Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, consideramos que los elementos ponderados por la instrucción, resultan suficientes para atravesar la barrera del art. 289 del C.P.P.; ya que su valoración integral, conforme a la sana crítica racional, permitió a la Magistrada Subrogante a dictar el procesamiento de la imputada, sin que se advierta vulneración alguna a los principios rectores del derecho penal ni a las garantías constitucionales que le asisten. En consecuencia, el agravio bajo análisis no tendrá favorable acogida.
III. Señalamiento al Juzgado Interviniente:
En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, se exhorta a la instrucción a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 197 del C.P.P. de la Provincia de Santa Cruz, especificamente a las disposiciones procesales referentes al tiempo de la tramitación en la investigación y a las pautas contenidas para solicitar una extensión en el plazo de instrucción.
Es que, sin perjuicio de no ser una causal que opere en detrimento de la consistencia respecto de los fundamentos de la resolución recurrida, advertimos que no se han respetado los tiempos que establece nuestro código de procedimiento en materia penal, lo que impone efectuar el presente señalamiento.
Ello, a fin de evitar que en lo sucesivo, transcurran meses enteros sin registrar actividad procesal en los expedientes, con la consecuente restricción de acceso a la justicia. …
TOMO CLXI - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.100 FOLIO N° 112/115 PROT. ELECT. JR101 247I.261
Río Gallegos, 29 de junio de 2026.-
La presente causa caratulada "M.P.C. S/ Dcia. Hurto y Defraudación mediante el uso de tarjeta de crédito” - Expte. N° 17297/24 - Apelación/Causa JR N° 10196/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 251/259 obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de la localidad de Rio Turbio, que en su punto Il) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de la imputada S.M.S.E.P. en orden al delito de “Defraudación Mediante el Uso de Tarjeta de Crédito” (Arts. 173 inc. 15 del CPA en calidad de coautora Art. 45 del CPA).
Que a fs. 269/270, la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 275, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendida un perjuicio procesal irreparable.
Seguidamente, se tratará el agravio introducido por la parte recurrente.
II. Del agravio referido a la ausencia de prueba incriminante:
La parte recurrente sostuvo que la decisión de la a quo agravia los intereses de su defendida. En tal sentido, afirmó que el plexo probatorio reunido respecto de la Sra. S.M.S.E. resultaría, a su criterio, notoriamente insuficiente para sustentar la imputación formulada en su contra, en contradicción con los principios de presunción de inocencia e “in dubio pro reo” (consagrado en el art. 18 de la C.
N.).
Indicó que no se encontrarían acreditados los elementos objetivos y subjetivos necesarios para atribuirle a su asistida la calidad de “coautora” de las conductas típicas investigadas.
Asimismo, señaló que el procesamiento habría sido dictado sobre la base de una única declaración testimonial y de la circunstancia de que, eventualmente, habría acompañado a uno de los imputados el día de los hechos. En ese marco, sostuvo que no se encuentra acreditado que su defendida tuviera conocimiento del origen ilícito de la tarjeta utilizada, de la titularidad del medio de pago en cuestión, ni de la eventual relación con los restantes sujetos involucrados. Del mismo modo, afirmó que no existen elementos que permitan inferir algún grado de complicidad en el hecho ni, mucho menos, la existencia de un ardid o actuar doloso por su parte.
De igual manera, cuestionó la conclusión arribada por S.S. en torno a la existencia de un presunto “acuerdo de voluntades”, por cuanto -a su entenderno obran en el legajo elementos probatorios que permitan sostener que su representada hubiera participado de un plan o que haya ejercido un dominio funcional sobre el hecho investigado. En tal sentido, destacó que S.E. no manipuló la tarjeta sustraída ni participó en las sucesivas compras efectuadas, observándose únicamente, a partir de una breve secuencia fílmica incorporada a la causa, que acompañaba a otro de los encartados.
Bajo tales premisas, argumentó que la mera circunstancia de encontrarse en el lugar de los hechos y acompañar a una persona, sin tener conocimiento alguno del desplegar delictivo de áquel, no constituye fundamento suficiente para disponer un procesamiento.
Finalmente, manifestó que una decisión de tales características implica apartarse de principios fundamentales del proceso penal, tales como el debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de culpabilidad, configurando -a su criterio- un pronunciamiento arbitrario por carecer de sustento probatorio suficiente respecto de su asistida, vulnerando así las garantías constitucionales que la amparan. En consecuencia, solicitó el dictado de su sobreseimiento.
Que iniciado el abordaje del presente agravio, adelantamos, no habrá de prosperar.
Ello, en virtud del estudio de la totalidad del sumario, del análisis de la resolución recurrida y de los argumentos esbozados por la defensa. En consecuencia, se advierte que en autos obran suficientes elementos de convicción que hacen presumir, con el grado de probabilidad propio de esta instancia procesal, la responsabilidad penal endilgada a la encartada E.S.M.S. por el ilícito oportunamente imputado.
Así las cosas, durante la instrucción se han diligenciado múltiples medidas probatorias, entre ellas: denuncia judicial y prueba documental aportada por el damnificado, orden y acta de allanamiento, actas de requisa personal, acta de constatación, informe de la División Investigaciones y Narcocriminalidad Cuenca Carbonífera, informes de la autoridad de prevención, múltiples declaraciones testimoniales, registros fílmicos de locales comerciales, tickets de compra, entre otros. Tales elementos, valorados de manera armónica y conjunta, conforman un conglomerado indiciario suficiente para sustentar, con el estándar propio de esta etapa, la imputación formulada respecto de la incusa E.
Veamos, del análisis de las constancias probatorias incorporadas al sumario, particularmente de la certificación actuarial obrante a fs. 81, se desprende la incorporación de un (01) CD. Del análisis por parte de esta Alzada sobre dicho elemento, se infiere una vasta cantidad de registros fílmicos que fueron oportunamente aportados por el damnificado y distintos comerciantes, de los cuales surgen elementos de convicción que permiten, con el grado de probabilidad que prima en esta instancia procesal, la vinculación de la imputada S.M.S.E.P. con los hechos investigados.
Así, de la secuencia fílmica denominada “XVR_ch1_main_20240112143000_20240112143659.dav”, correspondiente al día 12 de enero del año 2024 a las 14:30hs., se observa que, en el minuto 01:19, una persona de sexo femenino se aproxima al sector de cajas sosteniendo una gaseosa. Seguidamente, se advierte que dicha persona sostiene un elemento coincidente con una tarjeta bancaria en una de sus manos (minuto 01:22), para luego dirigirse a buscar otro artículo y regresar a la línea de cajas. Posteriormente, en el minuto 01:51, se visualiza que entrega dicho elemento a la cajera, quien procede a efectuar una operación de cobro, manteniendo ambas una breve conversación. Finalmente, en el minuto 03:07, la empleada del comercio le restituye la tarjeta, observándose que la mujer se dirige hacia la salida del local (minuto 03:32).
Por otra parte, del registro fílmico denominado “Whatsapp Video 2024-01-17 at 10.23.44.mp4” de misma fecha que la filmación que antecede, pero horas más tarde (19:38:40hs.) se observa a una mujer ubicada frente a la línea de cajas sosteniendo en brazos a una niña, mientras una empleada realiza tareas de cobro detrás del mostrador.
Asimismo, se observa que mientras la nombrada esperaba en el sector de cajas, un masculino se acerca a dicho sector desde el área de carnicería (19:40:50hs.; minuto 02:10) sitúandose en compañía de la mujer. En aquel momento, la cajera procede a escanear los productos adquiridos, y posterior, se ausenta -momentáneamente- del puesto de cobro, en tanto la mujer y el masculino mantienen una conversación mientras organizaban los productos que seleccionaron. Una vez que la empleada del comercio retoma su puesto, se visualiza que el masculino exhibe dos tarjetas y coloca sobre la cinta transportadora una tarjeta bancaria, y le entrega a la cajera su documento de identidad, el cual es posteriormente tomado por la misma para su registro en el sistema. Luego, a las 19:42:21hs. (minuto 03:39), la empleada recibe la tarjeta en cuestión y la utiliza para realizar la operación de cobro. Finalmente, a las 19:43:11hs., se observa a la mujer retirarse llevando consigo las bolsas con los productos adquiridos y a la niña que llevaba en brazos, mientras el masculino guarda la tarjeta utilizada y ambos se retiran del local comercial.
Lo expuesto encuentra suficiente correlato con la documentación acompañada por el damnificado en su denuncia judicial, específicamente en la fotocopia de comprobante de pago emitidio por la “Carnicería Don Bosco”. En efecto, dicho ticket de compra registra una operación de cobro, realizada en fecha 12 de enero del año 2024 a las 19:41:53hs., por varios productos, los que coinciden plenamente con aquellos observados en la secuencia fílmica.
No menos relevante, en dicho recibo aparece consignado un número de DNI coincidente con el que pertenece al imputado W.A.A., conforme surge de las constancias de autos, circunstancia que refuerza, al menos con el grado de probabilidad, la hipótesis incriminante de actuación conjunta entre éste y la imputada S.M.S.E.P.
Cabe destacar que la mujer registrada en la última filmación presenta características fisonómicas y de vestimenta coincidentes con las observadas en el video primeramente analizado, vistiendo un buzo color verde con la inscripción “Love for Infinity” en color blanco, pantalón de jean celeste claro y zapatillas de color negro, además de llevar el cabello recogido. Tales características físicas guardan correspondencia con la imagen de la copia del documento de identidad de la imputada (incorporada a fs. 157 y vta.), lo que permite inferir razonablemente -en esta instancia y sin perjuicio de lo que pudiera surgir en etapas posteriores- que se trataría de la aquí imputada S.M.S.E.P.
En consecuencia, contrariamente a lo sostenido por la defensa, los registros fílmicos conjuntamente con los demás elementos reseñados, permiten advertir que la aquí imputada no se limitó a una mera presencia en el lugar de los hechos, y/o sólo al acompañamiento a uno de los encartados, sino que la sitúan participando activamente en distintas secuencias vinculadas a las operaciones de pago con la tarjeta denunciada como sustraída, posteriormente advertida por su uso, extremo que respaldaría, en esta etapa del proceso penal, el procesamiento que en oportunidad se dictó.
Nos parece correcto y oportuno dejar constancia que, en este tipo de pronunciamiento, sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho; lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación. Es por todas estas características apuntadas que se considera que la concreción de este dispositivo es esencialmente provisional, no causando estado su dictado. (Criterio asentado en Apelaciones Nº 10129/26, 10156/26, 10174/26, por citar la más recientes). Es por ello que, consideramos, en autos se hallan reunidas las piezas probatorias suficientes para la configuración –prima facie- del delito de defraudación mediante el uso de tarjeta de crédito, conforme al estándar de probabilidad que caracteriza esta instancia procesal.
Por todo lo expuesto, consideramos que los elementos ponderados por la instrucción, resultan suficientes para atravesar la barrera del art. 289 del C.P.P.; ya que su valoración integral, conforme a la sana crítica racional, permitió a la Magistrada Subrogante a dictar el procesamiento de la imputada, sin que se advierta vulneración alguna a los principios rectores del derecho penal ni a las garantías constitucionales que le asisten. En consecuencia, el agravio bajo análisis no tendrá favorable acogida.
III. Señalamiento al Juzgado Interviniente:
En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, se exhorta a la instrucción a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 197 del C.P.P. de la Provincia de Santa Cruz, especificamente a las disposiciones procesales referentes al tiempo de la tramitación en la investigación y a las pautas contenidas para solicitar una extensión en el plazo de instrucción.
Es que, sin perjuicio de no ser una causal que opere en detrimento de la consistencia respecto de los fundamentos de la resolución recurrida, advertimos que no se han respetado los tiempos que establece nuestro código de procedimiento en materia penal, lo que impone efectuar el presente señalamiento.
Ello, a fin de evitar que en lo sucesivo, transcurran meses enteros sin registrar actividad procesal en los expedientes, con la consecuente restricción de acceso a la justicia.
En efecto, se advierte que, a fs. 127/128 obra declaración testimonial recepcionada en fecha 19 de marzo del año 2024, y a fs. 129 luce proveído dictado el 28 de octubre del mismo año, vislumbrándose siete (07) meses sin registrar actividad procesal. Asimismo, se observa una declaración testimonial en fs. 193/vta., recibida en fecha 10 de diciembre de áquel año, advirtiéndo que el siguiente movimiento es un proveído (fs. 194) del día 06 de mayo del año 2025, dejando a la postre un tiempo transcurrido de cinco (05) meses. De igual manera sucede en el proveído de fs. 200, dictado el día 25 de agosto del año 2025, advirtiendo que al anterior movimiento registrado (fs. 199/vta.) es un oficio recepcionado por la Secretaría interviniente el día 19 de mayo del mismo año, dejando entrever entre dichos movimientos un lapso de tiempo de tres (03) meses.
Es preciso dejar constancia que en dichos lapsos de tiempo transcurrido, no obra en la totalidad del expediente constancia de proveído o decreto alguno que justifique la prolongada inactividad previa, lo que evidencia un infundado y extenso período de dilación en la tramitación de la causa.
Lo expuesto no hace otra cosa que dejar en evidencia el total avasallamiento que se ha plasmado a las mandas del art. 197 1er. párrafo del C.P.P., por parte de la sede judicial de Instrucción. Por dicha razón, se encuentra compelida a obrar conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo de rito en cuestión.
Más allá de ser perfectamente advertible que durante el desarrollo de la presente instrucción, se pueden haber suscitado cuestiones que conspiraron contra la celeridad de la tramitación, lo cierto es que en el caso no se advierte justificación alguna para los períodos de paralización señalados.
En suma, la falta de apego a los plazos procesales del Juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta al Juzgado interviniente extremar los recaudos a fin de erradicar procederes de tal naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 251/259, de los autos procesales, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. HACER SABER al Juzgado que interviene, lo señalado en el punto III) de los considerandos que anteceden.
3. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
4. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
nf Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia