Abriendo la norma
TOMO CLXII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.153 FOLIO Nº 087/090 PROT. ELECT. JR101 300I.261
Río Gallegos, 31 de julio de 2026.
La presente causa caratulada: “M.R.N.L. S/ FALSO TESTIMONIO” Expte. Nº 11678/26, Apelación Nº 10255/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 3/4 del presente obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 con asiento en la localidad de Pto. Santa Cruz, quien en el punto 1) ordenó declarar la nulidad del requerimiento fiscal obrante a fs. 01 y vta.; y en el pto. 2) ordena archivar las presentes actuaciones en función de lo preceptuado por el art. 187 segundo párrafo del CPP.
Que a fs. 6/9 la Agente Fiscal de la mencionada localidad apeló dicho auto -motivándolo-, y a fs. 14/17 vta. sostiene el recurso presentando memorial, quedando en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
I. Que expresa la recurrente en su primer agravio “Errónea declaración de nulidad del requerimiento fiscal - Inexistencia de vicio esencial”, que la resolución recurrida vulnera el régimen legal de nulidades al declarar inválido el requerimiento fiscal por una causal no prevista normativamente.
Señala que la propia norma -art. 180 inc. 2 CPP- incorpora la expresión “si fuera posible”, demostrando que el legislador no ha pretendido imponer un estándar rígido o acabado de descripción fáctica, sino únicamente que se consignen aquellos extremos que razonablemente pueden precisarse al momento de promover la investigación.
Entiende que el razonamiento utilizado por S.S. en la resolución recurrida, salta directamente desde una eventual insuficiencia descriptiva a la sanción más grave del sistema procesal, sin identificar una norma que expresamente la impugna. Ello colisiona frontalmente con el principio de taxatividad del art. 158 del CPP, el que establece que ningún acto será declarado nulo si la nulidad no se encuentra expresamente prevista.
Considera contradictorio exigir al Ministerio Público Fiscal una reconstrucción acabada y definitiva de la conducta investigada como condición para habilitar la investigación. Lo contrario implicaría exigir prueba suficiente para condenar antes de iniciar la investigación.
Asimismo señala incumplimiento de los arts. 160 y 161 del CPP, en tanto establece que si se comprobase una causal de nulidad el Juez tratará de eliminarla inmediatamente; dejando constancia que el requerimiento fue presentado en fecha 04/07/2025 y la nulidad es advertida en fecha 16/06/2026. En su segundo agravio “Confusión entre control formal y valoración sustancial de la hipótesis delictiva”, expresa que la magistrada sostiene que del requerimiento no surgirían cuáles fueron concretamente las afirmaciones falsas, negaciones o contradicciones atribuidos a la imputada, siendo que eso constituye precisamente una cuestión que debe ser objeto de investigación. Menciona además que las nulidades constituyen remedio de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, siendo que la resolución no identifica qué garantía constitucional habría sido afectada ni cuál sería el perjuicio concreto derivado del requerimiento fiscal.
En el tercer agravio “Afectación del deber estatal de investigación y prematura clausura de la actividad instructora”, manifiesta que la resolución es dictada sin proveer previamente ninguna de las medidas de prueba expresamente solicitadas, considerándolo una indebida restricción de la actividad investigativa.
Indica que el objeto procesal se encontraba claramente delimitado, al identificar a la persona denunciada, el hecho investigado, la declaración testimonial considerada presuntamente falsa, la fecha de su producción, el expediente en el cual tuvo lugar y la conducta atribuida.
En su último agravio “Improcedencia del archivo dispuesto en autos”, recuerda que el art. 187 del CPP habilita al Juez a rechazar el requerimiento cuando el hecho no constituya delito o no se pueda proceder, advirtiendo que la resolución nunca afirma que el hecho no sea delito y tampoco afirma la existencia de un obstáculo legal para proceder, lo que considera una afectación al principio de legalidad que rige el ejercicio de la acción pública.
En oportunidad de presentar el memorial, la Sra. Fiscal de Cámara expuso que la circunstancia de que el requerimiento no reprodujera textualmente cada una de las expresiones reputadas falsas no autoriza a considerar inexistente la relación del hecho, especialmente cuando la propia Fiscalía solicitó la incorporación y confrontación de las declaraciones pertinentes para determinar el contenido, alcance y relevancia de las contradicciones advertidas.
Considera que la decisión confunde la delimitación inicial de una hipótesis investigativa con la demostración acabada de todos los elementos de la figura penal.
Asimismo destaca que el art. 180 del CPP no establece la nulidad como consecuencia de una eventual insuficiencia descriptiva, y que no puede equipararse la supuesta insuficiencia del contenido de un requerimiento con la falta de intervención del órgano constitucionalmente encargado de promover la acción penal, efectuando una interpretación contradictoria del principio de interpretación restrictiva de las nulidades.
Critica que la resolución no identifica cuál sería la garantía constitucional efectivamente lesionada, siendo que incluso el propio régimen legal establece que comprobada una posible causal de nulidad, el tribunal debe procurar eliminarla inmediatamente y que las irregularidades quedan subsanadas cuando el acto ha conseguido su fin respecto de los interesados.
Recuerda las causales previstas en el art. 187 del CPP, exponiendo que ninguna de esas circunstancias fue afirmada ni demostrada en la resolución recurrida, siendo que la eventual discrepancia sobre el grado de precisión del acto fiscal no constituye una tercera causal autónoma de archivo.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
En el caso de autos, la agente fiscal que representa al Ministerio Público, recurre la resolución de declaración de nulidad y archivo del requerimiento de instrucción por ella formulado.
En dicha oportunidad la magistrada sostuvo, que al momento de valorar el requerimiento de instrucción presentado, el mismo no alcanza los estándares mínimos de validez exigidos por el art. 180 del CPP, en lo concerniente a la obligación de incluir una relación circunstanciada de los hechos.
Considera de suma trascendencia a fines de iniciar una tarea investigativa saber qué hechos han de investigar, para direccionar la instrucción y para valorar si la conducta desplegada resulta típica o en su defecto corresponde seguir las previsiones del art. 187 CPP.
En el presente caso, la presentación obrante a fs. 1 y vta suscripta por la Agente Fiscal, refiere la afirmación de hechos falsos, haber negado o callado la verdad verificando varias contradicciones a lo largo del testimonio brindado por N.M. en su declaración testimonial brindada en una investigación llevada a cabo por el mismo juzgado instructor.
Mediante el dictamen que da inicio a los presentes, el Ministerio Público Fiscal, indica claramente la acción que señala como susceptible de investigación, tendiente a verificar la posible comisión del delito de falso testimonio, teniendo como presunta responsable a N.M.
De igual manera, indica las medidas probatorias que encaminarían la investigación a fin de determinar la responsabilidad de la presunta imputada.
Si bien, como lo expresara la magistrada, resulta necesaria la delimitación del objeto procesal y de los hechos que habrán de ser materia de investigación, en el caso bajo examen, las circunstancias fácticas expuestas por el Ministerio Público Fiscal, resultan suficientes para justificar la apertura de la investigación penal en función del delito atribuido.
Sobre el punto, la doctrina ha entendido que dicho momento embrionario del proceso en el que el requerimiento se verifica, atenta naturalmente contra la precisa descripción del hecho que lo motiva, pudiendo afirmar de tal forma que, al momento en el que se procede a formularlo, suele existir en el proceso una relativa indeterminación acerca de alguno de los aspectos a investigar. De igual manera se han expedido respecto que si bien no puede prescindirse de la relación del hecho, el agente fiscal intentará efectuarla con los elementos con los que cuente. (Código Procesal Penal. Navarro - Daray) En tal sentido, remarcamos que la agente fiscal solicitó efectuar copia de la grabación de la declaración testimonial de N.M.R. efectuada en un proceso de trámite por ante dicho juzgado de instrucción y que asimismo se extraigan copias certificadas del Informe Policial, ambos elementos perfectamente individualizados.
Entendemos que la exigencia legal relativa a la debida delimitación del objeto procesal se encuentra, en el estado inicial que transitan las presentes actuaciones, suficientemente satisfecha mediante la descripción fáctica efectuada por el Ministerio Público Fiscal en la instancia de origen. Ello, sin perjuicio del carácter embrionario de la investigación, en tanto las medidas probatorias impulsadas aparecen razonablemente orientadas a corroborar la hipótesis delictiva expuesta, consistente en la posible configuración del delito de falso testimonio. Sobre el particular, la jurisprudencia ha señalado que “El requerimiento de instrucción tiene por finalidad primordial afirmar una hipótesis delictiva frente al juez de instrucción, invistiendo a éste del poder jurisdiccional para que pueda iniciar y seguir la causa, evitando que lo haga de oficio. Es el agente fiscal el que le dará vida a la denuncia formulada por un particular, en su condición de representante de la pretensión punitiva del Estado, y promoverá fundada y específicamente la instancia jurisdiccional.” (TR LALEY 30003112).
Ante una situación de características similares, un tribunal expuso “que no se habrá de compartir el planteo invalidante de la defensa de F. por cuanto de la lectura del dictamen fiscal aludido se desprende que de forma sencilla y provisoria describe suficientemente los hechos -sin poder identificar fehacientemente a los imputados- de conformidad con el precario grado de conocimiento que caracteriza este estado inicial del proceso, tal como se reseñara en el párrafo que antecede (art. 69 y 188 del C.P.P.N. y ver en este sentido c. 29.354, “M.H. s/nulidad”, rta. el 6 de septiembre de 2010, reg. nº 31.870 de esta Sala). (TR LALEY AR/JUR/557/2016).
Por otro lado, y de igual manera en coincidencia con los argumentos sostenidos por el Ministerio Fiscal, la jurisprudencia ha dicho que “por otra parte, la ley procesal, al fijar los requisitos que debe contener un requerimiento de instrucción, contempla expresamente la hipótesis de que fuera imposible indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del hecho (conf. art. 188 inc. 2 CPPN.). Que, de todos modos, aún en caso en que pudiera sostenerse que se omitió la relación circunstanciada que esa misma norma exige, no se trata de alguno de los casos en que esté prevista la sanción de nulidad y se encuentra vedada, por consiguiente, cualquier declaración de invalidez de conformidad con lo que establece el art. 166 CPPN mencionado.”
Continúa exponiendo que “esa especie de declaraciones están lejos de constituir la única vía que cabe para hacer valer los resguardos y garantías de rango constitucional que el apelante invoca. Menos aún cuando lo que se pretende es anular una petición dirigida al juez a quien incumbe admitirla o desecharla. Es necesario distinguir entre la inadmisibilidad, la desestimación y la nulidad según está señalado en la doctrina de los autores de Derecho Procesal Penal (conf. Creus, Carlos, “Invalidez de los actos procesales penales”, Buenos Aires, 1992, ps. 113/122)." (TR LALEY 70029771).
Siguiendo este razonamiento y en función de las argumentaciones de la recurrente, entendemos que aún cuando se admitiera una eventual insuficiencia en la descripción contenida en el requerimiento fiscal, tal circunstancia no constituye, por sí sola, fundamento legal para disponer el archivo de las actuaciones, toda vez que el ordenamiento procesal únicamente autoriza dicha decisión cuando el hecho no configure delito o exista un impedimento legal para proceder.
En consecuencia, la alegada falta de precisión del requerimiento consideramos podría haber sido subsanada mediante la producción de diligencias instructorias tendientes a delimitar los hechos, pues resolver en sentido contrario importa incurrir en una contradicción al impedir la actividad investigativa necesaria para esclarecer los extremos cuestionados.
Esto nos lleva a recordar la postura sustentada por esta Alzada respecto a la aplicación del instituto de las nulidades de actos procesales, cual es la de la aplicación de un principio de conservación de los actos procesales, debiendo evidenciarse un perjuicio concreto que justifique un interés jurídico en su declaración.
Analizadas las posturas de las distintas partes intervinientes, cabe destacar, que el requerimiento traído a conocimiento de esta Alzada, es evaluado teniendo en consideración que “El sistema de nulidades receptado en nuestro ordenamiento procesal impone la interpretación restrictiva, y establece que no corresponde la declaración de una nulidad por la nulidad misma, sino que el acto atacado debe producir un perjuicio efectivo a la parte que la plantea, afectando, concretamente, una garantía constitucional, además de requerirse que dicha parte posea un interés en su invalidación” (CSJN, Fallos 325:1404, 323:929, 311:1413 y 311: 2337.- 2 CSJN - Fallos: 236:37; 240:160, entre otros).
También se tendrá en cuenta que “… no se debe declarar la nulidad por la nulidad misma, es decir en el sólo beneficio de la ley o para satisfacer pruritos formales. En cambio, la declaración de nulidad debe tender a enmendar perjuicios efectivos y la afectación de garantías procesales, en especial el derecho de defensa. Lo contrario sería caer en un ritualismo inaceptable, ya que la forma procesal tiene un sentido teleológico y la nulidad constituye un remedio extremo…” (La nulidad y sus efectos en el proceso penal”; publicado en DJ20/02/2008, 381; Cita Online: AR/DOC/2719/2007).
Este criterio es sostenido por este tribunal en las apelaciones 7396/22, 9597/25, 10136/26, por citar algunas de ellas.
En función de lo expuesto, esta Alzada estima que, atendiendo al estadio incipiente de la investigación, la exigencia de delimitación del objeto procesal se encuentra adecuadamente cumplida con la descripción del hecho formulada por la representante del Ministerio Público Fiscal, así como con la promoción de las diligencias probatorias conducentes al esclarecimiento de los extremos fácticos denunciados y a la verificación de su eventual adecuación típica al delito de falso testimonio, corresponde revocar el auto apelado.
II. Para finalizar, cabe aclarar que, más allá de la revocación aquí decidida, no se apartará a la Sra. Jueza subrogante de su intervención en estos autos. En ese sentido, y teniendo en cuenta que el apartamiento de los jueces es una medida de extrema gravedad institucional, por cuanto son taxativas las causales de excusación/recusación previstas en nuestro digesto procesal, y más aún en el entendimiento de la prevalencia que deben esgrimir las garantías constitucionales del Juez natural y el principio de especialidad en la magistratura, entiendo que no corresponde apartar al Juez de la causa, quien deberá seguir al frente de la instrucción de la presente causa. Sin perjuicio de ello, corresponde poner en conocimiento de la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal de Justicia de la provincia lo aquí decidido, remitiendo copia de la presente resolución a través del sne.
III. Observación: Atento las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, tras el análisis de la presente causa venida a estudio, sin perjuicio de no obrar requerimiento alguno por parte del resto de los operadores procesales salvo la medición temporal efectuada en el escrito recursivo por la agente fiscal, hacemos saber a la Sra. Jueza actuante que deberá extremar los recaudos para evitar dilaciones en las tramitaciones de las causas. Es por lo cual, que se recomienda al Juzgado instructor a dar estricto cumplimiento a las disposiciones procesales referentes al tiempo de la tramitación en la investigación (Arts. 197º y ccss. del CPP), a fin de evitar en lo sucesivo inacción jurisdiccional por el lapso de meses.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz, remítase copia digitalizada bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oída la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. REVOCAR el auto glosado a fs. 3/4 de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden, debiendo procederse a dar inicio con la tarea investigativa requerida.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. OFÍCIESE a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz comunicando lo dispuesto en el punto II) de los considerandos que anteceden. Al tal fin remítase copia de la presente.
4. HACER SABER a la Instrucción lo consignado en el punto III de los considerandos que anteceden.
5. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
6. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia