Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el auto que obra glosado a fs. 191/198, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
TOMO CXXVII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8283 FOLIO Nº 152/156 PROT. ELECT. JR101158I.231
Río Gallegos, 04 de diciembre de 2023.-
La presente causa caratulada "M.N.O. S/ DENUNCIA” - Expte. Nº M-14.499/20 - Apelación/Causa JR Nº 7426/22, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 191/198 y vta., obra glosado en copias el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de Río Turbio, que en su punto 1º) dictó el procesamiento sin prisión preventiva de M.M.A. en orden al delito de “Hurto Calificado” (Art. 163 bis CPA); en tanto que en su punto 2º) trabó Embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000).- Que a fs. 203/204 y vta., la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 209 (cód. validación d9350e2c) y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que, la defensa se agravió en virtud de la presunta carencia de sustento legal y razonabilidad del auto atacado; defectos que –según dijo- lo haría arbitrario y violatorio de la garantía de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional).-
Asimismo, señaló que la resolución atacada no se encuentra debidamente fundamentada y motivada.-
Así, en su primer agravio, advirtió que no se ha considerado lo expresado por los testigos O., C. y J., testimoniales éstas -a su modo de ver- que son de fundamental importancia.-
En el segundo agravio, cuestionó que se ha ordenado el procesamiento, tan solo con los dichos de testigos que no han dado una descripción precisa del móvil que poseería el denunciante, o que no lo vieron, o que no vieron cuando éste hizo entrega del mismo al presunto imputado.-
El tercer agravio, manifestó que se ha formulado una hipótesis del caso a través de los dichos contradictorios de los testigos sin tener en cuenta lo declarado por su defendido y por los testigos que reafirman la versión brindada por el mismo en la audiencia fijada para tal efecto en los términos del art. 278 del CPP.-
Continuó su exposición, refiriendo a la contradicción de las testimoniales obranes en la causa, y que no se encuentran debidamente acreditados los requisitos objetivos y subjetivos que la figura impone para procesar a su defendido por el delito que se le enrostra.-
Argumentó, que con las probanzas arrimadas en autos, no hay mérito suficiente, para procesar a su defendido.-
Respecto del monto impuesto como embargo, dijo que la jueza no ha merituado ni tomado pautas que permitan determinar el perjuicio causado, no consta información o elementos para cuantificarlo, que permitan inferir que lo establecido en tal concepto se ajuste a derecho.-
Solicitó que se revoque el auto de procesamiento de fs. 191/198 y se dicte el sobreseimiento de su defendido levantándose el embargo.-
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
I. Que, tomando atenta lectura de los argumentos esbozados por la parte apelante junto a la resolución atacada y las constancias de la causa, entiendo que obran en autos suficientes elementos probatorios como para considerar, en este juicio de probabilidad delictual, que M.M.A. habría cometido el hecho que se le enrostró, razón por la que adelanto desde ya que confirmaré -por ser justo y adecuado a derecho- la resolución dictada por la Sra. Magistrada.- La defensa argumentó que el auto dictado no se ajustaba a derecho, era arbitrario y que no estaba debidamente fundado. Yerra la apelante en este punto, dado que en el auto apelado, se analizó la totalidad de las probanzas colectadas a la luz de la sana crítica racional, arribándose acertadamente a un provisorio juicio de valor, de tipo incriminante, en lo que se refiere a la situación procesal del encartado.-
Esta Alzada ya se ha expresado en reiterados pronunciamientos acerca que la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación. Circunstancias que no se observan en el caso.- En efecto, una resolución es arbitraria cuando carece de motivación. Lo arbitrario se opone a lo razonable, esto es: “… ser justo, moderado, prudente: todo aquello que puede ser resumido en arreglo a lo que dicte el sentido común…” (Nicolás Jorge Negri -Doctor en Ciencias Jurídicas-; “La argumentación jurídica en las sentencias judiciales”; Universidad Nacional de La Plata -Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales-, pág. 132).- En este mismo sentido, tiene dicho la CSJN que: "...La doctrina de la arbitrariedad requiere que las resoluciones recurridas prescindan inequivocadamente de la solución prevista en la ley, o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación...". (Cita online: CSJN 325:324 •30003297).-
Al respecto, viene al caso señalar que, en las resoluciones judiciales: “La motivación configura una garantía de garantías, pues ella debe contener las razones de cada afirmación, atender los planteos de las partes y explicar por qué la decisión es legalmente correcta. Por su intermedio el juez describe y valora la prueba, mediante la cual establece los hechos objeto del proceso y define el derecho aplicable…” (Ferrajoli, Luigi; “Derecho y razón. Teoría del garantismo penal”; Ed. Trotta; pág. 378).- El pronunciamiento de la Jueza de Instrucción se presenta racional y fundado íntegramente en las pruebas recabadas en el legajo. En tal sentido, baste con tomar vista de la fs. 191 y vta., en el punto "RESULTA" del auto recurrido, donde se enumeraron las piezas probatorias en que se apoyó para determinar la materialidad y autoría del hecho en cabeza de M.M.A..-
Se advierte que la Magistrada dedica las fs. 191 vta./197 y vta. de los considerandos de la resolución recurrida, al tratamiento de la materialidad del hecho, a su autoría y se abocó a la calificación jurídica del hecho endilgado, habiendo en primer término efectuado un repaso y enumeración de las pruebas obrantes en autos, para luego iniciar el análisis y valoración de dichos elementos correlacionándolos a la luz de lo previsto por el art. 199 del CPP, por lo que corresponde desechar este planteo, pues no se observa la orfandad probatoria ni la falta de fundamentación en la actividad desplegada por la Instrucción.- No se es coincidente en la pretensión de arbitrariedad o que la misma sea contraria a los principios elementales del derecho, pues en su dictado se efectuó el análisis en conjunto de la prueba a la luz de la sana crítica racional, observándose las pautas previstas en los art. 115, 116 y 199 del CPP..-
La sana crítica racional, para la valoración de la prueba, se define como: “… un sistema de apreciación de los hechos y de las circunstancias fácticas de las figuras delictivas y de los hechos procesales, conforme a las leyes fundamentales de la lógica, de la psicología y de la experiencia social, que el juez debe respetar para asegurar la certeza de sus afirmaciones y la justicia de sus decisiones.” (Navarro Guillermo Rafael – Daray Roberto Raúl; Código Procesal Penal de la Nación -análisis doctrinal y jurisprudencial-; ed. Hammurabi José Luis Depalma Editores; pág. 222).- En el auto recurrido, la magistrada ponderó la totalidad de la prueba aunada a la causa, las cuales la llevaron al dictado del resolutorio recurrido.-
Cabe recordar que, en este estadio no se requiere la certeza, sino la prevalencia de elementos incriminantes, como es el caso que nos ocupa, por eso no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan -al menos en esta etapa procesal- para acreditar el hecho, y la responsabilidad que "prima facie" le cabe al imputado en el mismo.-
Con acierto señala la doctrina que: "El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio". (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).- En virtud de la cual, rechazaré este primer planteo.-
II. Ahora bien, continuando con el análisis, no se comparte lo manifestado por la defensa puesto que la resolución atacada goza de constancias probatorias suficientes, no siendo, los dichos de la víctima el único elemento incriminador como alega la defensa. Opuestamente a ello los elementos probatorios aunados a la causa, a saber: la denuncia de N.O.M. y ratificación de la misma, la declaración testimonial de E.I.O. y ratificación de la misma, las capturas de pantalla, la declaración de D.Z. y ratificación de la misma, Oficio Ptvo. 012-SUM-ADM-AGRSO/09/2020 remitido por la División Comisaría 28 de Noviembre, la documental y nota perteneciente a N.O.M., la declaración testimonial de R.F.F., el diligenciamiento de Oficio Nº 1276/2021 remitido por la División Comisaría 28 de Noviembre, la declaración testimonial de L.M.R., la declaración testimonial de L.A.O., la declaración testimonial de A.R.C., la declaración testimonial de J.L.C.; son elementos que valorados armónicamente permiten formar un conglomerado indiciario acerca de la responsabilidad del imputado.- La jurisprudencia ha dicho que “...el nuevo Código Procesal Penal, para receptar, finalmente, el principio de la libre valoración de la prueba, ha abandonado las reglas de prueba legal, es decir aquellas pautas que ordenaban al juez, bajo determinadas condiciones, considerar probado un hecho.
Si bien este principio prohíbe imponer al magistrado una determinada convicción, debe remarcarse que la mera certeza subjetiva no es suficiente allí donde el resultado objetivo de la prueba receptada no admite una conclusión racional, es decir que la libertad del juez, a la hora de valorarla, debe estar sujeta, necesariamente, a las leyes del pensamiento y la experiencia. En este sentido, cabe recordar que el principio de la sana crítica racional... requiere de dos acciones para la valoración de la prueba: la descripción del elemento probatorio colectado y su valoración crítica, que debe estar dirigida a actualizar su idoneidad para fundar la conclusión en que se apoya el decisorio. Es decir que el magistrado debe expresar cuáles son las razones que, surgidas de las pruebas colectadas, determinan la decisión adoptada indicando cuál fue el camino deductivo seguido para llegar a esta conclusión y no sólo la operación mental.
La sana crítica no consiste... en un convencimiento íntimo o inmotivado, sino en un convencimiento lógico y motivado que se basa, en este caso, en los testimonios de las víctimas reflejados en la conciencia del juzgador para dar origen al estado de certeza necesario para emitir su juicio. Así, descritos, valorados y relacionados con otras constancias, los testimonios de las víctimas son pruebas concretas y suficientes que crean la convicción necesaria para corroborar con el grado de certeza propio del sumario, el hecho objeto de imputación...” (CFed.CCorr., Sala II, 9-3-2004, “Capdevilla, Carlos O. s/ procesamiento”, c.20.984. Luraschi, Irurzun, citado en “Revista de Derecho Procesal Penal 2009-1.
La prueba en el proceso penal-I”, Director Edgardo A. Donna, Rubinzal Culzoni Editores, págs. 393/394).- Así las cosas, la jueza calificó provisoriamente los hechos como “Hurto Calificado” (art. 163 bis del Código Penal).-
Que, el razonamiento de la magistrada resulta coherente, y ajustado a la prueba reunida y valorada en la pesquisa, no pudiendo advertirse la irracionalidad en el análisis que refiere la defensa.-
Asimismo, lo dicho autoriza a rechazar el agravio relativo a la presunta errónea interpretación de la prueba agregada al legajo o, que estas no sean suficientes.-
En relación a esto último, desde esta alzada, siguiendo a Clariá Olmedo, hemos sostenido que el dictado del procesamiento no requiere certeza apodíctica, sino que basta la confirmación de la sospecha inicial y, en relación a las pruebas, estas deben ser suficientes para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.-
Así considero, que no es cierta la observación de la defensa respecto a la presunta ausencia de pruebas dado que, si bien gran parte de los hechos se consideraron acreditados a partir de la declaración del denunciante, la jueza también ponderó los dichos brindados por D.Z. y C.J.L, quienes manifestaron que al momento de ingresar como contraventores a la Comisaría 28 de Noviembre, M. -denunciante- entregó entre sus pertenencias, un teléfono celular táctil, de color negro u oscuro, al celador de turno; siendo coincidentes sus relatos -persona, lugar, tiempo-, no vislumbrándose las supuestas contradicciones que refiere la defensa.- Amén de ello, se tuvieron en cuenta las declaraciones de E.I.O., R.F.F., L.M.R., S.G.A., L.A.O. y A.R.C.; tal como fue abordada en el resolutorio.-
Además, entendemos que propio imputado brinda una mera versión exculpatoria, ubicándose en tiempo y lugar del hecho, sin lograr controvertir la decisión a la que arriba la a quo.-
Así, si bien es sabido que la declaración indagatoria: “… es el medio de defensa con que cuenta el imputado durante el transcurso del proceso penal para ejercitar la defensa material…”. (Principios de intimación, imputación y congruencia en el Código Procesal Penal de la Nación; Romero Villanueva, Horacio J.; SJA 07/11/2018, 309, Cita online: AR/DOC/3348/2018); y que: “… el juez debe practicar todas las medidas que indica el imputado en su indagatoria (hacer comparecer testigos, recoger la prueba que haga referencia), pues el imputado abre una vertiente de investigación...”. (Washington Abalos - Código Procesal Penal de la Nación, ed. Ediciones Jurídicas Cuyo; p. 702). Sin perjuicio de ello, en el auto de procesamiento la Magistrada ponderó la declaración del imputado, como así también, el testimonio de O., no obstante, las juzgó insuficientes frente a la prueba reunida.- En el plano jurisprudencial, en cuanto a la valoración de la declaración indagatoria se ha dicho: “Si analizadas las actuaciones, existen reunidos serios indicios acerca de la participación del imputado en el hecho ilícito investigado, no obstante lo expresado en su declaración indagatoria, estos dichos que, sin desconocer que constituyen un medio de defensa de todo imputado, para adquirir real dimensión en ese sentido, no deben contraponerse con otros elementos de juicio obrantes en la causa.” (Cám. Fed. de Apel. de Salta; 11/09/96; "ELIAS Rolando Alberto y otro s/Infracción a la ley 23.737"; jueces: Lona, Mezzena, Falú, INTRANET PJN; Penal; 0 RC J 1683/99).- Por último, no puede soslayarse que de estos actuados se desprende que el encartado habría aprovechado su especial condición dentro de la fuerza de seguridad en el despliegue del ilícito que se investiga; ya que ello trasunta en una concreta situación sumamente reveladora -envestidura policial-, evidenciando así la existencia de una alta probabilidad que podría lograr inmiscuirse en cuestiones que podrían afectar el regular desenvolvimiento de la pesquisa y tergiversar sus resultados.- Ello, toda vez que en autos se advierte que no se trató de la valoración de un único sino de varios elementos probatorios, que interrelacionados entre sí, y a la luz de la sana crítica racional, permitieron a la Magistrada arribar al auto de procesamiento de A.-
Que por todo lo expuesto, he de disentir con la defensa cuando asegura que los elementos probatorios reunidos no son suficientes para disponer el procesamiento del encartado, pues según se explicó en párrafos precedentes, no solo resulta suficiente la prueba, sino que, además, se realizó una adecuada valoración de ésta por parte de la Instrucción de la causa. Al respecto se ha dicho: “…El auto de procesamiento lejos de exigir “certidumbre apodíctica por parte del juez acerca de los extremos requeridos para decretarlo”, se conforma con la “probabilidad” de la existencia del hecho delictuoso y de la culpabilidad del imputado como partícipe en él...”. (D'Albora, Francisco J., “Código Procesal Penal”, p. 381, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996).- Por su parte, recogiendo dicho razonamiento, la jurisprudencia sostuvo: “El procesamiento se dicta contra el imputado cuando existe la exteriorización fáctica de un hecho conceptualizado normativamente como delito e indicios vehementes de culpabilidad en su comisión por parte de aquél, no es una sentencia condenatoria, la cual requiere certeza, sino un auto justificado cuando de la prueba deriva un estado de sospecha fundado de que el encausado ha delinquido, no requiriendo un análisis de la totalidad de la prueba del sumario ni que la investigación se encuentre agotada.” (Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Sala B; 02/12/2010; “H. c. G.O. y otra”; Cita Online: AR/JUR/87394/2010).- En virtud de lo expuesto rechazaré el agravio relacionado a la presunta escasez probatoria; por otro lado también desestimaré el planteo de la defensa, que intenta quitarle valor probatorio a las testimoniales.-
III. Que, en relación a este último planteo -embargo-, y al efectuar una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -sobre este punto-, surge que la Magistrada fs. 197 vta./198 –segundo párrafo- del considerando, dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000.-). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el Art. 499º del C.P.P. establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado).- Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por la Sra. Jueza interviniente, limitándose a decir que no se habría merituado ni tomado pautas que permitan determinar el perjuicio causado, cuando en realidad dio los argumentos y se trata de un imperativo legal, razón por la cual rechazaré este cuestionamiento.-
IV. En otro orden, atento el carácter de dependiente de la Policía -celador en la División Comisaría de la localidad de 28 de Noviembre- Provincia de Santa Cruz del imputado M.M.A., corresponde librar oficio a la Jefatura de dicho organismo, haciéndole saber lo aquí resuelto.-
V. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
VI. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo.
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 191/198, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. LÍBRESE OFICIO a la Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Cruz -Departamento Legal- a los fines previstos en los considerandos de la presente.-
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia