Abriendo la norma
TOMO CXXVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8321 FOLIO Nº 080/086 PROT. ELECT. JR101196I.231
Río Gallegos, 11 de Diciembre de 2023.-
La presente causa caratulada “M.C.P. S/ DENUNCIA” Expte. Nº 16073/22 Apelación Nº 8303/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 86/93 obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de la localidad de Río Turbio, quien en el punto 1º) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de N.A.S., en orden al delito de “Abuso Sexual Simple doblemente agravado por la convivencia y por ser el encargado de la guarda o educación (art. 119 primer párrafo del C.P.A., en función de los incs. b) y f) del cuarto párrafo y en función del quinto párrafo de la citada norma legal, en aplicación de la ley 26485”; y en el punto 2º) trabó embargo sobre los bienes del nombrado hasta cubrir la suma de pesos setecientos mil ($ 700.000).- Que a fs. 95/98vta. la Defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 104 sostuvo el recurso (código de validación: bf55bfcf) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del C.P.P., quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
En su presentación dijo la recurrente que la decisión del A quo que ataca agravia los intereses de la defensa que ejerce, por carecer de sustento legal y razonabilidad, defectos que lo privan de fundamento, la convierten en arbitraria y por ello violatoria de la garantía de la defensa en juicio (art. 18 C.N.).-
Agrega que a su vez no se encuentra debidamente fundada respecto del procesamiento de su asistido, ello por cuanto se trata de una resolución vaga en su contenido y de la que no surgen pruebas para imputar a su defendido por el delito que se le enrostra.-
Indica que de las declaraciones de los testigos C.L.V., S.M.M. y Lic. A.B. (fs. 07/08, 09/10 y 11/vta., en ese orden) dan cuenta que los hechos no sucedieron como se describen en el acto de imputación que es base del procesamiento. Que dichos testimonios dan una versión distinta a como sucedieron los hechos respecto a lo que refiere la denunciante, que la misma refiere haber tratado la cuestión del abuso con el Lic. A.B. y este lo niega, como así también cualquier indicio que lo alerte haber sido víctima de A.S.I.. Que por su parte el informe de evaluación psicológica realizado por la Lic. R. a fs. 24/25 tampoco es concluyente, se limita a decir que a nivel familiar se destaca disfuncionalidad en los roles, antecedentes de abuso y que presenta síntomas asociados a haber padecido hechos de índole traumática.- Que todo lo expuesto la hace concluir que existe una duda razonable en cuanto a la participación de su defendido, y al hecho que se le imputa, por lo que considera que al amparo del principio de inocencia que asiste a su pupilo, se lo debe sobreseer y se debe ordenar el levantamiento del embargo impuesto.-
Finalmente se agravia del carácter excesivo y desproporcionado de la suma impuesta como cautelar. Máxime teniendo en cuenta que el art. 499 del C.P.P. refiere a cantidad suficiente, y esto exige que se evalúen los parámetros razonables para la fijación del monto de dicha cautelar, sobretodo en esta etapa del proceso donde todavía no hay un grado de certeza, con lo cual no podría precisarse con exactitud los daños, costas y gastos, siendo una suma que para ser provisoria resulta desmedida. Que agravia a la defensa en tanto tal medida resulta irracional y arbitraria. Por ello y puesto que, a su entender, no hay razón válida que permita arribar a la suma impuesta es que solicita se ordene levantar el embargo impuesto o, en su defecto, su reducción.- Quedan así planteadas las cuestiones para resolver.
I. Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente, se utilizarán únicamente las iniciales de los nombres de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, en miras a que los derechos que son universalmente reconocidos, sean reales y efectivos, velando por la preservación del derecho a la intimidad, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
II. Yendo a los agravios referentes al insuficiente caudal probatorio recolectado en autos, de la lectura de las presentes actuaciones entiende esta sede judicial, contrariamente a lo señalado por la apelante, que existe prueba de mérito suficiente para confirmar la resolución.-
Por otra parte entendemos que, contrariamente a lo sostenido por la apelante, no estamos en presencia de una resolución vaga en su contenido y de la que no surgen pruebas para incriminar a su asistido.-
En este orden de ideas es menester señalar que el auto de procesamiento no se fundamenta sólo en los dichos de la denunciante. La Sra. Jueza no se limita en la resolución a desarrollar el contenido de lo expresado por la joven, ya que tuvo en consideración el resto del plexo probatorio, es decir pruebas tales como las declaraciones testimoniales de I.D.C.L.V., S.M.M. y A.L.B. (obrantes a fs. 07/08, 09/10, 11/vta., en ese orden), informe psicológico realizado por la Lic. M.J.R. (glosado a fs. 24/25); acta de constatación (adjunto a fs. 55/56), entre otras circunstancias.- Estas connotaciones son las que fueron tenidas en cuenta por la Sra. Magistrada al momento de resolver la situación procesal del imputado, tal como luce en los considerandos de la Resolución (fs. 89/91vta).-
Las alegaciones de la recurrente se presentan como meros disensos, ya que, analizadas que fueran las declaraciones de las personas citadas como testigos, se desprende la concordancia de sus relatos con lo denunciado por la pretensa víctima. Es más, tras aseverar que el Lic. A.B, no recuerda haber tratado a la denunciante por una situación de abuso, omite convenientemente lo manifestado por éste al final de su declaración: “…no quiero perjudicar a la Sra. pero en caso que haya sucedido algún dato en la entrevista no lo recuerdo, entiéndame que el tratamiento que le brindé a esta mujer fue hace más de 5 años a la fecha, donde atiendo por lo general entre 10 personas a diario, y pueden que no tengo recuerdo exacto de lo que ella me contó durante las entrevistas…” (fs. 11vta).- Es por lo expuesto que el cúmulo de prueba no es insuficiente como lo sostiene la defensa, a tal punto de no configurar elementos para sostener que su defendido sea probablemente autor del hecho que le fuera impuesto. Por el contrario, resulta suficiente para el grado de probabilidad requerido en esta instancia y el Juzgado actuante ha tenido en cuenta las pruebas señaladas.-
Sin embargo, no debemos olvidar que los delitos aquí denunciados son de aquellos que, en la generalidad de los casos, se cometen sin la presencia de testigos. Pese a ello, se ha dicho que no son de imposible investigación, debiéndose analizar no sólo el relato brindado por la propia víctima sino de todos aquellos que tomaron conocimiento de los sucesos por alguna referencia que la víctima/denunciante les haya efectuado.-
Concordantemente con ello, “...no hay que olvidar que los delitos de abuso sexual se consuman en un marco de privacidad que conspira habitualmente para la incorporación de elementos probatorios, por ello el testimonio de la víctima adquiere plena prueba al no advertir interés u odio tendiente a perjudicar al imputado...” (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 4º, 8/11/2001, “Rodas Jaras, Domingo”) y “...con todo acierto se ha sostenido que resulta inimaginable que alguien denuncie a otro como que lo ha sometido sexualmente, inventando gratuitamente episodios que lo exponen a las burlas y comentarios de sus vecinos y conocidos, y que le generan a la par una pérdida de tiempo, al tener que someterse a exámenes, análisis e interrogatorios nada cómodos o placenteros...” (Trib. Oral Crim. Nº 3 Cap. Fed., 7/4/2003, “Gorosito, D.O.”).- En este caso, contamos con el relato directo de la propia presunta víctima, debiéndose adicionar que el auto atacado se encuentra apontocado en las diversas pruebas incorporadas, las cuales guardan coherencia entre sí, no pudiéndose pretender tampoco un grado tal de exactitud en la narrativa por parte de las víctimas de los hechos como el que nos ocupa, ya que sabido es que muchas veces se forman lagunas en el recuerdo de algún tipo de circunstancia, siendo que dicha imprecisión no puede erigirse en un obstáculo que prive de efectos a la investigación en curso, y que por lo tanto obstaculice la prosecución de la acusación.- No se advierten contradicciones entre lo declarado por la presunta víctima ni tampoco lagunas sobre detalles fundamentales que hacen a la existencia de los hechos imputados y sus agravantes. No podemos dejar de mencionar que este contexto fue tomado en cuenta y analizado por la Sra. Jueza en el auto apelado.-
Es por ello que tampoco se advierte que el plexo probatorio reunido sea desviado en su interpretación al sólo fin de mantener supuestamente justificada la acusación.-
No nos debemos olvidar que de ninguna manera se han afectado las garantías constitucionales ni se ha alterado el debido proceso. Se insiste: el imputado fue enrostrado del hecho en las circunstancias referidas en la denuncia formulada, las cuales guardan coherencia con lo relatado por la joven presunta víctima en su declaración y lo referido por los testigos, ello sin perjuicio que siempre las actuaciones estuvieron en condiciones de ser sujetas a su contralor.-
Es que, contrariamente a lo sostenido por la apelante, la Sra. Jueza ha arribado a una resolución de mérito cargoso luego de ponderar los elementos colectados.-
Así, con relación al abuso sexual meritó los contestes testimonios recabados y los resultados del informe psicológico que le fuera practicado a la joven.-
Por otra parte tampoco contamos con el consentimiento del imputado a la realización de la pericial psicológica psiquiátrica ordenada en su persona (ver fs. 51).-
Se advierte, por ende, que la parte no ha logrado desvirtuar los elementos de cargo que obran en su contra, respecto de las circunstancias de los hechos expuestas por la denunciante en mérito a lo anteriormente analizado.-
Debemos tener presente que corresponde la aplicación del principio de amplitud probatoria, por las especiales características del hecho endilgado al imputado: delito contra la integridad sexual, habiéndose aprovechado del estado de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima por las circunstancias ya señaladas.-
Por otra parte, tanto la doctrina como la jurisprudencia imperante, son contestes en sostener que la valoración de la prueba en delitos como el que nos ocupa, no puede realizarse como si se tratara de cualquier otro de los delitos tipificados por la legislación de fondo, debiendo conferir especial relevancia a la denuncia de la víctima.-
En tal sentido, acerca de esta particular característica, y en oportunidad de resolver la situación procesal de los imputados, otros Tribunales han dicho: “…el estándar de prueba normalmente exigido para alcanzar el grado de certeza necesario a efectos de pronunciarse sobre la materialidad de los hechos y la responsabilidad del inculpado, se satisface de un modo distinto que aquél que puede exigirse para otros supuestos, y ello bajo un doble aspecto. Principalmente, porque los hechos de esta naturaleza son, por regla general, llevados a cabo en ámbitos íntimos excluidos de terceras personas que pudieran dar fe de lo ocurrido. De suerte tal que lo determinante en esta clase de asuntos, a los efectos de la reconstrucción histórica del suceso, suele ser pura y exclusivamente el relato que la víctima pueda brindar al respecto.
Además, cuando se trata de víctimas menores de edad, la ponderación de su relato no puede ser llevada a cabo de la misma forma y bajo los mismos parámetros con los que analizan los dichos de los mayores, pues la exigencia de una narrativa histórica coherente, concatenada, descriptiva y lo más detallada posible en relación a un hecho pasado difiere en uno y otro caso, de acuerdo a las distintas capacidades cognoscitivas de los sujetos involucrados...” (Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional - Sala 1 CCC 73954/2013/TO1/CNC1, causa nº 73.954/2013, caratulada “D. de M., R. F. s/ abuso sexual”).- En la provincia de Santa Cruz, respecto a la forma de valorar las pruebas en esta clase de delitos, el Tribunal Superior de Justicia, sostuvo: “…En los hechos de abuso sexual este Alto Cuerpo expresó que el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil; por ello, pretender revocar una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual con acceso carnal, alegando que lo único que sustenta la acreditación del mismo es la versión del hecho aportada por la víctima, atenta contra una regla de la experiencia común como es, que los delitos contra la integridad sexual no suelen cometerse frente a testigos presenciales.
Los dichos de la menor no deben descalificarse apriorísticamente si el tribunal de juicio los considera dignos de credibilidad –en el caso, se confirmó el abuso sexual denunciado– y más aún cuando el modus operandi implica de suyo la ausencia de testigos….”. (Tribunal Superior de Justicia, Secretaría Penal, Interlocutorio Nº: 018 - Recurso de casación, 19/08/2008 - autos: “A.G.A. s/ abuso sexual simple agravado”, Expte. Nº 2665 (A-566/07/T.S.J.).- En efecto, de las constancias de autos surge que la Sra. Jueza de instrucción valoró de manera adecuada la prueba rendida en autos, atendiendo a las particularidades del presente caso, en el que el hecho habría acontecido.- De esa manera dictó una resolución que se desprende del relato lógico efectuado luego de la investigación llevada adelante y a la luz de la sana crítica racional, no apareciendo a mi criterio atisbo alguno de arbitrariedad o fragmentación en la valoración de la prueba aunada a la causa, motivo por el cual su agravio no podrá prosperar.- No corresponde, como pretende la defensa, valorar cada medio probatorio por separado, ni atomizar el análisis y evaluación de las pruebas colectadas.
En relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene: "...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...".
(Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros).- En ese mismo sentido se ha expedido la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, entendiendo que: "...Para un adecuado análisis de los delitos contra la integridad sexual no es dable efectuar una interpretación fragmentaria y aislada de las pruebas, indicios y presunciones, sino que se precisa de una ponderación global de los elementos de cargo...". (Cita online: TR LALEY AR/JUR/36561/2020).
Recordemos que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación, y para fundar eventualmente el procesamiento del imputado como es el caso que nos ocupa. Sabido es que en esta instancia priman los elementos de cargo por sobre los de descargo, siendo que el grado de certeza apodíctica de culpabilidad no es necesario en este tramo del proceso.- En mérito a ello no se hace lugar tampoco al agravio esgrimido por la parte que no se encuentra acreditado con el grado de probabilidad suficiente para atribuirle a su defendido la responsabilidad que se investiga.- Debo recordar aquí que, con relación al valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima de delitos como el que nos ocupa, esta Alzada ya tiene dicho que la sola mención de que se trate de la persona damnificada no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma, tal como lo efectuara la Jueza A quo.-
Se concuerda con la a quo en que los hechos investigados se encuadran dentro de la violencia contra la mujer y como tal constituyen una violación a los derechos humanos; con lo cual el examen de la cuestión impone como principio rector la incorporación de la "perspectiva de género" como pauta hermenéutica constitucional.
En el ámbito local, la ley 26.485 de Protección Integral, establece el deber estatal de promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, fijando los derechos y garantías mínimos de los procedimientos judiciales, estipulando concretamente, el derecho a obtener de parte de la justicia una respuesta oportuna y efectiva (art. 16 inc b), recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de sus derechos (art. 16 inc e) y a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos (art. 16 inc i). (Cf. criterio sostenido en Apelación Nº 7227/21). Esta Alzada -en reiteradas oportunidades-, dejó asentado que el testimonio de la víctima de abuso sexual, tiene en sí mismo valor de prueba para enervar la presunción de inocencia, siempre que se efectúe con las debidas garantías, de manera tal que el involucrado pueda desvirtuar el relato de la misma, si lo estima pertinente, y esto no debilita o flexibiliza las garantías constitucionales a las que se subordina todo proceso penal. (A modo de ejemplo se cita la Apelación Nº 7599/22).-
Es sabido que en los delitos contra la integridad sexual -y más aún, cuando como en el caso de marras, se encuentra constatada la vulnerabilidad de la víctima en función de haberse encontrado siendo menor de edad con una persona que era la pareja de su madre y convivía con el grupo familiar.-
Es dentro de este contexto en el que, como dejara asentado la a quo en el auto recurrido, el delito se comete en circunstancias donde resulta casi imposible contar con testigos presenciales de los hechos, el testimonio de la víctima se convierte en el eje central de la investigación, no advirtiendo el direccionamiento en contra del imputado en la valoración de la prueba efectuada por la Instrucción -como lo alega la defensa-, resultando los elementos probatorios suficientes para arribar a la decisión de mérito adoptada.
Nuestro Máximo Tribunal provincial hubo de pronunciarse respecto del valor que se debe asignar al relato de la víctima en casos como el que nos ocupa. Así sostuvo “...En los delitos sexuales el testimonio de la víctima cobra un papel fundamental, pues suelen cometerse en ámbitos privados, sin la presencia de testigos, muchas veces sin la existencia de rastros que puedan develar lo sucedido a través de las pericias, y nuestro sistema de enjuiciamiento penal se rige por el principio de la libertad probatoria...”. (Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz; 08/03/2012; “A., R. y otro”; LLPatagonia 2012 (junio), 316; Cita Online: AR/JUR/8607/2012). Y este criterio no ha variado, pues ese Alto Cuerpo lo volvió a confirmar recientemente (ver Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz; 24/06/2022; “B.
M. R. s/ abuso sexual simple reiterado agravado por ser el autor encargado de la guarda -tres hechos- y abuso sexual simple reiterado todo en concurso real”; Tomo VII – Sentencias T.S.J.; Registro 015; Folio 169/182).- A mayor abundamiento, un reciente fallo de un Tribunal de la Patagonia; dijo “...La perspectiva de género no implica flexibilizar los estándares de prueba en orden al principio de inocencia, sino que implica un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes y la prueba generada, sin perder de vista las desigualdades entre hombres y mujeres; y en los casos de abusos sexuales, el testimonio de la víctima se erige en prueba fundamental. Así es que el testimonio único debe encontrarse rodeado de determinados recaudos, con corroboración por otros elementos de juicio...”.
(Tribunal de impugnación de Río Negro; 26/04/2022; “CH. V. P. c. A. M. s/ Abuso sexual”; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/68242/2022). Otros juzgados nacionales tienen dicho: "...En los casos de violencia de género, la relevancia de los elementos probatorios indirectos o indiciarios de carácter objetivo, corroborante o periférico de los hechos denunciados no puede ser desechada dogmáticamente, por no provenir de fuentes directas o por no brindar datos concretos respecto de aquellos hechos, toda vez que el fundamento por el cual estos elementos tienen que ser propuestos, recibidos y valorados sólo está en conferirle una mayor convicción al testimonio de los involucrados acerca del conflicto investigado...".
(Cita online: TR LALEY AR/JUR/18735/2014). Incluso según la jurisprudencia de la CIDH, en los casos "Fernández Ortega" y "Rosendo Cantú", se estableció en cuanto a la investigación de hechos de violencia sexual, que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental del hecho que no debe ser corroborada necesariamente mediante otros elementos de prueba independientes. Es sabido, conforme la normativa vigente en la materia (Ley Nº 26.485 art. 31), que los operadores judiciales deben garantizar la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los mismos y quiénes son sus naturales testigos. Para ello, se deben considerar las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.
Por otro lado, respecto al valor probatorio de los testimonios acerca de los hechos endilgados al imputado, con acierto se ha dicho que: “…La circunstancia de que los testigos no hayan visto por sí mismos los hechos que motivaron la causa penal, sino que se limitan a repetir lo que escucharon de terceras personas, no invalida per se sus declaraciones...”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala IV; “Marcus, Alejandro Fabián Rubén”; 10/11/2008 Cita Online: AR/JUR/17536/2008.-
En relación a la suficiencia de la prueba para el dictado del procesamiento, en un caso grave como el que nos ocupa, incluso en una etapa de casación más avanzada a la que transita esta causa, fueron valorados por un Alto Tribunal elementos similares a los agregados en autos, llegando en este antecedente a rechazar un recurso de casación. Al respecto se dijo: “…El recurso de casación interpuesto contra la condena por el delito de abuso sexual agravado por la calidad del sujeto activo y por la situación de convivencia debe ser rechazado, pues los argumentos recursivos evidencian una disconformidad con el pronunciamiento del Tribunal del Juicio y no un ataque fundado contra aquél, ya que los reproches se dirigen más bien a una negación ilógica de las probanzas que a demostrar la arbitrariedad en el razonamiento del juzgador que se basó tanto en los testimonios de la víctima y en los informes psicológicos realizados sobre aquella, los cuales dan cuenta que no presentaba pensamientos fabulatorios o imaginativos, lo que conjugaba para la gravitación de la credibilidad de su testimonio...” (Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes; 12/02/2015; “E., M. A. P/ abuso sexual gravemente ultrajante doblemente calificado por la calidad de guardador y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años dos veces reiterada (tres hechos) y abuso sexual por acceso carnal doblemente calificado por la calidad de guardador de la víctima y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años s/ concurso real”; LA LEY 05/06/2015, Cita Online: AR/JUR/187/2015).- La decisión adoptada por la Sra. Magistrada se enrola en los estándares de Perspectiva de Género -que recientemente ha acuñado la CSJN-, y a la valoración que los jueces debemos efectuar cuando estamos en presencia de estos delitos .-
Ello fundamentalmente en atención a que ha sido materia de tratamiento la circunstancia de extrema vulnerabilidad en la que se habría encontrado la persona al momento del hecho que se denunciara.-
Es por todo lo expuesto que la resolución atacada evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención de los Derechos del Niño”, la “Convención Belem do Para”, “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.- En función de lo expresado, no vislumbrándose, se insiste, la resolución impugnada violatoria de los derechos de defensa, que deberá confirmarse en esta instancia el procesamiento del imputado N.A.S. dictado por la instrucción y en orden al delito allí calificado.-
Por tales motivos, no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan –al menos en esta etapa procesal-, para acreditar el hecho, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe al imputado en el mismo.-
En este sentido, se ha dicho: “…El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...”. (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).-
Por último la defensa cuestiona el embargo dispuesto a su asistido, argumentando que, en esta instancia del proceso, no podría precisarse con exactitud los daños, costas y gastos, siendo una suma que para ser provisoria resulta desmedida, razón por la cual peticione se proceda a su levantamiento o morigeración.-
Ahora bien, en este punto el agravio no tendrá acogida favorable en esta instancia.-
Sobre esta cuestión cabe referir que la Ley de Procedimientos en materia penal, de manera imperativa, establece que el Juez -al dictar el auto de procesamiento- ordenará el embargo de bienes del imputado, cumpliendo el auto apelado -en este punto- con las reglas establecidas en el art. 499 del C.P.P..-
En efecto, de una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -en lo que se refiere propiamente al agravio articulado- se advierte que la Sra. Magistrada ha valorado todos los elementos probatorios agregados a estos autos, los cuales le han permitido arribar a una resolución de tipo incriminante como lo es el auto de procesamiento, y que conforman basamento de suficiente entidad para sustentar una acreditación provisoria del hecho investigado y de la participación del imputado en el mismo, lo que respalda el dictado de la medida cautelar atacada, resultando la misma adecuada a derecho, señalando los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria, considerando que guardan relación con el perjuicio que se hubiere causado.- Por otro lado, no debemos perder de foco la gravedad del delito investigado y el tiempo trascurrido desde que se dictó la medida con los altos niveles inflacionarios, razón por la cual el monto no se vislumbra como inadecuado.-
En orden a lo expuesto y a las circunstancias de los hechos debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Sra. Magistrada para la fijación de la medida precautoria y acorde a la entidad del daño penal como consecuencia del delito investigado en autos, por lo que la suma ordenada de Pesos setecientos mil ($ 700.000) no aparece como irrazonable ni desproporcionada.-
En este sentido, resulta oportuno citar calificada jurisprudencia que dice “...el texto del art. 554 C.P.P. (art. 518 C.P.P.N. y 499 del C.P.P.S.C.) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...” (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “Meana, Héctor Angel”. Vocales: Funes, Pueyrredon, Vargas. Secc. N1).-
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. NO HACER LUGAR AL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO por la defensa técnica de N.A.S. a fs. 95/98vta., confirmándose íntegramente el resolutorio atacado por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
(NAS)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia