Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 138.234
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Declarar admisible el recurso de casación interpuesto por el Fiscal General adjunto del Departamento Judicial San Isidro, Cosme S. Iribarren, contra la resolución emitida por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, que dispuso el sobreseimiento del imputado, en orden al delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal (art. 14 de la ley 23.737).
II. Rechazar por improcedente la articulación presentada, con costas en esta instancia.
Rigen los arts. 168 y 171 de la Const. de la pcia. de Bs. As.; 14 de la ley 23.737; 106, 210, 323 inc. 3, 433, 450, 452, 464, 530 y 532 del CPP.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal 1400-6878-24 En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala V del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces Manuel Alberto Bouchoux y Mario Eduardo Kohan, con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver en el marco de la causa N° 138234 caratulada “M. P., G. J. S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR FISCAL”, conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX - KOHAN.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro hizo lugar al recurso de apelación presentado por la defensa del Sr. M. P., revocó la resolución del Juzgado de Garantías N° 1 que había dispuesto convertir la detención en prisión preventiva, modificó la calificación legal asignada al hecho y luego de declarar la inconstitucionalidad del art. 14 párrafo 2° de la ley 23.737 resolvió sobreseer al imputado.
Contra dicha resolución el Fiscal Departamental Adjunto Sr. Cosme Iribarren interpuso en tiempo y forma recurso de casación. Efectuadas las vistas correspondientes, la Fiscalía de Casación se pronunció afirmativamente sobre la procedencia del recurso, conforme a los argumentos expuestos en el respectivo memorial.
De tal modo, notificadas las partes de la integración, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este tribunal decidió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S Primera: ¿Es admisible y procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez Bouchoux dijo:
I. El recurso de casación incoado por el señor Fiscal es admisible en función del segundo párrafo del art. 450 del CPP, toda vez que impugna una resolución de Cámara revocatoria de la de primera instancia que puso fin a la acción penal. Asimismo, el recurrente se encuentra expresamente habilitado por el art. 452 inc. 3 del CPP para acudir a esta instancia en casos como el presente, habiendo cumplido con los requisitos de tiempo y forma exigidos al efecto.
II. El recurrente se agravia por considerar que el razonamiento de la alzada resultó arbitrario en la medida en que a la hora de resolver los recursos de apelación interpuestos por la defensa respecto de la nulidad del acta de procedimiento, la restricción preventiva de la libertad y la calificación legal, omitió considerar indicadores relevantes a criterio de la acusación y extrajo conclusiones que no se derivan de la prueba producida durante la instrucción.
Indica que la Alzada privilegió la valoración de lo que la mayoría entendió como una escasa cantidad de estupefacientes en posesión del imputado en desmedro de otros aspectos de suma relevancia, como la presencia de éste en el espacio público en compañía de otros individuos, la multiplicidad de sujetos en torno al poseedor, el fraccionamiento dosificado de las sustancias ilícitas y la actitud del imputado frente a la presencia de la autoridad.
Finalmente sostiene que producto de la mentada arbitrariedad los camaristas otorgaron un prematuro sobreseimiento por un error en la interpretación de las reglas de procedimiento legales y constitucionales que afectan el ejercicio de las facultades de actuación e investigación e impide el acceso y el desarrollo de la pretensión fiscal al juicio oral como estadio de conocimiento superior.
En razón de lo expuesto peticiona se case la resolución impugnada ordenando su revocación y se permita la prosecución del trámite hasta la sustanciación del debate en audiencia de juicio oral y público.
III.1. Preliminarmente, debo señalar que la Cámara resolvió en el marco de dos recursos de apelación sucesivamente puestos a su conocimiento, abordando la totalidad de los agravios en una sola resolución en función del principio de celeridad procesal. Uno de ellos fue interpuesto contra la conversión de la detención en prisión preventiva y el segundo, contra la resolución del garante que había rechazado el planteo de nulidad de acta de procedimiento y el cese de la prisión preventiva.
Vale señalar, aunque luego habré de profundizar, que la intervención de la alzada fue únicamente a instancia de los recursos presentados por la defensa y que desde el inicio de la investigación el Juez de Garantías interviniente había modificado la -provisoria- calificación legal asignada al hecho por la acusación de tenencia con fines de comercialización a tenencia simple, manteniendo tal temperamento al convertir la detención en prisión preventiva.
