un año después, ratificó sus dichos en la sede instructora, ocasión en la que ahondó respecto de lo rara que le había parecido esta última solicitud, que el teléfono estaba formateado cuando lo recibió y que no era la primera vez que hacía reparaciones a aparatos del encartado, que eran “de la novia, del sobrino de la novia, cosas así”. En una última declaración que prestó a fs. 92/vta en el marco del sumario administrativo labrado respecto de M. M. A., sumó que el móvil era un Xiaomi Redmi 7 de color negro.
Además, sostuvo que ya había enajenado el teléfono a un tercero, F. F., quien, llamado que fuera a prestar declaración, confirmó que había consultado y luego comprado un Xiaomi Redmi formateado de color negro a I. O., quien pasado un tiempo lo llamó para consultarle por el aparato y le dijo que parecía que la persona que se lo vendió lo había robado; ambos coincidieron en que la modalidad de pago originalmente pactada era en dos cuotas.
En definitiva, la valoración conjunta de los elementos incorporados permite tener por acreditada la materialidad del hecho objeto de reproche, conclusión que no descansa únicamente en los dichos de N. O. M., sino que encuentran respaldo en los testimonios de quienes fueron detenidos junto a él y en los de los propios efectivos policiales que intervinieron en la aprehensión, requisa, traslado e ingreso de los contraventores. Del mismo modo, su posterior faltante se corresponde con la circunstancia objetiva de que al recuperar la libertad el damnificado recibió los restantes efectos pero no el teléfono, que tampoco fue incluido en el recibo confeccionado al momento de su ingreso.
En cuanto a la autoría del hecho en cabeza del encartado, el cuadro indiciario conformado converge de manera particularmente intensa sobre M. M. A., toda vez que los testimonios de los funcionarios que prestaron servicio aquella noche lo ubicaron como único celador o Cabo de Cuarto -función en cuyo marco el denunciante quedó a su cargo- y precisaron que era él quien se encontraba a cargo de recibir, registrar y custodiar los efectos de las personas alojadas, además confeccionar personalmente los respectivos recibos. En ese contexto, la ausencia del celular en el recibo de pertenencias, lejos de neutralizar la hipótesis incriminante, aparece como una circunstancia fácilmente atribuible a quien tenía precisamente a su cargo su confección y control, máxime cuando la presencia y entrega del aparato resultaron acreditadas por fuentes independientes. Sin perjuicio de ello, corresponde valorar la defensa material que durante la etapa preparatoria esgrimió el imputado, ocasión en la que sostuvo que la noche del hecho efectivamente recibió a N. O. M. de parte de Ramírez en el exterior de la Comisaría y luego confeccionó los recibos de pertenencias de los tres contraventores mientras su compañero Cruz las extraía; aproximadamente a las 23:35, mientras firmaban los recibos, ingresó al área el Cabo Brian Fernández -cuyas tareas de celador iban a comenzar a las 00:00 horas- quien vio cómo N. O. M. -que esa noche no llevaba consigo un celular- firmaba su recibo.
Agregó que días después, un remisero –M. O.- le vendió un Xiaomi Redmi 7 que luego le dio a O. a cambio del reemplazo de una batería de otro y del pin de una tablet.
Si bien parte de su relato fue corroborada a fs. 185 por O. -quien afirmó que la transacción, en la que vendió a M. M. A. un teléfono Xiaomi que había quedado en su auto y no había sido reclamado-, entiende el Tribunal que ello no configura sino un intento de mejorar su situación procesal por parte del encartado -que no obsta a la veracidad o no de los dichos del testigo-. Sus argumentaciones se ven contradichas por el resto del plexo probatorio incorporado, que, a diferencia de esta versión, se ve nutrida por una serie de indicios -entendidos como hechos o circunstancias de las cuales se puede, mediante una operación lógica, inferir la existencia de otro (conf. Cafferata Nores, José I., “La Prueba en el Proceso Penal”, Depalma, Buenos Aires, 1998, pág. 192)- serios, coincidentes y concordantes que evidenciaron el accionar llevado a cabo por M. M. A..
Al respecto, explica Jauchen que “... los indicios que se refieren al tiempo y lugar del delito configuran puntos de partida importantes, tanto en la etapa inicial de investigación como al momento de la decisión final porque permiten enlazar frecuentemente estas circunstancias con otras, a las cuales habrá de recurrirse para seguir la línea de investigación...” (Jauchen, Eduardo, Tratado de derecho Procesal Penal, Tomo III, Rubinzal-Culzoni, 2013, Págs. 132/133).
En ese sentido, la conclusión a la que se arribara se ve robustecida por los elementos que permitieron reconstruir las circunstancias posteriores al hecho, como por ejemplo las declaraciones de los hermanos Orellana -uno de los cuales aportó capturas de las conversaciones que mantuvo con el encartado- y el testimonio del posterior adquirente (F.), que permitieron establecer que a pocos días de su comisión, M. M. A. ofreció y entregó a I. O., un Xiaomi Redmi 7 de color negro de iguales características al sustraído que ya había sido formateado y terminó en manos de un tercero.
También adquieren especial significación la negativa de que el teléfono hubiera ingresado a la dependencia que M. M. A. oportunamente sostuvo ante Z. -que se vio desmentida por los intervinientes en la aprehensión y quien lo asistió durante la entrega de pertenencias- y sus posteriores manifestaciones al técnico de que no comentara el ofrecimiento que le había hecho.
Así las cosas, el Tribunal entiende que a lo largo de la presente se acreditó con el grado de certeza requerido por la instancia que en el marco de la aprehensión y posterior traslado de N. O. M. a la Comisaría de la localidad de 28 de Noviembre durante la noche del 6 de junio de 2020 y la posterior madrugada, M. M. A. se apropió de un teléfono Xiaomi Redmi 7 que se encontraba en poder de aquel y no lo restituyó al momento de que recuperara su libertad.
Asimismo, y toda vez que en el transcurso de la producción del proceso no se han comprobado situaciones especiales que hagan viable algunas de las causas de exclusión o de justificación previstas en el artículo 34 del Código Penal ni de la existencia de excusa absolutoria alguna, el Tribunal entiende que el encartado deberá responder penalmente por los hechos imputados.
TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué calificación jurídica corresponde otorgar a la conducta del acusado en el hecho?
A la tercera cuestión, el Tribunal dijo:
Acreditadas que fueran la materialidad y la autoría del hecho objeto de pesquisa, corresponde ahora tratar su encuadre jurídico, que al momento de requerir la Elevación a Juicio de las presentes fue hurto calificado (art. 163 bis del Código Penal)
Así, en primer lugar, no requiere mayores esfuerzos determinar que en razón del apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble por parte del encartado, por lo que su accionar constituye primigeniamente en las previsiones del delito de hurto (art. 163 del CP).
Ahora bien, el análisis de la conducta no se agota en el que antecede; toda vez que el mencionado apoderamiento de parte de M. M. A. se produjo en el marco de sus tareas como funcionario policial, sobre la figura básica recae el agravante previsto en el segundo supuesto del artículo 163 bis del Código Penal.
Es por ello que este Tribunal entiende que el actuar oportunamente llevado a cabo por M. M. A. resulta constitutivo del delito de hurto calificado por haber sido cometido por un integrante de las fuerzas policiales (artículo 163 bis del Código Penal).
CUARTA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar?
Al respecto, el Tribunal dijo:
Que para establecer la sanción justa aplicable, se debe tomar en cuenta la participación del imputado y la calificación legal que fuera establecida, actuando de conformidad con las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Que en este caso en particular el Tribunal debe actuar conforme lo estipula el artículo 517 del Código de Rito, que en su párrafo quinto prevé que si bien puede arribarse a una sentencia absolutoria, en caso de dictarse una condenatoria la sanción nunca podrá superar la pena mayor requerida por el Agente Fiscal o la parte querellante (si la hubiere).
Asimismo, y a los fines de graduar la pena, deben tenerse en cuenta las resultas del informe socioeconómico-ambiental y las demás constancias obrantes en autos, de los que surge que el encartado nació en la localidad de Salta -de la homónima provincia- hace 35 años, vive en 28 de Noviembre desde el año 2013, no completó sus estudios secundarios, trabaja en el mercado informal como changarín, vive junto a su madre en una vivienda de propiedad de su padre afín y es padre de dos hijos próximos a cumplir la mayoría de edad que residen en Salta junto a su progenitora a cuya manutención colabora en la medida de sus posibilidades en razón de su actual situación laboral.
Como agravante corresponde valorar la posterior actitud sostenida por el encartado, que intentó encubrir su actuar y dificultó la actuación investigativa, mientras que opera como atenuante la inexistencia de antecedentes penales a su cargo que surge a fs. 189 y 200.
Valorados los elementos precedentemente expuestos, entendemos que al momento de disponer la imposición de la pena resultan operativas las previsiones del artículo 26 del Código Penal en razón de que las circunstancias personales del imputado permiten inferir un pronóstico de reinserción social favorable, sumado ello a que la ejecución efectiva de la pena resultaría innecesaria para prevenir la comisión por su parte de nuevos delitos similares; es por ello que, evaluada que fuera la situación personal de M. M. A. en su relación con el contexto fáctico y jurídico contenido en este proceso y conforme a las pautas mensurativas contenidas en el Digesto Penal, se considera apropiado, además de la imposición de las costas procesales, aplicar la pena de un (1) año de prisión de cumplimiento en suspenso en orden al delito de hurto calificado por haber sido cometido por un integrante de las fuerzas policiales (artículo 163 bis del Código Penal), ello en concordancia de lo sugerido por la Sra. Fiscal de Cámara.
Asimismo, durante el plazo de dos (2) años, el nombrado deberá observar las Reglas de Conducta Nro. 1 y 3 del art. 27 bis del Código Penal bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se le revoque el beneficio de la condicionalidad de la pena impuesta en la presente.
Además, deberá hacerse saber a la víctima de autos del estado del trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos de los artículos 73 inciso “b” del Código Procesal Penal y 5 inciso “i” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos.
En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383, 386 y 517 del Código Procesal Penal, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial:
1. CONDENAR a M. M. A., de demás circunstancias personales obrantes en autos, a la pena de un (1) año de prisión de cumplimiento en suspenso como autor penalmente responsable del delito de hurto calificado por haber sido cometido por un integrante de las fuerzas policiales (artículo 163 bis del Código Penal) y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del C.P).
2. IMPONER a M. M. A. ,por el término de dos (2) años, las siguientes reglas de conducta:
a) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 1); b) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 3).
3. HACER SABER al encartado que deberá dar cumplimiento a las reglas de conducta impuestas bajo apercibimiento de revocar el beneficio de condicionalidad de la pena impuesta en presente.
4. HACER SABER a N. O. M., víctima de autos, el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos de los artículos 73 inciso b del Código Procesal Penal y 5 inciso “i” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos.
5. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE la presente; firme que sea, REMÍTANSE los presentes actuados a la Secretaria de Ejecución a sus efectos.-
Fdo. Dr. Jorge Daniel Yance –presidente- Dres. Eduardo Gabriel López y Gerardo Giménez –subrogantes- ante la Dra. Gabriela Mansilla –secretaria-.
Fin de la sentencia