Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul · Causa 43.508
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPrimero: Hacer lugar formalmente a la queja deducida por el Agente Fiscal Segundo: Hacer lugar parcialmente al Recurso de Apelación deducido por el Agente Fiscal (en cuanto ya no existen obstáculos procesales -inmunidad- para hacer efectiva una eventual detención de M. en IPP 01.02.971.21 -acumulada 01.02.1053.21- e IPP 01.02.1557.21); revocar la resolución de la Jueza de Garantías en cuanto no hizo efectiva la detención en IPP 01.02.971.21 (acumulada 01.02.1053.21) e IPP 01.02.1557.21; y remitir las actuaciones a la instancia para que, conforme los parámetros dados por esta Alzada, evalúe si se cumplen los extremos exigidos por el art. 151 en relación al pedido de detención solicitado por el Agente Fiscal en las IPP mencionadas en este párrafo y dicte nueva resolución.
En la ciudad de Azul, se reúnen en Acuerdo los Jueces que integran la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, Doctores GUSTAVO AGUSTÍN ECHEVARRÍA, DAMIÁN PEDRO CINI y CARLOS PAULINO PAGLIERE, a fin de resolver la causa Nº 43.508 caratulada “M. M. A. s/ Recurso de Queja por apelación denegada en IPP 01-02-971-21” y practicado el sorteo de ley resultó que en la votación debe observarse el siguiente orden: CINI - ECHEVARRÍA - PAGLIERE.
Vistas las actuaciones de mención, de las mismas surgen los siguientes:
Que a fs. 1/7vta. del presente incidente obra recurso de queja presentado por el Agente Fiscal, Dr. José Ignacio Calonje, contra la resolución de fecha 15 de marzo del año en curso dictada por la Jueza titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de Olavarría por la cual denegó el recurso de apelación interpuesto.
En base a lo anteriormente expuesto y en razón de hallarse la causa en estado de resolver, la Cámara decidió plantear y votar las siguientes:
¿Es formalmente admisible la queja intentada, y en su caso, qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN planteada el Juez, Dr. CINI, dijo:
1. Corresponde analizar en primer término si la resolución que diera origen al recurso de apelación denegado es pasible de ese medio impugnativo o no.
Es que el presentante, se alzó contra el auto de fecha 15 de marzo del año en curso por el cual no se hizo lugar, por improcedente, al recurso de apelación deducido por el Agente Fiscal a fs. 317/329 contra la denegatoria a su petición de efectivización de la orden de detención, medidas de protección, allanamiento, registro, requisa, secuestro y prohibición de salir del país, fijación de domicilio y presentaciones periódicas respecto de M. M., con fundamento en que no se encuentra prevista esa vía impugnativa y en razón de ello, para su procedencia, tendría que, como requisito indispensable, causar gravamen irreparable al recurrente; circunstancia que no advierte, ya que, a su criterio, no existe óbice para el procesamiento y prosecución de la causa, a tenor del texto de la ley nacional 25.320 –sin la efectivización de medidas coercitivas– y sin perjuicio de la intervención del fuero de familia desde el cual se han dispuesto medidas de abrigo, ello a las resultas del devenir en cuanto a la permanencia o no de los fueros de los que goza el imputado.
Sobre el tópico, el recurrente manifiesta que el a quo no se ha expedido respecto al gravamen irreparable que le causa a esa parte ni se considera el gravamen respecto de las víctimas y su derecho de acceso a la justicia, ni sobre la obligación de los operadores impuesta por el derecho internacional de erradicar la violencia contra la mujer y evitar la impunidad en este tipo de situaciones, y que sólo se insta a los organismos para la celeridad en el trámite de desafuero.
Entiende que, en el caso, sí existe gravamen irreparable que torna procedente el recurso de apelación y se basa en la arbitrariedad de lo resuelto, en tanto ha mediado una errónea y arbitraria aplicación e interpretación de la Constitución Nacional y de la ley nacional 25.320, no haciéndose eco del texto de la Constitución Provincial, desconociendo lo regulado en la provincia y en la normativa internacional en materia de violencia contra las mujeres.
Señala que ello derivó en una denegatoria arbitraria de las medidas solicitadas por la Fiscalía, que afectan la función que esta debe cumplir en casos de violencia contra la mujer; arbitrariedad manifiesta tanto en la resolución apelada como en la denegatoria de la apelación en la que la Jueza de Garantías insiste y resuelve aplicando la ley nacional 25.320, sin siquiera expedirse sobre lo establecido en la Constitución de la provincia.
Luego expresa los argumentos por los cuales interpuso el recurso de apelación contra el decisorio que mantiene la resolución anterior, en cuanto dispone que las medidas coercitivas solicitadas y ordenadas no deben hacerse efectivas, hasta tanto el causante no sea removido del cargo de defensor oficial que ostenta, con el argumento que la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de suspender en el cargo al nombrado, no importa la pérdida de sus fueros, conservando –por ende– su inmunidad de arresto, y como no hay inmunidad de proceso entonces no hay gravamen de imposible reparación ulterior.
Insiste el recurrente en cuanto considera que se debe aplicar la Constitución Provincial, la cual ha regulado de manera diferente en cuanto a si el funcionario es acusado de delitos relacionados con su función (en cuyo caso se sigue el procedimiento de los arts.182/186), a si es acusado por delitos ajenos a sus funciones (art 187), en cuyo caso serán juzgados en la misma forma que los demás habitantes de la provincia; a lo que agrega que ya se encuentra suspendido por el jurado de enjuiciamiento, con lo cual, con mayor razón, ya no ostenta inmunidad. Reafirma que el mantenimiento de la inmunidad que realiza la jueza es arbitrario, porque aplica a un funcionario provincial la normativa nacional destinada a funcionarios nacionales, no toma en cuenta la constitución provincial y la diferencia entre el tipo de delito, así como tampoco la suspensión ya dispuesta, ni se hace eco de la normativa internacional que obliga al Estado Argentino en materia de violencia contra la mujer.
Además, se pregunta qué prosecución de proceso considera garantido la Jueza, si deniega la solicitud de allanamiento, registro y requisa que tiene por objeto el secuestro de armas de fuego en poder del imputado en una causa de violencia de género.
Dice que, si por la resolución del Jurado de Enjuiciamiento el imputado le dio una golpiza a R. B. R. culpándola por eso (IPP 5483/21) se puede representar que represalias podría tomar si es llamado a declarar en los términos del art. 308 CPP; y que, siguiendo la lógica de la Jueza y la ley que aplica, si el imputado no se presenta al llamado, no se lo puede hacer comparecer compulsivamente, por lo que entonces, el proceso quedaría paralizado.
Añade que, ante los peligros procesales en razón que fue ordenada su detención; y por los que se solicitó la prohibición de salir del país, fijación de domicilio y presentaciones periódicas; sobre ellos no se pronunció fundadamente la Jueza, entendiendo el recurrente que ha sido asimilado al allanamiento, por lo cual, todo, desde la óptica de la Jueza, es “coerción”, ergo “arresto”, por lo que crea una nueva inmunidad no prevista, la “inmunidad de las molestias”.
2. Sentado lo que antecede, corresponde señalar a fs.23/67vta. del Legajo Fiscal, el representante del Ministerio Público requirió el dictado de orden de detención, allanamiento, registro, requisa y secuestro, en relación al encartado M. A. M..
Consta a fs. 134/193 la resolución dictada por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría, Dra. Fabiana San Román, mediante la cual dispuso “I) Ordenar la detención M. A. M. DNI. nro. 22.029.861, de restantes circunstancias personales de conocimiento en autos, en orden a los delitos de delitos de Reducción a estado de servidumbre en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en un contexto de violencia de género (reiteradas) –Hecho Nro. I–; Amenazas calificadas por el uso de arma –Hecho Nro. II–, Amenazas agravadas –Hecho Nro. III–; Daño en concurso real con amenazas simples –Hecho Nro. IV–, y Amenazas simples en concurso real con desobediencia –Hecho Nro.
V–, todos en concurso real, en los términos de los arts. 54, 92 en función de los arts. 89 y 80 inc. 1 y 11, 149 bis primer párrafo primera y segunda parte, 183, 239 y 140 del Código Penal, ocurridos en la ciudad de Olavarría, en el período de tiempo comprendido entre fines del mes de abril del año 2019 hasta principios del mes de septiembre del año 2021 –Hecho Nro. 1–, en fecha indeterminada pero ubicable de manera aproximada en el mes de julio del año 2019 –Hecho Nro. 2–; el día 1 de abril del año 2021 –Hecho Nro. 3–, el día 7 de junio del año 2019 –Hecho Nro. 4– y el día 20 de agosto del año 2019, en perjuicio de V. P. G. G., R. G. R., R. B. R., S. J. R. y R. A.. II) La detención dispuesta en el punto precedente –aunado a las medidas intromisivas contempladas en el considerando Tercero– NO se hará efectiva, ello hasta tanto exista un dictamen por parte del organismo competente, que se expida en torno a la remoción en el cargo que a la fecha ostenta el encausado como Defensor Oficial del Ministerio Público, conforme fuera requerido por el Sr.
Agente Fiscal ante la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de Magistrados y ello sin que obste a la prosecución del proceso y el adecuado y eficaz resguardo de las víctimas por el titular de la acción pública (art. 300 del C.P.P, arts. 1 y cc de la ley 25320). III) Líbrese oficio a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de Magistrados y al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Bs. As a fin de hacer saber lo dispuesto en el punto I, haciéndose saber que dicha medida NO se hace efectiva en razón que si bien no rige la inmunidad de proceso, sí la situación del funcionario se encuentra abarcada por la inmunidad de arresto que contempla la normativa (art. 1 de la Ley Nacional Nro. 25.320, art. 300 del C.P.P; arts 53, 115, 120 y cc de la CN; arts. 73, 74,79, 80, 81,182,183,184,185,186,187,188, 189 y cc de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
IV. Líbrese oficio al Juzgado de Familia nro. 1 de Olavarría, conforme lo dispuesto en el punto IV del Anexo del Acuerdo nro. 3964 de la SCBA.)…”.
A fs. 310/312, el Agente Fiscal, solicitó la efectivización de la orden de detención, como así también de las medidas de protección, orden de allanamiento, registro, requisa, secuestro, prohibición de salir del país, fijación de domicilio y presentaciones periódicas.
El mismo se remite a los fundamentos dados en la presentación de fecha 27 de septiembre de 2021, realizada por esa Unidad Funcional la cual luce agregada a fs. 23/67vta. del Legajo Fiscal, y que fuera oportunamente valorada por la magistrada de la instancia en el auto de fs. 134/193vta., agregando como fundamento de su petición actual, como así también de la solicitud de medida de protección consistente en custodia fija sobre el imputado, y que sean libradas las órdenes –y su efectivización– de allanamiento, registro, requisa, secuestro, así como la detención dispuesta, todo lo que fuera condicionado a la existencia de un dictamen por parte del organismo competente.
Al respecto indica como nuevos acontecimientos que ameritan lo peticionado, la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires de fecha 25 de noviembre de 2021.
En tal oportunidad en el expediente SJ.465/18 caratulado “M., M. A.. Titular de la Defensoría n°3 del Departamento Judicial Azul, con sede en Olavarría s/ Requerimiento” y su acumulado SJ-611/21 caratulado “M., M. A.. Titular de la Defensoría n°3 del Departamento Judicial Azul, con sede en Olavarría s/ Procurador General (Dr. Julio Conte Grand) por art. 300 CPP”, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Desestimar los planteos formulados por la señora defensora oficial, doctora María Raquel Ponzinibbio. SEGUNDO: Hacer lugar a la formación de proceso de conformidad a lo dispuesto por el art. 19 de la ley de enjuiciamiento. TERCERO: Suspender a partir de la fecha de notificación de la presente al doctor M. A. M., titular de la Defensoría Oficial n°3 del Departamento Judicial Azul, con sede en Olavarría, disponiendo el embargo sobre el 40 % del sueldo (art. 35 de la ley 13.661), comunicando lo resuelto al Poder Ejecutivo y a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia a sus efectos…”.
Dice el recurrente que este dictamen por parte del organismo competente, del que resulta la formación de proceso y la suspensión de M. M. en el cargo de Defensor Oficial, ameritan un nuevo análisis de las circunstancias, entendiendo que aquello resulta suficiente para solicitar y obtener pronunciamiento favorable en cuanto a la efectivización de las medidas ya descriptas con relación al imputado.
Asimismo, agrega el solicitante como argumento coadyuvante para que se acceda a lo peticionado, la circunstancia de haberse dado inicio a una nueva Investigación Penal Preparatoria (N° 01-02-005483- 21/00 de fecha 27 de noviembre de 2021) donde se investigan nuevos actos de violencia de género los que tuvieron como víctima a R. B. R., quien fuera violentada verbal y físicamente por el sindicado M. M., quien le refirió que por su culpa le habían sacado los fueros, destacando el fiscal que la misma se encuentra actualmente acumulada a los actuados principales. Aduna que este nuevo episodio de violencia no hace más que dejar palmariamente evidenciado los peligros procesales que anteriormente el Ministerio Público Fiscal advirtió y con los que la Jueza de Garantías se mostró en plena adhesión, peligros que, anunciados, sin embargo, no pudieron ser evitados dado que el imputado no fue detenido ni tampoco le fue impuesta una custodia fija, medidas que hubieran sido eficaces a luz de los nuevos acontecimientos.
Señaló que puede apreciarse cómo en el caso de autos la víctima fue amedrentada por el imputado debido al avance de investigación, la que arribó a una instancia de pronunciamiento del Jurado de Enjuiciamiento no favorable para el imputado, lo que llevó a que el mismo la agrediera verbal y físicamente. Que, asimismo, puede advertirse como R. B. Rozas al realizar la denuncia el 27 de noviembre de 2021 en la Comisaría de la Mujer y Familia relata los hechos de los que fue víctima y posteriormente, en oportunidad de declarar en sede fiscal, el 22 de febrero de 2022, niega los mismos, evidenciándose de esta manera nuevamente los peligros procesales ya advertidos.
Aduna que debe tenerse presente en casos como el de autos que son de violencia de género, el alto grado de vulnerabilidad de la víctima, el ciclo de violencia y la posibilidad cierta de que el imputado procurará obstaculizar el proceso influyendo en las mismas a fin de que declaren falsamente o se comporten de manera reticente, influencia que puede lograrse por distintos medios, como la violencia, amenazas o incluso a través de concesiones en otros ámbitos, como los familiares, o económicos, siendo llamativo el acuerdo presentado por las partes al Juzgado de Familia el 30 de diciembre del 2021, fecha intermedia entre ambas declaraciones de la víctima.
Señala que en casos de violencia de género, las manifestaciones en este sentido, deben valorarse con el mayor de los cuidados, pues se presupone a la víctima en una situación de vulnerabilidad por la particular relación de desigualdad de poder con respecto al victimario, y más aún cuando el Estado Argentino se ha comprometido y tiene un interés particular en actuar con la debida diligencia reforzada, por todos los medios apropiados para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar el acceso a la justicia.
En virtud de los argumentos esgrimidos el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se efectivice la orden de detención en relación al encartado M. A. M., y en subsidio se disponga la medida de protección de custodia fija sobre el imputado, imponiendo prohibición de salida del país, fijación de domicilio real y presentaciones periódicas ante la autoridad correspondiente. Asimismo, peticionó se libren órdenes de allanamiento, registro, requisa y secuestro.
A fs. 316, dictó resolución la titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría, proveyendo a lo solicitado por el Agente Fiscal, y entendiendo que la resolución adoptada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires no importa la pérdida de fueros respecto del encartado, razón por la cual decidió que debe estarse a lo resuelto oportunamente, esto es, que la detención dispuesta como las medidas intromisivas no se harán efectivas hasta tanto exista un dictamen por parte de organismo competente, que se expida en torno a la remoción en el cargo que ostenta el encausado como defensor Oficial del Ministerio Público.
A fs. 317/329 del citado Legajo Fiscal obra el recurso de apelación, ya mencionado, interpuesto contra este último pronunciamiento por parte del Dr. Calonje.
Allí sostiene que es la normativa provincial la que debe aplicarse al analizar el régimen de inmunidades, la que ha de buscarse en la Constitución de la Provincia, y que las previstas en la Constitución Nacional y la ley 25.320 lo son para funcionarios nacionales.
Refiere que la Constitución Provincial hace una diferenciación entre delitos funcionales y delitos comunes, siendo de aplicación el art. 182 (cuando es acusado por delitos en el desempeño de sus funciones) y 187 (en el caso de ser acusado de delitos ajenos a sus funciones), siendo que en este último supuesto serán juzgados en la misma forma que los demás habitantes de la provincia, quedando suspendidos desde el día que se haga lugar a la acusación. Considera que por ello no sería necesario solicitar el levantamiento de la inmunidad, dado que la norma dice “serán juzgados en la misma forma que los demás habitantes de la Provincia”.
Por otra parte, expresa el apelante que, si se considera que sí está amparado por inmunidades, en tal caso se agravia de que se prive de efectos a la suspensión dispuesta por el Jurado de Enjuiciamiento.
En el mismo sentido, expone que la ley provincial 13.661 regula el procedimiento de enjuiciamiento, estableciendo que si fuere imputado como autor de delitos comunes, ajenos a sus funciones, el Jurado de Enjuiciamiento se limitará a declarar si es procedente o no la formación de proceso de enjuiciamiento, y de tratarse de delitos dolosos procederá a la suspensión del funcionario respecto del cual se hubiere hecho lugar a la acusación, y que ninguna de estas medidas afectará la continuidad del juicio penal.
Señala, además, que el art 300 del CPP determina que el funcionario sólo podrá ser sometido a proceso si fuere suspendido o destituido; por lo cual entiende el recurrente que las inmunidades se pierden con la suspensión, no siendo necesaria la remoción, adunando a ello que incluso el art. 187 de la Constitución Provincial sólo menciona la suspensión. Como consecuencia de ello, estima que el dictamen del Jurado resulta suficiente para la efectivización de las medidas solicitadas. Reafirmando su postura, destaca que el imputado no goza de inmunidades sencillamente porque se lo acusa de delitos comunes ajenos a sus funciones por lo que no lo ampara inmunidad alguna, y con mayor razón no goza de inmunidades luego de la suspensión.
Agrega que aún en el supuesto de considerar que está amparado por la inmunidad de arresto, y que la suspensión no le quita esa inmunidad, se agravia de la extensión indebida que se le da a la misma, proyectándola sobre otras esferas que no corresponden (allanamientoregistro y secuestro debió concederse porque no existe impedimento para ello, incluso aplicando la ley nacional 25.320, pues la misma establece que sólo para los legisladores no se puede ordenar el allanamiento de su domicilio particular o de las oficinas sin la autorización de la Cámara), con lo que, arbitrariamente y sin sustento en norma alguna se las deniega con el gravamen irreparable para la investigación; de igual manera con la prohibición de salir del país, fijación del domicilio, y presentaciones periódicas, resguardos mínimos necesarios atento los evidentes peligros procesales, medidas que no importan un arresto.
A lo dicho, suma como agravio la circunstancia de que no se aplica la normativa internacional, en especial, la que consagra la obligación de la debida diligencia reforzada en la investigación y sanción de delitos de violencia contra la mujer.
Dice que en virtud de la denegación de todas las medidas se deja a las víctimas sin acceso a la justicia, porque con tal denegación se hace peligrar la investigación misma, con la consiguiente frustración de los fines del proceso, generando una forma de garantizar la impunidad del imputado y un acto de tolerancia de la violencia contra la mujer por parte del Estado.
Por otro lado, cuestiona que no fue ordenada la medida de protección, ignorando la real magnitud del contexto de violencia de género del caso junto a la desigualdad de poder entre las víctimas y el imputado y la imperiosa necesidad de proteger a la pluralidad de víctimas de este caso a través de un medio eficaz que garantice el respeto de sus derechos, cual es el de custodia policial sobre el agresor. En tal sentido manifiesta que la Jueza considera que ello debe disponerse en el Fuero de Familia, de lo cual el apelante disiente, al entender que el único juez que entiende la envergadura de la investigación es el juez de garantías. Que dicho juez no puede desentenderse de la protección judicial debida a las víctimas; al tiempo que centra su queja en que tampoco fue sopesado el nuevo hecho de violencia (IPP 5483/21), a la hora de imponer la custodia sobre el agresor, destacando asimismo que no debe primar el interés del imputado por sobre el interés superior del niño.
En definitiva, solicita se haga lugar al allanamiento, registro, requisa y secuestro; se efectivice la detención del imputado, y subsidiariamente se ordene su custodia conjuntamente con la prohibición de salir del país, fijación de domicilio y presentaciones periódicas.
3. Al analizar los argumentos contenidos en la queja presentada por el Agente Fiscal, advierto que el auto de fecha 3 de marzo de 2022 resulta susceptible de ser impugnado mediante apelación; con lo cual, no le asiste razón a la Jueza al no conceder dicho recurso. Es cierto que esta Alzada ha dicho que las resoluciones que desestiman una solicitud de detención, en los términos del art. 151 del CPP, no son susceptibles de ser recurridas mediante apelación. Ello, por cuanto nuestro sistema procesal no prevé expresamente su impugnación por dicho medio y tampoco existe gravamen irreparable para el Agente Fiscal. Arts. 439 y cc. del CPP.
Sin embargo, también ha dicho esta Cámara que dicha regla contiene excepciones. Una de ellas se presenta cuando la resolución impugnada es arbitraria por carecer de fundamentación o contener una argumentación aparente que la descalifique como acto jurisdiccional; lo cual, atenta contra nuestro sistema republicano de gobierno que exige que los actos del Estado deben ser debidamente motivados. Art. 1 de la C.N: y 106 del CPP.
Ahora bien, observo que, en el caso de autos, la fundamentación aparente es lo que caracteriza a la resolución dictada por el a quo.
Principiaré por recordar que, con fecha 2 de noviembre de 2021, la Jueza de la instancia hizo lugar a la detención de M., solicitada por el Agente Fiscal, por la comisión de los delitos de reducción a estado de servidumbre en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en un contexto de violencia de género (reiteradas) –Hecho Nro. I-; Amenazas calificadas por el uso de arma -Hecho Nro. II-, Amenazas agravadas –Hecho Nro. III-; Daño en concurso real con amenazas simples -Hecho Nro. IV–, y Amenazas simples en concurso real con desobediencia –Hecho Nro. V-; todos en concurso real, en los términos de los arts. 54, 92 en función de los arts. 89 y 80inc. 1 y 11, 149 Bis primer párrafo primera y segunda parte, 183, 239 y 140 del Código Penal, ocurridos en la ciudad de Olavarría, en el período de tiempo comprendido entre fines del mes de abril del año 2019 hasta principios del mes de septiembre del año 2021 – Hecho Nro. 1-, en fecha indeterminada pero ubicable de manera aproximada en el mes de julio del año 2019 –Hecho Nro. 2-; el día 1 de abril del año 2021 –Hecho Nro. 3-, el día 7 de junio del año 2019- Hecho Nro. 4- y el día 20 de agosto del año 2019, en perjuicio de V. P. G. G., R. G. R., R. B. R., S. J. R. y R. A..
No obstante, en la misma resolución, dispuso no hacer efectiva dicha medida cautelar por aplicación de lo normado por la Ley Nacional 25.320.
Luego de ello, el Agente Fiscal, solicitó la efectivización de la detención y, en forma subsidiaria, medidas de protección y la prohibición de salir del país, fijación de domicilio real y presentaciones periódicas de M. ante la autoridad. Asimismo, impetró el libramiento de las órdenes de allanamiento, registro, requisa y secuestro ya requeridas en la presentación primigenia. Fundamentó su moción en hechos nuevos, a saber: a) la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 25 de noviembre de 2021; que hizo lugar a la formación del proceso de conformidad a lo dispuesto por el art. 19 de la ley de enjuiciamiento y suspendió a M. A. M. en su cargo; y b) la formación de la IPP nro. 01/02-005483-21/00, en donde se investigan sucesos que habrían sido cometidos luego de la pronunciación del Jurado, en los cuales M. habría llevado adelante, nuevamente, actos de violencia de género, los que habrían tenido por víctima a R. B. R., quien habría sido violentada verbal y físicamente por el sindicado, expresándole que por su culpa le habían sacados los fueros. A ello, el a quo contestó negativamente, remitiéndose a lo dicho en su resolución de fecha 2 de noviembre de 2021.
De lo expuesto, se aprecia que, en definitiva, los argumentos que hay que analizar para resolver el tema que nos ocupa –debido a la remisión que hizo la Jueza en su última resolución- son los establecidos en su primigenia decisión.
Al efectuarse dicha tarea, puede observarse, como ya lo adelantara, que la no efectivización de la medida de coerción está motivada en la inmunidad de arresto que concede, en su art. 1, la ley 25.320. A partir de lo cual, la magistrada interviniente expone que la detención no podrá materializarse hasta tanto exista un dictamen, por parte del organismo competente, que se expida en torno a la remoción de M. en el cargo de Defensor Oficial del Ministerio Publico, en consonancia con lo requerido por el Agente Fiscal ante la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de Magistrados, conf. art. 300 del CPP. Se aprecia aquí que la fundamentación mencionada contiene vicios de magnitud; habiéndose aplicado incorrectamente normas de la C.N. y de la Constitución de la Provincia de Bs. As.; con lo cual, la resolución resulta descalificada como acto jurisdiccional.
Como punto de partida, no debemos olvidar que la organización de la administración de justicia forma parte de las facultades que las provincias no delegaron a la Nación.
En relación a lo expuesto, en nuestra C.N. podemos encontrar los siguientes artículos:
. 5: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.
.121: “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. .122: “Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno Federal.
.123: “Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el art. 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.
.126: “Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, después de que el Congreso los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo en el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación dando luego cuenta al Gobierno Federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros”. En resumen, por pertenecer a las facultades no delegadas por la Provincia de Buenos Aires al gobierno nacional, no es potestad de éste dictar leyes que organicen la administración de la justicia provincial, dentro de la cual debe incluirse el sistema de remoción de jueces y las inmunidades con que estos cuentan. Siendo dable aclarar que dicha actividad provincial debe respetar el sistema republicano de gobierno, conf. art. 1 de la C.N.
A su vez, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su art. 1, dispone: “La provincia de Buenos Aires, como parte integrante de la República Argentina, constituida bajo la forma representativa republicana federal, tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación”.
En ejercicio de dichas facultades no delegadas, se regula la organización del poder judicial provincial en la Sección VI, artículos 160 al 189.
Y, específicamente, desde el art. 182 hasta el art. 187 se establece el sistema de suspensión y remoción de Jueces y miembros del Ministerio Público.
A su vez; también en ejercicio de sus facultades no delegadas y en concordancia con lo dispuesto en la Constitución provincial; la Provincia de Buenos Aires ha dictado el Decreto Ley 8965/78 -de Enjuiciamiento de Los Jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Procurador General- y la Ley 13661 que contempla las normas de procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios. De lo referido, se desprende que se equivoca la Jueza al sostener la no efectivización de la detención de M. A. M. por considerar que su situación quedaría comprendida en la inmunidad de arresto que prevé el art. 1 de la Ley 25320.
Es que, dicha Ley es de exclusiva aplicación para legisladores, funcionarios o magistrados nacionales sujetos a desafuero, remoción o juicio político; ya sea que deban ser Juzgados por parte un juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Obsérvese que ello surge de la propia cita que realiza la Magistrada de la instancia; cuando alude a la inserción solicitada por la Diputada Elisa Carrió en el marco del Debate parlamentario de la Ley 25.320 en la H. Cámara de Diputados de la Nación; en tanto expresa: "...A los efectos de dar fin a las controversias...con referencia a la extensión de las inmunidades reconocidas en la Constitución Nacional hemos dictaminado en la Comisión de Asuntos Constitucionales la presente reglamentación de las prerrogativas estableciendo el alcance y procedimiento de las inmunidades de las autoridades nacionales de los tres poderes del estado”. El resaltado me pertenece.
Y ello es así puesto que lo contrario implicaría invadir el sistema de organización del poder judicial provincial; dentro del cual se encuentra, indefectiblemente, el procedimiento de remoción de jueces con sus respectivas garantías e inmunidades. El que, como vimos, pertenece a la órbita de las facultades no delegadas por la Provincia de Buenos Aires al Estado Nacional.
En conclusión, la fundamentación que ha realizado la Jueza no es jurídicamente correcta, deviniendo su resolución en arbitraria. Ello, habilita la queja interpuesta por el Agente Fiscal contra el auto que denegó el respectivo recurso de apelación.
Sentado lo expuesto, y ya entrando en los agravios del recurso, es procedente establecer si el sistema provincial, que invoca el Agente Fiscal, permite efectivizar la detención que ha dispuesto la Jueza de Garantías.
La constitución de la provincia de Buenos Aires utiliza el vocablo inmunidad -art. 97- para diferenciar la situación de un sujeto en ejercicio de ciertos cargos públicos que, enfrentando al fenómeno penal, puede colocarse prima facie por sobre el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N. y 11 de la Constitución Provincial); aunque, en realidad, se trata de circunstancias que justifican la aparente desigualdad puesto que se relacionan con el desempeño de la titularidad de un poder del Estado local. Conf. Héctor M. Granillo Fernández y Gustavo A. Herbel “Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires”; 2da edición actualizada y ampliada, T. II, pág. 107/108.
La inmunidad está relacionada, estrictamente, con situaciones que impedirían a los funcionarios ser detenidos, procesados o juzgados, sin autorización del respectivo cuerpo extrapoder.
Conlleva impedimentos procesales, configurados por condiciones negativas; que no deben existir para que sea viable la persecución penal y la sentencia sobre el fondo; operando, en varios sentidos, como límites al poder del Estado. Demarcan hasta dónde se puede avanzar, determinan las medidas de investigación autorizadas y posibilitan o no el dictado de medias de coerción y, eventualmente, también su alcance. Ahora bien, las inmunidades no procuran beneficios personales; sino asegurar el buen gobierno, a fin de no paralizar la acción de los poderes del Estado, impidiendo que los funcionarios, mientras se mantienen en el desempeño de sus funciones públicas, sean perseguidos penalmente por acontecimientos causados en ejercicio de su función. Ello aplica a magistrados, integrantes del Ministerio Público y funcionarios designados mediante el procedimiento establecido en el segundo párrafo del art. 175 y por el art. 159 de la Constitución de la Prov. de Bs. As., puesto que esta distinción de delitos -comunes y funcionales- no está prevista para los legisladores. Conf. Granillo Fernández y Herbel, ob. citada, pág. 108/109 y 118 -último párrafo al comentario del art. 299- y C.S.J.N. en Fallo 54:461/462.
Dicho esto, cabe observar el modo en que la Constitución y la legislación provincial regulan las referidas inmunidades de los magistrados y funcionarios.
El art. 182 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece: “Los jueces de las Cámaras de Apelación y de primera instancia y los miembros del Ministerio Público pueden ser denunciados o acusados por cualquiera del pueblo, por delitos o faltas cometidas en el desempeño de sus funciones, ante un jurado de once miembros que podrá funcionar con número no inferior a seis, integrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo presidirá, cinco abogados inscriptos en la matrícula que reúnan las condiciones para ser miembro de dicho tribunal, y hasta cinco legisladores abogados (…)”.
A su vez, el art. 187 de dicha norma fundamental refiere: “Los jueces acusados de delitos ajenos a sus funciones serán juzgados en la misma forma que los demás habitantes de la Provincia, quedando suspendidos desde el día en que se haga lugar a la acusación”; lo cual, como se verá al analizar la legislación provincial, debe extenderse a los integrantes del Ministerio Público y funcionarios designados mediante el procedimiento establecido en el segundo párrafo del art. 175 y por el art. 159 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.
Previo aclarar que no abordaré el procedimiento de remoción de los Jueces de la SCBA y del Procurador General, ya que no se relaciona con el tema en estudio, cabe expresar que la legislación provincial prevé los siguientes preceptos en la Ley 13661:
Art. 17: “Son acusables ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, todos los jueces, integrantes del Ministerio Público y funcionarios designados mediante el procedimiento establecido en el segundo párrafo del artículo 175 y por el artículo 159 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”
Art. 19: “Si alguno de los magistrados y funcionarios enumerados en el artículo 17 fuere imputado como autor de delitos comunes, ajenos a sus funciones, el Fiscal o el Juez de la causa pondrá el hecho inmediatamente en conocimiento del Jurado por intermedio de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado y Funcionarios.
El Jurado, convocado al efecto por el Presidente, se limitará a declarar si es o no procedente la formación del proceso de enjuiciamiento , en caso de delitos dolosos procederá a la suspensión del funcionario respecto del cual se hubiere hecho lugar a la acusación.
Ninguna de estas medidas afectará la continuidad del juicio penal que se esté siguiendo al denunciado”.
Art. 20: “Los magistrados y funcionarios enumerados en el artículo 17 podrán ser denunciados por la comisión de hechos cometidos con motivo o en ejercicio de sus funciones que pudieren ser calificados como delitos dolosos por la Ley vigente.
Igualmente podrá denunciárselos por la comisión de las faltas indicadas en el artículo 21”.
Como se observa; en caso de enjuiciamientos de magistrados o funcionarios designados mediante el procedimiento establecido en el segundo párrafo del artículo 175 y por el artículo 159 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (dentro de los cuales quedan comprendidos los Defensores Oficiales); la normativa provincial prevé dos procedimientos diferentes según si el delito denunciado fue cometido en el desempeño de las funciones o si el ilícito es ajeno a las mismas. Esta distinción, indudablemente, conlleva la existencia de procedimientos y, con ello, de efectos jurídicos diferentes según sea la naturaleza de delito en cuestión. De lo contrario, no encontraría explicación la diferenciación que, como vimos, realizan al respecto tanto la Constitución Provincial como la legislación en diversos artículos. Así, en el supuesto de delitos cometidos en ejercicio de las funciones, corresponde la aplicación del procedimiento específico previsto por los arts. 182 a 186 de la Constitución provincial y 17, 18, 27 y cc. de la Ley 13661.
En cambio, si el suceso versa sobre un delito común, el funcionario será juzgado en la misma forma que los demás habitantes de la provincia de Buenos Aires, quedando suspendido desde el día en que se haga lugar a la acusación Lo único que la legislación provincial, al reglamentar el art. 187 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, exige, para que los magistrados o funcionarios públicos sean juzgados en la misma forma que los demás habitantes de la provincia de Buenos Aires, es que el Jurado de Enjuiciamiento –en caso de delitos comunes dolosos- proceda a la suspensión del funcionario respecto del cual se hubiera hecho lugar a la acusación. Art. 19 de la Ley 13661.
Se evidencia aún más esta diferenciación de procedimientos, según sea el delito denunciado, cuando el propio art. 19 –en su último párrafo- establece que ninguna de las medidas que tenga que dictar el Jurado –referentes a la formación del proceso de enjuiciamiento y suspensión- afectará la continuidad del juicio penal que se esté siguiendo al funcionario.
En resumidas cuentas, la forma en que está regulado en el ámbito provincial el procedimiento de remoción de funcionarios denunciados por delitos comunes –quienes, como vimos, deben ser juzgados en la misma forma que los demás habitantes de la provincia de Buenos Aires- da cuentas de que, una vez acontecida la suspensión del art. 19, no existen cortapisas para que el poder judicial avance con la respectiva investigación, juicio y sentencia; pudiendo, en el marco de dicho proceso, dictarse medidas tendientes a asegurar el mismo (v. gr. comparendo compulsivo del art. 150 último párrafo del CPP; detención, conf. art. 151 del mismo cuerpo legislativo; etc.).
Desnaturalizaría la equiparación de enjuiciamiento a ciudadanos ordinarios, que realiza el art. 187 de la norma fundamental, si para dictar tales medidas procesales se tuviera que esperar a la destitución del funcionario público, lo cual sucederá –en caso de delitos comunes- luego de que la sentencia judicial quede firme y que el Jurado de Enjuiciamiento, conforme a ello, proceda a dictar la respectiva resolución. Es que pueden presentarse, en caso de tomarse esta posición, supuestos de imputación de delitos sumamente graves con existencia de palmarios peligros procesales –v. gr. intimidaciones y agresiones a las víctimas a fin de que cambien su versiones de los hechos o evitar que declaren en el debate, existencia de circunstancias que den cuenta de que el imputado está por salir del país por lugares no habilitados y por ende con dificultad para ejercer el debido control, etc.- en los que al no poder tomarse medidas cautelares que resulten necesarias y proporcionales, previstas en los arts. 150 y 151 del CPP, devenga imposible llevar adelante el proceso judicial.
Además, la inmunidad -en este caso de arresto- opera para proteger la función; con lo cual, carecería de sentido mantener dicho efecto tuitivo cuando existe una suspensión fundada en los términos del art. 19 de la ley de enjuiciamiento provincial.
Podríamos preguntarnos cuál sería la distinción entre la suspensión prevista para delitos propios de la función (conf. art. 34 in fine de la ley 13661) y la contemplada para delitos comunes (conf. art. 19 de la misma ley).
La diferenciación está dada por la propia Constitución provincial y por la ley 13661, y consiste en que la suspensión dictada en el segundo supuesto se da en un marco en donde los funcionarios son Juzgados en la misma forma que los demás habitantes de la provincia de Buenos Aires (art. 187 de la norma fundamental provincial) y en donde ninguna de las medidas que tenga que dictar el Jurado puede afectar la continuidad del juicio penal que se esté siguiendo al funcionario (art. 19 de la ley de enjuiciamiento). Mientras que, en relación a los delitos cometidos en ejercicio de las funciones, la suspensión se da en el trámite de un proceso especifico, en donde el Juez, antes de aplicar y hacer efectiva la ley penal de fondo, debe aguardar al veredicto de culpabilidad del Jurado de Enjuiciamiento (conf. art. 185 de la Constitución Provincial; 18 inc. f) y 48 de la Ley 13661).
Así las cosas, colijo que la suspensión dispuesta por el Jurado de Enjuiciamiento, en el marco de la denuncia de delitos comunes, habilita la posibilidad del dictado de medidas cautelares personales; siempre, claro está, que resulten acreditados los extremos previstos por la legislación procesal con los estándares probatorios respectivos. En análogo sentido, si bien comentando el art. 299 del CPP, pero con fundamentos que resultan aplicables al sub examine, se expresaron Granillo Fernández y Gustavo A. Herbel. Ob. citada, pag. 118.
Al respecto, creo oportuno citar el siguiente precedente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que no obstante haber sido dictados con anterioridad a la Ley 13661, sus fundamentos resultan aplicables al caso en examen.
“El art. 187 de la Constitución Provincial y el Código Procesal Penal no preveen que el juez de la causa deba solicitar el levantamiento de inmunidad alguna para continuar el proceso por delitos ajenos a sus funciones. El juez encausado quedará suspendido desde el día que se haga lugar a la acusación lo que significa que la suspensión opera "ministerio legis" por la sola admisión de la acusación. Este mandato constitucional no otorga al órgano que debe ejecutar la suspensión del acusado ninguna potestad valorativa sobre el contenido probatorio del proceso ni de la acusación contra el magistrado encartado.
El art. 187 de la Constitución provincial no es susceptible de interpretación que lo presente como oponiendo un impedimento o una suerte de cuestión prejudicial respecto de la acción penal contra los jueces por delitos ajenos a su función, o creando a favor de éstos una especie de fuero que sea necesario allanar mediante ‘un desafuero’ para juzgarlo”. JEMF LP 1144 RSI-1144-93 I 02/03/1995. Carátula: Boitano, Enrique Carlos s/Enjuiciamiento. Magistrados Votantes: Mercader-Acevedo- Berizonce-Cortina-Posik-Migliaro-Gutiérrez.
Aclarada dicha cuestión, corresponde ahora analizar si, conforme lo considera el Agente Fiscal, están dadas las condiciones para que se haga efectiva la detención, dispuesta por el a quo, de M. A. M.. En tal sentido, adelanto que el recurso debe prosperar parcialmente.
En primer lugar, es dable señalar que el cargo por el cual se encuentra suspendido M. -Defensor Oficial-, requiere, para su designación, el procedimiento establecido en el segundo párrafo del artículo 175 y por el artículo 159 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Ahora bien, como vimos, la Jueza de Garantías, dictó la detención por delitos comunes, muchos de ellos imputados como cometidos en un marco de violencia de género, pero no la hizo efectiva. Al efecto, aplicó el art. 1 de la ley de fueros del ámbito nacional. Frente a ello, la Fiscalía invocó un hecho nuevo, consistente en que, con posterioridad a dicha resolución, el Jurado de Enjuiciamiento suspendió a M., conf. el procedimiento del art. 19 de la ley 13661. Agregando, que luego de dicha suspensión, M. habría cometido nuevos actos de violencia de género, los que habrían tenido por víctima a R. B. Rozas, quien habría sido violentada verbal y físicamente por el sindicado, habiéndole referido que por su culpa le habían sacados los fueros. Lo que dio lugar a la formación de la IPP nro. 01/02-005483-21/00. Invoca así, la existencia de nuevos peligros procesales.
En respuesta, la Jueza se remitió a los argumentos brindados al no efectivizar la detención.
Ya he analizado que la aplicación de la ley nacional de fueros no resulta procedente, por lo cual la decisión de la Jueza es arbitraria. Me remito aquí a lo dicho ut supra.
Además, no meritó la Jueza, que, como lo había acreditado correctamente el Agente Fiscal, el Jurado de Enjuiciamiento dispuso la suspensión de M. por la denuncia de delitos comunes, teniendo al requerimiento fiscal –en este caso presentación de la Fiscalía ante dicho Jurado- como acusación, en los términos de lo normado por el art. 187 de la Constitución Provincial y 19 de la ley de enjuiciamiento.
En dicha resolución el Jurado, en lo sustancial, dijo; luego de abordar fundadamente los hechos endilgados, los elementos de convicción existentes respecto a la existencia de los mismos, la autoría y calificación legal; que: “V.2. Ahora bien, ya en lo que hace al tratamiento de la cuestión por la que fuera convocado este Tribunal, cabe destacar que, en el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento, el requerimiento fiscal hace las veces de acusación de acuerdo a lo establecido en los arts. 3 y 19 de Ley 13661, en concordancia con lo regulado por el art. 300 del Código Procesal Penal (Conf. doc. expte 1- 1377/01, “Cazeaux” y SJ. 262/14 “Marabotti”).
Además, y no obstante tratarse de delitos dolosos los descriptos en la imputación (recaudo que exige el art. 19 de la Ley 13.661 -t.o. según ley 14.441-) lo cierto es que un segmento de los mismos permite sostener que se está frente a supuestos en los que prima facie se comprometería la obligación -deber- que el Estado argentino asumió respecto de la debida diligencia en la investigación y sanción de esta clases de delitos -de género- (arts. 1, 2 y 5.a. de la t Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 7.b. de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Bélem do Pará-; art. 3 de la ley 26.485), pudiendo impactar en el derecho al acceso a la justicia de las mujeres en condiciones de igualdad; art. 2 incs. F y E de la ley 26.485, con la consecuente responsabilidad internacional que acarrea su eventual incumplimiento (SCBA, conf. -en lo pertinente causa P. 109.447, sent. de 08-V-2013; P. 114.826, sent. de 1 27- 1-2013; P. 114.858, sent. de 12- 111-2014; P. 122.554, sen . de 07-111-2018; S.J. 510/19 "Gómez Urso y Viñas", 1 res, 1. de 29-XI-2019; S.J. 406/17 y acum. S.J. 428/17 "Gárcía", veredicto y sent. de 5-111-2020). A lo que debe agregarse, con análoga intensidad, la necesidad de resguardar el interés superior de las niñas involucradas, tales son la hijas del funcionario denunciado y la hija de la víctima Verónica Paula García Gómez (arts. 19, CADH; 2 a 4, y 33 y 34 CIDN; Corte IDH, caso "Veliz Franco y otros Vs. Guatemala", 19-V-2014, nros. 133 y 134). En virtud de lo expuesto corresponde declarar procedente la formación del proceso de enjuiciamiento, art. 19 ley 13.661).
Por ello el Jurado de Enjuiciamiento de y Funcionarios por unanimidad de los miembros,
PRIMERO: Desestimar los planteos formulados por la señora defensora oficial, doctora María Raquel Ponzinibbio.
SEGUNDO: Hacer lugar a la formación del proceso de conformidad a lo dispuesto por el art. 19 de la ley de enjuiciamiento.
TERCERO: Suspender a partir de la notificación de la presente al doctor M. A. M., titular de la Defensoría Oficial nro. 3 del Departamento Judicial Azul, con sede en Olavarría, disponiendo el embargo sobre el 40 % del sueldo (art. 35 de la ley 13.661), comunicando lo resuelto al Poder Ejecutivo y a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia a sus efectos (…)”. El resaltado me pertenece. Como se observa, y de acuerdo a lo establecido en párrafos anteriores, advierto que no hay obstáculos procesales para hacer efectiva la detención de M.. En otras palabras, están dadas las condiciones de operatividad para la aplicación del art. 151 del CPP, sin que haya circunstancias que ameriten suspender la medida de naturaleza cautelar, como lo ha hecho el a quo.
Sin perjuicio de ello, advierto que la resolución que dispuso la detención de M. comprendía los hechos intimados en IPP 01.02.971.21 (acumulada 01.02.1053.21); IPP 01.02.1557.21; IPP. 01.02.2973.19 (acumulada 01.02.2972/199); e IPP 01.02.4075.19; habiendo valorado la Jueza, para dictar la medida, peligros procesales a partir de elementos propios de las distintas investigaciones.
Al analizar la suspensión dictada por el Jurado, aprecio que fue dispuesta respecto de la IPP 01.02.971.21 (acumulada 01.02.1053.21) e IPP 01.02.1557.21; pero no en relación a las IPP. 01.02.2973.19 (acumulada 01.02.2972/199); e IPP 01.02.4075.19, puesto que el trámite de la suspensión referente a ellas todavía se encontraba con traslados pendientes.
A partir de lo referido, concluyo que le asiste razón al Agente Fiscal en que la Jueza no ha hecho una correcta interpretación de las normas aplicables; puesto que no hay inmunidad que impida efectivizar una medida de detención dictada respecto de M. en relación a las causas en las que se encuentra suspendido.
Sin embargo, al no estar suspendido respecto de todas las causas por las que se hizo lugar a la detención, es necesario que el a quo dicte nueva resolución en relación a las investigaciones en donde no existen impedimentos procesales -inmunidades- para efectivizar la medida (IPP 01.02.971.21 -acumulada 01.02.1053.21- e IPP 01.02.1557.21.), evaluando si los elementos que se presentan en las mismas abastecen los extremos exigidos para dictar la cautelar prevista por el art. 151 del CPP. En resumidas cuentas, es necesario un pronunciamiento que valore si en las causas en las que M. está suspendido, en los términos del art. 19 de la ley de enjuiciamiento, existen peligros procesales que basten para ordenar una detención, absteniéndose de imponer la misma en aquellas causas en que la suspensión todavía no está dictada.
Además, conforme lo dicho, deberá expedirse sobre las órdenes de allanamiento, registro y secuestro solicitadas, las cuales – eventualmente- deberá también efectivizar.
En virtud de lo expuesto, propongo a mis colegas del Acuerdo, hacer lugar formalmente a la queja deducida por el Agente Fiscal; hacer lugar parcialmente al Recurso de Apelación deducido por la misma parte (en cuanto ya no existen obstáculos procesales -inmunidades- para hacer efectiva una eventual detención de M. en IPP 01.02.971.21 -acumulada 01.02.1053.21- e IPP 01.02.1557.21.) revocar la resolución de la Jueza de Garantías en cuanto no hizo efectiva la detención en IPP IPP01.02.971. 21 -acumulada 01.02.1053/21-, e IPP 01.02.1557.21.; y remitir las actuaciones a la instancia para que, conforme los parámetros dados por esta Alzada, evalúe si se cumplen los extremos exigidos por el art. 151 en relación al pedido de detención solicitado por el Agente Fiscal en las IPP antes mencionadas, y dicte nueva resolución.
Arts. 1, 5, 121, 122, 123, 126, de la C.N.; 1 de la Ley 25320; 19, 20, 21 y cc. de la Ley 13661; 1, 160 a 189, de la Constitución Provincial; 106, 151 del CPP, 439 y cc. del CPP.
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA el Juez DR. ECHEVARRÍA votó en igual sentido que el colega preopinante por ser su sincera convicción.
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA el Juez DR. PAGLIERE votó en igual sentido que el Dr. Cini por ser su sincera convicción.
Con lo que terminó el acto, dictando los jueces del Tribunal, por unanimidad, la siguiente:
Atento a lo acordado por unanimidad del Tribunal, y lo dispuesto en los arts. 1, 5, 121, 122, 123, 126 de la C.N.; 1 de la Ley 25320; 19, 20, 21 y cc. de la Ley 13661; 1, 160 a 189, de la Constitución Provincial; 106, 151 del CPP, 439 y cc. del CPP, SE
Primero: Hacer lugar formalmente a la queja deducida por el Agente Fiscal Segundo: Hacer lugar parcialmente al Recurso de Apelación deducido por el Agente Fiscal (en cuanto ya no existen obstáculos procesales -inmunidad- para hacer efectiva una eventual detención de M. en IPP 01.02.971.21 -acumulada 01.02.1053.21- e IPP 01.02.1557.21); revocar la resolución de la Jueza de Garantías en cuanto no hizo efectiva la detención en IPP 01.02.971.21 (acumulada 01.02.1053.21) e IPP 01.02.1557.21; y remitir las actuaciones a la instancia para que, conforme los parámetros dados por esta Alzada, evalúe si se cumplen los extremos exigidos por el art. 151 en relación al pedido de detención solicitado por el Agente Fiscal en las IPP mencionadas en este párrafo y dicte nueva resolución.
Regístrese, notifíquese al Fiscal General Deptal., ofíciese y devuélvase al órgano de origen.
Fin de la sentencia