Dicho lo que antecede, se impone señalar que el resolutorio cuestionado analizó el caso a partir de la regla jurídica establecida por nuestro máximo tribunal federal en el caso “Vega Giménez”. Allí se estableció que resulta una carga de la acusación acreditar que la finalidad de una tenencia de estupefacientes, en el caso la de M. P., es otra que la de consumo personal alegado por la defensa y desde ese sitial evaluó la suficiencia de la prueba acumulada por la instrucción hasta el momento de dictar la resolución recurrida.
Emprendida la tarea, la Alzada comenzó su análisis evaluando la crítica dirigida al acta de procedimiento, respecto de la cual si bien no declaró la nulidad, sí destacó la existencia de inconsistencias que impedían otorgarle linealmente el pleno valor que pretende el casacionista. Así, puso de relieve la contradicción existente respecto de si participó o no del procedimiento el testigo de actuación Matías Daniel González, quien a la sazón era el único participante del procedimiento de aprehensión y secuestro ajeno a las fuerzas de seguridad y quien al momento del dictado de la resolución cuestionada no había sido convocado al proceso a prestar declaración testimonial.
La segunda inconsistencia relevada consistía en la presencia en el lugar del procedimiento de al menos otro sujeto llamado Victor Hugo Costilla, quien no fue individualizado en el acta y que al declarar en el proceso sostuvo, entre otras cosas, que era el propietario de una porción cercana a la mitad del estupefaciente cuya tenencia se imputó al Sr. M. P.. Que esta última circunstancia, no solo expone que los aspectos que el recurrente estima no valorados sí fueron sopesados al decidir, sino también que la admisión de aquella divergencia entre las hipótesis de la acusación y la defensa, se proyecta sobre de los restantes aspectos contradictorios observados a partir de la información volcada al proceso por los testigos aportados por la defensa y el valor asignado por la alzada a la información introducida por ellos, dentro de los cuales se encuentra el Sr. Costilla y que en definitiva tensionaron la credibilidad del acta de procedimiento en punto a: la cantidad de sujetos presentes en el procedimiento, las acciones desarrolladas por los mismos ante la presencia de la autoridad, el reconocimiento de dos de ellos de la tenencia individual y separada de estupefacientes con fines de consumo, la forma en que tal tenencia se puso en conocimiento de los gendarmes intervinientes y la actitud del personal de las fuerzas de seguridad durante su intervención. Vale señalar que la prueba que sostiene la hipótesis de la acusación se reduce al sumario inicial de la causa que en lo que aquí interesa contiene el acta de procedimiento, el secuestro de material estupefaciente y las actas mediante la cuales los participantes en ese proceso, sin un mayor desarrollo de los acontecimientos, ratificaron su actuación.
Por su parte, la defensa en su oportunidad produjo prueba sobre los hechos que puso en tensión el relato elaborado por las fuerzas de seguridad y reforzó la hipótesis ya planteada por el imputado al momento de prestar declaración en los términos del art. 308 CPP. Allí el Sr. M. P. sostuvo que era un consumidor habitual de estupefacientes, que algunas horas antes de ser aprehendido había comprado estupefacientes para abastecer un hábito que sostiene desde hace años, que estaba junto a algunos amigos - consumidores también- y que se encontraban en el lugar habitual de reunión cuando fueron abordados por el personal de las fuerzas de seguridad. El imputado en su declaración afirmó que no se encontraba comercializando estupefacientes, que ante la presencia de la gendarmería ninguno de los integrantes del grupo intentó evadirse, que fueron él y su amigo Victor Hugo Costilla quienes exhibieron el material estupefaciente ante la pregunta de las fuerzas de seguridad, aclarando que desde el primer momento hicieron saber a los requirentes qué porción del estupefaciente era suya y cual era de su amigo.
Agregó que los gendarmes exorbitando el objeto de su actuación prevencional preguntaron quién se haría responsable por la tenencia de la totalidad del estupefaciente, a lo que sus propietarios respondieron que cada uno lo haría de su parte, pero a pesar de ello decidieron asignarle la tenencia de la totalidad de las sustancias al aquí imputado y aprehenderlo, solicitando al resto de los sujetos demorados que se fueran del lugar sin siquiera registrar sus nombres.
La defensa convocó a declarar al Sr. Victor Hugo Costilla, quien se encontraba la noche del procedimiento junto al imputado y que a la sazón aquel día tenía en su poder una parte del estupefaciente secuestrado. El testigo sostuvo que el día del procedimiento se encontraban fuera de su casa donde se encontraba un auto abandonado, que al presentarse los gendarmes y consultarles si “tenían algo” responden positivamente, exhibiendo cada uno el material estupefaciente con el que contaban. Declaró que ninguna de las personas que se encontraban allí salió corriendo y describió el modo en que los gendarmes decidieron asignar la responsabilidad al imputado a pesar de lo que ambos les refirieron sobre los estupefacientes.
Conteste con estas declaraciones la Sra. Sandra Viviana Del Carmen Ledesma afirmó que conoce a los chicos del barrio, que sabe que consumen y que vio a los cuatro jóvenes frente a su casa. Sobre el procedimiento refirió que “nadie pidió testigos ni nada”, no vio correr a ninguno de los cuatro muchachos, que vio que los gendarmes pusieron una bolsitas arriba del auto abandonado y describió aquella conversación relativa a quién se haría cargo de la totalidad del estupefaciente, agregando que los gendarmes les decían a los aprehendidos que se vayan y que le atribuirían la tenencia al aquí imputado porque dentro de sus pertenencias tenía dinero. Gladys Jorgelina Maidana en lo medular declaró de forma similar al resto de los testigos de la defensa agregando que los jóvenes no estaban en ninguna actitud sospechosa, que estaban charlando y que “en general se fuman un porro y despues cada uno se va para su casa”.
Finalmente, César Luis Maza -empleador del imputado- refirió que M. P. trabajó con él diariamente durante más de un año y medio, haciéndolo durante muchas horas en un horario extendido. Hizo referencia a los jornales que le paga por su trabajo, considerando que nadie que se dedique a vender estupefacientes trabajaría tantas horas por el dinero que recibía el imputado y que sabe que el Sr. M. P. consume porros.
Así las cosas, desde el momento en que los testigos aportados por la defensa prestaron declaración juramentada en la instrucción se consolidó una contradicción significativa entre las hipótesis de las partes que no derivó ni en la profundización de la pesquisa ni en el cuestionamiento del valor probatorio de la prueba de descargo por parte del acusador, circunstancia que se mantuvo en igual situación aún al momento de requerir la elevación a juicio con posterioridad a la interposición del recurso bajo estudio.
Entonces, si bien la alzada desarrolló con mayor profundidad el indicador vinculado con la cantidad de estupefaciente secuestrado, transcribió y ponderó las declaraciones prestadas por los testigos Costilla, Ledesma, Maidana y Maza, previo a resolver sobre la calificación y considerar insuficiente la prueba para alcanzar un convencimiento adecuado en punto a que la finalidad de la tenencia era otra distinta que el consumo personal del mismo.
No huelga traer a colación que la finalidad de comercio con la que la acusación entiende que era tenido el estupefaciente secuestrado fue desplazada desde los albores de la instrucción por falta de prueba, incluso antes de que la defensa produjera prueba atendible sobre ese punto. De acuerdo a lo que se viene señalando, no se verifica en el razonamiento probatorio de la alzada un supuesto de arbitrariedad por omisión o fraccionamiento de la prueba como denuncia el recurrente, puesto que previo resolver como lo hizo describió y analizó la totalidad del cuadro probatorio.
2. Que sin perjuicio de lo antes dicho y teniendo en cuenta el impacto sobre la acción penal de la decisión tomada por la alzada departamental, habré de realizar algunas consideraciones respecto del quid del planteo del recurrente y los indicadores en base a los cuales sostiene un criterio divergente con lo resuelto.
Como fuera expresado en el punto precedente la alzada departamental producto de la aplicación de precedente “Vega Giménez” y de ponderar la prueba existente recalificó el hecho, que había llegado a su conocimiento como tenencia simple, como un supuesto de tenencia con fines de consumo personal, aplicó el fallo “Arriola” derivando ello en la declaración de inconstitucionalidad de la figura del art. 14 párrafo 2° de la ley 23.737 y el posterior el dictado del sobreseimiento.
Avanzando entonces sobre el planteo, el casacionista luego de señalar que “la alzada para resolver entendió que la conducta atribuida al imputado no reportaba trascendencia alguna a terceras personas y que no se derivaba del caso que la tenencia respondiera a un fin diverso al del propio consumo” opuso a este razonamiento la existencia de indicadores que a su criterio impiden sostener la afirmación cuestionada, apalancando su argumentación en la consideración del alcance del fallo “Arriola” que hizo el Juez García Maañon en su voto en disidencia y que el recurrente hace propio.
Para así decir, hizo referencia a que el acontecimiento analizado se produjo en un lugar público, que había una pluralidad de sujetos rodeando al poseedor, el modo en que se encontraba acondicionado el estupefaciente y la actitud del imputado ante la autoridad.
En este orden, el recurrente sostuvo que la tenencia se produjo en un espacio público, sin embargo, tanto del propio acta de procedimiento como de la prueba producida por la defensa se desprende que el aprehendido tenía el estupefaciente en sus prendas y que la exhibió voluntariamente a partir del requerimiento de los gendarmes -hipótesis de la defensa- o fue requisado -hipótesis fiscal-. Es decir que en cualquiera de los dos escenarios, sin perjuicio de que en un sentido lato la tenencia se produjo en un espacio público la misma no era ostensible ("Noguera, María Marta y otras", Fallos: 310:294).
El criterio relativo a tener estupefacientes en un espacio público como indicio de trascendencia a terceros no puede ser razonablemente evaluado por fuera de las exigencias del propio texto constitucional en la medida en que este demanda la acreditación de un daño para terceros ajenos a tal conducta. En este sentido se expidió la Sala II de la Casación Federal en la causa “Olivera” al sostener respecto de este punto que “la mera invocación del espacio público no impone intrínseca, necesaria e inevitablemente el grado de afectación constitucionalmente admitido”, afirmó que lo determinante radica en “la lesividad concreta que se genere a bienes o derechos de terceros” y que esta exigencia constitucional “debe tratarse de una trascendencia ‘lesiva’ a terceros –donde éste, en pleno goce de sus facultades, sea quien en definitiva pueda considerar que ha estado frente a un peligro concreto, o ha sufrido algún daño a derechos o bienes–, y no de una mera ‘trascendencia a terceros’ –donde paternalistamente se lo pretende cuidar” (CFCP causa Olivera, sent 5/4/2017).
En igual sentido se ha expresado el Juez Kohan, quien en una causa de tenencia de escasa cantidad en la que el imputado no había realizado ostentación de la sustancia a terceros, memoró el criterio establecido en causa n 69.492 donde sostuvo que la doctrina del fallo Arriola “impone a los jueces de la causa el deber de analizar en cada hipótesis en particular si la tenencia de estupefacientes para consumo personal se realizó en condiciones tales que hubiera aparejado un peligro concreto o daño a derechos o bienes de terceros, que le quiten al comportamiento el carácter de una acción privada protegida por el articulo 19 constitucional”. (TCPBA, causa "Manrique", sent 26-XI-2021)
El segundo aspecto esgrimido por el recurrente como un elemento acreditante de la trascendencia de la conducta del ámbito de aplicación de la tenencia con fines de consumo y de la afectación de derechos de terceros radica en “la multiplicidad de sujetos en torno al poseedor”. Sirve señalar sobre este punto que más allá del insuficiente desarrollo del indicador mencionado, campea sobre el mismo el impacto de la debilitada acta de procedimiento en base a la cual pretende caracterizar aquella multiplicidad subjetiva.
En este orden, dentro de los elementos evaluados por la alzada departamental para decidirse respecto de la modificación de la calificación tuvieron gravitación los testimonios aportados por la defensa, de los cuales se deriva que a diferencia de la hipótesis fiscal -aprehensión del imputado y huída del resto- la situación fáctica daba cuenta que los sujetos aprehendidos eran cuatro, que eran amigos y que eran consumidores de estupefacientes, pero que en aquel momento no estaban exhibiendo, no estaban utilizando y mucho menos comerciando estupefacientes. A su vez, que al ser requeridos sobre las cosas que tenían en su poder dos de ellos revelaron la posesión de estupefacientes, mientras que los restantes no tenían elemento alguno, ni estupefacientes ni dinero.
Asimismo, la actuación de los gendarmes volcada en acta de procedimiento, cuyas contradicciones fueron oportunamente señaladas, por un lado hizo caso omiso a que eran dos los sujetos tenedores de estupefacientes y por otro omitió deliberadamente identificar y caracterizar la presencia de los restantes individuos allí presentes.
En esta dirección, la pluralidad a la que hace referencia el recurrente consiste en una reunión amistosa en la vía pública de varios sujetos, que según declaró la Sra Maidana no estaban en ninguna actitud sospechosa, se encontraban charlando, y de los cuales dos tenían en su poder estupefacientes para su consumo. De allí que no pueda afirmarse que la sumatoria de dos tenencias con fines de consumo puedan convertirse en una tenencia simple, ni que pueda considerarse una acción lesiva respecto de un tercero que comparte una decisión de vida -consumo de estupefaciente- similar a quien se le imputa la conducta.
El tercer aspecto que el recurrente estima no evaluado radica en el fraccionamiento del material secuestrado, sin embargo, adelanto que este indicador por sí solo no permite extraer las conclusiones que pretende el casacionista, dado que en el marco del narcomenudeo el modo de acondicionamiento de las sustancias es principalmente determinado por quien vende el estupefaciente, que habitualmente resultan ser dosis o fracciones de dosis y en esos términos es recibido por el consumidor. De allí que este aspecto, en el contexto evaluado, no resulta siquiera contradictorio con la hipótesis de la defensa en la medida en que, más allá de si las bolsitas en las que se encontraba acondicionada la sustancia eran 8 o 14 la cantidad era la misma -2 gramos de cocaína y 23 gramos de marihuana- y la actitud del imputado fue de reconocer la propiedad de una porción del estupefaciente e indicar desde su primera declaración en la causa que es consumidor y había comprado para abastecer su consumo horas antes del procedimiento que dio lugar a la investigación.
Finalmente el último aspecto referido por el casacionista radica en “los comportamientos concomitantes del incuso y su actitud frente a la presencia de la autoridad”.
De inicio es preciso señalar que los comportamientos a los que hace referencia el recurrente no son expresamente desarrollados, sino oblicuamente sugeridos en remisión a la ya mentada acta de procedimiento. Desde este sitial, no es posible tomar en consideración este indicador de manera lineal puesto que existen elementos probatorios que pusieron en duda que el imputado -hipótesis fiscal- y los restantes tres jóvenes -hipótesis de la defensa- hubieran evadido, obstaculizado o impedido la tarea desarrollada por los gendarmes.
La circunstancia antes señalada sobre la imposibilidad de admitir lisa y llanamente el indicador propuesto, se vio reflejado en el el tratamiento que la alzada realizó al modificar nuevamente la calificación legal y dar crédito al testimonio del Sr. Victor Hugo Costilla, quien se presentó a declarar y reconoció ante autoridades judiciales que era uno de los sujetos presentes el día del hecho y que tuvo en su poder una porción del estupefaciente secuestrado.
Conforme lo que se viene señalando y a modo de conclusión, es posible afirmar que la acusación sostiene el núcleo central de sus argumentos en base a una prueba cuyo valor probatorio fue cuestionado por la alzada departamental, que no logró acreditar con claridad la existencia de una finalidad distinta de la del consumo personal y que tampoco logró acreditar que aquella tenencia para consumo personal por el modo de su realización debía ser excluida del amparo constitucional del artículo 19 CN en los términos de la jurisprudencia de nuestro cimero tribunal nacional.
3. Como último elemento a evaluar, dentro de las consideraciones sometidas al conocimiento de este tribunal por el recurrente, se encuentra el alcance que estima debe asignarse al fallo “Arriola” en relación a la cuestión de la trascendencia a terceros de la tenencia analizada y cómo ello debe impactar en nuestro caso.
Con este objeto, citó el voto en minoría del juez García Maañon quien estructuró su mirada del caso a partir de considerar que aún en los supuestos en los que no se pudiera acreditar la finalidad de comercio queda latente la posibilidad de tipificar el hecho como tenencia simple y si bien no desconoce el alcance de la doctrina legal del fallo “Vega Giménez” entiende que en la etapa procesal en la que se encontraba la causa al momento de decidir bastaba con la existencia de una probabilidad de que la finalidad de la tenencia no fuera la de consumo personal para calificarla como tenencia simple, lo cual, si bien será analizado oportunamente, de forma oblicua y con un argumento vinculado al estadío procesal parece llegar la misma inversión de la carga de la prueba que el mentado precedente se propuso limitar. En lo que hace específicamente a la determinación de las fronteras conceptuales entre una tenencia con fines de consumo amparada dentro del art. 19 CN y aquella que a pesar de ser realizada con esa finalidad trasciende a terceros en referencia al fallo “Arriola” dijo: “cabe traer a colación el voto de la Doctora Carmen Argibay en el citado precedente. Luego de un extenso análisis de la casuística aplicable al caso, postula como elementos para determinar qué conductas se encuentran fuera de la protección constitucional que se lleve a cabo en lugares públicos, que se exhiba el consumo y la cantidad encontrada. En el marco del mentado análisis cita el precedente Gerstein, Miriam Noemí (Fallos 311:2721), donde se consideró lesiva la conducta de quien poseía marihuana en el interior de dos bolsos, reconociendo que la sustancia había sido consumida por distintas personas en su departamento”.
Vale señalar que la interpretación propuesta del alcance del fallo “Arriola” y del voto de la distinguida ministra recorta los alcances de su desarrollo y las conclusiones pasibles de extraer del mismo. Veamos: Inicialmente puede afirmarse que el voto de la mayoría de los cortesanos en el precedente bajo estudio dio cuenta del acierto del fallo Bazterrica y en particular del voto del Dr. Petracchi en cuanto a la conceptualización del derecho constitucional a la intimidad y la autonomía personal a la vez que caracterizaron como acciones privadas aquellas que no generan sobre terceros un daño o un peligro concreto, identificando al consumo ostensible como un supuesto de trascendencia de la conducta por fuera del ámbito de protección constitucional.
El art. 19 CN no solo es la piedra angular del sistema de libertades estructurado por nuestros constituyentes sino que a su vez se erige como el vector principal del caso, de allí que no pueda ser interpretado como la mera protección de la intimidad, sino que su correcta consideración deriva en el concepto de autonomía individual cuya caracterización da cuenta de un ámbito de protección más extendido que incluye y contiene sentimientos, hábitos y costumbres, vinculaciones intersubjetivas tanto familiares como de afinidad, definiciones personales relativas al desarrollo económico y profesional, tanto como creencias, practicas o decisiones relativas a la salud mental, espiritual o física y en definitiva todo aquel conjunto de aspectos o posturas personales que inscriptas el contexto de la sociedad en las que son evaluadas y requiriendo un mínimo de correspondencia con aquella ética colectiva configurado como la exigencia de no afectar a terceros, se encuentran reservadas al propio individuo. En esta línea, en su voto la Dra. Argibay intentó inferir de los sucesivos pronunciamientos dictados a partir del fallo “Bazterrica” criterios interpretativos y a partir de ellos establecer reglas interpretativa útiles para el futuro, identificando a partir de ese análisis la cantidad de estupefaciente, el ámbito espacial de la tenencia, la exhibición del consumo y la tenencia ostensible del estupefaciente como criterios pasibles de ser analizados en los casos concretos.
Respecto del ámbito espacial de la tenencia el voto de la Dra. Argibay a diferencia de la interpretación propuesta por el casacionista, refirió que: “si bien las acciones privadas no son solamente aquellas que se llevan a cabo en el interior de un determinado ámbito espacial, este dato resulta, sin embargo, un elemento de juicio a tomar en consideración. Efectivamente, el análisis casuístico deja entrever que las conductas desarrolladas en lugares públicos son, en general aunque no siempre, más aptas para afectar la salud pública, y por lo tanto quedan fuera de la protección constitucional. Por otro lado, y aunque este dato es un indicio relevante, no resulta suficiente para decidir la cuestión”. (el resaltado me pertenece)
Sumado a ello, haciendo referencia al marco fáctico del caso “Arriola” que a la sazón guarda similitud con la causa que nos convoca - tenencia no ostensible en espacio público- afirmó que resultaba aplicable el criterio del fallo “Noguera” -y no “Gerstein” como propone el recurrente- en la medida en que “la tenencia de droga destinada al propio consumo no era ostensible, pues debieron revisarle las pertenencias a la procesada para encontrarlos”, concluyendo a partir de ello que “el contexto en el que se produjo el hallazgo no alcanza para considerar su conducta con aptitud para afectar derechos de terceros” y que “En estas condiciones, la tenencia de droga para el propio consumo, por sí sola, no ofrece ningún elemento de juicio para afirmar que los acusados realizaron algo más que una acción privada, es decir, que ofendieron a la moral pública o a los derechos de terceros”.
En este sentido, teniendo en cuenta que los límites conceptuales entre espacio público o privado no siempre se presentan con nitidez y que esta variable debe ser considerada de manera conjunta con los restantes criterios interpretativos -cantidad, exhibición-, lo determinante radica en la necesidad de que los magistrados eviten dar respuestas rígidas o dogmáticas y que ejerciendo plenamente de su potestad de valorar las particularidades de cada caso -que en gran medida es definitoria de la actividad jurisdiccional-, analicen contextualizadamente si una concreta acción tuvo el efecto de trascender a terceros y de esa forma afectar el bien jurídico salud pública.
De acuerdo a lo que se viene señalando, la aplicación del precedente “Arriola” por parte de la alzada departamental resulta inobjetable en la medida en que las circunstancias fácticas de la presente causa guardan estrecha relación con el caso que dio origen a la doctrina aplicada y encontrarse suficientemente motivado.
IV. Por último, el recurrente cuestiona el sobreseimiento dictado por considerar el mismo prematuro en relación a la instancia en la que se encuentra la investigación.
Sin perjuicio de que es doctrina de este Tribunal que el cambio de calificación legal sólo procede si influye sobre la libertad del imputado o sobre el órgano de juicio que intervendrá, en el caso dicha variación en la calificación determinó el sobreseimiento del imputado, ya que el delito endilgado pasó de ser una tenencia simple de estupefacientes a una tenencia para consumo personal y se declaró la inconstitucionalidad de dicha figura con el alcance establecido en el fallo Arriola, decisión que de conformidad con la doctrina de la Corte Federal en el precedente “Mill de Pereyra”, entre otros, puede ser tomada aun de oficio.
En esta dirección, más allá de la provisoriedad propia de las resoluciones de mérito que se toman en la etapa de instrucción, lo cierto es que desde el inicio de la investigación el juez de garantías interviniente objetó la suficiencia de la prueba para abastecer la calificación propuesta por el acusador público y esta circunstancia se profundizó con la intervención de la alzada departamental puesto que allí la hipótesis del ministerio público sufrió un nuevo recorte en base a una nueva consideración de la relativizada capacidad probatoria de los elementos respaldatorios presentados, que como adelantamos, no variaron ni en términos cuantitativos ni en términos cualitativos a lo largo de la investigación.
Así las cosas, tomando en consideración las circunstancias del caso, no se presentan razones atendibles para posponer el sobreseimiento en la medida en que no se vislumbra un pronóstico que pueda modificar las conclusiones de la investigación.
Desde este sitial, lo resuelto por la Cámara no resulta censurable, en la medida en que no se advierte en el caso una afectación significativa del bien jurídico tutelado por el tipo penal -salud pública- que justifique el mantenimiento de la intervención del derecho penal.
En virtud de las razones expuestas, considero que la resolución de Cámara debe confirmarse, pues es derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso, sin evidenciar la arbitrariedad denunciada (arts. 168 y 171 de la Const. Provincial; 106, 210 del CPP; 14 de la ley 23.737).
En conclusión, propongo al acuerdo declarar admisible el recurso de casación interpuesto y rechazarlo por improcedente, con costas en esta instancia (arts. 168 y 171 de la Const. de la Pcia. de Bs. As.; 14 de la ley 23.737; 106, 210, 323 inc. 3, 433, 450, 452, 464, 530 y 532 del C.P.P.). Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez Kohan dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez Bouchoux dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, estimo que corresponde declarar admisible el recurso de casación interpuesto por el Fiscal General adjunto del depto. judicial San Isidro, Cosme S. Iribarren, contra la resolución emitida por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, que dispuso el sobreseimiento del imputado, en orden al delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal (art. 14 de la ley 23.737); y rechazar por improcedente la articulación presentada, con costas en esta instancia (arts. 168 y 171 de la Const. de la pcia. de Bs. As.; 14 de la ley 23.737.; 106, 210, 323 inc. 3, 433, 450, 452, 464, 530 y 532 del CPP).
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión, el señor Juez Kohan dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante y me expido en igual sentido.
Así lo voto.
Por lo que no siendo para más, se dio por terminado el acuerdo dictando el Tribunal la siguiente S E N T E N C I A I. Declarar admisible el recurso de casación interpuesto por el Fiscal General adjunto del Departamento Judicial San Isidro, Cosme S. Iribarren, contra la resolución emitida por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, que dispuso el sobreseimiento del imputado, en orden al delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal (art. 14 de la ley 23.737).
II. Rechazar por improcedente la articulación presentada, con costas en esta instancia.
Rigen los arts. 168 y 171 de la Const. de la pcia. de Bs. As.; 14 de la ley 23.737; 106, 210, 323 inc. 3, 433, 450, 452, 464, 530 y 532 del CPP. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, radíquese al origen.
Fin de la sentencia