Abriendo la norma
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR , CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.18 12:26:41-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C =AR, CN=GEYER Adriana Inés TOMO CLXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.18 12:27:04-03'00' REGISTRO Nº 10.078 Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 FOLIO Nº 013/020 PROT. ELECT. JR101 225I.261 Río Gallegos, 18 de junio de 2026.
La presente causa caratulada: "A.M.N. S/ Dcia.
desobediencia judicial y amenazas" - Expte. Nº A-18813/25 - Apelación/Causa JR Nº 10178/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 139/156 del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. ConJuez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de C.D.T., en orden al delito de “desobediencia judicial (dos hechos) y amenazas (dos hechos) ambos en concurso real entre sí" (arts. 239, 149 bis y 55 del CP en el marco de la ley 26.485) y en el punto 2) ordenó el embargo sobre el dinero o los bienes del procesado por la suma de dos millones (2.000.000) de pesos.
Que a fs. 161/172vta. del presente incidente, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 189 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna. Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. Que a continuación se abordarán cada uno de los agravios de la recurrente alterando el orden propuesto en el escrito de apelación en virtud de la nulidad incoada puesto que, de prosperar, tornaría abstracto el resto de los planteos defensivos.
1. Nulidad: Bajo el presente acápite la defensa plantea que con la denuncia por el hecho que habría acaecido el 21/08/2025 se acompañaron veintiún (21) capturas de pantalla, que obran glosadas en blanco y negro, tratándose de imágenes de mensajes de textos, audios, llamadas, mensajes eliminados, etc., de las cuales no constan metadatos, número de celular remitente y/o destinataria ni se agrega esquema de cadena de custodia, acta de secuestro, etc., por lo que solicita la nulidad del medio de prueba aportado por carecer de validez probatoria y del cd agregado a fs. 71 por las mismas causales al no haberse respetado el Protocolo de Cadena de custodia, habiéndose vulnerado el debido proceso y la defensa en juicio.
Ingresando en el análisis de este primer agravio, adelantamos que no prosperará.
En efecto, el requerimiento de nulidad de la defensa debe ser analizado teniendo en consideración que: “…El sistema de nulidades receptado en nuestro ordenamiento procesal impone la interpretación restrictiva, y establece que no corresponde la declaración de una nulidad por la nulidad misma, sino que el acto atacado debe producir un perjuicio efectivo a la parte que la plantea, afectando, concretamente, una garantía constitucional, además de requerirse que dicha parte posea un interés en su invalidación.” (CSJN, Fallos 325:1404, 323:929, 311:1413 y 311: 2337.- 2 CSJN - Fallos: 236:37; 240:160, entre otros).
Asimismo tenemos en cuenta que: “…no se debe declarar la nulidad por la nulidad misma, es decir en el sólo beneficio de la ley o para satisfacer pruritos formales. En cambio, la declaración de nulidad debe tender a enmendar perjuicios efectivos y la afectación de garantías procesales, en especial el derecho de defensa. Lo contrario sería caer en un ritualismo inaceptable, ya que la forma procesal tiene un sentido teleológico y la nulidad constituye un remedio extremo…” (La nulidad y sus efectos en el proceso penal”; publicado en DJ20/02/2008, 381; Cita Online:
AR/DOC/2719/2007).
En el caso en análisis, la sanción requerida por la defensa resulta por demás extrema y desmesurada, habida cuenta que rige el principio de la libertad probatoria contenido en el art. 199 del CPP, que habilita que el hecho investigado sea probado por cualquier medio, salvo los específicamente exceptuados.
Que, en el caso, las impresiones de las capturas de pantalla de los mensajes glosadas a fs. 40/60 que exige la defensa que sean invalidadas, no constituyen una “pericia informática” relativa a un “ciberdelito”, debiendo advertirse que han ingresado al proceso cumpliendo con los requisitos exigidos por el digesto procesal penal –conforme las constancias de la causa principal-, ya que fueron entregadas por la propia damnificada al efectuar la denuncia el día 03/09/2025 ante la Sra. Agente Fiscal Subrogante de Río Turbio, en respaldo y complemento de sus dichos, es decir, fueron entregadas a la Dra. S.L.T., Letrada Adjunta de la Fiscalía de Instrucción, quien reviste la calidad de funcionario público -conforme lo previsto por la Ley de Ética Pública-, la cual hubo de formular requerimiento de instrucción por el delito de “desobediencia y amenazas –dos hechos-“ (arts. 239 y 149 bis 1º párrafo del CP, en aplicación de la ley 26.485), conforme surge de fs. 61/61vta..
En este aspecto, la denuncia ante la Fiscalía de turno acompañada del requerimiento de instrucción penal –que incluye las impresiones de las capturas de pantalla de los mensajes-, constituye un instrumento público, y por tanto, goza de plena fe de su contenido hasta tanto sea argüido de falsedad.
Tampoco prosperará la solicitud de nulidad de la incorporación como prueba del cd glosado a fs. 71 toda vez que, conforme surge del acta de fs. 72, la damnificada se presentó espontáneamente ante el Juzgado de Instrucción a los efectos de hacer entrega a la Sra. Secretaria actuante del soporte magnético que contiene los audios que le habría enviado el imputado y que se había comprometido a entregar a la Justicia al radicar la denuncia ante la Fiscalía el día 03/09/2025. La Sra. Secretaria Dra. A.G.D.O., reviste la calidad de funcionario público -conforme lo previsto por la Ley de Ética Pública-, y sus actos gozan de plena fe pública hasta tanto sean argüidos de falsedad.
Cabe destacar que la presente investigación versa sobre la presunta comisión de los delitos provisoriamente calificados de “desobediencia judicial (dos hechos) y amenazas (dos hechos) ambos en concurso real entre sí" (arts. 239, 149 bis y 55 del CP en el marco de la ley 26.485); con lo cual claramente no nos encontramos frente a uno de los denominados “ciberdelitos”.
Tampoco nos encontramos frente al cuestionamiento de una “pericia informática” -que implique que la manipulación del material a analizar pudiera alterar su contenido-, pues las piezas probatorias cuestionadas no conforman un acto procesal de los denominados irreproducibles, razón por la cual no se advierte que le genere a la parte el perjuicio requerido doctrinaria y jurisprudencialmente.
En el caso bajo examen, la defensa no logra demostrar que las impresiones de las capturas de pantalla de los mensajes escritos y el soporte magnético conteniendo audios, hayan ocasionado un menoscabo que amerite hacer lugar al pedido nulificante, teniendo presente que los hechos investigados no solamente se sustentan en esas piezas probatorias – de carácter indiciario-, sino que obra, además, un cúmulo probatorio concordante y conteste que permiten tenerlos por reforzados y verosímiles. Por consiguiente, corresponde no hacer lugar al planteo nulificante de la defensa por entender que las piezas procesales cuestionadas constituyen elementos probatorios legalmente incorporados a la causa en el marco de la investigación criminal, conforme las disposiciones del CPP, sin que se hubieran conculcado los derechos de jerarquía constitucional reconocidos al imputado.
Este criterio es concordante con lo sostenido por esta Alzada de manera invariable, pudiendo citarse a modo de ejemplo el antecedente: "Actuaciones Prevencionales S/Homicidio Culposo", Expte. Nº A-74.840/23 - Apelación/Causa JR Nº 8194/23 y acumulados por cuerda los autos caratulados: "Incidente de nulidad en autos: Actuaciones Prevencionales S/Homicidio Culposo”, Expte. Nº I-74.840/23 – Apelación/Causa JR Nº 8221/23 y más reciente en el tiempo autos caratulados: "S.J.O. S/Abuso de arma de fuego (reiterado 2 hechos)", Expte. Nº 29.444/26 - Apelación/Causa JR Nº 10.110/26.
De todo lo analizado se concluye que la pretensión de la defensa no prosperará en esta instancia procesal por resultar a todas luces inconsistente, al haber sido valoradas las capturas de pantalla y los audios como pruebas indiciarias en forma conjunta con el resto de los elementos de cargo respetando las reglas de la sana crítica racional, reiterándose que no resultan las únicas piezas probatorias en las que se sustenta el auto de procesamiento.
2. De la insuficiencia probatoria: La defensa destaca que los hechos reprochados parten de una denuncia penal en contra de su asistido, la cual es desnaturalizada, ya que constituye la noticia criminis, pero el a quo la utiliza como medio de prueba. De ello se desprende el requerimiento fiscal de instrucción, repitiendo los términos de la denuncia y luego se arriman al proceso semiplenas pruebas testimoniales, documentales e informáticas.
De las testimoniales producidas en la causa se agravia por tratarse de meras reproducciones de los dichos de la denunciante. Con relación a los dichos de S.N.C, asevera que retransmite los dichos de la denunciante pero no lo que habría percibido con sus propios sentidos directamente.
Del mismo modo, respecto de las declaraciones de C.C.B. y C.C.M., la defensa pretende restarles valor ya que las mismas no pudieron determinar quién era la persona que llamó ni el número de teléfono del cual se registraron las llamadas, reproduciendo los dichos de la denunciante.
Asimismo se agravia de la valoración del testimonio de M.A.A., hermana de la denunciante, argumentando que sólo retransmite los dichos de terceras personas, ya que nunca habló con su asistido y la comunicación que dice haber tenido por las redes fue con una persona de sexo femenino bajo el perfil B.T..
Igualmente se agravia del testimonio de la Lic. D.M.R., por entender que la profesional del área de la salud mental que trata a la denunciante carece de objetividad, se limita a hacer alusiones a los distintos hechos denunciados y también retransmite lo dichos de su paciente. Plantea a su vez que, la declaración de la Lic. D.M.R., dista bastante del informe pericial de la denunciante, dando sustento a la hipótesis defensiva relativa a que los hechos denunciados y retransmitidos por testigos de oídas, son producto del accionar de una persona con celopatía, que al no poder controlar la situación afectiva de sostener a su representado a su lado como pareja, despliega su hostilidad de esa forma ante los hechos que ve como amenaza, que justamente se trataría de las intenciones del encartado de no querer retomar el vínculo.
En definitiva plantea que la denuncia no se pudo probar de manera objetiva y metódica, ya que se carece de pruebas periciales, de sábanas telefónicas, informes de dominio de sitio web, identidad del titular de la página de Facebook, etc.
Pues bien, analizando este segundo agravio relativo al mérito de los elementos de cargo, advertimos que pese al intento de la defensa por mejorar la situación procesal de su asistido, no le asiste razón en sus argumentaciones motivo por el cual no tendrá favorable acogida en esta instancia procesal donde prevalece la probabilidad.
Doctrinariamente se tiene dicho que: “...El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...”. (Clariá Olmedo, J. A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).
En otras palabras, para el dictado de esta resolución de procesamiento: “...basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; 08/06/2010; “Antonini Rosetti, Miguel A. y otro”; Cita: TR LALEY 70061334). De esta forma entendemos que, con el caudal probatorio colectado durante la investigación y los indicios emergentes de la misma, éstos resultan suficientes para alcanzar la probabilidad que requiere la presente etapa procesal.
Advertimos que olvida la defensa que el presente caso se enmarca dentro de los delitos cometidos con violencia de género, toda vez que la denuncia de la Sra. M.N.A. consistiría en hechos reiterados de violencia psicológica y hostigamientos en el orden doméstico, cometidos por parte de la ex pareja, traducidos en términos por los que se siente intimidada y en reiteradas desobediencias a las medidas cautelares dispuestas judicialmente en resguardo de la misma.
Con lo cual concluimos que, teniendo debidamente acreditado el contexto de violencia, resulta imperante la aplicación del marco internacional de derechos humanos y las leyes nacionales de protección integral de la mujer y los NNyA.
Los pilares incluyen la CEDAW y la Convención de Belém do Pará a nivel internacional, y la Ley 26.485 en Argentina, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia, garantizando una vida libre de ella.
Asimismo, resulta aplicable la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y su correlato provincial Ley 3062, la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y las “100 Reglas de Brasilia” sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
Es por ello que llama la atención de este Sr. Juez de Recursos que la defensa introduzca el presente agravio, cuando esta Alzada ha venido sosteniendo de manera invariable y en reiterados pronunciamientos que, en casos donde se encontraría acreditado el contexto de violencia de género en el que la pretensa víctima estaría inmersa así como el estado de vulnerabilidad y sometimiento, asimetría de poder y/o ciclos de violencia, rige el principio de amplitud probatoria que se desprende del marco nacional e internacional en materia de violencia contra la mujer, que ordena a los jueces a valorar todas las pruebas disponibles con perspectiva de género, sin restricciones formales, ante la falta de testigos directos en hechos cometidos en la intimidad del hogar. Y esto no conculca ni menoscaba el derecho de defensa del imputado.
Más precisamente la Ley 26.485 en su art. 16 inc. i), busca superar los obstáculos probatorios, permitiendo indicios, informes técnicos y testimonios de referencia, priorizando el relato de la víctima. En ese sentido, analizando el mérito de la prueba reunida en autos, del estudio del auto de procesamiento se observa -sin dificultad-, que no se sostiene en el testimonio único de la damnificada, sino que luce producto de la valoración armónica y pormenorizada de: la denuncia de M.N.A., el requerimiento Fiscal de Instrucción, las declaraciones testimoniales de S.N.C., C.C.M., C.C.B., D.M.R., M.A.A. y S.M.A., la Nota Nro. 1835 de la Unidad Penitenciaria Nro. Uno de Pico Truncado, la respuesta a los Oficios Nº 2400/25 y 4156/25 del Juzgado de Familia de Río Turbio, las Notas Nº 495 y 233 de la Alcaidía Penitenciaria de Puerto San Julián, la documental aportada por la denunciante, la pericia psicológica de la Sra. M.N.A., el cd conteniendo los audios aportados por la denunciante, el acta de recepción de elementos, el informe de la DDIyN de la Cuenca Carbonífera, el Acta Nº 020/25 acompañada de un escrito del Sr. Defensor Oficial Dr. S.H., la documental y constancias remitidas por el Juzgado de Familia y el diligenciamiento del Oficio Nº 948/26 de la Alcaidía Penitenciaria de Pico Truncado –por enumerar algunas piezas procesales más relevantes-, concluyendo razonadamente que robustecen el relato de la víctima, tratándose de pruebas e indicios lo suficientemente graves, precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditados los hechos investigados y conectar –con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado con las mismas.
En función de ello, se desvanece la crítica individual que efectúa la defensa de la valoración de los dichos de la víctima, toda vez que existen otras pruebas que, sopesadas en su conjunto, robustecen el valor conviccional de su testimonio.
Es sabido que, en casos como el que nos ocupa, donde los hechos se suelen llevar a cabo en ámbitos privados, el testimonio de la víctima cobra un rol fundamental.
Y en el caso de marras, su versión de los hechos y el contexto de violencia de género se encuentran reforzados con otras piezas probatorias por resultar contestes y concordantes, lo que despeja toda duda acerca de una presunta mendacidad.
Este criterio ha sido sustentado por nuestro máximo Tribunal provincial, al señalar: “…Concretamente, con relación a los dichos de la damnificada se ha sostenido que en atención al ámbito en que por lo general se desarrollan esta clase de delitos, el testimonio de la víctima cobra un papel fundamental. Se ha señalado que ante la inexistencia de testigos presenciales del hecho, el juzgador debe basarse en los dichos de la víctima y en el de las personas que tomaron conocimiento mediante sus dichos...” (Tribunal Superior de Justicia; Secretaría Penal; Interlocutorio Nº: 012; Recurso de casación; 08/03/12; autos: “A.R. s/ secuestro calificado abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y desobediencia todo en c/r entre sí y A.H.S. s/ secuestro calificado”, Expte. Nº 3707 (A-686/11/T.S.J.). Con igual criterio otras Cámaras Nacionales de Apelaciones han considerado suficientes estos elementos probatorios: “…la valoración conjunta de los testimonios y los informes periciales permiten corroborar la materialidad del hecho y la intervención del acusado, considerando además la perspectiva de género y el interés superior del niño conforme a lo compromisos internacionales asumidos por el Estado…” (Cita online: TR LALEY AR/JUR/169790/2025).
Acerca de la fuerza convictiva del testimonio de las víctimas se ha sostenido que: “…La declaración de la víctima puede integrar la prueba de cargo necesaria para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia, pues de otra manera se crearían espacios de impunidad inaceptables…” (Trib. Crim. Nº 4; La Plata; Bs. As., D.P.J.A. s. Abuso Sexual con Acceso Carnal; 24/05/2024; Rubinzal Online; RC J 5549/24).
Es por ello que el agravio acerca que el procesamiento se sustenta en el testimonio único de la víctima y en reediciones de su versión de los hechos, no podrá prosperar, siendo un punto superado por la jurisprudencia del TSJ de la Pcia. de Santa Cruz, toda vez que tiene dicho que: “…El carácter de testigo único que reviste la víctima de un delito contra la integridad sexual no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil y, por ello, pretender revocar una sentencia condenatoria (…), alegando que lo único que sustenta la acreditación del mismo es la versión del hecho aportada por aquélla, atenta contra una regla de la experiencia común como es que los delitos contra la integridad sexual no suelen cometerse frente a testigos presenciales…” (Cita online LALEY AR/JUR/6917/2008, criterio sostenido igualmente ese mismo año en LALEY AR/JUR/3746/2008).
Viene al caso recordar a la defensa que esta Alzada ha confirmado en otras ocasiones el procesamiento sobre la base de denuncias concordantes por hechos presuntamente cometidos con violencia de género, sin contradicciones y persistencia del relato frente a distintos interlocutores (autos: “O.J.A. S/Infracción al Título III del Libro II del CP; Juez de Recursos de Río Gallegos; LALEY AR/JUR/62203/2024, que se cita a modo de ejemplo), como acontece en el caso de marras.
Por otra parte, de las constancias de autos no se vislumbra la existencia de animosidad por parte de la presunta víctima tendiente a perjudicar al procesado, debiéndose asimismo señalar que los testimonios obrantes en la causa son coincidentes en el tiempo, lugar y modo en que habrían sucedido los hechos investigados, no existiendo en autos elementos de juicio alguno que resulten contradictorios.
Concordamos con el Sr. Conjuez en que los testimonios de S.N.C., C.C.B., C.C.M., M.A.N. y D.M.R., vienen a robustecer el valor conviccional de sus dichos, por tratarse de las personas cercanas de su entorno, quienes dan cuenta de los reiterados episodios de hostigamiento, persecución y amenazas que recibía la damnificada de parte del imputado. Que sobre el valor probatorio de la prueba testimonial, esta Alzada ya tiene dicho al respecto, de manera sostenida en el tiempo, que la sola mención de que se trate de la persona damnificada e incluso de sus familiares, amigos, allegados y demás personas que integran su entorno personal y laboral, no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma; circunstancia acontecida en autos, siendo que el Sr. Conjuez hubo de confrontar los testimonios con el resto de la prueba aunada al legajo. Incluso brinda las razones por las que descarta la versión del imputado al contar con elementos de prueba que desvirtúan su hipótesis defensiva.
Del mismo modo concordamos con la Instrucción en el valor conviccional otorgado a la declaración de la psicóloga tratante de la damnificada, quien de manera concordante con lo informado en la pericia psicológica llevada adelante por la perito oficial del Excmo. TSJ, da cuenta que la Sra. M.N.A. estaría manipulada y avasallada por el imputado, quien mediante hostigamientos y amenazas reiteradas provocaría un estado constante de alerta en la misma, lo que le impediría descansar correctamente, presentado afectaciones en su estado físico, emocional y laboral con un retroceso en su tratamiento psicológico.
En este aspecto, muy por el contrario a lo argumentado por la defensa, la declaración de la Lic. D.M.R., encontraría respaldo en lo que se informa en la pericia psicológica de la denunciante, toda vez que da cuenta de la detección de indicadores de riesgo relacionados con pautas de cronificación y escalada de la violencia, celos exagerados y conductas de control y acecho pos ruptura de la relación por parte del imputado. En apoyo de nuestra postura cabe mencionar lo valorado por el Máximo Tribunal de la Provincia de Corrientes al revocar la absolución del imputado, por insuficiencia probatoria en una investigación de delitos cometidos en un contexto de violencia de género: “…ha faltado fallar con perspectiva de género, al perder de vista la situación de vulnerabilidad no solo física sino también psicológica en la que se encontraba la víctima, en razón de que su vida —al lado del imputado— se desarrollaba desde tiempo atrás en un contexto violento y de pura agresividad hacia su persona. En estos casos, resulta de relevancia el testimonio de la víctima quien es testigo natural de los hechos. Contrariamente a lo argumentado por el juzgador, la declaración de la víctima encuentra respaldo probatorio, y luce verosímil al estar rodeada de corroboraciones contiguas que objetivamente también la dotan de aptitud demostrativa o probatoria…” (Cita online: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, del 14/08/2024, autos: “V., M. A. s/ Lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real, con abuso sexual con acceso carnal”, La Ley Online: TR LALEY AR/JUR/126604/2024).
Por todo lo valorado, entendemos que la instrucción valoró correctamente las probanzas incorporadas a la causa, basado principalmente en el especial contexto en que podría haberse suscitado el hecho, posicionándose con perspectiva de género y derechos de infancia, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en la materia.
De esta forma, no resultan suficientes los planteos de la defensa técnica para revertir los fundamentos expuestos por el Sr. Conjuez, quien logró tener debidamente acreditada la vigencia de la medida cautelar dispuesta por el Juzgado de Familia (y su prórroga) y el conocimiento de la misma por parte del imputado al haber sido notificado; la recepción de reiterados mensajes de texto y audios bajo perfiles falsos en redes sociales y números desconocidos, los llamados telefónicos al lugar de trabajo de la damnificada y los contactos con sus familiares –hijos y hermanos-, llamándolos por teléfono a su trabajo y enviando mensajes por redes sociales, incluso que hubo de contactar a la víctima a través de sus propios familiares solicitándole que atendiera sus llamados.
Para así tenerlo por comprobado, se reitera que el Sr. Conjuez hubo de valorar a la luz de la sana critica racional y en forma concatenada la diversa prueba testimonial que respalda los dichos de la damnificada, las impresiones de las capturas de pantalla de los mensajes de texto, el soporte magnético conteniendo los audios de parte del imputado y el Informe de la Unidad Penitenciaria Nº Uno de Pico Truncado, que da cuenta que a pesar de encontrarse en la celda de aislamiento por haber tenido tuberculosis, el encartado habría tenido acceso a las líneas telefónicas allí determinadas con sus respectivos números de abonados –cuatro (04) líneas en total-, habiéndose efectuado incluso una requisa en la celda que habría ocupado, logrando comprobar que habría contado con los medios de comunicación respectivos para violentar la orden judicial vigente.
Por todo ello, corresponde desestimar este segundo agravio.
3. De la prisión preventiva: En tercer lugar la defensa se agravia del encarcelamiento cautelar por entender que existen otras medidas menos gravosas, tales como la prohibición de ingresar a la localidad o, en su defecto, la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, que igualmente garantizan los fines del proceso.
Argumenta que le resulta alarmante que la detención se convirtiera en prisión preventiva con los endebles fundamentos esgrimidos en el resolutorio apelado, ante una materialidad no acreditada y fundado en un testimonio único.
Recuerda que la prisión preventiva requiere por imperativo legal, la acreditación real y objetiva de la peligrosidad procesal y el entorpecimiento, que no pueden basarse en meras conjeturas, es decir, que no se presumen. En ese sentido, plantea que no existe argumento jurídico que fundamente que la detención se produce a los fines de asegurar el proceso, por lo que resulta no solo arbitrario sino ilegítimo. Agrega que su asistido tiene derecho a transitar el proceso en libertad. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su tesitura. Que analizando este tercer agravio, entendemos que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues no se advierte que la decisión carezca de fundamentos que la tornen arbitraria.
Observamos que la Instrucción a fs. 152vta./155, aportó los argumentos por los que entiende que, en función de los antecedente condenatorios que registra el imputado, conforme el informe de fs. 120/120vta., la naturaleza de los hechos investigados, y teniendo en cuenta la escala penal sancionatoria prevista para las figuras penales endilgadas, en caso de recaer condena en la presente causa, la misma será indefectiblemente de cumplimiento efectivo.
Advertimos igualmente que la Instrucción justipreció la gravedad del delito investigado en función de las constancias probatorias de las que se desprende de manera clara el contexto de aprovechamiento de la relación desigual de poder entre los involucrados y el contexto de violencia de género en que los mismos se habrían desarrollado, no siendo suficientes las medidas cautelares dispuestas en protección de la damnificada. Asimismo la Instrucción explicó que del accionar del imputado resulta una clara peligrosidad procesal, lo que le hace presumir que podría obstaculizar el accionar de la Justicia, con lo cual el fundamento del encierro provisorio radica en la aplicación del principio de la debida diligencia reforzada en atención a la vulnerabilidad de la víctima que se proyecta sobre el proceso, imponiéndose su protección para garantizar la indemnidad como prueba fundamental conforme la naturaleza del delito investigado. Se concuerda con la Instrucción que los hechos reprochados se enmarcan dentro del fenómeno de “violencia de género”, en cuya erradicación se encuentra seriamente comprometido el Estado Argentino, imponiéndose la actuación con la debida diligencia reforzada, debiéndose proteger a las víctimas portadoras del elemento de prueba fundamental en casos como el que se ventila.
La resolución que se intenta atacar evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención de los Derechos del Niño”, la “Convención Belem do Para” y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.
En este aspecto, he de coincidir con la Instrucción que surge claramente la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima (por la condición de vulnerabilidad), y evitar que, en caso de quedar en libertad el imputado, intente intimidarla a ella y su entorno de cualquier forma, con el objeto de mejorar su situación procesal, máxime cuando se encuentran constatadas las graves consecuencias que sucesos como los investigados traen aparejadas en la integridad psicofísca de las mujeres que sufren violencia de género.
Es por ello que concordamos en que puede razonadamente presumirse que, en caso de recuperar la libertad, el imputado podría entorpecer la investigación y/o darse a la fuga, frente a la posibilidad seria de que recayera una condena en su contra, ya que ésta sería de cumplimiento efectivo al ser declarado reincidente.
Cabe recordar que es criterio de esta Alzada que: “…se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia…” (Confr. Apelación JR Nº 6582/20 y Nº 9257/24).
Que, por lo tanto, compartimos con la Instrucción que no resultan viables en el caso concreto otras medidas alternativas al encierro cautelar, pues el propio accionar del encartado denota su total desapego a la ley. Es de destacar lo resuelto por la CIDH en el sentido que:
“…los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en caso de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Adicionalmente, la Corte ha señalado que los Estados tienen la obligación de adoptar normas o implementar las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al art. 7.c) de la Convención de Belém do Pará, que permitan a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia en casos de violencia contra la mujer. Todo esto debe tomar en cuenta que, en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, obligaciones específicas a partir de la Convención de Belém do Pará, las cuales irradian sobre esferas tradicionalmente consideradas privadas o en que el Estado no intervenía. …” (CorteIDH. López Soto. Sentencia de Septiembre de 2018).
Del mismo modo he de poner de resalto que: “… No haber detenido al agresor representa una violación del estado de proceder con la debida diligencia para proteger a la víctima / los derechos del autor del delito no pueden dejar sin efecto los derechos humanos a la vida y a la integridad física y mental de la mujer…” (cedaw 5/2005 y /2203). Que, por lo tanto, compartimos con la Instrucción que no resultan viables en el caso concreto otras medidas alternativas al encierro cautelar, pues el propio accionar del encartado denota su total desapego a la ley, quedando a la vista que las medidas de menor intensidad impuestas por el Juzgado de Familia no fueron suficientes.
Se advierte, por ende, que a pesar del intento por mejorar la situación de su asistido con relación a su libertad personal, la defensa no ha logrado desvirtuar los argumentos que sustentan la decisión recurrida, toda vez que la resolución que se intenta poner en crisis se encuentra debidamente motivada.
En suma, se concuerda con la Instrucción el criterio que sostiene que el riesgo procesal de entorpecimiento del accionar de la Justicia se ve incrementado en el caso concreto, a lo que se adiciona la solidez de las piezas probatorias incorporadas al legajo, que le permitieron arribar a la conclusión incriminante en grado de probabilidad afirmativa, sin que se encuentren conculcados sus derechos y garantías como persona sometida a un proceso penal.
4. Del embargo: Por último la defensa se agravia del excesivo monto de embargo impuesto, toda vez que al imputado le resulta imposible afrontar esa cuantía ni cuenta con bienes a ofrecer a embargo, lo que necesariamente conducirá a la inhibición general de sus bienes, constituyendo un daño innecesario. Por ello solicita su revocación. Que con relación al cuestionamiento del monto del embargo, entendemos que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento, el magistrado debe ordenar también el embargo de bienes del imputado.
Más aún del análisis de la resolución no se advierte que la medida dispuesta sea arbitraria por ausencia de fundamentación, toda vez que surge a fs. 155, que el Sr. Conjuez dio las pautas por las que entendía adecuado establecer el monto del embargo en la suma de dos millones de pesos ($ 2.000.000.-).
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, cabe mencionar que el monto impuesto en el embargo cautelar: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Corresponde finalmente aclarar que, el monto del embargo cautelar, sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse –llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso. Es por todo lo valorado que el embargo decretado en la suma impuesta, no luce irrazonable teniendo en cuenta el ilícito endilgado, su modalidad de comisión y el perjuicio que dicha conducta hubiere ocasionado, motivo por el cual confirmaremos el monto del embargo dispuesto, por resultar adecuado a derecho.
II. Expresa reserva de recurrir en Casación ante el TSJ y, por la vía del Recurso Extraordinario Federal ante la CSJN: que para el caso que el pronunciamiento de esta Alzada fuera adverso a los intereses de la defensa, hace expresa reserva de los recursos de Casación y Extraordinario Federal, lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, en mi carácter de Juez de Recursos,
1. RECHAZAR la NULIDAD incoada por la defensa en virtud de los motivos expuestos en los considerandos que anteceden. 2º)- CONFIRMAR el auto glosado a fs. 139/156 del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
3. TENER PRESENTE las reservas de casación y del caso federal incoadas por la defensa.
4. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
5. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
6. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia