Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala II · Causa I-88290-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 163, 421, 424, 433, 439 y 442 del C.P.P.).
II. Revocar la resolución del 15 de septiembre de 2026 y conceder a PAULA BELÉN MONTAÑO la morigeración de la prisión preventiva mediante arresto domiciliario en Av. Eva Perón 6664 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con control de la Dirección de Monitoreo Electrónico bajo las demás condiciones que la jueza de grado estime correspondientes (arts.3.1, 8.1 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 3, 144, 146, 148, 159, 160, 163, 434 y ccdtes del C.P.P.).
III. Hacer SABER que conforme doctrina sentada de esta Alzada en causas 74.470/IIa., 81.138/II, entre otras; la resolución mediante la cual la Cámara de Apelación y Garantías decide otorgar una excarcelación extraordinaria o una medida morigeradora -resoluciones que deben quedar firme para su operatividad (arts. 163 y 170 del C.P.P.)- no son recurribles ante el Tribunal de Casación (arts. 450 del C.P.P. "a contrario"). Por ende, deben hacerse efectivas para lo cual corresponde remitir, sin más trámite, el incidente al Tribunal de origen a efectos de que cumpla con la resolución que antecede, siempre y cuando la imputada no registre impedimentos legales.
I-88290-2026 " MONTAÑO, PAULA BELEN S/INCIDENTE DE APELACION- MEDIDA MORIGERADORA - ( 14-08-003074-24/01 )"
Para resolver el recurso de apelación deducido contra el auto dictado el 15 de septiembre de 2026, con intervención de las Dras. Liliana Patricia Laborde y Andrea Natalia Nieva, defensoras particulares de Paula Belén Montaño, y del Sr. Agente Fiscal, Dr. Cosme S. Iribarren.
Y
El Sr. Juez Pitlevnik dijo:
I. Introducción.
La Sra. Jueza titular del Juzgado de Garantías nro. 5 de Tigre resolvió no hacer lugar a la medida morigeradora de la prisión preventiva solicitada en favor de Paula Belén Montaño. Contra dicho pronunciamiento interpusieron recurso de apelación las defensoras particulares. Sostuvieron que la decisión no ponderó adecuadamente el interés superior de los cuatro hijos menores de edad de su asistida, una de ellos de dos años, ni las consecuencias que la separación de su madre produce en el grupo familiar.
Al respecto señalaron que los niños se encuentran al cuidado de sus abuelos maternos, pero que esa asistencia no sustituye la presencia cotidiana de su progenitora. Refirieron dificultades en su cuidado y manifestaciones de angustia y problemas de salud en la menor - Laia de dos años- que atribuyeron a la separación de su madre.
Seguidamente cuestionaron la valoración de los peligros procesales. Indicaron que la pena en expectativa y el haber estado prófuga no constituyen obstáculos insalvables para una morigeración cuando pueden imponerse controles idóneos para asegurar la sujeción al proceso. Destacaron que no solicitan la libertad de Montaño, sino el cumplimiento del arresto en su domicilio mediante vigilancia electrónica. También objetaron que se hubiera desestimado a la referente propuesta por no convivir con la imputada. Sostuvieron que su madre, Claudia Emma Lencina, reside a menos de dos cuadras de la vivienda ofrecida y aceptó asumir ese rol, y que la fiscalización de la medida corresponde a los organismos estatales competentes.
Por todo ello, solicitaron se revoque el auto en crisis y se conceda a Montaño la morigeración de la prisión preventiva en el domicilio de Avda. Eva Perón 6664 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con monitoreo electrónico.
II. Admisibilidad.
El recurso fue deducido tempestivamente por quienes tenían derecho a hacerlo, con indicación de los motivos de agravio y sus fundamentos, contra una resolución expresamente apelable. Corresponde declarar su admisibilidad (arts. 163, 421, 424, 433, 439 y 442 del C.P.P.).
III. El caso bajo análisis.
En el caso en estudio la magistrada garante resolvió negativamente el pedido por entender que subsisten los peligros procesales valorados al dictar la prisión preventiva, el 29 de junio de 2026.
Para ello tuvo en cuenta la gravedad del hecho atribuido, calificado como robo agravado por su comisión en poblado y en banda, y la organización y distribución de funciones que habría caracterizado su ejecución. Señaló que Montaño habría intervenido junto con otras dos imputadas, una de ellas integrante de las fuerzas policiales, en un hecho en el que se provocó el desvanecimiento de la víctima para vencer su resistencia y sustraer bienes de valor de su domicilio, que no habían sido recuperados. Sobre esa base estimó que una eventual condena se apartaría del mínimo legal y sería de efectivo cumplimiento. Además valoró que la imputada permaneció prófuga, con una orden de captura registrada el 21 de enero de 2025, hasta que fue detenida por personal policial el 9 de junio de 2026. Entendió que ese comportamiento evidencia una concreta dificultad para asegurar su sujeción al proceso mediante una medida de menor intensidad.
En cuanto al entorno familiar objetó que Lencina no conviviría con la encausada, aunque su vivienda se encuentra a unos ciento sesenta metros del domicilio ofrecido. Finalmente, sostuvo que los hijos de Montaño cuentan con el cuidado y la contención de sus abuelos maternos. El Sr. Agente Fiscal se había opuesto a la petición por considerar subsistentes los riesgos procesales.
Analizadas las constancias obrantes en el presente incidente, considero que existen motivos para apartarme de lo resuelto por la jueza de la instancia. La situación de Montaño se encuentra comprendida en el art. 159 del C.P.P., al que remite el primer párrafo del art. 163, por ser madre de una niña de dos años, circunstancia reconocida en la decisión apelada. Corresponde evaluar, entonces, si los peligros procesales pueden ser razonablemente neutralizados mediante la alternativa solicitada, sin exigir las circunstancias de excepcionalidad previstas para quienes no integran los supuestos enumerados en aquella norma.
Tengo presente que, según las edades consignadas en el recurso y mencionadas en la causa , Montaño es madre de Michelle Keren Eluney Montaño, de quince años; Lionidas Montaño, de diez; Allison Cloe Contrera, de seis; y Laia Melina Montaño, de dos. Si bien la edad de esta última determina el encuadre legal señalado, las consecuencias familiares del encierro deben ponderarse también respecto de sus hermanos. En la audiencia celebrada antes estos estrados el día 17 de noviembre del corriente, Montaño contó que los padres de Michelle y Lionidas fallecieron, que tiene buen vínculo con el padre de Allison y que no tiene relación con el padre de Laia ya que viviría en la calle y tiene problemas de adicciones. También refirieron que la hija más pequeña está atravesando problemas de salud, que están esperando que, en función de los exámanes, se confirme si tiene celiaquía y que extraña a su madre.
Los derechos de las niñas, niños y adolescentes se encuentran especialmente protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, que impone como consideración primordial su interés superior (art. 3.1) e incluye la preservación de las relaciones familiares (arts. 8.1 y 9). En ese marco, la existencia de otros familiares que asumen su cuidado no permite dar por agotado el examen de una alternativa que posibilitaría restablecer la convivencia con su madre y asegurar, a la vez, los fines del proceso.
Ya he destacado la necesidad de adoptar las medidas menos lesivas para los derechos de los hijos de las personas detenidas y preservar sus relaciones familiares, reservando la separación como último recurso, al votar en disidencia en la causa I-87144-2025, "Sterzer, Rodrigo Gonzalo s/ incidente de apelación - morigeración de la prisión preventiva", resuelta el 9 de octubre de 2025. Ese criterio de protección resulta aplicable a la situación aquí examinada.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en "Fernández, Ana María s/ causa n° 17.156" (F.67.XLIX y F.74.XLIX, sentencia del 18 de junio de 2013, considerandos 5° y 6°), dejó sin efecto una denegatoria de arresto domiciliario porque se había limitado a examinar si el bienestar del niño estaba afectado por el encierro de su madre. Señaló que también debía determinarse si la modificación de la modalidad de detención, más beneficiosa para la vida diaria y el desarrollo del hijo, podía frustrar la conclusión del proceso y, sobre esa base, eventualmente fundar su rechazo. Por su parte, la Procuradora General de la Nación, en el dictamen del 29 de mayo de 2013 emitido en ese expediente (F.74.XLIX, apartados V y VI), explicó que la tutela del interés superior comprende la preservación de los vínculos familiares y la elección de las medidas que restrinjan en menor grado los derechos de los niños.
Destacó, asimismo, que la procedencia de la modalidad domiciliaria no debe condicionarse a la previa acreditación de una situación de desamparo o de inseguridad material o moral. Citó además, normativa y decisiones del sistema interamericano aplicables también a este caso. La Convención sobre los Derechos del Niño, en tanto establece la necesidad de priorizar el interés superior del niño" (artículo 3.1). Refirió el compromiso de asegurar protección y cuidado para el bienestar del niño, preservar las relaciones familiares (artículo 8.1). Refirió que el niño no debe ser separado de sus padres, excepto cuando las autoridades competentes determinen que tal separación es necesaria en el interés superior del niño.
También refirió la Procuradora General de la Nación que la Corte IDH, por su parte, ha fijado que toda restricción debe ser adoptada en caso de necesariedad y se debe optar por la alternativa "menos gravosa respecto al derecho intervenido" y que "el principio pro homine o pro persona manda a escoger, entre varias interpretaciones posibles, aquella que tutele mejor los derechos humanos. Entiendo, por ello, que la asistencia que actualmente brindan los abuelos de los niños debe valorarse como una red de apoyo para implementar la medida. Su existencia no constituye una razón suficiente para mantener la separación de Montaño de sus hijos si es posible asegurar su sometimiento al proceso mediante otros medios.
Tampoco desconozco las circunstancias valoradas para sostener los peligros procesales, la gravedad del hecho y la eventual imposición de una pena de efectivo cumplimiento constituyen indicadores relevantes para evaluar el riesgo de fuga, pero no determinan que el alojamiento penitenciario sea la única modalidad apta para asegurar la comparecencia de la imputada.
En ese norte la vivienda ofrecida se encuentra individualizada y existe una referente familiar que aceptó asumir ese rol y reside en sus inmediaciones. La implementación de un dispositivo electrónico, cuya factibilidad deberá comprobarse antes del traslado, permitirá verificar la permanencia de Montaño y advertir a las autoridades ante una eventual infracción. Entiendo también que la falta de convivencia con Lencina no resulta suficiente para descartar la medida ya que la proximidad de su vivienda permite organizar el acompañamiento y la asistencia al grupo familiar. A su vez, en la ya referida audiencia ante esta sala, la Sra. Lencina - madre de Montaño- manifestó su voluntad de ayudar a su hija y estar a su disposición a fin de que pueda criar a sus hijos y realizar algún emprendimiento laboral de manera on line .
En virtud de lo expuesto, considero que los riesgos procesales verificados al momento del dictado de la prisión preventiva pueden ser razonablemente neutralizados con la permanencia domiciliaria, el monitoreo electrónico mas las obligaciones que la jueza de grado considere necesarias. Esta modalidad permite asegurar el proceso y atender de mejor manera los derechos de los hijos de Montaño, de conformidad con los principios de necesidad, subsidiariedad y proporcionalidad de la coerción personal (arts. 3, 144, 146, 148, 159 y 163 del C.P.P.).
Por todo ello, postulo se revoque el auto apelado y se conceda a Paula Belén Montaño la morigeración de la prisión preventiva mediante arresto domiciliario en Av. Eva Perón 6664 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con control de la Dirección de Monitoreo Electrónico bajo las demás condiciones que la jueza de grado estime correspondientes (arts.3.1, 8.1 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 3, 144, 146, 148, 159, 160, 163, 434 y ccdtes del C.P.P.).
Por último he de manifestar que conforme doctrina sentada de esta Alzada en causas 74.470/IIa., 81.138/II, entre otras; la resolución mediante la cual la Cámara de Apelación y Garantías decide otorgar una excarcelación extraordinaria o una medida morigeradora -resoluciones que deben quedar firme para su operatividad (arts. 163 y 170 del C.P.P.)- no son recurribles ante el Tribunal de Casación (arts. 450 del C.P.P. "a contrario"). Por ende, deben hacerse efectivas para lo cual corresponde remitir, sin más trámite, el incidente al Tribunal de origen a efectos de que cumpla con la resolución que antecede, siempre y cuando la imputada no registre impedimentos legales.
El Sr. Juez Stepaniuc dijo: Adhiero al voto del Dr. Pitlevnik por sus mismos motivos y fundamentos.
Por ello el Tribunal,
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 163, 421, 424, 433, 439 y 442 del C.P.P.).
II. REVOCAR la resolución del 15 de septiembre de 2026 y CONCEDER a PAULA BELÉN MONTAÑO la morigeración de la prisión preventiva mediante arresto domiciliario en Av. Eva Perón 6664 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con control de la Dirección de Monitoreo Electrónico bajo las demás condiciones que la jueza de grado estime correspondientes (arts.3.1, 8.1 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 3, 144, 146, 148, 159, 160, 163, 434 y ccdtes del C.P.P.).
III). HACER SABER que conforme doctrina sentada de esta Alzada en causas 74.470/IIa., 81.138/II, entre otras; la resolución mediante la cual la Cámara de Apelación y Garantías decide otorgar una excarcelación extraordinaria o una medida morigeradora -resoluciones que deben quedar firme para su operatividad (arts. 163 y 170 del C.P.P.)- no son recurribles ante el Tribunal de Casación (arts. 450 del C.P.P. "a contrario"). Por ende, deben hacerse efectivas para lo cual corresponde remitir, sin más trámite, el incidente al Tribunal de origen a efectos de que cumpla con la resolución que antecede, siempre y cuando la imputada no registre impedimentos legales.
Regístrese, notifíquese electrónicamente al Fiscal y a la Defensa y actualícese el RUD. Devuélvase por Secretaría encomendando a la instancia la efectivización de la medida otorgada y la notificación a la imputada y a la víctima en el marco de la Ley 15.232. Sirva el presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario firmante: PITLEVNIK Leonardo Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: STEPANIUC Juan Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: VEGA Viviana Andrea - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 971-2026
Fin de la sentencia