Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI-118653
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada, con costas de segunda instancia al apelante vencido.
2Imponer al Dr. C. A. M. (T. IX, F. 303 C.A.M.)
Un severo llamado atención, con conocimiento del Colegio de Abogados de Mercedes para que se tome debida nota y adopte las medidas que estime que correspondan, a cuyo fin ofíciese con copia de la presente sentencia.
Nro de Orden:
Libro: S-206 Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N°1 Dptal Expte: SI-118653 Juicio: M. C. A. C/ ORGANIZACION VERAZ COMERCIAL DE MANDATOS E INF. COMERCIALES S.A. S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 1 días del mes de Julio de 2021, se reúnen en Acuerdo continuo (Res. SCBA 480/20 y complementarias sobre COVID-19 y Res. del Presidente de esta Sala nro. 28/4/2020) los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y ROBERTO ANGEL BAGATTIN, en su carácter de Presidente de esta Excma. Cámara quién interviene en el presente en virtud de lo resuelto por el Ac. Extraordinario del 12/06/2020. (conf arts. 35 y 36 de la ley 5827; art. 4° del Ac. Extraordinario del 25/09/2008, publicado en el Boletín Oficial el 06/12/2010, pags. 12.609/12.610), con la intervención de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-118653, en los autos: “M. C. A. C/ ORGANIZACION VERAZ COMERCIAL DE MANDATOS E INF.
COMERCIALES S.A. S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-
1ª.) ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio A. Ibarlucía y Roberto A. Bagattin.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I. La sentencia de fs. 255/69 es apelada por el actor, quien expresa agravios en forma electrónica, los que son replicados por igual medio.
II. Antecedentes y sentencia.
1. El sr. C. A. M. promovió demanda contra Organización S.A. Comercial de Mandatos e Informes por indemnización de los daños y perjuicios sufridos con motivo de haber proporcionado datos sobre su situación financiera que a su juicio eran erróneos.
Dijo que le fue rechazado un crédito que solicitara – sin aclarar a qué entidad financiera ni cuando – a raíz de la información suministrada por la empresa demandada, “falsa, inexacta e incompleta”, dado que la demandada dio cuenta del rechazo de cheques impagos de una cuenta corriente bancaria sobre la cual no era titular ni cotitular. Con motivo de ello, con fecha 10/02/11 intimó a Org. Veraz a que en un plazo de cinco días suprimiera esos datos. La demandada contestó el 14/02/11 diciendo que, atento a las verificaciones realizadas, tal situación, “a la fecha” no constaba en su base de datos, que estaba actualizada en todos los rubros.
Continuó diciendo que el 21/03/11 volvió a intimar a Veraz a que, atento a que la respuesta era ambigua, informara, ratificara o rectificara lo informado, ante lo cual la accionada contestó que había obtenido la información de fuente pública – la Central de Cheques Rechazados del BCRA -, de la cual surgía un total de 20 cheques rechazados, por lo cual debía dirigirse a esta entidad, y que, más allá de los plazos del art. 26 de la ley 25.326, había decidido mantener esa información por el lapso de 24 meses, siendo esa la razón por la cual no lo tenían registrado.
Sostuvo que Veraz no había cumplido con el art. 4 de la ley 25.326 en cuanto a que los datos debían ser exactos y actualizados, y que las fuentes públicas podían tener errores. En tal sentido dijo que nunca había sido titular de la cuenta corriente sobre la cual se habían librado los cheques rechazados, sino que había actuado como apoderado del sr. V. R. P., quien había ratificado el mandato ante la entidad bancaria, el BBVA Banco Francés. Alegó que la ley 25.326 exigía a las organizaciones de información crediticia constatar que los datos fueran verdaderos, lo que se potenciaba por imperio del art. 902 del C. Civil debido a la especialización de Veraz en el tema. Sostuvo que si una fuente pública podía tener datos erróneos, Veraz debía preocuparse por la calidad de los datos que informaba. Pidió la declaración de inconstitucionalidad de la Sección 8, p. 8.5.2 de la Comunicación del BCRA que obligaba a las entidades financieras a informar a la Central de Deudores también aquellas personas que hubieran emitido cheques como administradores, apoderados o mandatarios, toda vez que ello contradecía las reglas del Código Civil en materia de mandato. Solicitó indemnización por daño moral, pérdida de chance, daño emergente y lucro cesante.
2. Contestó la demanda Organización Veraz S.A.
pidiendo su rechazo, con costas. Luego de la negativa pormenorizada de los hechos relatados en ella, explicó qué tipo de actividad lícita desarrollaba y cómo obtenía la información que suministraba a los clientes que se requerían sus servicios.
En tal sentido dijo que su base de datos se integraba con la información obtenida de fuentes judiciales, oficiales y de entidades financieras, comercios e industrias. En cuanto a las oficiales, expresó que las entidades financieras estaban obligadas a informar al BCRA la situación de sus deudores, lo que se recopilaba e informaba al público en general en CD ROM o en el sitio web de la central bancaria.
Dijo que todo estaba reglamentado por la Comunicación “A” 3244 de 2001 que administraba la Central de Cheques rechazados, formada con la información que todas las entidades financieras estaban obligadas a comunicar, y que el numeral 8.5.2 incluía a los cheques rechazados firmados por mandatarios, apoderados, administradores o figuras similares, estando exceptuados sólo cuando no los hubieran suscripto (numeral 8.5.4). Señaló que la Central de Deudores del BCRA advertía que la información que publicaba era “de exclusiva responsabilidad de las entidades que las suministran” (conf. Com. “A” 5.000 del 1/12/09 del BCRA), y que Veraz sólo la retransmitía.
Explicó que el BCRA tenía implementado el Sistema de Telecomunicaciones del Area Financiera (STAF), al cual Veraz fue aceptada a acceder en 1992, y que por Com. “A” 2254 de 1994 el BCRA autorizó a terceros ajenos al sistema financiero a tener acceso a la Central de Riesgo mediante la conexión al STAF o a través de la provisión de cintas magnéticas, al que se autorizó a Veraz en noviembre de ese año.
Yendo al caso concreto motivante de la demanda, dijo que en la contestación a la primera carta-documento, Veraz le informó al actor que se había dado de baja la información sobre los cheques rechazados ya que habían transcurrido dos años (conf. art. 26.4 de la ley 25.326).
3. Producida la prueba, se dictó sentencia rechazándose la demanda, con costas. Para así decidir, la jueza consideró que Veraz no había incurrido en culpa o negligencia al difundir la información brindada por el BCRA, la que además fue cesada de acuerdo con la reglamentación vigente. Sostuvo que la demandada se había limitado a difundir un dato que coincidía con las constancias existentes, ya que el Banco Central había procedido con fecha 30/09/08 a incluir los datos del actor en la Central de cuentacorrentistas inhabilitados, sanción que cesara el 30/08/10, y que esa información se realizaba a través de la página que el BCRA poseía en internet, la que se podía consultar en forma gratuita o mediante un CD de distribución mensual con cargo.
Dijo que el Banco Central a fs. 217 había acompañado la totalidad de la información relativa a los cheques devueltos pertenecientes al actor, los que habían sido informados por el BBVA Banco Francés, y que a fs. 8/11 el expte. venido “ad effectum videndi” obraba la identificación detallada de los mismos.
Concluyó que no se le podía atribuir responsabilidad a Veraz porque no existía antijuridicidad en su obrar. Dijo que no había motivos para descalificar por inconstitucional una norma dado que no se había demostrado que se hubiera causado un perjuicio al actor. En tal sentido expresó que no estaba probado que éste no hubiera podido acceder “a un supuesto crédito” y que por ello no hubiera podido asociarse para un emprendimiento comercial.
III. Agravios.
1. El actor comienza sus agravios diciendo que nunca tuvo una cuenta corriente bancaria a su nombre y la demandada lo hizo aparecer en el informe durante dos años como deudor con varios cheques rechazados de una cuenta que no era de él.
Cita jurisprudencia por la cual se responsabilizara a Veraz por la emisión de datos falsos e inexactos. Sostiene que la ley le impone a Veraz la obligación de verificar la exactitud de los datos aún cuando provengan de una fuente pública, ya que ésta puede contener errores. Alega que en autos está probado que la demandada al contestar la carta documento reconoció que durante dos años mantuvo y difundió información falsa acerca de su persona, que el titular de la cuenta corriente era una persona distinta y que Veraz reconoció al absolver posiciones que difundía datos de terceros conociendo sólo la fuente pero desconociendo si eran verdaderos o falsos.
Se explaya sobre el daño moral diciendo que se configuró en el caso, como asimismo los demás elementos de la responsabilidad civil.
2. En su contestación, la demandada – ahora Equifax Argentina S.A. conf. Anexo B acompañado al contestar agravios - replica los argumentos del actor e insiste con su postura al contestar la demanda. Cabe remitirse al escrito electrónico por razones de brevedad.
IV. Aclaración previa.
En el capítulo “D- Prueba” de la expresión de agravios, el actor solicita que se requiera “ad effectum videndi et probandi” un expediente del Juzgado Civil y Comercial N° 6 y una sentencia de la Sala 2, ambos del Departamento. Es tan manifiestamente improcedente el pedido que no merece siquiera una resolución autónoma de rechazo, ya que no encuadra en ninguno de los supuestos del art. 255 incs. 2 y 5 del C.P.C.C. y, por otro lado, la jurisprudencia que por esa vía se denuncia es fácilmente accesible mediante la MEV de la S.C.B.A.
V. La solución del caso.
Comienzo por señalar que no existe responsabilidad civil sin daño cierto causado (art. 1067 del C.C. y su doctrina). En la demanda no sólo no se dijo cuál fue el crédito que el actor gestionó y no pudo obtener con motivo de aparecer en el informe de Veraz, sino que al hacer los reclamos indemnizatorios se limitó a teorizar sobre la “pérdida de chance” y el lucro cesante sin narrar hecho alguno que justificara el reclamo por tales conceptos. Solamente expresó que no pudo asociarse con el sr. Armando Oscar Bevacqua para un emprendimiento comercial sin aclarar de qué se habría tratado, y tampoco produjo prueba alguna al respecto, tal como dice la jueza en la sentencia (art. 384 C.P.C.).
También formuló alegaciones teóricas sobre el daño moral sin producir prueba, pero, como alguna jurisprudencia considera que la sola aparición en una base de datos expuesta al público con información falsa, inexacta o desactualizada implica que debe presumirse (CC0103 MP 21398 RSD-96-9 S 28/12/2009; SCBA LP C 94847 S 29/04/2009 Juez PETTIGIANI (OP); CC0002 SM 51390 RSD-403-4 S 30/09/2004 , y otros), procederé a analizar los demás elementos de la responsabilidad civil en el caso de autos. Comencemos por recordar que el primero es el hecho antijurídico, que en el Código de Vélez (aplicable en el caso dada la fecha de los hechos denunciados, art. 7 C.C.C.) se plasmara en los arts. 1066 y 1074. El primero prescribía que ningún acto voluntario tenía carácter de ilícito si no era expresamente prohibido por las leyes ordinarias, municipales o reglamentos de policía, y que a ningún acto ilícito podía aplicarse pena o sanción del código si no había una disposición de la ley que la hubiese impuesto.
El art. 1074, por su lado, establecía que toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro era responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiera la obligación de cumplir el hecho omitido. Como es bien sabido, con el tiempo – en especial con el desarrollo de la responsabilidad objetiva – se catalogó a tal definición de la antijuridicidad como formal dado que muchas veces se causaba un daño sin que fuera sencillo encontrar la norma infringida. Por ello se pasó al concepto de antijuridicidad material, con muy variadas definiciones según los autores (Alfredo Orgaz, Jorge Mosset Iturraspe, Ramón Pïzarro y otros), que no es del caso reseñar (me remito a mi trabajo “Antijuridicidad y responsabilidad civil.
Fundamento constitucional”, La Ley 2012-A, 561). El Código Civil y Comercial, receptando esta evolución, define a la antijuridicidad como cualquier acción u omisión que causa un daño si no está justificada (art. 1717), y el art. 1718 prescribe que el hecho que causa un daño está justificado cuando es en ejercicio regular de un derecho (las otras dos causales de justificación son la legítima defensa y el estado de necesidad, que no vienen al caso). Si bien, como dije, en el caso de autos se aplica el Código Civil ley 340 con sus modificatorias, como tantas veces ha dicho esta Sala, el nuevo código de 2014 es un buen punto de referencia dado que no hizo más que receptar las tendencias pacíficas preexistentes en la doctrina y la jurisprudencia (causas n° 115.701 del 31/03/16 y 115.998 del 8/11/16, 116.733 del 3/04/18, 117.436 del 27/02/20, 116.928 del 8/08/19, 117.766 del 29/04/20, 117.920 del 23/07/20, 118.011 del 04/08/20, 118.186 del 05/11/20, 118.249 del 17/03/21, 118.433 del 08/04/21, 118.504 del 29/04/21, 118.617 del 16/06/21, entre otras), y considero que los arts. 1717 y 1718 definen de la mejor manera posible la antijuridicidad material: cualquier acción que causa un daño que no está justificada, y lo está cuando ha sido en ejercicio regular de un derecho.
Por consiguiente, aún en la hipótesis teórica de que el actor hubiera sufrido un daño moral cuando se enteró que figuraba en una base de datos de la Organización Veraz como deudor por la emisión de cheques rechazados, debe analizarse si esta entidad incurrió en ejercicio irregular de un derecho o no.
Lo primero que se advierte de la lectura de autos es que cuando el actor intimó a Veraz a suprimir datos que denunció como falsos (CD del 10/02/11), esta entidad contestó que tal situación “a la fecha” no figuraba en su base de datos que estaba actualizada respecto de su persona (CD del 14/02/11). Ante una nueva intimación, Veraz contestó que en la Central de Cheques Rechazados del BCRA – a la que “usted podrá acceder por internet” y corroborar – bajo un número de CUIL (del actor) se constataban 20 cheques rechazados, por lo que, ante cualquier divergencia debía plantear su reclamo a la entidad bancaria que suministrara esa información al BCRA, y agregó que, más allá de los plazos establecidos por el art. 26 de la ley 25.326, la organización había dispuesto mantener esa información por un plazo de 24 meses, siendo esa la razón por la que a esa fecha no estaba registrada (CD del 29/03/11) (intercambio epistolar denunciado por el propio actor y no controvertido).
Efectivamente, el art. 26 inc. 4 de la ley 25.326 establece que sólo se pueden archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia eonómica-financiera de los afectados durante los últimos cinco años, plazo que debe reducirse a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho. Y llega incontrovertido a esta instancia lo afirmado en el considerando XI de la sentencia en cuanto a que el Banco Central procedió, con fecha 30/09/08, a incluir los datos identificatorios del actor en la Central de cuentacorrentistas inhabilitados, lo que cesó el 30/09/10. De manera pues que si Veraz estaba facultado por la ley a mantener esa información (acerca del rechazo de cheques librados por el actor entre el 28/07/08 y el 12/11/08, conf. fs. 217) durante cinco años pero decidió reducirlo a dos años, ninguna contestación falsa brindó cuando dijo que “a la fecha” no constaba en su base de datos.
Ahora bien, suponiendo que con anterioridad hubiera figurado en la base de datos de Veraz y así hubiera sido informado a alguna entidad financiera a la que el actor le solicitara un crédito (lo que, reitero, no ha sido aclarado en la demanda, sin saberse cuándo, por cuál entidad ni en qué circunstancias), ¿en cuál ejercicio irregular de un derecho podría haber incurrido Veraz?
Surge del informe del Banco Central de fs. 216/19 que, luego de recibir la información sobre cheques devueltos según CUIL del actor por parte del BBVA Banco Francés, al figurar algunos con las multas impagas procedió el 30/09/08 a incluir sus datos identificatorios en la Central de cuentacorrentistas inhabilitados por la causal “No pago de multa” (ley 25.730), sanción que cesó el 30/09/10. Asimismo, dice el informe que la difusión de la Central de cheques rechazados se realiza a través de la página que la institución posee en internet (www.bcra.gob.ar) o consultando en forma gratuita mediante un CD de distribución mensual con cargo. También el informe adjunta a fs. 217 la lista de cheques rechazados.
Este informe coincide con lo que surge del acta de constatación notarial labrada a pedido del propio actor obrante a fs. 190/99. A saber, que el 16/03/11 constaba en la página www.bcra.gov.ar, con el CUIL 20- 1644447-6 de C. A. M. el resumen total de 20 cheques rechazados por un monto total de $ 71.456 por “sin fondos”.
Ni en el informe del BCRA ni en lo que surge del acta de constatación consta que el BCRA informara en su página web que el actor hubiera emitido cheques en su carácter de apoderado del titular de la cuenta corriente bancaria. Por lo tanto, no se advierte cuál sería la información falsa, errónea o desactualizada brindada por Veraz.
La ley 25.326 de “Protección de datos personales”
establece en su art. 5 inc. 2), ap. a) que no es necesario el consentimiento del titular de datos personales cuando los datos “se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto”.
A su vez, el art. 26 regula la prestación de servicios de información crediticia. El inc. 1 establece que sólo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, “obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento”. El inciso 4 prevé el plazo por el cual deben archivarse o registrarse los datos (a lo que ya me referí) y el inc. 5 prescribe: “La prestación servicios de información crediticia no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos de la cesión, ni la ulterior comunicación de ésta, cuando estén relacionados con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesionarios”.
Organización Veraz S.A. – ahora Equifax Argentina S.A., conf. Boletín Oficial de la R.A., httpps:/www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/RVIJSGo1T96SVYreFpZ1U0d1UwZ z09 ) – es una entidad dedicada a prestar servicios de información crediticia a las personas físicas o jurídicas que se lo requieran, con estatuto reconocido por la Inspección General de Justicia (ver adjunto acompañado con la contestación de la expresión de agravios), que accedió a una información publicada por el Banco Central y lo proporcionó a la entidad que requirió sus servicios sin agregarle ni cambiarle nada, cumpliendo con los arts. 4, 5 y 26 de la ley 25.326. Bueno es destacar que toda la jurisprudencia que ha hecho responsable a Veraz u a otras organizaciones de información crediticia ha sido sobre la base de que informaron datos falsos, inexactos, incompletos o desactualizados (SCBA LP C 94847 S 29/04/2009 ; CC0101 MP 121655 RSD- CNCOM – SALA B - 10/12/2010 elDial.com - AA67E6; CC0203 LP 105243 RSD-8-6 S 14/02/2006; CNCIV – SALA J – 07/12/2010; elDial.com - AA6810; CNCIV - SALA L - 08/05/2006 CNCIV elDial.com - AA364C; CNCIV - SALA D - 12/09/2007 CNCIV - SALA D - 12/09/2007 elDial.com - AA424F; CNCIV Y COMFED - SALA I - 13/07/2006 elDial.com - AA3777; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B • 10/12/2010, • LA LEY 11/02/2011 , 6 LA LEY 2011-A , 382 •AR/JUR/82644/2010, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D • 09/09/2007, La Ley Online •AR/JUR/7955/2007, entre varios).
Ello así porque es obligación de las entidades que archivan y proporcionan información hacerlo respecto de datos exactos y actualizados, y corregir (suprimir o sustituir) o completar los mismos cuando se tenga conocimiento de inexactitudes o faltantes (art. 4 ley 25.326). Pero, en el caso – reitero – Veraz se limitó a informar lo que figuraba en la Central de Cheques Rechazados del BCRA de acceso público.
La circunstancia de que no informara Veraz a la entidad que supuestamente pidió sus servicios – reitero, hecho no probado - que cuando emitiera los cheques era apoderado del titular de la cuenta corriente bancaria era algo que no tenía por qué saber, ya que no constaba en lo informado por la Central de Cheques Rechazados del BCRA. Obviamente, distinta sería la conclusión si tal carácter de apoderado hubiera constado en la misma, dado que, en ese caso, hubiera brindado una información incompleta. Pero no fue así y es de señalar que no tenía por qué Veraz hacer averiguaciones sobre la calidad de la información publicada por la entidad pública encargada, nada más ni nada menos, que del control de la actividad financiera del país (leyes 24.144 y 21.526). Y está demás señalar que el hecho de realizar una actividad con fines de lucro (como toda sociedad comercial) no la obligaba ni obliga a dudar de la veracidad o completitud de la información que suministra el BCRA. El art. 902 del C. Civil no obliga a una entidad a hacer de detective sobre la exactitud de las fuentes públicas.
Conforme surge del expte. “M. C. A. c. BBVA Banco Francés s/Daños y perjuicios” del Juzgado Federal de Campana que tengo a la vista, el actor promovió demanda contra el BBVA Banco Francés, BCRA y Organización Veraz S.A. y el juez se declaró incompetente ordenando su remisión a la Justicia Civil y Comercial Federal de Capital Federal, cosa que no se cumplió, siendo luego recepcionado “ad effectum videndi” en estos autos por ofrecimiento del actor. Ignoro si se inició otro juicio contra el Banco Francés y el BCRA por los mismos motivos dado que no ha sido denunciado, pero es evidente que era contra el BBVA Banco Francés contra quien el actor debió dirigir su acción si entendía que no había cumplido correctamente lo prescripto por la Comunicación “A” 3244 del 30/03/01 del BCRA, Numeral 8.5.2, o, en todo caso, también contra el BCRA, atacando de inconstitucional esta norma.
Esta tacha de inconstitucionalidad no puede formularse en una demanda contra la entidad demandada – que realiza una actividad lícita y autorizada para funcionar – que ni siquiera tenía conocimiento del carácter en que M. había emitido los cheques. Por ello en autos abordar ese cuestionamiento – sobre el cual no se insiste en la expresión de agravios - constituye una cuestión abstracta, y los jueces sólo debemos expedirnos sobre lo que es decisivo para la solución del caso concreto sometido a decisión (doctrina inveterada en materia de control judicial difuso de constitucionalidad, que se desprende del art. 116 de la C.N. y del art. 2 de la ley 27, trasladable a todo juicio que tramite en los tribunales provinciales; ver Bianchi, Alberto B., “Control de constitucionalidad”, T.
I, Abaco, Bs. As., 2002, p. 269 y ss.; Bidart Campos, Germán, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional”, T. I, Ediar, 1986, Bs. As., p. 95 y ss.; C.S.J.N, doctrina de Fallos: 324:3219, entre varios). Resta señalar que en los autos “Zanetta, Gabriela Inés c. Organización Veraz S.A. s. Daños y perjuicios” que tramitara ante el Juzgado n° 6 Departamental - tan denunciado por el actor -, en el que se hizo lugar a la demanda, las circunstancias fueron muy distintas. Había tramitado en el mismo Juzgado un juicio de hábeas data en el que se dictó sentencia ordenando que se modificara el informe en relación a la actora haciéndose constar que había actuado en carácter de mandataria de una persona y no a título personal, pronunciamiento que quedó firme.
Sobre dicha base el juez actuante entendió que debía hacerse lugar al reclamo de daños y perjuicios (sentencia del 13/10/16, conf. consulta por MEV). Asimismo, surge también de la MEV que sólo la actora apeló la sentencia, lo que motivó que la Sala 2 Departamental abordara solamente la cuestión relativa a los rubros indemnizatorios rechazados y, en relación al daño moral admitido, su cuantificación (sentencia del 20/04/17). O sea, el fundamento de la admisión en primera instancia fue la sentencia firme anterior de hábeas data, sin abordaje de la cuestión de la responsabilidad por la alzada.
En conclusión, la entidad demandada no incurrió en un acto antijurídico ya que ejerció regularmente el derecho a desarrollar la actividad constitutiva de su objeto social (arts. 1066 y 1074 C.C., y doctrina plasmada en arts. 1717 y 1718 del C.C.C.). No habiendo antijuridicidad no corresponde tratar los demás elementos de la responsabilidad civil.
VI. Sobre “apertura de sumario” solicitado.
En la parte final de la expresión de agravios, el apelante solicita que, “en virtud de lo establecido en el Acuerdo 1887/79, 3131, 3354 y 2562 SCJPBA se ordene apertura de un sumario administrativo a la Dra. Martha Rosa Cuesta ya que su sentencia “comprometería” la prestación del servicio de Justicia como asimismo el prestigio del Poder Judicial” (sic). Agrega que la “petición no reposa en aquello que puede considerarse materia opinable sino en que consideramos que la señora Jueza, en el caso de autos, no aplicó la ley” (sic). Discurre luego en el “error grave y ostensible” y en que “la señora Jueza JUSTIFICA LO INJUSTIFICABLE” (sic). En el petitorio final reitera que “SE ORDENE APERTURA DEL SUMARIO AL JUEZ DE GRADO” (sic).
Más allá de que la Dra. Martha Rosa Cuesta ha dejado de ejercer sus funciones de magistrada dado que se ha acogido a los beneficios de la jubilación, lo peticionado excede ampliamente el legítimo derecho a requerir tutela judicial cuando se considera que un derecho ha sido vulnerado por otra persona física o jurídica, pública o privada. Se puede discrepar totalmente con las decisiones que los jueces adoptan en ejercicio de su ministerio y para ello los códigos procesales establecen varias instancias de revisión (ordinarias y extraordinarias). Al fundar los escritos de apelación se puede ser muy duro en la crítica; se puede decir que la sentencia es contraria a la ley, irrazonable, injusta y hasta arbitraria o absurda (todos cuestionamientos que permiten arribar por vía recursiva hasta el máximo tribunal de la Nación), pero no es posible tolerar que, so pretexto de grave discrepancia, los abogados soliciten que se instruyan sumarios administrativos contra los jueces que fallan en forma contraria a sus pretensiones. No sólo es una falta de respeto a la dignidad que todo magistrado o magistrada merece, sino que es una velada amenaza a los jueces integrantes del tribunal que debe decidir el recurso, lo que de ninguna manera debe aceptarse.
Por ello voy a proponer al acuerdo, que se imponga al Dr. C. A. M. (T. IX, F. 303 C.A.M.) un severo llamado de atención, con conocimiento del Colegio de Abogados de Mercedes para que se tome debida nota y se adopten las medidas disciplinarias que correspondan (Art. 35 C.P.C.C.).
VII. Costas.
Si mi voto es compartido, las costas de segunda instancia deben ser soportados por el actor vencido (art. 68 C.P.C.C.).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.-
El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1°.- Confirmar la sentencia apelada, con costas de segunda instancia al apelante vencido.
2°.- Imponer al Dr. C. A. M. (T. IX, F. 303 C.A.M.) un severo llamado atención, con conocimiento del Colegio de Abogados de Mercedes para que se tome debida nota y adopte las medidas que estime que correspondan, a cuyo fin ofíciese con copia de la presente sentencia.
ASI LO VOTO.-
El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser CONFIRMADA.-
POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE
1°.- CONFIRMAR la sentencia apelada, con costas de segunda instancia al apelante vencido.
2°.- IMPONER al Dr. C. A. M. (T. IX, F. 303 C.A.M.)
un severo llamado atención, con conocimiento del Colegio de Abogados de Mercedes para que se tome debida nota y adopte las medidas que estime que correspondan, a cuyo fin ofíciese con copia de la presente sentencia. NOTIFIQUESE por medios electrónicos (conf. Res. del Presidente de la S.C.B.A. nro. 10/20 y Res. S.C.B.A 480/20 y sus sucesivas prórrogas).Y DEVUELVASE.
Fin de la sentencia