Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala III · Causa I-37957-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Cristian Enrique Tamburo, en su carácter de defensor particular de Miguel Ángel Martínez, por los motivos expuestos en el considerando (arts. 164, 421, 439, 442, 443 del C.P.P.).
II. Rechazar el recurso interpuesto y confirmar , en todo cuanto fuera materia de agravio, la resolución mediante la cual la titular del Juzgado de Garantías nº 3 departamental convirtió en prisión preventiva la detención de Miguel Ángel Martínez, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por el vínculo y por aprovecharse de la situación de convivencia preexistente con un menor de dieciocho años de edad, previstos y reprimidos por el artículo 119, segundo y tercer párrafo, en función del cuarto párrafo, incisos b) y f), del Código Penal. (arts. 16, 168 y 171 de la Const. Prov. de Bs. As.; 106, 146, 148, 157, 158, 159, 163 a contrario sensu , 170, y 171 del CPP; y art. 119, parr. 2 y 3, en función del cuarto párrafo incs. b y f del CP; arts. 7.5, 8.2, h de la CADH; y 9.3 del PIDCyP).
A fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Cristian Tamburo, defensor particular de Miguel Ángel Martínez, contra el auto que convierte en prisión preventiva su detención, dictado por la Dra. Andrea Rodríguez Mentasty, jueza titular del Juzgado de Garantías n° 3 Departamental.
Sometida al acuerdo la presente causa, a efectos de tratar los recursos de apelación interpuestos y practicado el sorteo de rigor, resultó el siguiente orden de votación: en primer término, el Dr. Oscar R. Quintana y, en segundo lugar, el Dr. Carlos F. Blanco, y en caso de disidencia habrá de intervenir el Dr. Gustavo A. Herbel.
A continuación, los señores jueces resolvieron plantear y votar las siguientes cuestiones:
1. ¿Es admisible la cuestión planteada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ, DR. QUINTANA, DIJO:
La recurrente resulta legitimada para interponer el recurso en tanto posee un interés directo en su resolución, circunstancia que surge de las constancias de la causa. A su vez, han observado los requisitos de tiempo y forma exigidos y expusieron los motivos de agravio junto con sus fundamentos.
En función de los argumentos expuestos y encontrándose abastecidos también los requisitos formales que establece el rito penal, a la primera pregunta del epígrafe, VOTO POR LA AFIRMATIVA (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y arts. 164, 439, 441, 442 y ccdtes. del C.P.P.).
A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ, DR. BLANCO, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, el Dr. Martínez, por sus mismos motivos y fundamentos.
ASÍ LO VOTO (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ, DR. QUINTANA, DIJO:
I. Que la Sra. Jueza titular del Juzgado de Garantías n° 3 Departamental -Dra. Andrea Rodríguez Mentasty- resolvió convertir en prisión preventiva la detención de Miguel Ángel Martínez en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por el vínculo y por aprovecharse de la situación de convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad, previstos y reprimidos por el art. 119 segundo y tercer párrafo en función del cuarto párrafo incs. b) y f) del Código Penal; en orden al siguiente hecho: "En fecha indeterminada, pero cuanto menos a mediados del año 2025, época en que la menor Johanna Abigail Martinez -nacida el 22-12-2010- contaba con 14 años de edad, el aquí imputado Miguel Ángel Martinez, concubino de su progenitora, y quién mantuvo una relación de padre e hija con la nombrada hasta le brindo su apellido, abuso de la misma en reiteradas oportunidades agrediendo su integridad sexual. Dichos abusos consistieron en realizarle tocamientos con sus manos en los pechos y en la vagina de la menor por debajo y por encima de su ropa, llegando a accederla en forma digital en su vagina. Dichos sucesos tenían lugar en el domicilio de convivencia, y en ocasiones en que la niña se acostaba a ver películas juntos a sus progenitores - en el medio de ambos- en la cama matrimonial y en circunstancias en que su madre se quedaba dormida. Para llevar a cabo tal aberrante conducta el mentado Martínez se aprovechó de la de situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad y de tratarse del encargado de la guarda. Los hechos descriptos tuvieron lugar en el domicilio de convivencia sito en calle Labarden 8474 de la localidad de Del Viso partido de Pilar. Por su duración en el tiempo y las circunstancias de realización dichos abusos resultaron ser un sometimiento gravemente ultrajante para la niña, a quién el imputado le preguntaba si le gustaba lo que le hacía, y cuando la menor le contestaba en forma negativa éste le refería "entonces para qué te dejas tocar", evidenciando la menor signos de coerción y manipulación psicológica por parte del sindicado, quién la amenazaba activamente para que guarde secreto, intentando culpabilizarla por sus propios actos delictivos".
Verificó riesgo elusivo a partir del tenor de una eventual reacción sancionatoria y la gravedad del hecho.
III. Contra dicho pronunciamiento la defensa particular de Martínez, interpuso recurso de apelación.
El Sr. Defensor plantea la arbitrariedad de la resolución recurrida, por considerar que el magistrado garante, sostiene dogmáticamente la acreditación de la materialidad ilícita, la intervención de su asistido y la existencia de peligros procesales, mediante una valoración fragmentaria de la prueba y la omisión de elementos de descargo.
Por otra parte, plantea la nulidad de la pericia psicológica oficial y de los actos que sean su consecuencia, por falta de notificación previa de su realización y consiguiente afectación del derecho de contralor.
Asimismo, objeta las conclusiones de dicha experticia por atribuir los indicadores detectados a los abusos denunciados sin descartar otras causas vinculadas con la historia personal y familiar de la adolescente.
En cuanto a la suficiencia probatoria, alega inconsistencias en el relato de la adolescente y su incompatibilidad con los resultados del examen médico, cuestiona la ausencia de corroboración autónoma de los testimonios de develamiento y denuncia la falta de adecuada ponderación de las declaraciones de la madre y del tío materno.
Sobre esa base, solicita el sobreseimiento o, subsidiariamente, la falta de mérito y la inmediata libertad. En su defecto, pretende la recalificación de los hechos como abuso sexual simple, por entender que no se acreditó la penetración digital ni un sometimiento gravemente ultrajante, considerando insuficiente para este último encuadre la mera reiteración temporal de los actos.
Finalmente, controvierte la existencia de peligros procesales concretos, invocando el arraigo, la actividad laboral, la ausencia de antecedentes y la sujeción al proceso de su asistido, así como el cese de la convivencia con la adolescente, el cumplimiento de la prohibición de acercamiento y la incorporación de la prueba principal; en consecuencia, solicita su libertad o la aplicación de una medida menos gravosa, proponiendo arresto domiciliario con monitoreo electrónico y prohibición de acercamiento y contacto.
IV. Analizada la cuestión traída a estudio de esta Alzada, adelanto que habré de proponer al acuerdo confirmar la resolución apelada, por compartir los fundamentos y la solución adoptada por la Magistrada Garante.
A. Preliminarmente, en cuanto a la arbitrariedad atribuida al pronunciamiento, advierto que la resolución recurrida exterioriza las razones que condujeron a la magistrada a tener por acreditadas, con el grado de probabilidad propio de esta instancia, la materialidad ilícita y la intervención del imputado.
En efecto, identificó como elemento central la declaración de la adolescente recibida en Cámara Gesell, examinó su correspondencia con las manifestaciones efectuadas durante las entrevistas previas que mantuvo y ante sus familiares, y ponderó las conclusiones de la evaluación psicológica y el contexto de convivencia en el que se habrían desarrollado los hechos. De tal modo, la decisión ha cumplido con el requisito legal de motivación previsto en el art. 106 del Código Procesal Penal y no constituye una afirmación meramente dogmática de la hipótesis acusatoria.
La garantía procesal de motivación, legitima las decisiones jurisdiccionales, y permite el control de las mismas, en consonancia con la garantía del debido proceso legal (artículo 18 de la CN). La ausencia de razones explícitas priva a las partes del derecho a discutirlas y hace imposible controlar la eventual discreción del juzgador.
La resolución recurrida contiene, entonces, fundamentos que permiten conocer y revisar las razones de la decisión. Que el apelante discrepe con ellos no equivale a su ausencia, sin perjuicio de que su corrección y suficiencia deban examinarse al responder los cuestionamientos concretos formulados por la defensa.
B. Corresponde abordar la nulidad pretendida de la evaluación psicológica de J.A.M., practicada por la Lic. Dolores Buitrago e instrumentada en la pieza digital CCS E14000010236591.
El recurrente sostiene que la ausencia de notificación previa (conf. art. 247 del C.P.P.) impidió proponer un perito de parte, formular puntos de pericia y controlar las operaciones realizadas, con afectación de la garantía de defensa en juicio.
El examen del planteo requiere distinguir la regularidad de la producción del informe de las objeciones dirigidas a su metodología y eficacia probatoria. Mientras la primera cuestión concierne a la oportunidad de intervención y contralor de la defensa, las restantes se vinculan con el alcance que corresponde asignar a las conclusiones de la profesional y serán consideradas al valorar el cuadro probatorio.
Sobre el primer aspecto, por disposición fiscal del 22/04/2026, se ordenaron evaluaciones psicológicas de la adolescente y del imputado; asignadas las fechas, el 06/05/2026 el Ministerio Público Fiscal libró oficios para notificar al imputado -mediante encomienda a la comisaría correspondiente por domicilio- y se cursó comunicación a la Defensa Oficial que entonces lo asistía (conforme surge de la pieza digital obrante en CCS E14000010181697 el oficio de notificación fue remitido a la dirección de correo del Dr. Gonzalo Paredes Abba ( [email protected] ).
De tal modo, la controversia no puede examinarse a partir de la premisa de una ausencia absoluta de comunicación a la defensa tal y como lo plantea el defensor particular en su líbelo recursivo.
En efecto, las constancias reseñadas dan cuenta de que el 6 de mayo de 2026 se remitió la notificación de la pericia que viene aquí cuestionada al domicilio electrónico del defensor oficial que entonces asistía a Martínez. Esta circunstancia contradice la premisa de una producción pericial sustraída por completo al conocimiento de la asistencia técnica.
En este sentido, la posterior designación del defensor particular Dr. Cristian Enrique Tamburo, quien ha sido propuesto para el cargo y asumido el mismo el 26/08/2026 -es decir con posterioridad a la evaluación pericial cuestionada- no priva de eficacia a la comunicación cursada a quien ejercía esa función oportunamente ni permite equiparar el desconocimiento alegado por el nuevo letrado con la ausencia de oportunidad de intervención de la defensa.
Si bien no se encuentra acreditada la notificación personal al imputado, tal deficiencia debe examinarse atendiendo a su concreta incidencia sobre el ejercicio del derecho de defensa.
En ese sentido, el recurrente enumera las facultades de proponer un perito de parte, formular puntos de pericia y controlar las operaciones, pero sustenta su alegada privación en una falta absoluta de comunicación que no se corresponde con las constancias de la causa. No explica por qué la comunicación cursada al defensor oficial habría resultado inidónea para ejercer aquellas facultades ni identifica un impedimento concreto que, pese a ella, hubiera frustrado su ejercicio. Tampoco precisa de qué modo la falta de acreditación de la notificación personal habría ocasionado una restricción adicional a la asistencia técnica con la que contaba. En tales condiciones, no se advierte un perjuicio producido o susceptible de producirse que justifique la invalidación pretendida (arts. 201 y 203 del C.P.P.).
A ello se añade que las objeciones formuladas respecto de la metodología empleada, la interpretación de los indicadores psicológicos y la ausencia de consideración de explicaciones alternativas pueden ser sometidas a examen mediante el requerimiento de explicaciones a la profesional y la crítica técnica de sus conclusiones. Esta posibilidad no se invoca como sustitución automática del control de las operaciones periciales, sino como una vía subsistente para controvertir los aspectos del dictamen concretamente cuestionados, cuya eficacia probatoria deberá ponderarse junto con los restantes elementos de convicción y sin atribuirle aptitud autónoma para demostrar los hechos o su autoría.
Por consiguiente, la falta de acreditación de la notificación personal, ponderada junto con la comunicación cursada a la Defensa Oficial y la ausencia de demostración de una afectación concreta de las facultades de intervención y contralor, no permite tener por configurada la lesión constitucional invocada. Entiendo, entonces, que corresponde rechazar la nulidad de la evaluación psicológica y la consecuente pretensión de invalidar, por ese motivo, la prisión preventiva recurrida.
C. Materialidad ilícita y autoría.
Despejada la cuestión anterior, corresponde examinar los agravios dirigidos contra la acreditación de la materialidad ilícita y la probable intervención de Martínez en el suceso que le es imputado en el caso.
La defensa sostiene que la imputación se apoya en un relato inconsistente, reproducido por familiares que carecen de conocimiento directo de los hechos y respaldado por una evaluación psicológica cuyas conclusiones cuestiona. Asimismo, invoca los resultados del reconocimiento médico y las declaraciones de la madre y del tío materno de la niña, como elementos que desvirtuarían la hipótesis acusatoria.
Para abordar tales objeciones, corresponde precisar que el elemento central de la imputación es la declaración de J.A.M. recibida en Cámara Gesell. En aquella oportunidad, la adolescente identificó a Martínez -su "padrastro", quien era la pareja conviviente de su madre- como quien habría realizado los actos denunciados, describió tocamientos en sus pechos y genitales e introducción de dedos en la vagina, y situó los episodios en el domicilio de convivencia, algunos de ellos mientras se encontraba en la cama matrimonial junto a su madre y al imputado, cuando aquella se quedaba dormida. También atribuyó al nombrado expresiones dirigidas a responsabilizarla por lo sucedido y amenazas para que guardara silencio.
Se trata, por tanto, de una atribución que contiene referencias concretas acerca de la persona señalada, la naturaleza de los actos y sus circunstancias de realización. Su valoración requiere examinar esos aspectos y confrontarlos con los restantes elementos reunidos, sin que la sola reiteración del relato determine su credibilidad ni las objeciones que plantea la defensa, respecto de un pasaje aislado del testimonio, autoricen a descalificarlo íntegramente.
En cuanto a la referencia al "ovario", el planteo defensivo atribuye a esa expresión un significado anatómico que no se corresponde con el contexto en que fue utilizada. Al ser consultada sobre el lugar del cuerpo al que se refería cuando decía "abajo", la adolescente respondió "ovario" (sic) e inmediatamente aclaró "creo que le dicen así" (sic). Luego, preguntada acerca de otra palabra que utilizara para nombrarlo, expresó "la cola" (sic) y, al requerírsele que indicara para qué servía, contestó "hacer pis" (sic). Esta secuencia evidencia una imprecisión en la denominación de la zona corporal que refirió como ubicada "abajo", antes que la descripción de un contacto -mediante acceso digital- con un órgano interno.
No resulta razonable exigir a la adolescente, por el solo hecho de su edad como plantea la defensa, un conocimiento exacto de la nomenclatura anatómica ni interpretar sus palabras prescindiendo de las aclaraciones que ella misma brindó al respecto. La referencia funcional empleada permite comprender que su relato alude a su zona genital, aun cuando no utilizara el término anatómico correspondiente. Por ello, la expresión cuestionada no autoriza a concluir, como pretende el recurrente, que el relato sea físicamente imposible o constituya una fabulación. La determinación de la concreta modalidad del contacto debe efectuarse a partir de la descripción integral de los actos, sin convertir una dificultad para nombrar la parte del cuerpo en una contradicción sobre lo sucedido.
La identificación de la zona corporal señalada por la adolescente encuentra respaldo en los testimonios de Juana Mirtha López y Celeste Soledad Cuellar. López declaró que su prima le contó respecto de los hechos denunciados e indicó tocamientos "en sus pechos y "ahí abajo" a esto me refirieron, en la zona íntima de adelante, la vagina.". (sic). En otro pasaje de su testimonio vuelve a referirse a tocamientos en los pechos y en la vagina. Por otra parte, Cuellar también se refirió a tocamientos en la vagina de J.A.M, conforme su hermana le indicara al contarle los hechos de los que fuera víctima.
En cuanto a las declaraciones de Celeste Soledad Cuellar -hermana- y de las primas de la niña, "testigos de oídas" según la defensa, asiste razón al recurrente en que no constituyen fuentes independientes de conocimiento sobre la ejecución de los abusos, pues las nombradas refirieron aquello que la adolescente les había transmitido. Sin embargo, esa limitación no las priva de toda utilidad probatoria: permiten reconstruir las circunstancias del develamiento, las manifestaciones recibidas y, en el caso de la hermana, el estado de angustia que afirmó haber observado cuando J.A.M. expresó su negativa a regresar al domicilio materno.
Por otra parte, la proximidad temporal de aquellas revelaciones con la denuncia no demuestra, por sí misma, una inducción mutua o la elaboración concertada de una acusación.
En particular, el testimonio de Celeste -denunciante de autos y hermana de J.A.M- no se limita a reproducir la narración de los hechos que la niña le transmitió, sino que aporta observaciones propias sobre las circunstancias en que se produjo su revelación: el llanto de la adolescente y su negativa a regresar al domicilio materno.
En el mismo sentido, otra de sus primas, Milagros Luján Salto, declaró que cuando J.A.M le contó de lo hechos investigados "se puso a llorar y solo me decía que no quería regresar a su casa; me puse mal porque la vi muy angustiada y no entendía que le estaba pasando; le di su espacio para que se tranquilice y después me contó que Miguel -su padrastro- le tocaba sus partes." (sic). En otro pasaje de su testimonio refirió que su prima le dijo que "no podía contarlo porque su madre e iba a enojar con ella, me decía 'no me van a creer, le van a creer a él, no puedo'" (sic).
Si bien tales manifestaciones no demuestran por sí solas la existencia de los abusos ni su causa, constituyen datos percibidos directamente por la testigo que deben ponderarse junto con el relato de J.A.M..
En cuanto a la hipótesis alternativa propuesta por la defensa, el conflicto de la niña con su madre por el retiro del teléfono celular y el deseo previo de abandonar el hogar, deben ser considerados al examinar la teoría del caso defensista, pero no permiten inferir automáticamente que la denuncia haya sido concebida como un medio o una estrategia de la niña para lograr ese propósito.
En esta senda, la circunstancia de que la madre de J.A.M. no crea en el relato de su hija conforme ella misma lo manifestara al momento de prestar testimonio en sede fiscal y exponer que cuando se enteró de los hechos le dijo "a Johanna que no le creía lo que decía, ella me respondió 'por eso no te lo conté' y me fui para mi casa. Cuando llegué hablé con Martínez y él negó haber tocado a mi hija. Creo que mi hija miente porque se quiere ir de mi casa, yo le había sacado su celular porque estaba teniendo contacto virtual con hombres que calculo que son más grandes. A mi sobrina Marisa, quien vive en el mismo terreno que yo- hace 2 meses Johanna le dijo delante de mi hijo Joel que ella se quería ir y no encontraba la forma de hacerlo" (sic); no permite, por sí sola, descalificar los dichos de la niña; para ello, corresponde examinar si las razones que brinda para sostener su descreimiento aportan elementos concretos que contradigan los hechos denunciados.
En este sentido, la nombrada no habría tomado cuenta de los episodios denunciados, y esta circunstancia se condice con lo relatado por la niña en cuanto a haber situado los tocamientos en oportunidad en que su progenitora se encontraba dormida. Asimismo, la percepción de una relación cotidiana armoniosa entre su hija y el imputado tampoco contradice necesariamente el relato de la adolescente, toda vez que se trata de circunstancias que pueden coexistir sin que necesariamente una desmienta a la otra.
Por ello, su testimonio no aporta, en esos aspectos, una comprobación incompatible con la imputación, sino una interpretación de la dinámica familiar que debe ponderarse junto con los restantes elementos reunidos.
Así las cosas, la misma Viviana Salto refirió respecto de los hechos imputados: "Yo también tengo mis dudas, a mí también me han tocado y siempre fui muy cuidadosa con eso, por eso me llama la atención en qué momento me descuide para que pase esto. Lo último que quiero agregar es que si él es culpable que la pague." (sic). Tales manifestaciones muestran que su posición no es de certeza absoluta acerca de la inexistencia de los hechos, sino que incluye dudas y la posibilidad de que los tocamientos denunciados por su hija hubieran ocurrido sin que ella los advirtiera. Sin que esas expresiones constituyan una corroboración de los abusos, impiden considerar el descreimiento materno como una refutación concluyente de los hechos denunciados.
Tampoco comparto el alcance exculpatorio que la defensa atribuye a la declaración de Néstor Rubén Salto -tío materno de la niña-. El testigo no aporta conocimiento directo sobre los hechos denunciados, pero corrobora circunstancias del contexto de convivencia también relatadas por J.A.M., particularmente su residencia en el domicilio y que, a partir de su llegada, la adolescente comenzó a compartir habitación con su hermano.
Por ello, la modificación habitacional invocada por el recurrente no constituye una contradicción con el relato de la joven, quien también dio cuenta de ella. La defensa infiere de esa circunstancia una imposibilidad de comisión que no se desprende del testimonio, pues los hechos atribuidos comprenden un período anterior a la llegada del tío y episodios situados en la cama matrimonial y en otros sectores de la vivienda. Del mismo modo, que el nombrado no hubiera observado situaciones extrañas entre la adolescente y Martínez expresa el límite de lo que pudo percibir durante la convivencia, pero no demuestra que los actos denunciados no pudieran haber ocurrido fuera de su observación.
En cuanto a la evaluación psicológica, la defensa cuestiona su valor probatorio por considerar que la profesional atribuyó los indicadores observados a los abusos denunciados sin examinar suficientemente otras posibles causas, tales como el fallecimiento del padre biológico, las modificaciones en la convivencia familiar y los conflictos con la progenitora. Sostiene que, por tratarse de indicadores inespecíficos y no haberse efectuado un diagnóstico diferencial, las conclusiones del informe carecen de sustento suficiente para corroborar la hipótesis acusatoria.
En este sentido, corresponde precisar que la perito psicóloga describió indicadores de afectación emocional y concluyó que las vivencias de impacto traumático observadas resultarían asociadas a los hechos denunciados. Esa formulación no equivale a establecer que los abusos constituyan la causa exclusiva de los indicadores detectados, como presupone el recurrente, ni permite atribuir al dictamen aptitud autónoma para demostrar su ocurrencia o identificar a su autor.
La posible incidencia de otros factores emocionales mencionados por la niña la momento de la entrevista, exigen cautela al valorar el origen de la afectación observada y señalada por la profesional. Sin embargo, la existencia de esas circunstancias no demuestra que expliquen íntegramente los indicadores señalados, ni excluye su eventual vinculación con los acontecimientos relatados. Por ello, la objeción defensiva limita el alcance que puede asignarse a las inferencias de la profesional, pero no priva de toda utilidad a sus observaciones.
En tales condiciones, el informe es un elemento complementario, referido al estado psicológico de J.A.M. y a las manifestaciones registradas durante la evaluación, sin considerar que los indicadores descriptos sean específicos de abuso sexual ni que permitan establecer una relación causal exclusiva. La acreditación provisional de los hechos y de la intervención atribuida a Martínez debe sustentarse en el examen conjunto de la declaración de la adolescente y los restantes elementos reunidos, sin utilizar de manera exclusiva la pericia para suplir ese análisis.
El agravio defensista referido a la inexistencia de lesiones físicas que permitan corroborar el acceso carnal por vía digital atribuido debe ser examinado con especial consideración de los estándares internacionales aplicables a la valoración probatoria en casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
En tal sentido, corresponde señalar que la ausencia de lesiones físicas constatables no constituye, por sí misma, un elemento suficiente para descartar la existencia de una penetración digital, pues tal razonamiento presupone que este tipo de conductas necesariamente produce lesiones objetivables, conclusión que no puede asumirse como una regla general.
La adopción de dicha premisa como criterio decisivo de valoración probatoria podría importar la reproducción de un estereotipo vinculado con las manifestaciones físicas esperables de la violencia sexual, incompatible con el deber de examinar estos hechos desde una perspectiva de género, infancia y derechos humanos.
Ello no implica restar valor al informe médico ni desatender los cuestionamientos formulados por la defensa, sino reconocer que sus conclusiones deben ser interpretadas conforme a sus alcances técnicos y valoradas conjuntamente con los restantes elementos de convicción incorporados al proceso.
Este criterio encuentra sustento en los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua (2018), relativos al deber de debida diligencia reforzada en la investigación de hechos de violencia sexual contra niñas y adolescentes.
Por consiguiente, la ausencia de lesiones debe ser ponderada como un elemento de prueba relevante, pero no puede adquirir automáticamente eficacia excluyente respecto de la hipótesis investigada.
D. En cuanto al pedido subsidiario de recalificación de los hechos como abuso sexual simple (art. 119, párrafo primero del C.P.), corresponde distinguir los cuestionamientos dirigidos contra la penetración digital de aquellos relativos al carácter gravemente ultrajante.
Respecto de la primera, las objeciones relativas a la acreditación del acceso carnal vía digital, fueron examinadas en el apartado precedente en lo relativo a los cuestionamientos defensivos sobre el informe médico legal y conforme a las razones allí desarrolladas, entiendo que los elementos reunidos permiten sostener provisionalmente esa modalidad de ejecución, sin que la ausencia de lesiones constatadas resulte suficiente para descartarla; ello, teniendo en cuenta las probanzas obrantes en el legajo, especialmente el relato repetido y sostenido de la niña.
Por consiguiente, entiendo que subsiste la base fáctica para mantener el encuadre de esa conducta en el artículo 119,3° párrafo del Código Penal.
Por otro lado, la defensa sostiene que la reiteración temporal de los tocamientos no basta para configurar un sometimiento gravemente ultrajante y que no se verificaron modalidades especialmente degradantes ni una progresividad lesiva. Sin embargo, aun cuando se prescindiera hipotéticamente de ese encuadre respecto de los restantes actos, subsistiría la imputación por penetración digital agravada por las circunstancias previstas en el cuarto párrafo, incisos b) y f), del artículo 119 del Código Penal, cuya escala es de ocho a veinte años de prisión o reclusión.
En efecto, el art. 169 inc. 1° del C.P.P. contempla la excarcelación cuando el máximo de la pena prevista no supera los ocho años, mientras que su inc. 3° permite considerarla, aun superado dicho límite, cuando resulte probable la aplicación de una condena de ejecución condicional. En el supuesto señalado, la escala resultante supera ampliamente aquel máximo y presenta, además, un mínimo superior a los tres años exigidos para la procedencia de una condena de ejecución condicional (art. 26 del C.P.).
De tal modo, la eventual recepción de este último cuestionamiento y en consecuencia la exclusión de la figura de abuso sexual gravemente ultrajante, no modificaría los parámetros de pena relevantes para la situación cautelar examinada ni habilitaría, por sí sola, la libertad solicitada; razón por la cual el cuestionamiento dirigido específicamente contra aquella agravante no corresponde que sea abordado en esta instancia, de conformidad con la limitación establecida por el art. 23 inc. 5° del C.P.P.
Por todo ello, entiendo que -como adelantara- no corresponde hacer lugar a los planteos defensistas y confirmar el decisorio en crisis en cuanto a la autoría y materialidad infraccionaría que le cabría al encartado.
E. En consecuencia corresponde ahora analizar la suficiencia de los elementos que sustentan los peligros procesales que ameritan la coerción impuesta en autos.
Al respecto, tengo dicho que si bien el eje rector que debe regir durante la sustanciación del proceso es la libertad del imputado en virtud del principio de inocencia (art. 18 de la C.N.), también es cierto que el mencionado derecho constitucional puede ser acotado ante la necesidad de asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley material. Dichos extremos contemplados en el artículo 144 del C.P.P., deben conjugarse en armonía con lo preceptuado por el artículo 148 del mismo cuerpo legal que permite aplicar una medida de coerción, en tanto no resulte irrazonable ni desproporcionada, y se determine que la misma resulta necesaria ante la verificación de peligros procesales.
En tal sentido, el artículo 148 del Código Procesal Penal establece que para merituar los peligros de fuga y entorpecimiento podrá tenerse en cuenta la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, las condiciones personales del imputado, que hicieren presumir fundadamente que el mismo intentara eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones. Luego de ello, la norma resalta especialmente, entre otros, el arraigo -inciso primero-, y la pena que se espera como resultado del procedimiento - inciso segundo-.
Dicha norma guarda estrecha relación con lo establecido en los artículos 7.5 de la C.A.D.H. y 9.3 del P.I.D.C.yP., que subordinan la libertad durante el proceso a garantías que aseguren la comparecencia del acusado al mismo, y finalmente el artículo 21 de la Constitución Provincial establece que deberá atenderse a la naturaleza del delito, su gravedad, peligrosidad del agente y demás circunstancias, a fin de acordar la libertad provisional.
Al respecto se ha dicho que " El peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, abarcados en la denominación genérica de peligro procesal constituye una pauta que legítimamente puede consultarse a fin de establecer límites al principio establecido, desde que la libertad, como todos los derechos que la Constitución reconoce y garantiza, no es absoluta pues, en nuestro derecho constitucional, no hay ninguno que lo sea (CSJN, Fallos, 136:161; 142:80; 191:197, entre otros), resultando de la esencia de todos ellos que se ejerzan conforme disponga su reglamentación (arts. 14 y 28 de la C.N.), en procura de evitar el detrimento de unos por los otros, compatibilizándolos entre sí y con los que corresponden a la comunidad (CSJN, Fallos, 253:114, considerando 8°)" (T.C.B.A., Sent. 31-3-2009, causa " M., P. s/ Recurso de casación ").
No resulta ocioso en este contexto, recordar las palabras de Cafferata Nores, quien sobre el particular ha expresado: "Si bien no hay referencia alguna en la normativa supranacional al peligro de entorpecimiento de la investigación como razón de la prisión preventiva, la jurisprudencia supranacional la ha aceptado, sin mayores disquisiciones, quizás porque la entiende como un modo de asegurar la comparecencia y aseguramiento del acusado "en cualquier otro momento de las diligencias procesales" (art. 9.3 PIDCP), que siendo de contenido probatorio, pudieran verse frustradas si aquel permaneciera en libertad...". Además agrega: "Tratando de darle contenido a esta excepcionalidad hemos señalado que la finalidad constitucional de afianzar la justicia (preámbulo de la C.N.) hacia la que se orienta el juicio previo, requiere que no se impida ni se obstaculice su realización..." (José I. Cafferata Nores, Proceso Penal y Derechos Humanos, La influencia de la normativa supranacional sobre los derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal argentino, 2da. edición actualizada por Santiago Martínez, pág. 217).
En la misma línea de pensamiento, se encolumna el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que mantiene inalterable su posición respecto de la prisión preventiva durante el proceso penal cuando, en clara referencia a su constitucionalidad, expresó " Así como es dable reconocer raigambre constitucional al instituto de la excarcelación durante el proceso no es menos cierto que también reviste ese origen su necesario presupuesto, o sea el instituto de la prisión preventiva, desde que el artículo 18 de la Carta Fundamental autoriza el arresto en virtud de orden escrita de autoridad competente (CSJN, fallos, 280:297)" (TCBA, causa nº 33856, Sent. 31-3-2009, caratulada "M.,P.A. y M.,C.R. s/ Recurso de casación ").
Con ello en miras, he de coincidir con lo expuesto por la Sra. Magistrada de instancia, en consonancia con lo dictaminado por la Sra. Fiscal, en cuanto a que, de las circunstancias apuntadas, los peligros procesales existentes no pueden ser neutralizados por medio de una medida menos gravosa que la actual privación de libertad.
Ahora bien, a Miguel Ángel Martínez se le atribuye, en calidad de autor, la comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por el vínculo y por aprovecharse de la situación de convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad, previstos y reprimidos por el art. 119 segundo y tercer párrafo en función del cuarto párrafo incs. b) y f) del Código Penal.
Al respecto, la jueza a quo consideró que en caso de recaer sentencia condenatoria, el delito que se le imputa a Martínez, importaría una pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento de gran magnitud, lo que permite verificar peligro procesal en los términos del art. 148, segundo párrafo del C.P.P, toda vez que la escala penal prevista partiría de un mínimo de 8 años de prisión, pudiendo alcanzar el máximo de 20 años de la misma clase de pena.
Es así, que la magistrada de la instancia, también valoró la situación procesal del imputado y el estadio en el que se encuentra la investigación, señalando que la existencia de un cuadro probatorio que permite sostener razonablemente la imputación refuerza el riesgo de elusión.
En ese marco, examinó las condiciones personales del imputado y concluyó que no se verificaban elementos suficientes que permitieran neutralizar adecuadamente el peligro de fuga mediante la adopción de medidas menos gravosas, descartando que los datos aportados por la defensa resultaran idóneos para asegurar su sujeción al proceso, ni encontrando ninguna circunstancia sobreviniente que permita aplicar una medida menos gravosa o que neutralice estos riesgos, conforme arts. 146 y 148 CPP.
Por otra parte, resulta menester tener en cuenta la naturaleza del delito investigado y el contexto de vulnerabilidad de la víctima, ponderando la necesidad de preservar el normal desarrollo del proceso y evitar situaciones que pudieran afectar su integridad psíquica o el curso de la investigación, lo cual se vincula directamente con los fines preventivos de la medida cautelar.
En cuanto al arraigo domiciliario, la actividad laboral y la sujeción al proceso invocados por la defensa, el recurrente se limita a enunciarlos, sin individualizar elementos que permitan corroborar su entidad y alcance. Por ello, su sola mención no resulta suficiente para desvirtuar los riesgos procesales que se tienen por acreditados a partir de circunstancias concretas de la causa.
La Jueza "a quo" no se limitó a hipótesis abstractas, sino que ponderó la magnitud de la pena en expectativa, que excluye al imputado de los supuestos excarcelatorios y torna altamente probable una pena de efectivo cumplimiento.
Se advierte entonces que el cuadro de riesgo procesal del imputado es de magnitud suficiente como para justificar el encarcelamiento preventivo.
No obstante, cabe destacar que la privación de la libertad dispuesta en esta etapa preliminar de la investigación resulta aplicada con el fin de garantizarla. En este sentido el principio de inocencia no impide la aplicación de medidas de coerción, las que sólo exigen que se manifieste la probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho punible que se le endilga. (Conf. Julio B. J. Maier, Derecho Procesal Penal Tomo I Fundamentos, Editores Del Puerto, 2ª edición, Buenos Aires, año 1999, pág. 524).
Resulta que el legislador presumió que en los casos en los que el imputado se enfrenta a la eventualidad de ser condenado a una pena privativa de libertad que implica el cumplimiento efectivo de la condena, intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones. Ello es así, excepto que otros elementos de juicio demuestren el desacierto de observar dicha presunción, lo que como se ha indicado no se observa a partir de los elementos del legajo.
En consecuencia, he de compartir la conclusión de que no se verifican garantías suficientes que permitan neutralizar los peligros procesales que registra el imputado, el cual mantiene entidad bastante para justificar la continuidad de la coerción oportunamente dispuesta.
Por otra parte, he de señalar que, frente al cuadro merituado, el tiempo que Martínez lleva privado de su libertad -desde hace poco más de dos meses aproximadamente- no resulta desproporcionado, frente a los peligros constatados y los bienes jurídicos tutelados.
Por todo lo expuesto estimo que, por el momento, el encarcelamiento preventivo es el único medio idóneo a fin de garantizar los fines del proceso penal, no evidenciándose que puedan ser neutralizados de otro modo.
Es así que, propongo al acuerdo rechazar el recurso en todo en cuanto fuera materia de agravio y confirmar el auto apelado mediante el cual la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Garantías nro. 3 departamental, resolvió dictar a prisión preventiva de Martínez, en orden a los delitos mencionados.
ASI LO VOTO (arts. 16, 168 y 171 de la Const. Prov. de Bs. As.; 106, 146, 148, 157, 158, 159, 163 a contrario sensu , 170, y 171 del CPP; y art. 119, parr. 2 y 3, en función del cuarto párrafo incs. b y f del CP; arts. 7.5, 8.2, h de la CADH; y 9.3 del PIDCyP).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ, DR. BLANCO, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Quintana, por los mismos motivos y fundamentos.
ASI LO VOTO (conforme artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial y 106 del Código de Procedimiento Penal).
Por ello, el Tribunal,
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Cristian Enrique Tamburo, en su carácter de defensor particular de Miguel Ángel Martínez, por los motivos expuestos en el considerando (arts. 164, 421, 439, 442, 443 del C.P.P.).
II. RECHAZAR el recurso interpuesto y CONFIRMAR , en todo cuanto fuera materia de agravio, la resolución mediante la cual la titular del Juzgado de Garantías nº 3 departamental convirtió en prisión preventiva la detención de Miguel Ángel Martínez, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por el vínculo y por aprovecharse de la situación de convivencia preexistente con un menor de dieciocho años de edad, previstos y reprimidos por el artículo 119, segundo y tercer párrafo, en función del cuarto párrafo, incisos b) y f), del Código Penal. (arts. 16, 168 y 171 de la Const. Prov. de Bs. As.; 106, 146, 148, 157, 158, 159, 163 a contrario sensu , 170, y 171 del CPP; y art. 119, parr. 2 y 3, en función del cuarto párrafo incs. b y f del CP; arts. 7.5, 8.2, h de la CADH; y 9.3 del PIDCyP).
Regístrese electrónicamente, para el caso de corresponder, actualícese el R.U.D.
Notifíquese al señor fiscal general y a la defensa.
Fecho, devuélvase a la instancia, encomendando a su secretaría que realice la notificación al imputado.
Firmas
Funcionario firmante: BLANCO Carlos Fabián - JUEZ
Funcionario firmante: QUINTANA Oscar Roberto - JUEZ
Funcionario firmante: GAMULIN Gabriela Marisa - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 986-2026
Fin de la sentencia