Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, sostuvo que la ponderación fragmentaria de los elementos de prueba, impidió considerar adecuadamente las circunstancias que rodearon el hecho y que, valoradas en conjunto, cuanto menos generan incertidumbre respecto de la responsabilidad atribuida a su representado, sin alcanzar el grado de probabilidad necesario para sostener el procesamiento. Que en tratamiento del presente agravio, debemos decir, tampoco podrá prosperar.
En efecto, contrariamente a lo sostenido por la defensa, el decisorio atacado no efectuó una valoración fragmentaria de la prueba, sino que ponderó de manera armónica los sumarios de prevención, las pericias, los testimonios, el acta de inspección ocular y las consecuentes secuencias fotográficas incorporadas al legajo, resultando las conclusiones de la pericia accidentológica, contestes con el resto de las probanzas reunidas. Por otra parte, los argumentos vinculados con la supuesta falta de iluminación de la motocicleta, la eventual existencia de desperfectos mecánicos y la señalización de “cruce peligroso” no logran introducir una duda atendible sobre la responsabilidad atribuida. Ello, en atención a que la defensa no aportó elemento objetivo alguno que permita sostener la existencia de una falla mecánica o de una circunstancia ajena al accionar del imputado, mientras que la señalización existente en el lugar, lejos de eximirlo, le imponía extremar las precauciones al conducir. …
TOMO CLXII - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.176 FOLIO N° 166/170 PROT. ELECT. JR101 323I.261
Río Gallegos, 12 de agosto de 2026.-
La presente causa caratulada "M.R.E. S/ Lesiones Graves en Accidente de Tránsito“ - Expte. N° 92750/25 - Apelación/Causa JR N° 10264/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 89/94vta., obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Uno, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado R.E.M., en orden al delito de “Lesiones Culposas en Accidente de Tránsito” (Art. 94 bis primer párrafo del Código Penal), en tanto qué en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Un Millón Quinientos Mil ($1.500.000).
Que a fs. 96/98vta., la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 112, no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P.
Que, previo a todo trámite, y en atención al plateo subsidiario de nulidad esgrimido por la parte recurrente, a fs. 107 se corrió en vista las presentes actuaciones a la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, y a fs. 108/110 se adunó su dictamen.
Que de esta forma, quedan los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa sostuvo que los elementos reunidos en la pesquisa resultan, a su criterio, insuficientes para sostener el pronunciamiento recurrido.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido a la insuficiencia probatoria: Que la defensa se agravió al sostener que la resolución impugnada no alcanza el grado de probabilidad exigido por el art. 289 del C.P.P. para el dictado del auto de procesamiento, al considerar que los elementos probatorios reunidos no permiten sostener que las lesiones sufridas por el damnificado sean consecuencia causalmente determinada del accionar de su asistido.
En tal sentido, cuestionó la valoración del Sr. Juez Subrogante en relación al deber de cuidado, y la relación de determinación entre la conducta y el resultado. Citó jurisprudencia y doctrina en apoyo de sus argumentos.
Asimismo, cuestionó que se hubiera atribuido a su defendido la responsabilidad por el siniestro sobre la base de la supuesta omisión de ceder el paso, señalando que la propia dinámica del hecho permite advertir circunstancias que generan incertidumbre respecto de la posibilidad concreta de evitar la colisión.
En particular, destacó que la motocicleta circulaba de noche, sin dominio visible y que, conforme los testimonios incorporados, no habría podido ser advertida con suficiente anticipación por el conductor del automóvil.
En ese marco, sostuvo que la ausencia de huellas de frenado previas al impacto, no constituye un dato concluyente, pues podría obedecer tanto a una conducta imprudente por parte de su asistido, como también a una reacción tardía inevitable de cualquiera de los dos conductores.
Por ello, consideró que no se encuentra acreditado, con el grado de probabilidad requerido, que la conducta atribuida a su defendido haya sido la causa determinante del resultado, citando doctrina al respecto.
Que iniciado el abordaje del presente agravio, adelantamos, no habrá de prosperar.
En tal sentido, entendemos, yerra la defensa al sostener que no se encontraría demostrada la relación de determinación exigida para atribuir responsabilidad a su asistido por el delito de lesiones culposas en accidente de tránsito. En efecto, la cuestión fue expresamente tratada por el Sr. Juez Subrognate en el punto II) de los considerandos del auto de procesamiento (fs. 91/vta. a 93/vta.), donde, a partir de las pruebas incorporadas al legajo, tuvo por acreditada, con el grado de probabilidad exigido, la relación de determinación, entendiendo que el resultado típico -esto es, las lesiones graves sufridas por el damnificado- se habría producido como consecuencia del accionar imprudente desplegado por el encartado, al concurrir tres factores determinantes: la falta de atención en la conducción, el exceso de velocidad y el incumplimiento de la prioridad de paso.
Por el contrario, valoró que la observancia de los deberes de cuidado derivados de las reglas de tránsito habría permitido evitar el siniestro; criterio que esta Alzada comparte, pues encuentra sustento en los elementos probatorios incorporados al sumario.
En tal sentido, para verificar el vínculo entre la conducta y el resultado, el Magistrado recurrió a la regla de la “supresión hipotética” (ideada por el jurista Eugenio R. Zaffaroni), concluyendo que, de suprimirse el accionar antirreglamentario de M. -esto es, si hubiera circulado a la velocidad permitida y respetado la prioridad de paso-, el resultado típico no se habría producido. De allí que, en esta instancia, pueda sostenerse que la colisión y las lesiones sufridas por el damnificado encuentran, prima facie, relación de determinación con la conducta imprudente atribuida al encartado.
Por otra parte, tampoco resultan atendibles los argumentos de la defensa vinculados con la circulación nocturna, la falta de dominio visible de la motocicleta y la presunta ausencia de huellas de frenado previas al impacto, en tanto las constancias incorporadas al legajo (fs. 02, 05/06, 45/62, 63/64, 71/73 y 79/vta.) permiten advertir que al momento del siniestro existían buenas condiciones de visibilidad, iluminación artificial y condiciones climáticas favorables, sin elementos que obstaculizaran la visión. Asimismo, se identificaron huellas de neumáticos y los testimonios de los damnificados fueron categóricos al señalar que el vehículo conducido por el encartado se interpuso repentinamente en su trayectoria, sin que pudieran evitar el impacto.
En líneas generales, la materialidad y la intervención del incuso se encuentran prima facie acreditadas a partir del certificado médico y del informe del Cuerpo Médico Forense (fs. 22 y 65), que detallaron el carácter de las lesiones constatadas en el cuerpo de la víctima; las actuaciones llevadas a cabo por la preventora y la División Accidentología Vial de la Policía, que recogieron los rastros del hecho (fs. 01, 02 y 45/62); las declaraciones de los damnificados (fs. 63/64 y 79/vta.), y la pericia accidentológica de fs. 71/73, que estableció las posibles causas del siniestro y determinó la responsabilidad del imputado en el evento.
En este aspecto, sin pretender agotar todos los supuestos, recordemos que los tribunales nacionales han sostenido: “El procesamiento del imputado debe ser confirmado, ya que la prueba reunida permite sostener, que, al menos las lesiones sufridas por la víctima fueron producto de la violación al deber objetivo de cuidado que le incumbía al acusado en la conducción vehicular.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I; 14/07/2023; E., E. J. s/ procesamiento; DPyC 2023 (noviembre), 230; Cita: TR LALEY AR/JUR/106638/2023).
Que lo expuesto alcanza para desestimar el planteo de la parte recurrente referido a la presunta insuficiencia probatoria para el dictado del procesamiento y, en consecuencia, corresponde rechazar el presente agravio.
III. Del agravio referido a la nulidad de la pericia cinemática:
Que, subsidiariamente, la defensa solicitó la nulidad de la Pericia Accidentológica Nº 79/25 (fs. 71/73), por considerar que adoloce de vicios formales y sustanciales que impiden otorgarle valor probatorio suficiente para sustentar el procesamiento.
En ese sentido, señaló que el estudio se habría realizado sobre la base de datos parciales e incompletos, sin haber podido establecer –la perito- la existencia de eventuales fallas mecánicas u otras circunstancias ajenas a la voluntad del conductor, extremo que, a su entender, crea un margen de incertidumbre incompatible con la conclusión arribada por el a quo en relación a la velocidad y maniobra de imputado.
Asimismo, cuestionó que la reconstrucción no se hubiera efectuado sobre los vehículos en el estado inmediato al siniestro ni en el lugar del hecho al momento de su acaecimiento, destacando que el informe de accidentología fue confeccionado el día posterior al hecho, circunstancia que, a su parecer, genera una incertidumbre sobre la preservación del lugar y el estado de los rodados al momento de su constatación.
De igual manera, objetó la falta de rigor metodológico en el cálculo de velocidad de circulación, por entender que se sustentó en datos no corroborados directamente y cuya metodología no habría sido suficientemente explicitada. En virtud de ello, sostuvo que las deficiencias señaladas afectan la validez de la pericia como elemento de prueba y, consecuentemente, las garantías de defensa en juicio y debido proceso.
Que iniciado el abordaje del aludido agravio, pese al esfuerzo de la defensa, tampoco habrá de prosperar.
En este sentido, y compartiendo en lo sustancial los fundamentos expuestos por la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones, corresponde efectuar algunas consideraciones.
Así, y en primer término, no resulta atendible el cuestionamiento vinculado con la reconstrucción practicada, constatada en el acta de inspección ocular, pues el hecho ocurrió el día 8 de marzo de 2025 a las 22:05 horas y la diligencia fue realizada a las 01:10 horas del día siguiente, es decir, apenas tres horas después del acontecimiento del hecho, sin que el mero cambio de fecha permita presumir una alteración del escenario o de los rodados involucrados.
Del mismo modo, la pericia explicita la metodología empleada, consignando las hipótesis de trabajo, las fórmulas físico-matemáticas utilizadas y el sistema R.A.C.T.T. 6.0, a partir de lo cual se estimó técnicamente el desplazamiento y la velocidad del vehículo.
Por otra parte, cabe señalar que la conclusión pericial no fue formulada en términos categóricos, sino como una “velocidad mínima estimada”, reconociéndose expresamente la imposibilidad de determinar la velocidad de la motocicleta ante la ausencia de datos objetivos.
En igual sentido, la falta de elementos que permitan establecer eventuales fallas mecánicas no habilita, por sí sola, a convertir dicha posibilidad en una hipótesis con entidad suficiente para invalidar el estudio, máxime cuando la defensa no aportó ningún elemento técnico concreto que permita sostenerla. En suma, la defensa no ha individualizado cuál sería la disposición procesal incumplida ni la formalidad esencial omitida cuya inobservancia determine la invalidez del acto. En efecto, los cuestionamientos formulados se dirigen, en rigor, a la metodología empleada, los datos considerados y el grado de certeza de las conclusiones obtenidas, aspectos que hacen al mérito y fuerza convictiva de la prueba, mas no constituyen vicios susceptibles de acarrear su nulidad. En tal sentido, cabe recordar que esta Alzada – siguiendo los postulados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- sostuvo en numerosas resoluciones (Apelaciones Nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22 y 7729/22, 9887/25, 9961/26, entre muchas otras) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable.
Al respecto debemos decir que, a la luz de los fundamentos expuestos por la Sra. Fiscal, los que comparte íntegramente esta Alzada, no se advierte, tanto en la diligencia impugnada como en el sumario, la existencia de un perjuicio concreto que justifique la sanción pretendida.
Por todo lo expuesto, no podrá prosperar la solicitud de nulidad de la pericia cinemática, toda vez que no se advierte el perjuicio concreto exigible por la normativa. En consecuencia, el agravio introducido en este acápite no habrá de prosperar.
IV. Del agravio referido a la arbitrariedad en la valoración probatoria:
Por otra parte, la defensa se agravió al considerar que el decisorio atacado incurre en arbitrariedad al ponderar de manera sesgada los elementos probatorios reunidos, otorgando prevalencia a la pericia cinemática y a los testimonios de los damnificados, omitiéndose sopesar circunstancias que, a su criterio, resultaban relevantes para determinar la responsabilidad de su asistido.
En particular, señaló que no se habría valorado que la motocicleta circulaba sin dominio visible y sin señalización lumínica en horario nocturno, así como tampoco que la propia pericia no pudo establecer la existencia de eventuales fallas mecánicas u otras causas ajenas a la voluntad del conductor. Agregó que tampoco se habría considerado la existencia de señalización de “cruce peligroso” en el sector, circunstancia que evidenciaría las condiciones objetivas de peligrosidad del lugar, con independencia de la conducta del imputado.
Por ello, sostuvo que la ponderación fragmentaria de los elementos de prueba, impidió considerar adecuadamente las circunstancias que rodearon el hecho y que, valoradas en conjunto, cuanto menos generan incertidumbre respecto de la responsabilidad atribuida a su representado, sin alcanzar el grado de probabilidad necesario para sostener el procesamiento. Que en tratamiento del presente agravio, debemos decir, tampoco podrá prosperar.
En efecto, contrariamente a lo sostenido por la defensa, el decisorio atacado no efectuó una valoración fragmentaria de la prueba, sino que ponderó de manera armónica los sumarios de prevención, las pericias, los testimonios, el acta de inspección ocular y las consecuentes secuencias fotográficas incorporadas al legajo, resultando las conclusiones de la pericia accidentológica, contestes con el resto de las probanzas reunidas. Por otra parte, los argumentos vinculados con la supuesta falta de iluminación de la motocicleta, la eventual existencia de desperfectos mecánicos y la señalización de “cruce peligroso” no logran introducir una duda atendible sobre la responsabilidad atribuida. Ello, en atención a que la defensa no aportó elemento objetivo alguno que permita sostener la existencia de una falla mecánica o de una circunstancia ajena al accionar del imputado, mientras que la señalización existente en el lugar, lejos de eximirlo, le imponía extremar las precauciones al conducir.
En este marco, la responsabilidad atribuida al Sr. M.R. se sustenta en infracciones concretas a las reglas de tránsito, particularmente en la circulación a una velocidad superior a la establecida para encrucijadas sin semáforos, y en el incumplimiento de la prioridad de paso, sin advertirse en autos una valoración arbitraria, pues el Magistrado fundamentó el plexo incriminante de conformidad con los arts. 115, 116 y 199 del C.P.P., resultando ajustado a derecho el dictado del procesamiento. En consecuencia, el agravio bajo análisis no prosperará.
V. Del agravio referido al embargo dispuesto:
Finalmente, la defensa se agravió al considerar que el embargo decretado por la suma de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000), resulta desproporcionado y desnaturalizado, alegando que su defendido carece de un patrimonio que permita afrontar la suma establecida.
Asimismo, señaló la ausencia de un informe social que evalue las condiciones económicas del imputado.
En consecuencia, consideró que la suma establecida excede la finalidad propia de la medida, y solicitó que sea dejada sin efecto o, subsidiariamente, reducida.
Que en relación al agravio ulterior, el mismo no habrá de prosperar.
Ello así, de conformidad con lo previsto en el artículo 499 del C.P.P., el cual establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, el Magistrado debe ordenar -asimismoel embargo de bienes del imputado.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita:
TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, y en coincidencia con lo sostenido por otros tribunales, se ha señalado que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, (el monto del embargo) debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
En efecto, y vislumbrando que el Sr. Juez Subrogante, en su considerando V) (fs. 94), ha explicado los parámetros tenidos en cuenta para la fijación de la medida precautoria, es que esta Alzada comparte el criterio sostenido, como también la cifra establecida, por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos.
Así, es que confirmaremos el monto de la medida de embargo decretada respecto al causante M.R.E., ergo, habremos de rechazar el presente agravio.
Finalmente, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó el a quo en el decisorio cuestionado, entendiendo que la resolución se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento.
VI. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VII. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oído que fuera el Ministerio Público Fiscal, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de procesamiento de fs. 89/94vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia