Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CXXX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8443 FOLIO Nº 152/154 PROT. ELECT. JR101059I.242
Río Gallegos, 19 de febrero de 2024.-
La presente causa caratulada "M.P.A. S/ Amenazas Calificadas" - Expte. Nº 78.872/19 - Apelación/Causa JR Nº 8102/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 65/69, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº Uno con asiento en la ciudad de Río Gallegos que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado PAMP en orden al delito de “Amenazas Calificadas” (Arts. 149 bis 1º párrafo in fine del CP); en tanto que en el punto 2) trabó Embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de Pesos Quinientos Mil ($500.000). Que a fs. 72/74 vta., la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión- siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 81 (código de validación 5b9f41e0) y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable.
I. Seguidamente se abordará el agravio propuesto por la parte recurrente.
1. Plantea la defensa que la resolución puesta en crisis no resulta una derivación razonada del derecho vigente y ajustado a las constancias probatorias colectadas en la pesquisa.
Agravia que no se haya hecho una apreciación correcta de los hechos y la valoración errónea que se ha atribuido a la escasa prueba colectada.
Señala que, si bien entiende el fin de la Convención de Belém do Pará, su interpretación y aplicación debe ser teniendo en cuenta el caso concreto, a fin de evitar caer en generalizaciones como se ha hecho en el presente caso.
Agrega que el relato de la víctima es confuso, y que la presunta amenaza ocurrió en su domicilio, sin que nadie haya visto el arma, lo que a su criterio aumenta la duda sobre la veracidad del relato.
Entiende que existe una valoración arbitraria por parte de la Sra. Jueza al momento de calificar el hecho, indicando que no surge de autos testimonios y hechos que lo justifiquen.
De igual modo, agravia a la defensa que resulte contundente lo declarado por el Sr. MAG, quien no pudo indicar nada concreto, limitándose a llamar al 101, pero que nada pudo decir respecto a las amenazas y/o el arma.
Con respecto al informe psicológico del imputado considera la defensa que el contenido del mismo resulta insuficiente, carente de imparcialidad y direccionado a pretender sostener los hechos denunciados por la Sra. A.
Que, no existe ningún testigo presencial o prueba objetiva alguna que permitiera respaldar su relato.
Asimismo, plantea que la credibilidad que asignó la Sra. Jueza al testimonio de la pretensa damnificada aparece como una conclusión arbitraria, en la medida que no se realizó referencia a ninguna circunstancia que permitiera explicar tal apreciación.
Se agravia, de igual modo que se tenga por probada la conducta de su asistido ante la ausencia de un efectivo amedrentamiento, en la Sra. A.
Explica que resulta manifiestamente atípico de la figura penal de amenazas toda vez que las frases, presuntamente proferidas, fueron en un momento de ira u ofuscación sin que se hubiese verificado en el ánimo del imputado la finalidad de generar temor en la supuesta víctima.
Por último, señala que las pruebas agregadas no configuran elementos de convicción suficientes o indicios vehementes para sostener que su defendido sea probablemente autor penalmente responsable del hecho; en virtud de carecer de pruebas testimoniales.
Daré inicio al desarrollo del presente agravio indicando que los elementos probatorios recabados son suficientes para tener por acreditada, con el grado de probabilidad necesaria en esta etapa del proceso, la responsabilidad del imputado.
En este sentido, advierto que la denuncia de la Sra. AA a fs. 05/06vta., acta de aprehensión a fs. 04/vta., certificado médico del Sr. PAM a fs.11, declaración testimonial del Sr. MAG a fs. 18/vta., 11 informe psicológico a fs. 61/63, el informe de situación de riesgo de fs. 06/07, entre otros son elementos que valorados armónicamente permiten formar un conglomerado indiciario acerca de la responsabilidad del imputado. Pues bien, advierto que el relato de la damnificada se robustece con la versión que habría brindado el Sr. MAG, quien llamó a los efectivos a fin de arribar al domicilio de la denunciante, máxime, considerando que el imputado habría sido aprehendido en dicha dirección, evidenciándose la concordancia en las circunstancias de tiempo, lugar y personas, lo que permite inferir que los hechos habrían acaecido según lo relatado por la damnificada. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, hechos como el presente son llevados a cabo en una esfera de intimidad de la familia, por lo tanto se dificulta la posibilidad de contar con testigos presenciales, adquiriendo gran relevancia los dichos de la víctima.
Conforme a ello, esta Alzada ya ha hecho referencia en otras ocasiones al valor probatorio que debe asignársele a los dichos de las víctimas (e incluso por parte de sus familiares, amigos y/o allegados) debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma y dentro del contexto en que habrían acaecido los hechos investigados. Además, surge que del contenido de estos autos y el tenor de los hechos atribuídos al encartado, emerge claramente un contexto de violencia de género, cuya naturaleza impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio.
De igual modo, debo recordar que en este estadio no se requiere la certeza, sino la prevalencia de elementos incriminantes, como es el caso que nos ocupa, por eso no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan -al menos en esta etapa procesal- para acreditar el hecho, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe al imputado en el mismo. En este sentido, se ha dicho: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.”. (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). Por otro lado, en respuesta al cuestionamiento de la pericia psicológica, se advierte que los argumentos de la defensa consisten en desgranar la prueba y analizarla de forma individual, tratando de desacreditar el valor convictivo de cada elemento por separado, en tanto la Magistrada, tal como lo encomienda la ley, se abocó al análisis conjunto, armónico y concatenado de los elementos probatorios reunidos en la causa, logrando tener por corroborado y robustecido -con grado de probabilidad- el relato de la víctima con el resto de la prueba analizada, logrando así argumentar válidamente la responsabilidad del imputado en los hechos reprochados. Finalmente, respecto a la crítica referida a la calificación atribuida, entendemos que la Instrucción explicó con sólidos fundamentos la razón que la llevó a encuadrar el hecho en función de lo previsto por el art. 149 bis 1º párrafo in fine del Código Penal, provisoriamente calificado como “Amenazas Calificadas”. Sin embargo, es criterio de esta Alzada, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. Esa postura se encuentra asentada en las Apelaciones Nº 8013/22, 8370/23 y 8190/23, entre otras. Es por todo lo expuesto que el presente agravio no prosperará.
2. Por último, señala la defensa en el desarrollo de sus agravios que el embargo dispuesto por la suma de Pesos Quinientos Mil ($500.000) resulta excesivo y arbitrario, no guardando ninguna proporción con el hecho, ni con la capacidad económica de PAM.
Pues bien, entendemos que el monto fijado al disponer dicha medida, en atención al ilícito endilgado a PAM y su modalidad de comisión, no aparece como irrazonable. En este aspecto, la Magistrada de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 69 los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria. Por lo que debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Sra. Magistrada de Instrucción para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos. Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incurso PAM.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 65/69, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
sm Dr. NELSON A. SÁNCHEZ JUEZ DE RECURSOS YANINA C. MERCADO Jefa de Despacho A/C SECRETARIA
Fin de la sentencia